Marcos Emilfork Konow

Fiscal Regional

Fiscalía Regional de Los Lagos

Persecución Penal Firme y Objetiva

Vocación por la Víctima

Compromiso Social

Calidad de Vida de Fiscales y Funcionarios

Bajo estos lineamientos la Fiscalía Regional de Los Lagos Desarrolló sus funciones durante el ejercicio del año 2016.

RESULTADOS GENERALES (VIDEO INTRODUCTORIO)

Ingreso de Denuncias

Durante 2016 en la Región de Los Lagos se recibieron 55.618 denuncias, lo que representa una disminución de un 1,5% en relación al año anterior, manteniendo la tendencia a la baja que se registra desde el año 2012.

El mayor porcentaje de denuncias se concentró en las Fiscalías Locales de Puerto Montt (39%), Osorno (22%), Puerto Varas (11%) y Castro (9%), que agrupan el 81% del total de ingresos. Los mayores descensos en los ingresos se observaron en las Fiscalías Locales de Quellón (-11,5%), Castro (-6.2%) y Ancud (-5,6%). En contraposición, los mayores aumentos se registraron en las Fiscalías Locales de Puerto Varas (11,1%), Calbuco (8,3%) y Maullín (8,1%).

Al igual que el año 2015, los delitos más denunciados fueron los robos no violentos (13,4%), hurtos (12,9%) y lesiones (12,8%), en este último caso incluidas las producidas en contexto de violencia intrafamiliar.

Las categorías de ilícitos que mayores bajas experimentaron fueron los robos violentos (-11,1%); los hurtos (6,0%) y las lesiones (4,9%), mientras que los que más aumentaron son los delitos de drogas (22,1%), los delitos económicos y tributarios (17,9%), y los delitos sexuales (15,6%).

En cuanto a los delitos de mayor connotación, que considera los delitos de Homicidios, Violaciones, Robos, Hurtos y Lesiones, se registró una disminución de un 6,1% en su ingreso, lo que consolida la tendencia a la baja de estos en los últimos 5 años.

Resultados de la Persecución Penal

En el ámbito de la persecución penal se alcanzó un 52,6% de salidas judiciales, superior en 10 puntos al promedio nacional. Este resultado mantiene la tendencia de los últimos años y posiciona a la Fiscalía Regional de Los Lagos en el país, con el mayor porcentaje de casos esclarecidos y resueltos en sede de tribunales. Desagregando este tipo de términos, las sentencias definitivas y salidas alternativas, que a nuestro juicio representan la mejor respuesta que el sistema puede ofrecer, constituyeron un 38,1%, situándonos también dentro de los más altos resultados nacionales.

Respecto del archivo provisional, se produjo una disminución de 1,5 puntos, llegando a un 39,5%, lo que evidencia nuestra preocupación en orden a esclarecer cada vez más delitos junto a las policías.

Del total de sentencias dictadas en el período, en el 96,7% ellas fueron condenatorias.

En lo que respecta a la cantidad de juicios orales, ya por 5to año consecutivo se mantiene la tendencia al alza, llegando a los 398 este año, siendo éste el mayor número de juicios orales realizados en la región. Este aumento, responde estrictamente a la aplicación de criterios de actuación basados en la gravedad del delito y la pretensión de lograr las penas efectivas que contempla la ley para esos casos.

Atención de Usuarios

Un total de 52.078 víctimas ingresaron durante el año 2016, de las cuales 32.007 fueron atendidas directamente por la Fiscalía a través de alguno de sus espacios de atención y comunicaciones presencial, virtual, telefónico, Centro de Contacto Regional o Modelo de Orientación Protección y Apoyo.

Por otra parte, durante el mismo período se implementaron 10.928 medidas de protección, consistentes principalmente en rondas periódicas de Carabineros, reubicación temporal en hospedajes o casas de acogidas, relocalizaciones, reforzamiento domiciliario, servicio de asistencia telefónica en línea y entrega de equipo telefónico móvil, entre otros.

También en el ámbito de la atención y protección, la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos, la cual se encuentra compuesta por profesionales psicólogos y asistentes sociales, atendió a 4.577 víctimas directas, aplicándose 4.283 medidas de protección y apoyo especiales, con una ejecución presupuestaria cercana a los $ 57 millones de pesos.

A través del Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), la Región de Los Lagos recibió un total de 25.636 solicitudes en sus espacios presencial, virtual y telefónico.

Respecto de la calidad de la atención, un 81,6% de los usuarios evaluaron positivamente su experiencia con la Fiscalía.

Recursos Financieros

En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Fiscalía Regional de Los Lagos contó con un presupuesto que alcanzó poco más de $7,527 millones de pesos, ejecutándose el 99,3%.

CUENTA PÚBLICA 2016

I) INTRODUCCIÓN

Cuando comencé a preparar esta Cuenta Pública me fue imposible no reflexionar sobre el paso del tiempo. Ya van 5 años desde que asumí el cargo de Fiscal Regional de la Región de Los Lagos. Han sido años tan apasionantes como intensos, que me han dado la oportunidad de relacionarme con muchísimas personas que han necesitado de nuestro apoyo y compromiso en momentos especialmente dolorosos de sus vidas, asumiendo con responsabilidad y convicción, junto al gran equipo que constituyen los fiscales y funcionarios de nuestra región, el desafío de responder tanto al interés de la víctima, como al interés social en la persecución penal del delito.

Nuestra Fiscalía Regional se enorgullece de su rol de persecución penal, porque sabe que es a partir de él que nace su contribución a la sociedad y al funcionamiento del sistema de justicia.

Nuestra Fiscalía en la Región de Los Lagos sabe que se debe a las víctimas y a la comunidad. Tenemos claro que lo que hacemos sólo tiene sentido si efectivamente produce efectos positivos en personas con nombre y apellido.

Somos una Fiscalía Regional que se revela frente al “siempre se ha hecho así”, que se resiste a la inercia. Creemos firmemente en la creatividad y la innovación como herramientas fundamentales de hacer más y mejor las cosas.

Somos una Fiscalía a la que sí le importa la forma en que se resuelve o termina un caso, que siente su alta responsabilidad y que por ello se auto-exige día tras día.

Somos una Fiscalía que ha dejado atrás el aislamiento, que tiene voz, que tiene una posición y que pasa a jugar el papel que le compete en el concierto social.

Por todo lo expuesto, nuestra definición de Fiscalía, desde el primer día, ha sido clara, y se resume en los cuatro pilares de la gestión regional, que sientan las bases de nuestra política criminal:

El primero de estos ejes es reivindicar una aproximación humanizada a la resolución del conflicto penal, relevando fuertemente la consideración de la víctima, sus intereses y su protección, así como el respeto por los derechos de todos los intervinientes.

El segundo pilar es la convicción sobre nuestro rol persecutorio, el cual ejercemos con criterio objetivo pero al mismo tiempo firme frente al delito, sin que se subordine jamás la decisión procesal a indicadores o metas de gestión.

En tercer término: compromiso social. Si somos los representantes de la sociedad en la persecución debemos entonces, en virtud de esa representación, contribuir desde el proceso penal a la satisfacción del interés colectivo, levantando la mirada para visualizar el impacto que tienen nuestras decisiones en la comunidad, a la par de generar iniciativas que se traduzcan efectivamente en un aporte a ella.

Pero lo anterior sólo puede lograrse con un cuarto lineamiento, que no es otro que mejorar continuamente la calidad de vida de los Fiscales y Funcionarios que integran el equipo institucional en la región. Nuestro trabajo es duro y altamente exigente, sin pausas y siempre bajo presión, lleno de emociones fuertes que muchas veces nos conmueven y afectan, cumpliendo un rol muchas veces incomprendido y pocas veces reconocido. Por esto y mucho más, el preocuparnos de nosotros mismos es también un imperativo para la gestión regional.

II) PERSECUCIÓN PENAL FIRME Y OBJETIVA

Los datos expuestos al principio de esta ceremonia (Video Introductorio) permiten visualizar el comportamiento que tuvo el fenómeno criminal durante el año 2016, como asimismo, los principales resultados que alcanzó la Fiscalía y el sistema de justicia penal en su conjunto.

Permítanme ser claro: no es casualidad que ésta sea la región donde el sistema de justicia penal exhibe el mayor porcentaje de judicialización del país, es decir, el lugar donde más denuncias se resuelven en sede de tribunales y no se las desestima, lo que se asocia a una mayor calidad en la respuesta que da la Fiscalía.

Tampoco es casualidad el altísimo porcentaje que representan las sentencias definitivas más los acuerdos reparatorios y las suspensiones condicionales del procedimiento.

Menos aún es producto del azar el alto porcentaje de sentencias condenatorias, el incremento de juicios orales y los demás resultados.

Todos y cada uno de ellos responden de manera directa a definiciones y criterios de actuación previamente definidos que conforman nuestra política criminal y que conducen los esfuerzos institucionales hacia aquellos objetivos considerados como especialmente valiosos.

1.- LÍNEAS DE PERSECUCION PENAL

Profundizando esta idea, desde hace ya algunos años hemos desarrollado lo que denominamos “Líneas de Persecución Penal”, esto es, categorías de delitos en los que, respondiendo a la sensibilidad y particularidades regionales, se requiere de una priorización en su persecución penal. Paso a continuación a referirme brevemente a cada una de ellas.

Violencia Intrafamiliar-Femicidios

5.818 fue el universo de casos de violencia intrafamiliar denunciados en la Región de Los Lagos. Esta cifra, representa un 6,4% menos que el año anterior, manteniéndose la tendencia a la baja que se observa desde el año 2013.

Asumiendo el profundo daño social que produce este tipo de violencia, el velo de impunidad que muchas veces se extiende por años, lo difícil que resulta para una víctima tomar la decisión de romper con este ciclo y confiar en el sistema de justicia, nuestra respuesta ha sido categórica en orden a perseguir y llevar a tribunales a quienes cometen estos delitos.

A diferencia de lo que sucede con los robos y otras categorías delictuales, aquí el imputado es prácticamente siempre conocido, es decir, está identificado en el parte policial o es fácilmente identificable. Por ello, desde nuestra perspectiva, no existe excusa alguna para no alcanzar altos niveles de respuesta en sede judicial, y es por ello, que en nuestra región, más de 8 de cada 10 casos se llevan a tribunales, es decir, un 81,2%.

Esta decisión la adoptamos porque sabemos que es en sede judicial donde se logran medidas cautelares que contribuyen a una mayor y más efectiva protección de la integridad física y psíquica de la víctima y se alcanza la solución del conflicto penal con una mejor calidad, anticipándose el sistema a escenarios de mayor gravedad, como lo es el delito de femicidio.

Precisamente en relación a este último delito, el año pasado se registraron 8 víctimas de femicidio, 2 fallecidas al igual que el año 2015, y 6 casos de delitos frustrados o tentados. En los dos primeros, ocurridos en la ciudad de Puerto Montt, las investigaciones se encuentran en curso y los imputados en prisión preventiva.

A su vez, el año 2016 se desarrollaron 4 juicios orales por el delito de femicidio obteniendo en todos los casos Sentencia Definitiva Condenatoria.

Delitos Sexuales

A partir del énfasis que hemos puesto en esta área, el año 2012 logramos producir un positivo quiebre que se ha mantenido hasta nuestros días y que nos ha llevado a resolver más casos y desestimar menos. Siguiendo la misma línea que el año pasado alcanzamos un 46,1% de judicialización, es decir, prácticamente 5 de cada 10 casos se resolvieron en sede de tribunales.

Pero más allá de los resultados de la persecución penal, los delitos sexuales deben seguir siendo una especial preocupación en la región, ya que durante el año 2016 se recibieron 1.302 denuncias, lo que representa un incremento de un 15,6%, de las cuales aproximadamente en un 75% las víctimas fueron niños, niñas o adolescentes. Es por ello que se hace necesario que quienes tienen a su cargo las políticas de prevención continúen fortaleciendo esa área, con iniciativas que lleguen a los sectores rurales más aislados; al mismo tiempo quienes formamos parte del sistema de justicia debemos continuar generando espacios de confianza que hagan posible la denuncia y una respuesta más eficaz.

No puedo dejar de destacar en esta parte, el trabajo realizado por la Fiscalía Local de Puerto Montt y el OS9 de Carabineros, en particular por el Fiscal Jefe Marcelo Sambuceti y el equipo que lo acompañó en el caso de Violación, Comercio Sexual Infantil y almacenamiento de material pornográfico infantil, donde las víctimas eran niñas que, por la vulneración de sus derechos, se encontraban sujetas al sistema proteccional del Estado al momento de la comisión de los delitos. Después de dos juicios orales, mediando un recurso de nulidad deducido por la Fiscalía, se condenó a los autores por todos los delitos que formaban parte de la acusación.

Del mismo modo, y en lo que también es reflejo de lo que para nosotros representa la persecución penal firme, en el mes de septiembre se condenó en Chiloé a la pena de presidio perpetuo calificado al autor de violaciones reiteradas cometidas en perjuicio de varios niños, causa seguida por la Fiscalía Local de Quellón.

Robos

Para nadie es un misterio que los resultados de la Fiscalía y del sistema de justicia en su conjunto no son buenos en materia de robos. Esto es así en todo el país y responde a distintos factores, pero principalmente a la falta de prueba e información, lo que genera, ya desde un comienzo, que no existan mayores posibilidades para identificar al autor del delito.

Ello es tan evidente, que los resultados del sistema son diametralmente diferentes cuando se trata de imputados conocidos o desconocidos.

En aquellos casos en que el o los imputados lograron ser identificados por la policía, la judicialización alcanzó un 82,2%, con un 78% aproximadamente de sentencias definitivas más salidas alternativas, lo que demuestra la alta efectividad del sistema.

Esto revela que nuestra línea ha sido y seguirá siendo priorizar estos delitos y perseguirlos con intensidad, tal y como sucedió en el caso de robos con violencia reiterados a domicilios donde el Fiscal Lamas, después de una exhaustiva investigación con la PDI, logró llevar a los autores a Tribunales y que se les condenara a penas de presidio perpetuo, sanción pocas veces vista a nivel nacional para esta clase de ilícitos.

¿Cuál es el problema entonces? Que los casos con imputado conocido sólo alcanzan al 9,1% del ingreso total de delitos de robo. Dicho en otras palabras, y como lo he reiterado tantas veces en mis cuentas públicas anteriores, en sólo 1 de cada 10 robos se identifica a una persona como posible autor, cómplice o encubridor por la policía.

Para atacar esta realidad a nivel nacional, en el mes de enero se implementó el Manual de Primeras Diligencias, que contiene instrucciones generales a través de las cuales la Fiscalía Nacional busca maximizar la realización de aquellas diligencias que de manera autónoma debe realizar la policía inmediatamente después de recibida la denuncia; iniciativa que fue acompañada de capacitaciones por parte de Fiscales a funcionarios de ambas instituciones policiales.

Las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictuales, que en nuestra región entrarán en funcionamiento el año 2018 en el marco del Plan de Fortalecimiento Institucional, también son una medida que debiera contribuir en el futuro a la obtención de mayores tasas de esclarecimiento.

Pero la clave para avanzar, a nuestro juicio, sigue estando en la primera actuación policial autónoma. Es en ese momento, cuando se hace la denuncia, que los elementos de prueba están presentes, de forma tal que lo que se hace o no se hace allí siempre será decisivo para el resultado final. Dicho en otras palabras, el archivo provisional se decide en ese primer momento, cuando no se empadronan ni se toma declaraciones a testigos, cuando no se realizan controles de identidad, cuando no se asegura la evidencia, en fin, cuando no se produce la detención en situación de flagrancia.

Entendiendo esto comenzamos el año pasado el desarrollo junto a Carabineros de una iniciativa inédita que pone el acento precisamente en la primera reacción policial autónoma. Este programa, pionero a nivel nacional, y que comenzamos a desarrollar con un piloto en Puerto Varas, a diferencia de cualquier otra estrategia anterior, genera mayores controles de calidad internos en la Unidad Policial y entrega a las víctimas información relevante sobre las diligencias que pueden y deben realizar las policías de inmediato sin necesidad de instrucciones por parte del Fiscal, el cual en todo caso siempre se encuentra disponible a través del turno. Adicional a lo anterior, el modelo considera que la misma víctima pueda completar de puño y letra, y en el mismo sitio del suceso, un formulario complementario al parte policial para entregar antecedentes directamente a la Fiscalía. Gracias a esta innovación, el porcentaje de sentencias definitivas condenatorias se elevó de 14,3%, antes del proyecto, a un 17,5%, después de su puesta en marcha de esta iniciativa, de manera que pretendemos este año ampliar su implementación a otros puntos de la región.

Otra idea regional es el “Modelo de Víctimas Reiteradas”, a través del cual se activa y ejecuta prontamente un protocolo de actuación cuando una misma persona ha sufrido dos o más robos dentro de un período móvil de 12 meses. Este modelo establece determinadas exigencias a las policías en el marco de las órdenes de investigar, obliga la asignación de estas causas a un sólo fiscal y busca generar un mayor acercamiento con las víctimas que permita adoptar medidas de protección acordes a su particular situación de vulnerabilidad. En este contexto, en el año 2016 se levantaron 605 casos, resultando especialmente preocupante el volumen que representaron los establecimientos educacionales.

Gracias a estas y otras iniciativas, y al trabajo coordinado con ambas policías, los resultados en materia de robos alcanzados por nuestra región se encuentran por sobre el promedio nacional, con un 14% de judicialización y un 10,3% de sentencia definitiva; lo que en todo caso no puede dejar a nadie conforme y necesariamente debe continuar mejorándose.

Abigeato y delitos asociados a Recursos Hidrobiológicos

Durante el año pasado continuamos con la mesa regional para la persecución penal del abigeato, integrada por ambas instituciones policiales, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Salud y representantes de organizaciones de agricultores como Sago, Agrollanquihue y Agrochiloé.

Desde el año 2012 al 2015 se registró una baja sostenida del ingreso, tendencia que el 2016 se quiebra con un leve incremento de las denuncias. Tal y como lo he sostenido en otras oportunidades y sedes, el mérito del combate al abigeato es principalmente de Carabineros y de la estrategia implementada hace algunos años atrás, que incluye patrullas anti-abigeato y una estrecha coordinación con la comunidad y los agricultores. Por eso resulta imprescindible mantener y fortalecer los medios humanos y materiales con que cuenta dicha Institución para esta tarea, y extender la modalidad de operación a aquellas zonas donde aún no existen patrullas anti-abigeato, como en Chiloé.

Uno de los criterios de actuación más relevantes ha sido la incautación y comiso de los instrumentos utilizados en el delito, ya que así logramos golpear económicamente a sus autores, privándolos de especies de alto valor, como son los vehículos. Desde esta perspectiva, las incautaciones y comisos aumentaron el año pasado, e incluso se incautó una embarcación, así es, en Quellón, donde unos imputados robaban corderos en una lancha especialmente acondicionada para ello.

En relación con los delitos asociados a recursos hidrobiológicos, se registró una disminución de un 4%, lo que podría explicarse por fenómenos naturales como la aparición de la marea roja.

Conscientes de que se trata de un fenómeno social que excede el ámbito de lo penal es que hemos realizado nuestro mayor esfuerzo, no sólo en aquellos casos en que se ve afectada la propiedad, sino que también cuando se ha atentado en contra de bienes jurídicos como la vida y la integridad física de las personas, como sucedió en el sector de Estaquilla, donde un buzo estuvo a punto de perder la vida.

Durante el año 2016 continuamos trabajando conjuntamente con la Armada, las policías y otros actores relevantes en este campo, manteniendo una estrecha coordinación con Sernapesca y el Servicio de Impuestos Internos para reaccionar en forma oportuna y cohesionada.

Respecto de las incautaciones hubo un incremento de vehículos, equipos de telefonía y comunicaciones, motores y armas, mientras que a nivel de embarcaciones se mantuvo el mismo número del año 2015.

Delitos de la Ley 20.000

Durante el año 2016 se registraron 497 causas por Ley 20.000 lo que refleja un aumento del 22,1% y, por ende, que estamos investigando cada vez más estos delitos.

Si bien las salidas judiciales disminuyeron a un 58,2%, la cantidad de imputados condenados aumentó a 209. Esto se debe a un trabajo permanente de los fiscales y policías especializados que ha permitido, a través del uso de técnicas investigativas contempladas en la Ley 20.000, desbaratar grupos dedicados a la comercialización de drogas, principalmente en los mayores centros urbanos de la región, como Osorno, Puerto Montt y Castro.

2.- DELITOS DE MAYOR CONNOTACION SOCIAL

Los delitos de mayor connotación social representan una categoría que permanentemente es medida atendido su impacto en la comunidad. En la región se produjo un 6,1% de disminución de estos delitos, lo que viene sucediendo en forma constante desde el año 2012.

Paz Ciudadana, en su Análisis de Umbral de Delitos, contenido en el informe del mes de agosto del año pasado, examinó su evolución durante los últimos 5 años y constató que somos la región que más categorías disminuyó a nivel nacional, aumentando moderadamente sólo el robo en lugar habitado o destinado a la habitación. Además, se destacó que dentro de las 3 ciudades donde más bajaron en promedio estos delitos en el país, dos se encuentran precisamente aquí: Puerto Montt y Osorno.

Dentro de esta categoría, especial atención debe darse a los delitos que atentan contra la vida. Fueron 30 los homicidios consumados en todas sus variantes ocurridos el año pasado, 4 menos que el año 2015. Por su parte, prácticamente el 82% de los casos terminados lo fueron por sentencia definitiva.

III) VOCACIÓN POR LAS VÍCTIMAS

Pero las cifras, si bien son importantes, la verdad es que poco nos dicen realmente sobre lo que significa todos los días ser Fiscal y hacer Fiscalía. La Fiscalía no produce números. La Fiscalía está llamada a producir soluciones a los conflictos sociales más graves que viven las personas y, por ello, en el ejercicio de sus funciones la víctima debe tener siempre un papel protagónico; ya que es ella la que le pone rostro y alma a una investigación, una acusación y un juicio oral.

Esta visión sin duda es más amplia que el mandato constitucional que nos encarga su protección y, por eso hemos definido nuestra relación con ella como “vocación”. Dicho de otra forma: “Sí nos importa lo que les pasó”, “No están solas”.

Con este espíritu, una de las iniciativas que más nos enorgullece es el programa “Yo sigo adelante”, toda vez que da apoyo emocional a víctimas de violencia de género buscando fundamentalmente que reconstruyan sus vidas, que puedan superar el temor y mejorar su autoestima, fortaleciéndolas para enfrentar el proceso penal y evitar la retractación. En talleres dirigidos por profesionales de la Unidad Regional de Atención de Víctimas y Testigos, en los que se utiliza una metodología de intervención grupal, se genera la interacción entre las participantes, intercambiando experiencias con otras mujeres que han vivido situaciones similares y cuyos procesos penales se encuentran pendientes o terminados. He tenido la invaluable oportunidad de estar presente en varios de estos espacios donde mujeres, madres, trabajadoras, todas ellas muy valientes, me han contado directamente sus historias y también sus buenas, y a veces no tan buenas, experiencias con la Fiscalía. Es más, no hace mucho el Sr. Fiscal Nacional nos acompañó en uno de los 8 talleres realizados durante el primer año de ejecución de este proyecto, en el que pudimos apoyar a 53 víctimas. De esto, todos hemos aprendido y seguiremos adelante, como ellas, con fuerza.

Otra idea que implementamos fue el “Proceso de Atención Priorizado de Víctimas Críticas”. En categorías definidas de delitos y sin esperar la derivación formal del Fiscal, interviene un profesional psicólogo o asistente social de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos. Lo anterior es posible gracias al desarrollo de un Sistema de Alerta Informática que permite detectar y asumir tempranamente estos casos y seguir un protocolo de actuación, que contempla tanto la contención emocional, como también la orientación frente a los pasos a seguir y la adopción de medidas de protección.

La oportunidad con que la Fiscalía toma contacto con la víctima es, sin lugar a dudas, fundamental para el establecimiento de una relación estrecha y de confianza en el marco del proceso penal.

Por ello creamos el Centro de Contacto Regional, que durante el año 2016 se comunicó con 17.833 víctimas de crímenes y simples delitos dentro de la primera semana desde el ingreso de la denuncia. A todas ellas se les informó su recepción, el nombre del fiscal a cargo, el número de identificación de la causa y, en lo que es crucial, se les transmitió que pueden contar con nosotros. Este espacio de comunicación ha permitido además atender consultas e inquietudes que son canalizadas a los Fiscales y sus equipos, constituyendo un medio para que las víctimas proporcionen información relevante para la investigación.

Pensando especialmente en nuestras víctimas más vulnerables, que son los niños y niñas, y entendiendo lo que puede significar para ellos el verse expuestos a una audiencia judicial, nos propusimos y logramos apoyar, a través de nuestros profesionales especializados, a todos los que comparecieron como víctimas o testigos en Juicio Oral, lo que sucedió en 112 casos; al mismo tiempo que en todos ellos se evaluaron también las medidas de protección más adecuadas para que comparezcan a dicha audiencia.

Estimados Fiscales y Funcionarios, les pido una vez más que recuerden que la víctima es quien le da sentido a lo que hacemos y quien, si visualiza nuestra entrega, estará siempre a nuestro lado, incluso cuando el resultado del proceso sea adverso. Esto en nada obsta a la objetividad en nuestro actuar, incluso en los casos en que los intereses de la víctima no son coincidentes con este deber. De lo que hablo es de cercanía y de empatía. La víctima, más que la condena por un delito específico o una determinada pena, lo que espera es que la Fiscalía le demuestre que no está sola y que es un lugar donde puede encontrar personas en las que puede confiar.

IV) COMPROMISO SOCIAL

La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público nada dicen sobre si la Fiscalía cumple o no un papel social en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué entonces nosotros hablamos de compromiso social? Porque entendemos que nuestro trabajo y nuestras decisiones, lo que hacemos o dejamos de hacer y el cómo lo hacemos en cada una de las investigaciones, tiene un impacto directo no sólo en las víctimas, sino que también en toda la comunidad.

Al enfocar nuestros esfuerzos hacia la persecución penal de determinados ilícitos, salir de nuestras oficinas para relacionarnos con aquellos actores que tienen a su cargo la seguridad pública y las políticas en materia delictual, cada vez que nos acercamos a las personas, cuando escuchamos más y cuando generamos nuevas formas para dar respuesta al fenómeno criminal, lo que estamos haciendo es asumir un compromiso social.

Es por ello que cada Fiscalía Local y particularmente sus Jefaturas tuvieron una vez más la misión de relacionarse con las autoridades y los actores sociales de sus territorios competenciales, incluyendo organizaciones gremiales, sociales, juntas de vecinos, llevando la Fiscalía incluso a los sectores más alejados; lo que fue expuesto en cada una de sus cuentas públicas. Sí, porque en nuestra región cada una de las 12 Fiscalías Locales durante los meses de octubre y noviembre entregan a su comunidad un balance público de su gestión.

Del mismo modo fortalecimos las instancias de coordinación con el Servicio Médico Legal, los Servicios de Salud y el Instituto de Salud Pública, CONAF, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Aduanas, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, Servicio Nacional del Adulto Mayor y la ONEMI; al mismo tiempo que Fiscales de diferentes puntos de la región participaron como expositores en jornadas realizadas en colegios en temas tan variados como Responsabilidad Penal Adolescente, Ley de Drogas y Bullying. En materia de delitos sexuales, se realizaron capacitaciones a funcionarios de los Servicios de Salud de Osorno y del Reloncaví en relación con las primeras actuaciones que realizan con víctimas, para mejorar la calidad y eficacia de las diligencias y minimizar la re-victimización. Además, una vez más participamos como expositores en la actividad organizada por el diario La Estrella de Chiloé en la ciudad de Castro, bajo el lema “No enmudecer”, iniciativa que permite sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la denuncia y de la unión que debemos tener todos para evitar y sancionar el abuso sexual infantil.

En base a la definición que sostenemos de lo que debe ser nuestro compromiso social es que hemos desarrollado dos iniciativas regionales: el Programa de Salidas Alternativas para Adolescentes y el Programa de Salidas Alternativas con Compromiso Social. Ambos proyectos ya llevan algunos años de ejecución y consideramos que el beneficio que aportan a la comunidad bien merece su proyección en el tiempo.

A través del Programa de Salidas Alternativas para Adolescentes, buscamos dar una nueva oportunidad a menores infractores de Ley, en un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Menores y la Fundación Ciudad del Niño. Aquí la Fiscalía cede en la pretensión punitiva respecto de jóvenes que delinquieron por primera vez, para optar por una salida alternativa que considera su incorporación a un Programa Especializado, cuyos ejes son la escolarización y la capacitación laboral. Este año egresaron del programa 67 adolescentes a quienes, como siempre les digo junto a sus padres en la ceremonia de egreso, espero no volver a ver nuevamente en el sistema de justicia.

A su turno, el Programa de Salidas Alternativas con Compromiso Social, el cual ha sido exportado a otras regiones, ha seguido formando parte de nuestra forma de ver y hacer las cosas. A través de la suspensión condicional del procedimiento, equilibramos la responsabilización de los imputados con la reparación hacia la comunidad, incorporando condiciones que tengan algún sentido y utilidad social.

Es así como durante el año 2016 se aprobaron 821 salidas alternativas bajo este programa, generando beneficios para 58 instituciones de bien público, como hogares de adultos mayores, de niños vulnerados en sus derechos, bomberos, clubes de rehabilitación de personas alcohólicas, entre otros.

Pero también las buenas prácticas de otras regiones nos sirven de ejemplo, como sucede con la actividad “Educación en Justicia”, donde por segundo año replicamos la experiencia de la Fiscalía Regional de La Araucanía, sumando en esta oportunidad como co-organizadores a la Defensoría Penal Pública y al Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt. Después de trabajar por varios días junto con estudiantes del Liceo Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Frutillar, se realizó la simulación de un juicio oral en que los jóvenes asumieron los roles de fiscales y defensores. No está demás decir que el resultado del juicio fue una sentencia condenatoria.

V) CALIDAD DE VIDA DE FISCALES Y FUNCIONARIOS

Nada de lo hasta ahora expuesto sería posible si no contáramos con un equipo altamente comprometido y calificado. Si bien esto puede sonar a lugar común, en nuestro caso la afirmación sí representa nuestro mayor activo institucional.

La función que cumplimos somete diariamente a Fiscales y Funcionarios a altas exigencias que, por una parte, demandan conocimientos y competencias que deben perfeccionarse continuamente en el tiempo, y exigen estrategias que permitan hacer frente a una vida profesional especialmente dura.

En relación con el primer aspecto, nuestros fiscales y funcionarios participaron en cursos del Programa Nacional de Capacitación, que incluyó jornadas especializadas en diferentes materias como Investigación de Casos Complejos, Responsabilidad Penal Adolescente, Delitos Sexuales, Drogas y Violencia Intrafamiliar.

A nivel regional, uno de los énfasis fue enfocar los esfuerzos de perfeccionamiento hacia la primera línea de atención de público, es decir, a recepcionistas de las Fiscalías Locales, quienes fueron capacitados para resolver diferentes situaciones propias de su función y especialmente en la atención de víctimas complejas.

Por su parte, y con miras a mejorar las destrezas de quienes cumplen funciones de Jefatura, desarrollamos un curso de Formación en Liderazgo para potenciar las habilidades directivas de Administradores y Fiscales.

En materia jurídica, organizamos junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos la “Jornada sobre Persecución Penal de Actos Constitutivos de Tortura”, actividad académica cuyo énfasis estuvo puesto en el rol de la Fiscalía como primer garante de la protección de los derechos humanos tanto de las víctimas como de los imputados. Además, por segundo año realizamos, en conjunto con la Dirección Regional del Servicio Médico Legal, las “Jornadas de Medicina Forense del Sur”, instancia que reunió a fiscales, profesionales del ámbito médico legal, policías, peritos y actores del proceso penal, con la presencia de expertos tanto nacionales como extranjeros de reconocida trayectoria.

Y en Castro, una vez más, pero ahora en calidad de coorganizadores junto al Poder Judicial, la Asociación Regional de Magistrados, la Defensoría Penal Pública y la Universidad San Sebastián, realizamos en el mes de julio las “Jornadas Chilotas de Derecho”, actividad que contó con la presencia de destacados académicos internacionales de la talla de Jordi Ferrer y Michelle Taruffo.

En todas estas actividades académicas organizadas regionalmente hemos puesto especial énfasis en que no solamente participen Fiscales, sino que también se incorpore a funcionarios y en algunos casos éstas se abran a la comunidad; logrando de esta forma que más del 80% de nuestros fiscales y funcionarios hayan accedido a cursos de perfeccionamiento.

En materia de clima organizacional, y en lo que considero una actividad especialmente valiosa, continuamos desarrollando el programa de “Pasantías”, que permitió que funcionarios de diferentes puntos de la región intercambiaran sus funciones por tres días, generando así mayor empatía y compañerismo, al mismo tiempo que se posibilita la difusión y réplica de buenas prácticas.

Además, nuestra Unidad de Recursos Humanos volcó su trabajo a las Fiscalías Locales, entrevistándose con Fiscales y Funcionarios en forma permanente y estableciendo acciones de corto, mediano y largo plazo, para realizar las mejoras necesarias en el marco del Plan Integral de Mejora de Clima.

El autocuidado es clave y lo hemos abordado desde tres perspectivas: personas, equipos y jefaturas. Con ello pretendemos entregar herramientas para enfrentar el desgaste que generan los años y el desempeño diario de las funciones. Un ejemplo de esto es la realización, por primera vez, y después de 13 años, de una Jornada de Autocuidado para Fiscales, la que se sumó a las que tradicionalmente se realizan todos los años para funcionarios.

La preocupación por la calidad de vida también pasa por fomentar actividades que nos unan como equipo y el deporte se ha convertido en una excelente excusa. Es así como por cuarto año consecutivo participamos en las “Olimpiadas del Sur”, cuya última versión tuvo como sede la ciudad de Valdivia. Se trata de una actividad que nació como una simple idea después de un partido de fútbol y que tomó cuerpo cuando nos desafiamos por primera vez -deportivamente hablando- con la Fiscalía Regional de La Araucanía, allá por el año 2014. Ahora, con la incorporación de la Fiscalía Regional de Los Ríos, ya somos 3 las regiones participantes, esperando sumar al menos a una más para la próxima cita de este año, en la cual oficiaremos como anfitriones.

No quiero terminar esta parte sin hacer un reconocimiento especial a los Fiscales y Funcionarios de Chiloé, que no dejaron de cumplir en ningún momento sus funciones cuando en los meses de abril y mayo se produjo, a causa de movimientos sociales, el corte de caminos y del Canal de Chacao, quedando completamente aislados. Faltaba bencina, comenzaron a escasear los alimentos y los traslados eran cada vez más difíciles. Nosotros desde el continente vía aérea y marítima realizamos los esfuerzos para apoyar emocionalmente y con suministros a nuestras Fiscalías, a nuestra gente y sus familias. Pese a las dificultades, Ustedes siguieron siempre ahí, al pie del cañón. De corazón les digo que me siento muy orgulloso de su compromiso con la función pública, la Fiscalía y la comunidad.

La dotación y la infraestructura también son factores muy relevantes desde la perspectiva organizacional. A través del Plan de Fortalecimiento Institucional se incorporaron en la primera etapa nueve cargos para la región: 1 Fiscal, 3 profesionales, 3 técnicos y 2 administrativos. Actualmente se encuentran en concurso, en la segunda etapa de implementación, cinco nuevos cargos, y a fines de este año debiera comenzar el proceso para reclutar la dotación de la última etapa del plan, que considera la creación de las Unidades de Análisis Criminal y Focos Delictuales y la incorporación de cinco nuevos Fiscales.

En materia de infraestructura, y contando con el apoyo de la Fiscalía Nacional, nuestra definición ha sido avanzar de manera significativa en dotar de edificios adecuados al mayor número de Fiscalías Locales. A los inmuebles que albergan las Fiscalías de Maullín, entregado el 2013, Chaitén, entregado el 2014, y de Osorno, entregado el 2015, comenzamos la construcción de las Fiscalías Locales de Puerto Montt y Ancud, cuyas ceremonias de instalación de primera piedra realizamos en diciembre recién pasado, oportunidad en que contamos con la presencia del Sr. Fiscal Nacional. Según lo programado, la recepción definitiva de estas obras debiera producirse a fines de este año.

Nuestros próximos desafíos son las Fiscalías de Castro y Río Negro, cuyos diseños se licitarán próximamente.

Una vez más, y aprovechando esta tribuna, reconozco el apoyo que siempre nos ha dado la Dirección Regional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales y, por cierto, la Fiscalía Nacional, tanto sus máximas autoridades hoy presentes como su Unidad de Infraestructura.

VI) DIFICULTADES Y DESAFIOS

Sin pretender extenderme mucho más, sólo quisiera hacer presente brevemente algunas dificultades observadas en el período y algunos desafíos.

Principales dificultades:

1.- La primera se relaciona con delitos que son importantes en la región, como los que recaen en los recursos hidrobiológicos, especialmente la sustracción de salmones y del recurso loco, donde las dificultades se expresan a nivel de la detección oportuna de su comisión y la obtención de medios de prueba; a la par que no contamos con una legislación que, desde una perspectiva penal ni procesal, facilite su investigación.

2.- No puedo dejar de mencionar, a propósito de los delitos de robo, lo que sucedió el año pasado con la Ley N° 20.931, conocida como de “Agenda Corta Antidelincuencia”, que suprimió la circunstancia agravante especial que estaba contenida en el artículo 456 bis N° 3 del Código Penal. Paradójicamente, una legislación creada para castigar con mayor severidad a quienes cometen estos delitos, terminó favoreciendo hasta ahora a 27 condenados en nuestra región y a otros tantos en el país con rebajas sustanciales de sus penas, siendo el caso más emblemático el de los 3 imputados que después de una compleja investigación y difícil juicio oral, habían sido condenados a presidio perpetuo como autores de robos con violencia reiterados en parcelas del sector de Puerto Varas, penas que posteriormente y por la nueva ley se redujeron de manera importante por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt. Pero no nos quedamos de brazos cruzados en éste ni en otros casos, y recurrimos de queja ante los Tribunales Superiores, quienes en fallos recientes han acogido dos de los recursos presentados por la Fiscalía reestableciendo las penas primitivamente impuestas.

3.- En tercer término, tal como lo he manifestado en mis anteriores cuentas públicas, hago presente la necesidad de fortalecer los equipos investigativos de ambas policías a nivel regional, aumentando también su cobertura territorial de manera permanente. La llegada de OS9 de Carabineros a la región en octubre de 2015 y la creación en su oportunidad de una Brigada Investigadora de Delitos Sexuales con sede en Ancud, ha significado una enorme contribución a las investigaciones más complejas y sensibles. Pero se hace imperioso avanzar en esta misma línea, en toda la región, pero particularmente en Chiloé, mediante la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT de Carabineros, que permita disminuir los tiempos de respuesta en casos de fallecimientos, como asimismo, que el Cuartel de Avanzada de la PDI en Quellón se transforme en una Unidad con dotación permanente y no rotativa como sucede hasta nuestros días.

Principal desafío:

En cuanto a los desafíos, el más importante es seguir mejorando en el cumplimiento de nuestras funciones, lo que se traduce primeramente en esclarecer más para resolver más, disminuyendo aquellas áreas donde se generan los mayores niveles de impunidad y que, consecuencialmente, nos exigen enfrentar el futuro con una mirada más autocrítica y aún más autoexigente.

Pero no se trata sólo de perseguir penalmente más. Se trata de hacerlo con un propósito, que no es otro que responder a una víctima concreta que tiene puestas sus esperanzas de justicia en nosotros y a una sociedad que nos demanda una contribución más efectiva en la respuesta frente al fenómeno criminal; lineamientos centrales que forman parte del Plan Estratégico Institucional 2016/2022.

Hoy contamos con una nueva carta de navegación, cuyo contenido es el resultado del aporte que todos nosotros hicimos en su generación; carta que marcará el rumbo institucional en los próximos años y que representa, con una nueva mirada, importantes desafíos con los que la Fiscalía Regional de Los Lagos está comprometida.

VII) PALABRAS FINALES

No puedo terminar esta cuenta pública sin mencionar lo que ha significado encabezar la investigación de los fallecimientos de niños, niñas y adolescentes ocurridos en Centros del Servicio Nacional de Menores; tarea cuya magnitud y complejidad nos exige al máximo como Institución, como profesionales y personas. No ha sido fácil y no lo será tampoco. Pero si hay algo que tengo claro es que cuando una persona que ha sido víctima de un delito no tiene a nadie, cuando una persona que ha sido víctima de un delito tiene todas las vulnerabilidades imaginables, cuando una persona que ha sido víctima de un delito no tiene voz: es ahí donde más los Fiscales aún debemos estar.

Ya concluyendo sólo tengo palabras de agradecimiento.

A las autoridades regionales, en especial, al Intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, los Ministros de la Ilma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y al Defensor Regional Erwin Neumann, con quienes compartimos estrechos lazos de confianza que nos han permitido trabajar en conjunto con miras a construir desde el sector justicia un mejor destino para nuestra región.

A los Carabineros y detectives que están día a día trabajando con nosotros, representados hoy por el General Jorge Karachón Cerda y el Prefecto Inspector Victor Pérez Oliva. A la Armada, representada por el Comodoro Carlos Fiedler Pinto, cuya contribución al funcionamiento del sistema de Justicia en nuestra región no me canso de destacar.

Mis agradecimientos a las autoridades nacionales del Ministerio Público que hoy nos acompañan: Sr. Fiscal Nacional, don Jorge Abbott Charme, y Directora Ejecutiva Nacional, doña Francisca Werth Wainer, a quienes manifiesto una vez más nuestro compromiso con la gestión que encabezan; como también a la Gerente de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, doña Patricia Muñoz García, por el apoyo que siempre nos ha brindado.

A los 159 funcionarios y 28 fiscales de la región: de Osorno y Río Negro; de Puerto Varas, Puerto Montt, Calbuco y Maullín-Los Muermos; de Ancud, Castro, Quellón y Quinchao; y también de Hualaihué y Chaitén-Futaleufú. Por cierto, también mi agradecimiento al equipo de la Fiscalía Regional integrado por las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos, de Administración, Finanzas y Recursos Humanos, de Gestión e Informática, de Comunicaciones y de Asesoría Jurídica y al equipo directivo que me acompaña en este gran desafío.

Sepan todos que no me canso de valorar sus corazones institucionales, su vocación por la función pública, su entrega y su fuerte internalización de nuestras convicciones, aspectos que son en definitiva los que permiten dar un sello inconfundible a la gestión regional.

Sé que cuento con todos Uds., y Uds. saben que cuentan conmigo.

Y permítanme dejar unas palabras para mi mujer, Paulina, y para mis hijos Marcos, Laura, Pedro y José Tomás.  A Uds., y por cierto a mi madre, se los debo todo.

               Muchas gracias.

Cuenta Pública 2016 – Fiscalía Regional de Los Lagos

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