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Historia de Nicaragua. Período 1910-2006.

Oscar D. Suazo Miranda

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Contenido

ESTADO SEMICOLONIAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA. 1909-1933

PERÍODO DE LA DICTADURA MILITAR SOMOCISTA. 1933-1979

EL PROYECTO SANDINISTA DE DESARROLLO 1979-1990

LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN SANDINISTA HACIA LA COSTA ATÁNTICA

LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DESARROLLO EN NICARAGUA

ESTADO SEMICOLONIAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA. 1909-1933

En 1909, los Estados Unidos apoyaron a las fuerzas de los generales Juan José Estrada (liberal) y Emiliano Chamorro (conservador), que se habían rebelado en Bluefields el 12 de octubre contra el presidente Zelaya, junto a Luis Mena y Emiliano Chamorro y que fueran organizados y armados por Thomas Moffat, cónsul de Estados Unidos en Bluefields. Cuando dos mercenarios estadounidenses que militaban en el ejército rebelde fueron ejecutados por el gobierno de Zelaya, Estados Unidos dio un ultimátum a Zelaya (conocido como la "Nota Knox", por el nombre del entonces secretario de estado norteamericano, Philander C. Knox) envió barcos de guerra a la zona, justificando su intervención en la salvaguarda de las vidas y haciendas de los ciudadanos de Estados Unidos residentes en la zona.

En realidad, el gobierno de Zelaya resultaba un obstáculo para los intereses estadounidenses, sobre todo en lo referente a la construcción de un canal interoceánico. Zelaya se vio obligado a dimitir el 18 de diciembre de ese mismo año y fue sustituido por el también liberal José Madriz, nombrado por el Congreso.

Durante la presidencia de José Madriz el ejército gubernamental fue aplastando los principales focos de la insurrección, lo que motivó la intervención militar de Estados Unidos. Los marines desembarcaron en Bluefields en mayo de 1910. Madriz dimitió el 20 de agosto, y dos días después los sublevados se apoderaron de la capital. El nuevo presidente fue el diputado José Dolores Estrada, quien cedió el poder a su hermano, el general sublevado Juan José Estrada.

En Agosto de 1910 llegó al país el embajador plenipotenciario de los Estados Unidos Thomas C. Dawson quien firmó con los cuatros sublevados lo que se llamaría posteriormente los Pactos Dawson en los cuales se establecían los siguientes acuerdos:

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1. Convocar a elección de diputados para formar una nueva Asamblea Constituyente

2. Estados Unidos, el gobierno se dispone a ser garante para que los Bancos Brown Brothers Co. y la J.W. Seligman Co. le hicieran préstamos al Gobierno de Nicaragua para la realización de una Reforma Monetaria

3. El poder del gobierno estaría dirigido por los cuatros dirigentes que se sublevaron a Zelaya. Queda como Presidente Juan José Estrada, liberal militar renegado a Zelaya; Vicepresidente Adolfo Díaz, conservador y contador de las empresas norteamericanas establecidas en la Costa Atlántica; Luis Mena, conservador asume como ministro de la Guerra y de Hacienda y Emiliano Chamorro, conservador asume como presidente de la Asamblea Nacional. Todos ellos asumen por un período provisional de dos años.

4. El último acuerdo disponía que después del período provisional ningún candidato liberal deberá asumir la presidencia de la República.

Los acuerdos fueron firmados por los cuatro sublevados pero el embajador Thomas Dowson no lo hizo. Inmediatamente se convocó elecciones para formar una nueva Asamblea Constituyente, que elaboró una nueva constitución. Entre otros cambios, el catolicismo se convertía en la religión oficial del estado, a instancias del conservador Emiliano Chamorro.

Por las características políticas de esta mixtura política de los sublevados muy pronto se presentaron contradicciones entre ellos por querer controlar el poder político. Emiliano Chamorro no estuvo de acuerdo que un liberal fuera el presidente y logró elaborar una nueva Constitución en la cual debilitaba los poderes del presidente de la República, Juan José Estrada lo destituyó de la Asamblea y Chamorro huyó hacia Guatemala.

Mientras tanto Luis Mena se declara presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Estrada lo hace prisionero y estando en la cárcel Mena recibe el apoyo de los militares que él comandaba. Esto ejerció una presión al Ejecutivo que no logró superar y se vio obligado a renunciar dejando el cargo en vicepresidente Adolfo Díaz. Este convocó a Luis Mena en la cárcel para que lo apoyara en su mandato, lo sacó de la cárcel y le dio el cargo de Presidente de la Asamblea Nacional y a Chamorro que se encontraba en Guatemala lo nombra ministro de la Guerra y de Hacienda.

Para mediados de 1912 cuando se convocó a elecciones como estaba previsto en los Pactos Dowson, Luis Mena esperaba que Adolfo Díaz lo apoyara pero no fue así y Díaz también se propondría como candidato presidencial. Luis Mena no estuvo de acuerdo y se levantó en armas contra el presidente Díaz, obteniendo el apoyo de la población, sobre todo del sector del Pacífico. Fue ocupado el ferrocarril y controlaba un buen trecho entre Managua y los pueblos vecinos.

El presidente Díaz no pudo controlar la sublevación y convocó al gobierno de los Estados Unidos para que enviaran tropas a resguardar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos y a sus propiedades.

Las primeras tropas llegaron al país el 4 de Agosto de 1912, ocuparon la catedral de León donde establecieron su cuartel general y posteriormente marcharon hacia Managua para culminar con la masacre y tortura a Benjamin Zeledón y a muchos soldados que apoyaban la sublevación.

Después del asesinato de Zeledón se quedaron en el país más de cien soldados norteamericanos hasta 1933 (desde 1912 hasta 1925, y luego desde 1926 hasta 1933, con un breve intervalo de nueve meses en medio). La sublevación de Mena y Zeledón fue derrotada en octubre de ese mismo año.

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En las elecciones de 1912 quedó como presidente de Nicaragua Adolfo Díaz y el embajador de Nicaragua en los Estado Unidos era el conservador Emiliano Chamorro quien en 1914 garantizó a los Estados Unidos un tratado canalero llamado Tratado Bryan-Chamorro, mediante el cual se cedían a Estados Unidos todos los derechos para la construcción de un futuro canal interoceánico, a cambio de tres millones de dólares. A pesar de que el canal de Panamá había sido construido ya en 1903, la zona continuaba siendo de interés estratégico. También por este tratado, se daba a Estados Unidos el derecho de establecer una base militar en el golfo de Fonseca durante un período de 99 años, y se le cedían en arriendo las Islas del Maíz, por idéntico lapso de tiempo.

Entre 1917 y 1926 Nicaragua estuvo dominada por el partido conservador. En las elecciones de 1916 queda como presidente electo el Conservador Emilianbo Chamorro. Durante su mandato el gobierno de los Estados Unidos le impusieron la implementación de unos acuerdos financieros llamados Plan Lansing que consistía en las siguientes medidas económicas¨

1. Se formaría una Alta Comisión para controlar los ingresos de Aduanas, la cual estaría conformada por dos norteamericanos y un nicaragüense. El presidente Chamorro se opuso a esa decisión queriendo imponer dos nacionales y otro norteamericano. Lansing se opuso y consideró que esa actitud del presidente reflejaba un ACTO DE MALA FE.

2. Se disponía el arriendo de todas las aduanas del interior del país y enviarla a la ciudad capital, para su control central en el Banco Central recién establecido.

3. Se acordaba que el gobierno tendría un techo presupuestario de 80.000 córdobas en calidad de gastos ordinarios y 26.666.66 córdobas para gastos extraordinarios.

En las elecciones de 1920 salió elegido presidente Diego Manuel Chamorro que tomo posesión de su cargo ya en el año siguiente. Chamorro murió en 1923 y lo sucedió el que era su vicepresidente, Bartolomé Martínez que se marco como objetivo el liquidar la deuda que el país tenía con unos banqueros estadounidenses. El objetivo fue cumplido el año siguiente de haber subido a la presidencia y, ya libre de la carga económica, se convocaron elecciones para el mes de octubre de ese mismo año para las cuales se realizó una candidatura única entre conservadores y liberales. Como presidente iba Carlos Solórzano, conservador y para vicepresidente el liberal Juan Bautista Sacasa. Solórzano fue investido presidente en enero de 1925 y para agosto de aquel año ya habían salido todos los soldados estadounidenses del territorio nicaragüense.

Los marines estadounidenses, presentes en el país desde 1912, se retiraron en agosto de 1925. El 25 de Octubre de ese año Emiliano Chamorro llevó a cabo la ocupación de la sede de la Presidencia de la República, dando de esta manera un virtual golpe de estado al gobierno binario libero-conservador formado por el Conservador Carlos Solórzano y el liberal Juan Bautista Sacasa.

El gobierno de los Estado Unidos recién había firmado un acuerdo con los países de la región centroamericana, en el que se establecía que los gobiernos firmantes no le daría el reconocimiento diplomático a gobierno que llegue al poder por Golpe de Estado, por Revolución o bien por Reelección.

Chamorro dio un golpe de estado pero no fue cuestionado por el gobierno de los Estados Unidos y siguió como presidente de Nicaragua hasta el 30 de Octubre del año 1926.

Las negociaciones entre el gobierno y los rebeldes, impulsadas por Estados Unidos, dieron lugar a un gobierno de coalición. Sin embargo, dado que el gobierno era incapaz de controlar los nuevos focos de insurrección, los marines desembarcaron de nuevo en diciembre de 1926.

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En mayo de ese año, se produjo un nuevo levantamiento liberal, que produjo una nueva guerra civil, la denominada Guerra Constitucionalista.

Sandino

En mayo de 1926 el partidario de Sacasa, el general José María Moncada se alza en armas pidiendo el poder para Sacasa. La insurrección de los liberales estaba apoyada por el gobierno mexicano de Calles. La respuesta de los Estados Unidos que apoyaban a los conservadores fue la de mandar de nuevo a la infantería de marina. El día de nochebuena de 1926 desembarcaban las tropas estadounidenses en Puerto Cabezas. Para el día de reyes de 1927 había en suelo

nicaragüense más de 5.000 soldados y marinos norteamericanos apoyados por 16 buques de guerra. Adolfo Díaz justificó la intervención con estas palabras

Augusto César Sandino, que entonces contaba con 31 años de edad, acababa de volver después de pasar 5 años trabajando de mecánico en México, Honduras y Guatemala. Cuando se enteró de la insurrección liberal de Sacasa formó una fuerza armada que se sumó a las fuerzas liberales. Tras algunas derrotas se internó en las montañas de Nueva Segovia. Cuando se enteró que los mexicanos habían mandado armas se dirigió, bajando por el río Coco, a Puerto Cabezas para pedirle a Sacasa que le armara.

En Puerto Cabezas, la intervención de las tropas estadounidenses había logrado desarmar a los liberales. Los norteamericanos arrojaron las armas mandadas por lo mexicanos al mar. Cuando llegó Sandino se encontró que no había armas y que estas estaban en el fondo de la bahía. Con la ayuda de unos cuantos adeptos, entre los que se encontraban un número relevante de las prostitutas de la ciudad, logró recuperar 30 fusiles y 6.000 cartuchos. Después de hablar con Moncada en la ciudad de Prinzapolka se dirigió de nuevo a su base en Las Segovias.

Las fuerzas de Sandino fueron creciendo. Durante la primera mitad del año 1927 combatió a los conservadores a los que fue venciendo y tomando varias posiciones, según las indicaciones de Moncada. La última plaza tomada fue el cerro de El Común en Boaquillo donde permaneció hasta el pacto en el Espino Negro en Tipitapa el 4 de mayo, que según palabras de Sandino fue donde Moncada ahorcó al Partido Liberal Nicaragüense.

Por este pacto, en el que participaron el coronel estadounidense Henry L. Stimson (enviado especial del presidente Calvin Coolidge y delegado omnipoteniario del presidente de Nicaragua Adolfo Díaz), Eberhard (ministro de EE.UU. en Nicaragua), el contralmirante Julian Latimer, tres delegados de Sacasa y el general Moncada.

Acordaron que Díaz seguiría de presidente hasta las elecciones de 1928 y que EE.UU. requisaría todas las armas de ambos bandos a la vez que supervisaba el proceso electoral.

Sandino se negó a aceptar el acuerdo. En contra de las indicaciones de Moncada, Sandino difundió un comunicado en el cual pedía al pueblo de Nicaragua que se sublevara

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contra los extranjeros. En los intentos de convencer a Sandino para que aceptara el pacto, Moncada llego a mandar a su padre, amigo personal de él, para que le hablará y el comandante de las fuerzas de EE.UU. en Ocotal (Nueva Segovia) le hizo llegar una carta pidiéndole que depusiera las armas y las entregara bajo la amenaza de proscribirle y perseguirle. Sandino le respondió:

Recibí su comunicación ayer y estoy entendiendo de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. A.C. Sandino.

No paso un día cuando las tropas sandinistas atacaron las posiciones de los EE.UU. en Ocotal. La ciudad fue defendida por los nicaragüenses ya que los norteamericanos no salieron a combatir. Sandino se negó a incendiar la ciudad, tal como le pedían algunos de sus hombres para obligar a los marines a salir. Después de que las tropas guerrilleras abandonaran Ocotal, la aviación estadounidense bombardeaba y destruía la ciudad.

La persecución de Sandino se realizo con la destrucción aldeas campesinas y la matanzas de muchos campesinos por la sospecha del apoyo que podrían estar prestándole. Las tropas sandinistas sufrieron varias derrotas como la de San Fernando, en julio, o la de Las Flores poco después.

Con la llegada del otoño comenzó una campaña victoriosa tomando Telpaneca y saliendo victorioso en Las Cruces, Trincheras, Varillal y Plan Grande. Estableció su cuartel general en El Chipote, una de las alturas de Las Segovias.

Realizó diversas inclusiones como el atacar y destruir la mina de La Luz, propiedad del exsecretarío de estado norteamericano Knox o la batalla de Bramadero. Las acciones de Sandino le fueron dando fama por todo el país y por los otros piases de Hispanoamérica. Esa fama producía que muchos hombres llegaran dispuestos a integrarse en sus filas. A mediados de 1928 Henri Barbusse le llamaba general de hombres libres.

A finales del mes de noviembre de 1928 el contralmirante D.F. Sallers le invitaba a abandonar la lucha y obtener así los consiguientes beneficios la respuesta de Sandino fue;

La soberanía de un pueblo no se discute, sino que se defiende con las armas en la mano... la resistencia armada traerá los beneficios a que usted alude, exactamente como toda intromisión extranjera en nuestros asuntos trae la pérdida de la paz y provoca la ira del pueblo.

Las elecciones presidenciales de noviembre de 1928 fueron ganadas por el liberal Moncada. Moncada tomó posesión el 1 de enero de 1929. Moncada prosiguió colaborando con los estadounidenses en la persecución de Sandino. Para el mes de marzo de ese año ya se habían arrasado 70 pueblos, los bombardeos eran continuos e incluso llegaron a afectar a la vecina ciudad hondureña de Las Limas.

Sandino realizó un viaje a México para intentar conseguir apoyo. A su vuelta, el [[7 de mayo] de 1930 se encontró que los norteamericanos habían formado una guardia nacional para convatir a la guerrilla. Esa guardia se debía de pagar con fondos nicaragüenses. Debido a la endeble economía del país se cerraron las escuelas públicas para hacer frente a esos gastos.

Para julio de 1931 los sandninistas contaban con 8 columnas de guerrilleros repartidas por todo el territorio nicaragüense. Al año era el propio Sandino el que hacía públicos los informes de las actividades de sus fuerzas. Ante las elecciones de 1933 Sandino hizo una campaña de abstención.

Para esas elecciones el candidato del partido liberal era Sacasa (aunque la preferencia de la embajada norteamericana habría sido Anastasio Somoza pero este era demasiado joven e inexperto).

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Sacasa ganó la presidencia y Sandino respondió nombrado al general Juan Gregorio Colindres presidente provisional del Territorio Libre de Las Segovias y tomó la población de San Francisco Carnicero, cerca de Managua, para apoderarse de los sellos oficiales.

Las victorias de Sandino estaban desprestigiando a los Estados Unidos y el coste de la guerra se hacía inaguantable en un economía que estaba en plena crisis, de tal forma que la población empezó a presionar a su gobierno para que abandonara Nicaragua. Una vez que Sacasa fue elegido las tropas estadounidenses empezaron a abandonar Nicaragua y cuando fue envestido presidente, el 1 de enero de 1933 ya no quedaban soldados norteamericanos en suelo nicaragüense.

Al no haber soldados extranjeros en Nicaragua y por otras presiones, Sandino llegó a un acuerdo de paz con Sacasa. La Guardia Nacional al mando de Anastasio Somoza (creada por los Estados Unidos y comandada por un hombre de su confianza) seguía con la represión en contra de los hombres de Sandino aún cuando este pedía al presidente que parara las acciones de la Guardia.

El asesinato de Sandino

El 21 de febrero de 1933 A.C. Sandino en compañía de su padre, Socrates Sandino, el escritor Sofonías Salvatierra y los generales Estrada y Umanzor acudían a una cena en la casa presidencial invitados por Sacasa. A la salida de dicho evento el coche en el que viajaban fue detenido justo a la salida de los jardines de la casa presidencial. El cabo de guardia que les detuvo era en realidad un mayor disfrazado, un tal Delgadillo, que les condujo a la cárcel del Hormiguero. Los detenidos pidieron que llamaran a Somoza, pero les respondieron que no podían localizarlo, por otro lado la hija de Sacasa le comunicó a su padre la detención, ya que la había visto, y Sacasa se puso en contacto con la embajada de Estados Unidos para intentar el asesinato.

Sandino, Estrada y Umanzor fueron llevados al monte llamado La Calavera en el campo de Larraynaga y allí, a la señal de Delgadillo, el batallón que custodiaba a los prisioneros abrió fuego mantando a los tres generales. Eso ocurría a las 11 de la noche. Al oír los disparos, según testimonio de Salvatierra, Sócrates Sandino dijo, ya los están matando; siempre será verdad que el que se mete a redentor muere crucificado.

PERÍODO DE LA DICTADURA MILITAR SOMOCISTA. 1933-1979

Gobierno de Anastasio Somoza García

Antes de salir de Nicaragua, los marines traspasaron el mando de los 4,000 soldados alistados en Guardia Nacional a Anastasio Somoza Gacía, un sobrino político del presidente Sacasa que se había ganado la confianza del embajador y de los altos oficiales norteamericanos. Pronto convertiría esta fuerza militar en un formidable instumento de poder personal. El 21 de febrero de 1934 el nuevo jefe director de la Guardia Nacional inició su ofensiva, haciendo asesinar a Sandino cuando éste salía de una cena en la casa de gobierno, a la que había sido invitado por el propio mandatario. El día siguiente desató una matanza de más de trescientos campesinos sandinistas, incluyendo mujeres y niños, que se encontraban en una cooperativa agrícola en Wiwilí, al este de Las Segovias. Luego, reorganizó las fuerzas armadas, purgando a sus adversarios y colocando a sus allegados en posiciones clave en todo el país. Finalmente, se concentró en fortalecer su influencia en el Congreso y el Partido Liberal, utilizando para ello el presupuesto del ejército, que representaba más de la mitad de los ingresos fiscales del Estado.

Logrado esto, pasó a desplegar una abierta campaña para llegar a la presidencia, pese a que la Constitución vigente le inhibía de ocupar ese cargo, dado su parentesco con Sacasa y su condición de militar activo.

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Con apoyo estadounidense, Anastasio Somoza García se deshizo de sus rivales políticos, incluido Sandino, que fue asesinado por oficiales de la Guardia Nacional en febrero de 1934. En 1936, Somoza se convirtió en presidente de Nicaragua. Su familia se mantendría en el poder hasta 1979.

Anastasio Somoza fue presidente de 1937 a 1947, y de 1950 a 1956 (en el intervalo, no abandonó el poder, sino que siguió detentándolo mediante hombres de paja). La primera oposición al régimen de Somoza procedió de la clase media y de la clase alta, normalmente conservadora, que vieron con disgusto como el nuevo gobernante ponía el país en manos de su familia y amigos. A causa de las limitaciones de la libertad de expresión, los esfuerzos para resistir a Somoza no tuvieron ningún resultado. Muchos opositores abandonaron el parís, exiliándose en Estados Unidos. Una excepción notable fue Pedro Chamorro, editor del diario La Prensa, el más popular del país, cuya reputación internacional y continuo rechazo de la violencia le hicieron intocable para el régimen.

Costos, contradicciones y limitaciones en la búsqueda del desarrollo en Nicaragua (1950-1990) En esta unidad se exponen los modelos de desarrollo impulsados por diferentes gobiernos nicaragüenses de diferentes tendencias políticas en las décadas comprendidas entre 1950 a 1990. Se destacan los resultados contradictorios de la modernización y la diversificación económica y la coexistencia del crecimiento económico y la profundización de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Se estudian también la diversidad de la nación nicaragüense y el impacto diferenciado de las políticas económicas sobre los sectores sociales y étnicos. Asimismo se establece la relación entre fenómenos de carácter internacional y su influencia en la vida política y en las vulnerables y dependientes economías de los países como el nuestro. Modernización y diversificación económicas Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, el café y el banano representaban las exportaciones más importantes de Centroamérica. Los precios mundiales del café se derrumbaron a fines de la década de 1950 y la producción bananera decayó notablemente. Esta situación condujo a la búsqueda de nuevas alternativas económicas. Durante la década de 1950 Centroamérica inició un modelo de crecimiento económico basado en la diversificación de las exportaciones agrícolas y en la promoción del comercio intrarregional de productos manufacturados (Bulmer Thomas, 1989, 199). A inicios de la década de 1950 el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) organizó delegaciones que visitaban los países subdesarrollados para realizar un diagnostico económico y colaborar en la elaboración de una estrategia de desarrollo. Los técnicos del BIRF, que visitaron Nicaragua en 1951, señalaron los siguientes problemas:

Se dependía de las exportaciones de café y oro como fuentes principales de divisas.

La red de comunicaciones existente era insuficiente y rudimentaria, no existían carreteras nuevas y el ferrocarril se había deteriorado. Por ejemplo, no existía carretera pavimentada que comunicase a Managua con León --la segunda ciudad del país-- y con Corinto, el principal puerto en el Pacífico.

El analfabetismo afectaba a más del 70 por ciento de la población. Apenas el 33 por ciento de niños en edad escolar estaba matriculados en escuelas.

Se estimó un ingreso per cápita de apenas US $125.00.

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Aproximadamente el 35 por ciento de los habitantes del país (1,057,023) residía en centros urbanos, mientras el resto todavía vivía en el campo (Cruz S. 1999, 5).

El panorama resultaba desalentador. Sin embargo, el país disponía de abundante tierra en relación con su población. Se estimaba una densidad poblacional de 7 habitantes por kilómetro cuadrado, la más baja de Centroamérica. Nicaragua poseía extensas áreas de tierra fértil sin cultivar, de una extensión equivalente a Inglaterra y Gales o al estado de Wisconsin (EE.UU.). Se calculaba que apenas el 25 por ciento de las tierras cultivables se destinaba a la producción agrícola o a la ganadera. Según el informe del BIRF muy pocos países tenían “tan gran potencial físico para crecimiento y desarrollo como Nicaragua”. Como resultado de la investigación realizada, la Misión presentó tres recomendaciones fundamentales al gobierno: Primero, la construcción de carreteras a lo largo de la costa del Pacífico, con el objetivo de incorporar nuevas tierras al cultivo de “productos generadores de divisas como el café, algodón y maíz." En segundo lugar, aconsejó importar tractores y equipo agrícola en general, para superar la escasez de mano de obra. Por último, sugirió brindar facilidades para que los pequeños agricultores almacenasen sus productos. En 1959, una segunda misión del BM insistió en la necesidad de que el país diversificara su producción para la exportación y "obtuviera mayores rendimientos vía productividad." El BM otorgaría préstamos al gobierno con el fin de "desarrollar proyectos de riego y promover nuevas exportaciones”, como carne fresca, cacao y banano (Cruz S. 1999, 5). En las década de 1950 y 1960, las estructuras productivas y exportadoras de los países centroamericanos experimentaron un proceso de rápida diversificación basado en la producción de algodón, caña de azúcar y carne. Los factores de orden externo desempeñaron un papel importante en todo este proceso. El precio del algodón se duplicó en el mercado internacional entre 1950-1951. En los Estados Unidos se desarrollaron las cadenas de comida rápida. Después del triunfo de la revolución cubana, Estados Unidos suspendió la cuota de importación de azúcar cubana. El cultivo de tabaco tipo habano se difundió por la emigración de empresarios cubanos y algunas compañías pesqueras estadounidenses se establecieron en Centroamérica. A todo esto habría que agregar los adelantos tecnológicos en la producción de insumos, maquinaria y equipo para la agricultura y otras actividades económicas. El auge algodonero (1945-1965) A fines de la década de los cuarenta y durante la década de los cincuenta, el régimen de Somoza inició inversiones importantes en infraestructura en las llanuras del Pacífico y promulgó políticas estatales que favorecieron a los grandes agricultores de exportación. De esta forma se crearon las bases para el desarrollo de la producción algodonera. El cultivo del algodón, cuya expansión se produjo entre 1945 y 1965, dinamizó la economía y modificó la estructura de tenencia de la tierra y la estructura de clases del país. La producción algodonera creció tan aceleradamente en pocos años que cambió el perfil de la producción agrícola y la composición de las exportaciones. Durante el período 1951-1977 el área de cultivo del algodón se extendió enormemente. En 1950 se destinaban a ese cultivo 21,316 manzanas, en 1977 se cultivaban 310,000 mzs. Entre 1950 y 1965 la producción aumentó a una tasa promedio anual de 25 por ciento, y pasó de 22 mil pacas en 1951 a 540 mil en 1977-1978. Entre 1950 y 1965 su participación en el total de las exportaciones se elevó de 5 a 45 por ciento. Hacia 1955 el algodón sustituyó al café en el primer lugar de los rubros de exportación y llegó a ser la principal fuente de divisas de Nicaragua. El valor de sus

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exportaciones pasó de casi 2 millones de dólares en 1950 a 141 millones en 1978 (Morra Biondi, 1990, 56). El auge del algodón modificó radicalmente el aspecto y las actividades en las llanuras del Pacífico cercanas a León, Chinandega y Masaya. En estas zonas muy pobladas y fértiles, los ganaderos tradicionales mantenían sus hatos y el campesinado cultivaba maíz, frijol, sorgo, frutas y otros alimentos para consumo doméstico. La expansión del cultivo del algodón produjo un proceso dramático de despojo de tierras. Los pequeños propietarios campesinos, carentes en su mayor parte de títulos de propiedad, perdieron sus pequeñas parcelas, sus árboles frutales y sus humildes viviendas, ante el avance incontenible de los cultivadores del "oro blanco". A los campesinos desposeídos de su tierra les quedaron como opciones: a) emigrar hacia los centros urbanos cercanos donde se sumaban a las filas de los desempleados y subempleados. Se inició así un proceso de rápida urbanización de la sociedad nicaragüense y la cantidad de pobres urbanos creció. b) trasladarse a tierras marginales del interior. En estas áreas mucho menos desarrolladas y también menos fértiles, los campesinos se dedicaron a producir granos básicos en condiciones inadecuadas y lejos de los servicios sociales. La cantidad de pobres rurales aumentó. c) ofrecer algún tipo de resistencia organizada. En algunos casos invadieron las tierras que anteriormente habían ocupado, pero fueron desalojados por la Guardia Nacional. La expansión algodonera profundizó el proceso de concentración de tierras en pocas manos y la separación de los productores directos (campesinos) de su medio de producción, la tierra. Los campesinos desplazados dependían de los bajos salarios estacionales que podían obtener durante los breves períodos de cosecha del algodón y del café para aliviar su deteriorada situación económica. Se estima que entre 1960 y 1975, los trabajadores temporales representaban el 90 por ciento de la fuerza laboral en la producción algodonera. Los beneficios generados por la producción algodonera se utilizaron para importar más del 50 por ciento de los insumos (fertilizantes, pesticidas, combustible) y maquinaria agrícola; construir una red de distribución para bienes de consumo importados que satisfacían las necesidades de una pequeña clase media; crear gradualmente servicios bancarios y financieros más diversificados, en torno a los cuales surgieron varios grupos financieros de familias dominantes (Bionda-Morri, 1990, 57); organizar una variedad de actividades derivadas de la producción del algodón, como desmotadoras, fábricas de aceite comestible y de alimentos para animales. En 1952 el 25 por ciento del insecticida utilizado para erradicar las plagas se mezcló en Nicaragua, siete años más tarde, la proporción aumentó hasta 98 por ciento. La producción de textiles, de las desmotadoras y de aceite vegetal, experimentó un notable incremento. Por ejemplo, en la década comprendida entre 1955 y 1965, la producción de la industria textil ascendió de 18,3 millones de córdobas a 70.9 millones. La producción de las desmotadoras se elevó de 203.7 millones de córdobas a 504.8 millones y la producción de aceite vegetal pasó de 2.052 millones de libras en 1953 a 17.363 millones en 1965 (Belli, 1975, 20). El cultivo del algodón se practicaba en países desarrollados. La competencia con esos países obligó a los cultivadores nicaragüenses a desarrollar criterios de eficiencia, calidad y productividad, y a asumir una mentalidad empresarial moderna. Los empresarios

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agrícolas introdujeron la mecanización agrícola, emplearon masivamente fertilizantes y plaguicidas y otro tipo de insumos importados. Por otra parte, la propiedad de la tierra dejó de ser una fuente de prestigio y comenzó a ser considerada como otra mercancía capaz de proporcionar beneficios. En la obtención de tales beneficios se combinaban la calidad de la tierra y la mano de obra abundante y barata disponible para recolectar la cosecha. La indiscriminada utilización de insecticidas, fertilizantes y herbicidas contaminó las áreas de cultivo y deterioró irreversiblemente los suelos. La expansión de las actividades agropecuarias a zonas anteriormente no explotadas produjo también daños ecológicos incalculables. En síntesis, el cultivo algodonero produjo la concentración de la tierra, beneficios e inversiones en unas pocas manos. Aceleró el proceso de empobrecimiento de los campesinos despojados de sus tierras, quienes al ocupar minúsculas parcelas o no poseer tierra del todo, debían complementar sus inexistentes o raquíticos ingresos con los ínfimos salarios pagados durante el breve período de recolección de las cosechas. Es obvio que esto limitaba la posibilidad de desarrollo del mercado interno. Campesinos carentes de ingresos fijos, sin cosechas ni excedentes que vender no podían adquirir bienes o productos en el mercado. El auge de la ganadería de exportación, 1965-1979 La ganadería extensiva fue una de las principales actividades económicas del país desde la época colonial. A fines de la década de 1950 se comenzó a exportar carne deshuesada y refrigerada hacia Estados Unidos. La exportación de carne adquirió importancia debido a una combinación de varios factores, entre los cuales destacaremos los siguientes: la crisis de las exportaciones de carne proveniente de Argentina hacia Estados Unidos; el aumento de la demanda mundial de carne; el crecimiento de las cadenas de comida rápida; el desarrollo de nuevas técnicas de refrigeración y empacado que facilitaron su transporte a gran distancia. El potencial económico de la actividad ganadera adquirió una nueva dimensión. Se comenzaron a importar animales de alta calidad para reproducción, se facilitaron condiciones de crédito favorables y asistencia técnica a programas ganaderos orientados a perfeccionar las razas, se financiaron rastros, plantas empacadoras de carne e instalaciones lecheras. Instituciones estatales y privadas coordinaron nuevos arreglos comerciales para la exportación de carne, leche en polvo y otros productos derivados. Durante el período 1960-1979: � el área dedicada al pastoreo ascendió a cerca de 5 millones de manzanas. � la cantidad de animales sacrificados aumentó de 133,500 cabezas en 1960 a 467,500 en 1979. � el valor de las exportaciones de carne se incrementó de menos de 3 millones de dólares a 94 millones. � A fines de la década de 1960 las exportaciones de carne nicaragüense representaban el 40 por ciento de las exportaciones a nivel centroamericano. Dos consecuencias del crecimiento de la ganadería se destacaron de manera particular:

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Primero, al igual que en el caso de la expansión algodonera, la expansión masiva de la ganadería fue posible gracias a un nuevo proceso de desplazamiento de la población campesina. Pequeños productores de alimentos de la zona central del país, fueron desplazados para dar lugar a la expansión de los potreros. Ellos se internaron en la frontera agrícola para dedicarse a la agricultura de roza en áreas cada vez más remotas. Entre 1948 y 1978 la superficie del bosque tropical se redujo en un 50 por ciento en Nicaragua, debido en su mayor parte al avance de la producción ganadera. Se estimaba que a fines de la década de 1970, la frontera agrícola contenía casi el 20 por ciento de la población rural del país, que en su mayoría subsistía en “condiciones de gran dispersión, explotación y pobreza” y elevados niveles de desnutrición e insalubridad. Segundo, el desarrollo de una industria procesadora de carne y leche creó una economía mucho más diversificada y articulada. Además, reforzó los vínculos y las interdependencias entre los diversos sistemas mercantiles. Por ejemplo, la producción intensiva de carne y leche en la zona centro y sur de las llanuras del Pacífico pasó a depender de la disponibilidad de los pastos derivados del algodón y la caña de azúcar. El aceite de semilla de algodón llegó a ser un ingrediente fundamental para la preparación de alimentos básicos. Por último, los cueros y el sebo se usaban para fabricar zapatos, jabones y velas (Morra-Biondi, 1990, 59). El sector industrial En la década de 1950, la industria nicaragüense representaba apenas el 14 por ciento del ingreso nacional, y según los técnicos del BIRF, se caracterizaba por dedicarse a actividades de procesamiento primario. No existía mayor preocupación acerca de la eficiencia o los controles de calidad. Durante la década de los sesenta, la producción industrial adquirió cierta expansión dentro del marco creado por el Mercado Común Centroamericano. En realidad, la idea de impulsar un proceso de industrialización en la región provino de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que intentó promover el desarrollo industrial aprovechando la expansión de los mercados internos de Centroamérica, en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos se apropiaron del proyecto, lo adecuaron a sus intereses y lo enmarcaron en la Alianza para el Progreso (ALPRO). Según la CEPAL, el capital extranjero financiaría el proyecto, pero éste sería controlado por capitalistas centroamericanos. En la práctica, firmas industriales estadounidenses comenzaron a controlar las industrias centroamericanas aprovechando las ventajas que les proporcionaban la libre exportación de capital y la exoneración de impuestos, bajo el régimen de integración centroamericana. Los capitalistas centroamericanos y nicaragüenses quedaron relegados a un segundo plano, en situación subordinada. Muchas industrias nacionales se desnacionalizaron. Firmas extranjeras adquirieron industrias locales. En otros casos, las firmas extranjeras se asociaron con negociantes locales o establecieron acuerdos de producción con firmas competidoras. Frecuentemente estos acuerdos llevaron a la ruina a las industrias locales. En Nicaragua el porcentaje de inversiones extranjeras en la industria aumentó de 27.8 por ciento en 1959 al 54.4 por ciento en 1969. Entre 1960 y 1968, el sector industrial creció en un promedio anual del 10.3 por ciento, superior al promedio del crecimiento del PIB de esos años, que alcanzó el 7.3 por ciento. El valor bruto de la producción industrial pasó de US $100 millones en 1960, a US $291 millones en 1969. Más de dos tercios del aumento en la producción industrial provenían de la expansión del mercado interno. Sólo el 13.4 por ciento fue resultado de la creación del Mercado Común Centroamericano. A la altura de 1970, las manufacturas representaron el 20 por ciento del PIB, en

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comparación con el 12.3 por ciento en 1960, y entre 1970 y 1977, el sector manufacturero continuó desarrollándose a una tasa del 19.9 por ciento anual (Cruz S. 1999, 20). La PEA industrial aumentó de 55,631 trabajadores en 1963 a 62,864 en 1975. En 13 años se crearon apenas 7,233 puestos nuevos de trabajo. En ese mismo período la PEA en servicios personales se duplicó de 65,546 a 131,945, lo que significaba que, en 1975 el 70 por ciento de la PEA urbana se ubicaba en sectores laborales no productivos, o sea en el sector informal. Esto obviamente indica que el sector industrial no generaba empleos en cantidad suficiente para absorber la mano de obra urbana. Además, los obreros eran los trabajadores urbanos con menor nivel de ingreso (Vilas, 1994, 75). La mayoría de las industrias apenas utilizaban materias primas locales y dependían de la importación de componentes semielaborados que se terminaban de procesar en el país. Es decir, que gran cantidad de firmas extranjeras, sobre todo estadounidenses, ensamblaban sus productos en la región, aprovechando los bajos salarios y la inexistencia de un movimiento sindical sólido (Vilas, 1994, 73). La proporción de materias primas e insumos extranjeros en la manufactura producida en Nicaragua, aumentó de 30 por ciento en la década de los sesenta al 47 por ciento en los años setenta. También se importaban tecnología, instalaciones industriales, transporte, sistema de propaganda y mercadeo. Bajo estas condiciones no es posible afirmar que haya ocurrido un verdadero desarrollo de la industria nacional en este período. La modernización en la Costa Caribe El estallido de la Segunda Guerra Mundial generó el auge de la producción de caucho y de oro, lo cual reactivó la economía de la Costa Caribe nicaragüense aunque de forma limitada. Entre 1939 y 1945 las exportaciones de oro ascendieron al 53 por ciento de las exportaciones totales del país. En 1940 y 1941 las exportaciones de oro y caucho se incrementaron hasta alcanzar el 61 por ciento del total. Al finalizar la guerra, las plantaciones de caucho del sureste asiático reanudaron su producción. La demanda de caucho disminuyó y con ello los precios y la producción. La relativa situación de prosperidad económica durante la Segunda Guerra Mundial despertó el interés del gobierno central por la Costa Caribe. Inicialmente, el régimen de Somoza insistió en la necesidad de integrar física y culturalmente el Atlántico y el Pacífico. A fines de la década de 1950 e inicios de la década de 1960, el Estado patrocinó un gigantesco proyecto de incorporación de amplias zonas del territorio del departamento de Zelaya a la producción agropecuaria para consumo interno y exportación. Impulsó políticas de colonización agraria, preservación de los recursos forestales, modernización a la legislación sobre recursos naturales; construcción de infraestructura productiva y vial (marítima y fluvial) en toda la Costa Caribe. Se identificaron nuevas áreas para impulsar actividades productivas en las que participaron inversionistas nacionales y extranjeros. Por otra parte, sectores de la elite, con mentalidad modernizante consideraban que la Costa era un espacio abierto propicio para el establecimiento de capitales y mano de obra nativa y extranjera. El proyecto de integración cultural del gobierno consistía básicamente en la imposición de patrones culturales “españoles”, o sea, la cultura oficial y dominante del Estado. Por ejemplo, en 1955 el gobierno impulsó el esfuerzo más importante en este sentido a través del Proyecto Piloto de Educación Fundamental del Río Coco. El proyecto combinó la alfabetización y educación básica con programas de desarrollo comunal. La primera evaluación del proyecto, realizada en 1960, resultó positiva, sobre todo en cuanto al cumplimiento de los objetivos relacionados con la promoción de la agricultura en pequeña escala. Sin embargo, algunas fuentes señalan que el proyecto básicamente tenía

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como objetivo que los indígenas abandonaran su cultura, lengua y tradiciones y que adoptaran la cultura imperante en el resto del país. Las actividades económicas Concesiones madereras El gobierno otorgó gigantescas concesiones a compañías madereras, las cuales se extendían por un área de 27,000 km2 o sea casi el 40 por ciento de la superficie de todo el departamento de Zelaya. La explotación intensiva de los pinares de la sabana miskita por la Nicaraguan Long Leaf Pine Lumber Co. (NIPCO), entre 1945 y 1963, provocó el agotamiento de los pinares en un área de aproximadamente 300,000 hectáreas. Además, condujo a que el país se convirtiera en importador neto de productos forestales. Esta compañía en la década de 1950 produjo la mitad de toda la madera exportable del país, y cuando cerró operaciones en 1963 dejó sin empleo a gran cantidad de indígenas mískitos, mayangnas y ramas. En 1969 inició operaciones la Atlantic Chemical Co. (ATCHEMCO), industria química procesadora de resina de pino. La compañía se estableció en La Tronquera, precisamente en “los límites del más extenso bosque de pinos” en Centroamérica. Esta empresa era la única productora industrial de derivados de pino en todo el istmo. La refinería poseía la capacidad de procesar unas 70,000 toneladas de troncos anuales. Empleaba unos 500 operarios por zafra (período de recolección de los troncos de pino), y unos 250 en períodos “muertos” (período de procesamiento de los troncos). Esta actividad, en realidad la única que se desarrollaba en el área de Río Coco, reactivó temporalmente la economía de algunas comunidades. Hacia 1976, la compañía comenzó a experimentar pérdidas y fue abandonada en 1979 (Wiliamson Cuthbert, 1997, 81). Minería Las compañías mineras extranjeras establecidas en la región “compraban” a Anastasio Somoza García, a razón de US $3,000 mensuales, su autorización para obtener el derecho para exportar metales preciosos. En esta época, las compañías dominaban extensas áreas territoriales. Por ejemplo, el poblado de Siuna se ubicaba en terrenos propiedad de la compañía. Los habitantes del pueblo, propietarios de bienes inmuebles, pagaban a la empresa una determinada cantidad por el uso del suelo (Rocha, 2001, 22). Durante la década de 1940 el oro llegó a ser el principal rubro de exportación. Nicaragua, en ese entonces, llegó a ser uno de los tres principales productores de oro en América Latina. Los costos de operación de las minas eran elevados. Los equipos, materiales y alimentos se transportaban en aviones de carga. Para “compensar” estos gastos, la compañía pagaba salarios miserables a sus 2,500 trabajadores mestizos, mískitos y mayangnas. En otros casos solían mantener a sus trabajadores bajo contratos temporales. De esta forma no pagaban prestaciones sociales. Las empresas mineras se caracterizaron por someter a los trabajadores a la más cruel explotación. Por otra parte, el comisariato de la empresa era, de hecho, el centro comercial más importante de Siuna. El gobierno le otorgó exoneración de impuestos para importar cantidades ilimitadas de productos. Las empresas, además de contar con su propio cuerpo de seguridad, pagaban salarios a los comandantes regionales de la Guardia Nacional y otros oficiales, en concepto de soborno o de complementos salariales que excedían el sueldo regular (Vilas, 1990, 34). La producción minera evolucionó de forma negativa. La Mina Rosita cerró en 1975 y se reabrió en 1977. La Mina La Luz (Siuna) cesó operaciones en 1968 y reabrió en 1978 y Bonanza prosiguió sus actividades sin mayor trascendencia. El descenso de la producción

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provocó una fuerte reducción del empleo, sobre todo a raíz del cierre de Siuna. Entre 1963 y 1971 se perdieron casi el 60 por ciento de los puestos de trabajo en las empresas mineras. Por otra parte, la actividad minera generó serios problemas de contaminación en los ríos Bambana y Matis, en cuyas riberas habitaban comunidades mayangnas. Pesca de tortugas En la década de 1970, empresas extranjeras comenzaron a financiar la pesca de la tortuga verde. Ofrecían créditos e insumos a los indígenas de las aldeas del litoral, para pescar las tortugas a lo largo de todo el año. Anteriormente los mískitos acostumbraban pescar tortugas durante unos pocos meses al año para satisfacer sus necesidades alimenticias. Ahora debían pescar más para pagar el crédito y los insumos y para comprar alimentos y otros bienes que antes producían o intercambiaban. Sus deudas aumentaron y su disponibilidad de tiempo para realizar actividades de subsistencia descendió drásticamente. La intensificación de la pesca redujo de manera acelerada la población de tortugas. Su carne, antes objeto de intercambio o de regalo se convirtió en un producto comercializable, incluso a lo interno de las mismas comunidades (Vilas, 1990:172). Pesca En el sur del departamento la economía regional adquirió cierto auge durante las décadas de 1960 y 1970, basada en la pesca industrial para la exportación de langostas y camarones. Las exportaciones se enviaban hacia Estados Unidos. En el área de Bluefields se comenzaron a establecer empresarios estadounidenses, somocistas y cubanos. Posteriormente, pequeños empresarios jamaiquinos se establecieron en Laguna de Perlas y la desembocadura del Río Grande de Matagalpa. Muchos se dedicaron a la pesca industrial de camarones y langostas. Esta actividad tuvo un efecto multiplicador que reactivó una serie de operaciones subsidiarias que proporcionaron fuentes de empleo. Si bien es cierto que el gobierno promulgó una legislación protectora, no hubo períodos de veda. Éste era un negocio en el que se invertía poco y se obtenían grandes ganancias, lo que motivó una explotación irracional del recurso y el subsiguiente agotamiento. Los proyectos forestales El Instituto de Fomento Nacional (INFONAC) desarrolló una serie de proyectos forestales en la Costa Caribe. Por ejemplo, el Proyecto Forestal del Norte, que comprendía toda el área de Cabo Gracias a Dios, tenía como principales objetivos la reforestación de la sabana de pinos, la prevención y combate de los incendios, el desarrollo de plantaciones experimentales y establecimiento de un complejo industrial para el procesamiento de pulpa y papel a partir de la madera. Se invirtieron grandes cantidades de dinero en costosos equipos para realizar este proyecto. Sin embargo, no se involucró a la población indígena y esta rechazó activamente el proyecto. Según Jenkins Molieri, los indígenas quemaban los pinares para luego obtener mayores salarios en las cuadrillas contra incendios. El área del proyecto, que abarcaba unos 632,000 has. se declaró Reserva Forestal Permanente en 1969. Las áreas comprendidas entre los ríos Grande de Matagalpa, Wawa y Kisalaya se declararon también Reservas Forestales. Se pretendía conservar recursos que se encontraban al borde de la extinción debido a las prácticas depredadoras de las compañías extranjeras. En 1976 las reservas abarcaban 1,600.000 hectáreas de bosques en toda la Costa Caribe. Casi un 12.5 por ciento de estas tierras pertenecían a las comunidades indígenas. Esto provocó el surgimiento de tensiones y conflictos entre la institución y las comunidades.

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Para resolver los primeros conflictos, el Instituto Agrario Nicaragüense entregó en 1974 tierras y títulos de propiedad a 16 comunidades en el Río Coco. Dos años después entregó tierras y títulos a los pobladores de las “Diez Comunidades” cercanas a Puerto Cabezas. El proceso no solucionó los conflictos pues, en primer lugar, su extensión no resultaba equivalente a la ocupada por el INFONAC, y en segundo lugar dejó fuera a los mayangnas y provocó el surgimiento de disputas entre diversas comunidades, lo cual generó más confusión y descontento. Migración y colonización en la frontera agrícola Hemos mencionado que la expansión del cultivo del algodón provocó el desplazamiento de pequeños productores de granos básicos de la región noroccidental del Pacífico hacia los centros urbanos y la frontera agrícola en Nueva Segovia y los departamentos de Zelaya y Río San Juan. Posteriormente, la expansión de la ganadería de exportación incrementó este proceso de migraciones internas. El Estado decidió entonces utilizar la Costa Caribe como un espacio de asentamiento para la población desplazada por la expansión algodonera. Comenzó a regular las migraciones de los campesinos desplazados y a diseñar y ejecutar importantes proyectos de colonización agraria a través del IAN (Vilas, 1990, 140). El IAN impulsó tres grandes proyectos de colonización agraria, en el marco de la Ley de Reforma Agraria del 19 de abril de 1963. El más importante de ellos, el Proyecto Rigoberto Cabezas (PRICA) abarcó una extensión aproximada a las 400,000 hectáreas, en las que se asentaron unas 4,000 familias campesinas, en los municipios de Rama, Villa Sandino y Morrito, en los departamentos de Zelaya, Chontales y Río San Juan, respectivamente. Estos colonos debían dedicarse a la crianza de ganado vacuno para exportación y al cultivo de hortalizas y granos básicos. Parte de la zona que se destinó el proyecto estaba previamente ocupada por unas 1,440 familias provenientes de Boaco y Chontales y el Occidente del país. Estas familias habían llegado en busca de tierras, trabajo en las compañías madereras y huleras y se asentaron en la zona de Nueva Guinea. El segundo proyecto, el Tasba Raya (Tierra Nueva) al oeste de La Tronquera, en el Atlántico Norte, se extendió en un área de unas 300,000 hectáreas, en las que se fundaron cuatro asentamientos. Esta área se destinó al asentamiento de población miskita del Río Coco, gran parte de la cual resultó afectada por la resolución de Corte Internacional de Justicia de La Haya, que en 1960 otorgó a Honduras la ribera norte del Río Coco. El gobierno también envió a estos asentamientos, a las miembros de comunidades que reclamaban sus tierras afectadas por el Proyecto Forestal del Norte y familias que sufrían las inundaciones periódicas del Río Coco. Por último, en el Proyecto Siuna, de 35,000 hectáreas, localizado en el triángulo de los ríos Silby, Kipó y Prinzapolka, se les asignó lotes de 50 manzanas a 800 familias campesinas. Sin embargo, ya existían una buena cantidad de familias campesinas y comunidades mayangnas asentadas en esa zona. En este caso, los funcionarios del gobierno dividieron las parcelas de los primeros pobladores o los reubicaron. En el lapso comprendido entre 1963 y 1974 el IAN distribuyó un promedio de 1,500,000 manzanas de tierras a un poco más de 16,000 familias en la frontera agrícola. Más de la mitad de los títulos de propiedad se concedieron en el departamento de Zelaya. Lo anterior destaca la utilización de la región como área de amortiguamiento de los conflictos

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agrarios suscitados en el occidente y centro del país por la expansión algodonera. El asentamiento de población mestiza y del desplazamiento y reasentamiento de población indígena condujo al surgimiento de conflictos interétnicos en la zona. El impacto de modernización en la población costeña En menos de una década, entre 1963 y 1971, la población total del departamento de Zelaya experimentó un incremento del 63 por ciento. Aumentó de 88,963 personas a 145,508. En cambio, la población total del país creció en un 22 por ciento. La población económicamente activa se incrementó en un 6.4 por ciento a nivel nacional, pero en Zelaya creció más del 37 por ciento. La PEA agropecuaria aumentó 51 por ciento. Obviamente, este considerable aumento no provino del crecimiento natural. La migración forzada de los campesinos mestizos y luego la colonización promovida por el gobierno contribuyó grandemente a este incremento acelerado (Vilas, 1990:150). En 1963, los departamentos de Zelaya y Río San Juan poseían el 6 por ciento del hato ganadero nacional. Esta proporción se duplicó en 1972. En 1965 Zelaya poseía el 7 por ciento de la superficie nacional dedicada al cultivo del maíz. En 1977 esta proporción ascendió al 20 por ciento, es decir, casi se triplicó. Sin embargo, las condiciones en que se desenvolvía este crecimiento no eran las más óptimas. La expansión de la frontera agrícola afectó el bosque tropical húmedo. Entre 1948 y 1978, la superficie del bosque tropical húmedo se redujo en un 50 por ciento. Se estima que se destruyeron unas 120,000 hectáreas de bosque tropical cada año. A lo largo de más de una década ocurrieron transformaciones en la vida de la población costeña. Experimentaron cambios en sus lugares de residencia, su situación económica, las relaciones entre los miembros de una misma comunidad y entre éstos y otras. También ocurrieron cambios en las relaciones entre los funcionarios de las agencias gubernamentales y los pobladores. El auge o la declinación de las diferentes actividades económicas tuvo un efecto diferenciado sobre la población. En algunos casos, la ubicación geográfica de la población y de las actividades desempeñó un papel primordial, en otros, el impacto de la situación se relacionó directamente con la jerarquía étnica existente. Por ejemplo, los indígenas, particularmente mískitos y mayangnas resultaron severamente afectados en cuanto a sus posibilidades de sobrevivencia. Ellos experimentaron conflictos con campesinos mestizos, cambios en el uso de la tierra, y la introducción a una economía en la que tenían que comercializar bienes y productos que antes intercambiaban sin que mediara el dinero. Los ramas se refugiaron en la agricultura de subsistencia y en la comercialización de los productos del mar. Los garífunas se dedicaron a los cultivos de subsistencia y a la pesca. Los creoles, especialmente los que habitaban en Bluefields y Laguna de Perlas, resultaron favorecidos como grupo, ya que en su mayoría se vincularon a la actividad pesquera, e incluso algunos se convirtieron en importantes empresarios accionistas. El nivel de vida de la población urbana del área de Bluefields mejoró. El comercio entre Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y Barra del Río Grande, y hacia Jamaica, Gran Caimán y la Costa este de los Estados Unidos, creció rápidamente. A inicios de la década de 1970 una buena cantidad de familias de Bluefields tenía algún pariente en los lugares mencionados. De modo que el consumo de bienes importados llegó a constituir parte del estilo de vida de la población local. Sin embargo, la población creole advertía con claridad la marginación de la que era objeto por parte de los funcionarios mestizos locales, por lo tanto, siempre trataban de reafirmar su identidad étnica.

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A mediados de la década de los 60, la mayoría de las transnacionales “tradicionales” que operaban en la Costa ya se habían retirado. Sobrevino una crisis económica regional como resultado del agotamiento de los recursos forestales y mineros y de la permanente exportación de los excedentes financieros hacia Managua o hacia el exterior. La crisis se expresó en la caída de las exportaciones locales. En 1966 la Costa producía el 9 por ciento de las exportaciones totales. En 1975 esta proporción descendió al 5 por ciento. Los indígenas del norte resultaron más afectados que los creoles y los mískitos del Sur. En el norte se cerraron empresas y los recursos se agotaron. Las empresas mineras mantuvieron una actividad de bajo perfil hasta 1979 (Vilas, 1990, 171). El surgimiento del movimiento étnico En un lapso relativamente corto, entre 1974 y 1977, los creoles, sumus y mískitos fundaron organizaciones para promover sus reivindicaciones particulares. La Alianza para el Progreso de Mískitos y Sumos (ALPROMISU) se fundó en 1974 a instancias de sacerdotes capuchinos y ministros moravos e incluso funcionarios del Cuerpo de Paz estadounidense. Los primeros directivos fueron pastores moravos de ascendencia miskita. La Alianza pretendía poner un alto a la invasión que el INFONAC impulsaba en tierras indígenas. Se proponían asimismo conseguir mejores precios para sus productos, mejorar la recolección y la comercialización del tuno, solucionar los problemas de transporte en el Río Coco y de alojamiento en Waspam. La organización llegó, incluso, a plantear su participación en los programas que el gobierno desarrollaba en la región. ALPROMISU estableció relaciones con el movimiento indigenista internacional. La organización creció y su área de influencia pasó del Río Coco a Puerto Cabezas. Progresivamente, a lo interno de ALPROMISU comenzaron a adquirir mayor peso jóvenes profesionales mískitos. La organización no logró que el régimen la reconociera legalmente. Por el contrario, las actividades de la ALPROMISU eran cuidadosamente vigiladas por la Guardia Nacional. Por otra parte, el gobierno trató de captar a los dirigentes, les ofreció una diputación, un puesto público y proporcionó algunos fondos para contribuir con los proyectos. A fines de la década de 1970, los dirigentes de ALPROMISU participaban activamente en eventos internacionales, pero dentro del país su actividad era mínima. No asumieron un papel activo en la lucha contra la dictadura (Jenkins, 1986, 256). Los indígenas sumus impulsaron el surgimiento de una organización propia, en 1974, SUKAWALA (Sumu Kalpapakna Wahaine Lami) Asociación Nacional de Comunidades Sumu con el propósito de defender sus intereses y demandar al gobierno acciones efectivas para resolver los graves problemas que afectaban a sus comunidades. Las peticiones de los indígenas no fueron escuchadas y menos aún atendidas por el gobierno central. SUKAWALA no contaba con los fondos necesarios para desarrollar sus proyectos. Por otra parte, las comunidades sumus vivían en zonas aisladas, la cantidad de indígenas era menor que la de otros grupos y su articulación con la Iglesia Morava más débil. Hacia 1967 jóvenes líderes religiosos bajo la influencia de los programas de desarrollo comunitario y la acción social que impulsaba la Iglesia Morava recibieron la influencia de la ideología del nacionalismo negro y el discurso del reverendo estadounidense Martín Luther King.

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Descubrieron que muchos habitantes de Bluefields se identificaban, en primer lugar, como negros, y luego como creoles, por lo que comenzaron a recuperar la memoria histórica de la población. Este movimiento adoptó el nombre de Southern Indigenous and Creole Communities (SICC) que se planteó como objetivo la revitalización cultural, para recuperar la identidad étnica negada por la cultura dominante mestiza. La preocupación por la reafirmación de la identidad surgió de la discriminación que practicaban los funcionarios gubernamentales contra la población creole que poseía un nivel intelectual apropiado para desempeñar funciones administrativas a nivel local. Entre 1949 y 1974, la Iglesia Morava comenzó un lento proceso a través del cual elementos nicaragüenses tomaron la conducción de la Iglesia. De esta manera se disolvió la subordinación de la Iglesia Morava local con respecto a la Iglesia Morava estadounidense. El proceso de nacionalización de la Iglesia requería de recursos financieros. Para la Iglesia resultaba en extremo importante el desarrollo de programas de fortalecimiento social y económico de la región, porque esto podría redundar en mayores aportes económicos para su funcionamiento. El legado de la economía agroexportadora Durante las décadas de 1960 y 1970, Nicaragua tuvo la economía más dinámica de Centroamérica. Entre 1973 y 1977 el PIB per cápita, “acumuló un crecimiento del 8.1 por ciento”. En 1976 alcanzó US $1,233, el “valor más alto desde que existen registros”. Ese crecimiento se logró, como ya estudiamos, a través de un modelo agroexportador que benefició sobre todo a los grandes empresarios agrícolas, pero al mismo tiempo produjo, una distribución del ingreso rural sumamente dispareja y el empobrecimiento o la perpetuación del hambre y la desnutrición entre gran parte de la población. Un estudio acerca de Nicaragua realizado en 1982 por encargo del Gobierno estadounidense afirmaba que a fines de la década de 1970 el comercio exterior del país representaba un 35 por ciento del PIB. La estructura económica se había diversificado y las manufacturas y servicios habían adquirido un peso mayor en la misma. Vilas afirma que “El estilo de crecimiento fue socialmente discriminador, con marcada concentración de los ingresos; del bienestar y del progreso técnico”. El crecimiento económico durante las décadas de 1960 y 1970 no estuvo en ningún momento acompañado por un progreso comparable en el mejoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de la población nicaragüense. A pesar de que las cifras acerca del PIB per cápita de 1960 a 1970 indicaban un aumento del 4.2 por ciento anual, y de 1970 a 1977 un 2 por ciento anual, los beneficios de ese crecimiento favorecieron sólo a una pequeña parte de la población. En 1977 el 5 por ciento más rico de la población, unas 116,500 personas recibía alrededor del 28 por ciento del ingreso total; mientras que el 50 por ciento más pobre, más de un millón de personas, recibía apenas el 15 por ciento del total. Estos grupos percibían un ingreso medio anual de US $5,409 y US $ 299 respectivamente (Vilas, 2005, 31). La distribución desigual del ingreso era excepcionalmente notoria entre áreas rurales y urbanas. En 1972, el ingreso promedio en Managua era 3.5 veces mayor que en las áreas rurales. El ingreso promedio de las familias de Managua ubicadas en el grupo del 50 por ciento con menores ingresos era más de 5.5 veces mayor que el del grupo rural

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equivalente, pero dentro del grupo rural había una mayor concentración del ingreso; el 5 por ciento más rico de los agricultores nicaragüenses recibía el 42 por ciento del ingreso, en comparación con el 27 por ciento que recibía el grupo urbano equivalente. En 1972, el 1.5 por ciento de todas las empresas agrícolas ocupaban alrededor del 40 por ciento de las tierras de cultivo. Los programas públicos favorecían a las elites y acentuaban la distribución desigual de la riqueza y del ingreso. Los nicaragüenses de las áreas rurales consumían en promedio, apenas 1,623 calorías diarias, el 62 por ciento de las normas que establecía la Organización de las Naciones Unidas, y padecían serias deficiencias proteínicas, más de la mitad de los niños de la nación estaban desnutridos. El hambre y la desnutrición generalizadas constituían un grave problema en el país. Pero la solución a este problema no parecía ocupar un lugar significativo en la agenda política del Gobierno de entonces. Si bien es cierto que el IAN, BNN, INCEI e INBIERNO impulsaron proyectos de reforma agraria, acceso al crédito rural, establecieron precios de garantía para los granos básicos y proyectos integrados de desarrollo rural, todo esto representaba esfuerzos fragmentarios y limitados que resultaron incapaces de responder a la gravedad de la situación. Un estudio elaborado por la USAID, en 1976, señalaba que pese a las dimensiones del hambre y la desnutrición, "el Gobierno de Nicaragua no ha adoptado ninguna política formal de alimentación y nutrición, ni se ha desarrollado ninguna definición de política multisectorial o mecanismo administrativo para enfrentar efectivamente la extensa desnutrición existente". Los estratos más ricos de la sociedad nicaragüense consumían dos y tres veces más alorías, proteínas y grasas que el 50 por ciento más pobre de la población. Los estratos más altos (5 por ciento) consumían entre 10 y 18 veces más huevos, carne de ave y bebidas alcohólicas que el 50 por ciento de la población; 6 a 10 veces más hortalizas, pescado, harina de trigo y aceite vegetal; 4 a 5 veces más carne de res, carne de porcino, leche, papas, cítricos y grasa de origen animal. Por otro lado, el 50 por ciento más pobre de Nicaragua consumía 10 veces más yuca, plátano, guineo y banano. A mediados de la década de 1970, se habían acumulado una serie de contradicciones económicas, políticas y sociales en el país. A raíz del terremoto de Managua, acaecido en 1972 se pudo notar que la tendencia progresiva de la economía comenzó a decaer. El terremoto coincidió con la inflación mundial desatada a causa del alza de los precios internacionales del petróleo. El 70 por ciento de la generación de energía eléctrica en el país, dependía de la importación de este rubro. También afectó la economía la devaluación del dólar, pues la fijación de la paridad del córdoba nicaragüense dependía de aquel. Durante los años 1972, 1975 y 1977, se produjeron intensas lluvias que dañaron la producción de granos básicos. Los gastos del gobierno y el déficit fiscal se incrementaron de C$ 600 millones a C$ 1,680 millones y de C$ 73 millones a C$ 340 millones respectivamente, entre 1970 y 1974. Se recurrió al endeudamiento externo que se incrementó de US $368.1 millones a US $1,240 millones en 1978. Por otra parte, entre 1974 y 1975 se produjo una crisis de sobreproducción en el mercado mundial que incidió en el deterioro progresivo de los términos de intercambio. Durante los años 1976-1977 se produjo un alza efímera de los precios internacionales del café y una recuperación relativa de la producción de exportación. Las actividades económicas experimentaron un fuerte descenso en el año 1978 durante el cual ocurrieron una serie de eventos políticos que influyeron notoriamente en la fuga masiva de capitales privados, especulación con las divisas, el aumento del endeudamiento externo y la virtual paralización de las actividades productivas (Barahona,

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1989, 76-78). La crisis del régimen se inició a fines de 1977 y terminó en julio de 1979, cuando el pueblo nicaragüense derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer miembro de la familia en el poder desde 1936. Resumen Durante las décadas comprendidas entre 1950 y 1970 la economía y la sociedad nicaragüenses experimentaron un crecimiento acelerado. Tal crecimiento tuvo como base el auge de la producción cafetalera algodonera, ganadera e industrial. Sin embargo, una gran cantidad de nicaragüenses quedaron excluidos de los beneficios de este crecimiento. Gran parte de la población campesina del occidente del país fue desplazada hacia la frontera agrícola o a hacia los centros urbanos debido al auge algodonero. La expansión ganadera generó una segunda ola de migraciones hacia zonas marginales de la frontera agrícola. Los campesinos desplazados eran, en su mayoría, quienes producían granos básicos, por tal razón el gobierno utilizó mecanismos para mantener la producción para consumo interno a niveles y precios que no elevaran el costo de los alimentos para los habitantes de las ciudades. Por otra a parte, trató de impedir que los campesinos dispusiesen de excedentes que les permitieran prescindir del empleo estacional en la recolección de las cosechas. El sector industrial también creció, pero su expansión no proporcionó fuentes de trabajo a los habitantes urbanos, ni logró articularse adecuadamente con el sector primario. A pesar del crecimiento económico acelerado, la economía nicaragüense dependía de los precios y demanda del mercado internacional por lo que experimentó los efectos del deterioro de los términos de intercambio. El modelo económico se caracterizó por la exclusión de grandes sectores sociales, su vulnerabilidad a los factores externos, la distribución desigual del ingreso y los recursos productivos y una inserción desventajosa en el mercado internacional. El régimen somocista impulsó la integración de la Costa Caribe al resto del país. Al igual que otros gobiernos, no logró comprender la diversidad étnica y cultural de la región y trató de “españolizar” a la población desde una perspectiva modernizadora. Debido a la que la región disponía, al menos teóricamente, de tierras en abundancia, decidió utilizarla para asentar a la población mestiza, desplazada por la expansión sucesiva del algodón y la ganadería. La población se estableció en la región en condiciones poco propicias para continuar con el mismo esquema productivo de la región del Pacífico. En algunos casos la población mestiza se estableció en tierras pertenecientes a comunidades indígenas, lo que exacerbó los conflictos interétnicos. En la medida en que las actividades económicas comenzaban a afectar sus tierras, sus actividades de subsistencia y su forma de vida tradicional, la población de la región caribeña percibió la política desarrollista del Estado como una imposición y una intromisión. En reacción con la nueva problemática regional, diferentes grupos étnicos llegaron a integrar un movimiento reivindicativo que debido a una serie de circunstancias posteriores no logró desarrollarse en la dirección inicial. El surgimiento de este movimiento indicaba que la identidad regional de alguna manera se estaba consolidando en la Costa Caribe.

Guìa de Estudio

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1. Sintetice las características que presentaba la economía y sociedad nicaragüense en la década de 1940 e inicios de la década de 1950. 2. Construya una tabla que sintetice los factores que contribuyeron a la expansión del algodón y la ganadería y el impacto que tuvieron estas actividades en la economía del país y la vida de la población campesina. 3. Señale las características y evolución del sector industrial y explique qué aporte proporcionó este sector a la economía nacional. 4. Explique que tipo de proyectos y con qué propósitos comenzó a impulsar el gobierno de Somoza en la Costa Atlántica durante las décadas de 1950 y 1960. ¿Qué beneficios o perjuicios ocasionaron estos proyectos a la población costeña? 5. Elabore una tabla acerca del impacto que produjo el desarrollo de la minería, extracción de madera, pesca de tortugas, pesca y los proyectos forestales sobre la población y el medio ambiente en la Costa Atlántica. 6. Sintetice los objetivos de los programas de colonización agraria en la Costa Caribe y las consecuencias de dicha colonización en la región. 7. Explique que tipo de organizaciones y con qué prepósitos fundaron los pobladores de la Costa Caribe en la década de 1970. 8. Interprete la siguiente afirmación del autor Carlos M. Vilas:”El estilo de crecimiento fue

socialmente discriminador, con marcada concentración de los ingresos; del bienestar y del progreso técnico”.

9. Mencione los síntomas de la crisis que comenzaron a experimentar Centroamérica y Nicaragua a fines de la década de 1970. Destaque las particularidades del caso nicaragüense.

EL PROYECTO SANDINISTA DE DESARROLLO 1979-1990

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Al tomar los sandinistas el poder en julio de 1979, se encontraron con una situación económica desastrosa. El país estaba empobrecido y prácticamente en la bancarrota. Cerca del 40 por ciento de la población resultó afectada en grado significativo por la guerra librada para derrocar a Anastasio Somoza D. Durante el conflicto perdieron la vida entre 35,000 y 40,000 personas; 40,000 niños quedaron huérfanos. Aproximadamente 150,000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y desplazarse a países vecinos. 1,000,000 de personas, el 50 por ciento de la población, necesito ayuda alimenticia para sobrevivir, siendo 450,000 de ellos, niños menores de 15 años (Lozano, 1984, 100).} El PIB y el ingreso por habitante habían caído en un treinta y treinta y cinco por ciento, respectivamente, en relación a los índices de 1977. El 30 por ciento de la PEA estaba desempleada. Los sectores productivo y comercial se encontraban empobrecidos, descapitalizados y desarticulados. Muchos empresarios abandonaron temporal o definitivamente el país. Los daños materiales ascendían a US $ 520 millones, la descapitalización y el robo a US $ 622 millones y las pérdidas por paralización de la producción a US $1,246.2 millones. La cosecha del ciclo agrícola 1979-1980 se perdió en gran medida a causa de la guerra, porque esta coincidió con la temporada de preparación de la tierra para la siembra de los cultivos de consumo interno y de exportación. El bloqueo de caminos, el contrabando de parte del hato ganadero hacia Honduras, afectaron severamente al sector agropecuario. La deuda que el régimen dejó con la banca internacional ascendía a aproximadamente US $ 1,600 millones y el servicio de la misma equivalía a casi la totalidad de las exportaciones del país (Molero, 1989, 49). El Gobierno de Reconstrucción Nacional declaró que sus pilares fundamentales eran: pluralismo político, economía mixta y no alineamiento internacional. Se planteó como primer objetivo responder a las necesidades de la población. Puso en marcha un ambicioso programa de reformas sociales. Inició entonces una política de subsidios al consumo que permitió, en los primeros años de la Revolución, un mejoramiento sensible del nivel de vida de los habitantes rurales y urbanos. Se pretendía además obtener un excedente comercial que le permitiera adquirir bienes de consumo y nuevos bienes de producción (Levard y Dumazert, 1990, 37). La concepción del desarrollo nacional, según declaró posteriormente, el Comandante Jaime Wheelock Román, se basaba en el procesamiento industrial de los recursos naturales del país y de la producción agropecuaria. Sobre la base del sector primario el gobierno pretendía forjar el secundario. En primer lugar se pensaba comprar maquinaria en el exterior para desarrollar la industrialización. Posteriormente se esperaba producir maquinaria y suministrar insumos al campo en la medida que el potencial productivo del país lo permitiera. Desde el punto de vista del nuevo gobierno, Nicaragua debía dejar de vender en bruto sus materias primas en el mercado internacional. El país debía iniciar una etapa en la que las materias primas originales fueran transformadas industrialmente y ofrecidas en el mercado mundial con un valor agregado. El eje de la estrategia de desarrollo nacional debía ser el procesamiento industrial de materias primas y recursos naturales en vez del procesamiento de insumos importados al estilo del Mercado Común Centroamericano (INIES, 1988, 20). Según Carmen Núñez Soto, el gobierno sandinista pretendía implementar un modelo de desarrollo que respondiera a las necesidades de consumo de la población y no exclusivamente a las necesidades de demanda del mercado mundial. Para lograr esto se tendría que sustituir el modelo de dependencia agroexportador por un modelo

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agroindustrial, que articulara el campo y la ciudad, un modelo que permitiera altos niveles de eficiencia en el uso de los recursos a través de los encadenamientos productivos, un modelo que articulara las diferentes formas organizativas de producción bajo la lógica de la eficiencia y la producción (INIES, 1988, 20). El desarrollo de una economía mixta constituyó el elemento central del proyecto de transformación económica del nuevo gobierno. La economía mixta sería la combinación de un Area Propiedad del Pueblo y un Area Privada. Esta economía se orientaría hacia la “superación del atraso económico, la ruptura de la dependencia y la distribución del ingreso en beneficio de los sectores populares”. La estructuración del APP se inició el 20 de julio, con la confiscación de “todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios” que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977. Luego se extendió la aplicación de tales medidas a los allegados al somocismo. Se procedió a la nacionalización del sistema financiero, de la minería del oro y plata, el corte y procesamiento de madera, el sistema de pesca, el acopio y comercialización de los productos tradicionales de exportación, la industria química y agroquímica, de materiales de construcción y metalmecánica, el transporte aéreo, marítimo y de superficie. La banca, el comercio exterior, parte del comercio interior y los recursos naturales pasaron a ser controlados directamente por el Estado. En 1981, el régimen decretó la confiscación de las empresas que incurrieran en descapitalización y los bienes de las personas que abandonaran el país sin causa justificada. Se nacionalizó la distribución de azúcar y las exportaciones de diferentes productos. Sin embargo, la empresa privada continuó teniendo una presencia todavía mayoritaria en casi todos los rubros de la economía (Vilas, 1984, 253). En realidad, los cambios ocurridos para asegurar la sobrevivencia económica del país no constituyeron una ruptura radical en la estrategia de desarrollo económico anterior a 1979, pero sí en cuanto a la asignación de los recursos y la distribución del excedente social. Se dice que la década de 1980 fue una década perdida para América Latina. Sin embargo, es necesario aclarar que la crisis que experimentó Centroamérica a lo largo de la década de 1980, tuvo sus antecedentes en la década previa. A partir de 1977-78 el crecimiento económico se desaceleró y en 1979 comenzaron a registrarse síntomas de estancamiento, en 1980 y 1981 ocurrió una contracción generalizada de la economía. Entre 1979 y 1982, Centroamérica vivió la “más profunda y prolongada crisis” de su historia moderna. La crisis tuvo su origen en el debilitamiento simultáneo de los factores que habían impulsado el crecimiento y las dificultades de adaptación a las cambiantes tendencias de la economía internacional (Vilas, 1994, 154). A estos factores habría que agregar en el caso nicaragüense, los errores del gobierno, el desencadenamiento de la guerra civil, el embargo comercial y el bloqueo impuesto por la administración estadounidense. Políticas económicas y sociales Entre 1979 y 1982, la política económica del gobierno tuvo como objetivo reconstruir y reactivar la economía. Para ello el gobierno contó con un flujo considerable de ayuda externa, la expansión del crédito interno y del gasto público. Crecieron el producto, las exportaciones y el empleo, aunque no tanto como se esperaba. La cantidad de empleados en el sector público creció más que en el privado, y más en actividades no productivas que en las productivas. Una serie de medidas tales como: reajustes salariales, reducción de los alquileres urbanos y de la renta agraria, establecimiento de controles de precios al consumidor y los subsidios al consumo, ampliación de la cobertura de los servicios de salud y de

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educación, posibilitaron la expansión del consumo y el mejoramiento de los ingresos reales y de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. El gobierno impulsó una reforma para beneficiar a 200,000 habitantes urbanos que carecían de acceso a los servicios básicos. También efectuó una reforma agraria parcial, cuyo objetivo era responder a la demanda del campesinado sin tierra, y una democratización masiva de los sistemas de educación y salud. Se organizó una Cruzada Nacional de Alfabetización con la movilización de 60,000 voluntarios, estudiantes y profesores de secundaria, que se desplazaron hacia el interior del país y de 35,582 alfabetizadores en las áreas urbanas. La CNA logró reducir la tasa de analfabetismo del 52 al 12.9 por ciento. Posteriormente se institucionalizó el programa de Educación de Adultos. Entre 1979 y 1984 el presupuesto de educación aumento de 2.9 por ciento a 6 por ciento del PIB. Se cuadruplicó la cantidad de maestros (13,000 a más de 53,000). Entre 1978 y 1983 se elevó la matrícula de 513,499 a 979,580 estudiantes. En la educación superior se incrementó la cantidad de universitarios de 23,291 a 35,588. Los centros educativos aumentaron de 2,681 en 1979 a 5,377 en 1986. Se duplicó el número de escuelas en las áreas rurales (1,668 a 3,312). Según informes de la UNICEF la población escolar de primaria pasó de 369,000 a 583,00 en 1987. Sin embargo, en 1989 los gastos reales en educación representaban apenas un 2.2 por ciento del PIB como consecuencia del conflicto armado (Arnove, 1994, 31). Se destinó el once por ciento del presupuesto nacional al sector salud. Se triplicó el número de consultas médicas anuales. Se logró disminuir la tasa de mortalidad infantil de 120 por cada mil nacidos vivos antes de 1979 a 61.7 por cada mil nacidos vivos en 1989 y la esperanza de vida aumentó de 56 a 59 años. A través de una dinámica de participación comunitaria, en combinación con trabajadores de la salud, apoyo estatal y de diversas ONG’s se lograron realizar transformaciones estructurales en el sistema de salud. Esta misma participación permitió impulsar campañas masivas de vacunación y el control y prevención de enfermedades transmisibles. Reforma Agraria y Desarrollo Rural La Reforma Agraria, uno de los aspectos centrales del proyecto sandinista, tenía como objetivo transformar la estructura de tenencia de la tierra y las condiciones de vida y producción del campesinado. Además de entregar tierras, el gobierno favoreció a los campesinos proporcionando amplio acceso al crédito y asistencia tecnica e impulsando formas asociativas de producción. Se asignaron también precios de garantía para los productores de granos básicos. Los pequeños productores que en 1977 apenas obtenían el 10 por ciento del crédito bancario, obtuvieron el 31 por ciento en 1985. El área destinada a producir para consumo local casi se triplicó en 1988. El gobierno controló la comercialización de la producción de granos básicos en beneficio de los habitantes urbanos, pero el deterioro de los precios al productor, el desabastecimiento y la guerra misma, obligaron a la progresiva liberalización de la comercialización y el incremento de precios de los productos (Vilas, 1994, 222). El énfasis inicial en la APP y la cooperativización contribuyó a que la distribución de tierras avanzara lentamente. En 1984 casi 75 por ciento de familias campesinas beneficiarias potenciales, aún carecían de tierras. A partir de 1985-1985 se aceleró el reparto de tierras y se prestó más atención a las demandas de acceso a la tierra a título individual, se mejoraron los precios a los productores, el abastecimiento y los salarios rurales. Se estima

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que resultaron beneficiadas por la Reforma Agraria aproximadamente 60,000 familias rurales. Los desplazamientos de población alteraron las políticas gubernamentales de desarrollo agropecuario. Las condiciones de trabajo y abastecimiento se deterioraron en el campo y la mano de obra rural escaseó debido al reclutamiento del servicio militar y los ataques de grupos contrarrevolucionarios. A fines de 1988 de 354,4 mil desplazados de guerra, 78 mil se ubicaron en asentamientos campesinos y el resto se trasladó a áreas urbanas y otras áreas rurales Quedaron abandonadas 415 mil manzanas cultivadas en 1986 y se perdieron casi 290 mil cabezas de ganado. Gran parte de la infraestructura productiva se dañó o se perdió (Vilas, 2005, 47). La superficie destinada cultivos de exportación creció casi un 70 por ciento entre 1979 y 1983, pero se redujo un 37 por ciento entre ese año y 1988, debido al abandono de tierras por la inseguridad provocada por la guerra en el caso del café. En el caso del algodón, cayeron los precios internacionales y aumentaron los costos de producción. La participación del Estado en la economía El gobierno impulsó un ambicioso programa de inversiones públicas de mediano y largo plazo. El modelo implementado consistió por una parte, en el incremento de la producción agrícola a través del uso intensivo en maquinaria e insumos y al riego de las mejores tierras del país, las del llano occidental y, por otra parte, el procesamiento industrial de parte de esta producción (algodón, leche, sorgo, frutas y hortalizas). Este modelo requería de grandes inversiones que se realizaron con ayuda proveniente del exterior y que beneficiaron a las empresas estatales del Área Propiedad del Pueblo (APP) y en menor medida la elite agraria, a través del financiamiento y del sistema de precios favorables a los productos de exportación. Entre los "grandes proyectos" se destacaron el complejo azucarero TIMAL, la lechería modelo de Chiltepe, la fábrica de salsa de tomate en Sébaco, la producción de granos básicos a gran escala (Levard y Dumazert, 1990, 38). A este último proyecto se destinaron 20,000 manzanas y grandes recursos para financiar un moderno sistema de riego, pesticidas y fertilizantes. Los otros grandes proyectos también requerían cantidades elevadas de recursos e importación de bienes e insumos. El proyecto azucarero “Timal” demandaba una inversión de US $350 millones. El proyecto lechero, con vacas importadas de Canadá requería automatización. Los grandes proyectos se caracterizaron por el despilfarro de los recursos, la improvisación y su baja productividad. Los resultados de este período fueron relativamente exitosos en cuanto a reactivación económica: la actividad económica nacional, que había caído en un 25 por ciento debido a la guerra civil de 1979, se recuperó aproximadamente en un 15 por ciento en el período 1979-1983. Sin embargo, las limitaciones de esta política económica comenzaron a surgir. El déficit fiscal creció del 9 por ciento del PIB en 1981 al 23 por ciento del PIB en 1984. Las exportaciones cayeron de 500 millones de dólares en 1981 a 385 millones de dólares en 1984. Además descendió en un 50 por ciento el poder de compra de las exportaciones. La deuda externa creció en un 70 por ciento en sólo 4 años. El incremento de precios al consumidor ascendió a más del 50 por ciento. Por otra parte, a fines de 1982 ya era visible el deterioro de la economía internacional y regional y la crisis del endeudamiento externo. Guerra civil y crisis económica

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El ascenso de Ronald Reagan, en 1981 a la presidencia de los Estados Unidos produjo un giro radical en las relaciones entre Washington y Managua. Los republicanos consideraban el triunfo sandinista como una expresión del expansionismo cubano soviético en Centroamérica y comenzaron a impulsar una estrategia de desestabilización contra el nuevo gobierno. El embargo comercial impuesto por el gobierno estadounidense en 1985, obligó a la búsqueda de nuevos mercados en condiciones menos favorables. De hecho se aceleró la reorientación de la economía nicaragüense hacia una relación más estrecha con las economías del este de Europa. Además la administración Reagan brindó apoyo financiero y militar a grupos étnicos de la Costa Caribe y campesinos del interior del país que entraron en conflicto con el gobierno y se integraron a bandas armadas jefeadas inicialmente por antiguos Guardias Nacionales. Hacia 1984 las fuerzas armadas opositoras al gobierno contaban con 15,000 efectivos agrupados en 7 comandos regionales que operaban en las regiones I, V, VI y en las Zonas Especiales. En los últimos años de la guerra, en los diferentes grupos armados llegó a sobresalir el liderazgo de finqueros y productores locales. El estallido de la guerra civil a fines de 1982 obligó a la incorporación de miles de hombres al ejército. El Servicio Militar Obligatorio fue instaurado en 1983 y en 1985 el Servicio Militar de Reserva. En ambos contingentes se movilizaron 149,000 jóvenes y 175,000 hombres. En muchos casos la incorporación se produjo voluntariamente, en otros, en forma coercitiva. El conflicto militar desarticuló los mercados de trabajo y el desarrollo de las labores agrícolas. Se estimó que a mediados de 1986 la población movilizada representaba 20 por ciento de la PEA; a esto debe agregarse una cantidad grande de desplazados de guerra. Obviamente, el conflicto agregó dificultades y tensiones al manejo de la economía. El gobierno impulsó una política de congelamiento salarial que provocó un fuerte deterioro de los salarios reales y contribuyó a desplazar a trabajadores hacia el autoempleo y el sector informal; la tasa de desocupación ascendió a 21.1 por ciento de la PEA en 1984. La política de control de precios y comercialización de los granos básicos, que obligaba a los campesinos a vender sus granos básicos a precios fijados por el gobierno condujo al cultivo para autoconsumo, lo que provocó presiones sobre el abastecimiento urbano. El racionamiento físico de productos básicos se inició en 1982 y durante todo el periodo se amplió y abarcó una gama creciente de productos con el consiguiente aumento de la especulación y el comercio informal. Este llegó a representar el 45 por ciento de la actividad comercial. El número de vendedores aumento de 4,500 en 1983 a 27,000 en 1985 en el Mercado Oriental de Managua (Ramírez, 1998, 119). Al extenderse las actividades militares a todo el territorio nacional el gobierno impulsó medidas para corregir las tensiones económicas, garantizar la defensa, estimular la producción y neutralizar las distorsiones de precios relativos. No obstante, la profundización del conflicto armado y las dificultades en el acceso a recursos financieros externos neutralizaron los intentos de ajuste y aceleraron la aparente ingobernabilidad de la economía. En febrero de 1985 se dispuso el abandono parcial de la política de subsidio cambiario. Se autorizó un tipo paralelo regulado por el Banco Central, para operaciones comerciales, más alto que el oficial. Sin embargo, la escasez de divisas para el público continuó alimentando las presiones sobre el mercado negro, cuyas cotizaciones superaron en varias veces a las del paralelo y, hasta mediados de 1985, el alza del índice general de precios.

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Se efectuaron recortes importantes en el programa de inversiones públicas y el gasto social. Se redujeron los subsidios al consumo en la canasta básica, el transporte urbano, la salud y la educación. Ya en 1988 los sectores salud y educación recibían cerca del 25 por ciento del presupuesto nacional, mientras que el Ejército recibía más del 50 por ciento. Se congelaron los puestos de trabajo en el sector público y se crearon impuestos que afectaron a sectores hasta entonces no contribuyentes (profesionales, autoempleados, asalariados del comercio). La política crediticia se hizo más restrictiva. Se mejoraron los precios para los productores de granos básicos. Se fijaron incentivos en dólares para la producción ganadera, de café y de algodón, pero a cambio no se obtuvo un incremento significativo en los volúmenes de producción. Debido a la presión creciente del gasto militar y de reducción de la ayuda externa, las medidas gubernamentales resultaron insuficientes. El Estado se vio obligado a cubrir el déficit fiscal recurriendo cada vez más a la emisión monetaria. Se desató un proceso inflacionario que constituyó un verdadero impuesto que pagaba el conjunto de la sociedad. Se desarrolló el fenómeno de la dolarización de toda la economía. Durante estos años se amplió la redistribución de tierra al campesinado por razones políticas más que económicas. En contraste, los sectores populares urbanos resultaron marginados. La pequeña industria y el sector artesanal entraron en crisis debido a la escasez de materias primas, asignadas preferentemente al sector empresarial estatal y privado. El pequeño comercio urbano se convirtió en el principal refugio de estos sectores y el Estado enfrentó su rápido crecimiento empleando políticas de represión policial. La migración a los Estados Unidos se volvió otra alternativa para escapar a la crisis. En el período 1980-1989 ingresaron a Nicaragua US $294 millones en concepto de remesas familiares. En 1989, 255 mil nicaragüenses migrantes enviaron a Nicaragua 59.8 millones, cifra equivalente al 2.4 por ciento del PIB y al 17.4 por ciento de los ingresos de exportación (Vilas 1994, 198). A lo largo de 1987, la estrategia económica, basada en la administración del subsidio y financiada por recursos externos cada vez más bajos y un impuesto inflacionario cada vez más alto, mostró claras señales de agotamiento. La ayuda externa descendió de 772 millones de dólares en 1984 a 384 en 1987, pero las exportaciones no aumentaban (menos de 300 millones de dólares por año). La inflación alcanzó niveles insostenibles con un 1,347 por ciento anual. La tasa de cambio del mercado negro del dólar llegó a ser 100 veces mayor a la tasa oficial, mientras florecía la especulación y la escasez se generalizaba.

Guìa de Estudio

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1. Describa en párrafo la situación de la economía nicaragüense al concluir la

guerra civil de 1979.

2. ¿Qué medidas (económicas y sociales) y con que objetivos impulsó el gobierno

sandinista al tomar el poder?

3. Explique brevemente cómo pretendía el nuevo gobierno impulsar el desarrollo

del país, que cambios puede apreciar con respecto a la forma en que el régimen

anterior impulsaba el desarrollo.

4. ¿Qué objetivos pretendía alcanzar el nuevo gobierno al impulsar la Reforma

Agraria? ¿Qué resultados obtuvo?

5. Señale los mecanismos a través de los cuales el nuevo gobierno participó

activamente en la economía nacional, que resultados obtuvo?

6. Explique que factores de orden externo contribuyeron al estallido de la guerra

civil en la

década de 1980.

7. ¿Què impacto económico, político y social tuvo la guerra civil?¿que medidas

tomo el gobierno para enfrentar esta guerra?

LA POLÍTICA DEL RÉGIMEN SANDINISTA HACIA LA COSTA ATÁNTICA

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El triunfo sandinista no repercutió mayormente en la Costa Caribe. El nuevo gobierno no tenía plena conciencia acerca de la crisis económica que vivía la región en ese entonces, ni había diseñado una política específica para atender su problemática. En cumplimiento de uno de los principios del Estatuto Fundamental de la República, que postulaba “no discriminar en función de la raza”, el nuevo Gobierno procedió a tratar de integrar la Costa al resto del país. Los delegados gubernamentales llegaron a la región “con un gran equipaje de buena voluntad, casi equiparable a su dosis de ignorancia” (Molero, 1989, 132). Ellos no tenían conocimiento de la diversidad étnica y cultural de la población, de la situación de los recursos naturales, de la historia regional y de las características socioconómicas de la región. Las primeras acciones gubernamentales en la zona estuvieron orientadas hacia la reactivación económica. En febrero de 1980 se fundó el Instituto Nicaragüense de la Costa Caribe, (INNICA), con jurisdicción sobre los Departamentos de Zelaya y Río San Juan. El nuevo instituto se encargaría de coordinar las políticas de desarrollo. Asimismo el Gobierno creó dos Zonas Especiales, con sede en Bluefields y Puerto Cabezas, respectivamente. Teóricamente esta división contribuiría a facilitar una atención adecuada a la diversidad cultural y socioeconómica. Muchas de las políticas impulsadas por el régimen como la nacionalización de los recursos naturales, las minas y el comercio exterior se extendieron a la Costa sin medir las consecuencias que habrían de producir. Una estrategia de desarrollo “para” la Costa El Dr. Carlos Vilas analizó la política que impulsó el gobierno sandinista en la Costa Caribe en su obra Del Colonialismo a la Autonomía: Modernización Capitalista y Revolución Social en la Costa Caribe, de la cual presentamos aquí un fragmento. ...Inmediatamente después del triunfo revolucionario comenzó a impulsarse un ambicioso programa de inversiones, orientado a la reactivación económica de la Costa y al desarrollo de la infraestructura. A principios de 1980 se aprobó un programa de inversiones de algo más de cuatro millones de dólares para reactivar las minas recién nacionalizadas, las empresas forestales y la empresa ATCHEMCO, abandonada por sus propietarios extranjeros. A partir de 1982 se desarrolló el proyecto de palma africana y el de construcción de un puerto de aguas profundas, ambos en la Zona Especial II, el proyecto forestal conjunto con México (PROFONICSA) en la Zona Especial I, y otros. Estos proyectos, de plazos mediano y largo, intensivos en capital y tecnología, se vieron rápidamente afectados por el desenvolvimiento de la guerra contrarrevolucionaria, además de limitaciones técnicas y económicas particulares. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) prestó decidido apoyo a la pequeña producción agrícola y ganadera de las comunidades miskitas, mayangnas y mestizas. El crédito rural en beneficio de los pequeños productores aumentó de siete millones de córdobas en 1979-1980, a 36.3 millones en 1980-1981. ENABAS, la empresa estatal de acopio y distribución de alimentos básicos, creó mecanismos para comprar a precios justos a los productores pequeños y medianos y garantizar el abastecimiento de productos básicos (arroz, frijoles, azúcar, sal, manteca) y

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otros bienes de consumo popular a precios accesibles, a través de una red de centros de acopio y tiendas populares. La Ley de Reforma Agraria de agosto de 1981 impulsó la organización de cooperativas, pero reconoció la especificidad de las condiciones imperantes en la Costa Caribe y las reivindicaciones particulares de las comunidades indígenas. El artículo 30 dispuso que: el Estado podrá disponer de la cantidad de tierras necesarias para que las comunidades miskitas, sumus y ramas puedan trabajar individual o colectivamente y para que se beneficien de sus recursos naturales, con el objetivo de que sus pobladores puedan mejorar su nivel de vida y contribuir al desarrollo social y económico de la nación nicaragüense. Las titulaciones de tierras comunales se concentraron en el norte del departamento de Zelaya (Zona Especial I). El proceso de legalización se inició en 1983 y se desenvolvió lentamente durante 1984. El inicio relativamente tardío de las titulaciones a las comunidades contribuyó a agudizar sus contradicciones con el Gobierno. Es posible que el desarrollo de la guerra contrarrevolucionaria en la Costa Caribe haya incidido en la lentitud con que el proceso fue conducido por las agencias gubernamentales. También, se otorgaron títulos a los campesinos mestizos, carentes de respaldo legal sobre las tierras que ocupaban, mayoritariamente en la zona Especial I. Se impulsó también un paquete amplio de proyectos de infraestructura económica y social. La construcción de la carretera Río Blanco-Siuna-Puerto Cabezas, y el tendido de la red telefónica hacia la región de las minas y Puerto Cabezas, contribuyeron a integrar físicamente el territorio nacional. Se electrificaron varias comunidades costeñas. Los servicios públicos de salud y educación mejoraron y se extendieron. Se mejoraron los sistemas de abastecimiento de agua potable y eliminación de excretas. La generalización del sistema de unidades médicas móviles hizo posible la ejecución de programas ambiciosos de vacunación, tratamiento de la tuberculosis, prevención de la malaria y desarrollo de la educación popular en salud. El programa de brigadistas populares de salud se extendió a numerosas comunidades. El gobierno envío médicos y parámedicos, instaló ciento catorce nuevos puestos de salud y otorgó beneficios especiales a los mineros, afectados por su trabajo en las minas propiedad de extranjeros durante el régimen somocista. La campaña de alfabetización provocó contradicciones entre el Gobierno sandinista y los costeños. La campaña se inició en español y fracasó. A fines de 1980 se inició la Campaña de Alfabetización en Lenguas. Resultaron beneficiadas más de 12,500 personas. Esta Campaña sentó las bases para la implantación del sistema de educación bilingüe-bicultural en miskito e inglés creole, y luego también en sumu. Entre 1979 y 1983 el número de maestros en la Zona Especial I creció en un 116 por ciento, y el de estudiantes en un 226 por ciento. Las comunidades no atendidas por el Ministerio de Educación se redujeron de 28 a 8. Los orígenes del conflicto entre las etnias y el gobierno central El intento de crear una organización de masas que representara a los grupos étnicos generó serias contradicciones entre el nuevo gobierno y los costeños. El gobierno decidió eliminar a la Alianza para el Progreso de Mískitos y Sumos (ALPROMISU) fundada en 1974 a instancias de sacerdotes capuchinos y ministros moravos y fundar una nueva organización. Muchos dirigentes Miskitos e incluso la misma iglesia Morava apoyaron el nacimiento de Miskitus, Sumus, Ramas y Sandinistas Unidos (MISURASATA). A partir de mayo de 1980 la organización tuvo un representante ante el Consejo de Estado. Sin embargo, ciertos sectores percibieron como una imposición la disolución de

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ALPROMISU y la inclusión de “sandinistas” en la siglas de la nueva organización (Molero, 1989,133). Los Comités de Defensa Sandinista (CDS), intentaron reclutar dirigentes en base a criterios políticos y partidistas, pasando por alto las tradiciones comunales, según las cuales los líderes alcanzaban ese status en base al prestigio de que gozaban a lo interno de sus comunidades. La concesión de créditos para actividades productivas, se condicionó a la previa afiliación a la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC). También se produjeron conflictos a raíz de la expropiación de tierras comunales con el objetivo de convertirlas en reservas forestales o destinarlas al desarrollo de proyectos productivos. Luego de conversaciones, los indígenas y el gobierno llegaron acuerdos que se suscribieron en agosto de 1980. El gobierno se comprometió a: � Garantizar un 80 por ciento de los recursos de cada comunidad para el uso de sus miembros. � Impulsar una campaña de alfabetización en lenguas. � Liberar la comercialización de los recursos naturales comunitarios. � Autorizar representación indígena ante las instituciones estatales para coordinar con mayor eficiencia los programas dirigidos a la costa. � Otorgar derechos especiales a los indígenas sobre las tierras comunales. MISURASATA debía elaborar un mapa en el que se detallarían los límites de las tierras comunales. El régimen sandinista intentó darle a MISURASATA un tratamiento subordinado similar al de las organizaciones de masas, sin percibir sus características específicas y su afán de luchar por las reivindicaciones indígenas. La dirigencia de la organización comenzó a criticar las políticas del gobierno que desde su punto de vista atentaban contra las tradiciones indígenas y obtuvo progresivamente más prestigio entre la población. Según María Molero, los dirigentes de MISURASATA pretendía “construir un poder político propio, basado en el respaldo activo del pueblo indígena”. Ellos comprendieron que vivían una oportunidad histórica única para defender los derechos de sus pueblos. Mantuvieron sus reivindicaciones dentro de un marco nacional, afirmaron que ellos no pretendían impulsar el separatismo, pero estaban convencidos de que tenían que luchar por el reconocimiento de sus derechos (1989, 135).} Las confrontaciones graves entre MISURASATA y el gobierno revolucionario se produjeron en torno al Plan 81 de la organización y el Documento sobre la Tierra. En el plan 81 se establecía la estrategia de la organización para ese año. Se pretendía impulsar una intensa campaña de concientización de la población indígena para que esta respaldara el contenido del Documento sobre la Tierra, antes de discutirlo con el gobierno central. Además se planteaba la necesidad de establecer una comunicación directa y pública con la dirigencia sandinista. En el Documento sobre la Tierra, los indígenas demandaban al gobierno, el reconocimiento de un territorio indígena y de sus derechos económicos, culturales y sociales. En este sentido, el documento constituyó una virtual proclama sobre los principales derechos de los pueblos étnicos, particularmente la autodeterminación, entendida como el derecho a elegir libremente su status político. MISURASATA efectuó una delimitación territorial a partir de la localización de 275 comunidades indígenas y creoles. El territorio comprendía un área de 45,000 kilómetros cuadrados, el 38 por ciento del territorio nicaragüense y albergaba al 10 por ciento de la población. Además, la

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organización pretendía que se incluyera a uno de sus representantes en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (Jenkins, 1986, 312). Las propuestas y demandas expresadas en el Documento sobre la Tierra, despertaron los recelos y la desconfianza del gobierno. En el término de un año, MISURASATA, que demandaba el reconocimiento de las tierras comunales, pasó a reclamar el reconocimiento de un extenso territorio, el derecho a la autodeterminación y el manejo de los recursos naturales. Esta actitud se debía en parte, a la gran influencia que el movimiento indigenista internacional, entonces en auge, tenía sobre los dirigentes costeños. Este era un factor desconocido totalmente por el gobierno sandinista, quiénes atribuyeron las demandas a la ambición de algunos dirigentes de MISURASATA. Otro elemento que resultó sospechoso e incomprensible para el gobierno, fue el reclamo de todo el territorio del Departamento de Zelaya, más allá del área ocupada por la población indígena residente en la zona norte. Esto se interpretó como un intento de MISURASATA de ejercer control sobre los restantes grupos étnicos de la costa, incluyendo a la mayoritaria población mestiza. Desde el punto de vista oficial, la organización no podía atribuirse la representación de la población mestiza, Creole y otros grupos indígenas. Otra fuente de recelos fue el financiamiento y asesoría que la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) de Estados Unidos, brindaba a MISURASATA. Las conexiones entre ALPROMISU, la Iglesia Morava y algunos dirigentes de MISURASATA, con agencias de desarrollo de los Estados Unidos, se establecieron años atrás, pero debido al ascenso de Ronald Reagan a la presidencia y su actitud agresiva hacia la revolución nicaragüense, el gobierno juzgaba como peligrosas este tipo de relaciones. El régimen impidió que el documento sobre la Tierra se diese a conocer a las Comunidades. Posteriormente ocurrieron incidentes sangrientos. Los principales líderes de los indígenas fueron capturados y acusados de “promover el separatismo y agitar a las masas contra el gobierno”. Luego ellos fueron liberados, excepto Stedman Fagoth, lo cual provocó protestas y manifestaciones contra el gobierno. Las presiones obligaron al régimen a liberarlo. Fagoth abandonó el país y desde Honduras lanzó una campaña contra el gobierno, acusando de traición a todos aquellos dirigentes indígenas que continuaran negociando con los sandinistas (Molero, 1989, 138). En julio de 1981, Brooklyn Rivera, dirigente miskito reiteró la demanda de Autonomía para la Costa. Los sandinistas calificaron la demanda como una “provocación”, cerraron los canales de comunicación y desconocieron los derechos políticos de la organización. Estos eventos provocaron la ruptura entre el gobierno central y las etnias. A fines de 1981 se estableció el primer campamento de miskitos opositores armados a la revolución en Laguna de Perlas. MISURA, organización surgida de la división de MISURASATA, contó con el apoyo logístico y financiero de la administración Reagan y con el respaldo de los miskitos del norte de la región. Posteriormente el gobierno promulgó una Declaración de Principios en la que fijó su posición respecto a la problemática caribeña. En la declaración se reafirmó la indivisibilidad de la nación nicaragüense y la vigencia del español como lengua oficial. Se reconocieron los derechos de las comunidades indígenas a recibir una porción de los beneficios derivados de la explotación de los recursos forestales regionales para invertirlos programas comunales y municipales. Por último, el gobierno dirigió directamente su discurso hacia las comunidades indígenas. A lo largo de los años de la guerra los conflictos existentes en la región se agravaron y surgieron otros nuevos. Por ejemplo, el traslado de la población miskita del Río Coco

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hacia Tasba Pri en enero de 1982, generó profundo malestar. Debido al incremento de la actividad militar en la frontera norte y a la posibilidad de que se sumaran a la lucha armada, el gobierno decidió reubicar a la población constituida por aproximadamente 20,000 personas. Sin embargo, ante la incertidumbre que les provocó la reubicación, más de la mitad de la población se refugió en territorio hondureño. Los indígenas reasentados tuvieron serias dificultades de adaptación. El gobierno ignoraba que el Río Coco era un elemento central en la identidad étnica de los miskitos. El traslado de estas y otras poblaciones generó una ola de protestas y manipulaciones en el ámbito nacional e internacional. Como consecuencia del conflicto bélico, hacia 1984 había sido destruido el 30 por ciento de la infraestructura regional en el norte. Las redes de abastecimiento y de transporte se interrumpieron, los mercados locales se desarticularon, se acentuó la dependencia de las zonas rurales respecto de los pocos centros urbanos y del conjunto de la costa respecto del Pacífico. Las actividades agropecuarias de las comunidades prácticamente desaparecieron. Punta Gorda, el área del Río Coco, Prinzapolka, El Tortuguero y otras zonas quedaron prácticamente despobladas. Simultáneamente los refugiados de Río Coco y comunidades cercanas se trasladaron a Puerto Cabezas. La población de esta ciudad aumentó de 7,000 a casi 20,000 personas entre 1980 y 1985. Bluefields que contaba con 12,000 habitantes en 1980, también experimentó un acelerado aumento poblacional. En 1986 su población llegaba a 30,000 almas. Como resultado, las condiciones de vida de la población se deterioraron rápidamente (Vilas, 1990, 346). Hacia la paz y la Autonomía Durante los primeros años de la guerra predominaron las medidas de carácter militar. Posteriormente, el Gobierno reconoció que la problemática de la Costa requería un tratamiento específico que tomara en consideración las reivindicaciones de la población. Procedió entonces a separar las demandas de los grupos étnicos del resto de planteamientos que presentaban el resto de grupos armados. En 1983, el gobierno concedió amnistía a costeños involucrados en actividades contrarrevolucionarias. Se comenzó a considerar a MISURATA y MISURA (esta última surgida de la división de la primera) como interlocutores políticos válidos. Al año siguiente impulsó un proyecto de desarrollo de gobiernos autónomos para las Regiones Especiales I y II de la Costa Caribe. Comenzó también un proceso de sustitución progresiva de funcionarios que provenían de fuera de la costa por funcionarios locales. Por otra parte, las organizaciones indígenas se reactivaron. En 1984 iniciaron las conversaciones entre el gobierno y los delegados de MISURASATA y MISURA. Luego de diversos fracasos y contradicciones se llegó a acuerdos de paz en mayo y septiembre de 1985, conocidos como los Acuerdos de Yulu y Wawa Boom. Se inició el proceso de desalzamiento y repatriación de indígenas y creoles. Este fue un paso importante que creó las condiciones para que los rebeldes participaran en el proceso de resolución del conflicto entre el gobierno central y las poblaciones del Atlántico. Las iglesias desempeñaron un papel decisivo en el proceso de negociaciones. En diciembre 1984, el gobierno creó la Comisión Nacional de Autonomía que procedió a realizar procesos de consulta con dirigentes costeños para identificar lo contenidos concretos de un régimen de Autonomía para la región en el marco de la elaboración de una nueva constitución política. Representantes de los pueblos indígenas, comunidades étnicas, miembros del FSLN y representantes gubernamentales aprobaron por consenso en diciembre de 1985, el

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documento de Principios y Políticas para el ejercicio de los derechos de autonomía de los pueblos indígenas y comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua. Posteriormente, la consulta permitió incorporar al anteproyecto de la ley, escrito en español, inglés, miskito y sumu, las perspectivas de las comunidades. Por otra parte, el debate sobre el proyecto de Constitución Política de Nicaragua, permitió que se incorporaran a la Constitución de 1987, principios básicos para la efectiva vigencia institucional del régimen de autonomía. Finalmente en septiembre de 1987 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 28, el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua. El Estatuto desarrolló derechos establecidos en la constitución de 1987. El gobierno central proclamó a Nicaragua una nación multiétnica, enfatizó la diversidad de la sociedad nicaragüense y reforzó la unidad del estado nicaragüense. La Ley estableció el régimen de autonomía en las Regiones de la Costa que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos históricos de sus habitantes de conformidad con la Constitución Política; consignó la indivisibilidad de Nicaragua; la unidad, fraternidad y solidaridad como principios de la Autonomía y el reconocimiento de las lenguas de las comunidades de la Costa Caribe como de uso oficial en las Regiones Autónomas. Se establecieron las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur. Se dividieron estas regiones en municipios establecidos conforme a las tradiciones comunales y organizados por los Consejos Regionales. La ley definió las atribuciones del régimen autónomo, los órganos y funciones del gobierno regional y el patrimonio de las regiones autónomas. Destacó tres elementos que pueden contribuir a configurar la base económica de las regiones autónomas, las tierras comunales, el patrimonio de los gobiernos regionales autónomos, el presupuesto de las regiones y el Fondo Especial para el Desarrollo y Fomento Social (Llánez, 1995, 115). Sin embargo, cuando los sandinistas dejaron el poder en 1990, todavía no se había reglamentado la Ley, lo cual provocaba conflictos en la interpretación y aplicación de la misma. El 25 de febrero de 1990, la población de la Costa Caribe eligió a los miembros de sus primeros concejos regionales. Medidas de estabilización y ajuste, 1988-1989 La situación económica resultaba insostenible. El gobierno decidió impulsar un drástico programa de estabilización y ajuste. Dicho programa inició con la reforma monetaria de febrero 1988. Los objetivos generales de las medidas de estabilización y ajuste eran: la corrección de las distorsiones en los precios relativos; el aumento de la eficiencia del sistema productivo; el estímulo a la producción para la exportación; la disminución de la inflación; el restablecimiento del poder adquisitivo de los salarios; el castigo a los especuladores y la oposición armada y la recuperación económica y social. El gobierno intentó reintegrar la economía nicaragüense al mercado mundial. El sector agroexportador, que resultó favorecido volvió a desempeñar un papel prioritario en la economía del país. Las leyes del mercado pasaron a jugar un papel clave en la asignación de recursos y distribución del excedente y se redujo sustancialmente el papel del Estado en la economía. Un nuevo córdoba con una nueva paridad cambiaria, sustituyó al anterior. El gasto público se redujo sustancialmente de modo que en 1989 fue 50 por ciento menor que en 1988; se eliminaron o redujeron dramáticamente los subsidios, se elevaron las tasas de interés, el empleo público se redujo; aproximadamente 35 mil personas fueron despedidas por el gobierno central. Se liberaron los precios para vincularlos más eficazmente a los costos de producción, pero los salarios se mantuvieron rezagados. Sin embargo, la implementación del programa enfrentó serios obstáculos externos e internos. En primer lugar, hubo una reducida captación de financiamiento externo. En

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segundo lugar, la reducción del gasto fiscal no se pudo realizar al ritmo deseado debido a la resistencia de la burocracia estatal y de las Fuerzas Armadas, a los riesgos de una recesión económica excesiva y al previsible costo social. En tercer lugar, los oligopolios y/o monopolios estatales y privados transfirieron los costos del ajuste al resto de la sociedad. Además el huracán Joan provocó efectos catastróficos en amplias zonas del país en octubre de 1988 y obligó a alterar las metas financieras y a disminuir los controles sobre la economía. Como resultado de estos factores, la inflación, en vez de reducirse, explotó y alcanzó en 1988 más del 35 mil por ciento, aunque logró reducirse al 1,300 por ciento en 1989. El déficit fiscal, que se mantuvo todavía superior al 20 por ciento del PIB en 1988, al año siguiente bajó a sólo 7por ciento del PIB. La actividad económica experimentó una fuerte contracción en ambos años (-8 por ciento y –4 por ciento respectivamente). Sin embargo, y por primera vez desde 1983, las exportaciones experimentaron un crecimiento positivo del 25por ciento en 1989. El programa económico del gobierno en 1989 incluía apertura al sector empresarial, un plan anti inflacionario que comprendía: apoyo al crédito para la producción de bienes de exportación y básicos; la severa reorganización del sector público y la disminución de sus gastos; la supresión de emisiones inflacionarias y un pacto de concertación económica entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y las fuerzas políticas organizadas. El programa de reajuste tuvo un costo político y social enorme. Se registró una fuerte caída del PIB per cápita. En el país aumentó el desempleo, y el sub empleo que sumaron casi el 40 por ciento, la descapitalización, la migración hacia los Estados Unidos, y la desnutrición. Los sectores populares encontraron que las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida eran cada vez más remotas. El peso de la guerra recaía sobre ellos, pues además de todas las privaciones que soportaban, sus hijos eran reclutados para el Servicio Militar Obligatorio. Antes de concluir este tema, examinemos las consideraciones de expertos sobre el impacto de las medidas económicas impulsadas en 1988. Según el Dr. Carlos M. Vilas: “...Las medida económicas adoptada desde 1988 habían tenido precedentes en 1983 y las reformas financieras de febrero de 1985 constituyeron... un precedente claro. Las consideraciones extraeconómicas que impidieron ejecutar el ajuste en 1983, la proximidad de las elecciones, y en 1985, la situación bélica, no existieron en junio 1988: las elecciones debían convocarse a fines de 1990 y la guerra había disminuido considerablemente. Después de varios años prometer el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente cuando la guerra terminara, la política de ajuste de tiempos de casi paz aportó más penurias. El deterioro de la situación política del sandinismo que caracterizó a los meses finales de 1989 y principios de 1990, y que culminó con los resultados de las elecciones del 25 de febrero, pueden ser interpretados como un ajuste político detonado por el ajuste económico...”(1994, 219). Por otra parte, Laurent Levard y Patrick Dumazert aseguran que: “...El reajuste económico implementado progresivamente después de 1988, que permitió reducir el déficit presupuestario y la inflación, así como restablecer el nivel de las exportaciones, contribuyó también al empobrecimiento de gran parte de la población. Si los responsables de la política económica del gobierno sandinista consideraban que este "saneamiento" iba a permitir un posterior despegue económico, algunos sectores críticos en el seno de la revolución, pensaban, por el contrario, que distaba mucho de

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haber creado las condiciones del desarrollo porque, había debilitado la base productiva del país y no había ido a la par con profundos cambios en su estructura económica...” (1990, 37). …El derrocamiento del gobierno sandinista por medio de las urnas significa ante todo la victoria de la estrategia estadounidense de destrucción progresiva de la economía del país a fin de debilitar el apoyo de la población a la Revolución, pero aparece también como consecuencia de las relaciones de fuerzas internas dentro de la revolución que no permitieron una vía de desarrollo con promesas de futuro ni el mantenimiento del apoyo de los sectores populares en este período de crisis aguda…” (1990, 43). El proceso de Pacificación En 1987 el gobierno sandinista declaró públicamente su disposición a dialogar con la Contra que había adoptado el nombre de Resistencia Nicaragüense. Los sandinistas concentraron sus esfuerzos en las negociaciones políticas regionales en el marco del Plan de Paz propuesto por el presidente de Costa Rica, Dr. Oscar Arias. Los Acuerdos de Esquipulas, suscritos el 7 de agosto de 1987, como resultado de negociaciones regionales, significaron un hito en la historia de la región. En ellos se establecieron compromisos simultáneos de amnistía, cese al fuego, democratización interna, el fin de la ayuda a fuerzas irregulares o insurreccionales y la prohibición de utilizar el territorio para agredir a otros estados. Estos acuerdos, por consiguiente, sólo tenían sentido en el marco regional y en la simultaneidad de su cumplimiento. Entre el 21 y el 23 de marzo de 1988 los delegados del gobierno sandinista y la Resistencia Nacional, sostuvieron conversaciones que culminaron en la firma de los Acuerdos de Sapoá. Estos acuerdos establecieron el cese de las operaciones militares mientras se negociaba un alto al fuego definitivo. Se decretó amnistía para todos aquellos que guardaban prisión por razones políticas, incluyendo a ex guardias nacionales. Se establecieron garantías a la libertad de expresión. La RN se comprometió a enviar representantes al Diálogo Nacional que se efectuaría entre el gobierno y la oposición civil y militar. Se respetaría a los nicaragüenses que decidieran regresar del exilio, al que se habían marchado por razones políticas. El cumplimiento de los Acuerdos estuvo garantizado por una Comisión especial de la OEA y el cardenal Miguel Obando y Bravo. A partir de 1988, el Departamento de Estado, a través del embajador Richard Melton, comenzó agrupar a los partidos políticos y a los gremios empresariales de la oposición en una coalición. Luego de una serie de desacuerdos, acuerdos, negociaciones y renegociaciones, los opositores al sandinismo lograron integrar la Unión Nacional Opositora, en abril de 1989. A la UNO se sumaron 14 grupos políticos de tendencias contrapuestas pero que tenían como común denominador su abierta oposición al régimen. Como resultado de un largo y conflictivo proceso de selección, los dirigentes de la UNO, decidieron lanzar como candidata a la presidencia a doña Violeta Barrios de Chamorro y a Virgilio Godoy, miembro del Partido Liberal Independiente, a la vicepresidencia del país. La coalición presentó un programa de gobierno, el Plan Azul y Blanco en el que se comprometían a desmantelar el ejército sandinista, abolir el Servicio Militar Patriótico, iniciar la reprivatización general de la economía, terminar con el sistema de regulación de salarios, revisar el proceso de Reforma Agraria y reformar el sistema legal vigente. La campaña electoral se llevó a efecto en medio de un ambiente sumamente polarizado. La campaña del FSLN, de carácter festivo, chocó con el dolor de muchos nicaragüenses cuyos deudos murieron en la guerra. Tanto la UNO como el FSLN arrastraron multitudes

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en sus cierres de campaña. Cerca de la medianoche del 25 de febrero de 1990, los conteos rápidos indicaban que la UNO llevaba la delantera al FSLN. Esta tendencia, según algunos expertos, era ya irreversible. A las 6:00 a.m. del 26 de febrero ya era un hecho la victoria electoral de la UNO. A pesar de todos los pronósticos, las manifestaciones multitudinarias y la seguridad de los dirigentes sandinistas, ellos perdieron las elecciones. La dirigencia sandinista aseguró haber propinado una “derrota estratégica” a la Contra, pero ahora enfrentaban una derrota en el terreno político. Al realizarse las elecciones de 1990 el país se encontraba en la peor situación económica de su historia. El sistema educativo estaba al borde del colapso y existía una profunda crisis en salud pública. El desempleo y el subempleo llegaron al 30 por ciento, el salario real era virtualmente inexistente, y la producción había descendido dramáticamente (Vilas, 1994, 254). El salario real de 1989 era escasamente el equivalente al 10 por ciento del existente a inicios de la década. El ingreso per cápita retrocedió a los niveles de los años cuarenta. El PIB per cápita, que ascendió a US1,122 en 1978, habría disminuido a US$ 485 en 1989. La tasa de desempleo abierto se incrementó de 3.2 por ciento en 1985 a 11 por ciento en 1989. Algunas estimaciones mostraban que desde mediados de los años ochenta, el 70 por ciento de los nicaragüenses no lograban satisfacer sus necesidades básicas. En el sector rural, la cifra ascendía al 86 por ciento de la población. A nivel nacional se calculaba que el 23 por ciento de la población se encontraba en situación de extrema pobreza y un 16 por ciento en “condiciones críticas de miseria” (1998, 79-80). Se calcula que los costos de la guerra civil en Nicaragua sumaron US $ 226 millones en daños físicos y US $1,194 millones en pérdidas de producción. El costo se estimó en casi US $18 mil millones. El PIB del país se calculaba a fines de la década de 1980, entre 1,200 y 1,400 millones de dólares. La deuda externa del país había ascendido de US $ 2,566 millones en 1981 a US $10,616 millones en 1990. En 1991 la Federación de Organismos No Gubernamentales estimó que la población afectada directamente por el conflicto bélico ascendía a 771,756 habitantes, un 20 por ciento de la población total del país. Agregando a la cifra anterior el total de viudas, personal militar activo, huérfanos, madres de caídos, muertos, heridos y secuestrados, tenemos un total de 1,198,668 personas que representaban el 30.9 por ciento de la PEA en la década de los ochenta.

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Guía de Estudio

1. Destaque las medidas económicas y sociales que el gobierno sandinista

impulsó en la Costa Caribe a inicios de la década de 1980 y señale su impacto.

2. ¿Qué eventos influyeron en el estallido de los conflictos entre las etnias del

Caribe nicaragüense y el gobierno central?

3. Sintetice el proceso que condujo hacia el fin del conflicto militar en la Costa

Caribe y la promulgación del Estatuto de Autonomía.

4. Destaque los aspectos centrales y la importancia del Estatuto de Autonomía

para nuestra nación.

5. Que medidas impulsó el gobierno para estabilizar la economía en 1988? ¿A qué

sectores beneficiaron o afectaron estas medidas?

6. Compare los comentarios de los expertos (Vilas, Levard y Dumarzert) sobre las

medidas económicas de 1988 ¿qué elementos destacan ellos respecto al impacto

de las medidas?

7. Explique en que contexto se inició y desarrolló el proceso de paz que puso fin a

la guerra civil de la década de 1980?

8. Sintetice los principales problemas de la economía nicaragüense al finalizar la

década de 1980.

LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL DESARROLLO EN NICARAGUA Roser Solá Montserrat

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Recién terminada mi “Estructura Económica de Nicaragua y su contexto centroamericano y mundial” (en prensa), que me ha ocupado por más de dos años la recopilación de información y su análisis, me atrevo a resumir en pocas páginas los grandes ejes que configuran la estructura productiva de Nicaragua, con sus éxitos, sus problemas y sus posibilidades. Debo advertir que la bibliografía que acompaña el artículo, referida únicamente a las citas en él explicitadas, es totalmente insuficiente para dar razón de la visión de conjunto, nacida del poso que en mí ha dejado el estudio y análisis de cada unos de los sectores que conforman la realidad económica de Nicaragua en su vertiente

productiva.

1. Abundancia de Recursos Naturales, pero mal aprovechados y en proceso de recesión Nicaragua es el país centroamericano con una mayor masa forestal (5,189,000 has.), sin embargo perdió el 27% de su bosque en los últimos 17 años (FAO 2005); es el que posee una mayor cantidad de recursos hídricos, pero un 20% de su población urbana no tiene acceso al agua potable y el 38% de la población rural no dispone de agua segura (INEC, Censo 2005); siendo el país centroamericano con mayores recursos hídricos y con otros recursos energéticos (geotérmicos y eólicos), es el que ha experimentado un mayor retroceso (en términos no sólo relativos sino también absolutos) en la generación de energía hidroeléctrica (54% hidroenergía en 1970 contra un 14% en la actualidad) (CEPAL 2004), y el que posee una matriz energética más dependiente del petróleo (en torno a un 70%) (INE 2007). Son abundantes sus recursos pesqueros y sus recursos mineros, pero hay una preocupante sobreexplotación de las reservas marinas y una contaminación física y química provocada por la explotación minera, contaminación actualmente muy poco controlada. Ante tal cúmulo de potencialidades desaprovechadas, cabe preguntarse ¿qué ocurre o que ocurrió en el pasado para llegar a una situación como la que hemos descrito? A nuestro modo de ver, varias son las posibles explicaciones, que podrían concretarse en los siguientes puntos a) Implementación de un modelo agroexportador que, favoreciendo el algodón, el azúcar y la carne, implicó la relegación del campesinado de granos básicos a tierras de frontera agrícola, con el consiguiente proceso de despale, efímera y transitoria explotación agraria y posterior aprovechamiento ganadero. Proceso que se mantiene en la actualidad. b) Implementación de determinadas políticas económicas totalmente lesivas para el país, como la opción por la energía térmica, en detrimento de una racional explotación de las abundantes energías renovables de que dispone el país. c) Ausencia de una legislación oportuna y actualizada para asegurar el manejo eficiente de los recursos naturales (bosque, aguas, pesca y minas). Legislación muchas veces entorpecida y trabada por disensiones políticas entre el ejecutivo y el legislativo, o dentro de la propia Asamblea. d) Falta de recursos económicos (problema fiscal) y de responsabilidad administrativa, para dar aplicación a la normativa vigente que debe asegurar la explotación racional de dichos recursos.

2. Población pobre, en una proporción importante desnutrida y analfabeta, buscando fuera del país unas condiciones de vida que no encuentra en el mismo.

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Nicaragua ha rebajado en los últimos años su tasa de crecimiento demográfico hasta situarla en el 1.7% (CENSO 2005), pero todavía persisten graves problemas demográficos, como el de la elevada tasa de fecundidad adolescente (21% de mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas) (ENDESA 2001), y una también elevada tasa de mortalidad infantil (26 por mil) (UNFPA 2007). Ambos problemas van unidos a un factor más amplio, el de la pobreza. La pobreza extrema afecta todavía a un 17.2% de la población, y un 48.3% de la misma permanece en una pobreza generalizada. Un 18.2% de los niños menores de 5 años y un 27% de la población total padece desnutrición (FAO 2006), y la tasa de analfabetismo es todavía muy alta: más de un 20%. Elementos muy relacionados con el desarrollo mental de nuestros niños, que son el futuro de Nicaragua (Censo 2005) Una de las respuestas que ha dado la población nicaragüense a esta situación de pobreza ha sido la emigración. Se calculan cerca de un millón de nicaragüenses en el exterior (EEUU, Costa Rica, El Salvador, Honduras, España). Pero es una emigración que va en aumento; tan sólo entre 2000 y 2005 salieron del país 593,448 nacionales, un promedio de cien mil por año, tres veces más que los emigrados en los años ochenta. El desencadenante de esta emigración masiva es la falta de empleo. Si bien las cifras que se manejan indican una tasa de desempleo de tan sólo un 5.6%, la realidad es que la tasa de subutilización o desempleo equivalente (horas no trabajadas) ronda el 25% de la población (Avendaño 2007). Con el agravamiento de que un 64% del trabajo que se realiza es trabajo informal (INEC, 2005, Encuesta...) En realidad el factor clave que nos da cuenta de tanta pobreza es tanto la falta de empleo como sobre todo la existencia de empleos no productivos. a) La falta de empleos puede deberse a dos causas, o bien a la dificultad de creación de puestos de trabajo al mismo ritmo que la explosión demográfica de los últimos cincuenta años (entre 1950 y 2005 la población ha pasado de 1 millón a 5 millones), o bien a la no inversión en actividades productivas, que requieran abundante mano de obra. Si exceptuamos la maquila con mayoría de capital extranjero, el capital y las inversiones nicaragüenses, quizás por las dificultades jurídicas, o de la propiedad, o de riesgo país en definitiva, se han centrado en las actividades financieras y comerciales, pero no en actividades productivas y generadoras de numerosos empleos de calidad. b) La importante existencia de empleos poco productivos se debe, en parte, al excesivo peso de lo agrario, donde la productividad por hombre es menor (esto sucede en todo el mundo, pero de manera muy acentuada en Nicaragua) y a la poca productividad en una buena parte del sector servicios (comercio, hoteles, servicios personales, etc). Este conjunto de baja productividad constituye casi tres cuartas partes de la PEA nacional (73% en total: 29% agropecuario, y 44% servicios) (BCN 2007, Anuario). Con este panorama, poco puede esperarse del avance del país hacia el desarrollo. Somos pobres, porque producimos poco, y aún hay más, vivimos por encima de nuestras posibilidades (gracias a la ayuda exterior y sobre todo gracias a las remesas de nuestros emigrantes). 3. Nicaragua es un país con un gran peso agropecuario. Pero dicho sector es básicamente pocoproductivo y no modernizado, aunque con marcadas excepciones

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Nicaragua es uno de los tres países de la región con un mayor índice agropecuario dentro del PIB total: 20.9%, y, a diferencia de otros países centroamericanos, el PIB agropecuario ha experimentado un crecimiento sustantivo en los últimos quince años, pasando de 202.3 millones de dólares en 1990 a 952.1 millones en 2004; pero ha sido un crecimiento extensivo, basado en el aumento de la superficie cultivada (en este período esta superficie ha aumentado en un 62.4%) (CEPAL 2005). La población empleada en las actividades agropecuarias representa el 28.8% de la PEA total. Sin embargo la baja productividad de un sector tan importante como el agropecuario es preocupante. Si bien es cierto que la agricultura es menos productiva que otros sectores en todo el mundo, en Nicaragua es mucho más grave, no sólo por la baja productividad por trabajador agrícola sino por la gran cantidad de PEA que emplea. Mientras un trabajador agrícola de Costa Rica consigue un valor agregado de US$ 4,439 al año ( y uno francés, 39,000) (BM 2006, World), uno nicaragüense, de promedio, no alcanza siquiera los dos mil dólares... Claro que hay excepciones. Hay algunos rubros que pueden clasificarse como muy productivos, tecnificados y de buenos rendimientos: ciertas fincas de café, el maní, el azúcar, el banano, el tabaco, algunos granos básicos como el arroz de riego, algunas fincas ganaderas... Pero el conjunto agropecuario arroja una baja nota en productividad. Algunas causas son históricas, otras son totalmente actuales. Entre ellas podemos citar las siguientes: De 1950 a 1975: la introducción de los cultivos de agroexportación (azúcar, algodón, etc.) en Occidente ha desplazado a multitud de campesinos productores de granos básicos hacia tierras de frontera agrícola (tierras de baja productividad), Década de los 80 y de los 90: asignación de tierras en la Reforma Agraria Sandinista, y a los

desmovilizados en los años 90, sin acompañamiento de insumos, ni crédito, ni tecnología apropiada Siglo XXI: continúa la expansión de la superficie cultivada en tierras de frontera agrícola para cultivos de granos básicos y ganadería Hay además determinados problemas estructurales del sector agropecuario muy relacionados con la poca productividad. La inseguridad en la tenencia de la tierra resulta un obstáculo de primer orden a la hora de solicitar un crédito o de animarse a mejorar la finca. La falta de acceso al crédito, particularmente difícil bajo las medidas neoliberales, impide casi lo mismo, es decir la posibilidad de adquirir buenas semillas para sembrar, y además lanzarse a la modernización o tecnificación de la explotación agraria. La no asistencia técnica unida al analfabetismo funcional, impiden muchas veces el desarrollo exitoso de tantos y tantos programas de extensión agraria, iniciados con fondos de donaciones extranjeras, pero no acompañados por la correspondiente asesoría tecnológica. La deficiente infraestructura viaria, eléctrica y de comunicaciones, resulta una necesidad de primer orden para sacar la cosecha, para la creación de cuartos fríos, y para el transporte ya sea de los insumos o de la producción. Particularmente penosa es la inexistencia de un puerto de aguas profundas en el Atlántico, principalmente para diversificar la producción agraria e iniciar el cultivo de los productos no tradicionales (hortalizas, frutas, flores), todos ellos perecederos y por tanto necesitados de transportes rápidos hacia la costa este de EEUU o hacia Europa.

Sin embargo, y de acuerdo a lo expresado anteriormente, el sector agropecuario ha experimentado considerables avances en determinados productos, pero también ha sufrido serios problemas para avanzar en otros. Así, podemos clasificarlos en cuatro grupos. Rubros que sí han experimentado crecimiento, expansión o modernización, algunos de ellos con un buen posicionamiento en relación al DR-CAFTA. Estos productos son: granos básicos, café, azúcar, maní, carne, productos lácteos y avicultura.

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Hay otro grupo que podría clasificarse como prometedores, por encontrarse o bien en una fase de explotación incipiente, o con problemas de comercialización. Ellos son: el quequisque, el plátano, las naranjas y el cacao. Un tercer grupo formado por el banano, tabaco, ajonjolí y melón que por diversas causas se halla en estancamiento o retroceso. Y finalmente un cuarto grupo de productos problemáticos, con buenas perspectivas de exportación en el marco del DR-CAFTA, pero que debido a su carácter frágil y perecedero, no acaba de arrancar por falta de infraestructura adecuada para su conservación, comercialización y transporte. Ahí se incluye un conjunto de frutas, como piña, mango, papaya, aguacate, etc y las hortalizas. 4. Nicaragua posee la mayor riqueza forestal del istmo, pero es la más desaprovechada y peor manejada

Aunque el bosque cubre el 43% de su territorio, la mayor extensión boscosa de Centroamérica, la explotación de este recurso es muy baja, la más baja de la región. En los últimos años las exportaciones de madera han aumentado, desde 2.2 millones de dólares en 1990 hasta 16 millones de dólares en 2005 (BCN, Estadísticas y Anuario Comercio Exterior 2005) pero en relación a su capacidad, la producción es muy reducida y con muy poco valor agregado. Según datos de la FAO, el 97.5% de la producción maderera se destina a combustible (leña), y el 2.5% restante se reparte entre madera en

rollo, madera aserrada y apenas tableros. El mayor problema del sector es la deforestación con diversas causas:: el avance de la frontera agrícola, la cesión de tierras a compañías extranjeras, la incontrolada tala ilegal (que, según el director de INAFOR, llegó a ser cuatro veces superior a la legal) y la recolección de leña. A ello hay que añadir la pérdida de bosque por la plaga del gorgojo y los incendios forestales provocados por descuidadas labores agrícolas. 5. Nicaragua, como Centroamérica, ha incrementado en los últimos años su actividad pesquera gracias a las medidas de apoyo y promoción que se le han dado.

La actividad pesquera ha recibido unos apoyos gubernamentales que han sido decisivos para su crecimiento. En la actualidad la exportación de mariscos representa el tercer producto de exportación con un valor de casi 100 millones de dólares en el año 2006 (BCN, Anuario), gracias principalmente al considerable aporte del camarón de cultivo, el cual consiguió una producción total de 21 millones de libras en el año 2005, frente a los casi 6 millones de libras capturadas de camarón costero en el mismo año. El hecho de poseer dos costas, la del Pacífico y la del Caribe, más las aguas continentales del Cocibolca donde se cría la tilapia, ha propiciado el crecimiento del recurso pesquero, que podría dar mucho más de sí, si se aplicaran tecnologías más avanzadas y se creara una infraestructura apropiada. Aunque la pesca industrial tiene una buena representación en la pesca del camarón costero, todavía es muy importante la pesca artesanal, tanto de langosta en el Caribe, con la lastimosa y peligrosa práctica del buceo, como la de escamas en el Pacífico (pargo, mero, tiburón, dorado), donde no hay puertos específicos de desembarque y se carece de infraestructura básica apropiada (vías de acceso, energía eléctrica, transporte, hielo, combustibles, acopio, etc). También la actividad pesquera presenta problemas que es necesario resolver: a los ya mencionados como la baja tecnología y dificultades de desembarque, conservación, transporte y comercialización, cabría añadir la falta de financiamiento y de ordenamiento y control de toda la actividad pesquera, para evitar la sobreexplotación, la destrucción del

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manglar y la pesca de arrastre, actividades implementadas en la actualidad que ponen en serio peligro la sostenibilidad de dichos recursos. 6. La nueva fiebre del oro de los años 90 ha impulsado un considerable crecimiento de la explotación minera

Debido al aumento del precio de los metales, principalmente del oro y el cobre, en toda América Latina aumentaron significativamente las inversiones extranjeras en la actividad minera. Nicaragua, con buenos recursos mineros, de oro principalmente, no fue la excepción. Mediante la Ley 387 se dieron toda clase de incentivos en forma de exoneraciones a aquellas empresas que reactivaran la explotación minera, de tal manera que entre 1992 y 2004 se habían dado 169 concesiones (Alfaro, Ortiz 2005). En la actualidad las exportaciones mineras (principalmente las de oro, porque la plata tiene un

bajo precio) alcanzan el cuarto o quinto lugar entre todas las exportaciones.

Junto a las principales empresas mineras, la mayoría de capital extranjero, estadounidense o canadiense, se encuentra la pequeña minería (broceros y güiriseros) que en los últimos años ha conseguido una cierta importancia (12.6% de toda la producción del país) (MIFIC-ADGEO 2004), principalmente orientando su producción al mercado nacional. La ausencia de una estrategia ambiental clara y definida junto al no cumplimiento de las leyes vigentes han provocado impactos ambientales producidos por la actividad minera, algunos de ellos ya irreversibles. Se han contaminado los cuerpos de agua, los suelos y la fauna. También ha cambiado la morfología del terreno. De nuevo se constata la falta de poder administrativo para hacer cumplir la normativa vigente. 7. Una industria manufacturera dominada por la agroindustria y la maquila textilera El proceso de ajuste estructural y liberalización de los años noventa tuvo para la industria de Nicaragua un impacto muy importante. Varios factores contribuyeron a ello. En primer lugar, el proceso de privatización de las empresas del Estado estuvo marcado por el favoritismo a grupos minoritarios ligados al FSLN, a las Fuerzas Armadas o a la oligarquía conservadora (por orden cronológico), frenando con ello posibles inversiones que posiblemente hubieran dado otro giro a la realidad industrial actual.

En segundo lugar, la notable reducción del crédito bancario contemplado en las medidas de ajuste, en Nicaragua se vio aumentada por la quiebra de los bancos en 2001. Y finalmente, la implementación de las medidas de ajuste estructural (tributación sobre empresas que habían dejado de ser estatales y por tanto exentas, aumento del costo de los bienes intermedios y de los servicios públicos) ocasionaron aumento de costos de producción, pérdida de competitividad, caída en la producción, y como consecuencia cierre de empresas (con pérdida de destrezas) y desempleo e informalización de la

actividad productiva manufacturera. La solución entonces se encontró en una fuerte apuesta por la atracción de inversiones extranjeras aplicadas mayormente a las industrias de zona franca, muy beneficiadas posteriormente con la negociación del DR-CAFTA.

a) Importancia del sector manufacturero La aportación de la industria manufacturera al PIB fue en el año 2006, del 18%. Y entre todos los sectores productivos es sin duda alguna el de mayor productividad. Sin embargo, comparando el desarrollo industrial de Nicaragua con el de los demás países de

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la región resulta que es el menor (el valor agregado industrial de Costa Rica en el año 2004 era, en términos absolutos, cuatro veces mayor que el de Nicaragua) (CEPAL 2006, Istmo ) En 2006, las exportaciones manufactureras (con inclusión de la maquila) constituían el 72% de las exportaciones totales (maquila incluida); las exportaciones

manufactureras no maquila constituían el 48% de las exportaciones totales sin maquila.

Las exportaciones no ZF han experimentado un crecimiento importante en los últimos años, un 92.5% entre 2001 y 2006, gracias a las manufacturas de agroindustria: azúcar, cárnicos y en menor medida los lácteos (sin tener en cuenta la exportación fraudulenta de quesos, muy cuantiosa, por cierto) (BCN, Informes anuales). En el año 2005 la industria manufacturera empleaba a 302,300 personas, de las cuales 75,000 laboraban en la maquila (el empleo en la maquila representaba en un 24.8% de los ocupados en la manufactura y un 3.6% de la PEA nicaragüense). En Nicaragua abunda la PYME industrial y, aunque existen empresas manufactureras consideradas grandes o medianas (derivados del petróleo, bebidas, tabaco, azúcar y las de Zona Franca), lo que predomina es la pequeña empresa y aún más la empresa familiar, con menos de 5 trabajadores. La inversión industrial extranjera alcanzó en el año 2005 la cifra de 241.1 millones de dólares (CEPAL 2006, Istmo), orientados a la industria de zona franca, por los sustanciosos incentivos que ofrece: los más bajos salarios de la región y el TPL (Trato Preferencial Aduanero para exportar a EEUU en la rama textil vestuario). Sin embargo existen dificultades para atraer inversiones fuera de ese régimen especial, debido al elevado riesgo país. b) Estructura de la producción manufacturera. Del valor agregado manufacturero, la mitad (51%) corresponde a la agroindustria, una cuarta parte a tejidos, confección y calzado (27%), y otra cuarta parte al resto de las ramas industriales (22%) (sobre todo madera y muebles, cemento y cerámica, química y plásticos, derivados del petróleo). De todo este conjunto un 23% es obra de la maquila (sobre todo en textil y confección, pero también algo en calzado y tabaco). Dentro de la agroindustria cabe señalar la importancia ascendente de la rama de “otros alimentos”, tales como embutidos, aceite, galletas, etc. (15% del valor agregado manufacturero total) y la de bebidas (rones, cervezas y gaseosas) (13%), con un fuerte aumento de mercados en el exterior. El azúcar está experimentando actualmente los beneficios del DR-CAFTA y va manteniéndose en los primeros puestos del renglón manufacturero (8%). “Carnes y pescados” y “lácteos” muestran asimismo buenos desempeños (BCN, Informes anuales). De entre todas las industrias hay algunas que se encuentran en expansión, como todas las agroindustrias (carne, pescado, azúcar, lácteos y bebidas), la textil vestuario de ZF, la loza sanitaria y los derivados del petróleo. Pero, al igual que en el sector agropecuario, en el sector industrial se puede hablar de la coexistencia de dos tipos de empresas: una, atrasada y poco competitiva (por ejemplo algunos beneficios de café y determinadas queserías), y la empresa moderna, tecnificada, sin problemas de financiación, muy orientada a la exportación y con buena capacidad competitiva, como la industria del azúcar, la de la carne, la loza sanitaria, etc. Otras industrias, por el contrario, por diversas causas, experimentan ciertas dificultades (madera-mueble, maquinaria, calzado, químicofarmacéutica y textil vestuario no Zona Franca). c) Industria en régimen de Zona Franca

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Es la industria que, sin duda, sobresale por su carácter exitoso y creciente, debido a los sustanciosos incentivos que recibe. Los ya enumerados con anterioridad (bajos salarios y TPL) y la exención de toda clase de impuestos (renta, valor agregado y municipales, ganancias de capital, importación de maquinaria, equipos, materias primas e insumos). En la actualidad hay 111 empresas de ZF que operan en todo el país con capital procedente mayormente de EEUU (30%), Corea (23%), Taiwán (16%), Nicaragua (15%), y otros. Su actividad principal la constituye el sector vestuario (63%), pero también hay otras actividades tales como tabaco (8%), ensamble electrónico (3%), agroindustria, telecomunicación, muebles, calzado, accesorios médicos, etc.(CNZF 2007).

8. El único país del istmo sin carretera que una el Pacífico con el Atlántico, y sin puertos de aguas profundas en ese océano. La falta de vías de comunicación en el Caribe (que contrasta grandemente con la buena red viaria de la zona del Pacífico) y la inexistencia de buena conexión terrestre entre Caribe y Pacífico contribuyen grandemente al aislamiento de nuestra zona atlántica. Sin carretera y sin puertos de aguas profundas en el Caribe, las exportaciones nicaragüenses destinadas a la costa este de Estados Unidos o a Europa ven sus costos de transacción aumentados hasta en US$ 1,000 por contenedor al verse obligadas a utilizar Puerto Cortés en Honduras, o Puerto Limón en Costa Rica. Por una mala política en el sector transporte se perdió el ferrocarril, medio de transporte puntero en los países desarrollados, y por malas políticas o dejadez, poco ha mejorado la red vial nacional desde 1978, no sólo por no haber apenas aumentado su tendido, sino también por la permanencia de un 37% de la red vial intransitable en invierno. Y faltan además, caminos de penetración para sacar muchas de nuestras mejores cosechas (frijol, maíz, café, etc. o la preciada leche que debe llegar al centro de acopio antes de que se corte...). Queda pues mucho por hacer en infraestructura de comunicación, tan necesaria para el desarrollo del país. El transporte terrestre público, cubre prácticamente todo el territorio nacional, pero el elevado grado de antigüedad de sus vehículos lo hacen particularmente sensible. Por el hecho de ser manejado a través de pequeños propietarios organizados en cooperativas (autobuses, taxis), que adolecen de poca disponibilidad financiera para reponer las unidades que ya deberían sustituirse, el servicio es bastante deficiente.

El transporte marítimo es realizado básicamente por los puertos del Pacífico (Puerto Corinto, el de mayor volumen, y Puerto Sandino), aunque tan sólo representa el 3% de la carga manejada entre todos los puertos centroamericanos. Después de la rehabilitación de Puerto Rama, se ha recuperado un cierto movimiento a través del río Escondido hasta el Bluff y el Atlántico. Sin embargo, Nicaragua desaprovecha totalmente su gran potencialidad de transporte fluvial y lacustre, por ausencia de infraestructura adecuada. La ampliación reciente del Aeropuerto Internacional A.C. Sandino ha permitido ampliar la cobertura de los vuelos internacionales que unen Nicaragua con el resto de América Latina y Norteamérica, y aumentar el volumen de pasajeros y de carga que utilizan este

medio. 9. Nicaragua ha experimentado un importante crecimiento en el mundo de la telecomunicación gracias a la telefonía móvil, pero tiene un acceso a Internet de los más bajos de América Latina.

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Las comunicaciones y en especial las telecomunicaciones, están experimentando en los últimos años un crecimiento considerable. Es uno de los sectores que ha recibido mayor inversión directa, especialmente en la telefonía celular y en la televisión por cable. Entre 2001 y 2006 el crecimiento del PIB de este sector fue de un 40%. Pero así como la telefonía móvil tuvo un crecimiento espectacular del 42% entre esos años citados, no ocurrió lo mismo con la telefonía fija que lo hizo a un ritmo infinitamente menor, tan sólo de 1.8% (BCN 2007, Anuario). El hecho de que se haya aumentado tan poco la infraestructura de la telefonía fija pública aporta serios problemas al desarrollo del país, puesto que hay algunos departamentos con muy escasa cobertura telefónica fija (RAAN, Río S. Juan, Madriz y Boaco) y por ende prácticamente incomunicados, puesto que no siempre es posible la cobertura de la telefonía móvil. Respecto al acceso a Internet, esa nueva tecnología, paradigma del desarrollo en el mundo actual, la situación que presenta Nicaragua es preocupante: tan sólo 2.3% de usuarios, cuando en la región Costa Rica consigue 23.5%. Existe un

proyecto impulsado por TELCOR, en fase de formulación y espera de financiamiento, para extender las nuevas tecnologías de la información a todo el país. 10. Energía Eléctrica: la gran asignatura pendiente del país

La generación bruta total de energía en Nicaragua, durante el año 2005, procedía en su mayor parte (65%) de las plantas térmicas (crudo y diesel), 14% procedía de las plantas hidroeléctricas (Centroamérica y Sta. Bárbara), un 9% se generaba en las plantas geotérmicas, y la biomasa (bagazo de caña) alcanzó a producir un 12%, (aunque concentrado en los meses de zafra (INE 2007). La generación de energía eléctrica se multiplicó por diez desde 1965 y en los últimos 25 años prácticamente se ha triplicado. Sin embargo todavía en 2005 el índice de cobertura en el país, medida en términos de

población servida sólo asciende a 67% (INEC, Censo 2005). Por otra parte es preocupante el elevado predominio de generación térmica, por su excesiva dependencia del petróleo y el elevado precio en continuo ascenso del mismo. Se hizo una clara opción por la energía térmica cuando el petróleo estaba barato, y se perdieron o decayeron por abandono las otras fuentes alternativas de energía: la

geotérmica y la hidroeléctrica. Cabe destacar otras características del sector: Ineficiencia, dado el elevado porcentaje de pérdidas del orden del 30%, técnicas y de distribución (conexiones ilegales por falta de un marco regulatorio, actualmente trabado en la Asamblea). Plantas generadoras con bajos rendimientos por falta de mantenimiento e inversión. La energía más cara de la región, entre 2000 y 2006 prácticamente se dobló el precio del KWh., de 1.40 C$ pasó a 2.74 C$, por su dependencia del petróleo (INE 2007). 11. El acceso al servicio de agua potable y alcantarillado, muy bajo en el contexto regional, mejoró en los últimos años, y se encuentra en vías de sustantivos cambios para dar un servicio de buena calidad.

En la actualidad, según el Censo de 2005, el 80% de la población tiene acceso al agua potable que incluye acceso a agua de pozo y de puesto público (94% la población urbana y 62% la rural), y 85% tiene acceso a saneamiento, con inclusión de excusados y letrinas (96% en la ciudad y 70% en el campo). En saneamiento el inodoro es un hecho para el 43% de la población urbana y sólo para un 2% de la población rural (INEC, Censo 2005). La calidad del agua es considerada aceptable por la OMS, pero en su conjunto las aguas en el país se ven seriamente amenazadas por el uso incontrolado de agroquímicos, por la deposición de residuos sólidos y de aguas residuales tanto urbanos como industriales. Existen problemas en la gestión y calidad del servicio y uno muy importante es el de las fugas, debidas principalmente a la antigüedad de la red de distribución, pero también a las

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conexiones ilegales de los ciudadanos y a las pérdidas técnicas. Son notorias las grandes pérdidas por fugas en las tuberías de riego. Actualmente, gracias a un sustantivo préstamo del BID la empresa ENACAL procederá a la modernización de la misma para mejorar la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento del país. Se pretende reducir los racionamientos de agua potable y mejorar la calidad del líquido, mediante el cambio de las válvulas y equipos de bombeo que están en mal estado; se mejorará el sistema de cloración y se protegerán los sistemas eléctricos de los sistemas de bombeo. 12. Comercialmente Nicaragua es un país abierto al exterior y por tanto muy dependiente de lo que suceda fuera del país, con un grave brecha comercial que soluciona con inversión directa extranjera, donativos, préstamos y remesas.

Nicaragua tiene en la actualidad una brecha comercial importante: las exportaciones de bienes (maquila incluida) con un monto de US$1,977,5 millones, sólo representan actualmente el 58% de las importaciones de bienes con un monto de US$3,421.8 millones (maquila incluida).Existe una fuerte brecha comercial que el país, sin necesidad de recurrir a grandes préstamos soluciona con la inversión extranjera directa, con algunos préstamos y donaciones, y principalmente con las remesas de los emigrantes.

Gracias a una política comercial de liberalización del comercio, de promoción de exportaciones, de atracción de inversiones y de fortalecimiento de acuerdos comerciales, Nicaragua ha visto aumentar en los últimos años sus exportaciones; tanto las de maquila (un 29% anual en los tres últimos años) como las no maquila (a una tasa anual del 19%) (BCN, 2007 Anuario). Ello se debe tanto a las políticas recién enunciadas, como a la diversificación de estas exportaciones no maquila (disminución de las agropecuarias y aumento de productos manufacturados y productos pesqueros). Los productos estrella desde hace unos años son el café, la carne, los mariscos, el azúcar, y el oro, aunque entre los diez primeros también se encuentra el queso, los químicos y las bebidas y los no tradicionales como el maní.

El destino de las exportaciones nicaragüenses se concentra básicamente en América Norte (43%), América Central (34%)y Unión Europea (15%) (BCN 2007, Anuario) las exportaciones de ZF han experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años hasta conseguir los 931.9 millones de dólares en el año 2006 (en 1995 sus exportaciones ascendieron a 66 millones de dólares) . Si las exportaciones experimentaron un fuerte crecimiento tampoco ha faltado el incremento de las importaciones. El mayor porcentaje importador no maquila se dio en los bienes de consumo con un 31% (alimentos, medicamentos, vestidos y calzado, celulares). El segundo lugar lo detentaron los bienes intermedios, debido al mayor dinamismo de la agricultura, industria y construcción. El tercer lugar correspondió a la importación de petróleo y derivados, y en último lugar quedaron los bienes de capital, entre los que, sin embargo, debe resaltarse el importante peso que representaron las importaciones efectuadas por la industria de las telecomunicaciones. De las importaciones no maquila, sin duda alguna Estados Unidos es el gran proveedor, seguido por México. Son importantes los países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala y El Salvador, y completan los primeros puestos Venezuela (petróleo), la Unión Europea y Japón (automóviles). El comercio interno de Nicaragua es muy dinámico. Basta sólo decir que el Mercado Oriental de Managua, con sus 84 manzanas, sus 45,000 visitantes diarios y sus 17,000

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vendedores, es el centro comercial más importante de la región centroamericana (Pérez Rivera, 2007). A él deben añadirse los otros ocho mercados de la capital y los también muy concurridos mercados de las cabeceras departamentales. Un fenómeno nuevo de los últimos años ha sido la irrupción de los “moles” (del inglés “mall”) o centros comerciales, que se han multiplicado en la capital (Metrocentro, Plaza Inter, Galerías Sto. Domingo, etc.) y de los bien surtidos supermercados, instalados ya no sólo en la capital sino también en muchas otras ciudades del país. Sin embargo, las pulperías siguen presentes en todos los rincones habitados para asegurar la provisión alimenticia de la población, a cualquier hora del día, ejerciendo muchas veces de mantenedora y freezer del barrio. Son puntos de comercio importantes los puertos de

montaña tales como El Tuma-La Dalia, el Ayote, Mulukukú, etc., donde se realizan importantes transacciones comerciales entre los miles de campesinos esparcidos por las alejadas comunidades aledañas y los agentes de distribución comercial del país. 13. El turismo ha pasado a ser en pocos años, el primer generador de divisas del país.

Nicaragua ha entrado bastante recientemente al mercado turístico mundial, pero cuando lo ha hecho ha sido con un fuerte ímpetu, de tal manera que en pocos años ha conseguido unos índices de crecimiento siempre en aumento y superiores a otros países de la región. Si en 1990 fueron 106,000 visitantes en 2006 se consiguieron 773,000, con unos ingresos por valor de 239 millones de dólares, un porcentaje del 23.2% de las exportaciones no maquila y un 4.5% del PIB. Dicha actividad inició el despegue a partir de 1998, con un crecimiento promedio anual en los últimos cuatro años del 13.2% en número de turistas y del 19.8% de ingresos por turismo. Es en la actualidad el principal generador de divisas del país, después de las remesas, superando a los rubros tradicionales de exportación como el café, la carne, los mariscos y el azúcar, aunque tanto en número de turistas como en monto de divisas ocupa el último lugar entre los países de la región. Los principales mercados turísticos son Centroamérica y Norteamérica; el motivo dominante del viaje, es todavía el de negocios, pero seguido muy de cerca por el de vacaciones o placer; la estadía promedio de los visitantes extranjeros oscila entre 2 y 3 días. El gasto/día promedio se cifra en 75 dólares. Es un sector muy complejo que abarca multitud de negocios y el concurso de muchos esfuerzos, tanto privados como estatales, y a la vez es potenciador de un buen número de empresas y generador de múltiples puestos de trabajo. Es un sector que se ha visto muy favorecido por la administración pública a través de la legislación de incentivos y exoneraciones, pero no se ha conseguido ningún tipo de inversión estatal, como sí existe en muchos países desarrollados, de hasta un 6 o un 7% de su PIB (España 6.1% y Suiza el 7.5%). En consecuencia falta infraestructura vial, turística y urbanística, como elemento potenciador de este sector y a otro nivel el país presenta un déficit de plazas hoteleras y de servicios turísticos deficientes, existen problemas con la propiedad para potenciales inversores hoteleros, la imagen del país es todavía poco positiva a nivel internacional, hay poca experiencia empresarial y falta personal capacitado (especialmente con dominio del inglés).