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I N F O R ME

Grufides

Grufides

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Este quinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú se presenta en una coyuntura difícil, en clara tendencia a la polarización de los conflictos sociales. En efecto, lejos de disminuir, han seguido creciendo y el eje principal de los mismos

es el tema socio ambiental. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, a octubre de 2009, el 46% de la totalidad de los conflictos corresponden a los del tipo socio ambiental. Dentro de este grupo, los conflictos mineros representan el 68% de los mismos.

¿Qué está pasando en el país? ¿A qué se debe que los conflictos se sigan agudizando? ¿No hay acaso lecciones aprendidas a los lamentables hechos de Bagua de junio de este año? Las respuestas que apuntan a indicar que los conflictos responden a agendas políticas o personales son irrisorias, pues definitivamente las cifras demuestran que algo no viene funcionando y que existen causas estructurales para ser analizadas y puestas sobre la mesa. En este escenario recogemos algunas de las ideas fuerza propuestas desde hace un tiempo por el Observatorio de Conflictos: las reglas de juego fueron planteadas en aras de promover el crecimiento de la inversión minera en el país no son sostenibles, y por ello, se requieren cambios sustantivos.

Los casos analizados en el presente informe esbozan varios temas que deben empezar a formar parte de una nueva agenda, basada en un enfoque de derechos e interculturalidad, de defensa de los derechos de las comunidades y poblaciones en zonas de influencia minera: El otorgamiento de concesiones en el país siguen sin respetar estándares rigurosos que analicen previamente al otorgamiento de las mismas, las características del territorio que va a ser concesionado. No se tiene en cuenta a la población que habita las tierras en un ecosistema frágil, en una cabecera de cuenca, si la zona es particularmente sensible al cambio climático. Ninguno de estos elementos es tenido en cuenta al momento de otorgar una concesión.

Asimismo, la población solo es informada cuando su territorio está bajo concesión; una vez que la empresa minera llega a la zona a comenzar sus actividades. No hay ningún tipo de consulta previa, ni acceso a la información. Dado el elevado número de conflictos mineros, ¿no resultaría coherente una modificación estructural a este sistema a fin de consultar a la población de manera previa al otorgamiento de las concesiones?

El otorgamiento de concesiones ha sido uno de los puntos de agenda en el paro de la provincia cusqueña de Espinar y es un tema de agenda en la provincia de Chumbivilcas en la que más del 80% del territorio se encuentra bajo concesión minera. Y es más, las concesiones pueden ser otorgadas en ecosistemas frágiles que proveen importantes servicios ambientales. El incumplimiento de los estándares ambientales y la falta de medios adecuados para la fiscalización es otro de los problemas principales. El actual gobierno ha priorizado la promoción de la inversión privada en desmedro de la protección de la salud y el derecho a un ambiente sano y equilibrado de la población. El caso de La Oroya es el ejemplo perfecto de la desidia del Estado por fiscalizar y sancionar a una empresa con malas prácticas. La insuficiencia de los instrumentos existentes para determinar la viabilidad de los proyectos mineros es otro de los problemas identificados. En efecto, en un país como el nuestro, los Estudios de Impacto Ambiental resultan insuficientes para medir los impactos acumulativos como lo sucedido en Cajamarca o como podría producirse en Piura.

La reubicación es un tema que aparece como recurrente y requiere de la elaboración de una serie de lineamientos mínimos que las empresas mineras deben cumplir. Casos como el de Morococha o Fuerabamba en Apurímac muestran que el desarrollo de la actividad minera muchas veces no resulta compatible con la permanencia de una población o comunidad en determinado territorio. Esta realidad requiere de una política clara sobre reasentamiento, donde el Estado debe cumplir un rol de garante de estos derechos.

Los conflictos en torno al agua comienzan a hacerse cada vez más evidentes y debemos tener en cuenta que el Perú es el tercer país más vulnerable frente al cambio climático, con las consecuencias en materia de estrés hídrico. La promoción y desarrollo de la minería debe empezar a incluir esta variable para determinar su viabilidad ambiental.

Estos y otros temas son abordados en el presente informe. Con esta nueva entrega esperamos contribuir a brindar información analizada sobre un tema complejo y sobre todo a encontrar soluciones.

PresentaciónJunín

Piura

Cajamarca

Apurímac

Cusco

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SUMARIOQuinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

La empresa minera Doe Run, alegando problemas financieros, ha logrado extender por un plazo de tres años la obligación ambiental (Plan de Adecuación y Manejo Ambiental -PAMA), vulnerando el derecho a la salud de la población de la Oroya y creando un pésimo precedente. Cómplices: el Gobierno Central, Congreso de la República y trabajadores.

El clima de conflictividad en el caso Río Blanco Cooper S.A., (ex Minera Majaz) continúa. Lo lamentable es que esta empresa ocupa tierras comunales ilegalmente y no tiene licencia social. El Estado lejos de contribuir con el diálogo viene promoviendo la criminilización de las protestas.

La empresa Vale (Miski Mayo) será un ejemplo de cómo perpetrar actos de amedrentamiento y amenaza a líderes y pobladores de la zona. Los juicios fueron percibidos como un acto de criminalización de la protesta social para “neutralizar” a los dirigentes que defienden el ambiente.

De acuerdo a información de INGEMMET las concesiones mineras ocupan el 54.44% del territorio de Apurímac con muestras a una clara tendencia al incremento. Sin embargo se plantea la necesidad de trabajar una agenda regional que permita garantizar la sostenibilidad ambiental y social de estos proyectos.

El incremento de la actividad minera está teniendo como resultado la polarización de algunos conflictos y la toma de medidas más radicales por parte de la población cusqueña, sin que exista una respuesta adecuada del gobierno. Sin embargo las comunidades han desarrollado su capacidad de organización y propuestas.

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Para enfrentar la crisis que se abrió en el caso Doe Run/La Oroya, al presidente peruano se le ocurrió la idea de crear una comisión multisectorial: El objetivo de la comisión era evitar la pérdida de empleos y de

divisas y preservar la actividad económica. Agregó que esta comisión se enfocaría en el problema del PAMA, las deudas que arrastra y el capital de trabajo que requiere la empresa.

El 19 de agosto fue publicada la norma que creó esta comisión integrada por representantes de los Ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, del Osinergmin, del Gobierno Regional de Junín y de los trabajadores de Doe Run Perú (DRP), y, una vez más, se ha podido comprobar que se sobredimensionó la decisión del gobierno. Una revisión de la norma permitió comprobar que el único objetivo de la referida comisión era determinar el plazo que requiere DRP para culminar la planta de ácido sulfúrico circuito cobre; es decir determinar la prórroga del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Si bien en un primer momento parecía que el Gobierno había asumido una postura de respaldo a la decisión del comité multisectorial, la misma se diluyó rápidamente. En efecto, la presión de la empresa fue lo suficientemente fuerte y la posición del gobierno extremadamente débil, y DRP logró su objetivo: que el Congreso apruebe una ley mediante la cual se les da una nueva prórroga de 30 meses.

La nueva prórroga obtenida por DRP es el hecho más relevante de este período. Algo que parecía impensable a comienzos del año se concretó en el mes de octubre de 2009. Alegando graves problemas financieros que ponían en riesgo su funcionamiento, DRP exigió una nueva ampliación para el PAMA. Ninguno de los supuestos mecanismos establecidos en las normas que establecieron el plazo y compromisos del PAMA, para el proceso de la prórroga anterior, fueron suficientes para impedir esta nueva solicitud.

Con los hechos producidos este año, ha quedado demostrado que el PAMA de DRP se encontraba lejos de estar blindado, como lo indicaron los que defendían la prórroga

Junín Quinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

Ampliación de PAMA de Doe Run

Legislación con nombre propio

Tras 25 días de evaluación, la Comisión Multisectorial del Ejecutivo, encargada de determinar el plazo para el cumplimiento del PAMA de Doe Run, decidió prorrogar por un plazo de 20 meses las obligaciones ambientales de la empresa.

Increíblemente, esa solución no satisfizo las expectativas de la empresa DRP, que a través de un comunicado de fecha 22 de septiembre de 2009, indicó que requería de un plazo de 36 meses; es decir 3 años para culminar con el PAMA y cumplir con las metas ambientales.

La empresa minera Doe Run, alegando problemas financieros, ha logrado extender por un plazo de tres años la obligación ambiental (Plan de Adecuación y Manejo Ambiental -PAMA), vulnerando el derecho a la salud de la población de la Oroya y creando un pésimo precedente. Cómplices: el Gobierno Central, Congreso de la República y trabajadores.

en el año 2005. Para la empresa fue muy simple alegar problemas financieros para justificar el incumplimiento del referido PAMA: ni el fideicomiso, ni la carta fianza, ni las fiscalizaciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) fueron un impedimento para los reiterados atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Ni los reiterados incumplimientos de las obligaciones ambientales ni la grave situación de la salud de la población de La Oroya pudieron impedir que el Gobierno ceda a las presiones de la empresa. La posición de los trabajadores fue de total apoyo a la empresa: el mensaje de DRP en el sentido que los problemas financieros se debían al PAMA, caló profundamente en los trabajadores y sus organizaciones sindicales.

Lo que tampoco ha quedado claro es el sustento legal para poder aprobar esta nueva prórroga del PAMA. Como todos recordamos, la anterior ampliación tenía el carácter de improrrogable y no admitía excepciones. Además, nuevamente en este caso se ha legislado con nombre propio.

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Ahora bien, preocupa que se haya vuelto a dejar de lado la situación ambiental y de la salud de la población de La Oroya. Si bien el tema laboral y la importancia de su rol económico eran temas a evaluar, consideramos que la vulneración al derecho a la salud y a un ambiente sano y equilibrado eran temas prioritarios en este caso, que una vez han sido dejados de lado.

El nuevo marco normativo que aprobó esta nueva prórroga no plantea ningún mecanismo innovador que garantice que esta vez DRP si vaya a cumplir con sus compromisos ambientales. Con los antecedentes de la empresa, el futuro ambiental y de la salud de la población de La Oroya, sigue siendo preocupante.

Este caso genera un pésimo precedente, pues el mensaje que se da es una permisividad excesiva con una empresa por demás irresponsable: se premia a una empresa que incumple sus compromisos financieros y ambientales. Esta situación no ha caído nada bien al gremio minero, pues podría ser un desincentivo para empresas que sí se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones.

Reasentamiento del distRito de moRocochaPor otro lado, en la zona de Morococha, al parecer tanto el gobierno como la empresa Chinalco, han puesto el pie en el acelerador para lograr el pronto desarrollo del proyecto Toromocho. Por ello resulta fundamental hacer un seguimiento muy cercano al proceso de reasentamiento del distrito de Morococha.

Otro problema al que debe hacer frente Chinalco es la planta de tratamiento construida -con una inversión de US$33

Junín PIuRA

millones- para descontaminar las aguas provenientes de los asientos mineros de Morococha. Hasta el momento esta planta no puede entrar en funcionamiento por la falta del tendido de 298 metros de tubería para captar las aguas ácidas de la misma bocatoma para conducirlas a la planta de tratamiento.

El canal subterráneo, para enlazar la boca del túnel Kingsmill con la planta de tratamiento, debe instalarse en terrenos que pertenecen a la compañía minera Volcan S.A. y hasta el momento ésta no da su autorización. A pesar que la empresa Chinalco aceptó cumplir sus exigencias, como depositar un seguro contra todo riesgo, no se logra un acuerdo final. Esta situación resulta preocupante si consideramos la magnitud del daño ambiental de las aguas ácidas en el río Yauli, afluente del Mantaro.

El 99.9% de niños menores de 5 años tiene niveles de plomo,

además de otros metales pesados como cadmio y arsénico. un tema

ausente en la discusión de la ampliación del PAMA de Doe Run fue esta dramática situación en

que vive la localidad de La Oroya.

Actos que no deben quedar impunes

La violencia no cesa

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En el período, los miembros del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFNP) retomaron las acciones tendientes a reabrir canales de diálogo

con el gobierno para encausar el conflicto minero. Para ello, sostuvieron reuniones en Lima con Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas y una representante del Área de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros; y en Piura, con cuatro miembros del Consejo Regional de Piura. El FDSFNP ha presentado una propuesta de diálogo a dichas autoridades, y espera que ésta sea acogida. Simultáneamente, el Gobierno Regional estuvo promoviendo reuniones con organizaciones que carecían de representatividad social, hecho que podría dificultar un proceso real de diálogo. Pese a la búsqueda de diálogo de parte de la población, y a los esfuerzos de las autoridades locales, rondas y comunidades campesinas para evitar la escalada del conflicto, la situación de tensión se ha mantenido. La formación de organizaciones paralelas en Huancabamba, que serían apoyadas por la ONG Integrando y por la propia empresa minera, han incrementado el clima de conflictividad en el caso Río Blanco.

De otro lado, este semestre se conmemoró el segundo aniversario de la consulta vecinal realizada en los distritos de El Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, el 16 de setiembre del 2007. Para ello se llevaron a cabo diversas actividades, que han puesto de manifiesto la importancia que este acontecimiento ha tenido para los pobladores de esos distritos. En este último semestre sucedieron dos hechos relevantes a nivel judicial. El que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura diera por consentida la resolución de archivamiento definitivo de la denuncia por terrorismo y otros delitos, presentada en contra de 35 personas, entre ellas: alcaldes, regidores, dirigentes campesinos, campesinos, activistas ambientales y defensores de derechos humanos, confirmando que se trataba de una denuncia sin fundamento que buscaba atemorizar a los dirigentes; y por otro lado, el hecho que la Corte Inglesa ratificara el congelamiento de las cuentas de la empresa minera Monterrico Metals, matriz de Rio Blanco Copper S.A.(Minera Majaz S.A.) y testificara que hay elementos suficientes para encausar a funcionarios y accionistas de Monterrico Metals por la muerte de Melanio García y por las torturas sufridas de al menos de 28 personas

que fueron detenidas en el campamento de la entonces empresa minera Majaz.

Finalmente, debemos incluir entre los acontecimientos de este semestre, de manera extraordinaria, el lamentable hecho, aún en investigación, acontecido en el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz S.A.) el 1º de noviembre, que cobró la vida de 3 personas. Al respecto, las entidades que conformamos el observatorio de conflictos condenamos este hecho y cualquier acto de violencia, y exigimos que las investigaciones se realicen con todas las garantías de imparcialidad y respetando los derechos de las autoridades y organizaciones sociales locales, como lamentablemente no ocurre hasta el momento.

Las autoridades y organizaciones sociales que componen el FDSFNP, han deslindado responsabilidades al respecto y solicitaron a las autoridades competentes una profunda investigación: transparente e imparcial a fin de dar con los autores del hecho. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen detalles de las investigaciones.

Lamentablemente, las fuerzas policiales especiales, que han llegado a Huancabamba desde Lima y Piura, vienen realizando operativos en los que han violentado derechos de las comunidades, realizando detenciones arbitrarias y torturas, según han denunciado las 6 personas que fueran detenidas.

A ello debemos sumar el anuncio del actual gobierno de la necesidad de instalar una base militar en Huancabamba, a fin de garantizar las actividades de la empresa Río Blanco. Esta decisión que no ha sido discutida con las poblaciones y

autoridades locales, cuyos derechos se verían en peligro con esta instalación, sino con la empresa minera, lo que hace ver que se prioriza la defensa de los intereses de la empresa, antes que los derechos de las poblaciones locales. Si persiste esta decisión, prevemos que se podría intensificar la conflictividad en la zona.

Este lamentable hecho, nos permite analizar que hay un replanteo en la estrategia de empresa, que ante la incertidumbre de los resultados de las próximas elecciones, y contando con el respaldo del actual gobierno, pretende utilizar estos penosos acontecimientos para, antes de la culminación del actual régimen, posibilitar sus operaciones de explotación, para la que no ha obtenido permisos ni de los propietarios de las tierras que ocupa, ni del propio Ministerio de Energía y Minas del Perú (MINEM), lo que se lograría con la instalación de una base militar en la zona, como lo ha indicado el primer Ministro Javier Velásquez Quesquén.

El 2 de diciembre ocurrió otro hecho lamentable, 2 comuneros perdieron la vida y otros 06 se encuentran heridos de gravedad debido a una desproporcional reacción, más de 30 efectivos de la policía frente a un reducido grupo de civiles desarmados. El hecho se produjo en el caserío de Cajas Canchaque, El Carmen de la Frontera (Huancabamba-Piura). Esta situación ha sido condenada por diversas organizaciones haciendo un llamado al diálogo y a la no violencia.

PiuRa y el necesaRio debate ¿mineRía o agRicultuRa?Lo acontecido en el semestre, y en particular la reunión realizada entre los miembros del FDSFNP y el Consejo Regional de Piura, muestran la necesidad de retomar el debate público sobre el modelo de desarrollo para la región.

Los consejeros regionales de Ayabaca, Miguel Galesio, de Sullana, Nedda Bel, de Huancabamba, Marco Antonio Carrasco y de Paita, Orlando Benel, incluyeron en el acta que se levantó en la accidentada reunión sostenida en el local del Gobierno Regional, el pasado 30 de setiembre, concluyeron en la necesidad de iniciar en el Consejo Regional un debate profundo sobre la viabilidad de la minería en Piura.

Este debate se hace más apremiante en un contexto donde las concesiones mineras en la región siguen creciendo. Actualmente ocupan cerca del 27% de su territorio, ubicándose una parte de ellas en zonas páramos y bosques de neblina. Esto es preocupante porque las concesiones en estos ecosistemas frágiles, generadores de agua, alcanzan el 44% de toda su extensión.

La última autorización para otorgar concesiones se ha producido en octubre, cuando las autoridades y dirigentes sociales de Huancabamba y Ayabaca venían haciendo gestiones para retomar el diálogo en torno al conflicto con la empresa minera Río Blanco. Esta vez, se trata de una autorización para la empresa minera Newmont, accionista mayoritaria de minera Yanacocha, en un área de cerca de 19,000 hectáreas. Esta decisión política sobre el territorio piurano ha sido tomada en Lima sin mayores estudios técnicos, como suele ocurrir con todas las concesiones mineras.

nuevas estRategias de la emPResa mineRa.El escenario del debate por el modelo de desarrollo, nos lleva a analizar también las nuevas estrategias que la empresa minera

y sus organizaciones aliadas, están siguiendo en las zonas de influencia del proyecto minero, ubicadas en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en Piura. Ya es conocido el accionar de la ONG Integrando, organización apoyada por el grupo Romero. Este grupo de interés, a través de una de sus empresas, será, eventualmente, accionista de la empresa Río Blanco una vez que se haya aprobado el estudio de impacto ambiental (EIA) de su proyecto minero.

La estrategia actual de la empresa Río Blanco es conseguir respaldo social, a través de sus aliados, como lo es la ONG Integrando. Este organismo no gubernamental facilita semilla de trigo para cultivo y realiza obras sociales.

Por otro lado, la empresa busca debilitar el tejido social para contrarrestar la oposición al proyecto. En ello también estaría apoyándola la mencionada ONG Integrando. Según versiones de los pobladores, Integrando estaría dando apoyo a la ronda paralela que se ha formado en Huancabamba.

Luego del análisis efectuado podemos establecer que se mantiene la intención del gobierno actual de promover la minería en la Región Piura, sin considerar el riesgo que ello puede significar para zonas de ecosistemas frágiles, generadores de agua, y para el desarrollo sostenible de toda la región. Esta situación exige un debate amplio y alturado entre las autoridades, dirigentes sociales y representantes de la población en general sobre el modelo de desarrollo regional, que permita luego, llegar a consensos.

Siendo el diálogo una necesidad para resolver el conflicto en relación al proyecto Río Blanco, se espera que la Defensoría del Pueblo interponga sus buenos oficios con el MINEM y la PCM, dando lugar a un espacio que canalice institucionalmente las demandas de las poblaciones del ámbito de influencia de dicho proyecto minero.

El gobierno debe recordar, que la empresa minera Rio Blanco Copper S.A. (ex Minera Majaz), se encuentra ilegalmente en las tierras comunales (no tiene permisos ni del propietario de las tierras superficiales ni del MINEM), y ni las obligaciones de la empresa de culminar la remediación ambiental de sus actividades (puede hacerlo un tercero), ni una base militar, debieran permitir que se afecte el derecho de propiedad de la comunidad, pues con ello se convierte en cómplice de la ilegalidad.

Río Blanco ha mostrado más de una vez claras vulneraciones a los derechos de los comuneros, como es el caso de la tortura a

28 campesinos que participaron en la primera marcha al

campamento minero.

PIuRA Quinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

El clima de conflictividad en el caso Río Blanco Cooper S.A., (ex Minera Majaz) continúa. Lo lamentable es que esta empresa ocupa tierras comunales ilegalmente y no tiene licencia social. El Estado lejos de contribuir con el diálogo viene promoviendo la criminalización de las protestas.

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En el último semestre han sido notorias las protestas sociales en la región, relacionadas con la distribución de su presupuesto. Estas protestas muestran los graves problemas sociales que existen entre diferentes

provincias de Apurímac.

Los reclamos han venido desde el Frente de Defensa de Abancay que ha elevado su voz de protesta por lo que consideran un incumplimiento del acuerdo tomado el 6 de junio por los alcaldes de la región que apostaba por la negociación de un presupuesto equitativo. Consideran que el anuncio de la construcción del hospital de Andahuaylas vulnera este principio, a pesar que el Gobierno Regional ha indicado que el costo del mismo se deriva del rubro ingresos propios y no del presupuesto de la región.

Este hecho generó violentas manifestaciones en la ciudad de Abancay, en las que se exigió la renuncia del actual presidente del Gobierno Regional. La Presidencia del Consejo de Ministros indicó que no intervendría en tanto no cesaran las acciones de violencia y la exigencia de destituir al titular de la región.

APuRíMAC Quinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

La minería aumenta pero...

Sin sostenibilidad ambiental

El Ejecutivo intervino en este conflicto una vez que cesaron las fuertes protestas y propuso un aumento de 20 millones de dólares para el presupuesto a ejecutarse en Abancay. Los dirigentes del Frente de Defensa de Abancay consideran que este ofrecimiento era insuficiente. De acuerdo a las últimas informaciones a las que tuvimos acceso, un grupo de representantes de este colectivo llegó a Lima para reunirse con la PCM y lograr un acuerdo final. Esperamos que este asunto alcance una pronta solución.

De acuerdo a información de InGEMMET las concesiones mineras ocupan el 54.44% del territorio de Apurímac, con una clara tendencia al incremento. Sin embargo se plantea la necesidad de trabajar una agenda regional que permita garantizar la sostenibilidad ambiental y social de estos proyectos.

Por otro lado, debemos destacar que el Gobierno Regional de Apurímac ha asumido un rol de mediador en el proceso de reubicación de la comunidad de Fuerabamba, en la zona de influencia del megaproyecto Las Bambas. De esta manera, su presidente regional informó que han iniciado una primera etapa de capacitación e información con la comunidad, en el marco del proceso de reasentamiento.

Indicó que se están dando talleres sobre derechos de las comunidades, ley de recursos hídricos, estudio de impacto ambiental, la minería moderna, reasentamiento y negociaciones, entre otros temas. Estas capacitaciones se realizan en alianza con Xstrata, sin participación de otras instituciones.

Esperamos que la presencia del Gobierno Regional busque garantizar la calidad de la información que se le está dando a la comunidad y permita superar algunas deficiencias, como

ocurrió con la compra de un terreno para la reubicación de la comunidad, sin un proceso de consulta previa. Si bien la iniciativa es importante, el Gobierno Regional no debe olvidar que además de su rol de promoción de la inversión, está su rol como garante de derechos de las comunidades, en aras de una negociación seria, equitativa y trasparente.

Sobre este punto preocupan algunas informaciones que el equipo del observatorio ha obtenido de la zona. En efecto, al parecer la empresa ya no tendría una propuesta única y uniforme para el reasentamiento de la comunidad. Al parecer, la empresa estaría apostando por reubicar a las familias de manera individual, respondiendo a lo que cada familia indique. Si bien es importante respetar la voluntad de las personas, también lo es respetar la lógica comunal e informar debidamente sobre las consecuencias de una reubicación de este tipo ya que se estaría provocando el desmembramiento de toda una comunidad.

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En el contexto actual, el proceso de reubicación adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que Xstrata anunció un aumento del 26% de las reservas para el Proyecto Las Bambas (130 millones de toneladas con una ley de cobre del 0,77 por ciento). Sobre este megaproyecto también es importante señalar que Xstrata Tintaya ha asumido todas las obligaciones y derechos que derivan del contrato de opción de compra, con lo que se consolida como la titular de importantes operaciones mineras en el país.

Por otro lado y una vez resuelto el problema que se ha dado en torno al presupuesto de la región, sería bueno que las autoridades locales y el Gobierno Regional empiecen a mirar con atención el desafío que plantea la minería en la región. De acuerdo datos de INGEMMET a noviembre de 2009, las concesiones ocupan el 54.44% del territorio de toda la región, lo que sigue mostrando una clara tendencia al incremento.

Si bien la gran minería es competencia del gobierno nacional, también lo es para las instancias regionales y locales: el desarrollo de diversos proyectos de envergadura plantea un reto para las autoridades locales como para las organizaciones sociales. Así como el Gobierno Regional se ha preocupado en involucrarse en el proceso de reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, de la misma manera debería buscar involucrarse en los demás procesos que se generen en torno a los demás proyectos. El fortalecimiento de capacidades, el acompañamiento a las comunidades, el seguimiento del cumplimiento de compromisos, el respeto de los acuerdos y el verificar que los mismos sean equitativos, debe ser una tarea que emprenda el gobierno regional así como las autoridades locales.

La ejecución de importantes proyectos en Apurímac, sigue

planteando la necesidad de trabajar una agenda regional

que permita garantizar la sostenibilidad ambiental, así como

el cumplimiento de estándares ambientales y el respeto de los derechos de las comunidades.

CAJAMARCAAPuRíMAC

Este tema resulta fundamental en el escenario actual donde algunos proyectan que una serie de planes mineros se pondrán en marcha en la región. Se habla, de manera optimista de 32 propuestas, especialmente para la extracción de cobre, de acá a 2016. Entre los principales programas están Las Bambas para explotación de cobre, con una inversión estimada en 1.500 millones de dólares, a cargo XStrata Perú/XStrata Copper (Suiza), Los Chancas, a cargo de Southern Perú y Hierro Apurímac (Apurímac, sur, en exploración) para explotación de hierro, con una inversión de 1.500 millones de dólares, a cargo de Apurímac Ferrum/Strike Resources (Australia).

En efecto, las noticias sobre la recuperación del sector minero y la ejecución de importantes proyectos en Apurímac, sigue planteando la necesidad de trabajar una agenda regional que permita garantizar la sostenibilidad ambiental y social de estos deseos: la participación y acceso a la información por parte de la población y las comunidades, el cumplimiento de estándares ambientales, la protección de fuentes de agua, el respeto de los derechos de las comunidades, son algunos de los temas de la agenda.

Ya existen varios hechos que demuestran una seria preocupación de las poblaciones por el rol que debe jugar la actividad minera en sus procesos de desarrollo. Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en Haquira, en la que a finales de octubre, un importante grupo de organizaciones sociales de la zona se reunieron para manifestar su total oposición a cualquier tipo de minería, sea esta formal o informal. Denunciaron además que personas venidas de la provincia vecina de Chumbivilcas habían invadido sectores altos de Haquira, para dar inicio a la actividad minera sin ningún tipo de conocimiento técnico sobre la misma. Asimismo, se mostró el malestar hacia la Minera Ares por ciertas irregularidades en sus actividades, como sería el ingreso sin autorización a territorios comunales.

Lo cierto es que hoy en día existe un conflicto importante entre dos provincias de regiones vecinas (Apurímac y Cusco) y que ha provocado la toma del campamento de Ares. Además esta crisis muestra el avance de la minería artesanal en varias provincias apurimeñas. Todos estos temas deberán ser abordados con la mayor seriedad en la región.

Criminalización de la protesta

Política de control social La empresa Vale (Miski Mayo) será un ejemplo de cómo perpetrar actos de amedrentamiento y amenaza a líderes y pobladores de la zona. Los juicios fueron percibidos como un acto de criminalización de la protesta social para “neutralizar” a los dirigentes que defienden el ambiente.

Existen diferentes aproximaciones para comprender las formas de coexistencia desarrolladas por grupos sometidos históricamente

a la discriminación, como los mecanismos de reciprocidad asimétrica1, formas de legitimación social de la riqueza similares a las formas de “reciprocidad” que usaba el hacendado o terrateniente, cuando convertido en padrino de la fiesta, hacía un regalo a los campesinos.

Lógica no del todo ausente en la actualidad cuando las empresas mineras buscan también legitimar su control sobre los recursos ofreciendo hacer “grandes obras” -que más de una vez se han concretado en el arreglo de infraestructura o la construcción de plazas de toros. Los “regalos” se constituyen no sólo en una forma de desmovilización social sino en una manera de perpetuar la inequidad y las asimetrías bajo el contemporáneo nombre de responsabilidad social empresarial.

Algunas comunidades han dado inicialmente facilidades a las empresas para realizar sus actividades hasta que la empresa incumple los acuerdos que sus voceros han hecho. En el caso de Yanacocha las protestas en Combayo, que condujeron a la muerte de Isidro Llanos en agosto de 2006, en parte pueden entenderse dentro de este esquema, así como los recientes reclamos

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de las comunidades de Alumbre, Chanta Alta, San Antonio de Pachachaca, Corralpampa, Nuevo Triunfo y Quengorío.

Otro esquema de coexistencia se encuentra en las Rondas Campesinas y organizaciones similares. La Ronda Campesina es una forma de organización social que defiende la propiedad privada de manera colectiva. Su origen, tiene que ver con la ausencia o ineficacia de la policía y las entidades encargadas de la administración de justicia en zonas rurales. Las primeras rondas campesinas del Perú tuvieron un importante rol para detener el avance de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. Las rondas establecen mecanismos para “hacer” justicia en sus ámbitos de influencia, principalmente en casos de abigeato, en los últimos años han visto la necesidad de encarar múltiples denuncias de que involucran a las empresas mineras.

Es notable que en Cajamarca la primera queja presentada a la oficina del Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial fuera presentada por la Federación de Rondas Campesinas Femeninas de Cajamarca para abordar quejas relacionadas con Minera Yanacocha2. Las rondas y sus líderes se han convertido muchas veces en voceros de la problemática socio ambiental. El Estado también se muestra ausente, incapaz de resolver los problemas o es percibido como parcializado cuando interviene en problemas relacionados con las empresas mineras.

El 21 de septiembre de 2009, once líderes del Valle de Condebamba, varios relacionados a las rondas campesinas, fueron sentenciados a cuatro años de prisión (suspendida) y a pagar una reparación civil solidaria por el delito de “entorpecimiento de los servicios públicos” acusados de haber provocado la toma temporal de una carretera a mediados de 2006. La manifestación tenía por finalidad protestar por la forma en que la empresa Vale (Miski Mayo) realizaba labores de exploración. Dicha empresa había contratado delincuentes que junto con funcionarios perpetraban actos de amedrentamiento y amenaza a líderes y pobladores. La sentencia es percibida como un acto de criminalización de la protesta social que busca “neutralizar” a los dirigentes que están a favor de la defensa ambiental.

Las rondas junto con otras organizaciones de base juegan roles relevantes en casos de impactos ambientales, como los producidos por las detonaciones de la Minera Gold Fields que han afectado viviendas en la ciudad de Hualgayoc. También en temas de compra venta de tierras como el caso de la empresa Lumina Cooper (capital Chino) que han conducido a la paralización de las actividades de la empresa.

En muchas otras sociedades, los pobladores delegan la función de vigilancia ambiental al Estado, esperando que este asegure la calidad del ambiente velando así por su salud. El caso de Choropampa es además una muestra de la incapacidad del Estado – a niveles nacional, regional y local – de asegurar la salud de la población y de responder desde la gestión pública a los problemas de salud causados por el derrame de mercurio, responsabilidad de Minera Yanacocha.

Peor aún, el Alcalde de la Municipalidad de Cajamarca aceptó un “acuerdo resolutivo” en el caso de Arbitraje

Extrajudicial seguido por la Municipalidad contra Newmont en Denver. El acuerdo, ampliamente cuestionado, acepta el irrisorio3 monto de tres millones de dólares (40% deberán ser pagados a los abogados), este incluye cláusulas que liberan de responsabilidad a Minera Yanacocha por los daños causados por el derrame de mercurio en 2000 e impide a cualquier otra “unidad gubernamental” del Perú presentar nuevos reclamos sobre el caso.

La lógica de los proyectos extractivos está, por sus características, alejada de las ideas de permanencia y continuidad. Los proyectos mineros tienen inicio y fin. Por lo que sus estrategias de coexistencia tienden a ser de corto plazo, y pueden romper los equilibrios sociales existentes para facilitar su efímera existencia sin mayor preocupación por el futuro. Al fin y al cabo pueden iniciar nuevas aspiraciones en lugares diferentes y con nombres diferentes. Por eso las empresas tienden a usar ampliamente enfoques de seguridad como estrategia de coexistencia, construir “cinturones de seguridad” alrededor de sus operaciones, formados por grupos dependientes, que generalmente no viven en el mismo lugar de las operaciones, y actúan como aliados locales que defienden de manera indirecta los intereses de la empresa.

La empresa Consolidada de Hualgayoc S.A., ejemplo del último esquema, cuyo nombre es un Joint Venture de las empresas mineras Buenaventura y Gold Fields. Bajo este nombre intentan marcar distancia con las acciones que Consolidada pueda realizar, y por supuesto, sobre cualquier responsabilidad relacionada con sus actividades. En este caso el desenlace es fatal, el 21 de septiembre dos personas, un joven de 21 y un niño menor de dos años murieron a causa de un enfrentamiento en la zona de exploración. De acuerdo a testimonios, la empresa habría facilitado el transporte de personas ajenas a la zona, incluyendo personas armadas, para manifestarse a favor del proceso de exploración, además de haber promovido la realización de un almuerzo en el mismo lugar, el día en que pobladores de Vista Alegre tenían programada una actividad de protesta. Una cisterna y posteriormente una perforadora de la empresa fueron destruidas.

Por otro lado, durante este período también se presentan quejas de ex trabajadores mineros que denuncian haber sido despedidos luego de haber contraído enfermedades ocupacionales o sufrir accidentes. Por ejemplo, un grupo de trabajadores de Minera Yanacocha aseguran que la empresa minera no les brindó cobertura médica después de haber sufrido accidentes durante el trabajo, como un derrame de elementos tóxicos en 1995 que afectó a varios trabajadores. Los ex trabajadores han presentado sus quejas a varios congresistas.

Finalmente, la noticia divulgada por el Instituto Peruano de Energía nuclear señala el robo de un equipo usado en las operaciones de Minera Yanacocha que tiene una fuente radiactiva. Pone en tela de juicio los sistemas de seguridad y los protocolos para el uso de sustancias tóxicas de la empresa y de sus proveedores. Si bien según versiones difundidas, el artefacto fue hallado luego que una llamada telefónica indicara el lugar en el que fue abandonado, no se han hecho públicas las medidas que la empresa y las autoridades tomarán para evitar que este tipo de incidente se repita.

CAJAMARCA CuSCOExpansión de la actividad minera conlleva a la

Polarización de los conflictosUn hecho que destaca en el semestre ha sido el

paro convocado por las organizaciones sociales de Espinar. Un paro intenso, que tenía como eje el cuestionamiento al proceso de licitación del

Proyecto Angostura (Majes-Siguas II). También había otras demandas: la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la revisión de las concesiones mineras, construcción de una carretera asfaltada, entre otras demandas.

Sobre el Proyecto Angostura (Majes-Siguas II), las organizaciones demandaban que se reprograme el calendario de la licitación hasta que se culminen los dos estudios técnicos: el balance hídrico y el Estudio de Impacto Ambiental. El temor de la población es que dichos estudios sean un simple saludo a la bandera. Pues los mismos concluirían en febrero de 2010 y la apertura de los sobres de la licitación pública fue el 10 de diciembre de este año.

En este caso, como en otros conflictos, se necesita una mayor iniciativa y capacidad de diálogo desde el gobierno central: identificar las demandas legítimas, reconocer a los actores representativos y buscar los posibles puntos de acuerdo que puedan satisfacer las preocupaciones de las poblaciones.

Al cierre del presente informe, las últimas noticias daban cuenta de la suspensión del paro, al haber obtenido el compromiso de postergación del calendario de licitación del referido proyecto hasta el 25 de febrero de 2010. El Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar-FUDIE, a través de su presidente, señaló que la promesa de la entonces directora ejecutiva de Proinversión, Cayetana Aljovín, de postergar la licitación del proyecto Majes-Siguas II, debía ser transmitida al pueblo de Espinar en forma escrita y oficial.

Vemos entonces que además de este problema directamente vinculado con al acceso al agua por parte de la población, la preocupación por las concesiones persiste y sin embargo, ello no ha llevado a que el tema se evalúe. Un claro ejemplo de ello lo constituye la provincia de Chumbivilcas en la misma región del Cusco, en la que las concesiones ocupan el 85.78 % (de su territorio, de acuerdo a información de INGEMMET a noviembre de 2009).

Durante este periodo, Cumbivilcas también ha estado en el ojo de la tormenta debido a la violenta incursión al

El incremento de la actividad minera está teniendo como resultado la polarización de algunos conflictos y la toma de medidas más radicales por parte de la población cusqueña, sin que exista una respuesta adecuada del gobierno. Sin embargo las comunidades han desarrollado su capacidad de organización y propuestas.

campamento de la empresa minera Ares por parte de 300 pobladores, que exigen su participación en la extracción de los recursos minerales. Los pobladores exigen además el retiro de la empresa Ares, que ya lleva 6 años explorando ese territorio. Existen además serios cuestionamientos a sus actividades pues las autoridades locales señalan que la empresa ha procedido a la remoción de tierras sin contar con autorización y que su actividad ha afectado algunos glaciares de la zona.

Vemos entonces que la expansión de la actividad minera está teniendo como resultado la polarización de algunos conflictos y la toma de medidas más radicales por parte de la población en diferentes provincias cusqueñas, sin que exista una respuesta adecuada del gobierno.

Por otro lado, el proyecto Antapaccay sigue su curso y se presenta como de gran envergadura. Los recursos estimados para el proyecto han superado los cálculos iniciales de Xstrata Tintaya. ¿Qué significa ello? ¿Qué retos presenta para las poblaciones de la zona de influencia del proyecto minero y para la empresa?

Hay que tener en cuenta que Xstrata Tintaya cuenta con una experiencia importante como la Mesa de Diálogo de

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Tintaya, en la que se ha mantenido un espacio en el que las comunidades de una zona de influencia minera pueden dar a conocer sus expectativas y necesidades y tomar acuerdos consensuados con la empresa minera. Una experiencia de tal naturaleza ha permitido obtener lecciones aprendidas: por un lado, las comunidades han debido desarrollar su capacidad de organización y propuesta para tener una adecuada participación en el espacio de la mesa y por otro, la empresa ha debido desarrollar capacidades de negociación desde un enfoque de derechos e interculturalidad que permita entender las necesidades y expectativas de las comunidades.

Así, con esa experiencia, en la que hay muchas lecciones aprendidas, el proceso en el marco del proyecto Antapaccay debe seguir los lineamientos básicos que rigen el trabajo de la mesa de diálogo. No sería lógico que la empresa no respete los principios ganados. Por ello, han llamado la atención y causado preocupación las denuncias realizadas por las representantes del Club de Madres de la Comunidad de Alto Huarca, en las que afirman que vienen siendo hostigadas y presionadas para lograr la venta de su local.

Según el testimonio de integrantes del Club de Madres, la empresa las ha amenazado con interponer un procedimiento de servidumbre debido a la construcción de su nuevo local.

Este no es el primer caso en el que la servidumbre minera es usada como un mecanismo de presión para “facilitar” la negociación con alguna comunidad o con miembros de la misma. Definitivamente, estas denuncias deben ser atendidas y a la empresa le corresponde hacer los descargos del caso, pues se pone en riesgo un trabajo de muchos años en los que se han generado mecanismos de diálogo entre la empresa y la comunidad.

Ello adquiere mayor importancia si consideramos la transcendencia del proyecto Antapaccay para garantizar la presencia de la empresa Xstrata Tintaya en la zona. La única manera de garantizar la sostenibilidad social del proyecto es mediante el respeto de los derechos de las poblaciones y la toma de acuerdos equitativos con las mismas.

El contexto actual, marcado por el alto índice de conflictividad social. Es un indicador que muestra que las reglas de juego vigentes no han permitido una adecuada gobernabilidad democrática en las

zonas de influencia de esta actividad: actualmente, casi un tercio del total de conflictos sociales que se producen en el país están vinculados directamente a operaciones mineras. Los casos que presentamos en este nuevo informe, son un buen ejemplo de este escenario actual:

• En Apurímac el gobierno regional afronta retos importantes en tanto las concesiones siguen con una clara tendencia al crecimiento. Ello permite prever un nuevo escenario para la región y así como esta instancia regional se ha involucrado en el proceso de reubicación de la comunidad de Fuerabamba en el marco del proyecto Las Bambas, debe empezar a asumir un rol de protección de los derechos de las comunidades y poblaciones en zonas de influencia que pretenden ejecutarse en la región a ejecutarse.

Por otro lado, el conflicto con la vecina provincia cusqueña de Chumbivilcas se ha hecho evidente: así en el distrito de Haquira, las organizaciones sociales se han mostrado opuestas a la actividad minera, sea esta gran minería o minería artesanal, mientras que en Chumbivilcas, existe un importante grupo de mineros artesanales, que, al parecer. Estarían ocupando territorios de Haquira, generando malestar en su población.

• En Cajamarca, los intereses mineros continúan provocando problemas por denuncias y sentencias a líderes comunales que han buscado defender los derechos de las poblaciones afectadas. El incumplimiento de acuerdos entre empresas mineras y comunidades giraron los conflictos en la región.

• En Piura las concesiones mineras siguen aumentando, y los conflictos se han intensificado, por ello es necesario un debate serio sobre el modelo de desarrollo que debe seguir la región, teniendo en cuenta elementos como la sostenibilidad social y ambiental de las actividades a desarrollarse. Por otro lado, lamentamos los hechos de violencia en el campamento minero de la empresa Río Blanco y esperamos una investigación seria e imparcial que determine las responsabilidades del caso. Consideramos además que la propuesta de establecer una base militar en la zona no es la solución para permitir el desarrollo de un proyecto que ha mostrado claros problemas legales, ambientales y sociales.

• En Cusco, el paro en la provincia de Espinar evidencia el problema directamente vinculado con al acceso al agua pero además ha dejado claro que la preocupación por las concesiones persiste y sin embargo, el tema no se evalúa. Un claro ejemplo de ello lo constituye la provincia de Chumbivilcas en la misma región del Cusco, en la que las concesiones ocupan el 85.78 % de su territorio. Durante este periodo estuvo en el ojo de la tormenta debido a la violenta incursión al campamento de la empresa

minera Ares por parte de 300 pobladores, que exigen su participación en la extracción de los recursos minerales. Vemos entonces que la expansión de la actividad minera está teniendo como resultado la polarización de algunos conflictos y la toma de medidas más radicales por parte de la población en diferentes provincias cusqueñas.

• En Junín, uno de los temas más relevantes, durante el periodo analizado, ha sido la nueva prórroga otorgada al PAMA de la empresa Doe Run Perú. Ni los reiterados incumplimientos de las obligaciones ambientales ni la grave situación de la salud de la población de La Oroya pudieron impedir que el Gobierno ceda a las presiones de la empresa. Este caso genera un pésimo precedente pues el mensaje que se da es el de una permisividad excesiva con una empresa por demás irresponsable: se premia a una empresa que incumple sus compromisos financieros y ambientales. Por otro lado, en la zona de Morococha, al parecer, tanto el gobierno como la empresa Chinalco, han puesto el pie en el acelerador para lograr el pronto desarrollo del proyecto Toromocho. Por ello resulta fundamental hacer un seguimiento muy cercano al proceso de reasentamiento del distrito de Morococha.

Los casos abordados en el presente informe muestran un conjunto de características que aportan a entender los conflictos, pero también al análisis y al debate global sobre la problemática minera en el país. Se hace necesario implementar políticas de transparencia y acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana oportuna e informada, el respeto de los derechos de las comunidades, buscar un ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica económica, fortalecer las políticas e instrumentos ambientales, así como la fiscalización estatal, abordar los temas laborales y los problemas vinculados a los recursos hídricos, entre otros. Todos estos temas siguen siendo en gran medida los componentes de la agenda minera a trabajarse.

CuSCO COnCLuSIOnESQuinto informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú

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