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TLCAN

Los testimonios que se presentaron a la largo de la Audiencia Final permiten afirmar que la

inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento

extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano.

La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos

humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los

derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones

globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.

El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder

económico y político frente la eliminación de los “perdedores”. Lo mismo que la legalidad

Nazi y de otros regímenes genocidas. Además, se sustenta en la arquitectura de la

impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad

y la asimetría son elementos constitutivos del mismo.

El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de

caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura

de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos

humanos.

Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están

diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la

gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del

intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos

que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y, simultáneamente, vinculan el

poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las

opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía.

Un propósito central de los tratados comerciales es desarmar a los pueblos despojándolos

de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que

puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de

México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha

adquirido características que son trágicas. La amputación de la soberanía económica

comenzó hace muchos años y se ha realizado a través de diversos mecanismos. En

ocasiones ha sido simplemente mediante la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono

de la conducción de la economía; otras ha sido por cesión, como sería el caso de los

recursos del subsuelo y la generación de energía; y otras más eliminando la capacidad

gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de control territorial ante el

incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el

límite por el gobierno de Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando

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a la soberanía en todos los ámbitos. Algunas de las áreas de pérdida de soberanía que más

afectan y afectarán el futuro de hombres y mujeres de México son:

Sobre la conducción de la economía y el manejo de sus instrumentos

presupuestales, fiscales, monetarios y regulatorios.

Sobre el poder para disponer de los recursos energéticos.

Sobre las garantías de un ambiente sano y adecuado, y la conservación de los

ecosistemas y hábitats.

Sobre la protección de la diversidad cultural y biocultural.

Sobre los recursos del subsuelo.

Sobre nuestra alimentación.

Sobre las garantías de los derechos laborales.

Sobre las garantías de la educación y el desarrollo científico y tecnológico.

Sobre la política industrial.

Sobre las vías de comunicación y transporte.

Sobre las telecomunicaciones.

Sobre el territorio nacional.

Sobre el acceso a la justicia.

México se ha vuelto sinónimo de soberanía estructural y constitutivamente mermada, lo

que nos hace excepcionales en un mundo de intensas interdependencia. El gobierno

mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por

medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas

“innecesarias” o “superfluas”, realizando o permitiendo prácticas de genocidio físico o

cultural contra ellas. Recordemos que el neoliberalismo es inherentemente eliminacionista.

Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación

mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones

distorsionantes en la economía de subsistencia. Ayer el Tribunal escuchó varios casos que

pueden ser tipificados como crímenes por responder a políticas dirigidas a explotar la

fuerza de trabajo con mayor intensidad. Permítanme insistir con casos directamente ligados

a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El hecho de que el TLCAN haya

fragmentado artificialmente el mercado de trabajo en una economía regional en todo lo

demás integrada ha generado procesos de flujo migratorio y competencia en uno y otro lado

de la frontera que mantienen bajo el costo del contenido laboral de las mercancías

producidas en México con capital extranjero, y también con capital nacional, y también en

el extranjero las producidas con mano de obra mexicana ilegal. Ayer escucharon ustedes

cómo esta fragmentación artificial del mercado laboral ha aumentado la flexibilidad

contractual y degradado a niveles infames las condiciones de vida de los migrantes y trans-

migrantes, procurando prácticas genocidas.

s hace excepcionales en un mundo de intensas interdependencias.

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La quiebra de soberanía se protege por medio de una armadura jurídica neoliberal

fundamentada en los siguientes criterios:

1. El TLCAN se sustenta sobre una profunda falta de legitimidad democrática ya que

quiebra los principios clásicos del Estado de Derecho: la contractualización de la ley

y de las relaciones económicas – se suprimen la normas parlamentarias generales y

se sustituyen por sistemas contractuales asimétricos o de adhesión - provoca la

anulación de los procedimientos legislativos, se disloca la separación de poderes y

la soberanía de los pueblos y naciones.

2. La inflación normativa muy especializada, las cláusulas oscuras, vagas, la

incorporación de anexos, atentan contra los derechos de las mayorías sociales.

Además, la privatización del Derecho mediante las agencias de calificación, el

Derecho blando y la emisión de laudos arbitrales por tribunales privados, cierran el

círculo infernal de la arquitectura de la impunidad.

3. El TLCAN se afianza sobre el principio de los vasos comunicantes entre normas de

comercio e inversiones y entre transnacionales e instituciones, implica que lo que no

se obtenga en el seno de la Organización Mundial de Comercio se obtendrá por

medio de tratados o acuerdos comerciales o de inversiones de carácter bilateral o

regional; esta tupida red da lugar a que cada acuerdo o tratado sea la base para el

próximo, lo que genera un modelo de perpetua negociación. Esta guerra tan

asimétrica provoca que el abandono de un tratado tenga preparado su sustituto; de

ahí que el rechazo debe ser frontal al modelo de comercio e inversiones impuesto

por el capital y las empresas transnacionales.

4. Se combina la desregulación de las obligaciones de las empresas transnacionales

con la re-regulación de sus derechos, lo que implica destruir los derechos del pueblo

mexicano y blindar los derechos de las corporaciones nacionales y transnacionales.

5. Los principios normativos del TLCAN son principios demoledores –abiertos a la

interpretación creativa y expansiva de despachos de abogados y árbitros favorables

al poder corporativo- para los intereses de las mayorías sociales y que dotan de una

gran fortaleza a los derechos de las empresas transnacionales; el trato justo y

equitativo, el trato nacional, la nación más favorecida, el concepto de inversión y las

indemnizaciones. Además, otros principios jurídicos como el abuso de derecho, el

enriquecimiento injusto… quedan subordinados al carácter imperativo de los

principios recogidos en el TLCAN. Los principios mencionados se fundamentan en

una falsa interpretación del principio de igualdad, ya que tratar igual a las empresas

transnacionales y a las pequeñas empresas nacionales mexicanas es esencialmente

discriminatorio.

6. Los tribunales arbitrales nacieron para resolver conflictos entre Estados; sin

embargo, el neoliberalismo amplio su labor a conflictos entre Estados y particulares,

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vinculados al mecanismo de diferencias entre inversor y Estado. Las empresas

transnacionales - personas de Derecho Privado que representan intereses

particulares - pueden demandar a los Estados ante paneles o tribunales arbitrales.

Prevalece el interés particular sobre el interés general.

La impunidad transnacional que el TLCAN regula nos permite afirmar que es un Tratado

tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista –que permite la

acumulación de la riqueza de unos pocos a consta de la pobreza y la destrucción

medioambiental y cultural de los pueblos- se incorpora de manera transversal a lo largo de

todo el Tratado.

El TLCAN colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos

Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior; así,

el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma

imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos

Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, así como otros Tratados y convenciones

internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas

imperativas y de Derecho Internacional General.

Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios

insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad.

Hay que restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el

papel de los Parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares. Y promover

normas internacionales que no refuercen la fuerte asimetría existente entre las normas de

comercio e inversiones y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos sino que, por

el contrario, puedan servir para poner los derechos de las personas y los pueblos por

encima de los intereses de los de las grandes empresas.

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Quinto. El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación

compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo

consideradas “innecesarias” o “superfluas”, realizando o permitiendo prácticas de

genocidio físico o cultural contra ellas. Recordemos que el neoliberalismo es

inherentemente eliminacionista. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado

para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción

o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia. Ayer el Tribunal

escuchó varios casos que pueden ser tipificados como crímenes por responder a políticas

dirigidas a explotar la fuerza de trabajo con mayor intensidad. Permítanme insistir con

casos directamente ligados a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El hecho de

que el TLCAN haya fragmentado artificialmente el mercado de trabajo en una economía

regional en todo lo demás integrada ha generado procesos de flujo migratorio y

competencia en uno y otro lado de la frontera que mantienen bajo el costo del contenido

laboral de las mercancías producidas en México con capital extranjero, y también con

capital nacional, y también en el extranjero las producidas con mano de obra mexicana

ilegal. Ayer escucharon ustedes cómo esta fragmentación artificial del mercado laboral ha

aumentado la flexibilidad contractual y degradado a niveles infames las condiciones de vida

de los migrantes y trans-migrantes, procurando prácticas genocidas.

Esta situación está directamente ligada con otro caso que escucharon con consecuencias

culturales y bioculturales que son inmensas, el de la agricultura mexicana, y en particular el

de la producción de maíz campesino. Las reformas neoliberales en el campo mexicano

inician desde la crisis de la deuda de 1982 y se desarrolla durante toda la década de los 80s

y 90s. La firma del TLCAN sirvió para profundizar y consolidar estas reformas, y volverlas

irreversibles. En conjunto, estos cambios buscaron reordenar completamente las relaciones

sociales en el campo mexicano a partir de una profunda intervención del Estado para

construir un “mercado libre” y completo de tierras, factores y productos agropecuarios.

Esto implicaba un viraje político-cultural de primera magnitud, pues por primera vez en la

historia el Estado le negaba a la cultura campesina mexicana cualquier papel en la

economía y el desarrollo nacional. El argumento es que ya no era necesario un sector

campesino para mantener la política de alimentos baratos, ya que ésta podía conseguirse a

menor costo importando los granos que estos producían tradicionalmente de los Estados

Unidos, a precios subsidiados y mucho menores costos. Con argumentos típicos de la

ideología neoliberal, se planteó que todos ganarían al concentrar la tierra y los recursos en

el 16% de los productores agrícolas y alentar la emigración del 84% menos productivo

hacia otros sectores de la economía más dinámicos. Habría más crédito agrícola privado, al

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reducirse el sector naturalmente discriminado por el mercado crediticio, y aumentaría el

flujo de inversión extranjera directa en el sector agropecuario, mejorarían la tecnología y

los insumos con la importación y se consolidarían las expectativas para los exportables.

Pero los resultados fueron deplorables. El crédito agropecuario declinó, lo mismo que la

inversión extranjera, y al mismo tiempo todas las desventajas competitivas y rezagos

productivos se concentraron en los productos tradicionales y las regiones campesinas.

Quienes impulsaron estas políticas siempre supieron que, como ciertamente ocurrió, la

apertura en condiciones competitivas desiguales acarrearía una importación masiva de

alimentos y graves perjuicios para las economías rurales. Para mitigar la protesta social se

diseñaron numerosos programas compensatorios a través de transferencias directas. Pero la

formación de empleo nunca fue una prioridad para el gasto público compensatorio, y el

campo sufrió la fragmentación o disolución de cientos de miles de familias, con gravísimos

costos sociales. En la práctica estos programas fueron muy opacos y carentes de rendición

de cuentas, y permitieron una gran corrupción. Incluso el programa más generoso e

importante de compensaciones para los pobres del campo, llamado Procampo, resultó

regresivo, excluyente y con un poder paritario de compra declinante. Además, fue

insuficiente para compensar las pérdidas incurridas por los productores con la caída del

precio debido a la apertura, y aunque tuvo impacto en reducir la migración, miembros de

más de la mitad de las familias tuvieron que emigrar. El precio para el productor de maíz se

redujo en 66%, ajustado a la inflación, y la importación creció del 8% del consumo

nacional antes del TLCAN al 33% en el 2006. Dos y medio millones de jóvenes

campesinos emigraron, y cinco millones de habitantes del medio rural abandonaron la

agricultura. Estas personas, literalmente expulsadas, consiguieron trabajos muy precarios

por lo motivos señalados arriba y sus territorios vacíos ahora han caído presa o están

amenazadas por el extractivismo, la servidumbre energética o la especulación de los

servicios ambientales. A pesar de todo esto, el dualismo estructural rural persiste, pues ni la

población campesina ni su propiedad sobre la mayor parte de las tierras arables se redujo

debido a sus poderes de autoabasto y supervivencia, y las caídas de ingresos agrícolas

fueron compensadas por los flujos de remesas de los migrantes, o por su inserción obligada

en la agricultura de estupefacientes. Pero las condiciones de vida de los pobres del campo

se han vuelto extraordinariamente precarias, riesgosas y tristes.

Mientras todo esto ha ocurrido con los pobres del campo, los productores agrícolas

empresariales han recibido considerables apoyos públicos. Los demás programas de

compensación, que acumulan más del 50% de las transferencias, se sesgaron a favor de los

productores medianos, grandes y super-grandes, para apoyar la productividad y el

mercadeo de cultivos comerciales, sobre todo exportables. Un programa, Ingreso Objetivo,

fue diseñado para financiar directamente el precio de producción de los cereales, cubriendo

el déficit entre el precio internacional y el doméstico para los grandes productores. Este

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subsidio se agrega a los subsidios extranjeros para reducir todavía más el precio para los

productores pequeños, lo que implica una competencia tremendamente desleal. Grandes

corporaciones, como Cargill y Maseca, reciben subsidios enormes de mercadeo. Se ha

calculado que el impacto de estos programas anula más de la mitad del efecto redistributivo

del Procampo, aumentando la desigualdad. Como resultado de todo esto, se ha impuesto en

varias regiones privilegiadas del campo mexicano el sistema agroalimentario industrial —

intensivo y tóxico— que provoca la anulación brutal en la rentabilidad agrícola, erosiona la

producción independiente de alimentos, acapara la tierra, criminaliza el libre intercambio

de semillas e invade el país con cultivos transgénicos que ponen en riesgo la biodiversidad

nacional (y mundial) y la salud general. Dueño ya de gran parte de la cadena alimentaria —

de las mejores tierras a la distribución en supermercados— el emporio de los alimentos

procesados ha estimulado el crecimiento de las importaciones y la dependencia alimentaria

y la pobreza en el medio rural.

El sector agro-industrial transnacional ha sido el gran ganador con la crisis agrícola que

inició en el 2007, cuando se duplicaron e incluso triplicaron los precios internacionales de

los alimentos básicos: maíz, soya, trigo, arroz, etc. , como consecuencia de la manipulación

del mercado internacional de alimentos por parte de Estados Unidos y el estrecho vínculo

con los movimientos especulativos del mercado financiero. Con el aumento de precios y los

subsidios públicos significaron excelentes noticias para los productores empresariales del

norte del país, y aumentó considerablemente la producción de maíz híbrido; y también las

facturas de importación de alimentos de México, a más de US$20 mil millones de dólares

anuales; sólo las importaciones de maíz rebasan ahora los $4 mil millones. El aumento de

precios representó un verdadero golpe bajo para el resto de los aliados mexicanos, siempre

fieles y esperanzados, que ingenuamente adoptaron estrategias de alimentos baratos

alineadas a las políticas de austeridad y apertura neoliberales. Como decimos los

mexicanos, otra vez nuestro poderoso amigo nos dejó “colgados de la brocha”.

Sexto. Profundización de la corrupción política endógena y estructural. Para fijar y

normalizar la desviación de poder, los gobiernos neoliberales, como personas jurídicas

colectivas, se han mutilado a sí mismos y plagado de corrupciones. Por motivos históricos

fue posible en México construir entre 1945 y 1976 un capitalismo semi-fordista tutelado

por un Estado fuerte y autónomo. Nuestro país no es y nunca ha sido un país democrático-

constitucionalista, y ese régimen político fue tan fuerte y autónomo que recibió el nombre

de “La dictadura perfecta”. Aquí el patriarcalismo es rampante, está presente la

discriminación de todos tipos y la justicia siempre ha sido difícil de alcanzar. Sin embargo,

las condiciones nacionales e internacionales del momento también dieron a las clases

políticas mexicanas el poder para organizar durante décadas una alianza popular con la

soberanía necesaria para establecer un régimen capitalista desarticulado pero aún basado en

las personas y no las cosas, con un gran potencial de industrialización y un crecimiento que

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en promedio alcanzó el 6% anual por 30 años. Esta precaria alianza se derrumbó ante los

golpes del neoliberalismo, arrastrando con ella buena parte del tejido social mexicano.

Ahora mencionaré dos procesos de descomposición política del Estado relacionados con la

economía. En relación con los partidos políticos, en México funcionan en esencia como

oficinas oligopólicas de colocación de empleos políticos, y de distribución de las (jugosas)

rentas que los acompañan. Esto es una consecuencia directa de la pérdida de soberanía

económica del Estado y de más de treinta años de austeridad, ya que determinan que las

oficinas políticas se encuentren en competencia feroz entre sí por los recursos que asigna,

en última instancia, la clase capitalista global. Ocurre en México lo que también pasa en

otros países de la OECD: los partidos políticos carecen de programas distintivos, pero

además la competencia política no produce un ciclo productivo virtuoso, un ciclo ampliado

de producción de bienes públicos para la población, sino todo lo contrario: un hundimiento

en el vicio político colectivo y una profundización de la captura del Estado. A cambio de

recibir los recursos partidocráticos, los políticos permiten a los grupos privilegiados

apropiarse o controlar sin ninguna oposición los recursos estratégicos públicos y las

economías de escala y alcance que requieren para obtener rentas extraordinarias, así como

el acceso a información privilegiada y la posibilidad de externalizar los costos ambientales

y sociales, todo en beneficio de aumentar sus ganancias. A todo esto hay que agregar el

papel importantísimo de la burocracia administrativa neoliberal, ad hoc a este perverso

régimen electoral, que forma la otra cara de la moneda de la corrupción. En una acto

insólito, los políticos mexicanos han permitido e incluso alentado la imagen de que son, a

priori, pésimos provisores de los bienes y servicios públicos, y simultáneamente han

destruido su capacidad de provisión con el recorte sistemático y profundo del presupuesto

asignado y la casi total descoordinación de las autoridades competentes. Como resultado, la

ciudadanía, que está sujeta a una propaganda que su propia experiencia circunstancial

corrobora, ha terminado convencida de que las dificultades de la provisión y protección de

los bienes públicos se debe sólo a que son administradas por agencias públicas llenas de

funcionarios públicos. De esta manera se ha consolidado un conflicto de representación

política antidemocrática de grandes proporciones.

Séptimo. Para imponer la dominación de espectro completo se necesitó manufacturar el

consentimiento. Los gobiernos neoliberales de todo el mundo han utilizado el poder

mediático y cultural del Estado para colocar en la sociedad “sentidos comunes” que de

tanto repetirse se incorporaron al imaginario colectivo e introdujeron, como única, la visión

del mundo del poder hegemónico. Ayer ustedes fueron testigos de las prácticas del

duopolio televisivo en construir estos sentidos comunes. Hoy agrego que esta manufactura

fraudulenta es especialmente grave pues requiere de desarrollar métodos sistemáticos de

ocultamiento de la naturaleza e intenciones del modelo a través de procesos de

manipulación sutilísimos y profundamente enajenantes de los espacios académicos y

universitarios. Como en todo el resto del mundo, hoy existe en México un poderoso ejército

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de economistas, politólogos y juristas que celebran las prácticas de desviación de poder

neoliberal y las justifican como la mejor manera de garantizar el bienestar de la población

mexicana y la modernización del país. Sin embargo, en el contexto de la crisis actual ha

quedado claro que sus argumentos y justificaciones están plagados de incoherencias lógicas

y contra-evidencias empíricas. Si uno además analiza sus ideas, encontrará que fueron

elaboradas y son manejadas por personas sumidas hasta el cuello en conflictos de intereses,

muchos de ellos usuarios habituales de la puerta giratoria entre la academia y los

organismos neoliberales nacionales y mundiales, y también que se enseñan en las

universidades e institutos académicos como una doctrina semi-religiosa plagada de mitos,

ritos y ocultamientos. Todo esto le brinda un carácter profundamente fraudulento a sus

aplicaciones prácticas, lo que deberá tomarse en cuenta al tipificar los crímenes económicos

de lesa humanidad.

Concluyo señalando que no por ser actos de Estado se debe limitar la responsabilidad de

todos estos crímenes a los actores políticos que han participado en el gobierno, el congreso

o las cortes. He señalado que estos actos tienen causas eficientes en la actividad estratégica

de sectores privados de gran poder. Como lo declaró con toda claridad Warren Buffet hace

un par de años:

“Hay guerra de clases, es cierto, pero es mi clase,

la de los ricos, la que hace la guerra.

¡Y la estamos ganando!”

Sus crímenes económicos ocurren ahora en un contexto tridimensional: imperialismo y neo

colonización, guerra de clases global con una nueva acumulación original, y cooptación y

desviación de poder. Se expresan en profundas regresiones Constitucionales que tienen

como principal propósito redefinir las fuentes, contenidos y formas de la utilidad y la

política pública, en el sentido mas amplio. No solo han conducido a la ruptura del tejido

social y la desaparición de todo un conjunto de referentes normativos cuya ausencia ha

disparado, cuantitativa y cualitativamente, la violencia generalizada y la degradación de la

vida del pueblo de México. Por ello solicito, a nombre de todas las organizaciones e

individuos participantes en este juicio, que el Tribunal Permanente de los Pueblos, en

función de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos:

• Declare a los responsables de los poderes públicos mexicanos del periodo 1982-

2014, a sus semejantes estadounidenses y canadienses, a las corporaciones y

accionistas que han realizado ganancias extraordinarias al amparo del TLCAN y

otras políticas neoliberales, y a sus intelectuales orgánicos en activo o que

reproducen esta ideología en las aulas y centros de investigación, como

transgresores de sus obligaciones para con toda la comunidad internacional

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(Artículo 22).

• Declare la obligación de restitución de todos lo beneficios obtenidos por inversiones

de origen nacional y extranjero que han derivado en enriquecimiento en detrimento

del pueblo mexicano, por violación de las disposiciones de la Declaración (Artículo

24).

• Declare nulos el TLCAN y otros tratados de “libre comercio” semejantes, las cartas

de intención firmadas por el Estado mexicano con el FMI y otras organizaciones

que han impuesto las políticas de austeridad y el decálogo del “consenso de

Washingto” en nuestro país, y todos los demás acuerdos y convenios inequitativos

suscritos despreciando derechos fundamentales de los pueblos (Artículo 25).

• Declare no exigibles las cargas financieras cuyo origen haya sido la imposición de

estos acuerdos y las políticas y modelos de desarrollo correspondientes sobre el

pueblo mexicano, volviéndose insoportables (Artículo 26).

• Establezca responsabilidad penal individual por comisión de crímenes

internacionales a los autores de los atentados más graves contra los derechos

fundamentales de los pueblos que atañen directamente a su subsistencia, sobre todo

cuando por acción dolosa o falta de precaución desatan procesos sociales que ponen

en riesgo directa o indirectamente el derecho a la existencia de amplios sectores de

la población (Artículo 27).

• Reconozca frente a la comunidad internacional el derecho de pueblo mexicano a

hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente por la

lucha política o sindical, pero incluso cuando se haga uso del recurso a una fuerza

anticapitalista no violenta de resistencia y transformación, pero que pueda implicar

la suspensión absoluta y general de toda forma de cooperación con el régimen

(Artículo 28).

• Establezca la obligación de la comunidad internacional de coadyuvar a restablecer

los derechos fundamentales del pueblo mexicano, hasta ahora gravemente ignorados

(Artículo 30).

Bibliografía

Davis, M. (2001). Late Victorian holocausts : El Niño famines and the making of the third

world. London ; New York, Verso.

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Mattei, U. and L. Nader (2008). Plunder : when the rule of law is illegal. Malden, MA,

Blackwell Pub.