Fraude de la sat-todanoticia.com- El Ministerio Pblico (MP) ha seguido la pista de al menos 10 empresarios que habran participado en la defraudacin de Q80 millones al fisco, al haber descargado contenedores en las portuarias sin el pago correspondiente o por haber simulado el envo de mercanca.Del 2010 a la fecha, la Fiscala contra el Contrabando Aduanero logr que los juzgados nacionales ordenaran la detencin de 10 supuestos empresarios dedicados a la industria textil; empero, a la fecha, ninguno ha sido capturado.Mynor Oxom, fiscal del caso, explic que estas personas estn involucradas en defraudacin fiscal, lavado de dinero, defraudacin tributaria, caso especial de defraudacin tributaria, apropiacin indebida de tributos y perjurio.Dentro de la red que particip en la defraudacin en las portuarias, en especial en Puerto Quetzal, Escuintla, no solo hay empleados de laSuperintendencia de Administracin Tributaria(SAT); tambin hay empresarios y transportistas, dijo.Entre los empresarios figuran personas de nacionalidad coreana, de quienes, al iniciarse las pesquisas, se determin que no tenan ninguna propiedad en Guatemala que garantizara su arraigo y, una vez giradas las acciones penales en su contra, desaparecieron de las actividades comerciales en el pas.Al sumar los montos que dejaron de pagar por los contenedores que ingresaron y las multas, las autoridades contabilizaron que los 10 empresarios deben al fisco Q82 millones 973 mil 520.66. El MP y la Polica crearon un equipo de bsqueda de estos empresarios.Los hechosDe acuerdo con las investigaciones, varios de esos supuestos empresarios importaron mercadera con la obligacin de reexportarla, pero no lo hicieron. Otros lograron, en contubernio con autoridades de Aduanas, sustraer la mercanca para evitar el pago de los impuestos.Las auditoras han detectado que en varias zonas francas, empleados de aduanas permitieron el ingreso de contenedores sin pagar tributos.Segn las investigaciones, estas personas crearon empresas fantasmas, que simularon la importacin y exportacin de producto, pero al corroborar los domicilios fiscales, estos no existan o se trataba de grandes bodegas que haban sido alquiladas por un plazo no mayor de un ao.Identidades y bodegasUno de los casos es el de William Cart Campbell y Pablo Andrs Rivano Morales, de quienes la Fiscala descubri que trajeron mercadera de Panam e inventaron empresas receptoras.Crearon una empresa donde colocaron a dos jornaleros como representantes legales, y al inspeccionar se estableci que estos no tenan la calidad ni los recursos para la supuesta empresa de textiles, la cual tampoco funcionaba. Contra ellos pesa orden de captura, por la defraudacin de Q5 millones.En el caso del coreano Zhang-cha Huang Yu se ha establecido que defraud unos Q2 millones 700 mil. Las pesquisas del MP establecen que por ms de dos aos alquil una bodega en la 1a. avenida 20-24 zona 1, donde almacenaba los contenedores que pasaba por la portuaria sin pagar impuestos.Las investigaciones revelan que para evadir los impuestos preferan pagar Q80 mil a los agentes de aduanas para que los contenedores no pasaran las revisiones.Segn el contrato de arrendamiento, Huang Yu pag US$1 mil 350 mensuales por la bodega, y testigos corroboran que a ese lugar llegaban a dejar la mercadera, aunque se desconoce qu producto era.Los ltimos en la listaEn los procesos se ha logrado establecer la participacin de los conductores de los furgones.Segn las autoridades, cerca de Puerto Quetzal, en un rea denominada La Isla, hay un grupo de transportistas que no est autorizado para retirar mercadera. Sus servicios eran requeridos por los empresarios, que les pagaban para retirar la carga.En contubernio con las autoridades de la Portuaria y empleados de la SAT, en ocho meses sacaron ms de 50 contenedores sin pagar. Los testigos explicaron que les daban Q2 mil por flete y, en algn caso, los productos eran transportados a bodegas de la zona 1.Hasta ahora se ha ligado a proceso a 12 trabajadores de la SAT que colaboraron con esa red.

Desarticulan banda infiltrada en la SAT y los detienen por fraude en aduanas El Ministerio Pblico (MP) de Guatemala logr desarticular una red delictiva integrada por 12 empleados de la Superintendencia de Administracin Tributaria -SAT- y personal de seguridad, quienes en ocho meses permitieron el ingreso de ms de 50 contenedores de manera ilegal en la Portuaria Quetzal.Las pesquisas, que se tramitan en el Juzgado Primer de Instancia Penal de Escuintla, cuentan con la declaracin de un colaborador eficaz, quien relat la forma en que cada da este grupo permita el paso de los contenedores sin revisin.La organizacin tambin est formada por otros empleados aduanales, miembros de seguridad, supuestos empresarios y personas particulares, aunque hasta el momento solo se ha logrado la captura de 12 trabajadores de la SAT y an estn pendientes de detencin presuntos empresarios.En el proceso identificado como 01074-2008-06307 se estableci que esta agrupacin logr la defraudacin de al menos Q6 millones 200 mil en ocho meses de laborar en esa aduana.Esta investigacin comprueba los hechos anmalos detectados en esa portuaria. El MP inici la investigacin despus de denuncias planteadas por la SAT, cuando los formularios de un contenedor no correspondan a los datos proporcionados.Los involucrados son sindicados de defraudacin aduanera, caso especial de defraudacin aduanera, incumplimiento de deberes y cohecho.Por estos casos se espera obtener sentencias de siete a 10 aos de prisin, pero a los funcionarios se les podra triplicar la pena.Entre las irregularidades descubiertas por la SAT est la baja recaudacin en los 16 puestos fronterizos del pas, en donde laboran ms de 950 personas.GananciasLos clculos establecen que al menos 50 contenedores que ingresaron de manera ilegal dejaron una ganancia de Q4 millones a los trabajadores aduanales, ya que el cobro oscilaba en unos Q80 mil por cada uno.Esos Q80 mil se repartan entre los tres trabajadores del turno, por lo que cada uno podra haber percibido unos Q26 mil por cada contenedor que ingresaba sin registro.Nadie sabe qu productos eran los que estaban en esos contenedores, ya que, aunque en las declaraciones se estableca que eran textiles, esto no pudo corroborarse porque nunca fueron revisados; adems, los documentos de embarque y desembarque simplemente desaparecieron.Las pocas boletas o declaraciones encontradas no respaldan la cantidad ni calidad de la mercadera y en algunos casos se logr establecer que los encargados de recoger los supuestos textiles eran empresas inexistentes.En la Portuaria Quetzal se revisan un promedio de 400 contenedores cada da, pero desde que se dio la intervencin solo se lograba la revisin de 15, lo que hizo pensar a las autoridades que algunos estaban evadiendo la revisin o escondiendo el verdadero producto que traan.Forma de operarSegn la declaracin de un colaborador eficaz, haba cuatro grupos de trabajadores en la aduana de Puerto Quetzal que reciban instrucciones de un subadministrador a quien identific como Henry Esteban Lpez, quien esta prfugo.Lpez supuestamente les indicaba a los empleados qu contenedores deban dejar pasar y no someterlos a las revisiones normales de rayos X. Una vez obtenido el dinero, lo reparta entre los involucrados.El colaborador explic que cada da podan dejar pasar de dos a tres furgones, que supuestamente venan de Panam o Corea; no haba horario especfico para recibirlos, solo necesitaban saber cundo estara de turno uno de los grupos ya contactados.Cuando venan las navieras con los productos, embarcaban en la Portuaria Quetzal luego de hacer el pago de muelle y actividades administrativas. Despus eran remitidos a la SAT para el pago de los impuestos; all se trasladaban a la rampa donde saba que estaban los empleados aduaneros.Con documentacin falsa en mano, los supuestos transportistas hacan los trmites y simulaban la revisin.Los documentos localizados en las pesquisas demuestran que las formas aduanales eran falsas; nunca se supo qu clase de mercanca traan, debido a que no eran revisados, pero las autoridades no descartan que en alguno se pudieran haber trasegado frmacos, dinero o, incluso, armas y drogas.Otra de las caractersticas de esta organizacin es que, aunque el producto vena dirigido a una persona, ocho das antes de la entrega se endosaba el cargamento a otra o a una empresa que se encargaba de retirar el producto de la aduana.Cuando se requiri la informacin, los documentos haban desaparecido o se descubra la falsificacin. Segn lo dicho por el colaborador y corroborado por las investigaciones, los empleados no sentan temor, ya que tenan cmplices en el personal de seguridad.En otras aduanasMynor Oxom, fiscal cotra el Contrabando Aduanero, asever que las acciones delictivas de los miembros de SAT no solo se producen en la Portuaria Quetzal, sino que se han detectado otros casos similares en la Portuaria Santo Toms de Castilla y en Melchor de Mencos.Entre estas dos aduanas se ha logrado la captura de otros siete agentes aduanales, por hechos similares.Oxom refiri que las auditoras han detectado que, en varias zonas francas, empleados de Aduanas permitieron el ingreso de contenedores sin pagar tributos.Despus de una serie de investigaciones, revisin y anlisis de documentacin comprobamos los faltantes, detall Oxom.Entre las pruebas con que cuenta la Fiscala estn los documentos de importacin y exportacin.Segn las pesquisas, la mayora de personas vinculadas tienen o han tenido nexos con la SAT y al conocer el manejo de los casos logran formar sus redes internas y externas.Las investigaciones han determinado que no solo se les permita el ingreso de contenedores sin revisin, sino que algunos de ellos importaron mercadera con la obligacin de reexportarla, pero no lo hicieron as.La mayora de trabajadores simulaban la salida de los contenedores con mercadera textil, pero al comprobar con las navieras, estas aseguraron que no haban realizado ningn viaje a la supuesta empresa, afirm Oxom. Mientras otros lograron, en contubernio con las autoridades de Aduanas, sustraer la mercanca para evitar el pago de los impuestos. Segn la Fiscala, hay documentacin que indica que cada empresa ha defraudado de Q5 millones a Q400 millones.Roban identidadesEsta agrupacin tambin se dedic a crear varias empresas de cartn y en algunos casos incluso usaron documentos sustrados a diversas personas.En la investigacin el MP haba logrado que se le dictara prisin preventiva a uno de los representantes legales de las entidades que recibiran el producto, pero cuando se da la aprehensin, el capturado asegur que no tena ninguna empresa.Las pesquisas permitieron practicarle una prueba grafotcnica, basada en el documento presentado en el Registro Mercantil. La conclusin fue que no haba rasgos coincidentes con la letra de la persona detenida, y al final se tuvo que desestimar la accin y esta persona qued libre.En otro caso se estableci que el embarque haba salido de un puerto panameo y el propietario era, supuestamente, una empresa de cosmticos, pero cuando lleg a puerto guatemalteco, result ser una empresa ubicada en la zona 1 capitalina.Al llegar al lugar, era una casa particular, y aunque estaba inscrita en el Registro Mercantil, no se localizaron indicios de la empresa.

Caso SAT muestra agujeros para combatir la corrupcin

las leyes anticorrupcin an muestran debilidades para asegurar la transparencia en el manejo del erario nacional y en la probidad de los funcionarios y empleados pblicos.

Han transcurrido casi tres semanas de que la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revel el caso de corrupcin en las aduanas, que implic a dos exjefes de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT) y otros empleados de la entidad dentro de una estructura de cobros ilegales que se conoca como La Lnea.

Esta estructura dirigida por Juan Carlos Monzn, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, -que permanece prfugo- pudo haber defraudado al Estado ms de Q940 millones.

Leyes porosas

La publicacin obligatoria de la declaracin patrimonial de los funcionarios y empelados pblicos es uno de los temas que quedaron pendientes, pese a que se discuti en una de las mesa ,tcnicas de probidad, explic Ricardo Barrientos, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El Decreto 31-2012 aprobado por el Congreso, cre figuras como el testaferrato y el enriquecimiento ilcito, pero a criterio de Barrientos es difcil comprobar si hay aumento en el patrimonio de los funcionarios sin justificacin. El patrimonio es la diferencia entre los activos y los pasivos, y si durante el tiempo que se ejerce un cargo, por ejemplo se compra un carro, es un activo que tendra que verse reflejado en el pasivo como un pago o una deuda, explica.

Omar Franco fue despedido en 2012 de la SAT; sin embargo, obtuvo contratos en el Ministerio de Finanzas y fue reinstalado. Fue nombrado superintendente en enero.

Este delito tiene penas de cuatro a ocho aos de prisin, multas de hasta Q500 mil y la inhabilitacin para ejercer cargos pblicos, indica el exdiputado Mariano Rayo, al agregar que a los implicados en el caso de La Lnea se les tendra que aplicar la extincin de dominio, ya que la defraudacin aduanera es una de las causales para su aplicacin.

La legislacin vigente contra el contrabando y defraudacin establece penas de hasta seis aos, pero se puede duplicar si el implicado es un funcionario, aade Rayo.

Rastro financiero

La Intendencia de Verificacin Especial (IVE) nicamente acta si existe un Reporte de Transaccin Sospechosa (RTS) emitido por una entidad bancaria o si lo solicita el Ministerio Pblico (MP), y lo que se necesita es una reforma para que pueda investigar a su criterio, explic el ex jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), Ramn Tobar.

En Argentina y Colombia las entidades equivalentes a la IVE reciben los reportes de las administraciones tributarias, y a partir de eso puede realizar los cruces de informacin para analizar los movimientos transaccionales, agrega.

La ley es buena y los oficiales de cumplimiento hacen bien su trabajo, pero se necesita que la IVE pueda actuar sin una solicitud, comenta Tobar.

Desde 2009 se tiene un reglamento para el monitoreo de cuentas de las Personas Expuestas Polticamente (PEPs), que incluye a funcionarios, polticos y sus familiares directos, entre otros. Al respecto, Tobar indica que la IVE debe esperar un RTS o la solicitud del MP para poder actuar y hacer un barrido en el sistema para los movimientos en las cuentas personales o de empresas.

El caso de La Lnea, segn el exjefe de la SIB, se perfila como un caso complicado de inteligencia financiera que conlleva cruces de informacin y algunos meses para construirlo.