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Foro de migraciones e

infancia.

1.º de octubre de 2019

Servicio de Actas y Taquigrafía

Departamento Legislativo

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Foro de migraciones e infancia - 1.º de octubre de 2019

Servicio de Actas y Taquigrafía - Departamento Legislativo

(Se inicia el registro de la versión taquigráfica). (Es la hora 15:49).

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIAS (Viviana Ordóñez).- Autoridades presentes, señoras, señores: les damos la bienvenida a la Junta Departamental de Montevideo y agradecemos la presencia de ustedes en la realización del Foro de Migraciones e Infancia, “Guía Regional del Mercosur para la identificación y atención de necesidades especiales de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes”.

Contamos con la participación de la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, edila Adriana Barros; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social de la Junta Departamental de Montevideo, edila Gimena Urta; la presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ―INAU―, licenciada Marisa Lindner; el vicepresidente del INAU, magíster Fernando Rodríguez; representantes de la Asociación Idas y Vueltas, Inés Falchi y Víctor Feliz; una representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Luciana Oholeguy; y el director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo, licenciado Julio Calzada.

A continuación escucharemos palabras de la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, edila Adriana Barros.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos en esta tarde de alerta naranja.

Les agradecemos por estar participando en este Foro de Migraciones e Infancia, que surgió como una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social en junio de este año, cuando recibimos a las autoridades del INAU. Nosotros entendimos propicio realizar este foro como una forma de contribuir con la difusión de la “Guía regional del Mercosur para la identificación y atención de necesidades especiales de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes” y aportar desde la Junta a la sensibilización del tema.

El objetivo es intercambiar ideas e impulsar acciones en relación con los derechos de la niñez y adolescencia migrante, y seguir creando herramientas e instancias que permitan la atención con este enfoque.

Hace varios años se viene tratando la temática de la niñez migrante, y esta guía es resultado de ese trabajo. Las cifras que presentó el INAU cuando asistió a la Comisión de Derechos Humanos el 3 de junio mostraban que entre los CAIF, los centros juveniles y los clubes de niñas y niños se atiende a 746 niñas, niños y adolescentes, y que 372 de ellos ―casi el 50 %― son atendidos en Montevideo. Por lo tanto, es una temática que entendimos importante abordar.

Cuando yo asumí la Presidencia de la Junta, el 9 de julio, decía que uno de los objetivos era seguir trabajando por un Montevideo más justo e igualitario, seguir mejorando la calidad de vida de los habitantes de Montevideo; no decía “de las montevideanas y los montevideanos” justamente porque debíamos preocuparnos y ocuparnos de todas las personas que habitan Montevideo, que habitan y circulan por nuestra hermosa ciudad, entre ellas las y los migrantes que eligieron esta ciudad para vivir. Nuestra obligación es hacer hasta lo imposible para facilitar su inserción. Como dice Serrat ―repito lo que dije ese día― sería fantástico “encontrarse como en casa en todas partes” y “sentirse bien tratado”. Así es como debemos hacer sentir a las y los migrantes, porque hay que entender la migración como un derecho humano.

Creo que en forma conjunta podemos aportar para la aplicación de esta guía y defender

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los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes desde la elaboración de normas hasta la realización de eventos como este, que permitan el intercambio de ideas, la difusión y la sensibilización del tema.

Para cerrar quiero compartir con ustedes una excelente noticia reciente, de la semana pasada, que además de alegrarnos debe enorgullecernos como país. La Universidad de la República resolvió, en la reunión del Consejo Directivo Central del martes 24 de setiembre, flexibilizar los requisitos para el ingreso de estudiantes procedentes de países extranjeros a la UdelaR. Creo que es algo para celebrar.

Buena jornada para todos.

Le damos la palabra a la señora edila Gimena Urta.

SEÑORA URTA (Gimena).- Buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida a la Junta Departamental.

Creo que es de gran importancia que estemos abordando esta discusión en este ámbito. Se trata de una actividad a la que fuimos convocados por el INAU, el que a través de la Comisión de Derechos Humanos nos propone empezar a dialogar sobre esta guía. Esto es algo que el INAU ha trabajado a nivel regional tomando como referencia la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, que es un ámbito más que interesante en la región. Sin duda, también es interesante replantearlo hoy aquí, en este ámbito, dada la complejidad y las múltiples dimensiones que tienen los fenómenos migratorios en nuestro país, tanto en las formas como en las características que se dan desde los diferentes Estados para abordarlos. Me parece que este no es un tema menor, sobre todo cuando muchas veces se dan discursos simplistas, reduccionistas en sus definiciones, que poco contribuyen a identificar las problemáticas y desafíos de la migración, y mucho menos a superarlos.

En segundo lugar, gracias a ese esfuerzo regional de nuestros Estados y de nuestros Gobiernos, hoy contamos con una herramienta concreta, que es la “Guía regional del Mercosur para la identificación y atención de necesidades especiales de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes”. En este foro, junto al INAU, a otras organizaciones como Idas y Vueltas, a la Intendencia de Montevideo, a la defensora de Vecinas y Vecinos, y a todos los que nos están acompañando, la idea es identificar los desafíos específicos que tiene nuestro país y cómo estas herramientas pueden orientar las políticas públicas y las acciones del Estado hacia los migrantes, en especial ―en este caso―, desde la perspectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Como bien decía la presidenta de la Junta recién, partimos de la base de que la migración es un derecho humano y de que cada uno de nosotros tiene derecho a vivir, a desarrollar su proyecto de vida donde lo considere conveniente. Sin embargo, el ejercicio de ese derecho muchas veces parece no acompañarnos al pasar la frontera. Hay Estados que deliberadamente actúan en ese sentido y en particular se ensañan en no respetar los derechos de los menores. No es este el ámbito, obviamente, para ahondar en esos motivos o en esas acciones concretas, pero por suerte frente a estos fenómenos nuestra región actúa en general en otra dirección, y en nuestro país, en particular, quienes migran lo hacen junto con sus derechos.

Esta definición es importante de por sí, sobre todo si comparamos esta realidad con esas otras que mencionábamos, ya que no tendría mayor sentido si no fuera una realidad sustantiva. Por eso la acción del Estado resulta imprescindible, y es muy importante el rol del INAU como organismo rector de políticas hacia la infancia.

Para nuestro país la migración es una necesidad fundamental, es uno de los elementos

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que nos van a permitir, además, desarrollarnos plenamente como sociedad en el plano económico pero también el cultural, por la riqueza y la fortaleza que nos da la diversidad de miradas y sentidos de los migrantes que llegan a nuestras tierras.

Es por eso que debemos tener especial cuidado con los niños y las niñas migrantes, ya que por su condición suelen ser quienes más están expuestos a situaciones de mayor riesgo. Es fundamental hacer hincapié en el principio de igualdad y de no discriminación, para que el Estado actúe en relación con el interés superior del niño o la niña de la misma forma en que lo hace con los nacionales.

De la forma en que nuestra sociedad y nuestros Estados aborden los temas migratorios y logren ser exitosos en garantizar el cumplimiento de esos derechos, en particular en niños y niñas, dependerá en gran medida el continuar construyendo una sociedad que sea más fuerte e integrada, y que esos derechos que acompañan a los migrantes cuando llegan a nuestro país sean una realidad en sus vidas cada día.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIAS (Viviana Ordóñez).- A continuación, escucharemos palabras de la licenciada Marisa Lindner, presidenta del INAU.

SEÑORA LINDNER (Marisa).- Es un gusto estar aquí, y es también muy relevante que este ámbito tome este tema como un tema de importancia para la ciudad de Montevideo y para todo lo que nos desafía en relación con las líneas de política pública.

El INAU, en sus cometidos, en sus competencias, ha venido trabajando desde hace bastante tiempo en un ámbito ―Fernando Rodríguez, como vicepresidente, lo ha presidido― vinculado al de Niñ@Sur, en el cual, a partir de reglamentaciones y de aspectos que se fueron incorporando como elementos de la región, nuestra institución fue aportando, tomando posicionamientos y también generando instancias que hoy están avanzando en lo que implica el desarrollo de políticas de infancia y adolescencia en las cuales la migración y la niñez migrante tengan un lugar de inclusión e igualdad de oportunidades. En este sentido, quiero hacer referencia a lo planteado por la presidenta ―por las dos presidentas, en realidad― sobre el tema de la movilidad humana como un derecho, un derecho que genera oportunidad, que enriquece a una sociedad cultural, social y económicamente.

Esto tiene que ver con aspectos muy asociados a nuestras propias raíces como pueblo, como nación, en el sentido de que Uruguay no solamente es un país construido esencialmente por inmigrantes ―de alguna manera, este despliegue lo ha hecho un país muy particular, que ha construido su propia identidad a partir de la riqueza de distintas culturas y distintos pueblos―, sino que también en determinados momentos de su historia ha tenido que migrar y ser recibido por otros países, como ocurrió durante la dictadura y también en otras épocas históricas, en las crisis económicas; entonces los uruguayos y uruguayas, junto a sus niños y familias, también fueron recibidos por otros pueblos.

Por lo tanto, para nosotros este es un tema sustantivo en relación a los derechos, pero también en lo que refiere al modo de generar líneas de políticas públicas inclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, desde nuestra institución ―en un tema que va de alguna manera superando nuestras propias posibilidades―, debemos generar líneas de políticas públicas no específicas hacia los niños y niñas migrantes, sino inclusivas.

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Esto está siendo un verdadero desafío para todos nuestros centros, un desafío que instala temas que son, efectivamente, bien importantes e interesantes por lo que implica el trabajo con la niñez y la adolescencia. En realidad, estamos visualizando los aprendizajes de los adultos sobre la base de las enseñanzas de los niños y niñas. En efecto, vemos en los propios niños y niñas una gran capacidad de integrar a los niños y niñas migrantes. Es decir, esto que se genera en cualquier proyecto cuando se encuentran niños de distintos países, en realidad nos está dando pautas a los propios adultos en torno a lo que implica modificar nuestras formas de pensar y de hacer.

Tenemos ejemplos en varios centros. Fundamentalmente, el tema de la territorialidad, de cómo se ha distribuido la población migrante, es bien particular. Hay determinadas zonas de la ciudad que se han visto nutridas por una profusa población migrante, y eso también ha generado desafíos para las líneas de trabajo que desarrollamos en los distintos ámbitos de la primera infancia, la infancia y la adolescencia.

En todos los centros, esas familias, esos niños que han llegado han colocado nuevos temas en agenda. Por ejemplo, un tema que hoy estamos analizando desde el punto de vista de lo que aporta la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, Endis, es el de la alimentación y nutrición. Nuestros centros han tenido que incorporar aspectos vinculados a cómo generar elementos nuevos, porque los niños vienen con sus necesidades, sus culturas y sus diferentes formas, que están vinculadas con elementos asociados a la alimentación y a la nutrición. Esto ha sido bien interesante, porque nos ha generado pautas nuevas de trabajo en las líneas políticas. Lo mismo ocurre con sus culturas. Tenemos centros que efectivamente han colocado aspectos vinculados a las culturas de los distintos países como un tema de agenda permanente en el desarrollo de sus líneas de trabajo.

Por lo tanto, lo que queremos decir acá es que se abren oportunidades de enriquecimiento para nuestra sociedad y también desafíos para aquellos que estamos en las líneas de política.

¿Cuáles son los aspectos centrales desde el punto de vista del desarrollo de estos derechos? Se trata de cuatro principios que Fernando Rodríguez va a desarrollar en su presentación y están vinculados básicamente al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto tiene tres aspectos sustantivos: como derecho, como principio jurídico y como normas y procedimientos. A la hora de definir cómo representamos el interés superior y, por lo tanto, cómo tener la voz y la palabra de los niños y las niñas y sus necesidades, este aspecto es absolutamente relevante.

El segundo principio es el de la protección especial. Esto tiene que ver con definir políticas específicas y especializadas respecto a las situaciones que particularmente plantea la niñez migrante en cuanto a la necesidad de generar igualdad de oportunidades. Por lo tanto, la especificidad y lo que tiene que ver con la responsabilidad de líneas específicas que atiendan a la población migrante también es un desafío que hoy tenemos instalado entre las políticas.

Luego tenemos el principio de la unidad familiar. ¡Si tendremos como país elementos sustantivos en lo que refiere a contar con un principio que establezca como prioridad el derecho del niño a vivir con su familia! Los temas vinculados a la reunificación familiar nos ocupan y preocupan. Muchas veces la mamá o el papá llegan solos y luego de establecer sus condiciones mínimas de vida, luego de lograr establecer puentes con el trabajo, vienen sus hijos, o al revés, se van generando situaciones que muchas veces establecen que esos chiquilines vayan optando por nuestro país.

El cuarto principio es el de no devolución. En este sentido, la guía de niñez migrante tiene capítulos específicos al respecto. Hoy hemos avanzado con la Dirección Nacional de Migraciones en establecer protocolos básicos para situaciones que se han empezado a

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presentar en nuestro país y que están referidas a los niños y adolescentes no acompañados. Esta es una realidad absolutamente nueva para nuestro país, pero que ya tiene un reflejo concreto, lo cual hace necesario establecer aspectos vinculados a la protección de esos niños y niñas que están empezando a llegar a nuestro país sin adultos referentes o sin documentos de sus referentes familiares. Muchas veces se parte de la base de que son los papás o mamás biológicos quienes acompañan a los niños que vienen, pero no necesariamente es así: pueden venir acompañados de otros adultos. Esto establece responsabilidades muy importantes y muy específicas, particularmente para nuestra institución, y también por el tema de la seguridad de esos niños y niñas.

El tema de la igualdad de oportunidades es central. También lo es el tema de la protección de los derechos, fundamentalmente en situaciones que se pueden producir vinculadas a casos de explotación y de trata. Estas dos cuestiones, la explotación y la trata, están ocupando fuertemente la agenda basada en los temas de las violencias. Particularmente en los temas de niñez es un aspecto muy prioritario; desde Idas y Vueltas lo han planteado sistemáticamente como una preocupación y, en este sentido, es importante no solamente el tema de la reglamentación, sino el efectivizar lo que tiene que asegurar este principio de reunificación familiar, junto con la seguridad de que los chiquilines no vean sus derechos vulnerados.

Por lo tanto, queremos reafirmar desde esta institución nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. También queremos asegurarles ―esto como un tema que va marcando nuestra agenda y que avanza más rápidamente que nuestras propias posibilidades― la incorporación de la perspectiva de la niñez migrante en la línea transversal de todas las líneas de políticas, porque es fundamental.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIAS (Viviana Ordóñez).- A continuación se dará inicio a la parte expositiva. La presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Adriana Barros, moderará la actividad.

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Gracias.

Tiene la palabra el señor Fernando Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ (Fernando).- En verdad, es un placer pasar por este recinto nuevamente, recinto en el que tanto aprendimos en esto de la protección de los derechos humanos. Este Parlamento de Montevideo ha demostrado en muchos años un fuerte compromiso con los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. De hecho, para orgullo nuestro ―y para tristeza del resto del país― Montevideo sigue siendo el único departamento que tiene Defensoría de Vecinas y Vecinos. Los tres defensores ―quien habla y las dos defensoras que ocuparon la titularidad posteriormente― hemos tenido la oportunidad de transmitirle al resto del país la necesidad de que haya igualdad también en lo que respecta a contar con defensorías del pueblo, defensorías de vecinos y vecinas. Pero Montevideo sigue siendo el único que asumió la responsabilidad de tener esa defensoría. Hay que seguir militando por esta linda institución al servicio de los derechos humanos.

Creo que este evento constituye un ámbito muy propicio, ya que contamos con representación de la sociedad civil, de organismos del Estado a nivel nacional y

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departamental, y de instituciones especializadas en derechos humanos, la Defensoría de Vecinos y Vecinas, la defensoría del pueblo a nivel nacional; creo que es un buen contexto para reflexionar sobre las herramientas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Este tema no es nuevo para nuestro país, pero ha empezado a tener algunas características nuevas. Por lo tanto, es necesario reflexionar, actuar y hacer cosas en este marco, en el marco de las interacciones, de los acuerdos, porque los componentes migratorios ―que muchas veces se analizan y en los que se actúa como si fueran elementos jurídico-administrativos― también deben ser analizados con enfoque de derechos humanos. El trasladarse, el desplazarse de un lugar a otro es un derecho humano y, como tal, es necesario protegerlo. Hay poblaciones que se movilizan de un lugar a otro con capacidad de defender sus propios derechos, pero hay poblaciones que se movilizan de forma forzada y con baja capacidad para asumir la defensa de sus derechos, los reclamos de sus derechos, y ahí tiene que estar el Estado, vigilante y cuidadoso de esa protección.

No hay protección de los derechos humanos de las poblaciones migrantes si no es en base a acuerdos entre los países, entre las naciones, porque cualquier migrante pone en relación al menos a dos países. Por lo tanto, es necesario establecer niveles de acuerdo, niveles de compatibilidad legislativa y compatibilidad en la estrategia de protección de derechos entre varios países. En ese sentido, desde el año 2012 este tema se ha instalado en alguna de las herramientas que tiene el Mercosur para la promoción de políticas públicas regionales. Como ustedes saben, la institucionalidad Mercosur es bastante compleja, tiene varias expresiones según las temáticas. En lo que tiene que ver con los derechos humanos tiene la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, la Raadh. La Raadh también tiene un funcionamiento complejo, porque tiene varias comisiones y grupos de trabajo convocados, en general, por derechos vulnerados o poblaciones con derechos vulnerados. Es así que Niñ@Sur es la reunión de los organismos rectores de las políticas de infancia en el Mercosur; tanto los países miembros como los países asociados envían a esa reunión a sus responsables o referentes de los organismos de rectoría de políticas de infancia y adolescencia. En ese espacio, desde el año 2012 el tema de la niñez migrante está instalado como una preocupación. En esta comisión nos hemos ocupado ―en nuestro caso, desde el 2015, cuando asumimos la responsabilidad en el Directorio del INAU― de promover la implementación de acuerdos entre los distintos países del Mercosur, bajo algunos principios que explicitamos.

La Convención sobre los Derechos del Niño ―que en el caso de nuestro país celebra sus treinta años con muchas actividades promovidas por la sociedad civil y por el INAU― fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y sigue siendo el marco referencial más importante, el que promueve la renovación legislativa y el cambio de prácticas a partir del cambio de paradigma en lo que refiere a los niños, niñas y adolescentes en situación irregular. Hoy nos planteamos que el Estado, la sociedad civil y el mundo adulto asuman la responsabilidad de una protección integral. Cuando hablamos de protección integral nos referimos a la concepción del ser humano con todos sus derechos interdependientes, y a la necesidad y la responsabilidad de los Estados de cuidar, proteger y facilitar el ejercicio de todos los derechos.

En 2004, luego de un proceso muy importante de discusión política en materia social, tanto por parte de organizaciones gubernamentales como privadas, el Parlamento nacional aprobó el Código de la Niñez y la Adolescencia ―cumplió quince años en setiembre―, que recoge el espíritu de la Convención, plantea enfáticamente este cambio de paradigma y establece que todas las legislaciones y prácticas vinculadas a los niños deben apuntar a esa protección integral. Como se decía en la Mesa, es el interés superior del niño el gran orientador de las decisiones políticas y sociales hacia la infancia.

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En el año 2017 la comisión de Niñ@Sur, después de unos cuantos años, aprueba una guía. Anteriormente había solicitado un asesoramiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de los niños migrantes, y esta había hecho algunas observaciones respecto al estado de situación de las políticas públicas en el Mercosur. Tanto la Convención como las directrices de la Comisión Interamericana fueron el marco central para desarrollar la Guía, que es un gran acuerdo. No es un instrumento vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene una vinculación ética con los derechos de los niños en todos los países del Mercosur. La Guía implica ―al igual que lo hizo la Convención Internacional en términos globales― una revisión de la legislación nacional en cada país, a efectos de corroborar que tanto los principios como las garantías que establece sean de aplicabilidad en cada uno de ellos.

¿Cómo tiene este instrumento distribuidos sus contenidos internamente? En principio, cabe destacar la explicitación de un marco normativo internacional. Se trata de marcos normativos de orientación. Como decíamos, no son vinculantes desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista ético. En el caso de Uruguay, son marcos que han sido ratificados y que están incorporados como Derecho positivo en nuestra legislación.

Asimismo, hay un glosario, una serie de conceptos, para que manejemos los mismos contenidos en toda la región. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un niño migrante, de un niño acompañado, de un niño no acompañado, de un niño que pide estatus de refugiado? Debemos ponernos de acuerdo acerca del significado que tiene la terminología que utilizamos cuando hablamos de migración.

(En el transcurso de la exposición se exhibe presentación multimedia)

Principios rectores. Refiere a cuáles deben ser aquellos principios que orienten las prácticas de la migración.

Pautas para evaluar. La Guía tiene elementos que nos permiten evaluar cuánto estamos transitando por los principios rectores; tiene una serie de garantías del proceso. Como todo proceso que involucra la vida de personas, tiene que ser garante de derechos. Entonces, la Guía ofrece garantías a ese proceso y qué cosas tienen que darse para que tengamos un debido proceso de protección de derechos.

La Guía también establece una serie de procedimientos para detectar posibles vulneraciones a los derechos de los niños. Marisa Lindner decía que un niño puede entrar con su madre, con su padre, con familiares que lo tienen a su cuidado, o no: puede entrar con adultos que tienen otra intención en relación al tránsito de ese niño de un país a otro. Hay una serie de formularios, de herramientas relativamente sencillas y de aplicación rápida para despejar, para detectar. Es una especie de semáforo en el que se prenden luces que nos pueden indicar cuándo un niño está en riesgo y qué cosas tenemos que hacer a partir de eso.

Decíamos también que la Guía está fundada en algunos principios rectores, que son recogidos fundamentalmente de instrumentos internacionales.

Interés superior del niño, la niña y el adolescente. Este es un elemento sustantivo en cuanto a los instrumentos internacionales de derechos humanos. La población de niños, niñas y adolescentes es la única población del mundo que tiene definido un interés superior. Hay tratados que determinan derechos a distintas poblaciones, pero son solamente los niños los que tienen definido que el interés por ellos es superior a cualquier otro interés. Ese es un principio rector para las prácticas gubernamentales, para las prácticas legislativas, para las prácticas ciudadanas, para las prácticas familiares.

Igualdad y no discriminación. Uruguay tiene legislación a partir de un principio de la Constitución de la República que establece que son sujetos de derecho en nuestro país

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todos los habitantes. O sea, cualquier persona que habita en nuestro país tiene los mismos derechos que aquellos que somos ciudadanos. Esto no pasa en todos los países. No todas las constituciones de la república establecen iguales derechos para todos los habitantes: muchas veces se separan ciudadanos o habitantes con derechos diferenciados.

Protección especial o especialidad. Esto tiene que ver con lo que necesita la persona ―en este caso un niño, una niña o un adolescente― particularmente en el momento en que está transitando por un paso fronterizo. ¿Cuál es la protección especial, además de los derechos humanos en general y de los derechos de los niños en particular? Esa persona en particular debe ser cuidada, como persona con derechos propios, de situaciones particulares y por el tránsito en el cual se encuentra. ¿Cuál es la protección especial que debemos darle a ese niño, a esa niña o a ese adolescente?

Unidad familiar. Es también un elemento de principio y en todo sentido. Muchas veces hemos visto en distintos países que por la presunción de delitos o por determinadas circunstancias el núcleo familiar no es protegido como tal y por esa separación del niño de su familia el primero en ser afectado es el niño. Obviamente que los adultos también son afectados, pero hay una afectación especial, particular, muy delicada, que tiene que ver con cómo afectamos al niño cuando es separado. Esto se puede considerar como un principio suficientemente incorporado, pero la práctica migratoria en la región nos habla de que hay dificultades. Muchas veces, para establecer un proceso de investigación hay una separación de los niños de la familia. La Guía nos habla de que aquella investigación que haya que hacer se tiene que realizar sin separar al niño del núcleo familiar.

No devolución. Este es un principio que también se aplica en otras poblaciones, pero en particular con los niños, independientemente de cuál sea la situación de ingreso al país de un niño. Un principio promovido por la Guía es la no devolución. Está basado fundamentalmente en que si un niño sale de su país, de su ciudad, de su lugar, es probable que esa devolución por componentes administrativos signifique una vulneración de derechos. No conocemos el contexto del cual ese niño salió, por lo tanto, la devolución puede ponerlo en situación de mayor riesgo. Entonces, el principio de la no devolución es un componente importante de la Guía.

No privación de libertad. La migración no es un delito, es un derecho. Por lo tanto, ningún niño debe ser privado de su libertad por estar en un proceso de migración.

Hablábamos también de las garantías de este proceso. Hay ocho elementos para garantizar el proceso de migración de un niño.

Derecho a ser escuchado. Esto es muy importante, porque a veces, sin escucharlo, presumimos que ese niño viene en buena relación con esos adultos. La expresión de ese niño desde el punto de vista de cómo fue la partida del lugar desde donde salió, cómo se tomó la decisión, cuánto participó en la planificación de ese viaje, es importante. Se trata de escuchar al niño en detalles que pueden ser pequeños, pero que son fundamentales para conocer cuál es el estado emocional de ese niño en ese momento.

Derecho a la información. Debe darse en cada paso administrativo, en cada componente nuevo que aparezca. Ese niño tiene que saber por qué se le hace esa pregunta, por qué se llena un formulario, por qué se pone un sello, por qué se demora una situación determinada. La información permanente a ese niño es parte de las garantías del proceso.

Procesos rápidos, ágiles. Cuanto más tiempo demore el proceso de clarificación de su ingreso al país más se genera en el niño una serie de angustias, de ansiedad, de miedos que tenemos la responsabilidad de evitar.

Especialización de los funcionarios y funcionarias competentes. Después vamos a ver los

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procesos de formación. Cuando un funcionario o funcionaria de Migración está atendiendo a un niño que está ingresando al país no está haciendo un mero trámite administrativo: está atendiendo, está escuchando, está hablando con un niño que puede estar en condiciones de desprotección. Por lo tanto, esa atención es fundamental en las garantías del proceso.

Acceso al patrocinio jurídico o asistencial letrado. Si el niño necesita un patrocinio, el Estado debe otorgárselo, debe dárselo en tiempo y forma, también atendiendo la agilidad de los procesos.

Nombramiento de tutorías. Si fuera necesario, si ese niño no viene acompañado, se le debe brindar un tutor que pueda acompañarlo, que le asegure información, durante todo el tiempo que sea necesario.

Derecho a recurrir las decisiones. Ese patrocinador también tendrá la competencia de recurrir cualquier fallo o cualquier decisión que tome el país al cual está ingresando el niño. Se trata de que si el niño no está de acuerdo, o se siente vulnerado en sus derechos, pueda tener la posibilidad de recurrir esa decisión.

Asistencia consular y salvaguarda de la confidencialidad. Los países, las embajadas, los consulados deben brindar la protección, la experiencia y los conocimientos de la Guía y del derecho a la migración; de alguna manera, también deben ser parte de este proceso de garantía.

Hablábamos de la especialidad de los funcionarios referida a cuando un niño está transitando por una frontera. Acá hay dos elementos que nos parecen bien importantes. No es posible que un solo actor proteja los derechos de los niños. No podemos decir que hasta acá protege los derechos el sistema migratorio y a partir de ahí otro sistema protege sus derechos, por ejemplo el sistema de protección integral, el sistema educativo, el sistema de salud. Se trata de que estos dos sistemas ―el migratorio y el de protección integral― tengan un diálogo fluido, que estén alineados con los principios de la protección integral. Es por eso que en estos procesos de aplicar la Guía en Uruguay estamos haciendo el esfuerzo de tener formación y capacitación mutua.

Ahora vamos a ver un poco cuáles han sido las estrategias y las iniciativas para la formación de los funcionarios y funcionarias del sistema migratorio, para que incorporen el principio del derecho a la migración, pero también para que haya una buena interlocución entre los operadores de INAU y los operadores del Sistema de Protección Integral en general. Pensamos que es fundamental que haya un buen relacionamiento, un buen vínculo, y que todos trabajemos en el marco de los mismos acuerdos, en el marco de un acuerdo general que tiene que ver con proteger el derecho a la migración y proteger integralmente los derechos de estos niños.

Decíamos que en el Uruguay ha sido un fenómeno creciente el de las migraciones, fundamentalmente con la presencia de familias con niños. Adriana daba los números que presentábamos en junio en la Comisión de Derechos Humanos, pero posiblemente sean algunos más.

Los que se ven en la imagen son números cerrados al mes de mayo. En el país, 746 niños están dentro del Sistema de Protección Integral del INAU, en los servicios de tiempo parcial: CAIF, clubes de niños, centros juveniles. Entre el 2017 y el 2019 ha habido un incremento. De estos niños, 372 están en Montevideo, en distintos barrios. Ciudad Vieja es uno de los barrios con un porcentaje importante de niños migrantes. Tenemos servicios en Ciudad Vieja en los que la mitad de los niños atendidos son de distintos países, fundamentalmente de América Latina.

En la imagen se ve una relación de los países con mayor presencia de niños en Uruguay, con predomino de algunos departamentos. Por ejemplo, hay niños brasileros en la

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frontera, obviamente ―Cerro Largo, Rivera, Rocha―, y niños fundamentalmente argentinos y argentinas ―hijos de argentinos y argentinas― en Colonia, Canelones, Montevideo y Río Negro. Hay, además, 134 niños venezolanos y venezolanas. Esto ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos dos años.

Cuando se aprobó la Guía en el Mercosur se establecieron tres fases, que acordamos entre los países: una primera fase de difusión y sensibilización a los operadores, a la opinión pública; una segunda de capacitación a los operadores de las migraciones u operadores del Sistema de Protección, y una tercera fase de implementación.

En Uruguay hemos sido parte de varios eventos, hemos difundido la Guía, ha habido encuentros y una estrategia de sensibilización sobre la niñez migrante. Hemos hecho algún proceso de capacitación y están previstos algunos más. Estamos, diría yo, a punto de implementar operativamente la Guía. Hemos establecido, como decía Marisa, una bajada a tierra de la Guía, acordando un protocolo de actuación con la Dirección Nacional de Migraciones. Ese protocolo ya es un acuerdo entre el INAU y la Dirección Nacional de Migraciones y está siendo consultado en la Cancillería y en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que, una vez que tengamos el acuerdo ―en pocos días―, ese protocolo será el primer paso de la implementación de la Guía en nuestro país.

A fines de noviembre tendremos la próxima reunión de Niñ@Sur, en el marco del Mercosur, y ahí tendremos una primera rendición de cuentas de lo que hemos hecho con la Guía y su implementación a nivel nacional.

En esta etapa de difusión, de sensibilización, en agosto de 2018 presentamos la Guía en la XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales. Esta fue una instancia bien interesante, porque nos parece que los tres niveles de gobierno tienen responsabilidades distintas y complementarias en la protección de derechos, ya que una situación concreta es el pasaje por la frontera y otra la inclusión de esos niños migrantes en la ciudad, en la escuela, en los espacios públicos, en la vida cotidiana. Por lo tanto, la responsabilidad de los Gobiernos locales y departamentales en la protección de los derechos, en la integración definitiva de esos migrantes, es muy importante, y nos pareció bien interesante esta iniciativa de los alcaldes.

En Facultad de Derecho hicimos una presentación, un seminario que también compartimos con Idas y Vueltas. En la Cancillería, con operadores del sistema migratorio desarrollamos también varios encuentros, tanto en Montevideo como en las fronteras ―en Rivera y Rocha―, promovidos por la Junta Nacional de Migración. También han estado trabajando el tema nuestros equipos territoriales. En una convocatoria que hizo el Claeh, vinculada con el tema de la protección de derechos, también estuvimos presentes. Participamos de un evento convocado por Unicef, en el que trabajamos los temas de la sensibilización y la promoción de la Guía y de la temática de la migración, específicamente por la situación de la niñez venezolana, migrante en la región.

Estamos transitando por un acuerdo de capacitación. Hace una o dos semanas tuvimos una reunión con la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, que también está colaborando e interesada en la formación y capacitación de cincuenta operadores de los puestos de frontera migratorios sobre el enfoque de la Guía.

Creo que Inés Falchi está involucrada en el acuerdo con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para capacitar a operadores del INAU en el enfoque de derechos de la protección de niños y adolescentes migrantes. Nosotros no solamente vemos la capacitación desde quienes estamos llevando adelante el proceso de la Guía del INAU hacia los operadores migratorios, sino que también necesitamos que nuestros operadores en el territorio se capaciten. Nos parece que es una estrategia oportuna que la capacitación también sea en conjunto, operadores de la migración y del Sistema de

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Protección Integral, porque no solamente se capacitan juntos, sino que también construyen vínculos, que es lo que se necesita a la hora de proteger el derecho de un niño que llega, por ejemplo, en una madrugada a un puesto fronterizo, para el cual es necesario desarrollar estrategias de protección rápidamente.

Por lo tanto, este es un desafío conjunto. Creemos que los Gobiernos departamentales y municipales tienen mucho para aportar en los procesos de integración, y que la reflexión que podamos hacer en conjunto tiene arraigo en nuestra práctica y en la cultura uruguaya de protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA PRESIDENTA (Adriana Barros).- Agradecemos las palabras del señor Fernando Rodríguez, vicepresidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Le damos la palabra a Inés Falchi, de la Asociación Idas y Vueltas.

SEÑORA FALCHI (Inés).- Agradecemos desde la Asociación la invitación a participar.

Voy a hablar en representación de la Asociación Idas y Vueltas, pero también ―como comentaba Fernando Rodríguez― formo parte del Nemmpo ―Núcleo de Estudios Migratorios y Movimientos de Población―, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, dependiente del Departamento de Antropología Social.

Desde Idas y Vueltas quiero hablar de cómo es el vínculo y las cuestiones que se están trabajando en relación con la infancia migrante, así como también desde el Nemmpo, desde las diferentes áreas de trabajo que hay en la Asociación y en el Núcleo, que son género, vivienda, salud, educación y todo lo que tiene que ver con los espacios de asesoría legal y normativa, cuestiones todas que atraviesan el tema infancia y desde las cuales se han percibido diferentes dificultades a la hora de abordar el tema de la niñez migrante.

Desde el Núcleo se trabaja tanto con la primera infancia como con la infancia. Los dos fuertes están ahí. Con la primera infancia, por un tema de cercanía con la población, porque las madres y las familias que acuden a la Asociación semana a semana muchas veces lo hacen con sus hijos chicos, no así con los que están en edad escolar, ya que en ese horario justamente están en la escuela. Lo que sucede con los niños en edad de primera infancia es que, como sabemos, el sistema por ahí se encuentra saturado. Como lo comentaban hoy, se ha dado un gran crecimiento en la población del Municipio B. Por tanto, los centros en esa área encuentran cierta saturación y no es nada sencillo encontrar soluciones para el tema de la atención.

Es a partir de este vínculo con las familias y con los niños y niñas que desde la Asociación se han hecho acompañamientos a madres y familias para la inscripción de sus hijos en diferentes centros, con éxito en algunos casos y en otros no. Y es a partir de estos acompañamientos, así como también de algunos trabajos de extensión presentados por el Núcleo, que se ha generado un vínculo con el INAU, en una primera instancia con los centros, con directoras y educadoras, y desde hace algunos meses con la institución en sí. Como comentaba el señor Fernando Rodríguez, se logró este convenio en pos de generar ciertas jornadas de intercambio de experiencias; no nos gusta decir de capacitación porque no sabemos si lo que vamos a impartir es una formación, pero la idea es generar intercambios de ideas, espacios de sensibilización y demás.

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Gimena Urta y también Fernando Rodríguez hicieron referencia a esa particularidad de la infancia migrante de tener una doble vulnerabilidad ―si se la puede llamar de esta forma―, por ser infancia y por ser migrante. Bien sabemos que la infancia, en una sociedad adulta ―al menos en la sociedad adulta occidental a la que pertenecemos y que formamos―, muchas veces encuentra dificultades para desarrollarse y, sin duda, la migración es otra especificidad que se suma para encontrar más dificultades y problemáticas. Esto, además de la particularidad de no hablar de “la infancia migrante”, “la niñez migrante”, sino de “infancias migrantes”, porque así como las trayectorias de adultos son diferentes, también lo son las de los niños: son trayectorias que se ven atravesadas tanto por el origen como por cuestiones de género, tal vez no necesariamente de los niños y niñas pero sí de sus madres. Las trayectorias suelen ser diferentes dependiendo de los orígenes, del nivel socioeconómico y demás, y frente a esto nos encontramos con dificultades que una vez más no responden únicamente a esta doble especificidad, ya que también se suma otra cuestión en cuanto a cómo abordar cada caso en particular.

Voy a hablar de algunos temas particulares que hemos visto por cuestiones que llegan a la asociación, así como otras que hemos encontrado en campo. Marisa traía el tema de la nutrición y la alimentación como particularidades. Nuestro abordaje no se hace directamente con los niños y niñas. Si bien hay compañeros que están trabajando en escuelas ―donde sí se da ese diálogo―, en general trabajamos con las familias y, particularmente, con las madres. O sea que el abordaje de aquellas cuestiones que nos llegan ―que tienen que ver con diferentes formas de maternar, diferentes formas de ser familia, dinámicas familiares a las que no estamos acostumbrados como sociedad uruguaya y que está bueno tener presentes a la hora de trabajar con niños y niñas migrantes― se hace con las familias, y no directamente con los niños y niñas.

Nos hemos encontrado con casos de madres que van a los centros de salud a atender a sus hijos y cuando se ponen a dialogar con los médicos acerca de la alimentación estos se horrorizan porque niños menores de un año comen arroz con porotos. Sí, para nosotros quizá sea raro, sea algo que puede alarmarnos, pero no es así para estas madres, que se criaron de esa forma, que tal vez criaron a otros hijos de esa forma, y cuyos padres también se criaron así. Sabemos que los cuerpos tienen un cierto grado de culturalidad, y el consumo de ciertas comidas, que a nosotros nos puede parecer alarmante, para otras poblaciones no lo es. En tal sentido, hay que ver cómo estas especificidades y particularidades pueden empezar a abordarse con otros ojos, y proponer otras opciones a la hora de presentar los planes de alimentación en los centros y demás. Creemos que la solución va por ahí.

Por otro lado, nos han llegado ciertos relatos que hablan de prácticas de desapego; nos han hablado muchas veces de madres desapegadas. Ahí cabe preguntarnos desde dónde construimos el apego, qué es el apego para nosotros. Hay que tener en cuenta que existen diferentes pautas, diferentes formas de maternar, y que hay cuestiones que responden al propio proceso migratorio. Hay cosas que se hacen no porque exista el deseo de hacerlas, sino porque muchas veces son la última opción. ¿De qué hablo particularmente? De niños y niñas que vinieron con su madre desde pequeños o que nacieron en Uruguay en un contexto de familia migrante y que muchas veces son enviados a su país de origen o al país de origen de sus familias porque no se cuenta aquí con los medios para poder brindarles los cuidados y la atención que necesitan. Hoy hablábamos de la saturación del sistema, aunque no es ese el único factor, por supuesto. Muchas veces se trata de madres o familias que no tienen las redes que pueden tener familias locales; no hay una abuela, una tía, una prima, una hermana que pueda cuidar de esos niños. Entonces, no es la primera opción a la que acuden y lejos está de ser lo que desean, pero muchas veces es la mejor última opción ―por llamarla de alguna forma― que encuentran.

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Entonces, cuando frente a estas cuestiones se habla de desapego, o cuando frente a las pautas alimentarias y de cuidados se habla de que están maternando mal, sentimos que es necesario trabajar en la sensibilización para empezar a tratar esas cuestiones desde otro lugar, para poder ponernos en el lugar del otro, para poder dialogar con la otra persona y ver por qué se hace tal cosa o por qué no. En estos acompañamientos que hemos hecho, al contactarnos con los centros para saber si había vacantes nos preguntaban si la madre trabajaba, porque ellos no eran un depósito de niños. Nosotros entendemos que tal vez desde el otro lado muchas veces se puede interpretar que lo que se quiere es una solución inmediata para sacarse al hijo de encima. Pero no es así; las madres buscan un lugar para sus hijos justamente para poder trabajar. Muchas veces sucede que en el momento no están trabajando, pero es porque no han podido solucionar esa otra cuestión primero. Entonces, hay que revisar nuevamente estas percepciones y ciertas representaciones que se hacen, que muchas veces se hacen sobre el mundo adulto, pero terminan repercutiendo en las imágenes que se tiene sobre los niños y niñas migrantes. Creemos que estaría bueno revisarlas, apostando siempre al diálogo entre las diferentes instituciones, entre las instituciones y la sociedad civil, y entre las instituciones y la propia población.

Celebramos esta instancia, la implementación de la Guía y el seguir apostando al intercambio de ideas para buscar desde allí las soluciones que queremos alcanzar.

(Aplausos)

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Tiene la palabra Víctor Feliz, de la Asociación Idas y Vueltas.

SEÑOR FELIZ (Víctor).- Muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento y poder exponer algunas dificultades que hemos visto en la familia inmigrante que está aquí, en Montevideo.

Desde que llegué aquí ―que fue en el 2014― he vivido algunas situaciones y he visto que a quienes vienen con las familias y quieren dejar a los niños ―que a veces son muy pequeños― en un CAIF, se les hace difícil. Nosotros tenemos otra costumbre, que es diferente a la de acá: allá a los niños recién nacidos los podemos dejar en un centro cerca de la casa y un familiar puede ir a buscar a ese niño y llevarlo hasta la casa. Pero aquí el sistema es un poco diferente, porque la persona migrante que viene aquí y tiene su familia, debe trabajar. La mayoría tiene una familia acá y otra familia allá. Entonces, tienen esa preocupación, la preocupación de que su niño pueda ir a un centro para ellos poder trabajar. En ese sentido, yo he visto las dificultades que hay. La mayoría de las familias viven en pensiones, y a veces deben mudarse a una distancia de cinco o seis kilómetros porque cerca no encuentran otro sitio para vivir. Entonces, a esa madre se le hace todavía más difícil la situación. Yo tengo una amiga que vivía por Barrios Amorín y se mudó recién para acá. Ella ahora tiene que levantarse temprano, llevar al niño al CAIF en el que estaba e ir al trabajo; tiene que salir corriendo. Ella me dijo que ya no sabe qué hacer, porque el tiempo no le da. Ella está sola, porque vino embarazada. Y hay muchas mujeres que tienen la familia aquí, pero tienen que mandar a los hijos de vuelta. Por ejemplo, en diciembre pasado yo viajé a Santo Domingo; en el avión había como siete niños que se iban porque las madres no podían tenerlos acá. Esas madres tienen que trabajar, tienen que alimentarse, tienen que pagar una pensión o una vivienda donde vivir, y todo eso les dificulta poder quedarse con los niños.

Entonces, desde la Asociación Idas y Vueltas ―como inmigrante, yo participo siempre en la Asociación― estamos buscando la forma de conseguir un local para poder juntar a

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todas esas madres; pero se nos ha hecho un poco difícil, porque hay algunas cosas que tienen que ser legales o algo por el estilo.

Yo hablo como inmigrante y como padre de familia, porque vengo de Santo Domingo y dejé una familia allá. Ellos están allá porque no es fácil venir para acá y traer a la familia. Si no se puede tener a la familia acá, ¿qué se tiene que hacer? Mandarla para allá.

Sabemos que los CAIF han avanzado mucho; hemos visto que han crecido mucho. Pero yo creo que entre todas las instituciones que conocen el tema y la sociedad civil podríamos armar una agenda ―como la que estamos viendo acá― para trabajar en esto, para ver cómo podemos ayudar a esas madres para que sus niños no tengan que irse, para que no tengan que mandar a sus hijos para allá. Porque es una pena tener una familia aquí y separarla por no encontrar la oportunidad para poder mantenerla acá. Muchas mujeres han venido embarazadas, o han venido con el esposo y este ha tenido que irse porque las cosas no le han ido bien. Es algo muy difícil. Yo creo que desde Idas y Vueltas y desde todas las instituciones ―tal vez el INAU― debemos ver cómo podemos trabajar en esos casos.

Nada más. Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Muchas gracias, Víctor.

Tiene la palabra la señora Luciana Oholeguy, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

SEÑORA OHOLEGUY (Luciana).- Quiero saludar y agradecer a la gente que estuvo trabajando en la conformación de esta guía y también a la Junta Departamental, que está siendo parte de la visibilización de la infancia y la migración, tema que, como hemos venido planteando, muchas veces cuesta introducir en las distintas instituciones y organizaciones. También el de las familias divididas y partidas es, como decía Víctor, otro tema que las instituciones desconocemos, y realmente falta muchísimo por hacer en ese sentido.

Lo que voy a presentar en primer lugar forma parte del trabajo que hacemos en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo estoy en el área de Denuncias e Investigación y también en el ERT Migrantes.

El rol de las instituciones de derechos humanos es la promoción y protección de los derechos del niño. Este es un elemento clave para construir y consolidar sistemas nacionales de protección integral. En la Ley N.º 18.446 se señala que las competencias son la promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y el Derecho internacional.

Nosotros queríamos plantear una situación que llega a través de mujeres y niños migrantes como una denuncia, en la cual están involucrados el tema del derecho a la vivienda digna, el derecho al acceso al agua y el derecho al servicio público de energía eléctrica, a fin de ver cómo se fueron gestionando estas cuestiones y también para conocer cómo trabaja la Institución y cuál es el rol.

Estas resoluciones son la 764, de 2019, y la 755, de 2019, vinculada a niños y migración.

En relación a la descripción del problema, la situación concreta era, primero, analizar cuáles eran las condiciones reales de la población que estaba en el ex Hotel Río de la Plata, y, en un segundo paso, ver si el Estado había estado omiso con estos niños, niñas,

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adolescentes y mujeres respecto a una eventual vulneración de sus derechos. Como primera acción la Institución concurrió al exhotel y realizó una visita técnica, en la que constató cómo estaba conformada la población y trató de identificar cuáles eran las personas más vulnerables, así como también vio las condiciones en que se encontraba la infraestructura. Para eso yo traía un PowerPoint en el que tenía las fotografías del exhotel.

Parte de la situación de la infraestructura era que habían cortado el servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, no funcionaba el ascensor. Como estrategia de supervivencia, parte de los pobladores estaban intentando conectar el ascensor de forma irregular, lo que significaba un riesgo para la población. Al no tener electricidad había también dificultad para obtener el agua, porque las bombas del exhotel funcionan a electricidad.

Si bien la situación se encontraba judicializada ―la parte jurídica de Idas y Vueltas y la Facultad de Derecho estaban trabajando con esta temática― y la Institución de Derechos Humanos no puede accionar cuando las situaciones están judicializadas, sí puede expresarse en relación a los derechos fundamentales que están siendo afectados. Entonces, en primera instancia se trató de identificar cuáles eran los organismos involucrados y las autoridades competentes. Se señaló al Mides, al Ministerio de Vivienda, a la Intendencia de Montevideo, a UTE y a OSE. Con algunos de ellos tuvimos un par de reuniones, para ver de qué forma podíamos articular, y también con la Defensoría de Vecinas y Vecinos y con las organizaciones.

Después la Institución elaboró una resolución que señala un poco cuál había sido la respuesta estatal frente a la protección de los derechos de los niños y las niñas migrantes. En el oficio enviado al Ministerio de Desarrollo Social se señalaron algunas de las situaciones de vulnerabilidad, sobre todo las de algunas personas con discapacidad, y se le pidió informe al Mides, porque sabíamos que había una denuncia allí. El Mides respondió con un informe social planteando las acciones que había realizado, pero igualmente la Institución considera que el Mides tiene un rol articulador frente a la emergencia social. Entonces, en ese sentido, no estaba articulando con otros organismos frente a esta problemática.

Con respecto al derecho al agua, sabemos que es un derecho fundamental, previo a la concreción de los derechos como la vivienda digna, la alimentación saludable y demás. La Institución consideró que OSE, sin dejar de reconocer sus obligaciones comerciales, actuó sin considerar el riesgo en que incurría al cortar el agua a la población que se encontraba en el exhotel, pues vulneraba un derecho fundamental de los habitantes de la pensión. Sin embargo, subrayamos que, posteriormente a haber enviado un oficio con medidas provisionales, OSE pudo plantear algunas alternativas para la población y formas de subsanar la situación. Sabemos que el artículo 47 de la Constitución señala que el derecho al acceso al agua potable debe darse sobre una base no discriminatoria. En este sentido, había niños, niñas y adolescentes que no tenían acceso.

En lo que respecta a UTE, la Institución no recibió ninguna respuesta a los oficios enviados en los que solicitaba medidas provisionales urgentes. Por tanto, considera que se debía tener una especial precaución para no exponer a estas personas a una situación de riesgo mayor, sobre todo donde hay personas especialmente vulnerables.

En torno al bloque constitucional, creo que el señor Fernando Rodríguez ya estuvo hablando de los principios, así que no voy a repetirlos.

También quiero señalar la opinión consultiva sobre derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración o necesidades de protección internacional. Hubo algunos documentos, más lo referente a la Comisión de los Derechos del Niño, así como las herramientas que se utilizaron para señalar cómo consideramos que estaban siendo afectados los derechos de las personas habitantes del exhotel.

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Finalmente, la Institución resolvió que en esta situación la institucionalidad nacional y departamental del Estado uruguayo no actuó con la debida diligencia para impedir la vulneración de los derechos humanos, y recomienda a los organismos competentes que se adopte y se aplique una normativa adecuada, eficiente y sometida a los debidos procedimientos de control a las llamadas pensiones regulares o irregulares. Nosotros consideramos que este es un tema fundamental, porque es donde reside la mayoría de la población inmigrante, en pensiones de Ciudad Vieja. Ya tenemos información sobre las condiciones en que se encuentran estas pensiones, en cuanto al hacinamiento y demás. También la Guía hace referencia a la protección a la infancia, y creemos que es una de las cuestiones fundamentales a abordar por las instituciones responsables, como la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda.

El Consejo Directivo también recomendó la adopción de protocolos de actuación correspondientes a medidas dirigidas a la debida protección de los derechos de las personas menores de dieciocho años, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, en especial al tratarse de población inmigrante, ante medidas de desalojo o lanzamiento de sus lugares de residencia. En este sentido, otra de las recomendaciones que se hace en la otra resolución que señalé es que previo al desalojo, o a considerar algún tipo de propuesta de sacar a la población de un lugar, primero está el interés superior del niño. Entonces, debería considerarse una articulación previa a la realización de cualquier tipo de desalojo, en que organismos como el Mides o el Ministerio de Vivienda brindaran soluciones para no exponer a mayores riesgos a los niños. También consideró que estos organismos tienen que generar soluciones permanentes en materia de vivienda formal, más allá de los recursos que ya existen, que en general son escasos.

Consideramos que nuestro país no se encuentra preparado para gestionar algunos desafíos que se están presentando, sobre todo con niños, niñas y adolescentes, vinculados con necesidades habitacionales. No pueden quedar como única alternativa los refugios del Mides, y en la propia estructura organizativa del Estado debe haber una mirada específica para el tema de niños migrantes.

Por tanto, debemos recordar lo prioritario que es establecer protocolos, por ejemplo en el caso de los desalojos, y que se defina con claridad quiénes son los responsables en relación con el tema de vivienda de niños, niñas y adolescentes que recién llegan al país. También venimos señalando la necesidad de atención en salud mental y la implementación de programas en las escuelas orientados a la niñez, para informar y formar a las comunidades sobre la situación de la migración, a fin de que se garantice el cumplimiento de derechos de la niñez migrante.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Julio Calzada, director de Políticas Sociales de la Intendencia de Montevideo.

SEÑOR CALZADA (Julio).- Es un gusto estar aquí.

En primer lugar, quiero señalar que, a nivel general, en la Administración departamental compartimos claramente el enfoque de derechos humanos, en particular el paradigma de protección integral para la población migrante en general. Queremos celebrar también que tengamos un instrumento como el que hoy se presenta; de todas formas, voy a retomar lo que planteó Luciana Oholeguy con respecto a que no necesariamente

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estamos preparados en el país y en la ciudad para vivir la situación que estamos viviendo desde el año 2008, cuando empezó a haber un flujo migratorio muy importante en el país.

Al final voy a retomar lo que mencionó Luciana Oholeguy sobre el ex Hotel Río de la Plata porque casualmente hoy en la mañana estuvimos trabajando con dos reparticiones de la Intendencia en ese tema.

Las sociedades y las ciudades tenemos ese desafío de reinventarnos permanentemente. No teníamos una cultura sobre el trabajo con migrantes hasta esta década; durante varias décadas, desde los años 60 hasta el año 2010, estuvimos expulsando población y no habíamos desarrollado los instrumentos y las formas necesarias para el abordaje de estos temas.

Como concepto general, en esta Administración buscamos, desde diferentes Departamentos ―las políticas sociales son parte de esto, incluidas las políticas de Movilidad, de Desarrollo Ambiental, de Desarrollo Urbano-, construir una ciudad amigable con los niños, niñas y adolescentes, con las personas mayores, con los ciudadanos en general, y eso está plagado de desafíos. Muchas veces nos centramos en algunos aspectos puntuales, pero en la Intendencia de Montevideo, particularmente la División de Políticas Sociales, del Departamento de Desarrollo Social, tiene en sí mismo competencias muy acotadas, y están acotadas también en materia de presupuesto. Por lo tanto, un conjunto de políticas que se desarrollan desde la Intendencia se hacen a través de otros Departamentos y no directamente desde el Departamento de Desarrollo Social. Por ejemplo, las políticas de Movilidad contribuyen enormemente a la integración del conjunto de la ciudad, contribuyen a las posibilidades de integración social de manera más que relevante. Y ahí la articulación que nosotros podamos tener, desde la perspectiva de las políticas sociales, para que estas políticas se desarrollen a través de estos otros Departamentos y organismos de los que dispone la Intendencia. Por ejemplo, desde el año 2017 tenemos varios proyectos de empleabilidad y de primera experiencia laboral para adolescentes, y hemos incluido una cuota de adolescentes migrantes, contribuyendo de esa manera a su integración social. Lo mismo se da en otros aspectos.

Nosotros tenemos como objetivo general implementar políticas sociales que contribuyan a que la ciudad sea apta para que todas y todos ―sin distinción de edad, género, raza, etnia ni origen― tengan derecho a la ciudad, y para que podamos construir entre todos ―la sociedad tiene en eso un papel determinante, no solamente los organismos― una ciudad sin barreras. En ese sentido, tenemos que trabajar ―como criterio y como concepto― en la universalidad de las políticas. Creemos que la situación de la población migrante ―y también la de niñas, niños y adolescentes― se debe abordar en el conjunto de las políticas públicas, para que ―como bien se expresó acá, incluso por parte de representantes de Idas y Vueltas― estos niños tengan una integración plena, por ejemplo en los CAIF, en las escuelas, en los programas que llevamos adelante desde la Intendencia de Montevideo con niños, niñas y adolescentes, pero también con adultos mayores o con otros sectores de la población, aportando a alguno de los nodos críticos que tienen, sobre los cuales podemos tener más o menos competencias.

No obstante, yo creo que en todos los casos tenemos que reconocer que en algunos aspectos llegamos tarde, que siempre venimos un poco tarde en algunos de estos temas. Sin embargo, me parece que hay un aspecto importante a destacar: algunas de las recomendaciones que se plantearon por parte de la Institución de Derechos Humanos se vienen aplicando sistemáticamente. Nosotros tenemos una articulación permanente con la Cancillería, con el Ministerio del Interior, con el Mides y con el Mvotma en virtud de este problema tan complejo de los desalojos de las pensiones. Ahí hay una participación muy activa de la sociedad civil en general. Acá, por ejemplo, está Idas y Vueltas, pero hemos tenido una muy buena coordinación. En aquellos casos de desalojos en los que había niños, niñas y adolescentes se coordinó activamente con el INAU la situación de

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esas personas. Yo creo que nos falta todavía recorrer mucho camino en materia de articulación, de cooperación entre los organismos; debemos trabajar para que las competencias de cada uno no sean una barrera que muchas veces impida que aparezcan las soluciones.

Hay un tema que no aparece mencionado: el del Poder Judicial. Casos como el del Hotel Río de la Plata, o el de la pensión de Pocitos que se desalojó en mayo, o el de tres o cuatro pensiones que tenemos ahora, son para nosotros un desafío tremendo. Por un lado, tenemos una realidad: esas personas tienen capacidades, porque por algo están viviendo autónomamente en esos lugares, están habitando esos lugares; tienen capacidad de pago, tienen capacidad de vivir con autonomía. Pero, por otro, nos enfrentamos a un fenómeno urbano más complejo, que son los desalojos, que se dan por distintos motivos y que enfrentan a privados con privados. El papel que nosotros hemos tenido en ese sentido ha sido el de articular salidas. En el caso concreto del Hotel Río de la Plata, hay un fenómeno que no es único y que es quizás el problema más complejo que tenemos: que aparecen otros actores además de los dueños y de las personas que habitan en esos lugares. Entonces, se producen diferentes situaciones que hacen que tengamos que actuar conjuntamente todos los organismos ―seguramente hay otros organismos que todavía no se han incorporado a esta dinámica―, para tratar de encontrar las mejores soluciones posibles.

El del Río de la Plata es un caso que nos impacta y nos indigna a todos, porque en una intervención en la que han jugado diferentes privados, esta población migrante, y no solo migrante, ha quedado como rehén. Particularmente en este caso, los niños están jugando un papel de doble victimización.

Para cerrar, quiero decir que el rol que tenemos sobre políticas sociales no es único, porque trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Convivencia Ciudadana, que es la que está a cargo de la población flotante en Montevideo y con la cual estamos trabajando a diario de manera conjunta para lograr dos conceptos: el de tener alertas tempranas ―es decir, que no tengamos que salir corriendo a encontrar soluciones para estas poblaciones― y el de mitigar los daños que se están produciendo por estas situaciones. Nos parece que es imprescindible avanzar en una dinámica de articulación, particularmente con algunos organismos que tienen una competencia determinante en esto, como es el caso del Mvotma, en el que puede habar cosas como las garantías o soluciones por esa vía que favorezcan que se puedan transitar situaciones de crisis como esta que estamos viviendo. No son pocas las pensiones que en este momento están en esa situación en la ciudad. Se terminó el invierno y tenemos el gran desafío de que la Justicia ―por eso lo indico nuevamente― se gestione con la flexibilidad necesaria para que también la Justicia esté bajo el paradigma de los derechos humanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑORA PRESIDENTA DE LA JDM (Adriana Barros).- Muchas gracias, Julio.

SEÑORA MAESTRA DE CEREMONIAS (Camila Sánchez).- No sé si alguien tiene alguna consulta para hacer.

SEÑORA ROODENBURG (Rinche).- ¿Me permite, señora presidenta?

Más que una consulta, quiero hacer, en primer lugar, un comentario: me parece

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superinteresante lo de esta tarde. Yo pensaba que sería un encuentro más en el que todos diríamos lo que hicimos, etcétera. Pero siento que hay otra energía en la Sala; siento que realmente hay ganas de hacer cosas, y eso es lo que necesitamos todos.

Yo pienso que hoy ha sido la punta del iceberg lo que se ha tocado, y muy por arriba. Pensemos un momento en los niños que están viviendo en una pensión. Si tienen la suerte ―o la mala suerte― de tener una pensión fija, capaz que viven años ahí, y muchas veces no pueden tener nunca un amigo con ellos, porque no se permite que en una pensión haya otros niños de visita. Un niño que no puede invitar nunca a ningún compañerito de la escuela… Es muy fuerte. Los padres dejan a sus hijos, que tienen que convivir ―cuando ellos no están― con narcos a veces bastante pesados. Se van temblando, porque no saben qué va a pasar. Esperan que algún vecino, medio amigo, viche un poquito, pero no hay control alguno.

A las mujeres embarazadas, cuando ya tienen una panza bastante abultada, les dicen: “Hija mía: tu sabés que acá, niños, no; andá a buscar otra cosa”. Es un sinfín de cosas.

Lo que plantea Víctor, con quien vivimos juntos todas las semanas del año, todos los días del año prácticamente, es como raro: no logramos encontrar entre todos una solución. Hay un sinfín de inmigrantes terriblemente preparados para cuidar niños, para educar niños, con títulos y currículums de acá a Pando, que con suerte están cuidando a un anciano en una casa, y terriblemente mal remunerados, como les pasa a todos ―uruguayos e inmigrantes― en esas casas. Están no utilizados.

Entonces, durante un tiempo ―y Marisa se acordará de eso― intentamos hacer algo así como un sistema comunitario, o casa comunitaria, pero chocamos con eso, con que no había para nosotros ―que no somos muy pudientes― forma de acceso al local. El local era la traba, porque mujeres ―y eventualmente hombres― para atender, hay.

Entonces, yo creo que tenemos que ser entre todos un poco más creativos para buscar una solución. ¡No puede ser! En un país tan envejecido como es Uruguay, tendríamos que festejar que nacieran niños, que llegaran niños. Tendría que ser el punto número uno de nuestro quehacer, porque, en realidad, es una gran oportunidad para Uruguay.


Tiene la palabra el señor Gabriel Larronde.

SEÑOR LARRONDE (Gabriel).- Hola a todos.

Pertenezco a un movimiento llamado Creactivos, que trabaja con adolescentes de catorce a veintidós años, gurises víctimas de violencia y abuso que están intentando tener una nueva oportunidad.

Primero, quiero agradecerles a todos y felicitarlos. Estoy feliz por lo que veo, porque no los paró ni la tormenta ni el temporal. Me voy a ir muy contento de lo que veo acá. Yo me siento un poquito parte de esta Casa, porque a Creactivos siempre le han dado una muy buena bienvenida; a la gurisada siempre le han dado la oportunidad de exponer, de que muestren acá lo que hacen.

Cuando me enteré de que había una exposición acerca de qué se está haciendo por los chiquilines, por los pichones ―como les digo yo―, pichones de otras tierras, de otros nidos, que vienen acá, me dije “Bueno, vamos a ver qué buenas nuevas hay”.

Yo tengo la costumbre de practicar la empatía. Tengo cuarenta y ocho años y aún me acuerdo de cuando me tocó venir desde Dolores, hace treinta. Yo soy de Dolores. No hay

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lugar más montevideano que este, y no creo que todos sean de Montevideo. ¿Son todos de Montevideo acá? ¿Hay alguno que no sea de Montevideo? ¿Se animan a levantar la mano?

(Murmullos)

Bien, ¡vamo’ arriba! Cuando nos toca venir de otro lugar… A mí me tocó de jovencito, y les puedo asegurar que venía cagado hasta las patas. Disculpen que dije “patas”.

(Hilaridad)

Tenía encima un cagazo espantoso, porque me tenía que alejar de mis padres, que eran mi lugar seguro en el mundo. Venía con un susto bárbaro, pero venía a hacerme un futuro; venía a estudiar. Mis padres me daban la oportunidad de hacerme un futuro estudiando.

Yo les pido a todos que tengan la empatía de acordarse de que hay gurises que están viniendo de otros lugares queriendo hacerse una oportunidad, vienen de otros países, separándose de su tierra, de su gente. Nosotros, los uruguayos, somos bastante discriminadores. Nos hacemos los fenómenos, pero no somos tan fenómenos.

A mí me pasa con la ONG, con el movimiento mío, que los padres tienen miedo ―mucho miedo― de que los gurises se acerquen, porque “¿Qué miércoles le vas a contar al gordo? Las cosas de casa se quedan en casa, los secretos de casa se quedan en casa”. Entonces, tienen miedo de lo que los gurises nos van a contar a mí, a la asistente social ―a la insistente social, como le digo yo―, a la psicóloga o a los otros compañeros. Nosotros somos el enemigo de la familia. ¿Por qué? Porque apadrinamos a los gurises. Pasan esas cosas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Somos bastante hipócritas.

Lo que tenemos que hacer es practicar la empatía. Yo quiero ser empático con toda esa gente, porque si me asusté mucho con dieciocho años ―y estaba buscando mi futuro―, no me quiero imaginar lo que les pasa a botijitas chiquitos que se alejan muchísimos más kilómetros que los trescientos kilómetros hasta mi tierra adorada ―Dolores―, esa tierra donde los vientos son bastante fuertes, esa tierra a la que sigo extrañando, a pesar de que voy cuando puedo y cuando quiero, y está mi madre allá.

Entonces, hoy me interesó mucho venir a ver qué está haciendo mi país, mi gente, por los setecientos que, según me están contando, hacen mucha fuerza. Espero que sean muchos más, porque este es un país de viejos, viejos que hay que cuidar, querer y proteger. Pero también hay que darles una bienvenida muy grande a todos los gurises que quieran venir y hay que cuidarlos muchísimo. Hay que armar familias cariñosas, sinceras, pero también honestas, porque en un país en el que se matan mujeres muy seguido y todos nos quedamos calladitos la boca… La familia tiene que ser un lugar seguro para los niños, un lugar seguro para las mujeres, un lugar seguro para las madres.

Es un laburo quijotesco el que está haciendo el INAU. Es una demencia lo que se le pide a veces al Estado; un trabajo que tendríamos que hacer nosotros desde el individuo, desde la persona. Creactivos es una hormiguita en la selva, es lo que nosotros queremos hacer desde lo humano. No tenemos vínculo con religión ni con políticos, sí con personas, con individuos, con cada persona que quiera hacer algo por el otro desde el corazón.

Me voy feliz de que a pesar de la tormenta, del temporal, se hayan animado a estar acá presentes, a bancarse todas las charlas, el discurso.

Les doy gracias a todos. Los quiero mucho.

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Soy Gabriel Larronde, y en lo que pueda ayudar desde la ONG, estoy a las órdenes.

Abrazo grande.

(Aplausos)


Tiene la palabra la señora Adriana Texeira.

SEÑORA TEXEIRA (Adriana).- Soy nieta de inmigrantes, por lo menos por parte de mi abuela, una gallega que no sabía leer ni escribir y que le dio nueve hijos a Uruguay; nosotros somos la segunda generación. En mi familia hay varios profesionales: arquitectos ―hay seis―, abogados, médicos.

Fui funcionaria del INAU en dos oportunidades, primero desde el 2009 al 2010 ―en Privación de Libertad―, luego desde el 2014 hasta el 2018, en que por ciertos concursos no me dejaron continuar trabajando. Pero tengo muy claro cómo se tiene que trabajar en el tema políticas sociales de niños y adolescentes.

Hoy en día me estoy dedicando a la política, en un sector del Frente.

Por lo que se ha planteado acá, veo que no hay conexión entre los diferentes actores del Estado, como tampoco la hay con los países de origen de los niños extranjeros que vienen; porque también hay que hacer partícipe al país de origen.

En el Uruguay no se puede ser más papista que el papa. Creo que todas las políticas sociales en general son tanto para niños uruguayos como extranjeros. El tema es que acá hay varios inconvenientes. Por ejemplo, el INAU tiene que dedicarse a los niños, y el Mides, al tema de la atención social, pero a veces se superponen los recursos y, a su vez, se hace oídos sordos, no se articula bien.

Yo soy una persona que trabaja en forma anónima. La otra vez se procesó a unas madres por haber ocupado una vivienda. Entonces, yo le escribí al fiscal Díaz lo siguiente:

Disculpe mi intromisión hay un caso de unas madres que ocuparon una propiedad sin permiso con niños a cargo y se ve como un caso de procesamiento penal, ya que no es un caso similar al de los Palomares, donde estas ocupas no compraron ninguna llave por no tener recursos y si no más bien lo hicieron por necesidad, viendo el bien superior de los derechos del niño o sea como sujeto de derecho, considerarlo una falta y pedir al Estado que le facilite una vivienda y se le pueda facilitar los recursos Mides e INAU apoyando a esas madres para mejorar su situación y la pena de usurpación las cumplan con horas de trabajo comunitario.

Muchas gracias.

El tema es que acá cada uno hace su trabajo en paralelo y no se articula.

Se habló del tema de las guarderías. Yo fui madre soltera a los veintiún años, siendo estudiante de la Facultad de Derecho. Crié a mi hijo sola, y le puedo decir al señor Feliz, de Idas y Vueltas, que el problema de las guarderías existió toda la vida. Eso lo tienen que solucionar entre ustedes. Por ejemplo, se podría plantear un proyecto de guardería social en el que las madres… Mi hijo fue a La Casilla, y tuve que pagar un montón de cuidadoras que no me lo cuidaron de la mejor manera, por lo cual sufrí mucho como madre. En la vida que tuve siempre traté de volcar mi experiencia. Soy de la idea, decía,

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de crear una guardería social; que las madres trabajen también dentro de la guardería, en compensación por no poder pagar. Estaría bueno que los extranjeros formaran una especie de comunidad cooperativa de autoayuda y cuidados.

En cuanto al tema de las pensiones, estaría bueno que se hablara con los dueños de esas pensiones, ya que el tema niños genera dificultad a la hora de que la gente pueda acceder a un lugar. Desde el Estado se podría generar una compensación en cuanto a impuestos, o bien que sean más los lugares que acepten niños.

Creo que hay un montón de gente con educación y estudio en este país que tampoco tiene trabajo. Yo hace un año que estoy sin trabajo, a pesar de tener estudios universitarios y un montón de estudios más. Creo que a veces hay que dar un tiempo al tema estudios. Como estudiante de la Universidad de la República ―a la que dos por tres vuelvo, porque no terminé la carrera de abogada―, digo que a los uruguayos nos cuesta revalidar materias o dar exámenes porque van cambiando los planes de estudio. Pero no podemos exigirle al Estado por un problema externo a nosotros. Dentro de todo tenemos una base, un organigrama; pero creo que esto nos desbordó como Estado. Somos un Estado vetusto, arcaico, y tal vez habría que crear una comisión para tratar todas estas situaciones que están surgiendo, no solo en cuanto a los niños extranjeros, sino por los niños en general. Por ejemplo, si esta gente no tenía luz ni agua, OSE y UTE podrían haber puesto un contador mientras transcurría el plazo de desalojo, y que la gente que vivía en el lugar lo pagara. Cuando la gente se fuera, se daba la baja. A su vez, habría que generar hogares a través del Mides, para que haya un espacio donde ir en caso de desalojo, y que esas madres no fueran a parar a la calle.

Acá no es cuestión de recursos, sino de ideas. Pienso que mucha gente no las está aplicando, o bien no sabe articular o es muy estructurada. Creo que las políticas sociales van más allá de eso. Soy una convencida de que entre todos nos tenemos que ayudar y podemos mejorar al Estado administrativa y organizativamente. Hay que tratar de tener un Estado de avanzada. Todos los niños, uruguayos y extranjeros, deben tener los mismos derechos. No porque sean extranjeros o porque sean uruguayos deben tener más derechos o menos urgencias. Para mí todos los niños son iguales. Y los adultos tenemos que empezar a escuchar; debemos dejar de lado muchos egoísmos, muchos prejuicios, y hacernos un poco de autocrítica. Las cosas están.

Hay mucha gente que está sola, que tiene hijos a cargo y no se le ofrece la misma respuesta rápida. Creo que en eso nos estamos quedando. Pienso que hay que ponerle pilas y ganas a un montón de cosas que son cuestión de ideas, no de recursos.

Estoy a las órdenes para lo que precisen. El que quiera que le dé sugerencias, algún tipo de apoyo o que vaya a articular a algún lado… Lo haré con gusto. Soy muy solidaria. Soy de la Teja, y estoy muy orgullosa de un tío mío que creó un movimiento mundial; me refiero al fundador del sistema de construcción de viviendas por ayuda mutua, Isaac Moreira. A su vez, mi abuelo fue el fundador de la Agrupación Obrera La Casilla, en La Teja. Yo ya vengo de ese palo y el tema social me toca mucho. Estoy a las órdenes para lo que pueda ayudar.

Ha sido un gusto estar acá hoy. Gracias por compartir y ponernos al tanto de situaciones que a veces me ha tocado vivir de cerca y en las que he sentido cierta impotencia al no haber podido ayudar más.

Muchas gracias.

(Aplausos)


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Tiene la palabra la señora María Elena Laurnaga.

SEÑORA LAURNAGA (María).- Muchas gracias.

En primer lugar, quiero agradecer por este espacio.

No quiero repetir todo lo interesante que se ha dicho aquí. Creo que desde distintas organizaciones y lugares todos estamos haciendo un esfuerzo.

Yo solamente quisiera hacer una sugerencia, basándome un poco en la experiencia de haber trabajado mucho en la frontera en estos últimos años.

El territorio no termina en Montevideo. El tema de la migración es un tema de alta movilidad: no es solo cuando llegan, sino que llegan, se van, viven en Canelones, en la Ciudad de la Costa y de allí vuelven al interior; es una red y Uruguay es muy chico. Entonces, mi única sugerencia para la Junta Departamental, para la Comisión, es que considere la posibilidad de incluir este tema, para dar una discusión semejante a esta, en el marco del Congreso de Ediles, o tratarlo con las juntas departamentales en las diferentes comisiones. El territorio dejó de ser una frontera exclusiva. Los ministerios tienen competencia nacional, al igual que el INAU. Pero las juntas departamentales no, y lo que se requiere en esto es tomar conciencia y promover un ejercicio de articulación con una agenda común, en un momento en el que precisamos temas comunes de agenda, que seguro tenemos.

Gracias.

(Aplausos)


Tiene la palabra la señora Andrea Sosa.

SEÑORA SOSA (Andrea).- Yo soy parte de la sociedad civil y vengo por mi interés.

Quiero agradecer a todos por las exposiciones.

Tengo solo un comentario para hacer. Acá se tocó muy por arriba el tema de la explotación y la trata. Pienso que justamente en esta instancia habría sido importante contar con la presencia de algún integrante de Conapees, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y Adolescencia, a fin de que pudiera contarnos y alertarnos sobre esa situación, una situación de la que siempre hablamos, pero en la que no ahondamos mucho. Es como que estos temas nos cuestan, son muy delicados.

Simplemente quería hacer esta recomendación. Muchas gracias por esta instancia.

(Aplausos)


Tiene la palabra la señora Lucía Puig.

SEÑORA PUIG (Lucía).- Soy maestra y trabajo en el Comunal 11, Municipio D.

Quiero felicitar esta instancia y sugerir que desde cada uno de estos lugares, tanto de la

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sociedad civil como del Estado en sus distintos niveles, se promueva el tema de la convivencia, convivencia versus competencia. Hay un imaginario colectivo de que el migrante viene a competir por los puestos de trabajo, por la vivienda. Aquí se hablaba de capacitación, de formación, de sensibilización, de conversaciones en diferentes ámbitos con respecto a lo que significa la llegada de migrantes desde el punto de vista del enriquecimiento cultural, lingüístico, gastronómico, musical, etcétera. También lo es desde el punto de vista económico: pensemos que tenemos un sistema de previsión social saturado, en el cual pocos activos debemos sostener a una cantidad de jubilados. Pero tenemos la posibilidad de que mucha más gente pueda incorporarse al mercado laboral, generando también nuevos saberes, que son los que ellos traen. No es la panacea, pero tiene que ver con la capacidad de generar convivencia. Porque los uruguayos a veces nos definimos como muy abiertos, pero es que no hemos tenido… Tenemos una homogeneidad o aparentamos una homogeneidad, pero, en realidad, están cambiando los paradigmas. Está bueno que cambien los paradigmas y empecemos a ver al otro, a reconocernos en el otro y a aprender los unos de los otros. Me parece que esos cambios culturales, que llevan tiempo, dependen de grandes políticas de Estado, pero también de la capacidad de cambio que cada uno pueda tener y generar en los otros. Entonces, todos los que estamos acá hoy, y también los que no pudieron venir, debemos empezar a generar esas instancias desde cada lugar, desde las pequeñas redes, desde los ámbitos de trabajo, desde la convivencia vecinal. Es decir, poder ver eso y verlo como un enriquecimiento. Así como nuestros abuelos llegaron de otros países, así como nosotros no pudimos entrar a otros países en las épocas de crisis, poder verlo como algo bueno en un país tan estático como el nuestro.

Gracias.

(Aplausos)


Si no hay más intervenciones, vamos a hacer entrega de unos pequeños presentes a los panelistas y a dar por finalizado el encuentro.

Gracias a todas y a todos.

(Así se efectúa). (Es la hora 17:47).

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