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Boletín del Grupo de Trabajo

Género, (des)igualdades y derechos en tensión

#1

P A R T I C I P A N E N E S T E N Ú M E R O

Lilian SotoEleonor FaurMaría Victoria PitaStéphanie RousseauMagela Romero AlmodovarNora GorenCeleste Jerez Yamila FigueroaLiliana I. Castañeda RenteríaBetsy Baez Macias Arelys Esquenazi BorregoGraciela M. MoralesDayma EchevarríaIleana NuñezValeria LlobetMatías ÁlvarezNatalia Czytajlo

Género y (des)igualdades

Tensiones en debate

Junio 2020

Desigualdades de género en tiempos de COVID 19 en la región

Colección Boletines de Grupos de Trabajo

Director de la colección - Pablo Vommaro

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria EjecutivaNicolás Arata - Director de Formación y Producción EditorialGustavo Lema - Director de Comunicación e Información

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de PublicacionesLucas Sablich - Coordinador EditorialMaría Leguizamón - Gestión EditorialNicolás Sticotti - Fondo Editorial

Equipo

Natalia Gianatelli - CoordinadoraCecilia Gofman, Giovanny Daza, Rodolfo Gómez, Teresa Arteaga y Tomás Bontempo.ISBN 978-987-722-619-5© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

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Género y (des)igualdades : tensiones en debate / Lilian Soto... [et al.]. - 1a ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020. Libro digital, PDF - (Boletines de grupos de trabajo)

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-722-619-5

1. Mujeres. 2. Cuidado de la Salud. 3. Pandemias. I. Soto, Lilian. CDD 305.409

Coordinadoras del Grupo de Trabajo Género, (des)igualdades y derechos en tensión Andrea Daverio (Argentina) Lilian Soto (Paraguay) Nora Goren (Argentina)[email protected]

Contenido

5 Introducción

9 La pandemia y el género en la salud

Lilian Soto

15 Lógica policial o ética del cuidado

Eleonor Faur y María Victoria Pita

31 El cuidado más allá del COVID-19

Stéphanie Rousseau

35 El circuito de cuidado como profesión y las cubanas en tiempos de COVID-19Entre vicisitudes y aplausos

Magela Romero Almodovar

44 ¿Los cuidados en agenda?Reflexiones y proyecciones feministas en época de COVID-19

Nora Goren, Celeste Jerez y Yamila Figueroa

52 Mujeres, trabajo y pandemiaCuando el atlante tiene cuerpo de mujer

Liliana I. Castañeda Rentería

57 Cuba frente al coronavirus¿Es preciso hablar de desigualdad de género?

Betsy Baez Macias y Arelys Esquenazi Borrego

66 Huertos familiares como estrategia de resiliencia de las mujeres rurales en etapa de Covid-19 en República Dominicana

Graciela M. Morales, Dayma Echevarría e Ileana Nuñez

72 La niñez como peligro o el mundo como amenaza

Valeria Llobet

75 Algunas reflexiones (situadas) sobre género, Estado y política social

Matías Álvarez

82 Desafíos para ciudades equitativasDesigualdades, género y cuidados en el territorio

Natalia Czytajlo

Género y (des)igualdades: tensiones en debate Número 1 • Junio 2020

5Género y (des)igualdades: tensiones en debate Número 1 • Junio 2020

Introducción

El Grupo de Trabajo “Género, (des)igualdades y derechos en tensión” es un espacio de debate de ideas en torno de las desigualdades de género persistentes en América Latina y el Caribe y de propuestas de acciones y políticas públicas orientadas a su reducción y eliminación en la re-gión. Reúne investigadoras e investigadores de diferentes países, con di-versos perfiles disciplinarios y trayectorias académicas y de incidencia, que comparten una profunda preocupación por las brechas de género que condicionan las vidas de las mujeres y de las personas del colectivo LGBTTIQ, y la coyuntura actual se expresa claramente en los temas de debate del GT.

En efecto, la pandemia de la COVID 19, que está provocando una crisis sanitaria y humanitaria sin precedentes en el mundo hasta el momen-to, exige reflexión y práctica feminista tanto en las respuestas ante la emergencia como en la planificación y orientación de las salidas luego de la misma. Por ello, este primer Boletín del GT, “Desigualdades de gé-nero en tiempos de COVID 19 en la región” está dedicado a indagar y reflexionar en torno de algunos nudos críticos sobre los que la pandemia está impactando, profundizando las asimetrías previas a la misma y ge-nerando nuevos escenarios.

Para sumarnos a este diálogo que se ha abierto desde diferentes campos de las ciencias sociales, hemos reunido un conjunto de once aportes de integrantes del GT, que buscan la interlocución desde la urgencia situa-da en diferentes realidades, como Argentina, Cuba, México, Paraguay y Perú, en el contexto de las desigualdades estructurales de la región. Se

6 Introducción

abordan así algunos ejes que emergen como relevantes: las políticas de salud; la organización social del cuidado, desde su conceptualización a su presencia en la agenda pública; la sobrecarga del trabajo para las mu-jeres y las diferentes modalidades en condiciones de vulnerabilidad; la niñez; el rol del Estado y las políticas públicas sobre la violencia de géne-ro, y finalmente, las ciudades.

En relación con las políticas de salud, en su artículo “La pandemia y el género en la salud” Lilian Soto reflexiona en torno de la necesidad de considerar en forma diferenciada la situación de las mujeres en relación con todas las dimensiones de la salud para intervenir desde políticas pú-blicas con una mirada de género en el marco de la pandemia de COVID 19 en la región, y en particular en Paraguay. Para ello la autora analiza los principales determinantes socioeconómicos y su relación con la aten-ción y gestión de las políticas de salud.

Sobre el cuidado, Eleonor Faur y María Victoria Pita en su escrito “Lógica policial o ética del cuidado” reflexionan desde Argentina en torno de la noción de “cuidados”, dando cuenta de cómo esta categoría condensa discusiones, debates, afirmaciones, posibilidades y límites, marcando los peligros de su banalización, lo cual puede llevarnos a confundir cuidados con la vigilancia y el control ejercidos en manos de las fuerzas de segu-ridad. Por su parte, Stéphanie Rousseau, en su trabajo “El cuidado más allá del COVID-19” reflexiona respecto del “despertar de la clase media sobre la importancia del trabajo de cuidado” en Perú a partir de la asun-ción de este trabajo por parte de mujeres y varones en el contexto del COVID 19. La autora especula acerca de la necesidad de visibilizar y va-lorizar estas tareas como parte fundamental de la economía. Asímismo, Magela Romero Almodóvar, en su artículo “El circuito de cuidado como profesión y las cubanas en tiempos de COVID – 19: entre vicisitudes y aplausos” analiza y pone en evidencia los conflictos que atraviesan algunas mujeres cubanas a partir de su papel activo en el cuidado como profesión, y que justifican la necesidad de repensar los enfoques de las políticas públicas en la actual coyuntura desde una perspectiva de géne-ro y de equidad social. Desde otra perspectiva, Nora Goren, Celeste Jerez y Yamila Figueroa, de Argentina, ponen en debate, en su artículo ¿Los


cuidados en agenda? Reflexiones y proyecciones feministas en época de COVID-19, que el arribo de los cuidados a la agenda pública comprende una serie de representaciones sociales que resulta necesario identificar, así como los nuevos arreglos en los hogares que se han generado a partir de las medidas para abordar la pandemia. En este marco, comparten re-sultados de una investigación que muestra los cambios que se han pro-ducido en el Gran Buenos Aires y hacia quiénes va dirigido el imaginario sobre cuidados, reforzando los estereotipos de género, y proponen re-flexionar sobre otros reconocimientos necesarios.

En relación con el trabajo, Liliana Castañeda, de México, en su escri-to “Mujeres, trabajo y pandemia: cuando el atlante tiene cuerpo de mujer” focaliza su reflexión en las mujeres trabajadoras madres, dando cuenta de la sobrecarga de tareas y esfuerzos que suponen las medidas de teletrabajo y confinamiento en las casas, que se suman para sobre exigir a las mujeres. Aborda también la romanización del “quédate en casa”, sin considerar lo agotador que resulta para las mujeres “ser la bue-na madre y la buena compañera, y la empleada productiva, y la cuidadora amorosa y la experta en limpieza” y alerta a que analicemos estos temas para no permitir que como resultado de esta crisis aumenten las des-igualdades de género y se vulneren aún más los derechos de las mujeres y las niñas. Por su parte, Betsy Báez Macias y Arelys Esquenazi Borrego, en su texto Cuba frente al coronavirus: ¿es preciso hablar de des-igualdad de género? abordan la relevancia del trabajo no remunerado para la sostenibilidad de la vida y cómo las medidas para afrontar la pan-demia pueden suponer la potenciación de las desigualdades de género en términos de aumento de la “pobreza de tiempo” de las mujeres y de aumento de la violencia y proponen pensar estas consecuencias de la crisis en términos de acción colectiva, mayor solidaridad social, corres-ponsabilidad y construcción de sistemas de cuidados. Desde otra dimen-sión del trabajo, Graciela M. Morales, Dayma Echevarría, Ileana Nuñez, en Huertos familiares como estrategia de resiliencia de las mujeres rurales en etapa de Covid-19 en República Dominicana, dan cuenta de que si bien el virus no discrimina, existen determinantes sociales, culturales y económicos que sitúan a grupos sociales en condiciones de

8 Introducción

alta vulnerabilidad. Y comparten la experiencia de “huertos familiares, como una forma posible de otra forma de ser y de vivir, en pos de pensar el devenir de la historia.

Por su parte, en su artículo “La niñez como peligro o el mundo como amenaza” Valeria Llobet invita a reflexionar en torno de una serie de preguntas sobre las múltiples realidades de les niñes en contextos de cuarentena, según sus condiciones socioeconómicas y familiares, que confluyen en la búsqueda de su mirada como protagonistas privilegia-des. Matías Álvarez en Algunas reflexiones (situadas) sobre género, Estado y política social reflexiona sobre el lugar del Estado en el con-texto del COVID-19 y sobre las transformaciones en las formas estatales de abordaje de las situaciones de violencia de género a nivel local. Así mismo, analiza las implicancias subjetivas para las personas involucra-das en estas actividades, los límites de tiempos y los desafíos a futuro. Fi-nalmente, Natalia Czytajlo, de Argentina, alerta, en su escrito “Desafíos para ciudades equitativas”, sobre la crisis de las ciudades en el contex-to de la pandemia, levanta preguntas claves sobre cuán preparados están los hogares y los equipamientos urbanos para situaciones como la que vivimos, y propone la necesidad de analizar el hábitat y la vivienda y de repensar la política urbana poniendo en el centro la vida y los cuidados.

Esperamos, con este conjunto de trabajos, aportar al debate que se está produciendo en los diversos GT de CLACSO y en diferentes ámbitos de toda nuestra región, en tiempos en que la reflexión y la acción son nece-sarias y urgentes.


La pandemia y el género en la salud*1

Lilian Soto**

Mientras en los ámbitos científico-médicos se busca develar y encontrar certezas sobre la fisiopatología del virus que ocasiona la COVID 19, y de-sarrollar los tratamientos que frenen su expansión, así como la vacuna específica, en la esfera de las políticas públicas se revela más importante que nunca la mirada de género en todas las dimensiones de la salud: determinantes socioeconómicos, situación, gestión y atención. Es decir, es necesario analizar diferenciadamente lo que está sucediendo en: 1) el acceso y control sobre los recursos que hacen posible el ejercicio del derecho a la salud (alimento, vivienda, ambiente sano, educación, infor-mación, trabajo, remuneración, tecnologías y servicios) y en cómo esto impacta en las mujeres en este tiempo; 2) las tasas de morbilidad y mor-talidad causadas por el virus, desagregadas por sexo, y por otras patolo-gías que se ven afectadas por la focalización del sistema de salud en la pandemia, así como sus causas y consecuencias; 3) las implicancias para

* Publicado en CDE Informativo Mujer Especial COVID 19 http://www.cde.org.py/tiempodecoronavirus/2020/04

/20/la-pandemia-y-el-genero-en-la-salud/

** Política, socialista y feminista. Doctora en Medicina por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Master

en Administración Pública por la Universidad de Ohio, EEUU y Diplomada en Presupuestos Públicos pro Equidad

de Género por la FLACSO de México. Ocupó cargos de responsabilidad gremial, político-partidarios y públicos. Se

dedica al campo de las ciencias sociales como investigadora y consultora en temas referidos a género, políticas

públicas y administración pública. Es autora y coautora de publicaciones sobre participación política de las mujeres,

trabajo doméstico remunerado, liderazgo de las mujeres, partidos políticos, gestión pública y políticas públicas. Es

co-coordinadora del Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión/

10 La pandemiay el género en la salud LILIAN SOTO

las mujeres de los arreglos para la gestión de la salud –quiénes deciden y proveen salud y en qué condiciones se produce la provisión de los servi-cios de salud en las circunstancias actuales-; y 4) la accesibilidad, dispo-nibilidad y utilización de los servicios de salud y en cómo esto afecta de forma específica a las mujeres ante el direccionamiento de los sistemas de salud a enfrentar la crisis causada por el virus.

Con respecto de la primera dimensión, la focalización de las medidas para afrontar la pandemia se orienta a la prevención y ello implica medi-das de higiene y distanciamiento social; la posibilidad de cumplimiento de estas disposiciones tiene una clara relación con los determinantes socioeconómicos. Estos son factores referidos a los ingresos y a la exis-tencia de aspectos básicos indispensables para un ambiente saludable, como el agua, la tierra, la vivienda adecuada, configurando el medio en el cual las personas estructuran y desarrollan sus vidas, y del que de-penden para un completo bienestar. La posición de subordinación de las mujeres en las sociedades las colocó en situación de escaso control sobre estos determinantes, y paradójicamente, las convierte en quienes cargan con el mayor peso cuando existen precariedades relacionadas a estos factores. Por ejemplo, la falta de agua potable, de luz eléctrica, y otras privaciones, hace que las mujeres deban acarrear agua de pozos y canillas comunes, o juntar y trasladar leña para cocinar si no hay cocina moderna y no cuenten con electrodomésticos que les faciliten las tareas del hogar. Estas dificultades se convierten en factores de riesgo en tiem-pos de COVID cuando se indica un aislamiento incumplible debido a las carencias.

Con relación a los ingresos, también resultan claras las desventajas de grupos específicos de mujeres como las trabajadoras domésticas. Para muchas de las más de 200.000 mujeres de Paraguay1 que se dedican a

1 La Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC)s, en sus resultados del 3er. Trimestre de 2019, reporta que

existen 269.191 personas dedicadas al empleo doméstico. Disponible en https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/

Biblioteca/EPHC2019/Tercer%20Trimestre/Presentacion%20EPHC_3erTrim2019.pdf


este tipo de empleo, mayoritariamente en la informalidad2, el cumpli-miento de las medidas de distanciamiento puede significar la pérdida del empleo sin las compensaciones proveídas por la seguridad social, por lo que puede ser preferible para muchas asumir los riesgos de contraer el virus antes que cumplir las medidas de cuarentena. Para las mujeres trans, las dificultades se vuelven aún más pesadas pues a la clausura de sus escasas fuentes de ingreso que en muchos casos eran obtenidos del trabajo sexual, se suma la discriminación que les obstaculiza mu-cho más obtener apoyos para el sustento diario. Las mujeres indígenas constituyen otro de los grupos con múltiples dificultades en esta esfera, para ellas se superponen las exclusiones, la mayoría se encuentra en situación de pobreza y con escasas posibilidades de obtener ingresos. Todo lo expresado indica la importancia de que, en estos tiempos, se identifiquen las desigualdades de partida de las mujeres con relación a los determinantes de la salud , se analice por sexo la pérdida de empleos e ingresos en cada sector, a fin de registrar si hay algunos en los que se vean afectadas específicamente las mujeres, y se actúe sobre todo esto con medidas económicas y sociales que las habiliten a cumplir plena-mente con las disposiciones de prevención: acceso al agua, a viviendas adecuadas, a ingresos económicos suficientes para no salir a buscar el sustento, entre otras.

Con relación a la situación de la salud, es necesario analizar la morbi-mortalidad propia de la afección COVID19 donde los datos indican que a nivel global afecta a hombres y mujeres por igual3, mientras que en Para-guay esta relación es que del total de personas con COVID19 positivo: un 49% son mujeres y un 51% hombres4, al 15 de abril de 2020. En cambio, la mortalidad está siendo más alta en los hombres, lo cual probablemente esté asociado, de acuerdo con diversos análisis, a patologías o inmuno-deficiencias preexistentes y prevalentes en la población masculina, tales

2 De acuerdo al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), apenas 7% de las empleadas domésticas

están registradas en el Instituto de Previsión Social (IPS). Ver en https://www.abc.com.py/nacionales/2019/07/03/

bacigalupo-apenas-el-7-de-las-empleadas-estan-inscriptas-en-el-ips/

3 https://gacetamedica.com/investigacion/afecta-por-igual-el-covid-19-a-hombres-y-mujeres/

4 https://twitter.com/msaludpy/status/1250829104615698435/photo/1


como el tabaquismo, entre otras. A medida que se desarrolle la pande-mia es necesario hacer el seguimiento sobre cómo van siendo afectados hombres y mujeres, con un especial monitoreo de poblaciones específi-cas como la de enfermería, constituida mayoritariamente por mujeres. Por otra parte, la situación de la salud con mirada de género implica pensar en lo que está sucediendo con otras patologías o necesidades de salud de las mujeres, considerando la prevalencia en ellas de enferme-dades como el cáncer de mama o de útero, cuya atención pudiera estar afectada por la focalización del sistema de salud en la pandemia. A esto hay que sumar el análisis sobre los efectos en la salud de las múltiples es-trategias que se están desarrollando para cubrir las necesidades básicas de alimentación en las zonas marginalizadas de las ciudades, donde se multiplican las ollas y los comedores populares promovidos por mujeres, supliendo las ineficiencias estatales para resolver este problema cen-tral desencadenado por las medidas implementadas. En Paraguay esto sucede en innumerables comunidades 5, con aglomeraciones de criatu-ras y personas adultas en búsqueda de un plato de comida, lo que hace necesario monitorear su desarrollo y extremar las estrategias para que las poblaciones empobrecidas no acaben siendo las más afectadas en su búsqueda de supervivencia ante todo lo que desata la pandemia.

En la dimensión de gestión de la salud es necesario contemplar la escasa capacidad de incidencia de las mujeres en las decisiones sobre la pro-visión de los servicios de salud, a pesar de que la mayor parte de estos, tanto formales como no formales, son proveídos por las mujeres. Los da-tos indican que en América Latina y el Caribe las mujeres constituyen el 70% de las y los trabajadores en el sector salud y social, y 9 de cada 10 del sector de enfermería6. Sin embargo, no es frecuente ver a mujeres en los momentos de la toma de decisiones sobre la pandemia en el sector salud, como es en el caso de Paraguay, donde ellas brillan por su ausencia en el

5 Ver información en https://www.eldiario.es/sociedad/Ollas-populares-solidarias-resistencia-

Paraguay_0_1015249102.html; https://npy.com.py/2020/04/a-ollas-populares-asi-sobreviven-los-mas-afectados-

con-la-cuarentena/

6 Gender Equity in the health worfkforce: Analysis in 104 countries. Disponible en https://apps.who.int/iris/

bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf


debate público sobre las medidas sanitarias. La presencia de una mayoría femenina en el sector implica que las políticas de protección al personal de salud son claves para las mujeres; por ejemplo, si no hay provisión suficiente y adecuada de equipos de protección personal (EPP) al sector salud, serán ellas las más afectadas. En términos no formales de servicios de salud, estos están relacionados principalmente con los cuidados. En este ámbito, son generalmente mujeres las gestoras y proveedoras de atención dentro de la familia y la comunidad y de forma gratuita, por lo que la ausencia de una mirada de género puede estar obviando las consecuencias de las medidas de aislamiento en los hogares cuando las circunstancias pueden ser propicias incluso para el fomento de la co-rresponsabilidad en las tareas de cuidados. A esto debe sumarse que la tendencia de las mujeres a ser cuidadoras de personas enfermas, tanto en entornos de atención de la salud como en el hogar, puede exponerlas más a la infección, por lo que esto debe ser objeto de atención7. Además, debe analizarse las consecuencias de la medida de suspensión de cla-ses y actividades propias de niñas/os y adolescentes en el empleo de las mujeres y en las responsabilidades de cuidado en el hogar, lo que puede significar, además de perdidas económicas, una sobrecarga de tareas y estrés con los consecuentes impactos en la salud, por lo que es necesario que desde las políticas públicas se diseñen las medidas adecuadas para abordar esta situación.

Finalmente, en términos de atención de la salud, es sabido que las mu-jeres son quienes hacen mayor uso de los servicios de salud públicos por diversas razones, tanto para su propia utilización, debido a aspectos de la salud referidos a la reproducción, con toda la morbimortalidad que ello puede acarrear, como por necesidad de sus hijos e hijas y de otros familiares a quienes acompañan a los servicios. Son ellas las que llevan a niños, niñas y personas ancianas a consultas, y se ocupan de acompa-ñar también a personas enfermas de sus comunidades a los hospitales. A esto debe sumarse la utilización de los servicios de salud ante daños causados por la violencia hacia las mujeres y las niñas –física, psicoló-gica y sexual–. En este marco, cabe preguntarse cuáles están siendo las

7 UNDP COVID 19 responses: Gender and COVID-19 outbreak: Communications key messages


consecuencias de la crisis en este acceso de las mujeres a los servicios de salud ¿las está afectando de alguna manera que agrava sus condiciones? También es necesario vigilar las respuestas de los servicios de salud ante temas de salud sexual y reproductiva y de violencia: ¿Están disponibles durante la crisis los recursos para la salud reproductiva y sexual tales como los anticonceptivos y la píldora del día después? Y con relación a la atención a mujeres que viven violencia, es importante monitorear el funcionamiento de los servicios: ¿Están funcionando los protocolos de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia? ¿Existen alertas y disposiciones claras para el personal de salud ante los casos de violen-cia? ¿Existe capacidad del personal de salud para identificar situaciones de violencia contra las mujeres y las niñas en situación de aislamiento en el hogar con sus agresores? Estas últimas preguntas son claves, dado que los datos indican el aumento de los casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena; en Paraguay el crecimiento ha sido de entre el 10 y el 15%, según los reportes de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y el Hospital del Trauma8.

En suma, la mirada de género en el ámbito de la salud es indispensable ante la crisis que estamos viviendo y no puede ser obviada. Las históricas desigualdades de poder de las mujeres y los roles que las sociedades les han asignado, pueden hoy exponerlas a riesgos y vulnerabilidades ma-yores en todas las dimensiones de la salud. Por tanto, las políticas públi-cas que se están desarrollando, muchas de ellas con dinámicas de prueba y error, deben contemplar la variable de género y ocuparse de diseñar las medidas necesarias para que la pandemia no afecte a las mujeres con cargas superpuestas.

8 Ver los siguientes links: https://www.ultimahora.com/policia-registra-aumento-violencia-familiar-cua

rentena-n2876484.html; https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/2020/03/30/casos-de-

violencia-familiar-aumentan-de-manera-preocupante-en-el-2020/; https://lavozdigital.com.py/noticia.php?id=28

818&id_categoria=10


Lógica policial o ética del cuidado*9

Eleonor Faur** y María Victoria Pita***

Carolina sale del trabajo en dirección a su casa. Cuida a una señora mayor con discapacidad. La asiste en distintas actividades cotidianas, la ayuda a vestirse, a limpiar. Se turna con una segunda cuidadora, entre ambas cubren la semana completa. Ya pasaron cuatro días desde que se declaró la obligatoriedad de la cuarentena. Un control policial la detiene en el conurbano. Carolina presenta la declaración jurada como trabajadora del cuidado, prolijamente transcrita a mano y firmada por su empleadora, y muestra también la copia del certificado de discapacidad de la señora.

–El documento tiene que ser de computadora, ¿cómo sé que no escribiste esto vos? – increpa el agente.

Carolina le explica que claro que no lo inventó. El oficial la deja pasar de mala gana, le advierte que la próxima vez debe llevar el documento oficial impreso. Dos días más tarde, Carolina repite el trayecto. Esta vez, lleva el formulario “de computadora”. Cuando la paran, como parte del control de rutina, será otro el

* Publicada en http://revistaanfibia.com/ensayo/logica-policial-etica-del-cuidado/

** Doctora en Ciencias Sociales. Profesora IDAES-UNSAM. Investigadora CIS-IDES. Investiga y publica sobre

cuidados, géneros y políticas públicas. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos

en tensión”.

*** Doctora en Antropología. Investigadora independiente del CONICET. Integra la coordinación del Equipo de

Antropología Política y Jurídica en el Instituto de Ciencias Antropológicas de Filosofía y Letras/UBA. Es profesora

asociada en Filosofía y Letras/UBA y docente y miembro de la Comisión del Doctorado en Derechos Humanos/

UNLa. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

16 Lógica policial o ética del cuidado ELEONOR FAUR Y MARÍA VICTORIA PITA

16

agente que dude de la autenticidad del documento. La mujer argumenta: “¿No ve que es la misma firma del nombre del certificado?”. El policía responde que no puede circular, que debe elegir adónde se va a quedar: si en su casa o en su trabajo. Frente a la mera posibilidad de ser detenida, que se suma a la angustia de un probable contagio del Coronavirus, decide no volver a salir y quedarse en su casa. Carolina tiene casi cincuenta años, nació en Paraguay y vive en Ar-gentina desde hace décadas. Carolina es un nombre ficticio, como todos los que incluimos en este texto. Sus historias no lo son.

En el contexto excepcional en el que vivimos, las policías y fuerzas de segu-ridad fueron llamadas para controlar el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pocas veces fue tan claro que hay un “bien común” para cuidar: la salud y las vidas. Sabemos también que algunos cuerpos son más vulnerables que otros, de modo que cuanto menos contraigamos el virus en simultáneo, más vidas se salvarán. La indicación es “quedarse en casa”, ¿y quién mejor que los que ejercen el poder policial para garantizar su cumplimiento? Poseen una amplia expansión territorial, cuentan con delegación del poder y autoridad del Estado y también con el mandato del uso potencial y concreto de la fuerza. La idea cierra por todos lados. Lo que resulta sorprendente es que a esas tareas hoy se las denomine “cuidado”. ¿Las policías nos cuidan? ¿O estamos banalizando la noción de cuidado?

El control y el cuidado

El poder de policía es propio de los Estados nacionales contemporáneos. Inclu-ye el establecimiento y ejercicio de autoridad, la regulación de la vida y la ad-ministración de las poblaciones. Parte de ese poder –con sus variaciones histó-ricas y locales– se transfiere a la institución policial y a las fuerzas de seguridad –que aquí llamamos “las policías”–. ¿Su función? Garantizar el “orden social” a través del control, la vigilancia, la asistencia al poder judicial –en particular cuando se trata de investigar– y la posibilidad de ejercer la violencia. En esa transferencia se distingue el poder de policía del Estado del poder policial de las fuerzas de seguridad. Un poder de amplio alcance nacional aun cuando presen-ta perfiles locales diferenciados. Un poder que, en nuestra historia, cuenta con demasiados ejemplos de actuaciones represivas –muchas veces ilegales–. No


es una novedad decir que la violencia y la seguridad se distribuyen de manera desigual: con demasiada frecuencia, las fuerzas de seguridad controlan a las clases populares mientras protegen -¿cuidan?- a los grupos más acomodados.

Martín no llega a los treinta. Le toma el pulso a la vida en la Villa 21-24, donde vive desde que nació. Lleva diez años como responsable de un Centro Cultural del barrio. Gestiona el merendero que organiza el Movimiento Evita, y actúa como referente de la Campaña contra la Violencia Institucional.

–Cada día, a partir de las cuatro de la tarde, las fuerzas de seguridad andan a las patadas con los pibes. Los corren, les dicen ‘tomatelás’. Los prefectos están en su salsa porque tienen el poder absoluto. A los pibes con los que hay bronca previa los descansan más. Yo les digo a los pibes, sobre todo a los que tienen sus berretines, que no se regalen; ellos van aceptando, pero es difícil.

Cuando comenzó la cuarentena obligatoria las fuerzas de seguridad, en algu-nos casos, instaban a las mujeres que llevan adelante comedores comunitarios a cerrar las puertas para que el virus no se propague; ordenaban a jóvenes con consumos problemáticos que deambulan –desesperados por su adicción–, a meterse en las casas; impedían que los vendedores ambulantes trabajen en el barrio, acusaban de falsificar documentos a quienes se desplazan horas para ir a trabajar.

Waldemar, 34 años, es referente del Movimiento Barrios de Pie en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires:

–Lo que impacta es ver la cantidad de milicos. La policía de la ciudad anda en grupos de a tres, con barbijos y guantes. Si antes veías a 4 o 5 ahora ves más de 20, y patrulleros. Hay abusos, sobre todo con personas en situación de calle.

Las policías emplazadas en los barrios y los efectivos que se desplazaron para reforzar la vigilancia hacen, en gran medida, lo que saben hacer: controlar, dar órdenes, sospechar; y también, obligar y/o intentar impo-ner autoridad.

La presencia de las fuerzas despierta más temor que tranquilidad.


–La Prefectura empezó a pasar con un megáfono y la gente le tiene miedo a la Prefectura, cuenta Esther.

Es militante de una red de mujeres y disidencias de la villa 21-24 y re-ferente del Frente Popular Darío Santillán. Miedo al virus y miedo a la policía son algunas de las sensaciones que circulan en los barrios.

Laura, referente del Frente Darío Santillán en Villa Fiorito, sintetiza:

–La gente sabe que hay que cuidarse, pero haría falta más información y presencia de salud, porque hay más vigilancia que cuidado. La gente por ahora aguanta, pero se siente encerrada, como en la cárcel. Y cuando la policía pasa diciendo que se metan adentro lo toman a mal. La patrulla pasa por las tardes y a la noche.

El orden social –incluyendo la seguridad pública– puede, para algunes, asociarse con el cuidado como lugar común, como significante vacío que prolifera y se resignifica en la multiplicidad de una enunciación –hoy más frecuente que nunca–. En paralelo, para otres, se manifiesta como sinónimo de “más violencia”.

Al preguntarle a Luciana, referente del Movimiento Evita de San Martín, cuáles podrían ser las dificultades de la comunidad si se extendiera la cuarentena:

–Lo peor sería que haya contagiados e ingrese la policía. Ahí se pudre todo. El barrio tiene memoria y la de la policía es la de lxs pibes muertos.

En el ejercicio del poder policial, el pasaje de la discrecionalidad a la arbi-trariedad –incluyendo las prácticas del “descanso”- son parte del reper-torio conocido. Al hacerlo, se remueven memorias de violencias que ha-cen a las experiencias de los sectores más subordinados de la sociedad. ¿La policía sabe cuidar? Tal vez sea en este punto donde radica el dilema.


¿A qué llamamos cuidar?

Hay palabras que no sólo son palabras. Son categorías conceptuales, con-densan muchas discusiones y debates, definen problemas teóricos que iluminan lecturas de lo social. El cuidado es una de ellas. La banalización del concepto puede llevar hasta extremos insospechados. No hace tanto tiempo, la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich hablaba de “cuidar a quienes nos cuidan” para defender la “doctrina Chocobar”. Invirtiendo la antigua fórmula que se pregunta ¿quién vigilará a quienes nos vigilan? y ante un caso de violencia policial –que se tornó conocido por el nombre del victimario y no el de la víctima– la ex Ministra capturó la noción de cuidado de manera capciosa. Cuidar –en ese contexto– se convertía en sinónimo de ofrecer impunidad a lxs agentes que violan derechos funda-mentales –que matan a mansalva a un ciudadano–.

Algunas de las discusiones más profundas en torno al cuidado lo com-prenden como una disposición que, lejos de ser instintiva o “natural”, se aprende, se practica y se perfecciona en su mismo ejercicio. Se trata de una actividad que incluye cuidados físicos, emocionales y sociales, indis-pensables para el bienestar humano en la medida que permiten mante-ner y reparar nuestra propia vida, nuestros vínculos y nuestro entorno. Si hilamos más fino, cuidar a otrx no implica acallar su subjetividad ni negar sus derechos. Por el contrario, es en el reconocimiento del otrx en donde se construye una ética que va más allá de la actividad mate-rial (alimentar, educar o bañar a alguien) para ingresar en un entorno de sentidos e interacciones más sutiles. Ese ejercicio que garantiza y al mismo tiempo supera el sostenimiento de cuerpos, para otorgar un plus de dignidad a los sujetos.

La experiencia del cuidado social es permanente entre quienes viven en los barrios populares y villas. “Qué es la pandemia circula de boca en boca, o por grupos de whatsapp; los comedores son lugares donde la gente se entera y pide ayuda”, dice Martín. Miles de mujeres llevan adelante comedores comunitarios, consiguen mercadería, preparan los alimentos, los distribuyen, se preocupan por la dificultad de cumplir con el aislamiento obligatorio. Casas precarias, demasiado pequeñas para


familias numerosas, necesidad de recoger agua en una canilla cercana, falta de retretes, comedores que no dan abasto porque deben atender a mucha más gente que antes de la pandemia, cuando lxs cartonerxs, feriantes y otrxs trabajadores de changas podían juntar unos pesos para el día a día.

En esos barrios, las redes de cuidado no han cambiado: lxs referentes co-munitarixs (muchas veces, mujeres) dan contención mientras intentan, con enorme dificultad, lidiar con sus propias carencias. Gimena, líder de Villa Fiorito, referente de “Ni Una Menos” local y responsable de dos co-medores, relata sus dificultades para salir a comprar comida porque en el supermercado chino que recibe la tarjeta alimentaria como forma de pago, suele haber cuatro cuadras de cola. Hacer las compras supondría unas 5 horas afuera de la casa y entre sus 6 hijxs hay una beba de un año que no puede salir con ella ni quedar a cargo de sus hermanxs.

En los barrios hay información, noción del peligro y estrategias comuni-tarias de cuidado. Al mismo tiempo, se convive con prácticas de control y vigilancia, modalidades de policiamiento no del todo nuevas, no des-conocidas pero que han adquirido un plus de poder.

El control no es cuidado. La vigilancia tampoco.

Presentar el control y la vigilancia como actividades de cuidado supone, en cierto modo, un esfuerzo desmedido por valorar de manera positiva prácticas más o menos productivas a la hora de sostener un orden social determinado. Es casi un oxímoron. No es que la violación de derechos sea propia (e inevitable) entre las policías, ni tampoco que creamos que quienes trabajan en las fuerzas de seguridad carezcan de la disposición de cuidar “por naturaleza”. Pero es sa-bido que en la propia socialización de la fuerza policial, se condensa un apren-dizaje que va a contrapelo de este ejercicio, y mucha de la casuística disponible en el país da cuenta a lo largo de los años de prácticas abusivas.

Como sea, ni control ni vigilancia suponen, necesariamente, cuidado. En todo caso se trata de tecnologías sociales que son formas de gobierno y producción de orden social. Así como el cuidado se aprende, el ejercicio de la fuerza policial


también constituye un aprendizaje: el de vigilar y, a veces, el de someter. Y esas son prácticas que están inscriptas en los cuerpos de los sectores populares. De modo que la distancia entre el deber ser –o del deseo de cómo quisiéramos que sea– y lo que realmente es se torna abismal. Porque las prácticas del cuidado no se dan en el vacío.

No es posible pensar cuidados, o al menos no en el corto plazo, donde hasta ayer hubo humillación, destrato y violencias. Las experiencias sociales no se pueden desandar ni “reorientar” de acuerdo a intenciones y a voluntarismos desencarnados. Lo que ocurre, lo que se hace aún con todo lo nuevo que se inventa para cambiar las cosas, no puede prescindir de lo pre-existente, la his-toria, las memorias. Hay historias, tramas de relaciones, violencias históricas, enemistades inveteradas, cuentas pendientes. Y, por lo demás, hay mucha gen-te y muchas organizaciones que saben qué hacer, cómo organizarse y cómo cuidarse; después de todo es lo que vienen haciendo hace muchos años.

Las múltiples caras del Estado

Como advirtió Guillermo O’Donnell, los Estados Modernos tienen múltiples ca-ras. Si su faz represiva alude al control y a la vigilancia, su faz democrática es capaz de admitir, respaldar, albergar y dar lugar a la expansión de ciudadanías ancladas en derechos civiles, sociales y culturales. Ciudadanías que exigen y propician la generación de políticas públicas.

Eso que se llama “El Estado” no es un supra ente autónomo y dueño de una racionalidad total, antes bien es como solía decir Boaventura de Sousa Santos “una miríada de burocracias mal integradas”, cada una con sus racionalidades, lógicas, aspiraciones y objetivos institucionales. Lo que parece estar en la de-manda popular es una intervención estatal ligada a la faz democrática del Esta-do, más cercana a los cuidados que al control y la vigilancia.

Mitificados como actividad femenina (y “maternal”), la responsabilidad de cui-dar fue tempranamente asignada a los hogares (y, dentro de éstos, a las mu-jeres). En estos días, como nunca antes, la agenda urgente de los feminismos reclama su reconocimiento, su redistribución y su socialización. ¿Eso significa


que el Estado se “maternalice”? No. Imprescindibles como son, los cuidados arrastran desigualdades de género que necesitamos desandar. Es necesario que las políticas de cuidado eviten la sinonimia madre=cuidado que fortifica/forta-lece y provee a todos los lugares comunes que glorifican la maternidad como lugar de abrigo, alimento y protección. Asociación que no ha hecho más que desvalorizar la tarea de cuidado y desprestigiar a quienes la realizan.

Como sea, hoy el Estado, gestionado por el gobierno, se ha manifestado de di-versas formas, con distinto tipo de intervenciones públicas, hablando diferen-tes lenguajes y con variadas presencias sociales.

Cuando despliega su faz democrática, el Estado es capaz de fortalecer la pro-visión de cuidados. Lo hace, por ejemplo, cuando ofrece licencias para quienes viven con niñes en edad escolar, cuando se otorga subsidios para quienes per-tenecen a los sectores más pobres y ahora quedaron sin ingresos. También lo hace cuando activa modos de comunicación que respetan la inteligibilidad de sus destinatarios, transmitiendo una pedagogía del cuidado. Modos como los que, a diario, propone la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Hay una gran trama de organizaciones e instituciones que trabajan desde hace años para que la policía respete los derechos humanos. Una policía que se in-cluya en las políticas de cuidado en el contexto de la pandemia podría orientar a la ciudadanía en la incertidumbre, gestionar la atención de situaciones de violencia de género y abusos intrafamiliares, integrarse a las intervenciones de otras agencias estatales como salud o desarrollo social, sumarse a las redes de asistencia para distribuir agua o viandas en las casas y que en ese ejercicio facilite el cumplimiento de las medidas de aislamiento social y contribuya a la fluidez de las redes de cuidado social existentes en los barrios. Tal vez se trate, como hace Martín, de leer atentamente lo que pasa y tomarle el pulso a la vida de los sectores populares.


***

Carolina salió del trabajo en dirección a su casa. Cuida a una señora mayor con discapacidad. La asiste en distintas actividades cotidianas, la ayuda a vestirse, limpia la casa. Se turna con una segunda cuidadora, en-tre ambas cubren la semana completa. Habían pasado cuatro días desde que se declaró la obligatoriedad de la cuarentena. Un control policial la detiene en el conurbano. Carolina presenta la declaración jurada como trabajadora del cuidado, prolijamente transcrita a mano y firmada por su empleadora, y la copia del certificado de discapacidad de la señora. El agente la increpa: El documento tiene que ser de computadora ¿cómo sé que no escribiste esto vos? Ella explica que claro que no lo inventó, el oficial la deja pasar de mala gana, no sin advertir que la próxima vez debe llevar el documento oficial impreso. Dos días más tarde, Carolina repite el trayecto. Esta vez, lleva el formulario “de computadora”. Cuan-do la paran para el control de rutina, será otro el agente que dude de la autenticidad del documento. La mujer argumenta: ¿no ve que es la misma firma del nombre del certificado? El policía responde que no pue-de circular, que debe elegir adónde se va a quedar: si en su casa o en su trabajo. Frente a la mera posibilidad de ser detenida, que se suma a la angustia de un probable contagio, decide no volver al trabajo. Carolina tiene alrededor de cincuenta años, nació en Paraguay y vive en Argen-tina desde hace décadas. Carolina es un nombre ficticio, como todos los que incluimos en este texto. Sus historias no lo son.

En el contexto excepcional en que vivimos, pandemia del Coronavirus y medidas de aislamiento social preventivo, las policías y fuerzas de se-guridad fueron llamadas para controlar el cumplimiento de esta medida. Pocas veces fue tan claro que hay un “bien común” para cuidar: la salud y las vidas, sabemos también que algunos cuerpos son más vulnerables que otros, de modo que cuanto menos contraigamos el virus, más vidas se salvarán. Entonces, la indicación es “quedarse en casa” y ¿quién mejor que los que ejercen el poder policial para garantizar el cum-plimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio? Poseen una amplia expansión territorial, cuentan con delegación del poder y autoridad del Estado y también con el mandato del uso potencial


y concreto de la fuerza. La idea cierra por todos lados. Lo que resulta sorprendente es que a esas tareas hoy se las denomine “cuidado”. ¿Las policías nos cuidan? ¿O estamos banalizando la noción de cuidado?

El control y el cuidado

El poder de policía es propio de los Estados nacionales contemporá-neos. Incluye el establecimiento y ejercicio de autoridad, la regula-ción de la vida y la administración de las poblaciones. Parte de ese poder –con sus variaciones históricas y locales– se transfiere a la institución policial y a las fuerzas de seguridad –que aquí llamamos “las policías”–. ¿Su función? Garantizar el “orden social” a través del control, la vigilancia, la asistencia al poder judicial –en particular cuando se trata de investigar– y de la posibilidad de ejercer la vio-lencia. En esa transferencia se distingue el poder de policía del Estado del poder policial de las fuerzas de seguridad. Un poder de amplio al-cance nacional aun cuando presenta perfiles locales diferenciados. Un poder que, en nuestra historia, cuenta con demasiados ejemplos de ac-tuaciones represivas –muchas veces ilegales–. No es una novedad decir que la violencia y la seguridad se distribuyen de manera desigual: con demasiada frecuencia, las fuerzas de seguridad controlan a las clases populares mientras protegen -¿cuidan?- a los grupos más acomodados.

Con menos de treinta años, Martín le toma el pulso a la vida en la Villa 21-24, donde vive desde que nació. Lleva diez años como responsable de un Centro Cultural del sector donde vive, gestiona el merendero que or-ganiza el Movimiento Evita y actúa como referente de la Campaña con-tra la Violencia Institucional del barrio. “Cada día, a partir de las cuatro de la tarde, las fuerzas de seguridad andan a las patadas con los pibes –digo verbalmente porque todavía no hay detenidos, ni violencia direc-ta– pero los corren, les dicen ‘tomatelás’. Los prefectos están en su salsa porque tienen el poder absoluto. A los pibes de la esquina, o a algunos con los que hay bronca previa… bueno, a esos los descansan más. Yo les digo a los pibes, sobre todo a los que tienen sus berretines, que no les den la oportunidad de que los descansen, que no se regalen; y ellos van


aceptando, pero es difícil porque es como que ahora ellos [los prefectos] tienen todo el poder.”

Las fuerzas de seguridad, en algunos casos, instan a las mujeres que llevan adelante comedores comunitarios a cerrar las puertas para que el virus no se propague; ordenan a jóvenes con consumos problemáticos que deambulan –desesperados por su adicción–, a meterse en las casas; impiden que los vendedores ambulantes trabajen en el barrio, acusan de falsificar documentos a quienes se desplazan horas para ir a trabajar.

“Lo que impacta –dice Waldemar, 34 años, referente del Movimiento Ba-rrios de Pie en la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires– es ver la cantidad de milicos, hay mucha presencia de las fuerzas de seguridad, acá es la policía de la ciudad que andan en esos grupos de a tres, con barbijos y con guantes. Si antes veías a 4 o 5 ahora ves más de 20 y patrulleros. An-dan en la entrada del barrio y en la zonas más conflictivas y hay abusos, sobre todo con personas en situación de calle.” Las policías emplazadas en los barrios y los efectivos que se desplazaron para reforzar la vigilan-cia hacen, en gran medida, lo que saben hacer: controlar, dar órdenes, sospechar; y también, obligar y/o intentar imponer autoridad.

La presencia de las fuerzas despierta más temor que tranquilidad. “La Prefectura empezó a pasar con un megáfono y la gente le tiene miedo a la Prefectura”, nos cuenta Esther, militante de una red de mujeres y disidencias de la villa 21-24 y referente del Frente Popular Darío Santi-llán. Laura, vecina de Villa Fiorito sintetiza “la gente sabe que hay que cuidarse, pero haría falta más información y presencia de salud, porque hay más vigilancia que cuidado. La gente por ahora aguanta, pero se siente encerrada, como en la cárcel. Y cuando la policía pasa diciendo que se metan adentro lo toman a mal. La patrulla pasa por las tardes y a la noche”.

El orden social –incluyendo la seguridad pública– puede, para algunes, asociarse con el cuidado como lugar común, como significante vacío que prolifera y se resignifica en la multiplicidad de una enunciación –hoy más frecuente que nunca–. En paralelo, para otres, se manifiesta como


sinónimo de “más violencia”. Al preguntarle a Luciana, referente del Mo-vimiento Evita de San Martín, cuáles podrían ser las dificultades de la comunidad si se extendiera la cuarentena, su respuesta es “lo peor sería que haya contagiados e ingrese la policía al barrio. Ahí se pudre todo. El barrio tiene memoria y la de la policía es la de lxs pibes muertos”.

En el ejercicio del poder policial, el pasaje de la discrecionalidad a la arbitrariedad –incluyendo las prácticas del “descanso”- son parte del re-pertorio conocido. Al hacerlo, se remueven memorias de violencias que hacen a las experiencias de los sectores más subordinados de la socie-dad. ¿La policía sabe cuidar? Tal vez sea en este punto donde radica el dilema.

¿A qué llamamos cuidar?

Hay palabras que no sólo son palabras. Son categorías conceptuales, condensan muchas discusiones y debates, definen problemas teóricos que iluminan lecturas de lo social. El cuidado es una de ellas. La ba-nalización del concepto puede llevar hasta extremos insospechados. Recordemos que no hace tanto tiempo, la ex Ministra de Seguridad Pa-tricia Bullrich hablaba de “cuidar a quienes nos cuidan” para defender la “doctrina Chocobar”. Esto es, invirtiendo la antigua fórmula que se pregunta acerca ¿quién vigilará a quienes nos vigilan? (en latín “quis custodietipsoscustodes?”) y ante un caso de violencia policial –que se tornó conocido por el nombre del victimario y no el de la víctima– la ex Ministra capturó la noción de cuidado de manera capciosa. Cuidar –en ese contexto– se convertía en sinónimo de ofrecer impunidad a lxs agentes que violan derechos fundamentales –que matan a mansalva a un ciudadano–.

Algunas de las discusiones más profundas en torno al cuidado lo com-prenden como una disposición que, lejos de ser instintiva o “natural”, se aprende, se practica y se perfecciona en su mismo ejercicio. Se trata de una actividad que Incluye cuidados físicos, emocionales y sociales, indispensables para el bienestar humano en la medida que permiten


mantener y reparar nuestra propia vida, nuestros vínculos y nuestro en-torno. Si hilamos más fino, cuidar a otrx no implica acallar su subjetivi-dad ni negar sus derechos. Por el contrario, es en el reconocimiento del otrx en donde se construye una ética que va más allá de la actividad ma-terial (alimentar, educar o bañar a alguien) para ingresar en un entorno de sentidos e interacciones más sutiles. Ese ejercicio que garantiza y al mismo tiempo supera el sostenimiento de cuerpos, para otorgar un plus de dignidad a los sujetos.

La experiencia del cuidado social es permanente entre quienes viven en los barrios populares y villas. “Qué es la pandemia circula de boca en boca, o por grupos de whatsapp; los comedores son lugares donde la gente se entera y pide ayuda”, dice Martín. Miles de mujeres llevan adelante comedores comunitarios, consiguen mercadería, preparan los alimentos, los distribuyen, se preocupan por la dificultad de cumplir con el aislamiento obligatorio. Casas precarias, demasiado pequeñas para familias numerosas, necesidad de recoger agua en una canilla cercana, falta de retretes, comedores que no dan abasto porque deben atender a mucha más gente que antes de la pandemia, cuando lxscartonerxs, feriantes y otrxs trabajadores de changas podían juntar unos pesos para el día a día.

En esos barrios, las redes de cuidado no han cambiado: lxs referentes co-munitarixs (muchas veces, mujeres) dan contención mientras intentan, con enorme dificultad, lidiar con sus propias carencias. Gimena, líder de Villa Fiorito, referente de “Ni Una Menos” en el barrio y responsable de dos comedores comunitarios, relata sus dificultades para salir a comprar comida porque en el supermercado chino que recibe la tarjeta alimen-taria como forma de pago, suele haber cuatro cuadras de cola. Hacer las compras supondría unas 5 horas afuera de la casa y entre sus 6 hijxs hay una beba de un año que no puede salir con ella, ni quedar a cargo de sus hermanxs.

En los barrios hay información, noción del peligro y estrategias co-munitarias de cuidado. Al mismo tiempo, se convive con prácticas de


control y vigilancia, modalidades de policiamiento no del todo nuevas, no desconocidas pero que han adquirido un plus de poder.

El control no es cuidado. La vigilancia tampoco.

Presentar el control y la vigilancia como actividades de cuidado supone, en cierto modo, un esfuerzo desmedido por valorar de manera positiva prácticas más o menos productivas a la hora de sostener un orden social determinado. Es casi un oxímoron. No es que la violación de derechos sea propia (e inevitable) entre las policías, ni tampoco que creamos que quienes trabajan en las fuerzas de seguridad carezcan de la disposición de cuidar “por naturaleza”. Pero es sabido que en la propia socialización de la fuerza policial, se condensa un aprendizaje que va a contrapelo de este ejercicio, y mucha de la casuística disponible en el país da cuenta a lo largo de los años de prácticas abusivas.

Como sea, ni control ni vigilancia suponen, necesariamente, cuidado. En todo caso se trata de tecnologías sociales que son formas de gobierno y producción de orden social. Así como el cuidado se aprende, el ejercicio de la fuerza policial también constituye un aprendizaje: el de vigilar y, a veces, el de someter. Y esas son prácticas que están inscriptas en los cuerpos de los sectores populares. De modo que la distancia entre el deber ser –o del deseo de cómo quisiéramos que sea– y lo que realmente es se torna abismal. Porque las prácticas del cuidado no se dan en el vacío. No es posible pensar cuidados, o al menos no lo es el cor-to plazo, donde hasta ayer hubo humillación, destrato y violencias. Las experiencias sociales no se pueden desandar ni “reorientar” de acuerdo a intenciones y a voluntarismos desencarnados. Lo que ocu-rre, lo que se hace aún con todo lo nuevo que se inventa para cambiar las cosas, no puede prescindir de lo pre-existente, la historia, las memorias.Hay historias, tramas de relaciones, violencias históricas, enemistades inveteradas, cuentas pendientes. Y, por lo demás, hay mucha gente y muchas organizaciones que saben qué hacer, cómo organizarse y cómo cuidarse; después de todo es lo que vienen haciendo hace muchos años.


Las múltiples caras del Estado

Como lúcidamente advirtió Guillermo O’Donnell, los Estados Mo-dernos tienen múltiples caras. Si su faz represiva alude al control y a la vigilancia, su faz democrática es capaz de admitir, respaldar, albergar y dar lugar a la expansión de ciudadanías ancladas en de-rechos civiles, sociales y culturales. Ciudadanías que exigen y propi-cian la generación de políticas públicas.

Eso que se llama “El Estado” no es un supra ente autónomo y dueño de una racionalidad total, antes bien es como solía decir Boaventura de Sousa Santos “una miríada de burocracias mal integradas”, cada una con sus racionalidades, lógicas, aspiraciones y objetivos institucionales. Lo que parece estar en la demanda popular es una intervención estatal ligada a la faz democrática del Estado, más cercana a los cuidados que al control y la vigilancia.

Mitificados como actividad femenina (y “maternal”), la responsabilidad de cuidar fue tempranamente asignada a los hogares (y, dentro de éstos, a las mujeres). En estos días, como nunca antes, la agenda urgente de los feminismos reclama su reconocimiento, su redistribución y su socia-lización. ¿Eso significa que el Estado se “maternalice”? No. Imprescin-dibles como son, los cuidados arrastran desigualdades de género que necesitamos desandar. Es necesario que las políticas de cuidado eviten la sinonimia madre=cuidado que fortifica/fortalece y provee a todos los lugares comunes que glorifican la maternidad como lugar de cuidado, abrigo, alimento y protección. Asociación que no ha hecho más que des-valorizar la tarea de cuidado y desprestigiar a quienes la realizan.

Como sea, hoy el Estado, gestionado por el gobierno, se ha manifesta-do de diversas formas, con distinto tipo de intervenciones públicas, hablando diferentes lenguajes y con variadas presencias sociales.

Cuando despliega su faz democrática, el Estado es capaz de fortalecer la provisión de cuidados. Lo hace, por ejemplo, cuando ofrece licencias para quienes viven con niñes en edad escolar, cuando se otorga subsidios


para quienes pertenecen a los sectores más pobres y ahora quedaron sin ingresos. También lo hace cuando activa modos de comunicación que respetan la inteligibilidad de sus destinatarios, transmitiendo una peda-gogía del cuidado. Modos como los que, a diario, propone la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación.

Hay una gran trama de organizaciones e instituciones que trabajan desde hace años para que la policía respete los derechos humanos. Una policía que se incluya en políticas de cuidado en el contexto de la pandemia podría orientar a la ciudadanía en la incertidumbre, in-tegrarse a las intervenciones de otras agencias estatales como salud o desarrollo social, sumarse a las redes de asistencia para distribuir agua o viandas en las casas y que en ese ejercicio facilite el cumpli-miento de las medidas de aislamiento social y contribuya a la fluidez de las redes de cuidado social existentes en los barrios. Tal vez se trate, como hace Martín, de leer atentamente lo que pasa y tomarle el pulso a la vida de los sectores populares.


El cuidado más allá del COVID-19*1

Stéphanie Rousseau**

Desde que empezó la cuarentena en varios países del mundo, algunas voces en las redes sociales afirman que el mundo nunca volverá a ser igual después de la crisis del COVID-19. Incluso, algunas opinan que de-bemos aprovechar las grandes perturbaciones a nivel micro y macro para repensar profundamente nuestras maneras de vivir. Si bien podemos re-cibir esos mensajes con buena dosis de escepticismo, quisiera proponer una reflexión en base a un fenómeno que he ido observando en mi mun-do social virtual desde el pasado 16 de marzo. Llamaré a ese fenómeno, con cierta ironía, “el despertar de la clase media sobre la importancia del trabajo de cuidado”.

En Perú como en muchos países de la región, las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral desde los años 90. Si bien empezaron

* Publicado en : https://cisepa.pucp.edu.pe/novedades-y-eventos/novedades/el-cuidado-mas-alla-del-covid-19/.

** Politóloga. Tiene un PhD de la McGill University (Montreal). Es Profesora Asociada en el Departamento de

Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Investiga sobre temas de género, etnicidad,

ciudadanía, movimientos sociales y políticas sociales. Recibió en 2016 el Premio José-María Arguedas para el mejor

artículo sobre Perú de la Latin American Studies Association-Sección Perú. Ha publicado en revistas como Latin

American Research Review, Journal of Latin American Studies y Social Politics. Es co-autora del libro Indigenous

Women’s Movements in Latin America. Gender and Ethnicity in Peru, Mexico y Bolivia (Palgrave Macmillan 2017) y

autora de Women’s Citizenship in Peru. The Paradoxes of Neopopulism in Latin America (Palgrave Macmillan 2009)

publicado también en castellano: Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa,

(Instituto de Estudios Peruanos 2012). Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos

en tensión”.

32 El cuidado más allá del COVID-19 STéPHANIE ROUSSEAU

más tempranamente, la década del ajuste estructural marca un punto de inflexión hacia una mayor integración de las mujeres de todos los secto-res socio-económicos al trabajo remunerado. Este fenómeno esta inte-rrelacionado con varios otros cambios importantes, a nivel demográfico y tecnológico, en la sexualidad, etc. Un hito notable en ese sentido es la expansión de lo que ahora las ciencias sociales llaman “la economía del cuidado”. El tiempo que dedicaban las mujeres a su hogar y a cuidar a los dependientes de su familia, lo dedican en gran parte ahora a una ocupa-ción –o a varias– que les genera un ingreso. Y las que pueden contratar a otra(s) mujer(es) para reemplazarle en varias tareas domésticas y de cui-dado, lo hacen. El efecto de este desplazamiento del trabajo doméstico/de cuidado ha sido el de mantener o incluso acentuar las desigualdades socio-económicas entre mujeres de diferentes clases sociales.

También se mantienen las desigualdades socio-económicas basadas en el género. Se han transformado, pero sigue habiendo una brecha en casi todos los principales indicadores. Si bien el feminismo tenía razón en decir que ganar dinero puede ser una fuente de mayor autonomía para las mujeres, lo cierto es que luego de varias décadas es obvio que esta autonomía es bien relativa y viene muchas veces con un costo personal, emocional y físico altísimo. La mayoría de los varones no contribuyen al trabajo de cuidado o lo hacen proporcionalmente menos que su pareja o que los otros miembros femeninos de su hogar. Las encuestas sobre el uso del tiempo que realizan muchos países de vez en cuando –en Perú solo se realizó una vez en el 2010– lo muestran claramente.

Y qué tiene que ver todo esto con el Coronavirus? Estando en cuarente-na, la mayoría de nosotras se enfrenta a la doble o triple jornada a la cual se enfrentan siempre las mujeres de sectores populares que no tienen ingresos suficientes para contratar a una trabajadora del hogar. Limpiar, lavar, comprar, cocinar, cuidar a niños y adultos dependientes; además, para muchas, el teletrabajo; y para muchas familias que tienen la suerte de poder pagar un colegio privado, si este decidió organizar actividades escolares virtuales durante la cuarentena, también significa supervisar las tareas escolares de sus hijos. El choque es duro.


Claro, en muchos casos, los hombres contribuyen bastante a esas tareas. Aun así, las mujeres asumen en general lo que se llama “la carga men-tal”, un trabajo invisible de coordinación, iniciativa, sentimiento de res-ponsabilidad principal por el buen funcionamiento de su hogar. Por mis conversaciones virtuales, intuyo que muchas –y ojala muchos también– están viviendo una experiencia durante esta cuarentena que debería lle-varlas a ser más receptivas a la necesidad de poner en la agenda pública la discusión sobre la economía del cuidado. ¿Cuánto vale el trabajo de cuidado? En mis redes reportan que pasan como mínimo 6 a 8 horas dia-rias cumpliendo labores de cuidado desde que estamos en cuarentena. Obviamente con niños pequeños o adultos dependientes, suman más horas. Y sin pareja u otro adulto que colabore, más. Es decir, solo en la noche logran encontrar un par de horas para dedicarse al teletrabajo. Es así que podemos darnos cuenta en carne propia de cuán fundamental es el trabajo de cuidado, no solo para nuestras vidas personales, sino para la economía en general. Algunos países han empezado a calcular el valor económico del trabajo de cuidado. En Guatemala, se estima que equivale a 26-34% del PBI; en El Salvador, a 32%. En Australia y Japón, se estima que equivale a más de 35% del PBI1. ¿Cuánto será en el Perú?

En tiempos normales tendemos a desvalorar el trabajo de cuidado, lo cual explica que sea un trabajo tan precario y mal pagado. Si bien el Perú ha avanzado en los últimos años en mejorar los derechos de las traba-jadoras del hogar en la ley, en línea con la ratificación del Convenio 189 de la OIT (Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos adoptado en Perú por medio del DS Nº 030-2018-RE), falta muchísimo para promover una política pública integral en materia de cuidado. La crisis que vivimos actualmente, y que recién em-pieza, debería llevarnos a repensar el valor que otorgamos al trabajo de cuidado, de igual manera que parece que está generando una valoración mayor del trabajo que realizan los profesionales de la salud, los que reco-gen la basura, los que trabajan en el sector agrario y de la alimentación.

1 Datos citados en http://hdr.undp.org/en/content/valuing-care-work

34 El cuidado más allá del COVID-19 STéPHANIE ROUSSEAU

Y ahora que vemos al Estado peruano invertir sumas muy importantes para salvaguardar el bienestar de la población, ¿no será posible pensar en nuevas fórmulas para desarrollar políticas públicas de cuidado? Estas políticas deberían basarse en una estrategia que reconozca la contribu-ción del trabajo de cuidado al PBI, y que promueva la creación de em-pleos formales, con beneficios sociales basados en derechos y en el pago de contribuciones. El Estado podría facilitar la creación de empresas o cooperativas de trabajo del hogar y/o trabajo de cuidado, mediante un programa de subsidios asociados al respeto de los derechos reconocidos en la ley.

El país necesita cunas y guarderías de calidad, accesibles no solamente para sectores que viven en pobreza sino en todos los distritos urbanos del país y con diferentes escalas de tarifas en función al ingreso prome-dio anual de las familias; horarios escolares que incluyan horas extras en el colegio para almorzar y hacer las tareas, para las familias que lo desean; estrategias para asegurar el cumplimiento generalizado del DS Nº 030-2018-RE sobre los derechos de trabajadoras del hogar. Si algo debería cambiar luego de la crisis del Covid-19, es el valor que acordamos como sociedad al trabajo de cuidado, una parte esencial –aunque invisi-bilizada– de nuestra economía.


El circuito de cuidado como profesión y las cubanas en tiempos de COVID-19Entre vicisitudes y aplausos*2

Magela Romero Almodovar**

Para comenzar…

Estamos ante una situación verdaderamente tensa y preocupante a nivel internacional. El corona virus, se desplaza rápidamente y deja su hue-lla en un sinnúmero de países. La actual circunstancia trae aparejada nuevas exigencias, dinámicas sociales y familiares; así como diferentes configuraciones en las actividades de la vida cotidiana, sobre todo de las

* Publicado en https://www.ipscuba.net/sociedad/

** Profesora Titular del Departamento de Sociología en la Universidad de la Habana, donde Coordina el Programa

de Maestría en Sociología desde 2017. Socióloga, Abogada, Master en Estudios de Género y en Sociología, se graduó

como Doctora en Ciencias Sociológicas en 2016. Ha sido compiladora de varios textos feministas y cuenta con más

de 70 artículos científicos destinados al abordaje de las inequidades de género en la realidad cubana e internacional.

Se ha especializado en el abordaje de problemáticas relativas al mundo del Trabajo y la Violencia de Género. Integra

el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

36 El circuito de cuidado como profesión y las cubanas en tiempos de COVID-19 Entre vicisitudes y aplausos MAGELA ROMERO ALMODOVAR

mujeres. Ellas de manera silenciosa sostienen la vida y la hacen vivible aún cuando las tareas que se derivan de este rol se complejizan e inten-sifican en una emergencia sanitaria como la que vivimos, ante la cual los circuitos de cuidado entran en corte y con ellos, sus vidas.

El concepto de circuitos de cuidado, explica la presencia de cierta va-riedad de situaciones que una persona puede experimentar respecto al ejercicio del cuidado, a partir del significado o los significados que le atribuye en cada momento a este desempeño (como profesión, como obligación o como ayuda)1. Esta propuesta permite entender las múl-tiples situaciones, interconexiones o desconexiones que pueden exis-tir ente los diversos espacios, modos y actores/actrices que se dedican al cuidado de la vida; también las disputas de significados que pueden aparecer en las distintas relaciones de trabajo y lazos sociales que se construyen a propósito de este ejercicio.

Tomando como referencia esta herramienta teórica para explicar los sentidos que se le atribuyen a la acción de cuidar y su vínculo con la organización social de los cuidados, este escrito tiene el propósito de poner en evidencia los serios conflictos que experimentan algunas cu-banas a partir de su activo papel en el circuito que contempla el cuidado como profesión. Téngase en cuenta que ellas no sólo son mayoría de quienes se dedican profesionalmente a los cuidados, sino también pro-tagonistas de los cuidados que se derivan de los vínculos familiares y de las redes informales de apoyo construidas a nivel local, sustentadas en relaciones vecinales o de amistad.

“El cuidado como profesión y el aplauso de las 9 pm”

El circuito del cuidado como profesión contempla una amplia variedad de situaciones de trabajo, que van desde las cuidadoras que son em-pleadas en instituciones estatales como hogares de ancianos o círculos

1 Se puede profundizar en este concepto a través de la lectura del texto de Araujo, Sumiko y Sugita (2011) referido

en la bibliografía de este escrito; mediante él, las autoras comparan tres contextos que aunque en apariencia son

muy diferentes tienen varios puntos de convergencia respecto al modo en que operan en ellos dichos circuitos.


infantiles, hasta quienes ejercen esta actividad por cuenta propia o en el mercado informal. Se debe apuntar que aunque existe una relación directa entre el modo en que funcionan todos los circuitos y las regula-ciones que desde el Estado se establecen, en el caso de este (el cuidado como obligación) dichas regulaciones tienen una incidencia directa e inmediata en su configuración. No sólo porque de ello depende en bue-na medida las particularidades que adopta la oferta y la demanda de este servicio en el mercado de trabajo formal e informal; sino porque muchas veces, para poder cuidar la vida de otros/as, ellas requieren de los cuida-dos que despliegan actrices/actores de este mismo circuito o de los otros dos. Por lo que casi siempre, cuando varían las condiciones en que se desarrollan las labores de cuidado en forma de ayuda o por obligación, se tensionan las cuerdas que soportan la existencia y desempeño profe-sional de quienes ejercen esta labor como ocupación.

Quienes protagonizan las labores de cuidado en este primer circuito, pese a su “fuerte coraza”, presentan especial vulnerabilidad en tiempos de pandemia. Aún cuando no cambian sus rutinas profesionales, mu-chas se encuentran ante las disyuntivas que se generan una vez que los circuitos de cuidado en los que participan o de los que se benefician entran en corte. Para poder entender mejor a qué tipo de circunstancias se hace alusión, se han identificado algunas situaciones que explican la necesidad de repensar algunas medidas o enfoques de las políticas que tributan a los cuidados en la actual coyuntura, desde una mirada trans-formadora y comprometida con la equidad social y de género:

Situación 1: mujeres consideradas imprescindibles dentro del sector de la salud, que son jefas de núcleo y están a cargo de descendientes pequeños/as y/o personas adultas mayores.

Según el Anuario Estadístico de 2018, las mujeres son el 68.79 % del personal que labora en el sector de salud y asistencia social (ONEI, 2019); también se ha informado que constituyen más del 55% de las brigadas médicas que ante la pandemia han partido hacia otros países a prestar sus servicios como docto-ras y enfermeras. En Cuba, ellas representan alrededor del 48.4% de las jefas


de hogares2 en una población que experimenta un proceso de envejecimiento acelerado y donde la cantidad de personas por núcleo ha tendido a descender con el tiempo3, por lo que aumentan la probabilidades de encontrar personas dependientes en estos hogares (sobre todo adultas mayores) al tiempo que se reducen las redes familiares de apoyo para su cuidado.

Ante la aparición de circunstancias como las actuales, no son pocos los conflic-tos éticos y afectivos que deben afrontar las trabajadoras imprescindibles que tienen también a su cargo la jefatura de su hogar con múltiples dependencias. Ellas experimentan una fuerte disonancia, sustentada entre otras cosas por una brecha de género anclada a la división sexual del trabajo. Cuidar a los míos o a otros, cuidar por amor, por obligación, por asignación o cuidar por un com-promiso profesional, dando respuesta al llamado del gobierno. El solo hecho de tener que elegir entre dos alternativas que pueden resultar importantes y significativamente útiles social y personalmente, evidencia la presencia de un nudo estructural en la organización social de los cuidados que marca el equili-bro de ellas; ya que optar por cualquier alternativa cuando no existe la posibili-dad de conciliar ambas responsabilidades genera un alto costo en su bienestar, no solamente psicológico sino también económico y material.

Situación 2: profesionales del cuidado en el sector estatal (enfermeras o seños de círculos infantiles) que comparten equitativamente con sus pa-rejas o familiares hombres el cuidado infantil y hoy ven limitada esa dis-tribución producto del enfoque sexista que de manera explícita o sutil apa-rece en la política, en las garantías laborales y/o estrategias impulsadas para garantizar el bienestar, la educación y la protección de este grupo etario en las actuales circunstancias.

2 En la proyección de los hogares cubanos 2015 – 2030 se indica esta cifra respecto a la jefatura femenina

para este año 2020 en Cuba, también se pronostica que para el año 2024 dicha tasa se iguala con la de jefatura

masculina, llegando a un predominio femenino para el año 2030, cuando se espera que el 52.3% de hogares estarán

a cargo de las mujeres (CEDPE – ONEI, 2015: 12) .

3 Según el Censo de Población y Vivienda del 2012, el promedio de personas por unidades de alojamiento

descendió de 3,16 en el 2002 a 2,84 en el 2012 para un decrecimiento de 0,32 personas por unidad de alojamiento.

(ONEI, 2013).


En la Mesa Redonda del lunes 23 de marzo de 2020, se divulgó la medida de suspender entre el 24 de marzo y el 20 de abril las clases desde el nivel básico hasta el superior, exceptuando los círculos infantiles que seguirán funcionan-do. Una medida que se acompañó del establecimiento desde el pasado 30 de marzo de una programación televisiva especial donde metodólogos/as y pro-fesores/as imparten orientaciones generales a los distintos niveles educativos. Estas nuevas medidas, exigen no sólo que las personas adultas de cada núcleo apoyen y controlen en casa que se cumplan las tareas y se estudie, sino que dispongan de un tiempo para acompañar ese aprendizaje a la par que realizan las tareas de cuidado y domésticas (intensificadas por la necesaria desinfec-ción de todo lo que entra o sale de casa) o se someten a las complejas dinámi-cas del teletrabajo en tiempos de pandemia.

En ese mismo espacio televisivo, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba explicó que para apoyar esa decisión y teniendo en cuenta lo establecido en el Código de Trabajo y las garantías laborales para la población empleada en las entidades estatales que: las madres al cuidado de los hijos que están en la enseñanza primaria y especial tendrían un tratamiento de protección particu-lar como el establecido para los trabajadores interruptos, lo que significa que el primer mes estas cobrarán el 100% de su salario, mientras que a partir del segundo solo el 60%.

Si bien esta medida habla de un compromiso estatal con la protección de tra-bajadoras y trabajadoras, en la formulación de la misma se esconde un enfo-que patriarcal que sigue concibiendo el cuidado como un asunto de mujeres. Esta manera de entender los cuidados y su organización a nivel macro y micro social, limita las posibilidades de participación de los hombres como progeni-tores; aún cuando esta podría ser una ocasión especial para potenciar debates hacia el interior de cada núcleo sobre la persona idónea según su desempeño y circunstancias para esta tarea o intencionar la participación responsable de ellos en el cuidado de familiares dependientes, no sólo como padres sino tam-bién como hijos, cónyugues, yernos, etc. Concebir este permiso de una mane-ra flexible, tributaría a deconstruir mitos muy presentes en nuestra sociedad, como los que estipulan que cuando se trata de cuidar a un niño las madres son mejores (51%) y más cariñosas (65 %) (CEDPE, 2018: 27).


Situación 3: mujeres que se mantienen trabajando como cuidadoras a domicilio (con licencia o no). Aunque de este grupo de trabajadoras no se ha hablado mucho por los medios de comunicación o en los escri-tos que sobre los cuidados en tiempos de pandemia se han producido desde el contexto cubano, se debe polemizar en torno a las disyuntivas y vulnerabilidades a las que se enfrentan. Por la peculiaridad de este tipo de trabajo, donde se establece un vínculo directo entre cuidadora y persona dependiente, este grupo de mujeres se ven más expuestas que otras a padecer la enfermedad.

Aunque los datos que comparten las autoridades cubanas sobre perso-nas contagiadas no especifican el perfil profesional de las mismas; no deja esta de ser una posibilidad de exposición al contagio en nuestro contexto, donde las demandas de cuidado permanecen en algunas fa-milias (pues no se ha decretado la cuarentena total).

Otros inconvenientes para este grupo de trabajadoras surgen asociados a que el servicio de cuidado a domicilio que ofertan precisa casi siempre de un desplazamiento que implica el contacto con el espacio público, lo que las convierte entonces en agentes de posible transmisión de la pandemia a familias que a diferencia de ellas pueden quedarse en casa. Este hecho ha incidido en que algunas hayan experimentado una reduc-ción considerable de sus jornadas de trabajo y por ende de sus ingresos; mientras que a otras les mantienen sus ingresos a cambio de que reali-cen las tareas que estas familias evitan para no exponerse, como lo son las compras de mandados y productos de primera necesidad.

Situación 4: cuidadoras remuneradas despedidas a causa de la pan-demia. El llamado al distanciamiento social representa una circuns-tancia de preocupación especial para algunas mujeres, que dedicadas al cuidado de la vida en el sector informal han quedado sin empleo y por tanto sin ingresos, prestaciones o protecciones. Vale señalar que se-gún investigaciones realizadas en el país, muchas mujeres se acogen a este régimen de trabajo debido a la flexibilidad horaria que le otorga para ocuparse del cuidado de familiares dependientes (Romero, 2010); de ahí que este despido en las actuales circunstancias provoque serias


afectaciones económicas no sólo para ellas, sino para quienes integran sus núcleos, en los que casi nunca existe un capital de reserva que per-mita sortear una crisis económica recrudecida por la emergencia sani-taria que vivimos.

Sería inconsecuente aspirar a que se mantengan realizando su trabajo como si nada pasara o se les explote a partir de trabajos no pactados que las destinan a un mayor riesgo epidemiológico; pero si aspirar a que desde las familias empleadoras se creen estrategias de apoyo, que sin denigrar su condición humana o de trabajadoras, les ofrezcan cierta ayuda hasta que esta situación finalice. Este tipo de acciones requieren de una conciencia sobre la desigualdad que ellas padecen, pero también de un compromiso ético y de respeto no sólo con el cuidado de la vida sino con quienes cuidan de ella.

Son estas cuestiones las que atraviesan los cuerpos, las mentes y las existencias de las mujeres en tiempos de coronavirus, dejando una huella imperceptible que afecta silenciosamente su salud y bienestar en el marco de unos “circuitos de cuidado” que cuando se cruzan, casi siempre entran en corte. Algunas mujeres logran sortear las barreras de desigualdad social y de género que provocan dichos cortes, a partir de planes, políticas específicas, proyectos por la labor de redes de apo-yo (formales o informales); sin embargo, no todas corren con la misma suerte. Aunque las situaciones expuestas parezcan casos aislados, son circunstancias reales que ejemplifican el modo en que cuando estos cir-cuitos de cuidado protagonizados por mujeres cubanas se conectan de forma abrupta, colapsan las dinámicas cotidianas de ellas aún cuando permanecen en la primera fila respondiendo al llamado del Estado, del mercado, de sus familias y de la humanidad.

Estas situaciones y características del circuito analizado, conducen a un debate que busca identificar, resignificar, revalorizar, relacionar y com-plejizar sus múltiples realidades, en conexión con el rol o los roles que desempeñan las cubanas que cuidan la vida. Considerar estas circuns-tancias es dar el primer paso para que esos circuitos se contemplen y articulen de la mejor manera; pues cuando se piensan como sistema y


desde la perspectiva de género, se puede potenciar una mayor corres-ponsabilidad desde un enfoque que también incluye el cuidado y el au-tocuidado de las cuidadoras, así como el respeto y protección de sus derechos.

Para ello, se deben develar y eliminar las barreras que impone la división sexual del trabajo, el patriarcado, el machismo son las denominaciones de otros pandemias que intensifican la negativa incidencia de este virus en nuestras sociedades, sólo que como la probabilidad de contagio y el peligro eminente que representa para las “vidas que valen” es ínfima, no se le teme y no se registra como esta pandemia internacional, que ha afectado y sigue afectándonos como mujeres, como humanas, aún cuando no todas las vivimos de igual manera.

Concluyendo…

Antes de finalizar, me gustaría destacar que en Cuba se ha instalado la hermosa práctica de aplaudir a las 9pm al personal de salud que la-bora de manera incansable por sostener la vida. Desde que se convocó por las redes sociales, ese aplauso resuena en el país y al menos desde lo simbólico, constituye un cambio significativo en la percepción social y reconocimiento de esa responsabilidad. Con esta práctica, se resalta la importancia de doctores y doctoras, quienes trabajan en los labora-torios, quienes realizan tareas de cuidado indirecto como preparar los alimentos o encargarse de la limpieza, pero también de enfermeras y enfermeros (profesionales que pertenecen al circuito abordado). El pro-tagonismo de las mujeres en este ejército de batas blancas es evidente; ellas, previenen, acompañan y curan la enfermedad, forman parte de ese grupo selecto que deja la piel en el terreno y es capaz de poner en riesgo su propia existencia para salvar otras vidas, no sólo en Cuba, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, que el aplauso de las 9pm sea hacia afuera, explica la manera en que algunas profesiones que tributan al cuidado se valorizan más ante épocas de crisis o cuando la solución a esta es externa al hogar. Y eso está bien, muestra un paso de avance en ese sentido; pero, cuando las personas se paran en sus balcones o


puertas y sus palmas retumban, dan la espalda a todo lo que queda atrás, a esa labor que de forma cotidiana sostiene su propia vida y la hace vi-vible, esa labor entrañable que también de manera silenciosa garantiza incluso el aplauso de cada noche y forma parte del segundo circuito, el que contempla al cuidado como obligación y del cual en última instan-cia, depende también el equilibrio de este primer circuito.

Me gustaría finalizar con un pensamiento positivo ante este panorama preocupante. Quiero ser proactiva y ver la expansión de esta epidemia ha servido para entender de una vez y por todas que en el centro de todo el desarrollo no están solamente la riqueza de las naciones, sino que la ver-dadera riqueza es la vida humana, sin distinción de clase, edad, género, color de la piel, etc. Nos hace poner, el cuidado de la vida en el centro de esa evolución que como especie soñamos, para que nuestras vidas como mujeres y las de todos en general, sean vivibles y colmadas de bienestar.

B I B L I O G R A F Í A

Araujo, Nadya; Sumiko, Helena y Sugi-ta, Kurumi (2011). Cuidado y cuidadoras: o trabalho de care no Brasil, Franca e Japao. Revista de Sociología y Antropología. Vol. 0I.0I. Pag. 151 – 180.

CEPED – ONEI (2015). Proyección de los ho-gares cubanos 2015 – 2030. Ejercicio experi-mental: escenarios tendenciales. La Habana

CEPDE (2018). Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género. La Habana

ONEI (2012). Resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Viviendas. La Habana.

ONEI (2019). Anuario Estadístico de Cuba 2018. La Habana.

Romero, Magela (2010) “Mujeres y trabajo doméstico no remunerado. Una reflexión latente en la Sociología del Trabajo Contem-poránea”, Tesis de Maestría en Sociología, Departamento de Sociología, Universidad de la Habana.

Viveros, Mara (2016). Interseccionalidad una aproximación situada a la dominación. Revista Debates feministas, No. 52. Pag. 1-17.

44 ¿Los cuidados en agenda? Reflexiones y proyecciones feministas en época de COVID-19 NORA GOREN, CELESTE JEREZ Y YAMILA FIGUEROA

¿Los cuidados en agenda?Reflexiones y proyecciones feministas en época de COVID-19*Nora Goren**, Celeste Jerez*** y Yamila Figueroa****

“Después de 10 días, tenemos que estar muy contentos como argenti-nos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedí que cumplamos, que es el de cuidarnos, por-que cuidándonos a nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos”.1

En Argentina, a un mes del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio,2 el “quedate en casa”, como una forma de cuidado, ha pa-

* Publicado en https://www.unpaz.edu.ar/institutos/iescode/producciones/publicaciones

** Socióloga Feminista, Doctora por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dirige el Instituto de Estudios

Sociales en Contextos de Desigualdades –IESCODE- de la UNPAZ y la Diplomatura en Políticas Públicas y Feminismos.

Investiga sobre, trabajo, género y políticas públicas. Es co- coordinadora del Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género,

(Des)igualdades y Derechos en tensión”.

*** Antropóloga feminista, doctoranda UBA en Ciencias Antropológicas, con lugar de trabajo en el Instituto de

Investigaciones en Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UBA (IIEGE, FILO). Forma parte

del programa de Género y Políticas Públicas del IESCODE en UNPAZ. Su tema de investigación versa sobre les

trabajadores de los programas de salud sexual y reproductiva en el conurbano bonaerense. Integra el Grupo de

Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

**** Lic. en Trabajo Social (UNPAZ). Becaria Doctoral del Conicet radicada en el IESCODE/UNPAZ. Doctoranda en

“Estudios de Género” (UBA/FyL). Ha integrado el equipo de profesionales del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos de Nación, orientado a acompañamiento psicosocial de personas; se desempeña como investigadora en

las áreas vinculadas a género, salud, trabajo, masculinidades y derechos humanos. Integra el Grupo de Trabajo (GT)

CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

1 Palabras del presidente de la nación, Alberto Fernández, acerca de la pandemia del coronavirus COVID-19,

desde Olivos, 30 de marzo del presente. Fuente https://www.casarosada.gob.ar/

2 Con fecha 19 de marzo se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 por el que se estableció para

todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento


sado a ocupar el centro de la escena pública, en un contexto inusitado que jamás creímos atravesar, el de una pandemia internacional. Es de-cir, el Estado implementó un conjunto de acciones basadas en el cuida-do para que este “afuera” no nos arrase, y se convirtió en una prioridad en la agenda pública nacional. Para ello se apeló a lxs ciudadanxs a ser partícipes activxs en función de garantizar esas acciones. Entonces, los cuidados están en agenda, sí. El hecho de que lo estén no es solo la refe-rencia discursiva que sustenta las propuestas del Estado, ni tampoco son únicamente las políticas públicas que las tienen como sustento en este período, sino que, también, los cuidados forman parte de un eje proble-matizado por los feminismos históricamente y con mayor intensidad en los últimos tiempos.

En este contexto, nos interesa centrarnos en la apelación a los cuidados como garantía del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Fraser, en 2017, señalaba cómo los cuidados –que son un componente intrínse-co a la reproducción del capital– estaban en crisis en tanto constituyen parte misma de la crisis general que comprende vectores económicos, ecológicos y políticos. Ahora bien, ¿a qué aspectos de estos cuidados se apela hoy, en situación de pandemia, para garantizar el aislamiento y “achatar la curva” de contagios y muertes por enfermedad? Nos pregun-tamos, entonces, por los cuidados en espacios “situados”: ¿cuáles son las representaciones que la sociedad tiene sobre ellos? Así las cosas, desde el Observatorio de Género y Políticas Públicas (UNPAZ), durante la ter-cera semana de cuarentena llevamos adelante, en el Gran Buenos Aires (GBA), un relevamiento exploratorio del contenido de dichos cuidados; quiénes cuidan y qué reconocimiento social se les da a ellos, a partir de tres ejes: educación, salud y fuerzas de seguridad.

Como mencionamos más arriba, a raíz de cuidarnos de la propagación del virus COVID-19, se nos propuso no salir de nuestras casas, lo cual implicó una modificación de la dinámica en la vida cotidiana en general,

social, preventivo y obligatorio” desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, plazo que luego se

prorrogó hasta el 26 de abril, y con posibilidad de volverse a extender por el tiempo que se considere necesario en

atención a la situación epidemiológica.


y muy especialmente en los hogares. Esto es, en período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la cotidianeidad debe circunscribirse al hogar o bien al espacio local, barrial. Dado este panorama, se instó a la continuidad pedagógica pero sin la apertura de los centros educati-vos, para evitar la concentración presencial de estudiantes, docentes, no docentes, autoridades escolares, etc., y se promovió la virtualidad para llevar a cabo dicha continuidad. Los hogares compuestos por es-tudiantes, docentes y autoridades escolares se encontraron, en la situa-ción de pandemia, con un nuevo escenario. Entonces, ¿qué les sucede a docentes y a niñxs, jóvenes y adultxs estudiantes al interior de las casas en relación con la organización de su cotidianeidad circunscripta? ¿Qué carga horaria implica el preparado de clases virtuales y el sostenimien-to de ellas para lxs docentes? ¿Qué conocimientos tecnológicos y qué soportes virtuales requiere ese armado y sostenimiento de clases? La adaptación de estas al medio virtual demandó una rapidez inusitada, impulsada por la aparición de un hecho social que se nos impuso, de un día para el otro, y que en muchos escenarios educativos no era un recurso utilizado, cuando, además, no todxs contaban con los medios adecuados, ni materiales o físicos para ello3 (ya sea porque la presencia-lidad era la modalidad principal, ya sea porque no existe una modalidad permanente de formación docente en utilización de recursos tecnoló-gicos para las clases, ya sea porque no formaba parte de un recurso re-querido a lxs docentes). En este marco, nos interesaba conocer, por un lado, cómo en el territorio del GBA se conjugan estos “nuevos” tiempos educativos con la dedicación a las tareas básicas de reproducción, entre ellas, limpieza, cocina, compra de alimentos de todos los días, cuando, además, todas las personas del hogar están presentes al mismo tiempo; y por el otro, sobre quiénes recae el acompañamiento de la realización de deberes o tareas escolares con lxsniñxs. Entre las respuestas releva-das, la actividad a la que se le aumentó la dedicación horaria fue la de limpieza, paralelamente con el acompañamiento de las tareas escolares,

3 La mayoría de lxs encuestadxs respondió que una de las “nuevas” actividades que comenzaron a hacer en el

hogar durante el período de pandemia fue el armado y/o seguimiento de clases virtuales.


tanto entre mujeres cis4 como entre varones cis (en ambos casos, en ho-gares indicados como “compartidos” con familiarxsdirectxs). Asimismo, observamos que los varones, durante la cuarentena, además de estas tareas, dedican tiempo a realizar deportes en el hogar, a entretenimien-tos como videojuegos y programas de televisión, o incluso a la lectura. Mientras que las mujeres plantearon que tuvieron un aumento de dedi-cación considerable en las tareas básicas de reproducción y un mínimo incremento en las tres actividades de recreación antes mencionadas. Por consiguiente, ¿cómo se da esta reorganización y aumento de ciertas tareas en el hogar debido al aislamiento, cuando todxs estamos presen-tes en ese espacio? No se dudó en considerar que la formación educativa podía realizarse en las casas. La educación se instaló y recargó al ámbito de lo “privado”. Espacio al que las mujeres han sido asignadas, material y simbólicamente, a lo largo de la historia; espacio ampliamente roman-tizado. Entonces, ¿cómo no suponer que lo que era no se potenciaría y recargaría? ¿Acaso hoy estamos ante una propuesta de readecuación de los roles de reproducción? ¿Esta situación ha dado lugar a la correspon-sabilidad? Eso no podemos responderlo, pero lo que sí sabemos es que, para muchas mujeres, el hogar es un riesgo, un lugar cuya inseguridad se potencia con el aislamiento.5

4 A lo largo de la nota nos enfocaremos en el análisis de estas identidades de género, entendiendo como

“cis” a aquellos sujetos que se identifican con el sexo-género asignado al nacer por las instituciones biomédicas

y familiares (identificación que genera diversos privilegios frente a otras identidades), mientras las identidades

“trans” y “no binarias” son aquellas que no se identifican con el sexo-género asignado al nacer. El relevamiento

realizado por el observatorio incluyó a todas las identidades de género. En esta oportunidad, haremos foco en la

vivencia dentro de los hogares de mujeres y varones cis, y queda pendiente explorar estos y otros ejes de análisis

(por ejemplo, acceso a la salud y vinculaciones sexo-afectivas en época de pandemia) en distintas identidades de

género y/u orientación sexual.

5 Durante el período de aislamiento, a nivel nacional aumentaron un 39% los llamados a la línea 144 de atención,

contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género (Ministerio de las Mujeres, Géneros y

Diversidad). En provincia, el 86% de los llamados corresponde a información y asesoramiento, el 12% a emergencias

y el 2% a otros (Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad). En este marco, el Gobierno nacional,

mediante la Decisión Administrativa N° 524/2020 del 18 de abril, incorporó a la lista de actividades exceptuadas del

aislamiento a establecimientos para la atención de mujeres y personas LGTBIQ víctimas de violencia de género.


Fotografía tomada por Fernanda Sanjurjo Olavarría.


Por otro lado, durante este tiempo, en Argentina –como en otros lugares del mundo–,6 se han instalado los aplausos a modo de agradecimiento y/o reconocimiento hacia quienes nos cuidan. Esta medida es convocada desde el inicio del aislamiento social durante todos los días a las 21 horas. A partir de este disparador, incorporamos este eje en el relevamiento porque nos interesaba, por un lado, indagar si los aplausos forman par-te del cotidiano de los territorios locales y, por el otro, saber quiénes eran sus destinatarixs; es decir, a quiénes se reconoce socialmente como cuidadorxs primordiales de esta pandemia. A partir de ello, observamos que las personas reconocen como principales figuras de cuidado a “los médicos” –varones– que, por cierto, realizan día a día un trabajo am-pliamente valorado, pero ¿qué sucede con la marca androcéntrica del reconocimiento social? En tanto, a partir de este acontecimiento en par-ticular vemos cómo la medicina hegemónica –y con ella, la figura del médico varón, como centro del reconocimiento social– entra en tensión con la composición multidisciplinar y la feminización de las profesiones asociadas a la salud/cuidado que, en definitiva, también componen los equipos médicos. Al respecto, podemos decir que esta visión androcén-trica sostiene y refuerza los estereotipos que sustentan la construcción del género. En ella, la figura del varón se centra en el cuidado de otrxs por sobre el autocuidado y obtiene mayor reconocimiento social y eco-nómico que lxs demás actorxsinvolucradxs en él. En esta forma social de reconocimiento, los aplausos, ¿se reconoce la labor de lxs docentes? Estxs resultan ser parte de quienes tuvieron que hacer una readecua-ción –como afirmábamos en el apartado anterior–, sin mediación algu-na, para repensar sus prácticas educativas y para, también, sostener su propio aislamiento social. Para ser más precisas, su función resultó la de garantizar que una modalidad no presencial y con menor riesgo a expo-nernos al COVID-19 pudiera reflejarse en la continuidad pedagógica de lxsestudiantxs.

Por último, mediante la Resolución N° 51/2020, publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo del presente, el Estado dispuso de las fuerzas de

6 Esta convocatoria había comenzado por algunos países de Europa y luego se extendió por las capitales de

algunos países de América Latina (Perú, Ecuador, Colombia y Argentina).


seguridad para garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco global de la pandemia, y en pos de “achatar” la curva de infectadxs por COVID-19. Esta disposición se ancló en un temor social generalizado a lo que la pandemia trae consigo (en correspondencia con el número de muertes en alza de cada país), que conformó un escenario privilegiado para depositar en las fuerzas de seguridad el rol de un –su-puesto– garante del control social del cuidado.7 El miedo generalizado que atravesamos frente a la expansión de la enfermedad ¿les brindó un reconocimiento social a las fuerzas de seguridad para garantizar el cum-plimiento del “quedate en casa”? En el relevamiento que realizamos des-de el Observatorio, el 37% de lxsencuestadxs considera que la función que desempeñan las fuerzas de seguridad en época de pandemia debe ser la del cuidado, mientras otrxs sugieren que su función está vinculada al control, protección y represión. Sin embargo, su rol y las funciones históricas, en Argentina (y en Latinoamérica) entran en tensión con el rol actual dispuesto por el gobierno sobre el cuidado de lxsciudadanxs. Esta tensión tiene su raíz en los hechos represivos que las han carac-terizado, tanto en época de dictaduras como de democracias. No hace falta irse muy lejos en el tiempo para mostrar el rol represivo que se les han asignado. Hace tan solo dos años, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, mediante la Resolución N° 956/2018, dicta-minó la medida popularmente conocida como “Doctrina Chocobar”,8 que autorizaba y ampliaba los casos en que policías podrían usar sus armas de fuego: por ejemplo, cuando una persona hubiera intentado cometer un delito, aun sin estar armada. Esta disposición dio lugar a que la policía pudiera disparar un arma de fuego por la espalda cuando intuía que una persona estuviera huyendo de un delito, lo cual facilitó el denominado

7 Dicha resolución dispone “que para garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por el citado

Decreto de Necesidad y Urgencia, se instruyó al MINISTERIO DE SEGURIDAD a disponer controles permanentes

en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos, en coordinación y en forma concurrente

con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 3º) y que cuando

se constate la existencia de infracción al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ o a otras

normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se proceda de

inmediato a hacer cesar la conducta infractora, dándose actuación a la autoridad competente, en el marco de los

artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”.

8 En apelación al policía Luis Chocobar, quien en 2017 disparó por la espalda y mató a Juan Pablo Kukoc.


“gatillo fácil”. Es en este panorama, con el rol histórico de las fuerzas de seguridad relacionadas con la represión, que nos cuestionamos cómo lograr promover funciones de cuidados. Es una excelente oportunidad para que desarrollemos una mirada crítica, basada en los derechos hu-manos, sobre la formación de dichas fuerzas, sobre qué deben hacer en una situación de pandemia, por ejemplo, pero también sobre qué no de-ben hacer en su ejercicio cotidiano.

Ahora bien, hecho este análisis y situadas en aportar a pensar en polí-ticas públicas que busquen mayores umbrales de justicia social desde una perspectiva feminista, observamos que el reconocimiento simbólico mayoritario sigue siendo hacia los varones médicos, que el hogar sigue apareciendo como el espacio donde todo es posible de ser resuelto y que quienes ayer nos reprimían hoy “nos cuidan”. Ahí es donde nos parece importante poner en diálogo estas reflexiones con algo que también está sucediendo y es el reconocimiento que desde distintos espacios institu-cionales y organizacionales se viene haciendo al trabajo de las maestras, de las enfermeras, de aquellas personas LGTBIQ y mujeres cis que or-ganizan ollas populares desde las organizaciones sociales, y tejen redes que permiten sostener el aislamiento.

Asimismo, en este entramado debemos mirar que son las trabajadoras de casas particulares quienes vieron cancelados en su gran mayoría sus ingresos, lxsprecarizadxs, también mayormente mujeres y personas LGTBIQ; son ellxslxs que van a buscar los bolsones y organizan las ollas populares; entonces, ¿no será el momento propicio para pensar en la re-distribución, en términos económicos, por cierto, pero también sociales, de dinámicas organizacionales, familiares, a partir de las cuales emerja la promoción de la distribución más equitativa, de una formación no bi-naria, no sexista?

52 Mujeres, trabajo y pandemia Cuando el atlante tiene cuerpo de mujer LILIANA I. CASTAñEDA RENTERÍA

Mujeres, trabajo y pandemiaCuando el atlante tiene cuerpo de mujerLiliana I. Castañeda Rentería*9

La pandemia que actualmente enfrentamos en el mundo entero, ha he-cho más evidentes las enormes desigualdades que configuran a las so-ciedades. Cada uno de los países ha desplegado estrategias posibles que buscan minimizar las muertes y la crisis económica que está implicando e implicará la situación sanitaria mundial, donde no cabe duda que los sectores más pobres son los más vulnerables. Reconociendo lo anterior, quisiera focalizar mi reflexión en un sector cuya vulnerabilidad se cons-tituye desde otras aristas: las mujeres trabajadoras madres que para mu-chos tienen el “privilegio” del home office.

En México el 45 por ciento de las mujeres de 15 años y más, son eco-nómicamente activas en comparación con el 77 por ciento de hombres según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el

* Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS. Profesora investigadora

adscrita al Departamento de Política y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Miembro fundador y Coordinadora

del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, Conciliación y Corresponsabilidad (GIIMCCO) e integrante

de la Red Iberoamericana de Investigación en Trabajo, Género y Vida Cotidiana (TRAGEVIC). Miembro Candidata del

Sistema Nacional de Investigadores, Conacyt. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y

Derechos en tensión”.


segundo trimestre de 2019. Del total de personas ocupadas, el 56.3 por ciento lo está en el sector informal, lo que representa poco más de 30 millones de personas. El acceso que tienen las mujeres al sector formal alcanza desde un 50.3 por ciento en el grupo de edad de 30 a 39 años y desciende a un 22.8 por ciento en mujeres entre los 15 y 19 años. De acuerdo con datos de la OCDE para 2017, México registró la segunda tasa de participación laboral femenina más baja de los 36 miembros, solo por encima de Turquía.

A las paupérrimas condiciones de las mujeres en el mercado laboral mexicano, debemos sumar las condiciones y situaciones de vida, como por ejemplo si tienen o no hijos. Para 2018, la ENOE reportaba que 15 millones 785 miltrabajadoras son madres, lo que representa el 72.9 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país, se-gún datos al cuarto trimestre de 2018.

En una nota de prensa Tomás Bermúdez1, Representante del Banco In-teramericano de Desarrollo en México, señalaba la importancia de la implementación de políticas públicas de cuidado y su impacto en el au-mento del PIB, que en el caso de México podría ser de casi el 6 por ciento. El logro de la igualdad de género en los mercados laborales, coinciden, significaría para América Latina un crecimiento del 34 por ciento (BID) y en el mundo, según estimaciones de Naciones Unidas, un 26 por ciento para el año 20252.

En el marco de lo anterior nadie podría negar la importancia que tiene la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Sin embargo, la realiza-ción de trabajos remunerados tanto en el sector formal como informal, no ha significado la reorganización de los trabajos en el espacio priva-do-doméstico, tal y como lo señala la última Encuesta de Uso de Tiempo realizada en nuestro país en 2014. Algunos datos interesantes son: del

1 Consultado en: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-mujer-mexicana-en-el-mercado-laboral-

mas-y-mejor-es-posible-20190307-0167.html

2 Doig Karla, (2019) “En México menor participación laboral femenina”, FORBES, Consultado en https://www.

forbes.com.mx/en-mexico-menor-participacion-laboral-femenina/


total de horas de trabajo por semana, el 60 por ciento es realizado por mujeres; las mujeres dedican tres veces más horas al trabajo reproducti-vo (29.8 horas por semana) que los hombres (9.78 horas por semana); en el trabajo de cuidado la distribución es de 28.8 horas por semana mujeres y 12.4 horas por semana varones. Lo anterior reduce el número de horas que las mujeres pueden dedicar a actividades remuneradas, afectando así el tipo de trabajo al que pueden acceder y por supuestos el tipo de prestaciones a las que tendrían derecho, esto coincide con el hecho de que los hombres dedican el triple de horas (68 horas por semana) para el trabajo remunerado que las mujeres.

La crisis sanitaria que actualmente padecemos, ha borrado los limites ya de por sí difusos entre el trabajo productivo, el reproductivo y de cuida-dos que realizamos las mujeres. A las condiciones de por sí precarias que se describen antes, se suma el “quédate en casa” muchas veces obligato-rio que han decretado gobiernos nacionales o locales con la finalidad de hacer frente a la pandemia provocada por el Covid 19.

México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en implementación de teletrabajo con un 30 por ciento3, sólo detrás de la India que reporta 34 por ciento. Según señala el informe de Reuters, las empresas mexica-nas que adoptaron esta modalidad laboral, reportan que sus empleados pueden ser hasta 45 por ciento más productivos, lo cual además permite ahorros en los gastos operativos para las empresas. Otros datos reporta-dos por este trabajo es que el 62 por ciento de los empleados encuesta-dos cree que el teletrabajo aísla socialmente, la mitad piensa que puede afectar sus posibilidades de promoción y el 53 por ciento considera que trabajar en casa puede aumentar los conflictos familiares. Lamentable-mente los datos no estaban desagregados por sexo.

La realidad del teletrabajo o home office para muchas mujeres, implica la sobre exigencia de encargarse de todo y de todos. Ante la amenaza de un virus microscópico, la limpieza y aseo minuciosa de la casa se vuelve imprescindible, el cuidado de los hijos en edad escolar demanda tiempo

3 https://www.entrepreneur.com/article/265023


de acompañamiento para la realización de actividades escolares, pero también acompañamiento emocional ante una amenaza que se vive con ansiedad y miedo en el marco de un cambio de dinámicas familiares y de vida repentino. El trabajo no espera, ni se pone en pausa, hay que atender correos, llamadas, y estar disponibles para videoconferencias en horarios de oficina, todo esto bajo un llamado constante de exigencia a la productividad que supone trabajar “en la comodidad de la casa”.

Además muchos medios de comunicación, así como también muchos funcionarios públicos fomentan lo que Natalia Genta, académica uru-guaya, nombra como “la romantización del quédate en casa”, de tal suer-te que además del tremendo trabajo por hacer, debemos estar contentas, felices, plenas de estar en casa con los chicos y para los chicos. Así pues nacen culpas, angustias, estrés y presiones por ser la buena madre y la buena compañera, y la empleada productiva, y la cuidadora amorosa y la experta en limpieza. Agotador.

Las mujeres siempre estamos, eso lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, quién en un discurso señaló que en México hay “un ejér-cito de enfermeras” en los hogares4. Muchas agradecieron el “reconoci-miento” a esa labor invisible y poco valorada que son los cuidados. Otras fuimos testigos de cómo un funcionario de primer nivel, reproduce en su discurso –y también con muchas de sus acciones– los mandatos de género que pesan sobre los cuerpos femeninos y las mujeres.

A lo anterior se suman las incertidumbres del futuro, ¿qué mundo en-contraremos cuando por fin salgamos de casa? ¿sobrevivirán nuestros negocios? ¿cambiarán nuestras situaciones laborales? ¿cuál será la re-lación con las y los adultos mayores? ¿Cómo cambiará nuestra mane-ra de socializar, de relacionarnos? Ante el miedo y la incertidumbre a veces toca apoyar a las parejas, hombres y mujeres que están perdien-do sus ingresos, negocios, sus proyectos de vida en medio de la tensión

4 Consultado en: https://heraldodemexico.com.mx/pais/amlo-andres-manuel-lopez-obrador-mamas-enfer

meras-covid19/ 28 de marzo.


salud-trabajo. Y ahí estamos las mujeres, sosteniendo casa, hijos, escue-la, trabajo, emociones, la familia, el país.

Hay mucho trabajo por hacer en México. Es necesario poner en el centro de los programas y políticas públicas las condiciones que miles de niñas y mujeres enfrentan cotidianamente y que esta pandemia ha exacerba-do. El futuro se muestra complicado, no debemos permitir que eso incre-mente las desigualdades y vulnere aún más los derechos de las niñas y las mujeres a una vida plena.

Es necesario que el Estado genere las condiciones que permitan a las mujeres en las familias descargar el peso que llevan sobre sus hombros. No se trata de ser la que todo lo puede, la Atlante está cansada.

El futuro no es promisorio, la crisis económica que se avecina se percibe profunda, es necesario como dice la ONU “Poner a las mujeres y las niñas en el centro de las economías dará mejores y más duraderos resultados para todos, apoyará una recuperación más rápida y nos reencausará en el camino hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-bles.” 5, la invitación está hecha.

5 Consultado en: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472672


Cuba frente al coronavirus¿Es preciso hablar de desigualdad de género?*6

Betsy Baez Macias** y Arelys Esquenazi Borrego***

Cuando te preguntan: «¿en cuáles tareas ayudas en tu casa?» la respues-ta probablemente está condicionada según género. Los estereotipos, ro-les, costumbres y tradiciones transmitidas de generación en generación, muchas veces imponen perspectivas de lo femenino y lo masculino. Ello se concreta en una determinada división sexual del trabajo a nivel de toda la sociedad y también en el hogar.

* Publicado en la Revista Alma Mater de la Universidad de La Habana, el 27 de abril de 2020. https://medium.

com/revista-alma-mater/cuba-frente-al-coronavirus-es-preciso-hablar-de-desigualdad-de-g%C3%A9nero-

26b3d4b0256b

** Licenciada en Economía por la Universidad de La Habana. Maestrante del Programas de Desarrollo Social de

FLACSO, Cuba.

*** Licenciada y Máster en Economía por la Universidad de La Habana, Cuba. Doctoranda del Programa Post-

graduación en Política Social de la Universidad Federal de Espirito Santo, Brasil. Forma parte del Grupo de Trabajo

de CLACSO “Género, (des) igualdades y derechos en tensión”.

58 Cuba frente al coronavirus ¿Es preciso hablar de desigualdad de género? BETSY BAEZ MACIAS Y ARELYS ESQUENAZI BORREGO

En nuestro país, según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, hombres y mujeres señalaron a sus hijas y otras mujeres del hogar con mayor participación en las tareas referidas al trabajo doméstico (limpiar, fregar, cocinar, lavar y planchar), mientras sus hijos y otros hombres se encargan más de las reparaciones caseras y de botar la basura (ONEI, 2018).

Cabe resaltar que esta pregunta muy usual y bien intencionada tampoco es muy acertada. Porque ni para hombres, mujeres, jóvenes, adultos o personas de la tercera edad se trata de «ayudar». Para todos(as) se trata de compartir y distribuir lo más equitativamente posible tanto el trabajo doméstico, como el de cuidados.

En los últimos meses, el escenario ha estado marcado por una profundi-zación de la crisis internacional producto de una pandemia. La COVID-19 ha colocado a prueba los sistemas de salud y la capacidad de respuesta de gobiernos y autoridades sanitarias y las familias en casi todas las par-tes del mundo. Se trata de un virus con una alta y rápida capacidad de transmisión, que ha infectado a personas de diferentes nacionalidades, géneros, razas/etnias, clases sociales, grupos etarios, creencias religiosas y demás. Sin embargo estos grupos no son impactados de igual forma. Ello no solo tiene relación con la probabilidad de contagio y mortalidad de dichos grupos, sino fundamentalmente en lo relacionado a su ruti-na diaria; asimismo en su capacidad y calidad de vida como parte de la adaptación a las medidas de aislamiento social y/o cuarentena decreta-das en cada país.

Ante la ausencia de vacunas para prevenir o curar la COVID-19, la ma-yoría de los expertos, instituciones, autoridades sanitarias y guberna-mentales insisten en la relevancia de prácticas de aislamiento social y/o cuarentena como parte de las disposiciones más efectivas para combatir el avance del virus. #QuédateEnCasa se ha convertido en una importante campaña de concientización social. Sin embargo, sabemos que estas me-didas, necesarias en el actual contexto, tienen impactos diferenciados por géneros, tanto en el trabajo remunerado como no remunerado.


Lo cierto es que esta pandemia ha puesto de relieve – de forma inédi-ta pudiéramos decir – la relevancia del trabajo no remunerado para la sostenibilidad de la vida. Es por ello que este texto se adentra en una de las dimensiones menos exploradas en los debates actuales asociados al coronavirus: la desigualdad de género. Nos interesa profundizar en los posibles impactos que está teniendo o puede tener el actual contexto de pandemia en la vida de las mujeres, y específicamente para las cubanas.

En relación al trabajo remunerado realizado en las actividades económi-cas y sociales identificadas como esenciales, y que además se mantienen en funcionamiento en sus habituales lugares de trabajo, cabe destacar que muchas de ellas pertenecen a sectores con una alta presencia de mu-jeres. La CEPAL (2020) destaca que las mujeres representan el 72,8% del total de personas ocupadas en ese sector de la salud en América Latina y el Caribe (ALC). Por su parte, según datos del último Anuario Estadístico de Cuba, las mujeres representan el 67,8% de los ocupados en la «Salud y Asistencia Social» (ONEI, 2019). Este grupo social, que constituye un área clave en momentos de crisis sanitaria, ha estado marcado por una fuerte carga de trabajo y un elevado riesgo de exposición al virus.

A su vez, entre las medidas encaminadas a evitar la paralización de la producción y de los servicios ante esta nueva realidad, y sobre todo con el objetivo de proteger el empleo y el salario de los(as) trabajadores(as), se potencian con mayor intencionalidad otras modalidades del trabajo re-munerado, tales como: el trabajo a distancia y el teletrabajo. Modalidades que han ganado relevancia en la coyuntura cubana desde septiembre del pasado año ante la situación con el combustible en el país, pero que en el actual contexto se han ampliado aún más (Figueredo & Izquierdo, 2020). Sin embargo, aunque necesarias y acertadas dichas normas, habría que reflexionar qué impactos supone el desplazamiento al interior de los ho-gares (muy heterogéneos en composición y condiciones para el trabajo) de muchos de estos trabajos remunerados. Adicionalmente se debe con-siderar que, aunque permite conservar empleos y salarios –lo cual es fundamental en una situación de crisis– la medida también implica que una parte de los costos (electricidad, telefonía, alimentación) ahora se transfieren a los presupuestos de los hogares de los(as) trabajadores(as).


¿Y para las mujeres qué implicaciones tiene esta modalidad? Una primera razón considerable es que, con la suspensión de las actividades docentes en todos los niveles de enseñanza, ahora las mujeres –dada la dinámica familiar tradicional– serán las mayores garantes por dar respuesta, casi a tiempo completo, a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Ello implica, más allá de las usuales responsabilidades de cuidados diarios, ampliar el tiempo de acompañamiento de actividades asociadas al estu-dio en casa, a la necesidad de proponer e incluso participar de los juegos y del tiempo de esparcimiento con sus hijos(as), entre otras. A ello se suma, muchas veces, la exigencia de dar también atención a otros miem-bros de la familia, incluidas sus parejas.

Por otra parte, en el nuevo escenario de pandemia, donde los sistemas sanitarios tienen más tensionadas sus capacidades, mucha de la aten-ción de salud se traslada a los hogares. Grupos de alto riesgo como los adultos mayores, requerirán apoyo para realizar las tareas más rutinarias y básicas, como la compra de alimentos y de medicinas, entre otras. En adición, el incremento de la demanda de cuidados de salud y la necesi-dad de elevar los estándares de higiene en los hogares probablemente también recaiga sobre ellas. (Batthyány, 2020)

Todo eso aumenta la presión ejercida sobre el trabajo no remunerado realizado en los hogares. Se produce un incremento en la cantidad e in-tensidad tanto del trabajo de cuidados como del trabajo doméstico. En la práctica, se concreta en la realización de trabajo gratuito, desvalorizado y altamente feminizado.

Esta problemática genera toda una diversidad de situaciones: mujeres que tienen que «conciliar» dentro de sus casas el trabajo remunerado y no remunerado con toda la sobrecarga que ello implica; mujeres que tie-nen que delegar por lo general en otras mujeres (abuelas, tías, suegras) una parte importante del trabajo no remunerado para poder continuar desempeñando su trabajo remunerado (sea en sus centros de trabajo o desde sus casas); mujeres que aun siendo clasificadas como «inactivas» o «amas de casa» ven ampliada e intensificada su jornada de trabajo no remunerado; entre otras situaciones.


El balance para las mujeres en esta situación de pandemia es bastante complejo. Más allá de especificidades y excepciones de la regla, en gene-ral se visibiliza y agudiza la sobrecarga de trabajo a la que están expues-tas. Ello se concreta en la existencia de una jornada de trabajo extensiva e intensiva, que en muchos casos supone la incorporación de trabajo re-munerado y no remunerado. Una especie de continuum que, además de ser muy desgastante, conlleva a la denominada «pobreza de tiempo» que enfrentan las mujeres: reducción del tiempo libre propio para dedicar al descanso, ejercicios físicos, actividades de esparcimiento, etc.

Para ofrecer algunos datos que puedan ejemplificar la desigualdad de género en estos aspectos, destacar que en ALC las mujeres dedican cada día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados entre 22 y 42 horas semanales, el triple del tiempo que dedican los hombres a las mis-mas tareas (CEPAL, 2020). Además, en dicha región las mujeres realizan cerca del 80% del trabajo de cuidados no remunerado y son amplísima mayoría entre quienes se ocupan en el trabajo de cuidados remunerado (Batthyány, 2020).

En Cuba, según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016) la sobrecarga doméstica es reconocida como cuarto problema de mayor impacto en la vida de los ciudadanos, tanto por las propias mujeres (30,9 %) como por los hombres (29,1 %). Sin embargo, aunque todos(as) lo reconocen como un problema, este se concreta a partir de evidentes desigualdades de género. Por ejemplo, las mujeres en sus ho-gares cada semana dedican 14 horas más al trabajo no remunerado que los hombres; de las cuales 9,2 horas de la diferencia le corresponden a las tareas domésticas y 4,9 horas al cuidado de personas necesitadas o dependientes (ONEI, 2018).

Las actividades dentro del trabajo doméstico que más tiempo promedio les consume a las mujeres cubanas son las de planificación, preparación y servicio de comida, y las relacionadas con la limpieza e higiene de la vivienda. Cabe destacar, que las mayores brechas de género tienen lugar en las tareas de cuidado y apoyo escolar a niños y niñas (ONEI, 2018). Ac-tividades todas que en el contexto de aislamiento social y/o cuarentena


demandan mayor cantidad de tiempo, esfuerzo diario y desgaste psico-lógico por parte de las mujeres.

Finalmente, otro aspecto por analizar en las cuestiones de género en este contexto de pandemia es el tema de la violencia. Una vez más se destaca la relevancia de acatar con mucha disciplina y responsabilidad las medi-das de aislamiento social y/o cuarentena. Sin embargo, #QuédateEnCasa puede tener una implicación adicional para algunas mujeres. Los encie-rros conducen muchas veces a incrementos de los abusos y las violencias machistas (física, psicológica, sexual, etc.); dado que las mujeres que se encuentran en esta situación pasan 24 horas con sus agresores. Ello se ha reflejado en el récord de feminicidios que ha sido registrado en varios países del mundo en los últimos meses (Gago & Cavallero, 2020).

Aunque se tienen pocos datos oficiales publicados para Cuba, según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG-2016), el 39,6% de las mujeres cubanas entrevistadas declaró haber sufrido violencia, en el contexto de sus relaciones de pareja, en algún momento de sus vidas (ONEI, 2018). Por otra parte, en 2019, el informe nacional cubano de cum-plimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reportó una tasa de feminicidios de 0.99 por cada 100 mil mujeres de 15 años o más para el año 2016 (Terrero, 2020). Todo ello apunta que esta es otra de las problemáticas a la que se debe dar seguimiento.

Como las anteriores cuestiones abordadas, no solo se trata de enfatizar dichos temas en contextos de pandemia sino de forma permanente. No obstante, en medio de esta crisis sanitaria de múltiples proporciones e impactos, todos estos elementos se agudizan. Por ello finalizamos con algunas breves reflexiones, con el deseo de dejar el diálogo abierto.

Lo primero que nos gustaría exponer es que para estas cuestiones (como para el resto de las problemáticas sociales), la salida y la respuesta nun-ca es individual. Son todas temáticas complejas que requieren para su transformación la participación de distintos actores, así como la imple-mentación de medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo. Este proceso de aislamiento social y/o cuarentena no puede ser asumido,


inclusive cuando acabe, como un reforzamiento del «puertas adentro» para las mujeres. Es importante que el aislamiento social, se traduzca en mayor aislamiento físico, pero también de mayor solidaridad social; tanto en el ámbito familiar, comunitario, como a nivel de país.

Otro aspecto para reflexionar es que, aunque la pandemia pone de ma-nifiesto y agudiza la denominada «crisis de los cuidados», el problema va mucho más allá. Pasa también por el debate del derecho al cuidado y la necesidad de una socialización del trabajo de cuidado. Implica tam-bién la precisión de pensar a largo plazo en un sistema de cuidados que institucionalice los mismos, que promueva amplias articulaciones entre Estado, mercado y familia; pero donde se priorice el derecho al cuidado desde una perspectiva universal, pública, gratuita y de calidad (Batth-yány, 2020).

Debemos destacar también, la necesidad de transformar la desigual y excesiva carga de trabajo doméstico que realizan las mujeres. Aunque se tiene conciencia de que esto es una tarea que tiene que continuar man-teniéndose a largo plazo, hay que pensar con urgencia cómo se distri-buyen los impactos de esta crisis, para que no sean siempre las mujeres las que sostengamos en los momentos críticos el funcionamiento de los hogares.

En relación a las situaciones de violencia contra la mujer, es importante reforzar las líneas para dar ayuda psicológica de emergencia y asesora-miento legal a mujeres en esta situación. En momentos donde los medios de difusión tienen un papel central para informar a la población, sería importante aprovechar estos espacios para hacer campañas de concien-tización sobre estas, y otras, cuestiones de género.

En cualquier caso, el aislamiento social, que de momento parece va a ex-tenderse un tiempo más, continuará tensando y agudizando todas estas cuestiones. Las soluciones van mucho más allá de intentar «conciliar» trabajo remunerado y no remunerado para las mujeres. Por ello es vi-tal una mayor visibilización, concientización y redistribución del traba-jo no remunerado a lo interno de los hogares. Esto implica, entre otros


elementos, construir una mirada alternativa, fundada sobre la equidad de género y la igualdad substantiva – y no solo formal –, sobre nuestro modelo de convivencia familiar y las dinámicas de trabajo al interior de los hogares.

La corresponsabilidad de género al interior de los hogares también tiene que ir acompañada, a mediano y largo plazo, por una reorganización so-cial del trabajo no remunerado para alcanzar la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado y las familias. La única respuesta total y efectiva está dada en lo fundamental por los espacios de lo común, de lo social; y eso supone seguir apostando por la construcción colectiva y consciente de una sociedad alternativa.

B I B L I O G R A F Í A

Batthyány, K. (2020). La pandemia evidencia y potencia la crisis de los cuidados. Recu-perado en marzo de 2020, de CLACSO. Blog Karina Batthyány: https://www.clacso.org/la-pandemia-evidencia-y-potencia-la-cri-sis-de-los-cuidados/

Bhattacharya, T. (2020). Teoria da Repro-dução Social e porque precisamos dela para tirar lições da crise do coronavírus. Recuperado en Abril de 2020, de Revis-ta Movimento: https://movimentorevista.com.br/2020/04/teoria-da-reproducao-so-cial-e-porque-precisamos-dela-para-ti-rar-licoes-da-crise-do-coronavirus/

CEPAL. (2020). La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Recuperado en

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Gago, V., & Cavallero, L. (2020). Deuda, vivien-da y trabajo: una agenda feminista para la pospandemia. Recuperado en abril de 2020, de Revista Anfibia: http://revistaanfibia.com/


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66 Huertos familiares como estrategia de resiliencia de las mujeres rurales... GRACIELA M. MORALES, DAYMA ECHEVARRÍA E ILEANA NUÑEZ

Huertos familiares como estrategia de resiliencia de las mujeres rurales en etapa de Covid-19 en República DominicanaGraciela M. Morales*, Dayma Echevarría** e Ileana Nuñez***1

La rápida expansión de la Covid-19 y sus consecuencias altamente letales a nivel mundial han puesto nuevamente en evidencia las enormes bre-chas de las políticas sociales en los países capitalistas. Específicamente en República Dominicana, el impacto del virus al interior de la sociedad

* Máster en Estudios interdisciplinarios en América Latina, el Caribe y Cuba, por la Universidad de la Habana.

Trabaja como docente en la Universidad APEC, República Dominicana, representa la filial de la Fundación Nicolás

Guillén en el país y es colaboradora de la Fundación Juan Bosch. Investiga sobre filosofía y feminismo latinoamericano

y caribeño, educación inclusiva, violencia de género, matrimonio infantil y coordina proyectos de desarrollo para

comunidades vulnerables. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

** Doctora en Sociología por la Universidad de La Habana (2008). Trabaja como profesora titular del Centro

de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de La Habana. Investiga e imparte clases y facilita talleres

sobre Género y Trabajo, Desigualdades, Desarrollo Local, entre otros temas. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO

“Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

*** Máster en Desarrollo Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba, 2019). Trabaja

como coordinadora del Programa Sociocultural Comunitario de la Fundación Nicolás Guillén y colabora con el área

de Políticas Sociales de FLACSO-Cuba. Investiga e imparte talleres sobre vulnerabilidad social, desarrollo social,

diseño y gestión de proyectos y desigualdades raciales. Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)

igualdades y Derechos en tensión”.


comienza a sentirse con mayor fuerza a partir del mes de marzo, no solo en los indicadores de salud (contagio y mortalidad), sino también en la economía, la seguridad alimentaria y los ingresos. A pesar de que el virus no discrimina, puede infectar a todas las personas por igual sin distinción de clase social, nivel de instrucción, sexo o color de la piel, existen deter-minantes sociales, culturales y económicos que sitúan a grupos sociales en condiciones de alta vulnerabilidad. Estas condicionantes limitan o impiden su acceso a la información, el acceso a las pruebas de detección, a servicios médicos de calidad y así como a otras alternativas viables para su sostenibilidad durante los periodos de cuarentena obligatoria.

Durante los meses de marzo y abril se ha experimentado una depaupera-ción de la seguridad alimentaria y de la economía informal. El periódico El Día, en su edición del 1ero de mayo de 2020, anunciaba un estimado de más de un millón de empleados del sector informal que perderán sus puestos de trabajo por la paralización de la mayoría de las actividades económicas. Las cifras no se encuentran desagregadas por sexo, pero sabemos que un porciento significativo son mujeres., en el Documento elaborado por el Centro de Estudios de Género / Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), uno de los principales centros de investi-gación en el tema en el país y en la región de América Latina, a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer 2020, , planteaban como un reclamo: ¨el Estado dominicano tiene pendiente la tarea de producir información estadística y estudios desde un enfoque de género, que expliquen las diferencias entre hombres y mujeres en el sector infor-mal y el subempleo¨.

Ante este panorama emergente y teniendo en cuenta que no se divisan respuestas verdaderamente efectivas por parte del Estado para atender a estos colectivos, que en ocasiones ni siquiera pueden acceder a las ayudas ofertadas por el gobierno, es necesario volver la mirada a deter-minadas prácticas resilientes que han demostrado, con resultados con-cretos, contribuir a la seguridad alimentaria de las mujeres, sus familias y la comunidad.


A pesar de todas las estrategias e instrumentos impulsados por el gobier-no dominicano en los últimos años, el país continúa siendo uno de los países de la región con mayor brecha de género en los índices de pobreza e indigencia, siendo identificado a finales de 2015 una diferencia de 4.6 puntos porcentuales en pobreza y 1.7 en indigencia. Ocupa también el primer lugar en fecundidad adolescente, con 97 nacimientos por cada 1000 mujeres, tiene una tasa de desempleo que afecta más a las mujeres, las cuales además tienen menor participación en los puestos de direc-ción laboral y política, y se encuentra en el cuarto lugar de 16 países1 de la región en cuanto a feminicidio, con una tasa de 2,7 por cada 1000 mujeres (Base de datos CEPAL).

En el caso de la zona rural, los indicadores de desigualdad de género aumentan en un contexto de desarrollo social poco favorecido, a pesar de las políticas públicas que se han venido desarrollando en los últimos años. En ellas, la ocupación laboral por sexo exhibe marcadas diferen-cias. El 21% de las mujeres rurales ocupadas se dedica al servicio domés-tico, oficio con mayor precariedad debido entre otros elementos a los bajos salarios, las pocas garantías laborales y la estigmatización social. Muchas de estas mujeres se trasladan a los centros urbanos dejando a los hijos sin supervisión o al cuidado de terceros. El 19.1% de las mujeres rurales están en el comercio detallista, ventas de productos industriales y agrícolas que realizan en áreas cercanas a su hogar. El 9.8% de las mu-jeres se encuentra empleada en la enseñanza y el 9.5% en los servicios hoteleros. (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, 2018). Sin em-bargo, muchas de estas mujeres continúan trabajando la tierra, parcela o patio, como complemento de los ingresos familiares, ya sea por la venta de las producciones o por el ahorro en la compra de alimentos que les puede suplir este autoconsumo.

Ante esta realidad, las oportunidades para el empoderamiento econó-mico de las mujeres rurales se ven muy reducidas, por lo que se hace cada vez más necesario el diseño e implementación de proyectos que

1 Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,

Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela.


promuevan prácticas sostenibles lideradas por este sector poblacional. Bajo esta premisa surge el proyecto piloto “Huertos familiares: resi-liencia para el empoderamiento económico de las mujeres de Ba-jos de Haina, Monte Plata y San Pedro de Macorís” (EMPODEM), una experiencia que toma como punto de partida las buenas prácticas del Proyecto de Innovación Agrícola Local (PIAL) desarrollado en Cuba2, y se propone como objetivo general a largo plazo contribuir a la seguridad alimentaria incorporando a las mujeres en el desarrollo socioeconómi-co continuo y sostenible de República Dominicana. Dicho proyecto fue coordinado por el Ministerio de la Mujer y la filial de la Fundación Nico-lás Guillén en el país, y tuvo como duración un año, desde enero de 2019.

Lograron incorporarse a la iniciativa 39 mujeres de los municipios Haina, Monte Plata y San Pedro de Macorís, asociadas a organizaciones comu-nitarias como la Federación de Mujeres del Campo (FEMUCAM) y Mamá Tingó3, para crear y sembrar 35 huertos familiares. El 90 % de las muje-res provienen de hogares con bajos ingresos y bajo nivel educativo y cul-tural. Antes de formar parte del proyecto, sus actividades fundamentales consistían en la realización de tareas domésticas, la atención de anima-les (cerdos y aves de corral), asistir a la Iglesia, el cuidado de ancianos dependientes o de nietos e hijos, el sembrado de café y plátano en fincas vecinas o la venta de productos para el cabello.

Ninguna de ellas poseía huertos familiares, por lo que algunas tuvieron que adecuar sus patios o pedirles a sus parejas un espacio de los conucos para poder llevar a cabo las siembras. La formación de capacidades en agroecología se concibió como la vía para promover una visión crítica

2 Experiencia desarrollada por el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas en Cuba, que tuvo grandes impactos en

la promoción de la equidad de género, a partir de promover el liderazgo de mujeres cubanas en la implementación

de huertos familiares en patios y parcelas. Además, promovió una la línea de conservación de alimentos frescos

y secos de manera natural, así como la apertura de espacios para la exposición y comercialización de estos

productos. De esta forma, las mujeres involucradas lograron generar ingresos propios y abrir empleos para mujeres

y jóvenes de 10 provincias de Cuba. Esta actividad repercutió además en la calidad de vida de las familias cubanas,

así como en el aumento de la autoestima de mujeres, y un cambio en los roles de estas a través de su inserción en

la actividad agrícola.

3 Organizaciones de mujeres campesinas con amplia base popular y comunitaria.


de las relaciones inequitativas de género al interior de los hogares y con efectos a nivel comunitario. Esta debía ser la puerta de entrada para vi-sibilizar las relaciones de desigualdad en las familias que participan y extender esta visión a la comunidad, de forma tal que los huertos fami-liares se constituyeran como una vía para generar ingresos económicos en las mujeres de localidades vulnerables, y sin acceso a empleo e ingre-sos estables.

En la esfera individual hubo un desarrollo de las capacidades para la implementación de huertos familiares y la producción de compost; se comenzaron a comercializar a pequeña escala sazones con condimentos del huerto. Por otra parte, las mujeres comenzaron a percibirse como su-jeto de transformación, comenzaron a expresar sus ideas y experiencias y se produjo un aumento de su capital social a partir de conocer otras instituciones y otras experiencias. En la esfera familiar lograron invo-lucrar a los nietos y esposos como ayuda; comenzaron a ahorrar por la producción de vegetales que no tienen que comprar; y en al menos dos casos se experimentó un impacto incipiente en los ingresos por la venta de estos productos. En la esfera comunitaria han contribuido con la re-habilitación ambiental y se han constituido como referente de aprendi-zajes valiosos por los resultados. En la esfera institucional se produjo un aumento del capital relacional de las instituciones involucradas a partir de conocer otras organizaciones y otras experiencias, se produjo un in-cremento de la visibilidad y reconocimiento del Ministerio de las Mujer en las comunidades rurales; y se logró reconectar a la Junta de Mujeres Mamá Tingó con el trabajo en la tierra.

¿Cuáles han sido los principales aportes del proyecto frente a la pandemia del Covid-19?

En entrevista realizada recientemente a las líderes del proyecto, estas explicaban estar transitando por una situación de inestabilidad e incer-tidumbre, pues además de ver afectados sus ingresos, muchas ni siquie-ra han podido acceder a las ayudas del gobierno. A esto se suma, la ten-sión de las dinámicas del hogar y la duplicación de las tareas de cuidado dentro del mismo.


En el contexto de las medidas de distanciamiento social, con escasa mo-vilidad hacia los centros periurbanos donde se encuentran los mercados agro-alimentarios, la presencia de huertos familiares en las cercanías de sus casas se ha convertido en fuente de alimentos para ellas, sus fa-milias y la comunidad. Además, ha impulsado mejores dinámicas en las relaciones interpersonales al interior de los hogares, involucrando en las tareas de siembra y cuidado a niños, niñas y adultos mayores, y ha-ciendo del confinamiento un período productivo y lúdico. Las redes que se tejieron a lo largo de un año de trabajo conjunto sirven ahora también como redes de apoyo para afrontar la pandemia, desde la solidaridad y el acompañamiento en situaciones de violencia o de desesperación por la incertidumbre.

Muchas lecciones nos dejarán esta etapa de pandemia por COVID-2019, sin lugar a dudas, una de las más importantes a nivel comunitario será fortalecer sus capacidades como espacio de producción y reproducción de la vida, rol que la economía convencional ha apartado de forma siste-mática. Los huertos familiares a pequeña escala pueden ser un embrión de esta forma de ser y de vivir.

72 La niñez como peligro o el mundo como amenaza VALERIA LLOBET

La niñez como peligro o el mundo como amenaza*4

Valeria Llobet**

El virtual “cierre” del mundo, con un 70% de la población mundial en alguna forma de aislamiento y/o encierro, presenta múltiples aristas de análisis. El miedo, la solidaridad, la sensación apocalíptica de “fin”, la an-gustia de lo que puede sobrevenir una vez se “reabra”, la angustia de un día a día en el que ya no hay comida en la mesa. ¿Cómo se ven esos procesos históricos cuando los miramos al ras de la mirada de les niñes? ¿Qué luces aporta pensar la casa, ese lugar esforzadamente construido como espacio de protección e intimidad, con ojos de niñe?

El encierro y la restricción de la deambulación como práctica de cuidado y tecnología de control no es, en estricto sentido, una novedad. La inten-sificación del uso de automóviles durante el siglo XX, por ejemplo, im-plicó uno de los primeros peligros masivos de los que se debe proteger a

* Publicado en: https://www.pelotadetrapo.org.ar/2013-09-05-12-30-19/2020/5433-la-ninez-como-peligro-

o-el-mundo-como-amenaza.html

** Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y Posdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud

(COLEF, PUC San Pablo, U Manizales). Sus intereses de investigación se relacionan con los estudios sociales de la

infancia y su vinculación con temas de regulación social, género, vida cotidiana y políticas sociales. Dirige el Centro

de Estudios Desigualdades, Sujetos e Instituciones (CEDESI) de la Escuela de Humanidades de la Universidad de

San Martín. Es investigadora independiente de CONICET. Integra el Grupo de Trabajo(GT) CLACSO “Género, (Des)

igualdades y Derechos en tensión”.


les niñes, los recogió al interior de la casa y dificultó los desplazamientos autónomos infantiles. Aún antes, a inicios de siglo XX, la presencia de niños y niñas en las calles los transformaba en amenazas al orden social y así, era tratados por las agencias de control social como “menores”. Al mismo tiempo que tales percepciones sobre el riesgo transformaban a los chicos de las clases trabajadoras en peligrosos a partir de su deambula-ción, las normas informales impuestas por los dueños de los conventillos hacían que fuera imposible para ellos quedarse en sus piezas cuando sus madres y padres salieran a trabajar, en un interminable círculo vicioso. La casa, la privatización de les niñes, era así un dispositivo de produc-ción de diferenciaciones y jerarquías entre niñes, que fue representado con la producción de la dicotomía “menores/niños-alumnos”.

La imagen de la casa como espacio de protección es así controvertida. A partir del acceso a las tecnologías, es puerta de entrada al escenario global y a unas autonomías, desplazamientos y peligros virtuales que to-maron por sorpresa a cuidadores y a investigadores. A la vez, el desvela-miento de la realidad del abuso sexual y diferentes formas de maltrato permitió ver que la casa es precisamente uno de los espacios de mayor riesgo para niños y niñas.

Las jerarquías sociales y morales también encontraron en la casa un es-cenario propicio. Las mujeres obreras, muy frecuentemente madres so-las, debían cumplir múltiples regulaciones morales para acceder a ayu-das materiales. No permitir que entren hombres a sus casas, no salir de sus casas por las noches, fueron normas utilizadas tanto por las institu-ciones como por las regulaciones microscópicas de las vecindades, con enormes consecuencias en las posibilidades que las mujeres tenían para criar solas.

Cuando decimos que la infancia es una construcción socio-histórica, no estamos meramente recitando por enésima vez el cuentito de Ariès. Es-tamos diciendo que todo análisis tiene que considerar las situaciones histórico-sociales en las que tales infancias tienen lugar. No hacerlo, ha-blar de “los niños” en abstracto es una vía para invisibilizar heterogenei-dades y desigualdades, lo sabemos.

74 La niñez como peligro o el mundo como amenaza VALERIA LLOBET

¿Qué sucede con les niñes que comparten la cuarentena con sus abu-sadores? ¿Qué sucede con aquellos que viven hacinados en pequeños departamentos de clase media con ventanas a un pozo de aire? ¿Qué, con aquellos cuyo hacinamiento es directamente una NBI y pasan la cuaren-tena en la canchita de la villa? ¿Qué sucede con sus cuidadores? ¿Cuánto cuidado puede proveer una persona que cría sola a un niñe pequeño cuando al sacarlo para comprar alimentos es echada del supermercado como mala madre? ¿Cuál es su relación con la cuarentena como política de cuidado? Cuando niñes y adolescentes dicen que acuerdan, ¿eso quie-re decir que comprenden que la norma es necesaria, o que no quieren salir porque el mundo se transformó en una amenaza? ¿vamos a tratarlos como peligrosos, esta vez por acarrear un enemigo invisible y micros-cópico, así como un siglo atrás eran peligrosos por acarrear el enemigo invisible de las ideologías anarquistas y socialistas que atentaban contra el orden social?

Comencé a escribir estas líneas hace cinco días. Varias veces intenté in-fructuosamente desarrollar alguna idea, interrumpida por hijas, perro, gatas y dificultad de concentración. Mis condiciones de cuarentena son privilegiadas, aunque esos privilegios deberían ser derechos. El 40% de chicos y chicas del país no está recibiendo educación con regularidad. Una cifra semejante y creciente no está recibiendo alimentación adecua-da, un número invisible está siendo víctima de violencias intrafamiliares, como destinatarios directos o secundarios a la violencia contra sus ma-dres. Muchos están tramitando como pueden el estrés y el temor al que nos enfrentamos como sociedad. Si algo podemos aprender en este difícil contexto es que lo que hace la diferencia es una mirada atenta y genero-sa, comprensiva de las dificultades materiales y subjetivas para gestionar una cotidianeidad tan alejada de lo habitual, una mirada solidaria que permita a les actores sociales enunciar su voz y sus necesidades, y una posición que analice todas las opciones a la luz del bien común.

Mirar con ojos de niñe puede también ser encontrar los insterticios para hacer andar el mundo de otra manera. Y abrir la puerta para ir a jugar.


Algunas reflexiones (situadas) sobre género, Estado y política socialMatías Álvarez*1

La nueva coyuntura impuesta por la pandemia del COVID-19 ha ampli-ficado los procesos de distribución desigual de exposición al daño, la violencia y la muerte vinculados con los clivajes de raza, género, clase y sexualidad de la sociedades capitalistas contemporáneas. En este mar-co, se han actualizado debates históricos sobre el lugar que ocupa la in-tervención del Estado en estos procesos. En la premura que imponen los contextos de crisis como la que nos encontramos atravesando, se han esbozado análisis críticos que reclaman un Estado maternal que priorice los cuidados, o advierten de la expansión un Estado autoritario basado en dispositivos de control social digital. Para decirlo brevemente, se ac-tualizan visiones “estadofilicas” y “estadofóbicas” que asocian al Estado o bien con el bienestar o bien con el control social. Sin embargo, como vienen señalando las académicas feministas que han reflexionando

* Becario de CONICET en el IGeHCS e integrante del Grupo de Estudios en Ciencia, Sociedad y Cultura FCH/

UNICEN. Licenciado en Trabajo Social FCH/UNICEN, doctorando en sociología IDAES/UNSAM, curso la Diplomatura

en Estudios de Género y Políticas Púbicas Facultad de Derecho UNICEN. Mis temas de investigación y extensión

están vinculados a las políticas publicas de género, en particular a la Educación Sexual Integral. Integra el Grupo de

Trabajo (GT) CLACSO “Género, (Des)igualdades y Derechos en tensión”.

76 Algunas reflexiones (situadas) sobre género, Estado y política social MATÍAS ÁLVAREZ

teórica y empíricamente sobre el Estado, resulta más útil pensarlo como una entidad heterogénea con regímenes de género variables que com-binan alternativa –y muchas veces simultáneamente– tanto bienestar como control social. Está diversidad del Estado y lo estatal no se expresa sólo en la variabilidad histórica y geográfica, sino que también al inte-rior de las propias arenas estatales.

Esta coyuntura nos impone la necesidad de pensar la intervención esta-tal de manera situada y en la conformación mutua estado/sociedad. Es por eso que en este escrito me gustaría referirme brevemente a algunas de las transformaciones que las condiciones impuestas por el contex-to de pandemia y aislamiento social, preventivo y obligatorio han im-plicado en las políticas sociales en Tandil, una ciudad intermedia de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Los aportes que coloco aquí forman parte de un proceso de trabajo conjunto entre la Mesa Intersec-torial Contra la Violencia Familiar y de Género1 y el Grupo de Estudios en Ciencia Sociedad y Cultura (Ci.So.C.)2. Este trabajo implica el desarrollo de un diagnóstico social sobre las transformaciones en las formas esta-tales de abordaje de las situaciones de violencia de género a nivel local, en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para lle-varlo a cabo, estamos realizando entrevistas a tres tipos de informantes clave: (1) instituciones que forman parte de la ruta crítica –dirección de políticas de género y diversidad sexual, defensoría, juzgados, comisaría de la mujer–, (2) instituciones estatales con anclaje territorial –centros de salud, centros comunitarios– y (3) organizaciones sociales. El inte-rés radica no solo en reconstruir cómo se vieron alteradas las políticas contra la violencia de género en este nuevo contexto, sino en ubicar este proceso en un marco más amplio de reconfiguración relativa de la política social en general, que ha afectado desproporcionadamente a mujeres cis y personas trans/travestis tanto en su lugar de destinatarias

1 La Mesa está integrada por referentes de distintas instituciones estatales y organizaciones sociales locales.

2 Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Lxs integrantes

del grupo que actualmente se encuentra trabajando en este diagnóstico son Gisela Giamberardino, Yanina Venier,

Florencia Minardo y María Julieta. Tanto ellas como algunas de las trabajadoras estatales entrevistadas han revisado

una versión previa de este escrito, por lo que agradezco sus sugerencias y comentarios.


principales de estas políticas, como en tanto trabajadoras encargadas de implementarlas. Aquí recuperaremos algunas de las tendencias ini-ciales que hemos podido identificar a partir de las primeras entrevistas realizadas a (1) y (2), y que sirven como una base para avanzar sobre la caracterización de los dispositivos específicos para la atención de la vio-lencia de género.

Condiciones de vida, criterios de selectividad y dinámicas institucionales

Existe una coincidencia respecto de la precarización de las condiciones de vida de las poblaciones subalternas en este contexto. En las entrevis-tas se plantea que las condiciones estructurales que ubican a estas po-blaciones centralmente en trabajos mal pagos, sin aportes previsionales ni cobertura de obra social, y estructurados de forma generizada –con las mujeres principalmente empleadas como trabajadoras de casa parti-cular, y los varones en el rubro de la construcción–, se han visto profun-damente afectadas por el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que ha limitado las posibilidades de las familias de garan-tizar su reproducción social. Esto ha ampliado y diversificado la deman-da de asistencia social, que suma a nuevos sectores –muchas veces sin experiencia previa en la atención estatal– que requieren intervención.

Este proceso ha implicado una reestructuración de la intervención es-tatal que en lugar de ensancharse se ha restringido. En el caso de la política asistencial, la provisión a nivel local de recursos –garrafas, leña, materiales para construcción, frazadas, etc.- estrecho sus márgenes de selectividad bajo la directiva del ejecutivo de focalizarse exclusivamente en la provisión de alimentos a las personas que no contasen con ningún tipo de ingreso, ya sea laboral o vinculado a programas y planes sociales. Esto ha generado un “cuello de botella” en tanto las demandas de asis-tencia se amplían –en un contexto en que se combinan condiciones es-tructurales con la fuerte profundización coyuntural de la precariedad–, mientras que las posibilidades de dar respuesta a las mismas por parte de las trabajadoras estatales se restringe.


Esto ha sido acompañado por una modificación de las dinámicas insti-tucionales y las condiciones de trabajo de las trabajadoras que intervie-nen en las áreas de desarrollo social y salud, particularmente de quienes trabajan en sus organismos descentralizados: centros comunitarios y de salud. La asistencia alimentaria pasó a dispensarse de forma cen-tralizada y no por centro comunitario, como sucedía antes antes de las medidas de aislamiento social. Esto ha generado diversas situaciones conflictivas, como la presencia policial en las entregas para “garantizar” la distancia reglamentaria entre las personas, hasta una exigencia extra sobre las usuarias que deben trasladarse en algunos casos largas distan-cias a buscar los bolsones de alimento. Por otra parte, la reducción de las franjas de atención en los centros comunitarios y el establecimiento del tele trabajo ha implicado una restricción de la autonomía relativa de las trabajadoras, que ven limitadas sus posibilidades de dar curso a las demandas de las usuarias. A esto se suma el hecho de que la atención telefónica resulta para varias una modalidad donde difícilmente se pue-da establecer el contacto subjetivo necesario para habilitar otro tipo de intervenciones, como aquellas vinculadas a la violencia de género.

Esta situación ha implicado que nuevas y viejas usuarias hayan recurri-do a otras instituciones estatales u organizaciones sociales. En el primer caso, por ejemplo, algunas demandas se han trasladado a los centros de salud –que siguieron atendiendo presencialmente– y que se encuen-tran aún más restringidos para dar respuestas. Hay una coincidencia ab-soluta marcada en las entrevistas respecto del rol de las organizaciones sociales, tanto en la gestión de recursos materiales, como en el acompa-ñamiento y asesoramiento que las personas no encuentran en las áreas estatales a las que solían recurrir.

Condiciones de trabajo, conciliación trabajo-familia e impactos subjetivos

Como hemos planteado más arriba, las transformaciones en las formas de abordaje de problemas sociales a nivel institucional han impactado en el proceso y las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en


estas áreas. Las trabajadoras estatales que se vieron obligadas a adoptar formas de tele trabajo y trabajo a distancia colocan una serie de preo-cupaciones que vienen asociadas a estas nuevas formas. Por un lado, como ya señalamos, la dificultad de establecer un contacto subjetivo y la restricción en los márgenes de maniobra para negociar hacia “arriba” los criterios de selectividad impuestos. A esto se le suma cierta difuminación entre el tiempo de trabajo y el de ocio, que en las profesiones vinculadas a la política social suele ser lábil. Llamados por teléfono, reuniones vir-tuales y recepción de mails pueden irrumpir la cotidianidad de las traba-jadoras implicando en algunos casos una jornada laboral extendida de hecho, pero no reconocida. A eso se suma que no todas cuentan con un espacio de trabajo propio en el hogar, por lo que se termina generando una indistinción entre espacios laborales y no laborales. Por otra parte, los legajos y registros escritos de las beneficiarias se encuentran en las dependencias descentralizadas, y no son accesibles de forma virtual lo que entorpece el trabajo de intervención. En el caso de aquellas trabaja-doras que conviven con parejas y/o personas a cargo –hijes, xadres– la conciliación trabajo-familia a resultado crecientemente compleja, sobre todo cuando muchas actividades se han “virtualizado” y no siempre se cuenta con varias computadoras en el hogar. Estás condiciones también pueden conspirar contra la garantía de privacidad que es necesaria en una diversidad de situaciones sociales, como aquellas vinculadas a la violencia de género

En los casos en que las trabajadoras aún siguen asistiendo a las institu-ciones –como en los centros de salud– el contexto ha puesto de mani-fiesto una precariedad previa vinculada la los límites edilicios y de equi-pamiento. En algunas de nuestras entrevistas se mencionan por ejemplo cómo los espacios reducidos en que se desarrollan las tareas cotidianas implican que no todas las profesionales puedan contar con un espacio propio para la atención de la demanda directa. En el contexto de aisla-miento, la imposición de distancias sociales es virtualmente imposible de sostener en algunos de estos lugares de trabajo precisamente por estas limitaciones espaciales, lo que conspira contra la posibilidad de sostener las medidas de higiene reglamentarias.


Todas las entrevistadas manifiestan que estas condiciones han tenido un fuerte impacto subjetivo. En primer lugar, por las dificultades para poder dar respuesta a una demanda en aumento de diversos recursos. En segundo lugar, porque ellas están ubicadas como las caras más visi-bles del Estado, debiendo hacerse cargo de decisiones en cuya definición no han participado. Por otra parte, la falta de canales institucionales y públicos donde circule información clara y sistemática, ha redundado en un creciente nivel de incertidumbre no sólo en las usuarias, sino en las propias trabajadoras. Esta situación de incertidumbre y límites en la autonomía ha sido manifestada por diversas entrevistadas como de profunda angustia y padecimiento subjetivo, a las que se suma el propio de las condiciones excepcionales que impone el contexto.

Para seguir pensando

La coyuntura actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio, re-quiere que afinemos nuestras herramientas teóricas y nuestros com-promisos políticos. Como he intentado dejar esbozado, esta coyuntura implica la profundización de desigualdades sociales estructurales arrai-gadas en la clase social, el género, la raza, la sexualidad y la edad –por nombrar solo algunas– y la transformación de las políticas sociales des-tinada a abordaras. Los feminismos teóricos han señalado que el Esta-do no debería ser pensado como una entidad unitaria y coherente, sino más bien como un conjunto heterogéneo de aparatos que procesan de forma divergente las desigualdades sociales. En este escrito, que forma parte de un proceso más amplio de diagnóstico social orientado a acom-pañar demandas e intervenciones de trabajadoras estatales y organi-zaciones sociales en la ciudad de Tandil, centramos nuestra mirada en dos actrices centrales: las destinatarias de políticas de asistencia social y las trabajadoras encargadas de dispensarla. En ambos casos pareciera que la coyuntura histórica profundiza procesos previos de precarización a la vez que suma nuevos aspectos. La modificación de los criterios de selectividad, la focalización en la cuestión alimentaria y las nuevas di-námicas institucionales –que implicaron el cierre de espacios para la atención directa - ha expuesto a las usuarias nuevas y viejas a procesos


de vulneración de derechos y estrechado sus márgenes de maniobra. Esta misma dinámica ha implicado cambios en el proceso y las condi-ciones de trabajo en estos espacios estatales, lo que ha redundado en un estrechamiento de la autonomía relativa de las trabajadoras y a la vez en nuevas –y en algunos casos mayores– exigencias, lo que ha dado lugar a una creciente angustia. Ciertamente, este proceso no puede ser unidireccionalmente imputable a las definiciones del ejecutivo muni-cipal, sino que forma parte de una dinámica de “prueba y error” que ha implicado cambios veloces en poco tiempo3. No obstante, este proceso ha terminado por ampliar desigualdades sociales históricas y extender procesos de precarización social.

No quisiera terminar este escrito en un tono pesimista. En las primeras entrevistas que realizamos, se pone en valor el rol ocupado por las orga-nizaciones sociales en canalizar y resolver demandas no sólo de aseso-ramiento y acompañamiento sino de ayuda material. Por otra parte, las propias trabajadoras estatales están iniciando procesos de organización colectiva para reflexionar y reclamar en torno a sus condiciones de tra-bajo. Poner en diálogo las formas diversas y contradictorias en que el Es-tado interviene en coyunturas críticas como las que nos toca atravesar, en diversas realidades regionales, nacionales y subnacionales y a partir de sus diversos aparatos, puede permitirnos arribar a análisis matizados necesarios para acompañar los procesos de organización social “desde abajo” que la actual coyuntura impone.

3 Mientras escribimos esta nota, las directivas municipales han apuntado a la reapertura de los espacios

descentralizados de asistencia a los que hemos hecho mención

82 Desafíos para ciudades equitativas Desigualdades, género y cuidados en el territorio NATALIA CZYTAJLO

Desafíos para ciudades equitativasDesigualdades, género y cuidados en el territorioNatalia Czytajlo*4

El inicio de la tercera década del siglo XXI nos encuentra, desde la pers-pectiva disciplinar del urbanismo, con problemáticas y desafíos emer-gentes en torno a la(s) desigualdad(es) como característica estructural de las ciudades latinoamericanas. El contexto de pandemia recoloca ade-más, temas y perspectivas con nuevos sentidos.

El brote de enfermedad por COVID-19 ha evidenciado nuevas manifesta-ciones de viejos problemas urbanos que están ganando relevancia en la discusión pública. Se suman a los problemas de múltiples desigualdades –desigualdad socioeconómica y de género–, la informalidad y la exclu-sión social, entre otras cuestiones, y visibilizan prioridades y lagunas de las agendas urbanas (Gutman, 2020).

* Arquitecta y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Tucumán. Master en impactos

territoriales por la Universidad Internacional de Andalucía. Especialista en estudios de las mujeres y de género

por la Universidad Nacional de Luján.Profesora Asociada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT e

investigadora categoría Adjunto de la Carrera de Investigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones

Científicas y Técnicas CONICET en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la FAU - UNT.

Responsable Laboratorio de Género y Urbanismo y coordinadora de la Plataforma GIS (www.observatoriofau.org/

gis). Integra el Grupo de Trabajo (GT) CLACSO “Género,(Des)igualdades y Derechos en tensión”.


Por otra parte, en el umbral de la tercera década, los desafíos de equidad e inclusión en el campo de las políticas se ponen en el centro de la esce-na. En Argentina, la llegada al poder de un gobierno de corte progresista y la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a expresiones de los movimientos de mujeres más frecuentes y visibles, posibilitan pensar en nuevas construcciones de agenda pública, no aje-nas al contexto de retrocesos en la región.

Los estudios desde la perspectiva de género convocan a reconocer la diversidad frente a las desigualdades. Aquellas desigualdades socioeco-nómicas influyen negativamente en las condiciones de las mujeres, que además tienen mayor carga de tiempo en actividades de cuidado ya sea como trabajo remunerado o no remunerado (en el área de salud consti-tuyen más del 70%), mayores efectos socioeconómicos negativos (Falú, 2020; PNUD, 2020), y sufren también más las violencias1.

El campo del ejercicio profesional de la arquitectura y el urbanismo tam-poco ha estado exento de contradicciones y tensiones. Tradicionalmente masculino (Arias, Marciani, Moisset, 2018), a pesar de la mayor inciden-cia reciente y creciente de profesionales mujeres en distintos ámbitos, han tenido poca cabida en ese conocimiento disciplinar acumulado.

La pregunta situada ya a fines de siglo sobre la importancia del estudio de cómo se elaboran las construcciones resultantes desde el espacio o en relación a este y el modo en que inciden directa o indirectamente en el diseño y mantenimiento de las relaciones de género (Hayden, 1976 en Falú, 2016), es hoy más que nunca una pregunta desafiante. No es una pregunta que debemos respondernos solitariamente, miles de iniciativas

1 Mientras que en el 2002 el índice de feminidad de los hogares en situación de pobreza ascendía a 105 mujeres

por cada 100 hombres; en 2017 este valor se ubicaba en 113 mujeres por cada 100 hombres. Por su parte, la pobreza

extrema de las mujeres también aumentó en el mismo período, pasando de 108 mujeres por cada 100 hombres en

2002 a 116 mujeres por cada 100 hombres en 2017 (CEPAL, 2019 cit. PNUD, 2020).

La vulnerabilidad se incrementa en el caso de las mujeres de grupos sociales con menor poder social porque

persisten mayores responsabilidades en el hogar –cuidado y tareas cotidianas– que condicionan su acceso a la

propiedad y a una vivienda con buenas condiciones, al mercado laboral y a los ingresos (acceso a los recursos), así

como su acceso a la ciudad (Falú, 2016; Czytajlo, 2017, 2019).


en investigación, docencia y militancia desde la epistemología feminista desde el último cuarto del siglo XX en el mundo, en América Latina y también en Argentina, actúan como referencias insoslayables2. Algunos de estos temas atraviesan la discusión del espacio de formación articula-do desde este espacio dl Grupo de Trabajo CLACSO3.

En particular en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales, se valora especialmente la experiencia personal, la aproximación feno-menológica frente a las mediciones externas. Aproximación constante en el marco de las asignaturas regulares impartidas en especial desde el año 2013 conducida y conformada por docentes mujeres4.

Desde una perspectiva disciplinar, el urbanismo asiste a un cambio de paradigma. La propuesta del Urbanismo feminista supone trabajar en cuestiones tales como ¿Dónde y cómo se evidencia la omisión de las mujeres? ¿Que implica en el territorio la concepción binaria - mujeres responsables de la reproducción y el cuidado y producción? ¿Cómo da-mos cuenta de las asimetrías entre varones y mujeres en el espacio y territorios urbanos La omisión de las mujeres en la planificación urbana, producto de una mirada androcéntrica que subordina a las mujeres y las invisibiliza en sus diferencias y demandas específicas, sub-valorizándo-las requiere ser identificada en el territorio (Falú, 2018).

La efectiva incorporación de enfoques emergentes en las agendas urba-nas y metropolitanas así como en la formación profesional en el ámbito de competencia, es compleja y supone la producción de información sustantiva, la sensibilización, formación continua de nuevos recursos

2 Algunos trabajos como los de Paula Soto y Czytajlo, 2020) e iniciativas tales como la Red Mujer y Hábitat

buscan referir los aportes en las disciplinas vinculadas a la disciplina urbanismo en la región.

3 Seminario Virtual CLACSO Géneros, ciudades y territorios. GT Géneros, desigualdades y derechos en tensión.

Coordinación: Ana Falú, Natalia Czytajlo. Docentes: Carmen Beramendi, Lilian Soto y Laura Sarmiento. https://www.

clacso.org/generos-ciudades-y-territorios-desafios-en-la-construccion-de-agenda-publica-en-america-latina/

4 El Observatorio de Fenómenos Urbano-Territoriales (OFUT) se crea en 2005, por resolución de la Facultad

de Arquitectura y Urbanismo (Res. HCD/FAU 025/05)como ámbito de estudio, investigación y transferencia en de

la Cátedra de Urbanismo I– Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU– FAU– UNT). Tiene como misión

generar conocimiento específico sobre la problemática urbano-territorial, orientado a la comunidad científica, el

uso docente y útil a la implementación de políticas públicas. Ver: http://www.observatoriofau.org/?p=127


humanos y el desarrollo de iniciativas y estrategias de articulación (Ca-sares, 2016).

En ese sentido, las iniciativas vinculadas al espacio del Observatorio, avanzan en el acercamiento disciplinar sobre ejes problema consideran-do la innovación social como una herramienta para la enseñanza y una propuesta frente a los desafíos del Urbanismo en torno a garantizar el derecho a la ciudad y una nueva agenda urbana de gestión más próxima a la sustentabilidad.

El contexto actual nos interpela a pensar en la ciudad en relación a la salud y el bienestar. La pandemia del COVID– 19, tal como exponen distintas autoras, ha puesto en tensión dos cuestiones principalmente críticas, los cuidados y las violencias. Asimismo, las desigualdades que atraviesan nuestras ciudades, no sólo de género, sino en interacción con otras categorías, también implican diferentes formas de hacer frente a esta situación.

La ciudad materializada a partir de los principios de la Revolución Indus-trial y continuada por el movimiento moderno orientada a las funciones de habitar, trabajar, recrearse y circular hacen crisis en este contexto. La separación a partir de la división sexual del trabajo materializada en los espacios de la vivienda y la ciudad, implica la crisis de los cuidados. Ello incide negativamente en la calidad de vida y en la vida cotidiana de las personas que desarrollan estas actividades, que siguen siendo mayorita-riamente mujeres. Resuenan hoy de otro modo las interpelaciones sobre la “ciudad cuidadora”, en la que la sostenibilidad de la vida está en el centro de las decisiones urbanas.

En el aglomerado de Tucumán,como en muchas ciudades de nuestra región, la periferia urbana evidencia la persistencia de situaciones de privación material, a la que se suman asimetrías de género. Es posible identificar áreas de carencia material de vivienda e infraestructura, que coinciden con alta concentración de población joven de baja escolari-dad y altos porcentajes de mujeres jefas de hogar con mayor carga fa-miliar. Desigualdades históricas se suman a desigualdades emergentes.


Su análisis requiere considerar las nuevas realidades familiares, las nue-vas y diversas vulnerabilidades, asociadas no solo a la exposición a ries-gos, sino a los recursos materiales y no materiales con los que pueden afrontarlos.

En este contexto de pandemia, las actividades de cuidado se realizan principalmente en el hogar, sobre todo en tanto el sistema público inte-rrumpe algunos soportes. ¿Nuestros hogares, sus espacios están previs-tos para ello? ¿Qué condiciones deberían tener nuestras viviendas para poder adaptarse? Por otra parte aparece la noción de cuidado como “res-ponsabilidad colectiva”, no sólo en relación a la atención dçde personas dependientes, sino de víctimas de violencia de género en diferentes ám-bitos ¿Cómo asume el urbanismo estas demandas? ¿Podríamos pensar en respuestas de política pública universales de cuidado? ¿Qué caracte-rísticas y equipamientos requieren los espacios residenciales, nuestros espacios públicos, nuestras ciudades? La condición de aislamiento ha implicado diferentes impactos según los territorios. En algunos casos, el acceso a los bienes y servicios no implica siempre proximidad y la “mixtura de usos” referida por Jane Jacobs no es frecuente en nuestras ciudades. La mayoría de las personas nos trasladamos para el aprovi-sionamiento en medios de transporte privado o público y generalmente a una distancia mayor a cuatro cuadras. En otros casos, hay cercanía de acceso a bienes pero es el ingreso el que no puede resolverse en “la casa”, “el barrio”, a veces ni si quiera en “la ciudad” y cuando no nos tras-ladamos a comprar, lo hacemos para trabajar. Nuestra vivienda entonces ¿debiera ser la misma siempre? ¿cómo interpela eso las forma de tenen-cia de vivienda, en nuestro país fuertemente asociada a la propiedad pri-vada? ¿Cómo y con qué herramientas podemos repensar el hábitat y la vivienda?

Estos interrogantes y problemas están siendo trabajadas en las inicia-tivas actuales en el espacio de experimentación temática del Observa-torio, el Laboratorio de Género y urbanismo que monitora situaciones de desigualdad(es), violencia(s) y vida cotidiana, en articulación con


organismos gubernamentales y no gubernamentales provinciales y na-cionales y redes académicas iberoamericanas5.

Desde sus comienzos, los mapas se constituyeron en una herramien-ta fundamental para la epidemiología. El notable avance de las tecno-logías geoespaciales en las últimas décadas ha potenciado este legado. En la actualidad, la referenciación geoespacial digitalizada es una de las herramientas más potentes disponibles para tomar decisiones sobre la ubicación territorial y la evolución de cuestiones socialmente problema-tizadas (CIPEC, 2020).

El Observatorio contribuye con dispositivos técnico / metodológicos de trabajo colaborativo que conciben la construcción de la ciudad como bien común y a las personas como actores sociales de cambio (Llom-parte, el. al. 2020). El Visor de Mapas es un desarrollo tecnológico en entorno Sistemas de Información Geográfica (SIG) del Observatorio que puede consultarse on– line en la página web6. Como Nodo Académico de la Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán, sostiene para el uso público avances en desarrollos tecnológicos de información en sus servicios de mapas en línea. En su último producto a la difusión7 remite los aportes más relevantes al análisis de las dinámicas urbanas y territo-riales del COVID– 19, vinculados a las incorporaciones y modificaciones en el entorno del Visor de mapas útiles a la construcción de la Agenda

5 El Laboratorio Género y Urbanismo surge en el marco de las actividades del OFUT como espacio de

experimentación que articula distintas actividades desde una especificidad temática. i) Proyectos de Investigación:

PICT 2027/ 2016 ii) Proyecto Laboratorio de Género y Urbanismo en el marco del Programa PIUNT B 618 Programa

Metropolitano de Tucumán 2030 / Directora Marta Casares. iii) Proyecto de Extensión: Género, ciudad y violencias

(Res. 039/19) (Dirección N. Czytajlo) en articulación con la Secretaría de la Mujer, del Gobierno de la Provincia de

Tucumán. Asignaturas Electivas (2017, 2018, 2019) y Prácticas Profesionales Asistidas (2019). Laboratorio de Género y

Urbanismo http://www.observatoriofau.org/?p=

6 Link: http://www.observatoriofau.org/gis/ También se dispone de otros servicios web: el servicio de mapas

(WMS) y el servicio de vectores en web (WFS). El OFUT es Nodo Universitario activo de la Infraestructura de

Datos Espaciales de Tucumán (IDET) desde el año 2015. Los contenidos que se ponen al uso público, han sido

desarrollados en el marco de proyectos de investigación con financiamiento del FONCyT desde 2013, de la UNT en

las Convocatorias de PIUNT, SPU y en acuerdos de colaboración y servicios con organismos nacionales, provinciales

y municipales mediante el trabajo de investigadoras y becarias CONICET, Agencia Nacional de Promoción Científica

y Tecnológica y de la UNT.

7 Boletín OFUT - Abril 2020 - En tiempos de pandemia: http://www.observatoriofau.org/?p=485


Urbana 2030 para el espacio metropolitano de Tucumán. Incorpora ade-más el seguimiento de indicadores vinculados al ODS 11 en articulación con otros8, cada uno de ellos con descripciones e interpretaciones, útiles para la gestión pública desde un espacio que articula docencia, investi-gación y transferencia en la universidad pública conforme a los compro-misos con el ámbito de referencia inmediato.

Las claves disciplinares de la nueva situación “post pandémica” pone a la vida y el cuidado en el centro de las decisiones de la política urbana, y renueva aproximaciones y paradigmas disciplinares. Trabajar en los de-safíos de la incorporación de la perspectiva de género en el urbanismo, implica trabajar en forma situada sobre dispositivos proyectuales y téc-nicos útiles al planeamiento, la intervención sobre la ciudad y respuestas normativas capaces de asumir las agendas de sujetos, más aún cuando la mayoría de las certezas y “normalidades” de las existencias se ha visto cuestionado.

R E F E R E N C I A S

8 ODS11: Ciudades y comunidades sostenible. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

ODS5: Igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

ODS10. Reducción de las Desigualdades. Reducir la desigualdad en y entre los países.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Ares, P. (2018). Gobiernos locales para ciu-dades que cuidan. Construcción de un pro-yecto histórico de los vínculos, el arraigo y la comunidad. En G. Quilodrán, Las ciudades que queremos: el valor de planificar para vi-vir mejo (págs. 225-244). Buenos Aires: Kon-rad Adenauer Stiftung.

CEPAL (2020). Informe Especial COVID-19 No 1.América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos econó-micos y sociales. https://repositorio.ce-pal.org/bitstream/handle/11362/45337/4/S2000264_es.pdf


CIPPEC (2020). Mapas y epidemias. https://www.cippec.org/textual/donde-esta-el-co-vid-19-epidemias-y-mapas/

Falú, A. (2020) https://hic-al.org/2020/04/07/ana-falu-la-pandemia-incertidumbres-vio-lencias-cuidados-y-genero/

Falú, A. (2016) “La omisión de género en el pensamiento de las ciudades”, en Borja, Jor-di, Carrión, Fernando y Corti Marcelo (Ed.), Ciudades para Cambiar la Vida. Una res-puesta a Hábitat III. Quito, Ecuador. 2016.

Gutman, M. (2020). Conferencia: Azotes glo-bales, crisis, miedo y ciudad. Ciudades Co-munes. Encuentro Online.

Hamann, C. (2020) COVID-19 risk indices per municipality and metropolitan municipality planning region. Gauteng City-Region Ob-servatory (GCRO).

ONU, (2015), Agenda 2030 para el De-sarrollo Sostenible Organización de las Naciones Unidas, https://www.un.org/susta inabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)

PNUD (2020) Boletín especial COVID-19 y Género. https://sway.office.com/z3xFB3RzSBynWVmK

OFUT. Cartografía Temática . www.observa-torifau.org/gis/. Consulta mayo 2020.

Boletín del Grupo de Trabajo Género, (des)igualdades y derechos en tensión

Número 1 • Junio 2020

género y #1 (des)igualdades · libro digital, pdf - (boletines de grupos de trabajo) archivo...

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