JUSTICIA AUSENTE

Huamanquiquia es una comunidad campesina que se rige por la ley general de comunidades campesinas ley nº 24656 de acuerdo a la constitución política del Perú el artículo 149º desarrolla el modelo de jurisdicción comunal en el Perú, asignando naturaleza jurisdiccional a las decisiones de las autoridades de las comunidades campesinas y nativas. Es decir aplica la justicia comunal esto consiste en resolver conflictos de la convivencia social, por parte de las comunidades campesinas, dentro de su ámbito territorial. Para ello, existen normas, procedimientos y sanciones, que han regulado y regulan la vida de estas comunidades, de acuerdo a sus costumbres, valores y tradiciones. De manera ejemplar podríamos decir las autoridades y miembros de la ronda de las comunidades campesinas no cometen delito de secuestro, cuando detienen a una persona, privándola de su libertad personal, a fin de realizar averiguaciones o cuando ingresan a territorio de estos sin permiso. Con relación al ejemplo actualmente nuestro código penal reconoce en concordancia al art 149 de la constitución política del Perú como es el error de comprensión culturalmente condicionado quiere decir los miembros de las comunidades campesinas cuando comete algún delito tipificado las sanciones deben producirse tomando en cuenta su entorno cultural, social y económico debido que esta comunidad se encuentran en un estado de aislamiento esto se entiende que los miembros de las comunidades campesinas no tienen conocimiento de la norma por lo tanto son Ignorancia de la ley.

Esta comunidad extiende un dedo pulgar hacia sus ojos y enjuga unas lágrimas reconoce que le cuesta aceptar, todo empezó cuando una tarde como cualquiera toda la comunidad se encontraba realizando trabajo comunal cuando de repente se escuchó tres disparos al aire todos gritaron ¡matones!; !terrucos! entre otros mientras el miedo se apoderaba de los pobladores cada vez más crecía la incertidumbre, es cuando se escuchaba un vos moribundo de algún dirigente ¡tiene arma de guerra escóndanse en cuanto puedan! mientras otros gritaba ¡arrestar! O vamos retener a esas personas que atentan contra nuestro pueblo. Alguien, en medio de la movilización, comenzó a convocar más personas y a azuzar a la gente presente es así cuando todos se armaron de valor y todos corrieron hasta los chicos de educación primaria y secundaria con el único objetivo de aprisionar; al ver que eran muchos estos campesinos no le quedaba otra que rendirse; la hicieron caminar descalza por las calles la, ataron de manos en la plaza principal lo único que decía que eran contratados por una familia Mendoza es por una y otra vez preguntaba para que se manifiesta por qué motivos dispararon e ingresaban sin identificarse a su jurisdicción, conforme la noche se aproximaba, la indignación y la desconfianza se apoderaban de las mujeres de esta comunidad por eso le propinaba con puños y patadas limpias hasta exigir quienes son realmente es allí donde habla recién y se identifica como fiscal de la provincia Víctor fajardo y acompañada por su secretaria y su seguridad un policía . Este fatídico historia no había nunca terminar y al orden de sus autoridades dejan libre para que abandone de inmediato y nunca regrese a esta comunidad.

Sin saber meses después llegaría una notificación judicial argumentando que fue muy penoso” lo ocurrido. “Fue una experiencia traumática”, y que no había motivo para los excesos cometidos contra esas personas

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El 2007 Martina Montoya se unió a una protesta para exigir justicia por la violación y muerte de menor. Los pobladores indignados retuvieron a la jueza local. Siete años después, el que violó y mató a la niña está libre y la joven ha sido condenada a 30 años como coautora del secuestro de una autoridad. Familiares califican de injusta la sentencia.

Wilber Huacasi

Enviado especial a San Marcos.

Martina extiende un dedo pulgar hacia sus ojos y enjuga unas lágrimas. Lleva trece días en la cárcel y le cuesta acostumbrarse a este reducido espacio de rejas y alambres con púas. Martina teje. Algunas agentes de seguridad se acercan y elogian un tapete amarillo elaborado por ella. Hay un ambiente de solidaridad en medio del desamparo.

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Es domingo de visita en el penal de Huacariz (Cajamarca). Los ojos de Martina se vuelven a humedecer, reconoce que le cuesta aceptar que estará en esta cárcel durante 30 años tan solo por exigir justicia para una niña violada y asesinada. No entiende por qué, dice, si ella no participó en el secuestro de la jueza. Dice no entender por qué solo ella “si la protesta fue de todo el pueblo”.

La historia de Martina resume la marcha de la justicia en el país. Es la falta de dinero de gente pobre que termina mal asesorada por abogados de oficio del Estado. Son las incoherencias de un Código Penal que no es corregido por el Congreso. Es la falta de confianza en las instituciones que administran justicia. Es todo eso, y más.

Esa carencia de confianza en la justicia es la que llevó a los pobladores de la provincia de San Marcos (Cajamarca) a protestar una noche de agosto del 2007, cuando se enteraron de que el Poder Judicial le impondría una sentencia benigna al violador y asesino de una niña.

CRUEL CRIMEN

El 24 de agosto del 2007, la pequeña Elsa Calderón Dávila salió de su casa rodeada de chacras rumbo a la escuela en San Marcos. Tenía 10 años y era la última de seis hermanos. Cursaba el quinto grado. Turno tarde. Era brigadier y llevaba consigo el cordón distintivo.

Fiel a su rutina diaria, la pequeña Elsa solía regresar a casa a las 6:15 p.m., pero aquella tarde no llegaba. A las siete de la noche sus padres fueron a preguntar a sus compañeros y el baldazo de agua fría vino cuando escucharon que la niña no había ido a clases. “¡Ya la mataron!”, pensó de inmediato su padre, José Domingo Calderón Silva. Así lo recuerda ahora, mientras caminamos por San Marcos.

Cuenta que fueron a la Policía a pedir ayuda y la respuesta de los agentes fue negativa por la falta de dinero para el combustible. Pasaron dos horas de búsqueda, y cerca de las nueve de la noche unos pobladores avisaron de la presencia de un cuerpo de una niña arrojado en una acequia cercana.

La menor tenía señales evidentes de haber sido violada y asesinada. El cuerpo estaba con las manos y los pies atados. La niña había sido ahorcada. El victimario había usado el cordón de brigadier de la escolar para acabar con sus diez años de existencia.

JUSTICIA AUSENTE

La tragedia se conoció de inmediato en el pueblo. A la mañana siguiente, la Policía detuvo a un menor de 14 años, en calidad de sospechoso. El muchacho estaba drogado. Recién un día después, confesó ser autor del crimen.

Los familiares y vecinos velaron los restos de la pequeña y el lunes 27 de agosto acompañaron el entierro. En el cementerio se respiraba indignación. El violador y asesino estaba detenido, pero la población tenía desconfianza del proceder de las autoridades. Cuando tenía doce años, el mismo muchacho había sido detenido por las rondas de San Marcos por portar un arma. Lo pusieron a disposición de la Policía y durante dos años estuvo en un reformatorio.

Fue entonces que al salir en libertad, y cumplidos los 14 años, el muchacho regresó al pueblo y cometió el crimen contra la niña. Los pobladores sabían de los antecedentes y entonces se preguntaban si era válido seguir confiando en este sistema de justicia.

Algunos consideraron que la violación y la muerte de la niña tenían que pagarse con cadena perpetua. En medio del desconcierto, el fiscal del lugar les señaló que el victimario sería detenido nuevamente por un periodo corto de tiempo “porque era menor de edad”.

Esto empezó a caldear los ánimos de los pobladores. San Marcos es una provincia cuyas organizaciones sociales tienen un sistema de justicia paralelo. Precisamente en Cajamarca, en 1976, se creó la primera ronda campesina en el caserío de Cuyumalca (Chota), ante la inoperancia del Estado para frenar los robos de ganado.

Conforme la noche se aproximaba, la indignación y la desconfianza se apoderaban de los presentes en la plaza principal. La protesta que surgió espontánea y agresiva no fue organizada precisamente por la ronda campesina.

Alguien, en medio de la movilización, comenzó a convocar más personas y a azuzar a la gente presente. Pobladores de los caseríos cercanos se unieron a la protesta.

EL VIOLADOR O LA JUEZA

La magistrada María Castro Chumpitaz, a cuyas manos acababa de llegar el expediente judicial de la niña victimada, fue blanco de las protestas.

La sacaron a la fuerza de su juzgado. La hicieron caminar descalza por las calles. La ataron de pies y manos en la plaza principal. La amenazaron con cortarle el cabello. Tensión. La gente indignada exigía al violador a cambio de la magistrada. Los pobladores querían hacer justicia con el violador. Querían quemarlo.

En comunicación con La República, la jueza recuerda que “fue muy penoso” lo ocurrido. “Fue una experiencia traumática”, y que no había motivo para los excesos cometidos contra ella.

LA ÚNICA CULPABLE

En medio de esa gente indignada estaba Martina Teresa Montoya Lezama. La única persona sentenciada por los excesos cometidos contra la autoridad.

La jueza agraviada recuerda su presencia en el proceso penal e incluso esta le encaró en una de las audiencias. Martina, en cambio, dice que es inocente, que el juez ni la dejó hablar, que participó en la protesta pero no en las agresiones. Martina no tiene ninguna duda de que ella fue condenada porque su pobreza no le permitió librarse del proceso.

Con ella fueron procesados otros tres varones de San Marcos. Los tres contrataron a sus abogados particulares y fueron absueltos en el 2012. En cambio Martina, por falta de dinero, fue defendida por un abogado de oficio del Estado y ahora esta presa.

De los tres jueces que se hicieron cargo del proceso, dos votaron para sentenciar a Martina y uno, Francisco Herrera Chávez, votó en contra porque, desde su punto de vista, no se había demostrado en forma fehaciente su participación en los hechos imputados.

Martina Montoya recibió una pena de 30 años, la mayor pena, incluso supera a la de varios personajes públicos cuyas faltas fueron mayores.

“Estamos atados de manos”, expresa. Según su opinión, el Congreso tiene que hacer una modificación del Código Penal para distinguir hechos como el ocurrido en San Marcos con los secuestros contra autoridades que son cometidos por verdaderas organizaciones criminales.

LA AYUDA ESPERA

“Para el pobre no hay justicia”, expresa indignada una señora en San Marcos. “Pobre señora, yo ni la he visto ese día de la protesta”, señala José Domingo, el padre de la niña víctima. Él también fue procesado penalmente y es uno de los tres absueltos.

José Domingo acaba de ingresar al cementerio de San Marcos junto con su esposa. Abre la reja que resguarda el nicho de flores. Allí observa la fotografía de su hija y coge un peluche que acompaña a la hija ausente.

El adolescente violador, en cambio, salió libre el año pasado y ahora tiene alrededor de 22 años. Se llama Santos Luis Abanto Tirado y en opinión de los pobladores sigue siendo un riesgo para la sociedad.

Mientras tanto, Martina Montoya Lezama ahora comparte una celda con tres internas en el establecimiento de Huacariz. Es domingo 31 de agosto. Día de visita familiar. Hemos llegado al penal junto con sus hermanos Manuel y María Lucina. “Realmente estamos indignados”, expresa Manuel, “nuestra hermana está condenada a 30 años de cárcel solo por exigir justicia”.

“Así como salieron todos a protestar por una causa de una niña muerta y violada, ahora pido que me apoyen, ruego que me ayuden a salir”, expresa Martina antes de despedirnos en la puerta del presidio.

Cuenta que el primer día en el penal no quiso salir ni al patio porque se la pasó llorando en su cuarto. Ahora teje tapetes. “Estoy tejiendo —expresa Martina, escoltada por el llanto— para pensar que estoy libre”.

TIENE MÁS AÑOS QUE UN SENDERISTA

Martina Montoya Lezama fue condenada a 30 años de cárcel. Ella no es asesina, pero cumple una pena mayor a la impuesta contra Alberto Fujimori, condenado a 25 años, por delitos de lesa humanidad. No es subversiva, pero tiene más años de pena que el senderista Osmán Morote o el senderista Óscar Ramírez Durand, "Feliciano".

Es una situación injusta y el mismo juez que la sentenció lo reconoce. Ricardo Sáenz Pascual, el magistrado que actuó como ponente en este proceso, explica que cuando se produce un secuestro la pena mínima es de 20 años, pero cuando el secuestro tiene como víctima a una autoridad (como un magistrado), la pena mínima es de 30 años.