fundamentos a la ley de violencia contra mujer

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4380-S-06

(S.-4.380/06)PROYECTO DE LEY

El Senado y Cmara de Diputados,

PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

TITULO I

Disposiciones generales

Artculo 1 Objeto. La presente ley tiene como objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y brindar asistenciaintegral a las vctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.Art. 2 Definicin. A los efectos de la presente ley se entiende por violencia contra las mujeres todo acto u omisin tanto en el mbito pblico como privado que, de maneradirecta o indirecta, tenga por objeto provocar un dao o sufrimiento fsico, psquico, sexual o patrimonial sobre cualquier mujer, a los efectos de intimidarla, castigarla ohumillarla; de mantenerla dentro de los roles sexuales estereotipados; vulnerar su dignidad, el derecho a la libertad, a la autodeterminacin sexual, a la integridad fsica, psquicay sexual, a su seguridad personal; someterla a malos tratos, torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes; o producirles daos a los bienes que integran su patrimonio o el desus familiares.Se encuentran incluidos en los actos u omisiones referidos los perpetrados por el Estado o sus agentes.Quedan comprendidos los actos u omisiones:

a) Perpetrados por el cnyuge o conviviente; ex cnyuge o ex conviviente; por el padre de un/a hijo/a en comn; por ascendientes, descendientes, parientescolaterales, consanguneos o afines; por quien tenga o haya tenido una relacin de noviazgo;

b) Perpetrados por curador; encargado de la educacin o guarda; ministro de algn culto reconocido o no; y otras relaciones interpersonales; as como en el mbitolaboral, social y/o donde se desarrollen relaciones jerrquicas o que medie autoridad;

c) Perpetrados por el Estado o sus agentes.

Art. 3 Principios de interpretacin: son principios rectores para la interpretacin y aplicacin de las disposiciones de la presente ley los siguientes:

a) El derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencias y discriminaciones, tanto en el mbito pblico como en el privado;b) El derecho a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres;c) El derecho a una educacin libre de patrones estereotipados de comportamiento y de prcticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o

subordinacin;d) La garanta del derecho a la seguridad econmica para las mujeres vctimas de violencia de gnero y sus hijos/as para facilitar su reintegracin social;e) El derecho a un acceso rpido y efectivo a las instancias de denuncia y a los servicios de atencin a las vctimas;f) Todos aquellos principios y derechos reconocidos por la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

TITULO II

De los derechos y el procedimiento

Captulo IDe los derechos de las mujeres vctimas de violencia

Art. 4 Derechos. Las vctimas de la violencia contra las mujeres tienen los siguientes derechos:

a) Al respeto de su integridad fsica, psquica y sexual;b) A recibir informacin sobre sus derechos y sobre los recursos y mecanismos para obtener la restitucin de los derechos vulnerados;c) A contar con asistencia psicolgica, mdica y jurdica gratuita de manera integral e interdisciplinaria;d) A prestar testimonio en condiciones especiales de proteccin, y a la proteccin frente a toda posible o efectiva represalia;e) A ser informada de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de las consecuencias del proceso;f) A ser oda y que se tenga en cuenta su opinin en todas las etapas del proceso;g) A que se proteja su intimidad;h) A oponerse a la realizacin de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a ser acompaada por alguien de su confianza y a que sean realizados por

personal profesional especializado y formado con perspectiva de gnero;i) A iniciar procedimientos para el reconocimiento de sus derechos y obtencin de indemnizacin;j) En el caso de nias y adolescentes, adems de los derechos precedentemente enunciados, se deber velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades

especiales, prohibindose, sin excepcin, los careos con el agresor o testigos. Las medidas de proteccin de derechos aplicables no podrn en ningn caso resultar restrictivas desus derechos y garantas, ni implicar privacin de la libertad. Se procurar, en la medida de lo posible, la posibilidad de reintegracin de la nia o adolescente a su familianuclear o ampliada y/o a su comunidad.

Art. 5 Derecho a la informacin. A los fines de la presente ley, el derecho a la informacin implica que:

a) Las mujeres vctimas de violencia tienen derecho a recibir informacin plena y asesoramiento adecuado a su situacin personal, a travs de los servicios quedispongan los organismos gubernamentales y no gubernamentales. Dicha informacin comprender, entre otras, las medidas previstas en esta ley, la informacin sobre susderechos; y sobre los recursos de atencin y asistencia integral previstos y lugares de prestacin de los mismos;

b) Se garantizar que las mujeres con discapacidad vctimas de violencia tengan acceso integral a la informacin sobre sus derechos y sobre los recursos

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existentes. Esta informacin deber ofrecerse en un formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de seas, sistema braille, u otrasmodalidades u opciones de comunicacin.Art. 6 Derecho a la asistencia integral. A los fines de la presente ley, el derecho a la asistencia integral comprende:

a) El derecho al acceso a servicios de atencin psicolgica, mdica y jurdica, de emergencia y de recuperacin integral. La organizacin de estos servicios porparte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales responder a los principios de actuacin urgente, atencin permanente, especializacin de prestaciones ymultidisciplinariedad profesional;

b) La accin coordinada y en colaboracin de estos servicios con las fuerzas policiales, los funcionarios judiciales, los servicios sanitarios y educativos y lasinstituciones encargadas de prestar asistencia jurdica a las vctimas;

c) El derecho de los/as hijos/as de las mujeres vctimas a la asistencia integral y al acceso a estos servicios. A estos efectos, deben contar con personalespecficamente formado en derechos humanos de la infancia para atender a los nios, nias y adolescentes.

Art. 7 Derecho a la asistencia jurdica. A los fines de la presente ley, el derecho a la asistencia integral implica que:

a) Las mujeres vctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representacin gratuitas por profesional especializado en todos los procesos que tengan causadirecta o indirecta en la violencia. Este derecho asistir tambin a los causahabientes en caso de fallecimiento de la vctima;

b) Se garantizar la defensa jurdica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las vctimas de violencia que lo soliciten;c) Los colegios de abogados tendern a adoptar las medidas necesarias para la designacin urgente de un letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por

violencia contra las mujeres.

Art. 8 Derecho a la privacidad y reserva de identidad. En ninguna instancia y bajo ninguna circunstancia o motivo ser permitido la creacin de registros especiales devctimas de violencia contra las mujeres.Los funcionarios intervinientes debern asegurar reserva en relacin con la identidad de las vctimas.

Captulo IIDel procedimiento

Art. 9 Ambito de aplicacin. Las disposiciones del presente captulo se aplicarn con relacin a los hechos mencionados en el artculo 2, que se lleven a cabo en el mbito dela ciudad de Buenos Aires, con el objeto de ordenar medidas preventivas urgentes, sin perjuicio de las dems acciones que puedan corresponder segn la legislacin general.Art. 10. Legitimacin. La denuncia podr ser efectuada por:

a) La mujer vctima de violencia, cualquiera sea su edad;b) La nia o la adolescente quien, directamente o a travs de sus representantes legales, puede poner en conocimiento de los hechos al juez, y/o a la autoridad

pblica competente;c) Cualquier persona, si la persona afectada fuese nia o adolescente, discapacitada o una persona mayor que por su condicin fsica o psquica no pudiese

formularla.

La obligacin de efectuar la denuncia se extiende a los profesionales de la salud, a quienes presten servicios asistenciales, sociales y educativos pblicos o privados, y a todofuncionario pblico que tome conocimiento de los hechos en ocasin o ejercicio de sus funciones, siempre que no constituya un delito.Para el caso de que un tercero o superior jerrquico impidiere, obstaculizare, perturbare, amenazare y/o molestare al obligado/a a realizar la denuncia, siempre que no constituyaun delito contemplado en el Cdigo Penal, se le impondr una sancin econmica, a determinar por la reglamentacin de la presente ley.Art. 11. Intervencin. La denuncia puede efectuarse ante cualquier juez de cualquier fuero, quien deber actuar dentro de las veinticuatro 24 horas de tomar conocimiento delos hechos, pudiendo adoptar algunas de las medidas del artculo 14 de la presente ley, debiendo remitir las actuaciones al juez competente dentro de las siguientes 24 horas.Art. 12. Juez competente. Ser autoridad judicial competente para entender en las actuaciones definitivas, los jueces con competencia asuntos de familia.Cuando los hechos objeto de la denuncia puedan constituir delito, el funcionario que haya prevenido la pondr inmediatamente en conocimiento del juez competente en lamateria.Art. 13. Obligacin de informar. Los funcionarios policiales, judiciales o sanitarios a los cuales acuda la vctima de violencia tienen la obligacin de informarle sobre losrecursos institucionales, legales y sociales existentes para el reconocimiento de sus derechos vulnerados.Art. 14. Medidas preventivas urgentes. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones contemplados en el artculo 2 de la presente ley y perpetrados por las personasenunciadas en los incisos a) y b) del mencionado artculo, el juez podr ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:

a) Ordenar la exclusin del presunto autor de la agresin de la vivienda donde habita la vctima si halla que la continuacin de la convivencia significa un riesgopara su integridad fsica, psquica y sexual o la de alguno/a de sus familiares;

b) Prohibir el acceso del presunto autor de la agresin al domicilio de la vctima, as como tambin a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o delprogenitor o representante legal cuando la vctima fuere nia o adolescente;

c) Fijar al presunto agresor un permetro de exclusin para circular o permanecer en determinada zona cercana al domicilio, lugar de trabajo, estudio oesparcimiento de la vctima;

d) Prohibir al agresor la tenencia y compra de armas y ordenar la incautacin de las que estuvieren en su poder;e) Ordenar el reintegro al domicilio a peticin de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, previa exclusin del agresor de la vivienda;f) Ordenar la restitucin inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si sta se ha visto privada de los mismos por los hechos de violencia;g) En caso de mediar vnculo matrimonial entre el agresor y la vctima, disponer el inventario de los bienes de la sociedad conyugal y de los propios de la afectada;h) Fijar en forma provisoria la cuota alimentaria y el rgimen de tenencia y visitas de conformidad con la legislacin vigente;i) En el caso de que la vctima fuere nia o adolescente, podrn aplicarse las medidas de proteccin excepcional de derechos dispuestas por la ley 26.061, de

proteccin integral de los derechos de las nias, nios y adolescentes;j) Ordenar toda otra medida prevista por la legislacin vigente, aun las autosatisfactivas, necesaria para garantizar la seguridad personal de la vctima y de sus

hijos/as, hacer cesar la situacin de violencia y evitar la repeticin de todo acto de coaccin o intimidacin, agresin y maltrato del agresor hacia la o las vctimas.

El juez podr dictar ms de una medida a la vez. El juez determinar la duracin de las medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo mximode duracin de las mismas, por auto fundado. Podr requerir la intervencin de la fuerza pblica a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

Art. 15. Medidas preventivas urgentes ante actos u omisiones perpetrados por agentes del Estado. Al tomar conocimiento de los actos u omisiones perpetrados por agentes del

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Estado y contemplados en el artculo 2 de la presente ley, el juez podr ordenar, dentro de las 24 horas, las siguientes medidas preventivas urgentes:

a) Informar, en forma fehaciente, el acto de violencia al organismo o institucin en el cual se llevaba a cabo el o los actos de violencia a fin de resguardar lasituacin laboral, educativa y/o social de la vctima;

b) Ordenar la exclusin del presunto autor de la agresin del lugar en donde se llevaba a cabo el o los actos de violencia (lugar de trabajo, escuela, esparcimiento);c) Prohibir el acceso del presunto autor de la agresin al domicilio de la vctima, a su lugar de trabajo, estudio o esparcimiento, y/o del progenitor o representante

legal cuando la vctima fuere nia o adolescente;d) Fijar al presunto agresor un permetro de exclusin para circular o permanecer en determinada zona cercana al domicilio, lugar de trabajo, estudio o

esparcimiento de la vctima.e) Prohibir al agresor la tenencia y compra de armas y ordenar la incautacin de las que estuvieren en su poder;f) Ordenar el reintegro al establecimiento en el cual se hubiere perpetrado la agresin a peticin de quien ha debido ausentarse del mismo por razones de seguridad

personal, previa exclusin del agresor del mismo;g) Ordenar la restitucin inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si sta se ha visto privada de los mismos por los hechos de violencia;h) En el caso de que la vctima fuere nia o adolescente, podrn aplicarse las medidas de proteccin excepcional de derechos dispuestas por la ley 26.061, de

proteccin integral de los derechos de las nias, nios y adolescentes;i) Ordenar toda otra medida prevista por la legislacin vigente, aun las autosatisfactivas, necesaria para garantizar la seguridad personal de la vctima y de sus

hijos/as, hacer cesar la situacin de violencia y evitar la repeticin de todo acto de coaccin o intimidacin, agresin y maltrato del agresor hacia la o las vctimas.

El juez podr dictar ms de una medida a la vez. El juez determinar la duracin de las medidas, de acuerdo a las circunstancias del caso, debiendo determinar un plazo mximode duracin de las mismas, por auto fundado. Podr requerir la intervencin de la fuerza pblica a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.Art. 16. Comunicacin de las medidas preventivas urgentes. A los fines de asegurar la eficacia del cumplimiento de las medidas preventivas urgentes y a pedido de parte, eljuez podr ordenar se comuniquen las medidas decretadas a las instituciones y/u organismos pblicos o privados a los que se hubiere dado intervencin en el proceso, as comotambin a aquellos mbitos determinados por la aplicacin de las medidas previstas en el artculo 14 de al presente ley.Art. 17. Audiencia. El juez fijar una audiencia, la que deber tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de cuarenta y ocho (48) horas de ordenadas las medidas delartculo 14, o si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u omisiones.El presunto autor estar obligado a comparecer bajo apercibimiento de ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pblica.En dicha audiencia el juez escuchar a las partes por separado y resolver sobre las medidas ordenadas mantenindolas, modificndolas o adoptando aquellas que estimepertinentes.Si la vctima de violencia fuere nia o adolescente, se deber velar por que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibindose, sin excepcin, los careoscon el agresor o testigos. A tales efectos, les sern aplicables las disposiciones de los artculos 250 bis y 250 ter del Cdigo Procesal de la Nacin.Art. 18. Diagnstico de situacin. El juez deber requerir un diagnstico de situacin a un equipo interdisciplinario formado con perspectiva de gnero y derechos humanospara determinar los daos fsicos, psquicos, sexuales y/o patrimoniales sufridos por la vctima y el contexto en que estos ocurrieron.Dicho informe ser remitido al juez en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas, prolongar las existentes o cesar alguna de lasadoptadas.El juez tambin podr considerar otros informes producidos por profesionales o instituciones pblicas o privadas idneas en el abordaje de la violencia contra las mujeres queacompaen la presentacin de los hechos de violencia contemplados en la presente ley. Las partes podrn proponer otros informes tcnicos.Art. 19. Sanciones. Ante el incumplimiento de las medidas ordenadas o la reiteracin de los hechos de violencia, el juez podr evaluar la conveniencia de modificar las medidaspreventivas ordenadas, pudiendo ampliar las impuestas u ordenar otras.Art. 20. Seguimiento de las actuaciones. Todas las medidas preventivas deben ser ordenadas por un tiempo razonable, pudiendo en los casos mencionados del artculo anterior,ampliar su duracin.Art. 21. Exencin de cargas. Las actuaciones fundadas en la presente ley estarn exentas del pago de tasas depsitos y de cualquier otro impuesto.Art. 22. Normas supletorias. En todo lo no previsto en las disposiciones de la presente ley, y en cuanto sea compatible con ella, se aplicarn supletoriamente las normas delproceso sumarsimo del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin.

TITULO III

De la poltica pblica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres

Captulo IObjetivos generales de la poltica

Art. 23. Autoridad de aplicacin. Ser autoridad de aplicacin de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin, el que deber disear e implementar unapoltica pblica en materia de prevencin y erradicacin de la violencia contra las mujeres, en articulacin con otros ministerios, instituciones acadmicas y organizaciones de lasociedad civil con competencia en la materia.Art. 24. Objetivos. La poltica pblica en materia de prevencin y erradicacin de la violencia contra las mujeres tendr los siguientes objetivos:

a) Promover la articulacin interinstitucional entre organismos pblicos y privados a los fines de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y proteger ypromover sus derechos humanos;

b) Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la proteccin y asistencia de las mujeres vctimas de violencia y el reconocimiento de sus derechos;c) Asegurar el acceso de las vctimas a servicios de asistencia mdica, psicolgica, social y econmica integrales y gratuitos;d) Promover la creacin de mbitos destinados a garantizar la seguridad personal y la asistencia de las mujeres vctimas de violencia y de sus hijas/os;e) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales para la implementacin de acciones destinadas a la asistencia integral de las mujeres vctimas de

violencia y de sus hijos/as;f) Garantizar a las mujeres que lo requieran asistencia jurdica gratuita de manera directa o a travs de convenios con colegios de abogados y/o instituciones

acadmicas que acrediten idoneidad y experiencia en la materia;g) Organizar capacitaciones y campaas de sensibilizacin a los funcionarios pblicos competentes en la materia, en particular a fuerzas policiales y de seguridad

y funcionarios judiciales, sobre la problemtica, su prevencin, abordaje y asistencia integral a las vctimas, con perspectiva de gnero y de derechos humanos. La capacitacinestar a cargo de profesionales y/o instituciones que acrediten idoneidad y experiencia en la materia;

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h) Promover medidas tendientes a garantizar la proteccin del derecho laboral de aquellas trabajadoras vctimas de violencia;i) Disear medidas tendientes a brindar asistencia econmica a aquellas mujeres vctimas de violencia que no cuenten con recursos propios de subsistencia;j) Implementar una lnea telefnica gratuita destinada a receptar denuncias y brindar asesoramiento sobre los recursos existentes en materia de prevencin de la

violencia contra las mujeres y asistencia a sus vctimas;k) Elaborar programas y campaas de concientizacin pblica destinadas a sensibilizar a la ciudadana sobre la violencia contra las mujeres, difundir medidas

preventivas e informar sobre los recursos existentes para la asistencia integral a las vctimas;l) El fortalecimiento de las medidas de sensibilizacin ciudadana para la prevencin de la violencia contra las mujeres,m) Promover la realizacin de estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre violencia contra las mujeres, y su difusin.

Captulo IIObligaciones de los organismos gubernamentales

Art. 25. Obligaciones. Los organismos gubernamentales con competencia en la materia adoptarn todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanosde las mujeres, mediante la plena aplicacin de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formasde Discriminacin contra la Mujer y la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.Adoptarn, en el mbito de su competencia, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificar las conductas y eliminarlos prejuicios y las prcticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad entre los gneros y en funciones estereotipadas asignadas avarones y mujeres.Art. 26. Obligaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de Desarrollo Social de laNacin deber:

a) Coordinar los programas de prevencin de la violencia contra las mujeres y de asistencia a sus vctimas;b) Participar en el diseo de los planes de enseanza y capacitacin sobre derechos humanos y violencia contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as

pertenecientes a la administracin de justicia;c) Disear, juntamente con el Ministerio de Salud de la Nacin, los programas de capacitacin e informacin sobre derechos humanos y violencia contra las

mujeres destinados a los/as profesionales y funcionarios/as que implementan los servicios de asistencia mdica y psicolgica a las vctimas de violencia y sus familiares;d) Promover la creacin e implementacin de mbitos para el albergue y la asistencia integral para mujeres vctimas de violencia en las distintas jurisdicciones;e) Celebrar convenios con entidades bancarias a fin de facilitarles lneas de crditos a mujeres vctimas de violencia;f) Organizar, juntamente con la Secretara de Medios de Comunicacin y el Ministerio de Educacin de la Nacin, campaas de educacin y sensibilizacin

ciudadana para prevenir la violencia contra las mujeres;g) Promover la participacin activa de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones acadmicas con experiencia en la prevencin y erradicacin de

la violencia contra las mujeres.

A los fines de la presente ley, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin celebrar los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y nogubernamentales, nacionales o provinciales.Art. 27. Obligaciones del Ministerio de Educacin de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de Educacin de la Nacin, enarticulacin con el Consejo Federal de Educacin, deber:

a) Promover la modificacin de los planes de estudio, programas educativos, mtodos de enseanza y normas educativas para promover la igualdad deoportunidades entre varones y mujeres, contribuir a la eliminacin de criterios discriminatorios, y brindar herramientas para la prevencin de conflictos y la resolucin pacficade los mismos;

b) Promover la revisin y actualizacin de los libros de textos y materiales didcticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de gnero y los criteriosdiscriminatorios, y para que fomenten la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y varones y la idea de corresponsabilidad y coparticipacin en la construccin de lasociedad que integran;

c) Adoptar todas las medidas necesarias para que en los planes de formacin del personal docente se incluya formacin especfica en materia de deteccin precozde la violencia contra las mujeres;

d) Las universidades asegurarn una formacin especfica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia contra las mujeres,e) Adoptar todas aquellas medidas necesarias para desarrollar en el alumnado la capacidad para analizar y valorar crticamente las desigualdades entre los sexos y

fomentar la consecucin de la igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres;f) Adoptar medidas necesarias para prever la escolarizacin inmediata de las nias y adolescentes que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de

actos de violencia.

A los fines de la presente ley, el Ministerio de Educacin de la Nacin celebrar los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y nogubernamentales, nacionales o provinciales.Art. 28. Obligaciones del Ministerio de Salud de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de Salud de la Nacin, en articulacin conel Consejo Federal de Salud, deber:

a) Implementar protocolos de asistencia interinstitucionales para la atencin y asistencia de las mujeres vctimas de violencia, resguardando su intimidad,previniendo su revictimizacin y promoviendo una prctica mdica no sexista;

b) Implementar programas de sensibilizacin y formacin continuada del personal mdicosanitario con el fin de mejorar el diagnstico precoz e impulsar laasistencia integral de la mujer vctima de violencia;

c) Promover la incorporacin en los currculos educativos de las carreras de grado y de posgrado, y en los programas de especializacin de las profesionessociosanitarias, de contenidos dirigidos a la capacitacin para la prevencin, la deteccin precoz, y la asistencia integral a las vctimas de violencia; y

d) Promover la incorporacin de las prestaciones especializadas en el Programa Mdico Obligatorio y en los alcances de las prcticas mdicas y farmacolgicas.

A los fines de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nacin celebrar los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y no gubernamentales,nacionales o provinciales.Art. 29. Obligaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio de Justicia yDerechos Humanos de la Nacin, deber:

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a) Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres denuncien los actos de violencia cometidos contra ellas en condiciones deseguridad y confidencialidad;

b) Promover la investigacin, recoger datos y elaborar estadsticas relacionadas con las distintas formas de violencia contra las mujeres;c) Desarrollar y promover en las distintas jurisdicciones, en articulacin con la instancia de monitoreo interinstitucional que determine la autoridad de aplicacin

de la presente ley, el relevamiento de datos y registros estadsticos;d) Celebrar convenios con colegios de abogados, instituciones acadmicas y organizaciones no gubernamentales a los fines de garantizar el asesoramiento y

patrocinio gratuito y el acceso a la Justicia a las mujeres vctimas de violencia; ye) Disear, con la participacin del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin, los planes de enseanza y capacitacin sobre derechos humanos y violencia

contra las mujeres destinados a los/as funcionarios/as pertenecientes a la administracin de justicia.

Art. 30. Obligaciones del Ministerio del Interior de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, el Ministerio del Interior de la Nacin deber:a) Brindar capacitaciones al personal policial y de fuerzas de seguridad en materia de prevencin de la violencia y asistencia a las vctimas, con perspectiva de

gnero y derechos humanos; yb) Elaborar protocolos de asistencia policial que promuevan la atencin de la vctima que acude a realizar la denuncia en un marco de respeto por sus derechos

humanos y evitando su revictimizacin.

A los fines de la presente ley, el Ministerio del Interior de la Nacin celebrar los convenios necesarios con las instituciones y organismos gubernamentales y nogubernamentales, nacionales o provinciales.Art. 31. Obligaciones de la Secretara de Medios de Comunicacin de la Nacin. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de esta ley, la Secretara de Medios deComunicacin de la Nacin deber:

a) Impulsar campaas de informacin y sensibilizacin ciudadana con el fin de prevenir la violencia contra las mujeres. Las mismas debern ser accesibles a laspersonas con discapacidad;

b) Velar por que los medios audiovisuales aseguren un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, con especial atencin en laerradicacin de conductas discriminatorias y favorecedoras de situaciones de desigualdad de las mujeres;

c) Adoptar las medidas necesarias para despertar la conciencia social sobre la responsabilidad de los medios de comunicacin en la promocin de imgenes noestereotipadas de mujeres y varones y en la eliminacin de patrones de conducta generadores de violencia;

d) Elaborar directrices y cdigos de tica para la difusin de imgenes e informaciones que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas susmanifestaciones;

e) Velar por que la difusin de informacin relativa a violencia contra las mujeres se garantice en el marco del respeto por los derechos humanos, la libertad y ladignidad de las mujeres y de sus hijos. En particular, se tendr especial cuidado en el tratamiento grfico de las informaciones.

Art. 32. Instancia de monitoreo interinstitucional. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin promover la creacin de una instancia de monitoreo interinstitucional de laviolencia contra las mujeres.La misma deber:

a) Fomentar el desarrollo de investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;b) Implementar acciones de seguimiento, diagnstico y evaluacin de las polticas que se implementen en la materia y elaborar propuestas de reformas legislativas

e institucionales; yc) Difundir los resultados de los estudios e investigaciones;d) Articular acciones con el Poder Judicial y el Ministerio Pblico con fines estadsticos y de investigacin social.

TITULO IV

Disposiciones finales

Art. 33. Vigencia de la ley 24.417. En aquellos casos de violencia familiar no previstos en las disposiciones de la presente ley, ser de aplicacin la ley 24.417, de proteccincontra la violencia familiar.Art. 34. Presupuesto. El presupuesto general de la Nacin prever las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.Art. 35. Reglamentacin. La presente ley ser reglamentada en un plazo mximo de noventa (90) das contados a partir de su promulgacin.Art. 36. Adhesin. Invtase a las provincias a adherir a las disposiciones de la presente ley.Art. 37. Comunquese al Poder Ejecutivo.

Mara C. Perceval.

FUNDAMENTOS

Seor presidente:La violencia de gnero, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en forma desproporcionada, es uno de los problemas de desarrollo yderechos humanos ms graves que enfrentan los pases del mundo. Es una de las violaciones a sus derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las ltimas dosdcadas, fundamentalmente producto del trabajo y resultado de la demanda de los movimientos de mujeres.La violencia de gnero no slo representa un costo humano invaluable para las mujeres y sus familias, sino adems un costo econmico y social para el pas, y por cierto unobstculo para las democracias, en tanto afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su pleno desarrollo, y dificultando su participacin social y contribucin a losprocesos democrticos en igualdad de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega, Buenas prcticas para la erradicacin de la violencia en la regin de Amrica Latina yel Caribe, serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2005).El paulatino reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres forma parte de un proceso de especificacin creciente de derechos, producto de la cada vez mayorcomprensin y aceptacin de que hay grupos de la sociedad que por sus necesidades y por la especificidad de las violaciones a sus derechos no les es suficiente la sola proteccingeneral que se brinda a todos los seres humanos y requieren, por lo tanto, de protecciones diferentes y especficas (Rioseco Ortega, 2005).Es as como a la par de la progresiva visibilizacin de la violencia contra las mujeres en tanto violacin a sus derechos humanos, los pases de la regin han suscritosignificativos compromisos internacionales y regionales, que incluyen propuestas y lineamientos bsicos para incorporar en el diseo de sus polticas pblicas y legislativasmedidas tendientes a mejorar la condicin social de las mujeres. Ejemplo de ello han sido los avances introducidos por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos (Viena,1993), por la Conferencia Internacional sobre Poblacin y Desarrollo (El Cairo, 1994), por el Programa de Accin para las Mujeres de Amrica Latina y el Caribe (Mar del Plata,

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1994) y por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Accin Mundial (Beijing, 1995), entre otros.Asimismo, el marco legal establecido primero por la Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer (CEDAW, 1979), aprobada por ley23.179 de 1985 y con rango constitucional desde el 94 y despus con mucha mayor especificidad por la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra la Mujer (Belem do Par, 1994), aprobada por ley 24.632 de 1996, obliga a los Estados a implementar leyes y polticas para prevenir y erradicar la violenciacontra las mujeres.Sin embargo, se observan insuficiencias para concretizar decididamente los principios y derechos contenidos en dichos instrumentos internacionales. Por ejemplo, no todas laslegislaciones nacionales que promueven medidas contra la violencia domstica o intrafamiliar se han adecuado a la Convencin de Belm do Par ni se aplican e interpretanacorde con la conceptualizacin y las obligaciones que este instrumento establece (Luz Rioseco Ortega; Buenas prcticas para la erradicacin de la violencia en la regin deAmrica Latina y el Caribe, serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, 2005).Asimismo, han surgido obstculos y limitaciones inherentes al problema complejo, de origen cultural y multicausal y resistencias al cambio de sectores tradicionalistas que noreconocen la violencia y la discriminacin contra las mujeres como constitutiva de una violacin de sus derechos humanos. Tal como seala Rioseco Ortega, existen dificultadespara dimensionar su gravedad y para entenderlo adems, como un problema que requiere ser abordado en forma conjunta por Estado y la sociedad civil como requisito dedesarrollo democrtico del pas, vale decir, con la participacin activa de la comunidad y sus organizaciones. De la misma manera, se hace necesario responder a nuevosdesafos, como lo es el abordaje de la violencia desde una perspectiva ms amplia e integradora en direccin a generar conciencia en la poblacin y sus instituciones sobre losalcances de la violencia sexual, psicolgica y econmica, que se encuentran an menos visibles que la violencia fsica (Luz Rioseco Ortega, op. cit., pgs. 10 y 11).De la misma manera, el proceso de reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violacin de sus derechos humanos tambin ha debido sortear las resistencias a lacomprensin de este problema como propio de la responsabilidad de los Estados, en una mirada que slo alcanzaba a ver una leve o dudosa culpabilidad de los agresoresdirectos y no todo aquello que los Estados hacen o dejan de hacer para poner fin a esta violencia y para proteger a las vctimas (Luz Rioseco Ortega, op. cit., pg. 14).Al respecto, seala Rioseco Ortega, por un tiempo debieron idearse estrategias para poder presentar casos y visibilizar el problema en instancias internacionales. Una de estasestrategias, quizs la que tuvo mayor impacto jurdico, fue la utilizacin de la jurisprudencia del caso Velsquez Rodrguez contra Honduras que ampli el concepto deresponsabilidad de los Estados desde la sola accin a la omisin, con lo cual un Estado no slo es responsable por lo que hacen sus agentes, sino tambin por lo que no hacen(Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso Velsquez Rodrguez vs. Honduras, sentencia de 29/7/88).En este sentido, la sentencia seal que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convencin Americana sobre Derechos Humanos que pueda ser atribuido,segn las reglas del Derecho Internacional, a la accin u omisin de cualquier autoridad pblica, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad enlos trminos previstos por la misma Convencin (CIDH, caso Velsquez Rodrguez vs. Honduras, sentencia de 29/7/88, 164).A la luz de la Convencin Americana de Derechos Humanos la primera obligacin asumida por los Estados es la de respetar los derechos y libertades en ella reconocidos; lasegunda obligacin es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convencin a toda persona sujeta a su jurisdiccin. Esta obligacin implica eldeber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, demanera tal que sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligacin los Estados deben prevenir,investigar y sancionar toda violacin de los derechos reconocidos por la convencin y procurar, adems, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso,la reparacin de los daos producidos por la violacin de los derechos humanos. A lo que agrega que la obligacin de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechoshumanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligacin, sino que comparta la necesidad de una conductagubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garanta del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (CIDH, caso Velsquez Rodrguez vs.Honduras, sentencia de 29/7/88, 166 y 167).En materia de jurisprudencia internacional, tambin podemos citar el Caso Mara da Penha contra Brasil, primer caso que utiliza como fundamentos la Convencin de Belm doPar ante un caso de violencia contra las mujeres.Mara Da Penha denuncia la tolerancia del Estado brasilero por no haber tomado por ms de quince aos medidas efectivas necesarias para procesar y penar al agresor (el exmarido), pese a las denuncias que sta haba efectuado. La comisin seal que la impunidad que ha gozado y an goza el agresor y ex esposo de la seora Fernndes escontraria a la obligacin internacional voluntariamente adquirida por parte del Estado al ratificar la Convencin de Belm do Par. La falta de juzgamiento y condena delresponsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte del Estado de la violencia que Mara da Penha sufri, y esa omisin de los tribunales de justiciabrasileos agrava las consecuencias directas de las agresiones. A lo que agrega, esa tolerancia por los rganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pautasistemtica. Es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las races y factores psicolgicos, sociales e histricos que mantienen y alimentan la violencia contrala mujer (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, caso Mara Da Penha Maia Fernndes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 55).En este caso emblemtico de muchos otros, la ineficacia judicial, la impunidad y la imposibilidad de obtener una reparacin por la vctima establece una muestra de la falta decompromiso para reaccionar adecuadamente frente a la violencia domstica. El artculo 7 de la Convencin de Belm do Par parece ser una lista de los compromisos que elEstado brasileo no ha cumplido an en cuanto a este tipo de casos (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, caso Mara Da Penha Maia Fernndes vs. Brasil, 16 deabril de 2001, 57).Por lo expuesto, la comisin consider que se daban las condiciones de violencia domstica y de tolerancia por el Estado definidas en la Convencin de Belem do Par y queexista responsabilidad del Estado por la falta de cumplimiento a sus deberes establecidos en su artculo 7 en relacin a los derechos por ella protegidos, entre ellos, a una vidalibre de violencia, a que se respete su vida, su integridad fsica, psquica y moral y su seguridad personal, su dignidad personal, igual proteccin ante la ley y de la ley; y a unrecurso sencillo y rpido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, caso Mara DaPenha Maia Fernndes vs. Brasil, 16 de abril de 2001, 57 y 58).Por estos motivos concluy, entre otras cuestiones, sealando que el Estado ha violado los derechos y el cumplimiento de sus deberes segn el artculo 7 de la Convencin deBelm do Par en perjuicio de la seora Fernndes; y en conexin con los artculos 8 y 25 de la Convencin Americana y en su relacin con el artculo 1 de la Convencin, porsus propios actos omisivos y tolerantes de la violacin infligida (Comisin Interamericana de Derechos Humanos, caso Mara Da Penha Maia Fernndes vs. Brasil, 16 deabril de 2001, 60.4).A ms de una dcada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) es evidente que han habido notables avances para las mujeres: una mayor presencia enescaos parlamentarios y en los poderes ejecutivos; eliminacin de algunas diferencias de gnero en la educacin; mayor presencia en el mercado laboral, entre otros, cambios enla vida de las mujeres que estn estrechamente vinculados a transformaciones socioculturales que acompaan al desarrollo econmico de las sociedades, pero que no sonsimplemente consecuencia del crecimiento de la economa.Sin embargo, estos avances deben ser ponderados a la luz de persistentes desigualdades por motivos de gnero y de un contexto econmico y poltico que vulnera sus derechoshumanos.Es por ello que nos encontramos ante el gran desafo de sortear mltiples obstculos que impiden la plena igualdad entre varones y mujeres. Y, de la misma manera, que impidenla plena implementacin e interpretacin de las disposiciones, en este caso, de la Convencin de Belm do Par.El desafo es afrontar la violencia contra las mujeres como un tema de polticas pblicas, con perspectiva de gnero y de derechos humanos. Definirla como problema depolticas pblicas es la base para identificar la capacidad que tienen los distintos instrumentos de polticas para enfrentarla. Implica tambin abordar la violencia contra lasmujeres como un fenmeno independiente y distinto de otras manifestaciones de la violencia familiar, identificando los factores sociales, culturales, polticos, econmicos einstitucionales que inciden en ella.Desde mediados de los 90, la Convencin de Belm do Par interpela a los Estados de la regin a implementar polticas para erradicar, prevenir y sancionar todas las formas deviolencia contra las mujeres. La misma reafirma la idea de que la violencia contra las mujeres no puede ser considerada ni afrontada como una expresin ms de la violenciaintrafamiliar. Sin embargo, esto tampoco se ha reflejado en la mayora de las polticas pblicas ni legislativas de los pases de la regin, en que la aproximacin sigue siendo a laviolencia en la familia. Esto tiene importantes repercusiones ideolgicas en el momento de disear polticas o programas y de optar por una u otra forma y metodologa de

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intervencin, como tambin al consagrar o aplicar o no mecanismos como la conciliacin o la mediacin. A juicio de la gran mayora de las entrevistadas, de los informes y de labibliografa revisada, ste es uno de los obstaculizadores ms potentes para avances ms rpidos (Luz Rioseco Ortega, op. cit., pg. 56).Las leyes y polticas sobre violencia contra las mujeres deben constituir el referente para el desarrollo de nuevas prcticas institucionales que incorporen visiones distintas de lasmujeres y de la especificidad de las violaciones a sus derechos humanos, respetando y creando condiciones para su efectivo ejercicio.

El enfoque de derechos humanos en las polticas y leyes tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres implica considerar que sus efectividad depende, fundamentalmente,de la incorporacin de medidas centradas en la defensa de los derechos de las vctimas, y de las mujeres en general, a una vida libre de violencias; y del reconocimiento de laautonoma de las mujeres y de sus derechos al ejercicio de una ciudadana plena y, por lo tanto, de sus necesidades e intereses especficos. Asimismo, la promocin de losderechos humanos de las mujeres requiere de procesos de transformacin de las distintas instituciones y del sistema de valores y creencias, a fin de erradicar las formas en que laviolencia contra las mujeres se reafirma y persiste. Adems, las prcticas institucionales deben involucrar un proceso de empoderamiento y fomentar la participacin activa de lasmujeres como actores en las decisiones y acciones que las ataen, y no como meras receptoras de los servicios y de las intervenciones institucionales (Modelo de Leyes yPolticas sobre Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres, Unidad de Gnero y Salud, Organizacin Panamericana de la Salud; 2004).

Por todo lo expuesto proponemos la presente iniciativa, que tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres ybrindar asistencia integral a sus vctimas, desde un abordaje integral y multidisciplinario.

El proyecto de ley se encuentra organizado en cuatro ttulos. El primero define las disposiciones generales (conceptos, sujetos de aplicacin y principios de interpretacin)

En un segundo ttulo organizado en dos captulos se explicitan los derechos de las mujeres vctimas de violencia (derecho a la informacin, a la asistencia integral, a laasistencia jurdica y a la privacidad) y los procedimientos que las autoridades administrativas y judiciales deben llevar adelante para el efectivo reconocimiento de dichosderechos. Tambin se consideran las medidas preventivas que, ante el conocimiento de actos u omisiones violatorios de los derechos de las mujeres, el juez podr ordenar, tantoen el mbito pblico como privado, con el objeto de proteger a las vctimas.

En un tercer ttulo tambin organizado en dos captulos se definen los objetivos generales de una poltica pblica en materia de prevencin y erradicacin de la violenciacontra las mujeres, y las obligaciones de los organismos gubernamentales, quienes debern adoptar todas las medidas necesarias para promover y proteger los derechos humanosde las mujeres, mediante la plena aplicacin de los instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente de la Convencin sobre la Eliminacin de Todas las Formasde Discriminacin contra la Mujer y la Convencin Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, as como adoptar en el mbito de sucompetencia, todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y modificar las conductas y eliminar los prejuicios y las prcticasconsuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad entre los gneros y en funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres.En un cuarto ttulo se definen las disposiciones finales de la ley.Han sido antecedentes para la elaboracin de este proyecto, la ley orgnica 1/2004 sobre medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero de Espaa; el anteproyectode ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en el mbito familiar y las relaciones interpersonales del movimiento de mujeres de Crdoba; y elmodelo de leyes y polticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres elaborado por la Unidad de Gnero y Salud de la Organizacin Panamericana de la Salud (2004).Para avanzar en la prevencin y erradicacin de las violencias contra las mujeres son necesarios la bsqueda de consensos y el compromiso de los distintos actores vinculados;mejorar la legislacin; invertir decididamente en prevencin; crear centros de asistencia integral, fortaleciendo las instituciones que vienen trabajando en esta lnea y aprender deaquellas que tienen experiencia y metodologas de intervencin validadas en el tiempo. Se hace necesario, a su vez, impulsar la creacin de redes sociales con la participacinactiva de la sociedad civil y de los gobiernos locales, y dar continuidad a los programas de capacitacin de los/as funcionarios/as pblicos, judiciales y policiales, as comotambin a los/as agentes comunitarios, a la vez que iniciar y/o reforzar la insercin del tema en los currculos de todos los niveles de las carreras profesionales pertinentes y de laenseanza escolar.La complejidad del problema y su magnitud requiere de abordajes desde una perspectiva que vincule la existencia de este fenmeno sociocultural y valrico, la defensa de losderechos humanos, el ejercicio de la ciudadana y la profundizacin de la democracia. Para avanzar hacia una sociedad ms democrtica, tolerante, equitativa y nodiscriminatoria de las mujeres [] importa que cada organizacin en sus intervenciones especficas, como en asociatividad con otras, potencien su rol como actores claves en elproceso de construccin de una sociedad menos violenta y ms igualitaria (Luz Rioseco Ortega; op. cit.; pg. 11).Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompaen en el presente proyecto de ley.

Mara C. Perceval.

A las comisiones de Legislacin General, de Poblacin y Desarrollo Humano, de Sistemas, Medios de Comunicacin y Libertad de Expresin y de Justicia yAsuntos Penales.

fundamentos a la ley de violencia contra mujer

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