hubsustentabilidad - octubre 2014

EDICIÓN ESPECIAL MIÉRCOLES 15 de octubre de 2014

Santiago de Chile

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CASOS DE ÉXITO:

¿Qué están haciendo las empresas chilenas para evitar delitos corporativos?

ES UNA INICIATIVA CONJUNTA DE

ENTREVISTA CON JOSÉ MANUEL VIAL, DE SOFOFA:

“Todas las compañías deben contar con normas éticas”

DESAFÍOS DEL MUNDO CORPORATIVO:

Casos de corrupción y transparencia que marca-ron la agenda internacional

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JOSÉ ANTONIO VIERA-GALLO:

El presidente de Chile Transparente se refiere a cómo ha avanzado el país

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El esfuerzo anti corrupción de las empresas chilenasHace cinco años, la OCDE le exigió a Chile mejorar sus prácticas empresariales. Hoy, las compañías locales, apalancadas por las multinacionales y la legislación, están creando sistemas de prevención de delitos para evitar e lavado de dinero, el terrorismo y el cohecho.

2 Miércoles 15 de octubre de 2014 • www.pulso.clESPECIALES @pulso_tw facebook.com/pulsochile

15.10.14Director: Juan Pablo Larraín Medina Subdirector: Jonás Preller Roldán Representante Legal: Francisco Javier Führer Rioseco Editores Jefe: Olga Bustamante, Patricio Poblete y José Tomás Santa María. Editores: Rodrigo Bravo (política), Ximena Celedón (mercados), Daniel Fajardo (suplementos), Elizabeth Harries (digital), Miriam Leiva (economía), Paula Namur (internacional), Juvenal Sepúlveda (gráfico), José Antonio Troncoso (empresas). Editado por Pulso Editorial S.A. Avda. del Valle 765, of. 401, Huechuraba. Teléfono redacción 22302810. Teléfono comercial 22302820. Impreso en Santiago por Copesa Impresores S.A., quien sólo tiene calidad de impresora. Teléfono de atención a suscriptores 23505646. Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion

Editorial

La Ley 20.939, vigente desde 2009, ha logrado transformar la mentalidad y las prácticas del entorno empresarial.

A cinco años del cambio en la ética empresarial

CUANDO se habla de sustentabili-dad, lo primero que a muchos se le viene a la cabeza dice relación

con el cuidad al medio ambiente. Pero este concepto incluye otros factores, como el respeto a los trabajadores y proveedores, así como la influencia de la compañía hacia la comunidad en la que se inserta. Finalmente, el gran paraguas de la sustentabilidad tiene un sinónimo: ética empresarial. Y es bajo este concepto que hoy, las grandes organizaciones tratan de atacar temas como la corrupción, que ha sido la pro-tagonista de cientos de casos a nivel mundial y local en las últimas décadas.

Pero como dice el refrán: “Del dicho al hecho hay mucho trecho”. No basta con las buenas intenciones. Se necesita un sistema legal que exija dicho com-portamiento ético. Justamente eso es lo que produjo la Ley 20.939, cuando fue promulgada en 2009. La norma, fue la consecuencia de un mensaje claro y fuerte de parte de la OCDE: Chile debía mejorar su legislación para atacar la corrupción si quería formar parte de sus filas.

Rápidamente, las compañías comen-zaron a transformar varios de sus meca-nismos de trabajo. Especialmente las que por su rubro, tienen relación con entidades públicas. Se crearon procedi-mientos, políticas y metodologías para evitar el lavado de dinero, el financia-miento al terrorismo y el cohecho (los tres puntos esenciales de la Ley 20.939). Muchas multinacionales ya traían un bagaje al respecto desde sus países de origen. Especialmente las europeas y norteamericanas. Otras, como las mine-ras, también tenían el tema bastante cubierto. Pero muchas tuvieron que ponerse al día, creando departamentos especializados, estudiando certificacio-nes y mirando en el mercado donde podrían contratar consultorías. Muchos estudios jurídicos comenzaron a espe-cializarse en los Sistemas de Prevención del Delito, aportando a este nuevo eco-sistema de cambio. Y todo esto, en tan sólo cinco años de vigencia de la ley. P

DANIEL FAJARDO CABELLO

Pertenecer a la OCDE no es algo que se logre de la noche a la mañana. Para ser parte de

este prestigioso club, se deben se-guir ciertos parámetros como país. Y justamente esta es una de las ra-zones de porqué Chile en su con-junto, ha establecido una serie de normativas para combatir hechos de corrupción en la relación públi-co-privada.

Uno de los mejores ejemplos fue la aprobación de la Ley 20.939 el año 2009. Conocida también como Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, su origen se debió a una exigencia para que Chi-le ingresara a la OCDE. Básicamen-te, establece que las personas jurí-dicas (sociedades civiles y comer-ciales, corporaciones, fundaciones sin fines de lucro y empresas del Es-tado) son responsables de los deli-tos derivados de tres hechos: lava-do de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho a funcionarios públicos (nacionales e internacionales), que implican el beneficio de la compañía, sus due-ños, controladores, responsables, altos ejecutivos o administradores.

Pero quizá una de las claves, es que la Persona Jurídica responde penalmente cuando los delitos ha-yan sido cometidos por Personas Naturales que estén bajo la super-visión directa de alguno de los su-

jetos anteriormente nombrados. En otras palabras, cualquier em-pleado que cometa uno de estos delitos, en su labor dentro de la or-ganización, es la entidad la que se hace responsable de ellos, en lo si-guientes casos: b Que este delito sea cometido por dueños, controladores, ejecutivos y/o colaboradores. b Que el delito se realice en bene-ficio de la persona jurídica, es de-cir, de la empresa. b Que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimien-to, por parte de la empresa, de sus deberes de supervisión y dirección.

El ecosistema Esta simple evolución en la legisla-ción chilena, ha traído aparejado un cambio gigantesco al interior de las empresas. Especialmente

La influencia de la OCDE en la legislación chilena

Los requerimientos internacionales en temas de corrupción y prevención de delitos han calado profundo en las compañías chilenas, desde que hace cinco años, se aprobara la Ley 20.939, la cual obliga a las empresas a tener mejores prácticas éticas.

El objetivo es combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho

Se ha creado un verdadero ecosistema de políticas internas, certificaciones y asesores externos

Para tener más presencia internacional, la OCDE exige ciertos parámetros anti corrupción. FOTO: HERVE CORTINAT / OECD

para las que no son multinaciona-les, ya que éstas ya tenían incorpo-rado en su funcionamiento diario, una serie de prácticas instaladas en otras regiones del mundo.

Y el efecto inmediato de esta nor-ma es la creación de políticas, me-canismos y protocolos para evitar que se cometan este tipo de delitos, los que están englobados en lo que se denomina simplemente, como corrupción.

En la práctica, la legislación indi-ca que la organización cumple con todos los requisitos exigidos, cuan-do, antes de cometido cualquier delito por parte de un funcionario, se crea un Sistema de “Prevención de Delitos”. En otras palabras, este sistema de prevención —que ade-más trae aparejado una serie de certificaciones internacionales— , es uno de los elementos que desde 2009 debe existir en las organiza-ciones.

Todo este cambio ha creado un verdadero ecosistema, integrado por especialistas internos, departa-mentos, planes de comunicación, certificaciones e incluso, asesores externos (muchos son estudios ju-rídicos), que en conjunto, se han es-pecializado en lograr cumplir con la Ley 20.939. Además, varias orga-nizaciones han implementado sis-temas de denuncias, códigos de conducta y comités de ética. En re-sumen: verdaderas políticas anti corrupción.H

3www.pulso.cl • Miércoles 15 de octubre de 2014 @pulso_tw facebook.com/pulsochile


“La cárcel no es la solución para todos los problemas” (acerca de los dichos de la Fiscalía Económica).

“Podemos ver cómo más empresas han mejorado su estándar de divulgación de información”.

“Hoy somos unos de los 14 países en el mundo que tiene una legislación que regula el lobby”.

ENTREVISTA CON PRESIDENTE DE CHILE TRANSPARENTE.

José Antonio Viera-Gallo: “La transparencia es premisa de la honestidad, pero no la garantiza”

—Viera-Gallo se refiere a cómo ha avanzado el país en materia de transparencia. —Dice además, que el Código Penal chileno debe ponerse al día con los nuevos tiempos.

Una entrevista de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ

CON UNA fuerte carrera polí-tica a su haber, actualmen-te José Antonio Viera- Gallo

preside Chile Transparente, el ca-pítulo chileno de Transparency In-ternational, organización presen-te en más de 120 países, cuyo rol principal es crear conciencia y apo-yar políticas e iniciativas contra la corrupción. Para eso trabajan jun-to a los gobiernos, las empresas y la sociedad civil.

Para potenciar su alcance, desa-rrolla proyectos que posicionan los valores de la transparencia y la pro-bidad, además de elaborar herra-mientas y prácticas que permitan mejorar los niveles de integridad y acceso a la información por parte de la ciudadanía.

La participación de este organis-mo en nuestro país se ha traducido, por ejemplo, en formar parte de la Comisión de Expertos convocada por la Presidenta Bachelet duran-te su primer mandato (2006), que sirvió como base para la llamada “Agenda de Probidad”. Tiempo después, la institución participó en elaboración del programa de transparencia municipal dirigido a mejorar los niveles de la gestión de los gobiernos locales en Chile. Chi-le Transparente ya alcanza 13 años de existencia en nuestro país.

¿Qué importancia se le está dando a la probidad y transpa-rencia al interior de las empre-sas en Chile? —Para Chile Transparente, éste es un foco importante de trabajo. Este año hemos realizado tres semina-rios de transparencia corporativa, incorporando a expertos internacio-nales. Además, tenemos planes de

trabajo específicos con algunas em-presas. Queda mucho por avanzar. Las malas prácticas no dan tregua, pero debemos cerrarles el paso. ¿Hay sectores más reacios a incorporar políticas de trans-parencia? —Sin duda. Como en todos los ám-bitos, existen resistencias mayo-res en algunos espacios, ya que la transparencia tanto en el sector público como el privado, necesaria-mente supone un cambio de men-talidad y restringe la discreciona-lidad con que a veces se está acos-tumbrado a operar. A nivel internacional, ¿cómo se ha posicionado Chile en ámbi-tos de la transparencia? —El vaso medio lleno es que segui-mos teniendo una posición de avanzada. A nivel latinoamericano, junto con Uruguay hemos sido líde-res. Dentro de la OCDE estamos en la mitad de la tabla. Chile es un país donde la corrupción no se pre-senta comúnmente en forma de coima institucionalizada o com-pra de decisiones públicas. Aunque en el último tiempo se han devela-do colusiones, fraudes tributarios y prácticas que atentan contra la buena fe pública. Chile se ha mantenido de esa manera bastante tiempo… —El vaso medio vacío es que lleva-mos muchos años estancados en esta posición. Creemos que la ley de acceso a la información, la respon-sabilidad penal de las empresas, la ley de lobby, las actualizaciones que se le están haciendo a nuestra ley contra el lavado de activos y la regulación de las declaraciones de patrimonio y, la introducción del fi-deicomiso ciego , son pasos impor-tantes. Pero tenemos pendiente una mejor regulación para la rela-ción dinero y política.

¿Cuál es su visión acerca de cómo se maneja la probidad y transparencia en el ámbito pú-blico? —El sector público ha avanzado enormemente. Recordemos que hace cinco años el país no contaba con una ley de acceso a la informa-ción; o que somos unos de los 14 países en el mundo que tienen una legislación que regula el lobby. Sin embargo, nos preocupa que la per-cepción del 52% de los ciudada-nos sea que los funcionarios públi-cos son corruptos y que un 36% diga que ha conocido de alguna irregularidad en una licitación pú-blica. También es muy bajo el ín-dice de confianza en un buen fun-cionamiento de las instituciones. Estas cifras no nos dejan tranqui-los, aunque sea probable que las percepciones sean superiores a la realidad. ¿Las empresas nacionales real-mente le dan importancia a la

transparencia y probidad, o su posición es más bien por un tema de imagen? —Al menos si nos basamos en el úl-timo índice de transparencia corpo-rativa, podemos ver cómo más em-presas han mejorado su estándar de divulgación de información. Pero existe disparidad. Por eso es que de vez en cuando nos encontramos con casos de colusión, abusos o fraudes tributarios. La transparen-cia es una premisa de la honestidad, pero no la garantiza. Es fundamen-tal que los actores económicos ajus-ten su comportamiento a las exi-gencias cada vez mayores de pro-bidad, tanto en Chile como a nivel internacional. ¿Usted cree que la colusión de-bería incorporarse a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? —Sin duda. Este acotado catálogo de sólo tres figuras penales corres-ponde a las exigencias mínimas para ingresar a la OCDE. Pero cla-ramente en los casos de colusión debiera existir una responsabili-dad corporativa. ¿Qué piensa acerca de los di-chos de la Fiscalía Nacional que hacían referencia a castigar las malas prácticas corporativas con cárcel? —La cárcel no es la solución para todos los problemas. Primero, de-bemos tener sanciones pecunia-rias que logren resarcir el daño cau-sado. Luego, pueden haber sancio-nes a la propia empresa, y la cárcel debe ser utilizada como la última medida del derecho frente a casos graves. Habría que revisar el Códi-go Penal en esta materia para po-nerlo al día con los nuevos desafíos delictuales, como por ejemplo, con el crimen organizado o los delitos informáticos.H

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bbb Como ya se ha vuelto cos-tumbre, este 2014 la Universi-dad del Desarrollo elaboró una nueva versión del Índice de Transparencia Corporativa. Entre sus principales conclu-siones, está que el sector priva-do ha adquirido un liderazgo en transparencia corporativa, por sobre el sector público. De hecho, da cuenta de que res-pecto a la versión anterior, las empresas del sector estatal muestran un retroceso aparen-te en sus indicadores de trans-parencia, debido a la mayor exigencia de contenidos inda-

gados en la edición 2014 del re-porte. Es más, sólo seis empre-sas estatales cumplen el están-dar global de trasparencia cor-porativa. Éstas son: ENAP, Zofri, BancoEstado, Metro y Enami. En tanto, el mundo privado parece seguir dando pasos. De acuerdo al índice, las empresas abiertas con mejores resulta-dos este año fueron Banco San-tander, Bci, LAN, Masisa y Enersis, consiguiendo más de 80 puntos. En ese campo, el 78% mejoró sus índices de transparencia.

Índice de transparencia corporativa


Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO

CUANDO se habla de corrup-ción, se viene de inmediato a la mente una relación ilícita

donde está involucrada la política. Y los congresistas son parte de esta crítica constantemente. A pesar de que Chile pose bajos índices de co-rrupción, el tema de las influencias y el lobby ha permeado en los últi-mos años al Congreso Nacional.

Debido a esto, el Senado está a punto de “sacar del horno” el nue-vo “Reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado”, que debería estar pu-blicado y funcionando el próximo 29 de noviembre. De esta forma, este documento da aplicación a la Ley N° 20.730.

El objetivo del reglamento, que ha sido discutido en comisión mixta, pero liderado por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado (y mayormente por el senador UDI Hernán Larraín), es llevar un regis-tro acabado de cada actividad de los congresistas y sus asesores, regu-lando su agenda pública y el regis-tro de lobbistas y de gestores de in-tereses particulares.

El senador Alejandro Guillier (In-dependiente), quien es parte de esta comisión, explica más en de-talle los alcances del reglamento: “No sólo debe quedar registrado y consignado todo lo que haces. Ade-más hay que darle publicidad. O sea, hay que difundirlo para que cualquier persona sepa cuáles son tus actividades de carácter público como congresista”.

En la práctica, se creará una pla-taforma informática donde todas las actividades quedarán registra-das, independiente que cada con-gresista quiera incluirlo en sus res-

pectivos sitios web. Por ejemplo, el registro de audiencias, reuniones, dónde se efectuaron, quienes par-ticiparon, a qué intereses o empre-sas representaban, etc., son parte de estas minutas.

“Obviamente hay actividades per-sonales o que no implican a un po-sible lobbista que están liberadas. Pero por ejemplo, alguien que quie-ra hablar con un congresista de manera formal, deberá siempre pe-dir una audiencia, cuya solicitud queda registrada. Incluso, si al-guien me abordara en un avión para tratar un tema que represen-ta ciertos intereses, yo debería re-chazar la conversación y solicitar-le que pida audiencia”, comenta Guillier. El senador agrega además: “Quizá puede parecer burocrático, pero prácticamente todos los inte-grantes de la comisión estamos de acuerdo que es una forma de gene-rar mayor transparencia a nuestra actividad”.

Según el reglamento, los parla-mentarios podrán además infor-mar voluntariamente de audien-cias y reuniones programadas en el registro de agenda pública.

Registro de lobbistas El reglamento va más lejos aún. Cada congresista debe hacer un re-gistro de viajes y donativos. Indi-cando quien pagó el viaje o si se le hizo algún tipo de regalo. Por ejem-plo, el borrador del reglamento dice que los donativos son: “los ob-sequios que reciban los sujetos pa-sivos de un lobbista o gestor de in-tereses particulares y los demás que reciban con ocasión del ejerci-cio de sus funciones, sean oficiales, protocolares o aquellos que autori-za la costumbre como manifesta-ciones de cortesía y buena educa-ción, cuyo valor estimado exceda de 1 UTM”.

Ad portas de aprobarse nuevo reglamento para regular el lobby

El Congreso está a punto de “sacar del horno” el nuevo “Reglamento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intereses particulares del Senado”, que debería estar publicado y funcionando el próximo 29 de noviembre. Aquí algunos de sus alcances.

Con la nueva normativa, los congresistas deberán registrar con más detalle sus actividades. FOTO : AGENCIAUNO

29de Nov. se publicará el “Regla-mento de los registros de agenda pública de lobbistas y gestores de intreses particulares”.

30 UTMes el monto de las multas que de-berían pagar los congresistas que infrinjan el reglamento. Además de la publicación de lo sucedido.

BASE DE DATOS

Existen dos tipos de regulación del lobby: regular al lobbista (EEUU), o regular la acción de lobby, asegurando su transparen-cia (tradición europea).

Z

Incluso, una de las grandes nove-dades es el denominado “registro de lobbistas”. “Por ejemplo, si yo como senador, recibo a alguien que sin haberse declarado en el re-gistro de lobbistas me pide una au-diencia (pero en el fondo viene a realizar un lobby), tengo que indi-carlo. De esta forma, queda auto-máticamente registrado como lobbista porque, efectivamente, hubo un lobby”, apunta el senador Guillier.

Una vez que entre en funciona-miento, será la misma Comisión de Ética y Transparencia del Sena-do la que regulará y fiscalizará la ac-tividad de los congresistas. Y las multas por no cumplimiento del re-glamento pueden llegar incluso, hasta 30 UTM, además de publicar lo sucedido, de tal manera de trans-parentarlo a toda la ciudadanía.H

Punto de Vista

LA NECESIDAD de entender, revisar, analizar las prácticas de gestión y el desempeño de todo tipos de organi-

zaciones,sigue una tendencia creciente y evolutiva. Tanto a nivel internacional como en Chile. El gran desafío que en-frentan las organizaciones que se abren a la transparencia, es la elaboración de in-formación y reportes accesibles que cum-plan con las necesidades de información de sus grupos de interés. En esta línea, hoy en día las compañías operan bajo un paradigma que ha cambiado drástica-mente, donde las exigencias son mayores, el escrutinio público profundo y se vuelve fundamental tener una visión y entendi-miento acabado de los impactos, los ries-gos y las oportunidades del negocio. Mu-chos de los factores históricamente consi-derados como externalidades (calificados así por justamente no estar integrados di-rectamente en la gestión de las compa-ñías), están hoy día muy presente en las discusiones de directorios, las matrices de riesgos, y los planes de acción estratégicos de las compañías.En este sentido, se ob-serva un aumento en la demanda por par-te de los stakeholders (partes interesadas) por transparentar más y dar mejor infor-mación. No solamente financiera. En los informes corporativos, y las organizacio-nes se enfrentan a esta realidad con diver-sas herramientas a su disposición.

En un escenario de replanteamiento de la comunicación corporativa desde el cómo y para quién, en diciembre de 2013 se publicó la versión definitiva del Marco Internacional de Reporte Integrado (IR), iniciativa promulgada por el Internatio-nal IntegratedReporting Council (IIRC). Éste se enfoca en mostrar cómo la organi-zación crea valor en el corto, mediano y largo plazo. Y aunque está destinado prin-cipalmente alas necesidades de informa-ción de los proveedores de capital, puede constituir la piedra angular de la transpa-rencia corporativa, sintetizando el con-junto del actuar de la compañía en su ges-tión integral, presentado en un lenguaje de negocio para ser utilizado en la toma de decisión de inversión. Como nueva tendencia de reporting corporativo, resul-ta interesante su análisis y discusión. Es-pecialmente para traer al campo de la ges-tión socioambiental la rigurosidad y es-tructura de la rendición de cuenta financiera.

En esta línea, las compañías están desa-fiadas en transparentar la gestión de sus impactos positivos y negativos, y deja en evidencia muchas veces los esfuerzos ne-cesarios para hacer madurar los sistemas de medición, monitoreo y de gestión de éstas. El moverse de una rendición de cuenta, y por ende una gestión, basada so-bre los inputs-outputs hacía la integra-ción del concepto Outcomes, Impactos y Monetización de Impactos, requiere gran-des esfuerzos de consolidación y madura-ción de los sistemas de gestión de las com-pañías. Pero se perfila como innovación disruptiva de los estándares de transpa-rencia pero también y principalmente de los modelos de gestión empresarial. H

Socio – PwC Chile

El fin de las externalidades

—por MATHIEU VALLART—

@pulso_tw facebook.com/pulsochile@pulso_tw facebook.com/pulsochile 9www.pulso.cl • Miércoles 15 de octubre de 2014 ESPECIALES8 Miércoles 15 de octubre de 2014 • www.pulso.clESPECIALES

Punto de Vista

CADA cierto tiempo, la dinámica informati-va genera discusión pública, y también pri-vada, acerca de cómo las empresas están en-

frentando el latente peligro de la corrupción y cuál es la verdadera efectividad e impacto de las medidas que toman tanto los entes reguladores como las propias compañías en el marco de su or-ganización interna.

Más allá de casos puntuales conocidos por la opinión pública, los que incluso han llegado a la justicia y, en no menos ocasiones, han generado drásticos cambios en la legislación, Chile es re-conocido internacionalmente por la estrictez de su normativa, por la seriedad tanto de las autori-dades como del sector privado e, incluso, por la rigurosidad de otros actores del mercado, como los profesionales involucrados e incluso los con-sumidores de bienes y servicios.

Tanto por iniciativa de los diferentes gobier-nos e incluso debido a las exigencias que impo-nen los tratados y acuerdos internacionales a los que ha suscrito Chile en las últimas décadas, el país cuenta con una legislación que para algu-nos es perfectible, pero que indudablemente es cada vez más moderna y responde con mayor solidez a los estándares internacionales, como las normas que regulan la libre competencia o la Ley 20.393, que establece la responsabilidad pe-nal de las personas jurídicas en los delitos de la-vado de activos o financiamiento del terrorismo y cohecho, entre otras. Cada vez es más frecuen-te en las empresas la implementación de medi-das preventivas y de control, como las audito-rías SOX, la transparencia en la relación con los proveedores, el manejo y difusión de la informa-ción hacia inversionistas y accionistas. Incluso, el solo hecho de poder cotizar en la Bolsa, sea ésta la chilena o aquellas internacionales, añade exigencias adicionales a las compañías. Siempre se puede hacer más, por cierto, pero hay una vo-luntad expresa y un camino marcado en este sentido.

Así, desde la perspectiva del reclutamiento, que recoge de primera mano qué requieren hoy las empresas para ajustarse a esas medidas pre-ventivas, es posible constatar que la fuerte rai-gambre cultural de los chilenos hacia el cum-plimiento de la norma, también reconocida in-ternacionalmente, es un atributo adicional en el proceso de búsqueda, en el cual la exigencia es cada vez mayor. No solo para los postulan-tes, sino también para las empresas de recluta-miento especializado.

Y es que esta modalidad, seleccionar a la alta dirección, ejecutivos directivos y otros colabora-dores a través de empresas de reclutamiento es-pecializado que buscan en un universo de postu-lantes cada vez más amplio, es una maciza medi-da de seguridad adicional para las compañías, pues entregar la búsqueda a una entidad que ga-rantiza transparencia, seriedad y apego a la re-gulación, neutralizando cualquier riesgo de una recomendación interesada o no fundamentada exclusivamente en atributos personales y profe-sionales, también es una forma de prevenir no solo la corrupción, sino cualquier otro tipo de irregularidad. H

Executive Manager de PageGroup

Reclutamiento especializado: otra medida

anticorrupción

—por JUAN IGNACIO SILVA—

Un reportaje de PAULA NÚÑEZ LÓPEZ

LA TRANSPARENCIA y probi-dad se han convertido en un activo dentro de las compa-

ñías y a nivel país. Chile actual-mente ostenta ser la nación de La-tinoamérica con el índice más bajo de percepción de corrupción, de acuerdo al ranking anual de Trans-parency International, donde se ubica en el puesto 22. Pero velar por que las empresas y el mundo públi-co operen de forma correcta es una preocupación transversal.

Una de las obligaciones que sus-cribió Chile para ser parte de los países OCDE tenía relación con es-tablecer modelos de prevención de delitos como el cohecho, lavado de activos y financiamiento al terroris-mo. Ante ello, a finales de 2009 se puso en marcha la ley 20.393, uno de los reglamentos que da linea-mientos de comportamiento a ni-vel corporativo y que otorga un peso penal a las organizaciones que no previenen o capacitan a sus fun-cionarios al respecto.

Emerson Bastian, director de ERS en Deloitte cuenta que “varias em-presas hicieron un gran esfuerzo en el diseño e implementación el día cero de la normativa. El tema es cómo se mantiene en el tiempo, luego de cinco años. Es decir cómo se implementa y cómo opera en la práctica y no pierde peso”. El exper-to señala que “ése es el desafío ac-

tual, cómo este tema que partió muy bien, se mantiene vigente den-tro de las empresas”. Ejemplo de ello es lo que ha sucedido con Co-llahuasi. “Nosotros empezamos hace bastante tiempo con la desig-nación de una persona a cargo. An-tes de que se pusiera en marcha la ley, hicimos un levantamiento y ahí comenzó la implementación del plan. Aparte de eso, se repartió a todo trabajador un folleto que se suma a la capacitación acerca de esta temática”, cuenta Bernardita Fernández, gerente de asuntos cor-porativos en Collahuasi.

Dentro de la compañía Bastian señala que cuando mencio-nan estos temas hay una reacción escéptica. “Cuando visito una em-presa y digo ‘vamos a hablar de fraude’, la primera reacción es ne-gación. Algunos mandos dicen ‘no necesito implementar un modelo de prevención del delito, porque nuestros colaboradores nunca se van a ver involucrados en eso’. Cre-en que si hablan esos temas se está desconfiando de las personas, lo que es erróneo”. El primer paso, según el especialista, es generar la conciencia acerca de la necesidad y valor de la prevención al interior del organismo. Otro componente es crear la estructura, los recursos y las capacidades. Entre ello, el asignar a un profesional que esté pendien-te de la prevención. “En la misma línea, uno de los desafíos es qué car-

Cómo las empresas chilenas atacan el problema de la corrupción

Nuestro país se mantiene como líder en la región respecto a percepción de la corrupción. Con un aparato regulador fuerte, las grandes empresas tienen un camino claro en la prevención del delito. Los mayores desafíos están asociados a las de menor tamaño. Sin embargo, con políticas como la de probidad y transparencia, se han dado pasos importantes.

“Varias empresas hicieron un gran esfuerzo en el diseño e implementación el día cero de la normativa”.

La adopción ha sido sencilla por las empresas con matrices en países desarrollados.

En un primer acercamiento, cuando se habla de prevención de fraudes, las empresas son reticentes.

Con el tiempo, varias organizaciones han evolucionado a un modelo de “compliance”. FOTO : ALEJANDRA DE LUCCA V.

go o qué nivel dentro de la escala or-ganizacional debe tener esta res-ponsabilidad. La normativa dice que el indicado debe tener un re-porte periódico al directorio”.

Cómo lo están haciendo las empresas En el principio, entre 2009 y 2010, muchos de los diseños e imple-mentación de modelos tendían a hacer específicamente a lo que de-cía la ley, detallando un modelo de prevención. Pero a medida que se ha madurado el tema, varias orga-nizaciones han ido ampliando el alcance hacia un modelo de cum-plimiento integral o de “complian-ce”. Es decir, partieron con esos tres delitos y los han ido aumen-tando. Alain Rosolino, gerente de auditoría del Grupo Enersis, co-menta que cuentan con distintos elementos que permiten evitar he-chos de corrupción, entre ellos: modelo de prevención de delitos contemplado en la ley 20.393; có-digo ético; plan de tolerancia cero contra la corrupción (PTCC); canal de denuncias (donde cualquier stakeholder del grupo puede ingre-sar denuncias), y alianza con Chi-le Transparente. “Todo, con el fin de mantener las prácticas locales del grupo alineadas a las mejores prácticas”.

Además, Bastian establece que la adopción ha sido más sencilla por aquellas empresas que cuentan con matrices en países desarro-llados. “Muchas tenían esta reali-dad de modelos de cumplimiento, implementado desde sus casas matrices fuera de Chile y se con-virtió en un curso natural. Se su-maron requerimientos a platafor-mas existentes , donde lo que hi-cieron fue refrescar su modelo de cumplimiento con este de tipo más local.

Siemens es una de las compa-ñías con un plan que promueve la integridad desde hace siete años. “Se basa en un Programa de Com-pliance que tiene tres objetivos: ‘prevenir, detectar y responder’ sobre acciones que conlleven el riesgo de penalidades o pérdida de reputación para la compañía. Con esta iniciativa y un mensaje “Tone From the Top”, hemos lo-grado un significativo progreso en relación a promover negocios sos-tenibles, trabajar con socios con-fiables y conducir iniciativas de Acción Colectiva a fin de equilibrar el campo de juego para negocios limpios en colaboración con dis-tintos actores de la industria”, cuenta Mariano Gojman, regional compliance officer de Siemens Chile.

Certificación Actualmente hay alrededor de 20 organismos certificadores de “mo-delos de prevención de delitos”, de acuerdo a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Según se-ñala Kreuza Alarcón del estudio García Magliona y Cía. Abogados, un aspecto relevante es la regula-ción de la SVS respecto de los re-quisitos que deben cumplir las empresas que están autorizadas para certificar un MPD y de los reportes que realizan regularmen-te respecto de la cantidad de em-presas que certificaron sus MPD y por cuánto tiempo.

“Con esta información es posible apreciar que aún cuando el diseño e implementación de un MPD es fa-cultativo para la persona jurídica, en la práctica, se ha extendido como un mecanismo diferencia-dor de calidad y de valor agregado de las compañías chilenas”, afirma Alarcón.H

b ¿Qué ha pasado? A fines de 2009 entró en vigencia la Ley 20.393 que establece la respon-sabilidad penal en personas ju-rídicas.

b ¿Por qué ha pasado? Para que Chile se integrara a la OCDE, el prevenir delitos como el cohe-cho, lavado de activos y finan-ciamiento al terrorismo era re-quisito.

b ¿Qué consecuencias tiene? Ha generado que las empresas tengan planes activos para con-trarrestar este tipo de delitos, además de crear una cultura de prevención.

b ¿Cómo me puede afectar? cada vez más, las compañías po-seen políticas de funcionamien-to y mayores exigencias, espe-cialmente en la relación con en-tidades públicas.

P

22es el puesto que ocupa Chile en el Índice de Percepción de la Co-rrupción. Así consiguió la mejor posición de la región.

US$740 millones

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mueve en el mundo el lavado de activos del narcotráfico y de otras formas del crimen organiza-do, de acuerdo a la ONU.

países en el mundo cuentan con legislación respecto al lobby, Chi-le es uno de ellos.

BASE DE DATOS

Varias empresas han seguido modificando sus MPD con el fin de integrar más conductas.

De acuerdo a la nor-mativa el encargado debe reportar como mínimo semestral-mente.

La SVS es la encargada de regular las entidades certificadoras.


Un reportaje de DANIEL FAJARDO CABELLO

CUANDO se habla de políti-cas y mecanismos para combatir la corrupción en el

sector privado, en la mayoría de los casos se hace referencia a las gran-des empresas, ya sea de origen chi-leno o multinacionales con opera-ciones en nuestro país. Pero ¿qué sucede con la pequeña y mediana empresa (pyme) al respecto?

A primera vista, el problema de la corrupción en este segmento no pareciera ser muy grande, debido principalmente a que sus opera-ciones son bastante más bajas en términos de movimiento de capi-tal que las grandes firmas. Por lo tanto, el aliciente para generar delitos de lavado de dinero, cohe-cho o financiamiento al terroris-mo (que se indica en la Ley 20.939) es mucho menor. Para hacerse una idea, en Chile se considera pyme a las empresas que venden hasta UF100.00 anuales (ver re-

La opinión y rol de la pyme en el ecosistema contra la corrupción

Si bien en la pequeña y mediana empresa no se dan grandes escándalos de corrupción, este segmento no está ajeno al tema. Especialmente en su relación como proveedores de empresas de mayor tamaño. Tanto la Conapyme como la Conupia opinan que de venir una mayor exigencia de parte de sus mandantes, habrá que solucionar otros problemas de fondo antes de pensar en políticas anti corrupción.

En Chile existen más de 800.000 pequeñas y medianas empresas. FOTO : ALEJANDRA DE LUCCA V.

bbb Según la última clasifi-cación de la pyme ratificada por el Ministerio de Econo-mía en abril de 2014, las mi-cro, pequeña y mediana em-presa, poseen las siguientes características. b Micro: Empresa cuyos in-gresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, no hayan superado las UF2.400 en el último año calendario. b Pequeña: Empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a UF2.400, pero inferiores a UF25.000 en el último año calendario. b Mediana: Empresa cuyos ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro, sean superiores a UF25.000, pero inferiores a UF100.000 en el último año calendario.

Clasificación de la micro, pequeña y mediana empresa

cuadro). O sea, alrededor de $2.300 millones ($191 millones mensuales). Tema no menor si se considera que, según el Servicio de Impuestos Internos (SII), hay alrededor de 808.000 pymes en el país.

Quizá uno de los puntos delica-dos a nivel pyme y donde están más expuestos a generar delitos de este tipo, es en su relación con las Municipalidades. Para ello, se han creado una serie de mecanismos que tiene como base al sistema de contrataciones públicas Chile Compra, además de la labor de la Contraloría General de la Repúbli-ca, en los municipios chilenos.

“Todas las empresas en general deben estar preparadas para en-frentar situaciones de corrupción, ya que , en definitiva, están con-formadas por seres humanos. El tema debe preocupar no sólo a las grandes empresas, sino que tam-bién a las pequeñas, que también a su nivel, están expuestas a ries-gos de esta naturaleza. El mundo

moderno exige ciertos estándares que se hace necesario considerar y respetar”, explica Marcos Vera-gua, coordinador general de la Confederación Nacional de la Mi-cro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).

Veragua agrega además que la organización que representa, “es ferviente partidaria de que las em-presas actúen con absoluta trans-parencia y con la ética para man-tenerse en el mercado que hoy es altamente competitivo en todos los sectores”.

Proveedores Pero en la práctica, donde el tema de los mecanismos anti corrup-ción toca en alguna medida a la pyme es cuando éstas, son pro-veedores de grandes empresas, como retailers o fabricantes de productos que poseen un comple-jo ecosistema de proveedores.

A medida que las corporaciones privadas aumentan sus exigen-cias de sustentabilidad y meca-nismos de ética y buenas prácti-cas, han tenido que exigirles a sus proveedores que también se suban a este carro. Por ejemplo, muchos exportadores, necesitan que su producto tenga una trazabilidad absolutamente sustentable.

Según Veragua, a nivel de las pe-queñas empresas, sólo se pide lo estrictamente necesario y el trata-miento es normal de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. “Lo hemos planteado reiterada-mente a las autoridades de los po-deres Ejecutivo y Legislativo: si se quiere efectivamente apoyar al sector de empresas de menor ta-maño, éstas deben tener un trata-miento especial acorde a su con-dición. No deben ser tratadas en la misma forma que a las grandes, ya que viven una realidad muy dis-tinta”, dice el coordinador de la Conapyme.

Roberto Rojas, presidente de Co-nupia comenta por su parte, que el tema de la corrupción no es algo que afecte mayormente a la pyme,

b ¿Qué ha pasado? La pyme también está siendo influencia-da por los mecanismos anti co-rrupción de las grandes compa-ñías.

b ¿Por qué ha pasado? Es en su relación como proveedor de las firmas de mayor tamaño, donde la pyme está viéndose afectada.

b ¿Qué consecuencias tiene? De a poco, las compañías co-menzarán a exigir políticas de prevención de delitos a sus pro-veedores, los cuales en muchos casos son pyme.

b ¿Cómo afecta a la pyme? Ten-drán que adaptarse a los cam-bios. Pero opinan que existen va-rios problemas pendientes aún en la relación proveedor-man-dante, antes de seguir avanzan-do en políticas anti corrupción.

P

debido a que poseen un mercado mucho más restringido que las compañías de mayor tamaño.

Sin embargo, es enfático al res-pecto de la posición de este gre-mio. “No hemos notado muchas exigencias de políticas de anti co-rrupción por parte de nuestros mandantes. Pero creo que si se comienzan a aplicar, sería un con-trasentido. Si realmente dicen ser éticos, deberían mejorar sus siste-ma de pago, para que no se exten-dieran a 90 o 120 días. Creo que eso sería realmente un compromiso ético con sus proveedores”, con-cluye Roberto Rojas. H


Una entrevista de FRANCESCA GEROLDI A.

CASOS como la colusión de las farmacias, el escándalo de La Polar, la problemática

del lucro de las universidades y el reciente “Pentagate”, han marcado hitos en el historial ético de las em-presas en Chile. Sin embargo, esto ha dado pie para que varias compa-ñías locales pongan sus esfuerzos en mejorar estrategias anti-corrup-ción y pro-transparencia. Así lo in-dica Manuel José Vial, consejero de la Sofofa y miembro de la Comisión de Ética del gremio.

Tras haber asesorado al directorio de La Polar durante todo el proce-so del controvertido caso en 2011, el abogado y socio del Grupo Vial Abogados, ve con principal urgen-cia el que las empresas cuenten con sus propias normas de compor-tamiento.

En esta línea, menciona los traba-jos que como gremio están realizan-do para difundir buenas conductas empresariales apegados a su códi-go de ética creado en 1957 en la So-fofa. Destaca la expulsión como

sanción máxima en aquellos so-cios que no cumplan estos requisi-tos, y habla sobre los impactos de la Ley 20.393. ¿Desafío?: exigir a los proveedores un buen compor-tamiento, tanto en los negocios como hacia sus trabajadores.

¿Cómo están manejando hoy la transparencia las empresas chi-lenas? —Ha habido un gran desarrollo en este tema. Hoy, el nivel de transpa-rencia es un objetivo que todas las compañías quieren lograr y mejo-rar. Para la mayoría de las adminis-traciones locales, la entrega de in-formación está siendo clave, lle-gando a niveles de desarrollo bastante altos comparados con los del año pasado. ¿Cómo ha influido la Ley 20.393 (que penaliza a las empresas en caso de corrupción) tras su puesta en marcha en 2009? —Esta ley ha sido muy importan-te, ya que claramente ha impulsa-do el manejo de buenas conductas en las empresas chilenas. Es la pri-mera norma legal que asigna res-ponsabilidad penal a una persona

jurídica y la única en establecer pena de muerte en la legislación chilena, equivalente a la disolu-ción de las firmas que han incurri-do en los delitos estipulados. Ello ha motivado a las firmas locales a certificarse de acuerdo a esta ley, haciendo todos sus procesos res-pectivos y fiscalizando que las nor-mas se cumplan. ¿Qué conducta sugiere para se-guir al pie de la letra esta ley? —El hecho de que todas las compa-ñías, indistintamente de su tama-ño, cuenten con sus propias nor-mas éticas. Si bien, es algo que cada vez sucede más en el mundo corporativo local, son las compa-ñías extranjeras las que debutan es-tos marcos en Chile, seguidas por las más grandes del país, y luego, las medianas y pequeñas. Al mis-mo tiempo, todo el personal de las organizaciones debe estar al tanto de estas normas, comprometido en cumplirlas y respetarlas. Des-pués debe fiscalizarse este cum-plimiento. Entre los ejercicios penalizados en esta ley, como el lavado de activos, financiamiento al te-

rrorismo y cohecho, entre otros, ¿cuál es el más difícil de controlar? —Depende de las empresas. Por ejemplo, en el sector financiero el financiamiento al terrorismo y el lavado de activos es clave. Esto contempla no sólo bancos, sino también compañías de seguros y corredores de bolsa, entre otros. Para las empresas, el tema del cohecho es muy importante. Por lo tanto, va a depender un poco del rubro de la organización y la importancia de estos delitos casti-gados en la ley. ¿Qué está haciendo la Sofofa para difundir los buenos com-portamientos? —Hemos realizado dos seminarios en el último tiempo. Uno junto a la CPC llamado “Marco ético del em-presariado chileno” y otro, cuyo nombre fue “Éticas, ¿un imperati-vo para el mundo de los negocios?” a fines de 2013. A esto, sumamos nuestra participación con la CPC en distintos estudios y en la elabora-ción de documentos al alcance de las empresas respecto a la ética, transparencia y corrupción. Ade-más, hace años funciona en la So-fofa la Comisión de Relaciones In-ternas y Ética (de la que soy miem-bro), basada en un código creado en 1957. Aquí, todos los socios de la So-fofa deben cumplir tales normas, disponibles al público en nuestra página web. ¿Se han basado en estrategias gremiales internacionales? —Sí, siempre estamos preocupa-dos de informarnos de las tenden-cias que suceden en otros países. Nuestro código de ética correspon-de a normas generales de compor-tamiento que deben tener los miembros de la Sofofa. Nosotros como comisión, debemos vigilar su cumplimiento. ¿De qué forma? —La comisión se reúne periódica-mente para estudiar informacio-nes públicas de distintos casos y de cada industria en específico. No exigimos que las empresas nos den un estado de cuenta, sino que cuan-do vemos algún caso, analizamos reunirnos con la firma en cuestión. Tras la Ley 20.393, ¿se debió cambiar el código de Sofofa? —No, se mantuvo inalterable, por-que son normas de comportamien-to atemporales. Al final, es el Con-sejo de la Sofofa el que toma reso-

lución de estas materias, previo estudio de la Comisión de Ética. Ella es consultiva, no decisoria. ¿Existe algún caso de ejemplo? —Hace muchos años hubo una sanción a un empresario en parti-cular, pero últimamente no hemos impuesto ninguna. Esto se debe a que hay una supervigilancia en la materia. ¿Cuáles son sus efectos de cum-plir las normas éticas? —Beneficios a largo plazo. Sus mar-cas son valoradas y eso implica fi-

delidad en los clientes, reconoci-miento en el mercado, entre sus pares y otros. ¿Cuáles son los desafíos en esta materia? —Todos deben cumplir la ley, pero las empresas deben ir mucho más allá. Las administraciones de las compañías y los directorios tienen que mantenerse informados delos estándares éticos. A la vez, éstos de-ben ser comunicados a todo el per-sonal de la compañía. Por otro lado, las diferentes empresas deben exi-gir a sus proveedores los mismos es-tándares éticos que rigen para ellos, informándose permanentemente, para que ellos ejerzan un buen com-portamiento en los negocios y sus trabajadores. H

PROVEEDORES

“Las empresas deben exigir a sus proveedores los mismos estándares éticos que rigen para ellas”

LEY 20.393

“Para cumplirla, todas las empresas deben contar con marcos éticos propios y difundirlos a su personal”

TRANSPARENCIA

“Las empresas chilenas cada vez elaboran más mecanismos pro transparencia y anti corrupción”

ENTREVISTA CON MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ÉTICA DE LA SOFOFA

Manuel José Vial “Todas las compañías, indistintamente de su tamaño, deben contar con normas éticas”

—Para el consejero de la Sofofa, la preocupación por una mayor transparencia desde las empresas chilenas, ha aumentado. —Exigir que los proveedores también cumplan con normas éticas a nivel de negocios, lo considera algo clave.

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Punto de Vista

HABLAR de los mecanismos anticorrupción en las empresas es algo relativamente nuevo. Más aún en Chile, donde la ley

20.393, que regula los delitos de lavado de acti-vos, financiamiento de terrorismo y de cohecho que se cometan directamente en beneficio de una compañía, fue publicada recién a fines de 2009.

Durante los últimos cinco años, la reacción de las organizaciones se ha caracterizado por aumentar su demanda de profesionales especia-listas en “compliance”. Incluso, marcas que coti-zan en la Bolsa o de Sociedades Anónimas, empezaron a crear sus áreas de compliance como departamentos de dedicación exclusiva para tra-tar hurtos o robos, pero también evitar que las personas y jefaturas se salten las normativas.

Sin embargo, la “pata coja” de todo este desa-rrollo local, se debe nuevamente a la falta de pro-fesionales chilenos especializados en la materia. Cuando una compañía sale a buscar un especia-lista, le resulta muy difícil encontrar a alguien de vasta formación y años de experiencia. Son más bien las Big Four (PwC, Deloitte, Ernest & Young y KPMG) las que ofrecen este tipo de servicio a empresas locales y las que también han pasado a tomar el rol de escuelas de formación de talentos para el mercado.

Por otro lado, cuando una marca se ve enfrenta-da a un posible delito o evasión de algún procedi-miento dentro de ella, y no cuenta con el profe-sional competente para poder abordarlo, lo que se suele hacer es contratar una auditoría externa (mediante alguna de las Big Four nombradas anteriormente) para que así trabajadores sin nin-gún tipo de conflicto de interés, puedan entrar y evaluar si algo raro pasa dentro de ella.

Por esto, en la búsqueda de profesionales pro-pios, la clave está en el proceso de contratación que, posteriormente, dará cabida a la creación de un departamento de buenas prácticas corporati-vas. Un período en el que se pueda llevar a cabo un proceso de reclutamiento donde la persona que va a entrar a la compañía entienda muy bien las políticas anticorrupción que se quieran crear en ésta, y de esa forma, también se permita recti-ficar que el candidato tenga real experiencia, y también la base técnica y teórica para seguir ade-lante en la postulación.

Vale decir que muchos de estos expertos se han capacitado en el extranjero y que, normalmente, sus profesiones son Contador Auditor, Ingeniería Comercial o Ingeniería Civil Industrial. Un profe-sional anticorrupción debe saber de Compliance, contabilidad y de procesos de negocios, como mínimo.

El desafío viene dado, entonces, por el hecho de que las compañías, antes de tener que contratar a agentes externos –y antes de que se enfrenten con alguna posibilidad de corrupción-, cuenten con los profesionales dentro de ellas para crear los controles necesarios y así evitar cualquier anormalidad en sus procesos. Independiente de la asesoría jurídica, los especialistas en Compliance son y serán cada vez más imprescin-dibles para las empresas de los diversos sectores que, antes que todo, quisieran no verse involu-cradas en casos mediáticos ni destructivos. H

Managing director de DNA Human Capital

Más especialistas en “compliance”,

menos corrupción

—por MURILO ARRUDA—

Un reportaje de FRANCESCA GEROLDI A.

LA lucha contra la corrupción a favor de una mayor transpa-rencia, es hoy una de las exi-

gencias mundiales más importan-tes para el sector corporativo.

Esta situación ha impulsado el trabajo legislativo de varios países, cuyas estrategias se han enfocado en prevenir, sancionar y penalizar dichas prácticas.

Una de las primeras grandes ini-ciativas fue lanzada por EEUU tras la aprobación de la Ley Foreign Co-rrupt Practices Act (FCPA) en 1977, que previene sobornos de las com-pañías norteamericanas a funciona-rios públicos extranjeros y que aún está vigente.

Más tarde, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) realizó la Con-vención contra el Soborno en 1988, ratificada posteriormente en 1997 por los países miembros. Sin embar-go, varios son los casos que a nivel mundial han debido enfrentarse a los respectivos marcos regulatorios de los países en los que se instalan.

Uno de ellos fue Walmart, cuando en 2010 habría cancelado US$24 millones en sobornos a funcionarios de México. Según lo denunciado en 2012 por el New York Times, di-cha cadena de pagos incluía a alcal-des y concejales, planificadores, empleados públicos y a todo aquel que significaba un obstáculo en la expansión de su negocio. Así, pre-suntamente se destrababan trámi-tes, se obtenían permisos de cons-trucción o se reducían las tarifas de impacto ambiental por el levan-tamiento de inmuebles. Un claro ejemplo ocurrió en 2004, cuando la empresa estadounidense abrió una tienda cercana a las pirámides de

Teotihuacán, siendo ésta una zona protegida. Antropólogos y habitan-tes del lugar trataron de impedir esta edificación, pero donaciones superiores a los US$50 mil a repre-sentantes de organizaciones locales, y una gran oferta de puestos de tra-bajos para los lugareños, bastaron para acallar las protestas en la zona. Así lo informó el diario La Jornada, citando al entonces alcalde de Teo-tihuacán, Guillermo Rodríguez.

Empresas fantasma Otro de similar envergadura fue el

caso Skanska ocurrido en Argenti-na en 2005. Ese año, el Ministerio de Planificación que aún es dirigido por el secretario de Estado, Julio de Vido, inició un concurso privado de precios por la construcción de dos gasoductos, en el norte y el sur del país trasandino. El proyecto era liderado por la empresa Transpor-tadora Gas del Norte, la cual le in-dicó al Ente Nacional Regulador del Gas de Argentina que Skanska pagaba 152% en sobreprecios. Es decir, 17 millones de pesos argenti-nos.

Durante la investigación de este caso, se probó además que Skanska había pagado años antes, 118 factu-ras falsas a más de 23 empresas fan-tasmas o irregulares. Una de esas fir-mas pantalla fue Calibán, denomi-nada luego como Infiniti Group, cuyos operadores se encuentran procesados por asociación ilícita y otros delitos. El caso finalmente ce-rró el 1 de marzo de 2013, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económi-co del país, condenó a prisión efec-tiva a los involucrados en el delito, a la pena de seis años.

En tanto, la industria automotriz alemana también sufrió momen-tos difíciles la década pasada. En fe-brero de 1997, el consorcio suizo de

Casos simbólicos de corrupción y transparencia empresarial a nivel mundial

A nivel internacional, varias han sido las compañías involucradas en asuntos de cohecho, coimas, sobornos o colusión. Sin embargo, existen otras que destacan por sus buenas prácticas, aplicadas a estrategias sociales y de negocios. Ejemplos que se enmarcan en países con diferentes legislaciones, que en su mayoría avanzan para combatir delitos de corrupción, principalmente a nivel regional.

ingeniería eléctrica ABB AG, pre-sentó una querella contra los ejecu-tivos de Volkswagen, acusando que funcionarios de la marca germana participaron en una red criminal para obtener dinero de los provee-dores. Tiempo antes, en 1995, Opel fue acusada de recibir millonarios sobornos de proveedores para ase-gurar auspiciosos contratos. De los 174 delitos investigados en su pro-ceso, sólo 13 resultaron en una mul-ta y nueve en una acusación formal. Mientras que 81 fueron rechazados por falta de evidencia.

Mismas conductas que este año fueron denunciadas en EEUU, por la petrolera Colombiana Ecopetrol. En enero, la empresa del país cafe-tero, junto a la división criminal del Departamento de Justicia de su nación, un fiscal de la Corte del Dis-trito de New Jersey y el FBI, impu-tó a tres ex funcionarios de la firma estadounidense PetroTiger Ltd, que hasta ese momento funcionaba como proveedor. A ellos, se les acu-só de haber pagado un soborno cer-cano a los US$333.500 a un ex fun-cionario de Ecopetrol para benefi-ciarse de un contrato de servicios petroleros.

Escándalos financieros Casos de corrupción en los que ha incurrido también el sector finan-ciero. Entre 2005 y 2009, el banco británico Barclays y su máximo res-ponsable y CEO de ese entonces, Bob Diamond, estuvieron involu-crados en el proceso de manipula-ción y fijación pactada de las tasas del Libor. Un delito que tras hacer-se público, hizo insostenible el cur-so del propio banco y su Consejo de Administración, causando que Dia-mond renunciara a sus responsabi-lidades al frente de la institución. La imagen corporativa de la organiza-

ción, aún es trabajada para desen-tenderse del conflicto.

Pero, hay uno considerado el ma-yor escándalo empresarial cometi-do a nivel mundial. Se trata del caso Enron, que fuera en su momento la mayor empresa energética de EEUU (descartando las petroleras) con re-sultados superiores a los US$101 mil millones en ingresos anuales, previo al delito. En 2002, se descu-brió que la mayor parte de sus be-neficios eran falsos, tras la falsifica-ción de sus libros de cuentas. Malas decisiones que sumado a la caída de los ingresos, llevaron a su colapso. El episodio culminó con una inter-vención judicial para averiguar qué había ocurrido exactamente, cuyo juicio condenó al propio CEO de la compañía Jeff Skilling, por fraude.

Tal delito, se impone como una de las principales preocupaciones de las firmas a nivel mundial. Según el Informe Global sobre Fraude 2013, realizado por la consultora interna-cional, Economist Intelligence Unit, el 70% de las más de 900 compañías consultadas de todo el mundo, in-formó haber sufrido como mínimo un tipo de fraude el año pasado.

Buenas prácticas Sin embargo, existen corporaciones que destacan por su buen manejo o cambios de estrategias frente a crisis reputacionales. Es el caso de la alemana Siemens, que en 2007 supo levantarse tras un daño me-diático, causado por titulares nega-tivos sobre su imagen. En este pro-ceso, la firma concluyó que su cul-tura corporativa había fallado, lo que derivó en nombrar nuevos puestos clave a lo largo de ese año. Uno de ellos fue el del presidente y CEO Peter Loescher, quien al asu-mir dejó bien clara su opinión so-bre este cambio radical: “Sólo los

b ¿Qué ha pasado? Distintos ca-sos de corrupción y buen com-portamiento, sobresalen en los comportamientos de las empre-sas a nivel mundial.

b ¿Por qué ha pasado? Porque, la intención de enriquecerse de forma rápida o abaratar costos, atrae a ciertas organizaciones. Otras en tanto, saben lo que ello implica adoptando estrategias éticas de prevención.

b ¿Qué consecuencias tiene? Distintos países han avanzado en legislaciones anti corrupción, penalizando y sancionando a las personas jurídicas que incurran en estas prácticas.

b ¿Cómo me puede afectar? En 2009, Chile promulga la Ley 20.393, dirigida a prevenir tales conductas al interior de las em-presas de nuestro país.

PEEUU fue el primer país en avanzar a través de una ley, a fin de prevenir malas prácticas de privados.

La OCDE y la ONU, han realizado convenciones en esta materia, para combatir la corrupción en las empresas.

El pago de sobornos hecho por Walmart a parte de sus empleados en México, fue penalizado.

negocios limpios son negocios Sie-mens. Todos, en todas partes y en todo momento. Nuestra responsa-bilidad corporativa es nuestra má-xima prioridad”. A todas sus jefatu-ras se les encomendó desplegar este mensaje a lo largo de la orga-nización.

Sobresale también la European Aeronautic Defence and Space (EADS), conocida actualmente como Airbus Group, una de las principales compañías de negocios de aviación de Europa. Todo empe-zó, cuando puso en marcha un pro-grama de ética, considerado entre los más avanzados del Viejo Conti-nente, llamado OpenLine. En él, todos los empleados pueden hasta hoy, plantear problemas de forma absolutamente confidencial por incomodidad, o mostrar insatis-facción por respuestas ante quejas relacionadas a temas de contabili-dad, finanzas y prácticas corruptas. El uso de OpenLine está restringi-do a los empleados de todas las em-presas controladas por el Grupo EADS, situadas en Francia, Alema-nia, España y Reino Unido.

Otro a destacar es la reciente es-trategia de Repsol pro transpa-rencia. Hace unos tres años, la fir-ma española elaboró el “Corpora-te Defense”, una iniciativa que comprende medidas y controles adecuados para la prevención y detección de delitos. Dispone de procedimientos de comunicación e información a directivos y em-pleados, respondiendo a las in-vestigaciones realizadas en este ítem.

Además, posee una normativa in-terna como marco regulador para evaluar y controlar los riesgos inter-nos de corrupción supervisada por la Comisión de Ética y la Dirección de Auditoría y Control de Repsol.

Aquí, se revisan posibles conflictos de interés, protegiendo a sus acti-vos del soborno y la corrupción.

Reputación En esta línea, el informe 2014 del Reputation Institute destacó a Da-none, Sony, Google, Apple, Miche-lin, Samsung y Bimbo entre otras, como las de mejor comportamien-to a juicio de los consumidores en España. Según el estudio, todas ellas coincidieron en un poderoso relato corporativo, confianza de los stakeholders e integración de la reputación en su estrategia de ne-gocio.

No obstante, respecto a las multi-nacionales, los buenos comporta-mientos pueden diferir en el país en que estén. En este punto, Jorge Ca-chinero, director corporativo de Llorente & Cuenca, profesor del IE Business School y miembro del Consejo Científico del Real Insti-tuto Elcano, dice que “un compor-tamiento ético y responsable, un fuerte compromiso con la sociedad en la que operan, la transparencia, una cartera de productos y servicios de calidad y una apuesta por la in-novación y el liderazgo, son princi-pales para que una compañía al-cance una óptima reputación”.

Similar a lo comentado por el eco-nomista mexicano Jaime Cerdio (director de Vinculación con Go-bierno y Sociedad de la Secretaría de la Función Pública de México y ex asesor del Senado de su país), al enfatizar que tanto la transparen-cia corporativa, como la integri-dad empresarial —a través de me-canismos de sanción interna a fun-cionarios que incurran en malos hábitos—, serán la mejor herra-mienta para generar confianza en el mercado y en la relación entre las empresas.H

Reconvertir su imagen, fue lo que hizo Siemens, tras nombrar nuevos cargos directivos.

Para los expertos, la transparencia más una apuesta por la innovación, mejora la reputación corporativa.

Durante ese año, México lideró los casos de corrupción corporati-va a nivel mundial.

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hubsustentabilidad - octubre 2014

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