federalismo - pri

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oviembre 2011

NÚMERO 200 / AÑO XXi / NOviEMbRE 2011

Federalismodisfuncional

En el proceso de configuración de México como nación, y siempre que se plantean alternativas para nuestro desarrollo, está presente el debate federalista. Los ideales del liberalismo republicano que triunfaron en su momento frente a las propuestas centralistas y conservadoras, sentaron los principios de un sistema de organización política descentralizado y representativo que busca armonizar un sentido de unidad de la república con una activa participación de las entidades federativas y las comu-nidades locales.

El debate sobre las mejores formas de distribuir el poder político entre los órdenes federal, estatal y municipal, con las facultades, atribuciones y recursos fiscales que ello implica, es una discusión permanente. Su intensidad va aparejada a los distintos momentos que vive el país en cuanto a sus tasas de crecimiento económico, los gra-dos de la desigualdad social y el estado de la gobernabilidad.

En el conjunto de la grave situación que vive México por la crisis de violencia e inse-guridad, el crecimiento insuficiente de la economía, el deterioro de las instituciones y el clima de ingobernabilidad provocado por los gobiernos de la alternancia, es nece-sario volver a plantear las reformas que son necesarias en el sistema político y parti-cularmente una revisión a fondo del federalismo.

Examen recibe hoy en sus páginas aportaciones muy valiosas para avanzar en este debate. El PRI, por su parte, ha propuesto ya una primera definición en las conclusio-nes de su Programa para México: “Nuestro federalismo debe actualizarse y traducir-se en el ejercicio pleno de la autonomía estatal y de la libertad de los municipios; un federalismo que sustente una nueva distribución de responsabilidades, atribuciones, capacidad de decisiones y recursos”.

Editorial

carta

200 Noviembre de 2011

2 exameN

48 La Revolución mexicana en nuestros días

Por oNosaNdro trejo cerda

54 Homenaje a Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas

ConmemoraCiones

eConomía

58 Decadencia y ocaso de Estados UnidosPor josePh s. Nye

6 Federalismo: en busca de un desarrollo para todos

Por jaVIer GUerrero GarcÍa

14 Desequilibrio fiscal y desarrollo Por Óscar lara aréchIGa

20 Más recursos para estados, por necesidades de educación, salud y seguridad

Por fUNdacIÓN colosIo, a.c.

24 Mercado interno y desarrollo regionalPor raúl mejÍa

32 Federalismo y municipios en MéxicoPor serGIo arredoNdo olVera

36 Federalismo, democracia y función electoralPor alberto beGNé GUerra

40 La interminable y gran discusiónPor mIGUel GoNzález comPeáN

44 Entrevista al Senador Fernando Baeza MeléndezPor soNya ValeNcIa

espeCialPartido revolucionario institucional

Humberto Moreira valdésPresidente del Comité Ejecutivo Nacional

cristina díaz salazarSecretaria General del Comité Ejecutivo Nacional

oscar Pimentel González Coordinador del Comité Nacional Editorial

y de DivulgaciónEditor responsable

Gina Bechelany Fajer

Editora

cosme ÁlvarezAsesor editorial

verónica ortizAsistente editorial

elba debernardiEditora de Arte

argelia vázquez Montoya Administración y Distribución

leticia Hernández saucedo Asistente del departamento editorial

Jesús reyesAsistente

dudas y [email protected]

Examen, revista mensual, noviembre de 2011Editor Responsable: Oscar Pimentel González

Comité Nacional Editorial y de Divulgación del CEN del PRIInsurgentes Norte 59, Edificio 2, Subsótano Col. Buenavista, México, D.F. C.P. 06359

Teléfonos: 01(55) 5729-9600, exts. 2663, 2669 y 4632e-mail [email protected]

Número de Certificado de Reserva: 04-2007-092009272900-102Número de certificado de licitud de título: 14113

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El tiraje de este número de Examen es de 5,000 ejemplaresNoviembre de 2011. México

El material de este número puede reproducirse siempre y cuando se cite fuente y autor

los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no representan

necesariamente la opinión del Pri.

Autorización como correspondencia de Segunda Clase, publicación periódica, registro No. 010-0190, características 228731209,

del Servicio Postal Mexicano

66 Para no olvidar el futuroPor jorGe f. herNáNdez

68 LibrosPor jUlIo PatáN

70 Agenda cultural72 Sopa de números

Por roberto PlIeGo

Cultura

Contenido200 Noviembre de 2011

Portada: mayaNIN áNGeles

exameN 3

60 ¿Palestina ganó?Por shlomo beN-amI

64 El poder para poner fin a la pobrezaPor baN kI-mooN

internaCional

La flauta Mágica Festival Internacional Cevantino

4 examen

Federalismo

El federalismo debe dejar de ser una asignatura pendiente, de tal manera que se haga realidad el pleno ejercicio de la autonomía de las entidades federativas y la auténtica libertad de los munici-pios, esto es, que en el contexto de la transformación democrática de México, el centralismo sea sus-tituido por un régimen basado en la distribución de competencias, el equilibrio de recursos y la colabo-ración de responsabilidades entre la federación, los estados o entida-des federativas y los municipios.

examen 5

6 examen

especial

Federalismo: en busca de un desarrollo para todos

examen 7

Por Javier Guerrero García

AlgunAs considerAciones iniciAles

La república no será madura y fuerte si no avanza en su constitución federal. Este debería ser el axioma funda-mental para la consecución del futuro inmediato del país. Si no logramos un acuerdo federal sólido, las posibilida-des de desarrollo se alejarán.

Hemos vivido la situación de no lograr acuerdos y la contención del desarrollo regional a partir de un nuevo centralismo que se ha desarrollado en la administración federal. Habrá que preguntarnos por qué en el sexenio pasado la economía pasó del lugar 9 al lugar 15. Pareciera que en los últimos diez años se ha desmantelado con-sistentemente la posibilidad real de crecimiento. Ahora tenemos la responsabilidad pública de hacer posible que el país logre retomar la senda del crecimiento.

México es sin duda aún una suma de diversos grados de desa-rrollo y de encontradas posturas frente a lo que este país requiere. Tenemos a un grupo de ciudadanos cada vez más creciente, que busca protagonizar a la república con su participación. Sin embar-go, aún contamos con una gran cantidad de ciudadanos que no muestra posibilidades de integrarse a esta participación a partir de que no tiene una vida ciudadana plena, al no estar incorporada al desarrollo.

Hablar hoy de federalismo obliga a revisar todas sus aristas: no podemos continuar por la ruta de mantener en la opacidad las for-mas del gasto ni de reproducir un centralismo nefando al que ya los ciudadanos han manifestado su oposición. De igual forma, mante-ner a la nación con ingresos fiscales bajos no sólo implica poner en duda la viabilidad de un gobierno, sino también la posibilidad de

La revisión a fondo del sistema fede-ral es necesaria dado que nuestra so-ciedad es más plural, más activa, que demanda mayor participación...

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especial

un futuro democrático y equitativo para ciudadanos y regiones.

El debate hoy sobre un nuevo fe-deralismo no puede deslizarse por la vertiente de que va mi propuesta o el precipicio, ni tampoco buscando presionar desde cualquier poder u orden de gobierno para que sea un federalismo a modo que perpetúe la pobreza fiscal del país y mantenga privilegios insostenibles. El camino de este debate está en poner sobre la mesa, cómo y cuándo debe avanzar-se sobre el federalismo.

El contexto de la agenda para una reforma federalista en el país debe partir de la difícil circunstancia política nacional que está marcada por la fractura social que hoy vivi-mos. Existen responsabilidades que hay que plantear: La incompetencia del actual gobierno para hacer de la política el motor que impulsará el desarrollo democrático y la actitud de los actores políticos, incluidos los partidos, por no actuar en con-secuencia para evitar el desmante-lamiento de las instituciones demo-cráticas y su pérdida de credibilidad ante los ciudadanos.

Esto nos pone en una situación delicada en la que debe imponer-se la posibilidad de acuerdos en lo fundamental, que den estructura a una agenda de reforma federalista impulsada por todas las fuerzas po-líticas y respaldadas por todos los ciudadanos.

el federalismo que no fueHay sin duda experiencias federa-listas en las últimas dos décadas. Siendo esta una demanda clara de la ciudadanía y de los gobiernos lo-cales, en el gobierno de Ernesto Ze-dillo se definió la creación del ramo 33, que implicaba meter en una sola canasta los recursos federales que se aplicaban en participaciones fiscales, definidas en fondos, para aspectos fundamentales de salud, educación y

aspectos de desarrollo social. En ese mismo gobierno se inicia la transfe-rencia de atribuciones a los estados en materia de educación y de salud.

Pero es evidente que la creación del ramo 33 definía los acotamientos al proceso de federalización de sa-lud y educación. En estas experien-cias está precisamente la evidencia de que es necesario avanzar en la agenda federalista. El federalismo de los años 90 es un federalismo trun-co que además generó un conjunto de normas que, aplicadas de forma general, contribuyeron a ampliar la brecha entre las entidades y regiones desarrolladas y las que tienen reza-gos evidentes.

Los recursos fiscales para educa-ción se volvieron los más importan-tes en la agenda presupuestal de los estados, motivándose desajustes en la dinámica interna de las entidades. Pero el hecho de que se plantearan en fondos etiquetados generó procesos de simulación en el ejercicio de estos recursos. El federalismo quedó solo en la transferencia operativa, pero no en las decisiones de política de gasto. Esto además generó una sobrerregu-lación que entorpece la aplicación de los recursos en sectores importantes de la gestión gubernamental estatal y municipal. De igual forma la ausen-cia de mecanismos claros de trans-parencia y rendición de cuentas hace que la evaluación sobre los usos de los recursos en los estados y munici-pios sea limitada.

la reforma federalista que ne-cesitamosUna reforma federalista debe iniciar con la Reconstrucción de las Hacien-das Públicas, las locales y la Federal. Esta reconstrucción debe guiarse por necesidades de gasto definidas y prin-cipios claros, tanto para el ejercicio del gasto como para la distribución de la carga tributaria necesaria para financiar el gasto público requerido.

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Las necesidades estarían dadas por el costo de pro-veer los bienes y servicios públicos necesarios para un crecimiento dinámico con equidad, y cumplir, bajo estándares estrictos de eficiencia, con las responsabi-lidades del estado en materia de derechos humanos, económicos y sociales.

Los requerimientos ciudadanos sin duda se tradu-cen en un costo fiscal que no tiene que ser irremedia-blemente un aumento en el gasto: estos requerimientos ciudadanos pueden ser enfrentados aplicando reduc-ciones del gasto corriente y mejoras en la asignación y desempeño del ejercicio del gasto. De igual forma, a esto debe contribuir una reforma hacendaria integral.

Los nuevos retos de la nación exigen una reforma social. Se requiere aumentar los recursos para un pro-grama nacional de infraestructura que permita soste-ner tasas elevadas de crecimiento con por lo menos un mínimo de 1% del PIB adicional por año.

Requerimos de un programa nacional de desarro-llo tecnológico y de innovación para la competencia; mantener los recursos necesarios para una estrategia integral de seguridad y la transformación del sistema de Administración de Justicia. Aumentar el gasto en el sistema de educación, básica y medio superior, au-mentando su calidad y logrando su universalidad. De igual forma, más recursos para la educación superior y la investigación científica. Dar un sentido de prospec-tiva a estas políticas implica un necesario crecimiento del PIB en por lo menos 2% anual sostenido.

Es necesario impulsar una reforma hacendaria, construida de manera responsable y ordenada, que for-talezca nuestro federalismo, las haciendas públicas y la solidez financiera del país para impulsar en forma sos-tenida el crecimiento económico, el empleo y el desa-rrollo nacional, así como un progreso justo, incluyente y equitativo para todos los mexicanos

Se trata de impulsar el papel estratégico de las en-tidades federativas y municipios para aprovechar las oportunidades y afrontar positivamente los desafíos que nos impone las nuevas condiciones de competi-tividad internacional, promoviendo el desarrollo eco-nómico y el desarrollo social de las regiones, con un enfoque desde lo local.

Esto debe transitar por erigir un sistema nacional de las haciendas públicas, cooperativo, diferencial, gra-dual y participativo; que se sustente en los principios de equidad, corresponsabilidad, solidaridad, subsidia-riedad y participación, a fin mejorar la gestión públi-ca, incrementar la recaudación, y desarrollar un nuevo modelo de colaboración y coordinación interguberna-mental que fortalezca el federalismo y las finanzas de la

federación las entidades federativas y los municipios, a fin de mejorar la capacidad de respuesta de los go-biernos frente a los problemas y demandas crecientes y urgentes de la población

Los ingresos nuevos que se obtengan de esta refor-ma hacendaria, tienen y deben tener como destino las prioridades en educación, salud, inversión en infraes-tructura productiva y seguridad pública.

La reforma debe promover el fortalecimiento del federalismo hacendario, a partir de una descentraliza-ción responsable de la política fiscal, lo que permitirá multiplicar la capacidad fiscal de las entidades federati-vas y los municipios, a fin de que, mediante impuestos u otros ingresos propios, se puedan enfrentar las de-mandas ciudadanas.

Esto requiere de un nuevo diseño jurídico que refor-mule las normas de colaboración y coordinación entre la federación, los estados y municipios. Esto debe con-tener una redistribución de competencias hacendarias en los tres órdenes de gobierno.

Un elemento que no puede faltar en este rediseño es el que se fortalezcan los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno. No habrá forma de reordenar la política hacendaria si no motivamos la confianza de los ciudadanos sobre el cómo se aplican los recursos públicos.

¿cómo reformar la organización Federal de la república? La revisión a fondo del sistema federal es necesario dado una sociedad más plural, más activa, que deman-da mayor participación en la decisión y ejecución de aquellas políticas públicas encaminadas a resolver sus problemas, tanto los inmediatos, aquellos propios de los grupos y comunidades, como los que afectan a la comunidad nacional. Las transformaciones ocurridas en la economía mundial que exigen formas de gobier-no y procesos de decisión más ágil, más flexible, mejor informada, que hagan posible una participación nacio-nal más provechosa en dichos procesos.

Esta revisión debe partir de la aceptación de dos pre-misas básicas. La primera: la nación es una y uno es el Estado que representa su soberanía, aunque está com-puesta por instancias de gobierno que en esencia, com-parten el deber de integrarse en una acción conjunta y responsable, en la ejecución de las tareas públicas que explican y justifican su existencia. La segunda: nues-tro país es, ante todo, un conglomerado de personas y comunidades que comparten una historia común, len-guas, tradiciones y cultura. Ellos son sujetos actores en

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especial

la construcción del futuro y, a fin de cuentas, el obje-tivo a que debe encaminarse toda acción de gobierno.

Una aproximación inicial a la tarea de redistribu-ción de responsabilidades, podría ser la que asigna al Gobierno Federal, en lo externo, la responsabilidad relativa a la promoción de una política internacional vigorosa que logre una posición de mayor ventaja para nuestro país, así como las de un seguimiento y análi-sis más oportuno de los acontecimientos económicos mundiales, para anticipar riesgos y detectar oportuni-dades, y de esa manera apoyar a los agentes económi-cos nacionales en cada estado y región.

En lo interno, las funciones de defensa, seguridad e inteligencia; las de persecución de delitos del crimen organizado, narcotráfico y en general delitos federa-les; las relativas a la aplicación de programas compen-satorios dirigidos a sectores y regiones en desventaja, y; la promoción de actividades que por su naturaleza y altos costos no pueden ser atendidas por los go-biernos estatales, como por ejemplo: la investigación científica y el desarrollo tecnológico, entre otras.

Esta reasignación de responsabilidades exigiría a la organización federal evolucionar hacia un papel nor-mativo, con sentido estratégico y de carácter global; le exigiría también una nueva forma de distribución de los recursos fiscales.

A los gobiernos estatales correspondería asumir a cabalidad la responsabilidad operativa de la promoción de un desarrollo económico vigoroso de acuerdo con las potencialidades y a la vocación productiva de cada entidad; la provisión a la población de los servicios básicos de educación, de salud, de seguridad y procu-ración de justicia en el fuero común; y las tareas nece-sarias para disminuir las desigualdades sociales para que sus gobernados tengan acceso a las oportunidades de desarrollo existentes. Cumplir estas obligaciones de desarrollo económico y social implicaría, además de la elaboración de planes estratégicos, disponer de las atri-buciones fiscales y los recursos financieros necesarios.

Por último, las administraciones municipales se abo-carían a proporcionar los servicios urbanos necesarios; construir las obras de infraestructura que su solvencia

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les permita, dar mantenimiento a la infraestructura mu-nicipal, particularmente la educativa básica; así como las tareas preventivas de seguridad pública y de vigilancia de la convivencia, en sus ámbitos territoriales.

A esta agenda no le falta contenido porque se en-marca en la defensa de los principios históricos del país y el fortalecimiento de los derechos sociales de sus ciu-dadanos. No se puede dar la espalda a las conquistas sociales. No podemos retroceder en la defensa de la soberanía y los recursos de la nación y mucho menos retroceder en los derechos constitucionales en educa-ción, salud y trabajo.

Es fundamental crear un contexto que dé sentido a una reforma general en la forma de hacer política y que cuestione los resultados limitados que se tienen hasta ahora no sólo en la política específica sino en el mismo comportamiento institucional.

Este es el contexto en el que debe de inmediato construirse una reforma federalista. Sin él es imposible concebir un nuevo Estado de Derecho.

Creo que debemos caminar hacia un estado semi-parlamentario en donde el gobierno no sólo recaiga en el ejecutivo, sino que se genere una transición efectiva donde el cogobierno se exprese en la participación de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno.

Esto resolvería las potestades y los ámbitos de acción sin entorpecer la consolidación de un federalismo real. No es casual que el asunto relacionado con el estado de derecho sea un punto fundamental. Es evidente que nuestra cultura política está aún en muchos aspectos lejos de la legalidad plena. La impunidad y la evasión de la ley es una expresión del atraso cívico en que está nuestro país.

Nadie puede negar que la estabilidad económica sea fundamental. Pero ésta no puede mantenerse a cual-quier costo. La ortodoxia de un modelo que ha pri-vilegiado sólo la estabilidad y no el crecimiento tiene sumido al país en el estancamiento. Los datos de baja inflación y reducción del déficit presupuestal no pue-den leerse sino a la luz de los datos que nos muestran niveles de ingreso en la mayoría de la población, cerca-na dentro de los márgenes de pobreza o cercana a ésta.

Nadie está en contra de operar una reducción del gasto burocrático. Pero esta debe operar en todos los niveles de la estructura. Actualmente tenemos a los trabajadores operativos en condiciones de muy bajos ingresos y a la alta burocracia en niveles mayores que sus homólogos en los países que son nuestros socios comerciales más importantes.

La promoción de la productividad y el empleo debe pasar por generar también empleos bien remunerados.

Si insistimos en facilitar sólo al inversionista la tarea y no determinar una política de empleo bien remunera-do, el impacto de los subsidios planteados no redunda-rá en la ampliación del mercado y el esfuerzo será nulo.

La política fiscal debe transformarse y constituirse como progresiva. No hay salida si no se abate además la evasión. Ampliar la base contribuyente y generar un nuevo espacio para ampliar las capacidades fiscales de estados y municipios es la salida ordenada para una sa-nidad fiscal que pueda sostener el desarrollo.

No podemos mantener al ejecutivo federal con atribuciones para captar más de 95% de los impuestos que se pagan en el país y no podemos mantener una situación donde 60% de los potenciales ingresos fis-cales son evadidos.

Una economía competitiva y generadora de em-pleos debe empezar por definir el papel del Estado y la preservación de la riqueza nacional. Esto no es na-cionalismo trasnochado. Sólo hay que ver los ejemplos internacionales que el mismo proyecto del presidente electo invoca, para darnos cuenta que los países emer-gentes como la India y China tienen claro su papel so-berano sobre sus recursos y el papel que el estado juega en este sentido.

El papel rector en la economía no tiene que ver con un estado obeso: tiene que ver con imprimir las priori-dades que la nación requiere y los equilibrios que deben implantarse para contener y revertir la desigualdad.

Esto debe constituir la base para una nueva política de desarrollo industrial. Mantener a PEMEX sin una reforma que le permita acceder a sus recursos para mantenerse como la industria más importante del país es tirar por la borda la posibilidad de aprovechar du-rante los próximos treinta años el uso de esta fuente energética que será sustituida por otras fuentes en el mediano plazo.

Continuar con la exacción de los excedentes en el precio del petróleo sin darle estabilidad a esta empresa es un error que puede tener costos muy altos, no sólo para el desarrollo del país, sino para la propia sobera-nía de la nación.

En el caso de las telecomunicaciones, es prioritario abatir los monopolios y dar el espacio para la compe-tencia a partir de nuevas inversiones. Regular hoy a las compañías telefónicas o las televisoras y radiofónicas así como los servicios de cable y aire para la comunica-ción, pasa porque las nuevas empresas entren a captar nuevos mercados y no sólo se sirvan de la conectividad de las actuales.

La inversión pública es fundamental para fomentar el desarrollo. Quienes defienden modelos en los que

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especial

el estado debe limitarse a funcio-nes de policía y buen gobierno, no saben de historia. Las grandes naciones que hoy están en los primeros lugares del desarrollo, crecieron gracias a un estado fuerte y rector de la economía. No se trata de fomentar estados empresarios. Se trata de regular y fomentar las áreas que son deto-nadoras de desarrollo.

Los programas de empleo de-ben ser pactados con los estados y municipios y obedecer en la modalidad que se apliquen (tem-porales, primeros o definitivos) con políticas adecuadas al de-sarrollo regional y obedeciendo fundamentalmente a las vocacio-nes regionales y al fomento de los mercados regionales. Los progra-mas de inversión en infraestruc-tura deben estar ligados a estas políticas de empleo.

Tenemos aún a 25% de la po-blación viviendo del sector agro-pecuario. Las condiciones en las que el sector se desarrolla han afincado a empresas exitosas li-gadas a la exportación pero tam-bién han promovido la disper-sión y el empobrecimiento de la población que está fuera de este esquema. Nuevamente es necesa-rio fomentar los mercados inter-nos regionales para dar espacio al crecimiento de este sector.

Y es viendo el desarrollo de nuestro campo que debemos mi-rar los aspectos de inequidad que perviven en nuestro país. No se puede avanzar si este rezago no se enfrenta. La inequi-dad requiere ser combatida en programas integrales que no sólo impliquen salud, educación y nutrición. También deben estar ligados a tares de desarrollo co-munitario que den espacio de crecimiento y arraiguen a los habitantes en sus lugares de origen.

No se pueden repetir los programas de abatimien-to de la pobreza sólo para efectos estadísticos. Mu-chos de nuestros pobres dejan de serlo porque pasan de un decil a otro de ingreso. Pero la diferencia puede

ser un peso de ingreso familiar y ya con esto los contamos como ciudadanos que han dejado la pobreza extrema. Esto es una fa-lacia. No podemos engañarnos y continuar con una situación que puede generar un conflicto social. •• Por todo lo anterior, una

agenda mínima federalista debe tener el referente de acuerdos en lo fundamental que pasa por construir:Un gran acuerdo na-cional que defina el papel de los distintos poderes y órdenes de go-bierno a partir de definir un país más federalista en el corto plazo.•• Constituir el eje de abati-

miento de la inequidad como re-ferente de la política económica.•• Fomentar la libertad econó-

mica en el marco de un estado más fuerte y responsable frente a los derechos sociales y la defensa de los recursos nacionales.Esto debe ser el marco de un nuevo federalismo.

las estrategias del nuevo federalismoRespecto al gasto público:•• Consolidar los mecanismos

de gasto en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad pública, ciencia y tecnología, de infraestructura portuaria y carretera, desarro-llo económico, desarrollo rural y agua, que permitan definir el nivel competitivo de estos sec-tores, haga eficiente el ejercicio

del gasto, desregule la operación y contribuya a la re-ducción de asimetrías en la provisión del servicio a la población.•• Orientar la gestión del gasto público de los tres ám-

bitos de gobierno hacia esquemas de calidad, eficien-cia, eficacia, responsabilidad y transparencia.

Respecto a los ingresos:•• Restituir potestades tributarias a los gobiernos loca-

les; haga eficiente la recaudación nacional, dando incen-

examen 13


tivos para que las entidades se encarguen fundamental-mente de la administración de las personas físicas. •• Fortalecer las finanzas municipales.•• Fomentar la inversión y rendimiento de PEMEX, y

en particular resarcir a los estados productores con las participaciones acordes con su aportación en la masa de producción.•• Impulsar también la simpli-

ficación tributaria, la reconduc-ción presupuestal y responsabi-lidad fiscal. Diversificar la ofer-ta financiera y facilitación del financiamiento para Estados y municipios. •• Armonizar los principios

contables en el orden estatal y municipal. Efectuar ajuste del marco legal. Reformar el marco jurídico de la deuda del D.F. den-tro de una reforma integral. •• Integrar un Sistema Nacional

de Pensiones.

Respecto al patrimonio público:•• Haga eficiente la adquisición,

administración, uso, aprovecha-miento, explotación y enajenación del patrimonio público y estable-cer medidas de control contable así como mejorar el régimen.

La modernización y simpli-ficación de la administración hacendaria debe pasar por pro-mover la profesionalización, ca-pacitación y servicio civil de carrera y aplicar mode-los e instrumentos de modernización y simplificación orientados a la atención ciudadana en el ámbito hacen-dario de los tres órdenes de gobierno.

La colaboración y coordinación intergubernamental debe:•• Redefinir fórmulas y la normatividad de fondos

de participación; rediseñar el sistema de colaboración administrativa en materia fiscal federal a fin de lograr una mayor y más amplia participación por parte de los gobiernos locales, y con ello, una distribución de los ingresos federales coordinados más eficiente entre los tres órdenes de gobierno.•• Rediseñar y fortalecer el sistema de coordinación

intergubernamental en materia de presupuesto y gasto público, para que tome en cuenta las diferencias en ca-

pacidades fiscales y necesidades de los tres órdenes de gobierno, así como asegurar la coherencia de objetivos de los programas con la eficiencia del gasto público.•• Fortalecer el federalismo de la hacienda pública

promoviendo, en un ámbito de colaboración intergu-bernamental, que los distintos órdenes de gobierno tengan mejor acceso a fuentes de financiamiento, que

garanticen finanzas públicas sa-nas.•• Redefinir la estructura actual

del Sistema Nacional de Coordi-nación Fiscal para transformarlo en un Sistema Nacional de la Ha-cienda Pública en el que partici-pen los tres órdenes de gobierno; promover la sistematización en el orden constitucional de las bases para la distribución correspon-diente a cada ámbito de gobierno en todas las materias de la ha-cienda pública.•• Fortalecer e impulsar la pro-

moción de la transparencia, la rendición de cuentas y el esfuerzo fiscal de cada orden de gobierno.•• Procurar el equilibrio entre los

aspectos relacionados con el in-greso y el gasto público de los tres órdenes de gobierno y otorgar cer-teza jurídica respecto de los acuer-dos y resoluciones de coordina-ción intergubernamental en las materias de la hacienda pública.•• Fortalecer los sistemas de in-

formación hacendaria, los órganos de fiscalización y control interno e impulsar una mayor participación ciudadana en los procesos de revisión, fiscalización y control de los tres ámbitos de gobierno.

Estas estrategias son viables. Sera importante ver si existe la voluntad política de los actores sociales para impulsarlas. Sin duda, lo que está en juego es la viabili-dad de la nación. Debemos actuar en consecuencia. a

Javier Guerrero es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Actualmente es Secretario de Gestión Social del Cómite Ejecutivo Nacional del PRI, ha sido Presidente Municipal, Diputado Federal y Se-cretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila.

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especial

Desequilibrio fiscal y desarrollo

examen 15

Por Óscar Lara Aréchiga

EL NUEVO DRAMÁTICO ESCENARIO INTERNACIONAL DESPUÉS DE AGOSTO DE 2011

Durante las décadas de los 70 y 80 en México se gestó un desequilibrio fiscal, resultado de gastos indiscri-minados y un ambiente internacional adverso, que se evidencia en erráticas variables macroeconómicas para esas fechas. A partir de principios de 1980 y

hasta cerca de 2000, los gobiernos de nuestro país se esmeraron en implementar lo que se conoce como el Consenso de Washington, esto es una serie de medidas de ajuste fiscal, monetario y comer-cial que rindieron como fruto una economía estable, que recibió el gobierno del presidente Fox. La estabilidad, sin embargo, es una condición necesaria más no suficiente para el desarrollo de un país. En una economía globalizada, la competitividad requiere, no sólo de inflación baja y finanzas públicas saludables, necesita también de inversión competitiva, articulación del aparato productivo, edu-cación e infraestructura enfocadas a la productividad. Esta es la principal lección que debemos aprender de la última década de nulo crecimiento y escasa mejora social que hemos experimentado todos los mexicanos. Más aún, los gobiernos locales están en una posición en la que pueden repetir los errores de la Federación o pueden ser líderes en el desarrollo competitivo regional.

La economía no puede separarse del entorno político. Ante esta seria situación se requiere prudencia y serenidad en todos los actores. Debe evitarse un ambiente de crispación y polari-zación política que envuelva al Congreso y al Ejecutivo, y los paralice, como ocurrió en Estados Unidos, lo cual acabaría por desprestigiar más al sistema político ante los electores.

16 examen

especial

Saneamiento Fiscal 1980-2000Al final del Desarrollo Estabilizador, época dorada del crecimiento econó-mico mexicano, tanto el contexto po-lítico como el económico requirieron de un creciente gasto público para sos-tener el aparato político y el modelo de desarrollo adoptado. El desgaste del sistema político se compensaba con más gasto corriente, mientras que el modelo de sustitución de impor-taciones se agotaba.

En consecuencia, y sin buscar nuevas fuentes de ingreso o una reforma fiscal de fondo, los gobier-nos se comprometieron a un sendero de creciente gasto público, que desembocó en dos macro deva-luaciones espaciadas por sólo seis años, después de más de 25 de estabilidad cambiaria. En el mismo periodo, la inflación internacional iniciada con el primer choque petrolero de 1973 aumentó con-siderablemente, contribuyendo al círculo vicioso gasto-déficit-devaluación-inflación. Los ingresos petroleros, en vez de emplearse para contrarres-tar el déficit, fomentaron la expansión del gasto y el acceso fácil a la deuda externa, lo que permitió financiar déficit creciente y vivir en un constante desequilibrio fiscal y comercial. En 1981, y ante la gran vulnerabilidad al entorno internacional, evi-denciada dramáticamente cuando los precios del petróleo se redujeron, al mismo tiempo que las ta-sas de interés internacionales alcanzaron su máxi-mo histórico, coincidencia que hizo prácticamente imposible el servicio de la deuda externa, obligó a una devaluación del peso en 1982.

Fue entonces que tanto gobernantes como empresarios y trabajadores coincidieron en la necesidad de sanear la econo-mía, utilizando los elementos de política económica hoy cono-cidos como el Consenso de Washington, que tímidamente al principio y con gran convicción después de 1986, se aplicaron en México en los siguientes 15 años. A grandes rasgos estos son: saneamiento fiscal, racionalización del gasto y aumento de ingresos (tanto por privatizaciones como por realineación de impuestos), así como la liberalización del comercio inter-nacional y mercados de capitales. A mediados de la presiden-cia de Miguel de la Madrid, México tomó una ruta decisiva de ajuste, que incluyó la entrada al GATT, con la adopción de aranceles competitivos y la realineación de precios relativos a gasolina, electricidad, bienes agropecuarios, entre otros, ali-mentaron el dramático incremento de la inflación, la cual llegó ser casi de 180% a principios de 1988.

El resultado empezó a notarse con cierta celeridad. Para fi-nales de 1988 la economía estaba equilibrada, y al tomar la presidencia Carlos Salinas de Gortari la inflación ya se encon-traba en alrededor de 30%, el déficit había bajado de 16.9% en 1982 a 5.6% y teníamos tasas de interés reales de 15%. Después

examen 17


de un sexenio de consolidación basado en privatizacio-nes (banca, líneas aéreas, fabricación de fertilizantes, industria de acero, etc.) y disciplina fiscal, la adminis-tración Salinas logra entregar el país con inflación con-trolada aproximándose a un solo dígito, un superávit fiscal, crecimiento de más de 5% y con un fuerte com-ponente de inversión privada.

Este conjunto de medidas puso a México en un rumbo de mayor independencia financiera, pues un déficit menor a las tasas de interés reales, efectivamente amortiza la deuda, si la economía crece a tasas mayores que las tasas reales de interés.

La devaluación de 1995 impuso una fuerte carga en la Federación, pues el rescate de los bancos (Fobaproa) volvió a incrementar el déficit, la inflación y la deuda pública, así como el desempleo y la salida de capitales especulativos. Sin embargo, la economía ahora tenía otras herramientas, y la depreciación real del peso es aprovechada vía exportaciones de maquila (producto del TLC), permitiendo aprovechar la bonanza y creci-miento económico que Estados Unidos experimentó durante la segunda mitad de la década de los 90. Al final de la década, México es un país con crecimiento, empleo y variables macroeconómicas bajo control.

La oportunidad perdida: el estancamientoEl 2000 llegó con la alternancia del poder, el presidente Fox recibió un país con finanzas públicas sanas y una economía cuyas posibilidades de exportación estaban dando frutos en forma de inversión y empleo. La eco-nomía estadounidense sufre entonces una marcada desaceleración luego de que la burbuja de las páginas web estallara, lo cual reduce fuertemente la demanda por productos fabricados o ensamblados en México. Además, poco después, China entra al GATT, atrayen-do parte de la maquila que antes cobijaba México.

El motor de crecimiento se frena temporalmente y es aquí donde el gobierno del presidente Fox pare-ce no tener herramientas para reavivar la economía. La lección de austeridad fiscal es tomada como rece-ta infalible, pero el país ya no es el mismo y sus re-querimientos tampoco. Ejemplo de esto es la política monetaria: Estados Unidos, como parte del plan de reactivación de Alan Greenspan, reducen las tasas de interés para estimular el consumo. Sin embargo, esto no es aprovechado y la política monetaria nacional, insistiendo en la estabilidad como prioridad, ajusta las tasas reales mexicanas con un rezago. Esto no sólo desincentiva la inversión privada, sino que permite una apreciación real del tipo de cambio, de modo que reduce la competitividad de la nueva economía ex-

portadora, desaprovechando así una oportunidad de recuperación.

Por otro lado, la eficiencia del gasto no mejora. Los salarios del gobierno se multiplican y el gasto en la alta burocracia sube de manera desorbitada.

Durante el gobierno del presidente Calderón, la inver-sión en infraestructura aumenta, es verdad, pero no lo suficiente si pensamos que México es ahora parte de una economía globalizada en donde la competencia efectiva es primordial para seguir avanzando. Además, el aumen-to en la inversión pública se ha llevado sólo uno de los cinco puntos en los que han aumentado los ingresos fe-derales totales, con respecto del PIB, entre 2001 y 2011.

Al final de una década, México no ha ido más allá de la estabilidad, ni ha aprovechado los beneficios del entorno internacional, como son las bajas tasas de in-terés. Un ejemplo más dramático es el de los precios del petróleo, que se dispararon a partir de 2003 de ma-nera sin precedente y se han mantenido altos durante casi dos sexenios, generando importantes ingresos ex-traordinarios que se han dedicado a financiar princi-palmente gasto corriente.

La estabilidad de un país, reflejada en variables ma-croeconómicas controladas, como son la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, es una condición deseable para este y cualquier otro país. No es, sin em-bargo, una condición suficiente ni un fin en sí mismo, sino un escenario para fomentar el crecimiento, el em-pleo y la competitividad, de modo que resulte en el bienestar de los ciudadanos. Esto, lamentablemente, no ha sido el caso en la última década en México, en donde hemos visto crecer el número de pobres, hasta representar estos casi 50% de la población total. Esco-ger ganadores, articular la economía, e invertir para competir en mercados internacionales, son algunos de los elementos de política de desarrollo que han tenido éxito en, por ejemplo, los tigres asiáticos. México si-gue enfrentando ese desafío, pero no debemos esperar a que la Federación en conjunto dicte dichas políticas, sino que los gobiernos locales tienen la oportunidad de actuar como líderes en este desarrollo más enfocado.

El nuevo crecimiento: los gobiernos localesUno de los tabúes que quitó el sueño a los países latinoa-mericanos durante los años anteriores a la estabilización fue la deuda externa. Es claramente un recuerdo amargo en el consciente colectivo. Sin embargo, hoy en día resul-taría miope ignorar que la necesidad de financiamiento es una realidad, en especial para aquellos entes que re-quieren invertir ahora para competir exitosamente ma-ñana. Claramente hablamos, de los gobiernos locales.

18 examen

especial

Así como la deuda externa del Gobierno Federal ha llegado a niveles mínimos bajo cualquier comparación desde los años 2000, la deuda interna ha empezado a crecer en nuestro país. Los estados y municipios, frente a crecientes responsabilidades y un flujo de aportacio-nes y participaciones creciente, pero en menor medida en la que han aumentado los ingresos federales totales, han recurrido cada vez más al crédito.

Esta situación es compleja y tiene múltiples compo-nentes de carácter estructural. Por una parte, refleja una excesiva debilidad en la capacidad tributaria de los go-biernos locales. La marcada insuficiencia en las fuentes de ingresos propios se origina con la creación del actual sistema nacional de coordinación fiscal. Desde enton-ces, los estados de la República cedieron la mayor parte de sus potestades tributarias al gobierno federal.

Por este diseño institucional, que a todas luces re-sulta ya inoperante, los estados son excesivamente de-pendientes de las transferencias federales. Hoy en día, las entidades federativas generan en promedio solo 7% de sus ingresos totales. En nuestro país, los estados y municipios recaudan muy por debajo de su potencial. Mientras que en México los gobiernos locales logran una recaudación fiscal equivalente a 1% del PIB, los países de la OCDE recaudan 9% del producto.

Por otra parte, es de reconocer que en nuestro país se ha avanzado en una mayor descentralización del gasto público, hacia los gobiernos estatales. Sin embar-go, estas mayores responsabilidades, particularmente en los servicios de educación, salud y seguridad públi-ca, contra lo que se pactó inicialmente, han terminado por debilitar las finanzas de los gobiernos locales.

Aquí se genera un importante punto de reflexión. Ha-bría que preguntarse cuánto vale este esfuerzo financie-ro de descentralización, que en los hechos se ha conver-tido en un subsidio de las entidades federativas hacia el Gobierno Federal. Esto habría que revisarlo y corregirlo, sobre todo, para resarcir a los estados que han debilita-do sus finanzas por una descentralización injusta. Otro problema que también influye importantemente en el desbalance presupuestal de los estados y municipios, es la creciente presión financiera que les genera no contar con sistemas de pensiones adecuadamente reservados.

Hoy en día, el nivel de deuda como porcentaje de los ingresos totales de los estados y municipios, aun-que aún muy por debajo de estados de Estados Unidos, por ejemplo, ha crecido de manera sostenida.

Esto tiene sentido en un ambiente financiero mu-cho más favorable que el que se tenía hace sólo algunos años: las tasas han bajado sustancialmente, los plazos se han extendido a 20 años o más, y otras opciones,

como la bursatilización, se han vuelto posibles gracias a la estabilidad y maduración del sistema financiero.

La deuda pública de los gobiernos locales ha crecido en forma sostenida, pero hasta ahora, no están en una posición en la que estén repitiendo los errores de la Fe-deración. En cierto sentido, lo que han aprovechado son las mejores condiciones del mercado financiero, para ser líderes e impulsar un desarrollo regional más competitivo.

Ahora que los estados y municipios afrontan sus responsabilidades de manera más independiente, los rubros de gasto e inversión deben tener un sistema de prioridades generados por una visión regional de desarrollo, sin necesidad de esperar a que el gobierno federal la dicte. Esto es, los gobiernos locales están en posibilidad de liderar el desarrollo, invirtiendo hoy en la infraestructura, capacitación o conjunto de servicios que mejor se adapten a sus vocaciones particulares, para beneficio de sus ciudadanos.

Ejemplo de este tipo de visión competitiva es Sinaloa, que impulsa su productividad agrícola con apoyos para obtención de recursos federales. Sonora hace lo propio con agricultura y pesca, sus sectores productivos y gene-radores de empleo prioritarios. La economía tradicional no es la única manera, Nuevo León ha encontrado la forma de convertirse en un competidor en alta tecnolo-gía y Querétaro y Chihuahua se están convirtiendo en un cluster de aeronáutica. El Estado de México ha pro-fundizado su industrialización en poco tiempo, facili-tando la infraestructura de comunicaciones.

La economía globalizada ofrece ventajas compe-titivas a aquellos países o regiones que sepan aprove-charlas. Tal es el caso de las economías exportadoras con condiciones cambiarias que resultan en salarios reales relativamente bajos, o comparativamente redu-cidos costos de extracción de recursos naturales, por ejemplo. Los países que han podido especializarse en un grupo de actividades productivas han aprovechado el auge de la demanda mundial. Sin embargo, para que esos factores continúen dando frutos, es indispensable la inversión, tanto en infraestructura como educación. A cierta escala, esto es lo que demuestran aquellos go-biernos locales de nuestro país que han encontrado su vocación y ventaja productiva. Los estados citados an-teriormente demuestran que para aprovechar la estabi-lidad macroeconómica de la cual goza nuestro país hay que pensar en la ventajas competitivas de cada quien e invertir y estimular en dichas industrias consecuente-mente. Si para ello es necesario cierto nivel de financia-miento, es lógico y necesario que los gobiernos locales adquieran deuda, más cuando las condiciones finan-

Sinaloa impulsa la productividad agrícola.

examen 19


cieras son propicias. No hay que perder de vista, sin embargo, que dicha deuda debe estar enfocada a au-mentar la productividad y las capacidades de ingreso en un futuro y no a un gasto irresponsable, para evitar caer en la trampa de los desequilibrios insostenibles o en la de estabilidad sin crecimiento, en que en ocasio-nes ha caído la federación.

Estas experiencias de gobiernos locales que asumen un liderazgo para relanzar el desarrollo regional, tam-poco debe implicar que el gobierno federal se desatien-da de estos macro proyectos, los cuales necesariamente deben anclarse al presupuesto de la federación. Apa-lancarlos solamente con deuda local sería un camino inconveniente, costoso y de elevado riesgo.

En síntesis: para responder a la demanda de más y mejores servicios públicos, durante los últimos años las entidades federativas se han visto en la necesidad de contratar más deuda pública. La tendencia es ciertamen-te desfavorable pero no está fuera de control y tampoco representa una bomba de tiempo para el futuro cercano.

Aquí es importante situar las cosas en su justa di-mensión: la deuda pública de las entidades federativas representa apenas 2.4% del producto interno bruto del país; y su servicio anual no llega ni siquiera al 0.35 por ciento. Podemos incluso compararla con la deuda in-terna y externa del gobierno federal, la cual se ubica por arriba de 35% del PIB.

Algunos criterios de medición que ahora se están manejando tampoco son del todo válidos. Se dice por ejemplo, que la deuda promedio de los estados, con respecto a las participaciones federales, se ubica en 72%; y que varios estados de la república, incluso ya superan 100%.

Este argumento no es del todo consistente. Si este fuera el caso, habría también que reconocer, que la deuda del Gobierno Federal es mayor al presupuesto de ingresos fiscales de la Federación.

Definitivamente, a nadie conviene que sigan cre-ciendo los pasivos de los estados y municipios. Habrá que enfrentar este ha problema estructural, atacando sus causas de fondo.

Para eso necesitamos construir un nuevo federalismo fiscal, como parte de la reforma integral de la hacienda pública. A la luz de las actuales circunstancias, resulta evidente que el actual modelo de federalismo fiscal no es el que nuestro país necesita, para generar el desarrollo económico que exige la sociedad mexicana. a

Óscar Lara Aréchiga es Licenciado en Economía. Fue Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. Actualmente es Diputado Fede-ral por Sinaloa.

20 examen

Comisión de Federalismo Fiscal del PRI y la Fundación Colosio, A.C.

Acuerdan impulsar transparencia, empezando por los recursos que recibe y administra la SHCP

Más recursos para estados, por necesidades de educación,

salud y seguridad

os miembros de la Comisión de Federalismo

Fiscal del PRI y la Fundación Colosio, A.C.

coincidieron al señalar que la demanda de

mayores recursos para los estados no obedece a

una “pose política”, sino a la necesidad de aten-

der obligaciones adicionales que la Federación ha

venido transfiriendo a los estados, en materia de

gasto de educación, salud y seguridad pública.

22 examen

En la reunión en la que participaron figuras como

Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda

y Crédito Público (SHCP) y Francisco Suárez

Dávila, así como el ex gobernador de Sinaloa,

Jesús Aguilar Padilla y varios diputados federa-

les, se acordó promover mecanismos adiciona-

les de transparencia y rendición de cuentas en

los tres niveles de gobierno, empezando por los

recursos que recibe y administra la SHCP.

Con la presencia del Lic. Marco Antonio Bernal

y del ex Gobernador de Chihuahua, José Re-

yes Baeza, Presidente de la Comisión de Fe-

deralismo Fiscal del PRI, los miembros de esta

Comisión destacaron que mientras que el pre-

supuesto federal creció 32% de 2006 a 2010 el

gasto federal que va a las entidades federativas

(gasto federalizado) aumentó solamente 17%,

generándose un rezago fiscal para los estados,

que supera los 140 mil millones de pesos, tan

sólo por este concepto.

Adicionalmente, en los últimos años los estados

han venido recibiendo menos recursos de los

diferentes fondos de inversión en infraestructu-

ra, siendo el caso más grave la eliminación del

Fondo de Infraestructura de las Entidades Fe-

derativas que en 2010 asignó a los estados 13

mil 500 millones de pesos.

Los miembros de la Comisión de Federalismo

y la Fundación Colosio también subrayaron

que hoy los estados aportan una considerable

cantidad adicional de recursos propios para ha-

cer frente a nuevas presiones de gasto gene-

radas por decisiones del Gobierno Federal. Al

respecto, citaron como ejemplo la homologa-

ción (rezonificación) de salarios del magisterio,

la cual inició en 2006 y significa un aumento de

25% al sueldo de ocho de cada 10 maestros de

educación básica en todo el País.

“Esta y otras decisiones federales, como la

aportación estatal al Seguro Popular, el pago

de ISR de los empleados públicos estatales, los

examen 23

pari-passus de programas federales y las nue-

vas responsabilidades que han sido trasladadas

a los estados en materia de seguridad y justicia,

han significado una presión financiera adicional

superior a los 70 mil millones de pesos de 2006

a la fecha,” agregaron.

En ese contexto, el incremento de la deuda de

los estados de 2006 a 2010, equivalente a 123

mil millones de pesos (a pesos de 2010), repre-

senta apenas la mitad del total que los esta-

dos dejaron de recibir y del costo de las nuevas

obligaciones de gasto, generadas como conse-

cuencia de decisiones federales.

De este modo, mientras que el costo anual del

servicio de la deuda contratada por las 32 enti-

dades federativas, entre 2006 y 2010, asciende

a 10 mil millones de pesos, el costo de la re-

zonificación del magisterio y del pago de ISR

del propio magisterio estatal, significa un monto

cuatro veces superior a dicha cantidad.

Por esta razón, para los priistas la principal

amenaza a la estabilidad y viabilidad financiera

de los estados no es el pago de sus respectivas

deudas (cuyo monto total representa menos de

1% de la deuda federal), sino el crecimiento del

gasto de educación, salud y seguridad pública

en el que han incurrido las entidades, por deci-

siones tomadas en el ámbito federal.

Finalmente, al abordar el tema de seguridad,

los miembros de la Fundación Colosio señala-

ron que mientras que de 2000 a 2011 el Presu-

puesto de Egresos de la Federación creció en

78% en términos reales, el Fondo de Aportacio-

nes para la Seguridad Pública de los Estados y

el Distrito federal, ¡se redujo en 15%! a pesar de

que los estados y municipios son responsables

de 90% de los elementos de seguridad y justi-

cia en el país, y de que este es el tema de ma-

yor preocupación para las familias mexicanas.

FuEntE: FunDACIón CoLoSIo, A.C.

24 examen

especial

Mercado interno y desarrollo regional

examen 25

Por Raúl Mejía

el nUeVo draMÁtico escenario interna-cional desPUÉs de agosto de 2011

México es un país desigual, no solo en el aspecto socioeconómico, sino en el regional. Las diferencias socioeconó-micas que existen entre las regiones del país son enormes, principalmente,

como un resultado de la reciente reconfiguración en su modelo de desarrollo económico.

Comenzando la década de los 80, en el contexto de la crisis estructural asociada al agotamiento de la indus-trialización por sustitución de importaciones, comenzó en México un proceso de re-especialización industrial cuyo punto de partida fue la industrialización maqui-ladora de importación. Durante la siguiente década, la industria maquiladora se transformó tanto tecnológi-ca como organizativamente y gracias al impulso que le brindó la firma del TLCAN se convirtió en la base de una nueva modalidad de desarrollo industrial en Méxi-co, que implica la reconfiguración de su núcleo endóge-no de desarrollo.

La falta de una política cohe-rente y coordinada de desarro-llo regional provoca el desper-dicio de recursos y talento que tienen las regiones. Hay una grave omisión en la integra-ción de las regiones, las cuales deberían ser polos para el cre-cimiento económico.


26 examen

especial

En tanto, la mayoría de los países de América La-tina han tendido a seguir una modalidad de desarro-llo centrada en la industrialización de sus recursos naturales; en México la parte más dinámica de su economía depende crecientemente de la inserción a encadenamientos productivos globales, coordinados por corporaciones multinacionales; dichas empresas están orientadas a aprovechar las ventajas de locali-zación y salariales que ofrece nuestro país. Sus ope-raciones integran territorialmente el suroeste de Es-tados Unidos con el norte de México, para construir uno de los espacios más dinámicos de la economía de América del Norte.

Es este hecho el que, a pesar de sus beneficios, ha contribuido a generar una creciente desigualdad eco-nómica en el país. Esto se refleja en el nivel de actividad económica, medido por la participación estatal dentro del Producto Interno Bruto, en donde encontramos que mientras existen entidades como el Estado de Na-yarit que cuentan con una participación del orden de 0.62% o Tlaxcala con 0.54%; por otro lado, contamos con entidades como el Distrito Federal y el Estado de México que cuentan con tasas de participación del 17.65% y 9.16%, respectivamente. Si ponderamos el impacto de la población, consideremos que de acuer-do con el Instituto Mexicano para la Competitividad1, el PIB per cápita en 2008 para esas mismas entidades fue de 71.7, 54.8, 226.6 y 71 miles de pesos corrientes, respectivamente.

Lo anterior también se proyecta en el dinamismo que demuestran las economías regionales y estatales. De acuerdo con los cálculos de los Indicadores Re-gionales de Actividad Económica 2011 realizado por Banamex, tres entidades federativas registraron creci-miento de dos dígitos en 2010: San Luis Potosí (15.8%), Coahuila (14.3%) y Guanajuato (11.8%). En el otro ex-tremo, Campeche es la única entidad que aún registró una variación negativa del PIB durante 2010: del orden de –3.1%, esto debido a la elevada concentración de su economía en la industria petrolera (83% del PIB estatal proviene de la minería, sector que incluye la extracción de petróleo) que lo mantiene al margen del ciclo eco-nómico del país.2

Planeación del desarrollo regional en el gobierno federalLas desigualdades regionales no tienen que ver sola-mente con una posición geográfica o con el clima par-ticular, sino con una falta de planeación por parte de

las diferentes autoridades, lo que deriva en el incumpli-miento de lo establecido en el apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo na-cional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la indepen-dencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.”

De esta forma, el impulso del desarrollo regional en México presenta grandes retos, lo que es reconocido por la presente administración federal, la que plantea en su Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 lo si-guiente:

“las desigualdades regionales de México hacen evidente que no todas las entidades y localidades se han beneficiado de la misma forma del proceso de inserción en los mercados internacionales ni de los profundos cambios que se han emprendido en México durante las últimas dos décadas. Por ello, se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos de empleo y bienestar de su po-blación a todo lo largo del territorio nacional. Para ello, deberá promoverse la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equi-dad para atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en los indicadores de bienestar social.”

La concepción del actual gobierno refleja la preocu-pación de que las regiones no se hayan beneficiado equitativamente del proceso de inserción en los mer-cados internacionales y para superar tal situación propone que debe promoverse la competitividad. Sin embargo, el propio documento no hace más que establecer estrategias de manera superficial, sin una política definida y coherente que contribuya a la con-secución de tal objetivo.

crédito y financiamiento al sector productivoSe menciona en el Plan Nacional de Desarrollo como una estrategia el promover acceso al crédito entre la población. Empero, tal propósito choca con la terca realidad.

Mencionemos tan solo que 80% de las Pymes en el Distrito Federal no tienen acceso al crédito bancario de acuerdo con la Coparmex, esto a pesar de que la capital del país es la entidad donde se concentra la mayor ri-queza del país, y ocupa el primer lugar en crédito ban-cario, mientras que en otras regiones resulta impen-

1. imco.org.mx/indice_estatal_2010/2. http://portal.banamex.com.mx/esp/pdf_bin/esem/iraes-mar11.pdf

examen 27


sable el acceso al crédito bancario, como Campeche o Colima. Esto resulta paradójico si consideramos que el Distrito Federal es la entidad con la economía más madura y en donde su crecimiento ya es muy limitado, en tanto que en las regiones y estados que tienen más potencial para crecer se carecen de crédito.

La explicación a este fenómeno lo localizamos en la indiscriminada apertura a flujos procedentes del ex-tranjero. Las modificaciones legales a la operación de las instituciones integrantes del sistema financiero, que promovió la liberalización, aumentó la liquidez por la entrada de capitales e instituciones financieras de ex-terior, pero la mayor parte de estos capitales se cana-lizaron al crédito al consumo, de corto plazo, sin que lograran aumentar las tasas de ahorro interno.

El sistema bancario y financiero aumentó la depen-dencia de flujos internacionales, por lo demás volátiles, se desnacionalizaron las instituciones bancarias y fi-nancieras, se perdió el control nacional de las políticas monetarias y financieras, se redujo el crédito a la inver-sión productiva y se perdió control sobre el sistema de pagos nacional.

Este esquema caracteriza actualmente al sistema bancario y financiero mexicano, traduciéndose en un débil otorgamiento de crédito al sector productivo.

Otro documento en donde se menciona la escasez de crédito comercial para las empresas es la encuesta Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Enero – Marzo de 2011 publicada por el Banco de México3, en el que señala que las principales fuentes de financiamiento reportadas por las empresas fueron: los proveedores con 78.3%, la banca comercial con 31.8%, otras empresas del grupo corporativo y/o oficina matriz con 20.8%, los bancos extranjeros con 4.6%, la emisión de deuda con 2.7%, y los bancos de desarrollo con 3.8%.

Esta situación donde los proveedores son los otor-gantes del crédito, se presenta desde hace varios años y da pie a que se presenten fenómenos de concentración económica, en perjuicio de la competencia.

En el documento de referencia también se especifi-ca que las limitantes para el acceso al crédito bancario consideradas por las empresas, en orden de importan-cia, fueron: la situación económica general (61.3%); las tasas de interés del mercado de crédito (50%); las ventas y rentabilidad de la empresa (45.7%); los mon-tos exigidos como colateral (45.2%); las condiciones de acceso al crédito bancario (44.7%); la disposición

de los bancos a otorgar crédito (44.6%); el acceso a apoyo público (40.2%); la capitalización de la empresa (38.5%); la historia crediticia de la empresa (30.2%), y las dificultades para pagar el servicio de la deuda vi-gente (29.6%).

Con esto se demuestra que las estrategias planteadas por el actual gobierno federal en cuanto al fomento del desarrollo regional se encuentran lejos de ser concreta-da, toda vez que el acceso al crédito sigue tan inaccesi-ble como hasta hace algunos años.

Las fallas del actual gobierno no se limitan sólo al proceso de planeación, sino que se reflejan en la eje-cución de los programas gubernamentales. Veamos lo referente al Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME), en donde en el in-forme de la Cuenta Pública 20094, la Auditoria Supe-rior de la Federación señalaba que:

Con base en este análisis, se constató que en 2009, con las acciones del Fondo PYME se generaron 281 empleos formales, con un costo real por empleo ge-nerado de 11 mil 877.9 miles de pesos, en promedio; y se apoyaron a 10 mil 782 empresas, con un costo promedio de 309.6 miles de pesos por empresa; es decir, que por cada 100 empresas apoyadas, se gene-raron menos de tres empleos. La entidad fiscalizada no contó con la evidencia documental de los em-pleos generados ni de las empresas apoyadas para sustentar los resultados alcanzados.

La Auditoria se abstuvo de emitir una opinión sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME) porque:

la Secretaría de Economía no estableció mecanis-mos de medición, ni dispuso de información confia-ble, oportuna y suficiente, para evaluar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de otorgar apoyos a proyectos productivos por medio del acceso al fi-nanciamiento y servicios de capacitación, comercia-lización, gestión empresarial y desarrollo tecnológico a los emprendedores, microempresas, pequeñas y medianas, empresas gacela y tractoras para promo-ver su creación, desarrollo y consolidación, a fin de contribuir a la generación de empleos, por lo que no atendió las disposiciones establecidas en la Ley Fede-ral de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en

3. http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7BA8F8AD7B-B505-633B-D98E-0FA9994F27DD%7D.pdf

4.http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/iGeneral.htm#palabra=-

28 examen

especial

el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sec-torial de Economía 2007-2012, así como en las Reglas de Operación del Fondo PYME 2009.

Se requiere de la instrumentación de una política pú-blica que permita una reconversión industrial y de fi-nanciamiento ajustada a la realidad de cada una de las regiones de nuestro país.

Política de industrialización y aranceles Debemos dejar en claro que para el presente gobierno el desarrollo regional no pasa por una política de in-dustrialización. Por el contrario, la liberalización de aranceles está debilitando a las industrias mexicanas del calzado, los textiles y el acero, entre otras con im-portante presencia regional. La miopía de las autori-dades económicas federales, ante una ortodoxia eco-nómica inexplicable está empobreciendo a millones de trabajadores. En el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Economía5 se establece que se reduje-ron aranceles en los ramos de fibras textil–vestido en apoyo a la competitividad de las empresas mediante el acceso a una mayor variedad de insumos a mejores

precios, se continuó con la simplificación arancelaria con la eliminación del arancel-cupo de 10% de 606 fracciones textiles y la eliminación de 266 fracciones más de la Industria Textil y del Vestido. Como resul-tado de la reducción gradual de aranceles, el arancel promedio es cercano a 17.5% en 2010.

En el mismo sentido se redujeron los aranceles para 310 fracciones de la industria del cuero y calzado, las cuales tendrán una reducción promedio de 8.7 puntos porcentuales. Con ello, el arancel promedio se redujo de 26.2% en 2009 a 17.5% en 2010. Asimismo, en la industria del juguete se establecieron reducciones es-calonadas para 632 fracciones arancelarias, de las cua-les 384 quedarán exentas y 248 tendrán una reducción promedio de siete puntos porcentuales, para el periodo comprendido del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012. Esto significa que el promedio arancelario se reducirá de 9.61% en 2008 a 4.1% en 2012. Otras in-dustrias han resentido la reducción de aranceles como la química, la farmacéutica, la forestal, etcétera.

Esto es una apertura indiscriminada, que no tiene reciprocidad por parte de otras naciones; es inadmi-sible que se quiera impulsar la competitividad des-truyendo la industria local y sin generar fuentes de trabajo.

5. http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resour-ce/12/1/images/IV_Informe_de_Labores_SE_FINAL.pdf

la liberación de aranceles ha debilitado a las industrias mexicanas, especialmente a la textil y la del calzado.

examen 29


apertura de empresas La facilidad de los trámites administrativos es parte fundamental en una política de desarrollo regional. El reporte del Doing Business en México 2009 del grupo del Banco Mundial6, establece las diferencias que tie-nen las entidades federativas en cuatro variables: aper-tura de una empresa, obtención de permisos de cons-trucción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Estos indicadores se centran en las pequeñas y medianas empresas nacionales y analizan las regula-ciones que influyen en cada ciclo de su existencia.

Es evidente que existen regulaciones que limitan el desarrollo de empresas y este reporte es una forma de comparar a los estados, en cuanto a las restricciones para formar empresas. Para la apertura de empresas, el costo de los servicios registrales y notariales incre-menta en gran medida su constitución, lo que limita la formalización.

El reporte señala que un sistema de apertura de em-presas más sencillo se encuentra correlacionado con mayor productividad entre las empresas existentes. El estudio estimó que reducir los costos de entrada a las empresas en un 80% aumenta la productividad total de los factores en 22% y el producto por trabajador en 29%. Una explicación puede ser que reducir los cos-tos de apertura facilita la entrada de empresas, lo que disminuye la probabilidad de supervivencia de las de menor productividad. Cuando el proceso de apertura es simple y rápido es más sencillo que el capital y los trabajadores se muevan entre sectores, lo que facilita la contención de crisis en la economía.

En este rubro, Guanajuato ocupó el primer lugar en facilitar la apertura de empresas, aunque de acuerdo con Banamex, el Distrito Federal es la entidad en que más empresas se registraron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual contrasta con su lugar 25 en apertura de empresas de Doing Businnes, Colima ocu-pa el último lugar en facilitar la apertura de empresas.

Mercado de trabajo Una política de desarrollo regional es impensable si no se aborda el mercado de trabajo por regiones. El por-centaje de la población económicamente activa que es ocupada fuera de su municipio a nivel nacional es del orden de 13.7%. Nuevo León ocupa el primer lugar con 37%, seguido por el Distrito Federal con 36%. La po-blación ocupada que labora fuera de su estado es de 5.5 a nivel nacional, en primer lugar es el Estado de México con el 22.4% y el segundo Tlaxcala con 13%.

Es de considerar que el mercado laboral tiene una con-notación más regional y que los traslados se realizan a entidades más integradas como el Estado de México y el Distrito Federal o Puebla y Tlaxcala.

En ese sentido el desarrollo regional del mercado de trabajo debe transitar por el desarrollo municipal. Los traslados de la población de un municipio a otro y en su caso de un estado a otro son costosos y es un ejem-plo de la desigualdad regional.

Adicionalmente, los resultados de la Encuesta Na-cional de Ocupación y Empleo con cifras del segundo trimestre de 2011 elaboradas por el INEGI, identificó a la población que labora dentro del sector informal de la economía. Así un total de 13.4 millones de perso-nas, que representan a 28.9% de la población ocupada (misma proporción que en igual trimestre de 2010), se

encuentran en este sector, habiendo aumentado en 75 mil personas respecto al dato de un año antes; las cifras del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado establece que un 65 % de la población mexicana de-pende de este sector.

En ese sentido no existe política de desarrollo re-gional, si no se traduce en acciones para disminuir el sector informal de la economía.

Propuesta de ley de desarrollo regional La recesión que al parecer de los analistas de los grupos financieros como Citigroup y JP Morgan está a punto de sobrevenir a la economía estadounidense, puede arrastrar a nuestro país; de hecho los índices de creci-miento de la industria manufacturera se vieron recor-tados ante la contracción de nuestro vecino.

El mundo actual está en riesgo de una recesión, la contracción económica está a las puertas en nuestro 6. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico

es necesario facilitar la apertura de nuevas empresas.

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especial

país, pero las medidas anunciadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en sus informes son in-suficientes. Tampoco la Secretaria de Economía tiene propuestas de fondo ante la desaceleración de nues-tra economía. El Diagnóstico de la Economía Mexica-na presentada por esta dependencia es omiso ante la desaceleración de la economía mundial, y al parecer, todo está muy bien, en especial el mercado interno, sin analizar los efectos de la economía mundial7. En ese sentido los organismos empresariales, ante las perspectivas mundiales han solicitado que se reactive el mercado interno.

Ante la actual coyuntura mundial es urgente impul-sar nuestro mercado interno y el desarrollo regional es el instrumento idóneo para hacerlo. Atento a lo ante-rior, el Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona-rio Institucional en el Senado de la República, presentó en abril de este año la iniciativa proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Regional, que eleva una propuesta integral de largo alcance, que tiene los siguientes objetivos:

• La elaboración de diagnósticos de las regiones reconocidas por la Ley y de las subregiones.• Formular las normas y principios básicos con-forme a los cuales se llevarán a cabo la planeación del desarrollo regional y metropolitano.• Sentar las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación regional con las entidades federativas.• Establecer los lineamientos para promover y ga-rantizar la participación democrática de los diver-sos grupos sociales, de los pueblos y comunidades, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Regional.• Señalar los principios para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Regional.• Proponer una delimitación de las regiones del país conforme a la cual habrá de planearse su de-sarrollo en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Desarrollo Regional, con la participación que corresponda para cada orden de gobierno y a los sectores sociales y productivos conforme a los convenios y acuerdos que se suscriban para ese fin.

En ese sentido se define al desarrollo regional como el proceso de transformación de las condiciones econó-micas, políticas y sociales dentro de un territorio na-turalmente delimitado, a partir del diseño y puesta en marcha de una serie de políticas públicas económicas y sociales de naturaleza transversal, que se emprende con el fin aprovechar su potencial de desarrollo y ate-nuar desequilibrios, en beneficio de las familias y co-munidades que lo habitan.

El desarrollo regional debe utilizar como herra-mienta la planeación, tal como se establece en la Constitución, así se establece el Programa Nacional de Desarrollo Regional, que es “la estrategia inscrita en el Plan Nacional de Desarrollo, consensuada entre los gobiernos federal y de las entidades federativas y concertada con los representantes de los sectores socia-les y productivos, tendente a la elevación de los niveles y calidad de vida de familias y comunidades, mediante el diseño y puesta en operación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, que les permita un ejerci-cio efectivo de los derechos que la Constitución y las le-yes reconocen en su favor; y que atemperen y reviertan los desequilibrios regionales.”

En ese proyecto se reconocen 10 regiones con que se agrupan a las entidades federativas, que toman en cuenta sus características socioeconómicas comunes.

De acuerdo con la iniciativa, en este proceso deben participar diversos actores por eso en su exposición de motivos señala que “la estrategia de desarrollo regional ha de derivar, más del adecuado diseño de políticas pú-blicas, pero sobre todo de acuerdos, voluntad política y negociación entre autoridades de diferentes órdenes, al margen del signo partidista para comprometerse en su adecuada instrumentación”

Así se crean nuevos espacios de decisión como la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Regio-nal, la cual coordinará los instrumentos para el desa-rrollo regional mediante políticas públicas.

Otros instrumentos previstos en la iniciativa son los “convenios regionales de coordinación y acuerdos regionales de concertación”. Los primeros son ins-trumentos suscritos por los titulares de los ejecuti-vos federal y estatales, cuyos compromisos crean las bases para la elaboración, instrumentación y evalua-ción del Programa Nacional de Desarrollo Regional de cada área geográfica; mientras que los segundos son instrumentos suscritos entre los gobiernos de las entidades federativas y los representantes de los sectores sociales y productivos, para la participación de la sociedad organizada en las fases de planeación, instrumentación y evaluación del Programa Nacional

7. http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/2/5/images/diagnostico.pdf

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de Desarrollo Regional y de los programas de desarrollo regional estatales de cada área geográfica.

Se prevé la creación de agencias para el desarrollo regional que son organismos descentralizados adscritos administrativamente en el sec-tor coordinado por la Secretaría cuyo titular presidirá la Comisión Interinstitucional para el Desarrollo Regional y participarán en ellas los gobiernos de los estados en los términos establecidos por los con-venios regionales de coordinación.

Estos funcionarán con un mínimo de personal y de recursos; sin facultades expresas para operar (lo cual continuará a cargo de los go-biernos estatales y municipales) aunque estarían revestidas de atribu-ciones normativas, en planeación, coordinación y consulta.

Esta propuesta es una solución ante la problemática de la economía mundial y la pobreza de las propuestas gubernamentales, ya que mira al desarrollo regional desde una perspectiva integral, que pondera la participación social y privilegia el desarrollo del país.

En lo que hemos conceptualizado como la nueva modalidad de de-sarrollo industrial en México, hay, como hemos visto, dos caracterís-ticas sobresalientes: la importancia de las aglomeraciones territoriales de empresas (clusters) y el papel de las pequeñas y medianas empresas dinámicas locales. Es crucial para el desarrollo que se consolide la operación de esas empresas locales innovadoras.

Financiar las operaciones de estas empresas es un problema para el sistema financiero del país. Obviamente, otros países, incluso los de reciente industrialización, han pasado por problemas semejantes y han generado respuestas institucionales, primordialmente la creación del llamado capital de riesgo.

conclusionesEn el PRI queremos llamar la atención de que una nueva e strategia de financia-miento al desarrollo estaría incompleta sino se contempla el desarrollo regional, a través de una ley e instituciones que coadyuven a lograr tal cometido.

En el PRI estamos convencidos de que para superar la grave situación por la que atraviesa el país no bastan la de-nuncia o la crítica por más fundadas que estén. La política debe servir para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y es en este sentido que los legisladores de nuestro partido hemos venido formulando propues-tas tendientes a fomentar el desarrollo económico, procurando respetar en todo momento las peculiaridades de todas las regiones del país.

El desarrollo regional debe instru-mentarse mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Con los antecedentes de los esfuerzos de coor-dinación para otros temas tan trascen-dentales, el desarrollo regional debe ser también un tema prioritario.

La falta de una política coherente y coordinada de desarrollo regional pro-voca el desperdicio de recursos y ta-lento que tienen las regiones. Hay una grave omisión en la integración de las regiones, las cuales deberían ser polos para el crecimiento económico.

Sin planeación el desarrollo regio-nal se está conformando de manera caótica, ampliándose la informalidad, la destrucción de recursos naturales, el desempleo y la inseguridad. a

Raúl Mejía es Senador de la LXI Legis-latura por Nayarit y Presidente del CEN de la Liga de Economistas Revoluciona-rios, CNOP. Con Maestría en Economía en el CIDE; posgrado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac-Sorbona. Expresidente Municipal de Te-pic, Exdiputado Local y Federal.

el desarrollo regional debe mirarse desde una perspectiva integral.

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especial

México privilegió por décadas la cons-trucción de una democracia social, de una economía estable y de una ciuda-danía con clase media amplia pero dejó de lado una reforma esencial: la de su federalismo.

Federalismo y municipios en México

Gobierno Federal

Municipio

Municipio

Mun

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Por Sergio Arredondo Olvera

De los RegíMenes DuRos a los estaDos MoDeRnos

E l México moderno vive de una herencia centralista que surge con el régimen de tributos del Imperio Azteca, se profundiza con el régimen colonial del virreinato, se consolida con la dictadura porfirista y se institucionaliza durante el desarrollo estabilizador.

En esos siglos se edificó un estado central omnipresente que privilegió la idea de un gobierno nacional fuerte ante la difusa de-manda de los ciudadanos por mejorar su calidad de vida. Era un imperativo mayor la identidad política ante la aún vaga idea del mejoramiento de los satisfactores sociales e individuales.

Sin embargo, hoy nuestro país convive y es parte de una comu-nidad global de naciones y de ciudades que pone en el centro de su atención al ciudadano. El mundo se urbaniza aceleradamente, las colectividades demandan calidad de vida y los aparatos estatales (todos los órdenes de gobierno, en especial) tienen el deber de ubi-car en el centro de su quehacer el mejoramiento de los niveles de bienestar de la gente.

Los gobiernos deben responder a esa expectativa social o son rele-vados por medio de los mecanismos electorales que se han afianzado en casi todo el mundo. Las excepciones a esa tendencia son hoy fuer-temente cuestionadas, como es el caso de las poblaciones de países del medio oriente y del norte de África musulmana que se levantan ante añejas dictaduras que no han sabido dar el giro oportunamente.

México privilegió por décadas la construcción de una democra-cia social, de una economía estable y de una ciudadanía con clase media amplia pero dejó de lado una reforma esencial: la de su fede-ralismo; la reforma que le permitiese tener un federalismo de tres órdenes de gobierno con una estructura armónica de competencias y con posibilidades de atender en forma eficiente a los ciudadanos.

Federalismo en México: entre la teoría y la realidadLa historia reciente de México nos llevó a mutar nuestro federa-lismo de tres partes (Federación, Estados y Municipios) por uno de gobierno central fuerte (Federal), frente a gobiernos locales desproporcionadamente frágiles. Todo se centralizó: la política, el régimen de competencias, los recursos hacendarios y el desarrollo económico; desde luego, se centralizó la capacidad del Estado de responder a las demandas ciudadanas.

Por ello, al final del siglo XX los mexicanos teníamos –y segui-mos teniendo en los albores de la segunda década del XXI– un “ogro filantrópico” obeso y pésimo a la hora de responder a las ne-cesidades ciudadanas más sentidas. Y teníamos en la cúspide de la estructura federal un centralismo político, que es también cultural, y que está arraigado en el marco constitucional y jurídico.

Ese modelo fue objetivamente exitoso en lo social y en lo econó-mico a lo largo de varias décadas, pero exhibió su descomposición

Municipio

Municipio

Municipio

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especial

al inicio de los 80. Ni entonces ni al iniciar este siglo los líderes de las dos fuerzas políticas que han gober-nado a nivel nacional han sabido o querido promover las transformaciones necesarias.

Así, el federalismo de tres partes que estipula la Constitución se traduce en uno de dos partes (Federa-ción y Estados), quienes se reparten los recursos, con-centran las decisiones, y pretenden atender a distancia y en forma maniquea las más sentidas necesidades de los ciudadanos.

Casi todos los espacios institucionales de decisión y de acuerdo que existen en México excluyen a los mu-nicipios entre los cuales se pueden destacar los ejem-plos del Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en temas tan relevantes como la seguridad y el reparto de los recur-sos fiscales.

Régimen competencial acotado y municipios con recursos escasosEs clara la inequidad existente entre los tres órdenes de gobierno cuando se conoce la fórmula de reparto de los recursos públicos nacionales. Del total de los im-puestos que pagan los mexicanos, solo 4% se destina a los municipios, 16% a los estados y 80% a la federación, cuando el promedio mundial otorga a los gobiernos lo-cales (estados y municipios juntos) 45%; para México solamente 20%.

Otra realidad mexicana que a los países desarro-llados les parece inconcebible es el hecho de que en nuestro país los municipios solamente cobran un im-puesto ¡solo uno! Aunque parezca increíble, así es. Casi todos los impuestos que pagan los mexicanos se concentran en favor de la Federación y unos po-cos le corresponden a los estados. Esto, desde luego, no siempre fue así: antes de centralizarse el sistema hacendario en la década de los treintas, los estados y los municipios captaban una amplia gama de contri-buciones.

Por ello, los municipios tienen actualmente una casi total dependencia de los recursos que con gran discrecionalidad quieren concederle los otros dos ór-denes de gobierno; en promedio, 80% de los fondos municipales provienen de participaciones federales o estatales. Es obvia la falta de autonomía municipal, lo que en la práctica se traduce en una clara dependencia política y en incertidumbre en la capacidad de ofertar los servicios esenciales que corresponde proveer a los ayuntamientos a favor de los ciudadanos, tales como seguridad, agua potable, limpieza, pavimentación, es-pacios de recreación, etcétera.

En materia social –que debería ser el ámbito prin-cipal de actuación de los municipios– los fondos están en manos de funcionarios federales distantes e igno-rantes de la realidad de las localidades, mientras que los ciudadanos acuden a su autoridad municipal para plantear y demandar soluciones a sus necesidades en materia educativa, de salud, vivienda o pobreza extre-ma. El resultado es el crecimiento constante de todos los indicadores de pobreza y la ineficacia de autorida-des federales que son absolutamente intangibles para la mayoría de los ciudadanos.

Cuando en otros países los municipios son los líde-res del desarrollo de sus ciudades, en México tenemos dos mil 441 ayuntamientos ausentes del desarrollo eco-nómico y social, ya que carecen de los instrumentos económicos, competenciales e institucionales indis-pensables para ello.

Otro ejemplo está relacionado con el tema funda-mental hoy día para los ciudadanos, la seguridad pú-blica; los recursos se concentran en una política federal ineficaz y los problemas residen en la ciudades. Frente a ello, el único fondo orientado a los municipios en la materia, el Subsemun (por cierto creado a iniciativa de la Fenamm) recibe apenas cuatro mil 300 millones de pesos que se dirigen solamente a 9% de los municipios del país (210), mientras que la Secretaría de Seguridad Pública federal tiene asignados 35 mil 500 millones de pesos; la desproporción es ofensiva, y más ofensiva lo es cuando escuchamos al presidente Calderón descali-ficar a las autoridades locales y hacerlas responsables de su ineficacia en la materia.

Más allá de los temas vitales que antes menciona-mos, lo verdaderamente relevante son lo que podemos llamar nudos estructurales, los cuales obstruyen el funcionamiento de nuestro federalismo de tres partes. La perla en ese campo es la existencia de períodos de gobierno municipales de solamente tres años sin posi-bilidad de reelección; basta observar que los otros dos ordenes de gobierno son de seis años y que a nivel in-ternacional sólo México y Haití tienen ese mismo mo-delo, para comprender que aquí el modelo está con-cebido para que los ayuntamientos fracasen: ninguna ciudad ni ningún gobierno local en el mundo es exito-so sin la premisa de periodos más amplios de gestión.

Federalismo en los tiempos del PanDespués de la reforma constitucional de 1999 aparecía como posibilidad la edificación de un federalismo con menor inequidad, al conceder el Congreso al munici-pio la dignidad al tercer orden de gobierno (no orden de gobierno de tercera, como algunos suelen pensar),

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Federalismo y municipios en México

pero esa posibilidad ha quedado truncada después de 12 años de gobiernos surgidos del PAN, los cuales lle-garon al poder bajo el discurso del fortalecimiento mu-nicipal y de lo local.

Nada de eso; en la realidad todo ha sido retroceso, al centralizar con mayor fuerza los recursos y al entre-gar a la Federación el cuasi monopolio de las políticas públicas y la concentración de competencias en la gran mayoría de los temas que debieran ser territoriales.

Peor aún, con el PAN en la presidencia de la Re-pública ni siquiera existe diálogo con los municipios: desde diciembre del 2006 los alcaldes del país no han tenido una sola oportunidad de sostener un encuentro con el titular del Ejecutivo federal, menos aún la posi-bilidad de resolver los numerosos y complejos temas de coordinación entre ambos órdenes de gobierno.

Ante la bajísima representatividad municipal del PAN (gobiernan apenas 18% de los municipios del país), el gobierno federal ha optado por más centralismo, con-centración de los recursos y descalificación del papel de los gobiernos locales en casi todos los temas del desa-rrollo. Como el clásico: ni ven ni oyen a los municipios.

Hacia un federalismo que fortalece sus regiones y sus ciudades¿Cuál rumbo debe seguir el federalismo en México? ¿Qué reformas son indispensables para hacer efectiva la gestión de los tres órdenes de gobierno? ¿Cómo ter-minar con la yuxtaposición entre competencias federa-les, estatales y municipales? ¿Qué inercias impiden la modernidad (o normalidad) política en México? ¿Qué acciones se requieren para hacer realidad un federalis-mo a la altura de los intereses de los ciudadanos?

Poponemos avanzar en tres ámbitos principales:1. Los municipios del país deben organizarse para la construcción de una agenda de desarrollo de las ciu-dades y comunidades de nuestro país. Ello implica un frente único de los dos mil 441 gobiernos municipales (la Conferencia Nacional de Alcalde de México) que les permita impulsar en forma eficaz las políticas públicas necesarias para la profesionalización de las administra-ciones locales, y así asegurar a los ciudadanos que sus comunidades sean espacios con calidad de vida.

Los municipios deben ofrecer servicios públicos de vanguardia, donde los mexicanos puedan convivir, trabajar, estudiar o recrearse en forma amable; deben garantizar la cultura, salud, movilidad, deporte, educa-ción, seguridad, empleo o el esparcimiento. Pero como ello es hoy una utopía, los líderes locales (alcaldes, inte-grantes de cabildos y los ciudadanos) deben promover

en forma concertada y en el seno del Congreso nacio-nal los cambios institucionales necesarios.2. Los municipios del país deben abanderar las refor-mas urgentes de nuestro federalismo para que las ciu-dades y poblaciones cuenten con las fortalezas mínimas en lo político, en lo hacendario y en lo institucional, las cuales empiezan por promover una mayor equidad competencial entre los tres órdenes de gobierno y por acotar el excesivo centralismo que ahoga cualquier for-taleza de las regiones y ciudades mexicanas.

La reforma política municipal debe asegurar perío-dos de gobierno de cuatro años e impulsar una reforma integral del Artículo 115 de la Constitución; la hacen-daria debe incrementar sustancialmente el porcentaje del fondo general de participaciones que se destina a municipios y asignar por ejemplo 1% del IVA muni-cipios; la institucional debe acabar con las excepciones que benefician al gobierno federal evitando que cum-plan con sus obligaciones en el pago del predial y de todas sus obligaciones impositivas locales; y3. México debe construir una visión nueva e innova-dora del papel que las ciudades mexicanas deben tener en el desarrollo general del país, tal como lo hicieron en España al inicio de la etapa democrática y como lo están haciendo muchos países exitosos en todo el mundo.

Esa nueva visión debe considerar, cuando menos, la promoción de una mayor participación de los ciuda-danos en la conducción de sus ciudades, una demo-cracia local que involucre a la población en la solución de los grandes retos del progreso, una asignación de nuevas responsabilidades (competencias) a los gobier-nos locales para asegurar su contribución en el desa-rrollo general del país, y una verdadera capacidad de los gobiernos municipales para impulsar su desarrollo económico, entre otros.

Nunca es tarde para emprender las transformacio-nes que la vida en colectivo nos exige; seguramente los procesos políticos que los mexicanos viviremos el próximo 2012 será una nueva oportunidad para deba-tir y para delinear un nuevo plan que permita poner en práctica las reformas institucionales más urgentes para el país. Confiamos en que el nuevo presidente de México y el nuevo Congreso (que serán electos en julio de 2012) tendrán la altura de miras y la capacidad polí-tica para, ahora sí, realizar la renovación muchas veces pospuesta de nuestro federalismo. Los ciudadanos lo sabrán reconocer. a

Sergio Arredondo Olvera es Secretario General de la Fe-deración Nacional de Municipios de México (Fenamm).

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especial

Las distorsiones y Los retos

L a transición a la democracia y la desconcen-tración del viejo poder presidencial han dado paso a una nueva relación entre los poderes federales y las entidades federativas que, poco a poco, ha puesto límites al asfixiante

centralismo de facto que imperó durante décadas en nuestro país. Esto ha significado, entre otras cosas, la emergencia de gobiernos y liderazgos políticos locales con márgenes de autonomía antes impensables, irre-versibles y, en principio, favorables al federalismo. Lo cierto, sin embargo, es que también ha producido una paradoja: la conformación de pequeñas réplicas del an-tiguo poder presidencial, sin controles ni contrapesos efectivos, pero encarnadas ahora en los gobernadores, incubadas al calor del cambio democrático y cobijadas bajo discursos federalistas que, en muchos casos, sólo han servido para encubrir excesos.

No es extraño que así sea. Cuando los límites al po-der político son débiles e ineficaces, la discrecionalidad y el abuso se imponen sobre la pluralidad, la legalidad y la rendición de cuentas. Más aún cuando los proce-sos de integración de los otros poderes locales y de los organismos constitucionales autónomos no escapan a la poderosa influencia de los gobernadores, y cuando no existe una ciudadanía fuerte y bien organizada para ejercer y hacer valer sus derechos. La cuestión, en efecto, reside en encontrar las fórmulas que permitan ampliar y consolidar los avances en la autonomía de las entidades federativas, pero dentro de un marco institucional y ciu-dadano que represente controles y contrapesos eficaces ante el abuso del poder, la discrecionalidad y las distor-siones que, hasta ahora, ha traído consigo el que debería ser un sano proceso de desconcentración del poder y de genuina materialización del sistema federal.

Desde el punto de vista de la democracia y el ejerci-cio concreto de la soberanía popular, muchas de estas nuevas distorsiones se conjugan en el ámbito electoral,

La propuesta consiste en integrar, en un servicio profesional electoral de carácter nacional, las funciones y las tareas técni-cas y operativas para la organización de las elecciones federa-les y locales.

Federalismo, democracia y función electoral

examen 37

Por Alberto Begné Guerra

en dos sentidos: restricciones a la autonomía de los or-ganismos electorales, en perjuicio de la imparcialidad y la equidad necesarias para una competencia demo-crática auténtica; y gastos excesivos, en perjuicio de la exigencia de una gestión austera, eficiente y transpa-rente de los recursos públicos.

el marco constitucionalLa distribución de atribuciones en el sistema federal mexicano se basa en el principio de las facultades ori-ginarias de las entidades federativas, lo que significa, en los términos del artículo 124 constitucional, que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados”. El ordenamiento constitucional, no obstante, ha mostrado una tenden-

cia consistente hacia el establecimiento de bases gene-rales que deben ser observadas por las constituciones y las leyes locales, con el fin de construir un piso mínimo de garantías en la integración, organización y ejercicio de los poderes y los organismos autónomos en las en-tidades federativas.

En materia electoral estas bases se encuentran en el artículo 116 constitucional, no sólo mediante princi-pios y reglas vinculantes para el ejercicio de la función electoral en las entidades federativas, sino incluso pre-viendo la posibilidad, en la fracción IV, inciso D, de que las autoridades electorales locales convengan con el Instituto Federal Electoral (IFE) que éste se haga car-go de la organización de los procesos electorales loca-les. Esto no ha ocurrido, si bien existen mecanismos de colaboración funcionales.

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especial

El problema radica en que la duplicidad de estruc-turas y esfuerzos institucionales, federal y locales se traduce en erogaciones irracionales, sobre todo si se consideran los gastos dobles en inmuebles, vehícu-los, equipos y servicios; el desempeño de tareas para la organización de las elecciones que, perfectamente, podrían servir simultáneamente para los dos ámbitos; y los largos períodos entre procesos electorales con personal permanente, el factor que más gravita en los gastos de operación.

el gasto electoral La organización de las elecciones en México es muy costosa. No hay otro país en el mundo que incurra en un gasto electoral sostenido tan alto. ¿Por qué nos cuestan tanto las elecciones? ¿Qué factores inciden en la generación de un gasto tan desorbitado? Es claro que una parte del problema se debe a una regulación exce-siva, producto de las sucesivas reformas realizadas con el fin de evitar las prácticas fraudulentas en cada eta-pa del proceso electoral. Esto se refleja en estructuras institucionales grandes y pesadas, sujetas a procedi-mientos tortuosos y exigencias técnicas muy comple-jas, que implican grandes requerimientos de gasto para brindar certeza, por ejemplo, la producción de boletas electorales con tantas medidas de seguridad. ¿Estamos en condiciones de relajar la regulación? Vista la persis-tencia de prácticas irregulares e ilícitos electorales no parece pertinente en el corto plazo. La desconfianza, pues, no es gratuita, en el doble sentido de la expresión.

Por ello, el componente de mayor peso en el gasto donde resulta factible hacer ajustes a la baja mediante un rediseño institucional se refiere al Capítulo 1000. Cuando se observa el presupuesto del IFE y de los or-ganismos electorales locales destinado a gastos de ope-ración, es decir, sin considerar los recursos destinados

al financiamiento público de los partidos políticos, el capítulo que concentra la mayor proporción del gasto es el de Servicios Personales (sueldos, prestaciones y honorarios del personal permanente y de los trabaja-dores eventuales). En 2011 representa 64.7 % del pre-supuesto del IFE, equivalente a cuatro mil 630 millones de pesos. En el ámbito de los organismos locales, con contadas excepciones, el peso de este capítulo también es muy significativo.

el gasto de los organismos localesLa información disponible sobre el gasto de los orga-nismos electorales locales no permite construir series históricas consecutivas y, por tanto, valorar su com-portamiento en períodos prolongados. En dos casos, Aguascalientes y Zacatecas, hay información consecu-tiva desde 2000 y 2001, respectivamente, hasta la fecha. En otros tres, Chiapas, Morelos y Yucatán, desde 2002. La mayoría ofrece información consecutiva a partir de 2005, 2006 y 2007. Y en dos casos, Baja California Sur y Quintana Roo, únicamente desde 2008. Estas restric-

ciones no impiden sustentar el problema planteado.En 2010 los organismos electorales locales recibie-

ron recursos presupuestales por casi cinco mil 200 millones de pesos, y con la información disponible, en 2011 llegarán a un monto similar al de 2009, por enci-ma de los seis mil millones de pesos. Estas variaciones están relacionadas con los ciclos electorales. Pero, en todo caso, el Capítulo 1000 de los presupuestos de los organismos locales (sin considerar el monto destina-do al financiamiento público de los partidos políticos), considerando la información disponible de 14 entida-des federativas, representa en promedio 62 %, un por-

Las elecciones en México son muy costosas.

en materia electoral, las bases se encuentran en el artículo 116 Constitucional.

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Federalismo, democracia y función electoral

centaje cercano al que representa en el caso del IFE. En términos absolutos, si este promedio fuera consistente incluyendo a las 32 entidades, representaría un costo de alrededor de dos mil 400 millones de pesos anuales.

Facultades separadas y servicio profesional integradoCuando ha sido planteada la propuesta de integrar en un organismo electoral nacional la responsabilidad de organizar las elecciones federales y las locales, los argu-mentos en contra han estado fundados en los princi-pios del sistema federal y la distribución de facultades inherentes. En muchos casos, no tengo duda, la oposi-ción a la integración tiene motivos genuinos y válidos. En otros muchos, tampoco tengo duda, esta oposición es producto de intereses creados y, por supuesto, de propósitos de control sobre la organización de los pro-cesos electorales que poco tienen que ver con la reivin-dicación federalista o la convicción democrática. En cualquier caso, la oposición es firme y poderosa.

Como ya referí, la Fracción V, inciso D del Artículo 116 prevé la posibilidad de que las autoridades elec-torales locales convengan con el IFE que éste se haga cargo de organizar las elecciones locales. En esencia, queda en manos de los órganos electorales locales di-cha potestad. Pero no se ejerce porque los poderes lo-cales y los mismos órganos electorales no tienen nin-gún incentivo para declinar esa función. Lo relevante, sin embargo, es el ánimo y el criterio que se encuentran en esta disposición, pues refleja que la organización de las elecciones no es considerada, conforme al precepto constitucional citado, una tarea consustancial a la pre-servación de la autonomía de las entidades federativas. Y es aquí, precisamente, donde radica la oportunidad de una nueva solución constitucional que sea, a la vez, equilibrada y factible. La propuesta que formulo parte de la distinción entre la autoridad electoral y el perso-nal operativo encargado de la organización de las elec-ciones. Me explico.

El verdadero sentido de la autonomía de las enti-dades federativas en la integración de los órganos de representación popular, locales y municipales, consiste en su libertad y responsabilidad para garantizar pro-cesos electorales que, sin interferencia de los poderes y órganos federales, aseguren el derecho al voto y la observancia de los principios constitucionales en la materia. Para ello no es necesario realizar el trabajo operativo de la administración electoral, donde la úni-ca exigencia democrática consiste en contar con perso-nal competente, debidamente reclutado y capacitado, especializado en la materia e imparcial.

Así, la función sustancial para la autonomía de las entidades federativas estriba en garantizar la observan-cia de los principios y las normas que rigen las diferen-tes etapas del proceso electoral y en emitir las normas y acuerdos reglamentarios para la exacta aplicación de los primeros en la preparación de las elecciones, y al término de la votación, realizar el cómputo de cada de-marcación y, en su caso, emitir las constancias de ma-yoría y realizar la asignación de los cargos de represen-tación proporcional. Son las funciones esenciales de los consejos estatales electorales. Con su debido cumpli-miento basta y sobra para preservar la autonomía. Las demás actividades son operativas, y mientras mayor autonomía técnica para su desarrollo tenga el personal responsable, mejor porque se reducirán el riesgo de in-tromisión de los poderes formales, o de facto, locales.

Las tareas ejecutivas de los organismos electorales se ciñen a normas, procedimientos y lineamientos pun-tuales. Lo que se requiere es que haya un órgano con representación ciudadana y representación partidista que supervise el cumplimiento de los mismos. Lo de-más es operación, desde luego profesional, pero opera-ción al fin y al cabo. La capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, la instalación de es-tas, la impresión de los listados nominales y las boletas electorales, la distribución de urnas, mamparas, crayo-nes y tinta indeleble, para ilustrar lo anterior, no son ta-reas que pongan en juego la autonomía de las entidades federativas o amenacen al sistema federal.

Un servicio profesional electoral nacionalDe acuerdo con lo expuesto, la propuesta consiste en integrar en un servicio profesional electoral de carácter nacional las funciones y las tareas técnicas y operativas para la organización de las elecciones federales y locales, conservando en el ámbito federal y en el de cada entidad federativa, respectivamente, los órganos de dirección. Con ello se preservaría la distribución de facultades del sistema federal, pero bajo una concepción integral de la organización profesional de las elecciones; se abatirían los costos de la administración electoral, a partir de la reducción del principal componente de los gastos de operación (el personal); y se fortalecería la autonomía en el ejercicio de la administración electoral. a

Alberto Begné Guerra es Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Ortega y Gasset. Fue Director de Educación Cívica y Electoral del Instituto Federal Electoral y Se-cretario Ejecutivo del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

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examen 41

Por Miguel González Compeán

Creo que nadie podría ser llamado un exa-gerado, si asevera que la discusión sobre centralismo o federalismo plenos no ha sido resuelta después de dos siglos. Méxi-co, como en algunos otros ámbitos, no ha

podido resolver el asunto de manera clara y definitiva. Legalmente somos federalistas, pero no lo somos en costumbres, tentaciones, responsabilidades concretas –notoriamente las fiscales– y en la estructura institu-cional más allá de las buenas intenciones de la Consti-tución Federal.

Federalismo o centralismoComo en tantos otros temas, en esta discusión entre federalismo y centralismo también, los principales an-tecedentes del Federalismo Mexicano son la Constitu-ción Federal de los Estados Unidos de América; y del centralismo, las instancias locales de gobierno y admi-nistración creadas dentro de la Monarquía española a fines del siglo XVIII. México es, desde la perspectiva de la derecha, la construcción por suma natural y con-tinua de municipios que se fueron creando a lo largo de siglos, con ocupaciones territoriales, expediciones y fundación de pueblos.

La representación y articulación de los intereses lo-cales se daba a través de los ayuntamientos. Con ello,

el municipio constituyó desde el inicio, la base de la expansión territorial del imperio español en América. Las instancias de gobierno de importancia para definir demarcaciones territoriales fueron las intendencias y las diputaciones provinciales.

Las intendencias constituyeron el proyecto más am-bicioso de reordenación política y administrativa del imperio español y el antecedente más importante de la división política que prevaleció después de la inde-pendencia. Sencillamente, el territorio era tan basto, que al reagrupar municipios en provincias e intenden-cias se pensaba que podría dársele mejor respuesta a las necesidades de la población y hacer más eficiente la administración. El asunto, sin ser ingenuos, también corría por la repartición del poder y los privilegios en materia de recaudación y tierras que traían los puestos públicos en la época, cosa que de alguna manera no se ha podido superar.

Sumado a lo anterior, las diputaciones provinciales fueron una de las más audaces reformas de la Cons-titución de Cádiz que entró en vigor en 1820, con el restablecimiento de la Constitución. Para la época, sin duda, ya se había fortalecido un sentimiento regiona-lista contrario al regreso del gobierno absoluto de las autoridades de la Ciudad de México sobre el vasto te-rritorio del antiguo virreinato.

La discusión sobre centralismo y federalismo todavía arrastra pasiones y genera desacuerdos por el grado, el lugar y la forma en la que ha sido abordada en nuestro país. Sin embargo, sin una política fiscal local y municipal, nadie será nunca verdade-ramente libre. No se puede ganar políticamente, lo que no se genera con recursos propios.

La Interminable y gran discusión

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especial

Por ello y no como un capricho de los federalistas y liberales, sino como respuesta a los propios intereses de las provincias y sus élites, la forma republicana fe-deral de gobierno se convirtió en la opción de aquellos que querían pertenecer a una nación grande y fuerte sin sacrificar su autonomía local.

El Plan de Casa Mata, proclamado en febrero de 1823, contenía una clara orientación federalista al es-tablecer que las provincias asumirían su propio gobier-no en tanto se derrocaba a Iturbide. Y no era extraño. Mientras los conservadores y monarquistas querían el restablecimiento del orden colonial por conveniencia de las élites centrales, los liberales querían ordenar y conceder a las provincias un espacio que permitiera construir, como lo estaba haciendo en el país del norte, localidades fuertes que apoyaran el desarrollo y el cre-cimiento de una nueva nación.

Había críticos del sistema federal que consideraban que la Constitución de Estados Unidos había logrado unir a 13 colonias que siempre habían estado separa-das, pero que una Constitución Federal Mexicana di-vidiría a provincias que siempre habían estado unidas por un gobierno central fuerte. En este contexto, des-tacó la intervención de fray Servando Teresa de Mier en el Constituyente de 1823-1824, ya que llamó a una transición gradual del centralismo al federalismo.

El aspecto fiscal, el tema añejoEl hueco inicial, nunca saldado y que arrastramos des-de nuestra independencia, es el fiscal. Con la idea de que las localidades o estados tomarían responsabilidad de su propio desarrollo, la Constitución Mexicana de 1824 redujo los ingresos del Estado Federal al produc-to de las aduanas, de algunos de los antiguos mono-polios que habían pertenecido a la Corona española, más una cantidad que se cobraría a los estados propor-cionalmente a su riqueza y que recibiría el nombre de contingente.

La fragilidad fiscal del Estado mexicano tuvo su ori-gen en la irregularidad con la que se pagó el contingen-te y en la temprana enajenación de sus otras fuentes de ingreso, principalmente las aduanas, a sus principales acreedores. A ello se sumó, como ahora, la franca co-bardía con la que los Estados y los municipios asumen su responsabilidad en el cobro de impuestos y la inca-pacidad de la federación para hacer frente a todas las responsabilidades que reclama nuestro país.

La polarización política entre los defensores del ré-gimen centralista y los defensores del federalista (agra-vada por las sublevaciones de varios estados) sumado al sistema electoral contemplado en la Constitución

para renovar los poderes federales también contribuyó a crear conflictos que minaron la solidez de la Repúbli-ca federal. La fragilidad fiscal del Estado fue a su vez motivo de frecuentes problemas con el ejército, con la burocracia federal y con otros grupos de interés, noto-riamente la iglesia.

El intento reformista de 1833 dividió a los liberales en radicales y moderados y amalgamó a los diferentes elementos conservadores. Para 1835 deja de estar vi-gente la Constitución Federal de 1824 y entre 1836 y 1847 rigen al país dos constituciones centralistas: las Siete Leyes, que entran en vigor en 1836 y las Bases Or-gánicas de 1843. El costo fue mayúsculo. La separación de prácticamente toda Centroamérica, Texas, la guerra con Estados Unidos y los intentos de la Península de Yucatán que milagrosamente permaneció dentro de la república mexicana.

Se denomina Segunda República Federal al período que va de 1846 a 1853, durante el cual volvió a estar vigente la Constitución Federal de 1824 con un Acta de Reformas aprobada en 1847. Fue establecida en me-dio de la Guerra con Estados Unidos. El Constituyente sesionó en plena guerra y las elecciones para renovar los poderes federales en 1848 tuvieron lugar con gran parte del país ocupado por las tropas estadounidenses, incluida la capital.

En 1853, Antonio López de Santa Anna ejerce el poder dictatorialmente. Finalmente, la Revolución de Ayutla lo derrocó en 1855. El país pasó a un gobierno provisional que convoca a un nuevo Constituyente que sesiona durante casi un año (1856-1857). La Consti-tución de 1857 restablece el sistema federal, fortalece al Poder Legislativo –herencia que ahora pagamos de manera subrayada y lo deposita en una sola cámara. La Constitución de 1857 estableció la libertad de cul-tos y liberó a los ciudadanos de la obligación de pagar diezmos a la Iglesia por temor a la coacción estatal. Las garantías individuales quedaron claramente definidas, para garantizar su inviolabilidad.

El PorfiriatoMientras las élites locales de los Estados (antiguas pro-vincias) se trataban de imponer, cada decisión del go-bierno federal era combatida en el congreso o a través de rebeliones y asonadas. Solo la política podía darle un espacio a un proyecto liberal, que se enfrentaba con el realismo político y la falta de compromiso federal de los estados. El proceso de centralización política comenzó durante la República restaurada y continuó durante el Porfiriato. Mediante arreglos informales y reformas constitucionales que limitaron el poder de la

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La Interminable y gran discusión

Corte se logró una gran concentración de poder en el presidente de la República.

Durante el Porfiriato inicia también el proceso de concentración de atribuciones fiscales en el gobierno federal. El secretario de Hacienda Limantour pone fin a las casas de moneda estatales y desaparece las aduanas interestatales.

Para la Constitución de 1917 estaba claro que no había condiciones reales para reclamar un federalismo respon-sable y era urgente darle viabilidad al país. Por ello, la Constitución de 1917 reforzó la tendencia centrali-zadora que en los hechos se había producido desde 1867 al reducir el área de competencia de los mu-nicipios al ámbito de los servicios requeridos por la población, sub-ordinándolos en materia económi-ca, política y legal a las legislaturas y los gobiernos de los estados.

Viabilidad a los estadosImplícitamente prevaleció en la elabora-ción de la Constitución de 1917 la tesis de Emilio Rabasa de que la dictadura de Porfirio Díaz había tenido su origen en la inoperancia de la Constitución de 1857 al haber subordinado en exceso el Poder Ejecutivo al Legislativo, por lo que se caracte-rizó por una considerable ampliación de las facultades presidenciales.

A partir del triunfo de Álvaro Obregón se inicia un nuevo proceso de centralización política que se vio re-forzado a partir de la rebelión Delahuertista de 1923. En 1929 este proceso, que se había basado en el carisma y la fuerza militar de Obregón, se institucionaliza me-diante la creación del Partido Nacional Revolucionario, que agrupa a una gran cantidad de partidos regionales.

Sin embargo, el viejo problema subsiste. ¿Cómo dar-le viabilidad a los estados y municipios si se niegan a cobrar impuestos? Para tratar de encontrar una salida a la indeterminación de las potestades tributarias de los niveles de gobierno, los primeros gobiernos posrevolu-cionarios llevaron a cabo convenciones fiscales con los gobiernos estatales, pero sin la participación del Poder Legislativo. En 1925 y 1933 tuvieron lugar las prime-ras convenciones fiscales, que trataron de generar re-formas constitucionales que definieran claramente las facultades tributarias de los tres niveles de gobierno.

En 1980 también fue promulgada la Ley de Co-ordinación Fiscal, que estableció un sistema único

de participaciones sobre el total de los ingresos de la Federación provenientes de los impuestos. La Ley de Coordinación Fiscal implicaba que las entidades fede-rativas renunciaban a ejercer algunas de sus facultades en materia tributaria y, a cambio de ello, recibirían un

porcentaje de la recaudación federal. Las fuentes directas de ingresos de los estados quedaron

reducidas prácticamente al impuesto so-bre la nómina y otros impuestos meno-

res, mientras que los municipios con-servaron como principal fuente de ingresos el impuesto predial.

A partir de 1982 se observa un cambio importante en la tendencia hacia la centralización que carac-terizó al país desde 1867, al iniciar-se un proceso de transferencia de recursos del gobierno federal hacia los estados y los municipios. Esta

tendencia, que se acelera en 1990, incluye la federalización del gasto pú-

blico ejercido en ciertos sectores, des-tacando las experiencias en educación y

salud. Estos cambios van acompañados de una creciente competencia electoral, que se

ha traducido en gobiernos divididos tanto a nivel federal como en los distintos estados.

Aunque la discusión prevalece, hay opacidad en el ejercicio de ciertos recursos y no siempre lo solicita-do y su destino corresponden con el gasto final. Los gobernadores presionan y obligan a los municipios y estos a su vez no tienen la capacidad institucional y, en buena parte de casos, la experiencia o responsabilidad para tener un ejercicio con éxito en la gestión de obras y proyectos.

La discusión sobre centralismo y federalismo toda-vía arrastra pasiones y genera desacuerdos por el gra-do, el lugar y la forma en la que ha sido abordada en nuestro país. Sin embargo, sin una política fiscal local y municipal, nadie será nunca verdaderamente libre. No se puede ganar políticamente, lo que no se genera con recursos propios. a

Miguel González Compeán es abogado por la UNAM; con maestrías en Planeación y Desarrollo por la Uni-versidad de Londres. Fue diputado en la Asamblea Le-gislativa del DF por el PRI. Ha colaborado en publica-ciones como: El Economista, Reforma y Nexos. Actual-mente se desempeña como consultor.

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especial

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Por Sonya Valencia

A lo largo de la historia el con-cepto de federalismo ha sido definido de varias maneras. Para algunos politólogos el principio federal es confinado

a la gestión de gobierno con fundamentos constitucionales y, para otros, se interpreta más ampliamente como un tipo de organi-zación social pública y privada.

Etimológicamente, el origen del vocablo proviene del latín foedus que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. En este sentido, se hace referencia a una forma de estructura-ción y organización deasociaciones huma-nas; de tal manera que en la ciencia política se le da el significado de: unión de diferentes conjuntos políticos que a pesar de su asocia-ción, conservan su carácter individual.

En México, la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40 reconoce al federalismo como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. Asimis-mo, el artículo 124 Constitucional señala que en México los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pue-den legislar en forma autónoma.

“La esencia del Federalismo en México es una posición política que se adoptó desde la Constitución de 1824. Sus bondades están en integrar a un país que es diverso en mu-chísimos aspectos y que recoge las modali-dades que regionalmente tienen cada uno de sus estados, para integrarlas en un proyecto nacional”, dice el senador Fernando Baeza Meléndez, integrante de la Comisión de Fe-deralismo del Senado de la República.

Definitivamente, a nadie conviene que sigan creciendo los pasivos de los estados y municipios. Habrá que enfrentar este problema estructural, atacando sus causas de fondo.

Senador Fernando Baeza Meléndez Integrante de la Comisión de Federalismo del Senado de la República

FEDERALISMO

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especial

En el México actual, de manera increíble cabe ha-cer una pregunta: ¿existe un verdadero federalismo en nuestro país?, el senador Fernando Baeza, responde:

En los hechos hay una verdadera disfunción del fe-deralismo. Todavía tenemos prácticas muy centralis-tas. El ejemplo más claro es el presupuesto que asigna los mayores recursos a la federación y una parte poco significativa a los estados, en detrimento de estos y de los municipios.

¿Por dónde empieza la disfunción del federalismo?Por lo económico y en la concentración de decisiones en los poderes federales. Le voy a poner un ejemplo: las obras públicas que la federación realiza en los estados se proyectan desde la ciudad de México y muchas veces estos proyectos no toman en cuenta las características particulares de cada región.

Y comenta su experiencia de cuando fue goberna-dor de Chihuahua. “En mi estado las obras públicas no toman en cuenta la escasísima precipitación pluvial, un promedio de 300 milímetros al año. Cuando se pro-yectan las carreteras desde el centro, se consideran te-rraplenes para condiciones de lluvia que no se dan en Chihuahua. Este error, entre otras cosas, encarece los proyectos y obviamente dificulta el avance de integra-ción que representan las carreteras, al no asignar los re-cursos que razonablemente se necesitan para propiciar una satisfacción de comunicación que tiene un estado como Chihuahua, que su territorio es la octava parte del total del país”.

El senador Baeza Meléndez también hace hincapié en la desatención de la zona fronteriza, un problema ocasionado por la disfunción de la que es objeto el fe-deralismo mexicano.

“El fenómeno que enfrenta Juárez es un fenómeno provocado, en el fondo, por la disfunción del sistema federal. ¿Por qué? Pues porque nunca se ha atendido el proceso migratorio muy importante en Juárez, donde al año llegaban más de 60 mil mexicanos en busca de las oportunidades laborales que daba. Este fenómeno ocasionó enormes problemas en dicha ciudad porque el estado de Chihuahua no recibe, por parte de la fede-ración, los recursos suficientes para atender a la pobla-ción creciente, en materia de vivienda, salud, educa-ción, transporte, alimentación y seguridad”.

Y menciona la última disposición relacionada con la limitación de los dólares en las ciudades fronterizas, la cual, según su punto de vista, genera muchos pro-blemas para estas poblaciones que prácticamente ma-nejan su economía en dólares y eso no es considerado.

“Estas y otras muchas manifestaciones son ejemplo

de la disfunción en la que vive nuestro sistema federal”. Fernando Baeza pone también el ejemplo de la se-

guridad pública y dice que la manera como se está vi-viendo es otra prueba de disfuncionalidad.

“Hace algunos días las fuerzas federales detuvieron a corporaciones completas de policías municipales. Esto es un abuso, porque sin tener orden de presen-tación y sin mandato de un juez se detiene a toda una corporación invirtiéndose el proceso de investigar para detener, lo cual viola la Constitución y las garantías que tiene cualquier persona de no ser molestada, sino es por un mandato judicial”.

¿Cómo gobernador de Chihuahua, cómo vivió la disfuncionalidad del sistema federal mexicano?“Tuve experiencias complicadas, por ejemplo con la regularización de vehículos. La responsabilidad de las aduanas es federal y la introducción ilegal de carros de fabricación extranjera a territorio nacional la regula el gobierno federal y, sin embargo, cuando era gober-nador de mi estado, a mí no se me permitía emplacar estos carros e identificarlos para evitar la anarquía que suponía el ingreso de vehículos extranjeros en el esta-do. Este era un conflicto permanente, porque yo quería legalizarlos, pero el gobierno federal me decía que no podía porque habían entrado ilegalmente al país. Mis argumentos eran que ellos los dejaban pasar, no las au-toridades locales, por lo que no me podían obligar a vivir en la anarquía. Les decía que mi obligación era identificarlos para evitar que se convirtieran en instru-mento de delito. Esta actitud deja patente una disfun-ción en el federalismo mexicano, muy importante”.

Respecto a la distribución de recursos por parte del gobierno federal, que obtiene de los mismos estados de la república, opina:

“Decía un gobernador de Chihuahua que los pro-blemas están allá, pero que los recursos están aquí, y estos recursos son los que se generan en los estados y municipios que viajan hasta la ciudad de México, para después regresar una parte de ellos al mismo estado de donde salieron, con el costo que implica todo esto”.

Baeza Meléndez nos dice que el federalismo es una forma de administración política administrativa en la que se debería buscar una descentralización, pero en la práctica no opera. “Vivimos un centralismo disfrazado de federalismo y ese federalismo, repito, es disfuncional”.

¿El Senado está haciendo algo para sanear la dis-funcionalidad del federalismo? “Sí… sí se está haciendo algo, pero no con el impulso que deberíamos. Estamos pasando por una crisis de

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Integrante de la Comisión de Federalismo del Senado de la República

inseguridad terrible que ha acapa-rado, en buena parte, el esfuerzo legislativo. Es decir, mucho del tra-bajo legislativo se ha canalizado a este tema con reformas a la propia Constitución en sus artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 123; esto se ha hecho para crear un régimen de excepción que le permitirá al po-der legislativo tener mejores herra-mientas para combatir el narcotrá-fico y la delincuencia organizada, entre otras cosas”.

¿El Federalismo y los municipios tienen una relación indisoluble?“El municipio es la célula prima-ria de la organización política, así se establecen el 115 y el 116 cons-titucional. Hay que admitir que el gobierno federal sí ha hecho un esfuerzo por fortalecer las finan-zas de los municipios y también ha habido falta de responsabilidad de algunas autoridades municipales. En los estados de la federación y en los municipios ha creci-do mucho el gasto corriente; sin embargo, hay un error en querer unificar a todos los municipios del país, porque todos son muy diferentes”.

Baeza pone el ejemplo del fenómeno de migración que se ha generado durante los últimos años del campo a las ciudades, y que ha causado un abandono de las tierras.

“De los dos mil 441 municipios distri-buidos por todo el territorio nacional, al-rededor de 400 o más, no tienen un solo policía municipal y en muchos de estos municipios es donde se concentra el nar-cotráfico y sus modalidades de siembra, cultivo y cosecha”.

¿Qué capacidad puede tener el muni-cipio en tema de seguridad cuándo los empleos los genera muchas veces el narcotráfico? “La autoridad municipal se ve rebasada por el poder económico de las organiza-ciones criminales y también en su poder de imponer la ley o las acciones preventi-vas de los delitos. Los municipios requie-

ren de un mayor apoyo económico y fi-nanciero para enfrentar estos problemas”.

En esta circunstancia, indudablemente también se ve un fenómeno de disfun-ción, ¿no es así? “Efectivamente. Hace unos días relataba un legislador que a veces muchos de los municipios pobres no ven con agrado el programa federal para acabar con los pisos de tierra poniéndoles cemento, porque su calificación mejora en el índice de pobreza y se reduce también la participación eco-nómica que puedan recibir”.

El senador nos habla de otro problema que se presenta en los municipios peque-ños, el cual consiste en que estos no quie-ren cobrar el predial porque los presiden-tes municipales no se atreven, para no te-ner conflictos con la población.

¿Cuál sería su propuesta para acabar con esta disfunción dentro del sistema federal?“Hay que rediseñarlo en muchísimos as-pectos, empezando por una reforma fiscal”, finaliza Fernando Baeza Meléndez. a

Sonya Valencia es periodista.

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Aniversario

En el año 2010, los mexicanos tuvimos la oportunidad de llevar a

cabo los actos conmemorativos centenarios, de los tres grandes

movimientos políticos que forjaron el perf il de la Nación mexica-

na: el Bicentenario del inicio de la insurgencia por la independen-

cia; el sesquicentenario del triunfo de la Reforma; y el centena-

rio del inicio de la Revolución mexicana.

Por onosandro Trejo Cerda

La RevoluciónMexicanaen nuestros días

ste mes de noviembre cele-bramos el 101º aniversario de la irrupción del movi-miento antirreleccionista encabezado por Don Fran-cisco I. Madero, convoca-

do en el Plan de San Luis para el 20 de noviembre de 1910, antecedente de la que ha sido llamada, con razón, la “Re-volución Social de México” y que vino a poner fin a la larga noche de la dicta-dura porfirista, surgida del pacto anti-histórico entre el dictador, el partido moderado, los conservadores y el clero, para anular el profundo cambio que sig-nificó la Reforma juarista en la vida de la Nación.

La Revolución mexicana es, sin duda, una continuación de la lucha his-tórica del pueblo de México, alcanzada con la Reforma triunfante y la Restaura-ción de la República, su legado ha sido nuestra guía en épocas de incertidum-bre, zozobra e inseguridad.

La Revolución mexicana dio al pue-blo de México lo que la Reforma no al-canzó a darle: los principios del Estado democrático y de la justicia social.

De modo que hablar hoy en día de la Revolución mexicana implica hacer referencia a la vigencia del orden jurídi-co, los principios ideológicos y de ética política que rigen la vida democrática del país, la estructura institucional del

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Estado y las bases sociales de la educa-ción, el trabajo y el régimen de la tierra que ese movimiento histórico generó; a continuación nos referiremos a algunos de estos conceptos.

AntecedentesHistóricosFue la asonada militar del año 1876, en contra del gobierno legítimo de Sebas-tián Lerdo de Tejada y a favor del Gene-ral Porfirio Díaz, el evento que abrió las puertas a la instauración de la dictadura durante 30 años, con gobierno patrimo-nialista y unipersonal.

En los primeros años del siglo XX, los hermanos Flores Magón orquestaron una campaña a través de su periódico Re-generación contra la simulación constitu-cional del gobierno de Díaz y atacaban su política permisiva con el clero, haciendo a un lado las Leyes de Reforma.

El dictador recurrió a aprehender y desterrar a los opositores, muchos de los cuales emigraron a los Estados Unidos; lo que explica que desde San Luis, Missouri, se lanzara el “Programa y Manifiesto del Partido Liberal”, conteniendo los princi-pios de la Reforma, a los que se sumaron algunas reivindicaciones de carácter so-cial; este programa fue elaborado toman-do en cuenta ciertos hechos ocurridos en Cananea, Sonora, cuya huelga minera había sido violentamente sofocada, o la de Río Blanco, Veracruz, donde los obre-ros, en respuesta a sus reclamos, recibían la represión del gobierno.

Para el año de 1908 el ambiente polí-tico acusaba una clara tendencia contra la reelección, lo que dividió incluso a los porfiristas. Es entonces cuando el viejo dictador hizo algunas declaraciones al periodista Creelman, entre las que resal-tó su deseo de abandonar las lides polí-ticas una vez concluido su período pre-sidencial.

Don Francisco I. Madero organizó el Partido Antirreeleccionista, y llegó pron-to a la conclusión de que sólo mediante una insurrección se podría acabar con la intransigencia del gobierno y las menti-ras del dictador.

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Ha escrito el Maestro Jesús Silva Herzog que: “Es frecuente confundir las palabras rebelión y revolución. Las rebeliones son en la inmensa mayoría de los ca-sos engendros de la ambición de generales o coroneles sedientos de honores o de poder, o de ambas cosas a la vez. Las rebeliones casi siempre tienen carácter re-accionario... En cambio, las revoluciones las hacen los pueblos por necesidades insatisfechas que no ha sido posible llenar por medios pacíficos.”

“Toda revolución desde que se inicia... posee un conjunto de ideas, las cuales por regla general se radi-calizan en el calor de la lucha... Las ideas, bueno es in-sistir en ello, se modifican en el curso del proceso revo-lucionario, haciéndose cada vez más revolucionarias, más ambiciosas, al contacto con la realidad objetiva del momento histórico en rápida transformación... Las re-voluciones suelen ser enconadas, crueles, sangrientas; destruyen vidas y bienes materiales; mas al terminar la lucha principia la transformación de la estructura y de las superestructuras económico-sociales, principia una nueva etapa constructiva y fecunda.”

La Constitución de 1917La Revolución mexicana vio consagrados sus más gran-des anhelos políticos, económicos y sociales en la Cons-titución de 1917, de tal manera que Revolución y Cons-titución han formado en nuestra historia moderna un binomio conceptual, ideológico y político indisoluble.

Revolución y constitucionalismo han sido para México la fuente de las decisiones políticas fundamen-tales: la soberanía popular, la independencia nacional, las libertades individuales, las garantías sociales, el re-publicanismo, el federalismo, la división de poderes, el laicismo, el Estado de Derecho, la democracia, el antirreeleccionismo y el principio de que el gobierno sea el administrador de los recursos de la Nación y el promotor de la equidad económica y la justicia social.

Resulta obvio que si la vida social, política y econó-mica evoluciona y se transforma, las normas jurídicas también deben hacerlo, para no perder su capacidad regulatoria en otras palabras, para conservar su validez y eficacia como sustento de la paz social, de tal forma que el orden jurídico contribuya a la consecución de los propósitos y fines que impulsaron el movimiento armado de 1910.

Se puede afirmar que las adiciones y reformas cons-titucionales se han sustentado en el deseo de innova-ción y modernización de nuestra Carta Magna, pues se parte de la idea de que el Derecho es un “instrumento de cambio”, a pesar de algunas notables excepciones como la supresión del régimen municipal en la Ciudad

de México, el trágico intento de reelección presidencial y la procedencia del juicio de amparo contra las reso-luciones de dotación y restitución de tierras y aguas; no obstante, se percibe una evolución progresiva y progresista del derecho constitucional mexicano, en la línea auténtica marcada por la Revolución mexicana.

Aún cuando se observa un gran número de refor-mas y adiciones a la Carta magna, nadie en su sano jui-cio podría plantear sustituirla o abrogarla para hacer otra, pues no se puede ni se debe olvidar que nuestra Constitución vigente se escribió con la sangre de mu-chos mexicanos.

Podemos afirmar que en nuestra Ley fundamental sobrevive aún el original sentido democrático y social que le imprimió el histórico Congreso Constituyente de Querétaro; y todavía se mantiene en nuestro texto constitucional una parte apreciable del legado históri-co del México Independiente, la Reforma y la Revolu-ción Social del siglo XX, valiosos principios, postula-dos y preceptos constitucionales que a esta generación y a las que vendrán corresponde el deber de defender.

La educaciónEn todas y cada una de las etapas de la vida política, económica y social del país, en las que los mexicanos logramos avanzar en la reivindicación de los justos reclamos de las clases populares, el esfuerzo por am-pliar, reformar y perfeccionar la educación, adquirió una gran relevancia en la obra de los gobiernos; y la educación es, sin duda alguna, el timbre de orgullo de la herencia de la Revolución mexicana.

Podemos decir que la acción política, militar y le-gislativa logró importantes avances en la convulsiona-da vida de la nación; sin embargo, en no pocas oca-siones eran reducidos o resultaban transitorios; pero la educación iba construyéndose paso a paso, sólida-mente y, de manera firme, contribuía al progreso de los ciudadanos; aquí los logros han sido definitivos, la educación permitió superar el oscurantismo medieval heredado de la conquista y la colonia; en la educación no hay, no hubo, ni habrá camino de regreso.

En el Congreso Constituyente de Querétaro, la edu-cación, junto con el problema del campo, la propiedad de los recursos naturales, el trabajo y la separación Es-tado-iglesia, fueron los grandes temas a debatir.

Después de la Reforma triunfante, como en los años de la República restaurada o durante los gobiernos post-revolucionarios, la educación fue entendida como la palanca social que habría de servir al propósito de cons-truir una nación libre, justa y democrática convicción que los mexicanos mantenemos hasta nuestros días.

La responsabilidad del sistema educativo, pero es-pecialmente de la educación pública, es decir, la que

Aniversario

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imparte el Estado, resulta grave, y asumirla íntegra-mente es de una gran trascendencia, ya que la acción del educador no debe invadir ni confundir las esferas de acción que son reservadas a otras formas de orga-nización.

En la escuela mexicana los educadores no han sus-tituido la función formativa que corresponde dar al padre y la madre en el seno familiar, aunque su labor siempre será complementaria; tampoco se invade el ámbito de la conciencia de los educandos que atañe a la libertad de creer, faceta en la que el respeto debe ser absoluto; pero igualmente inaceptable resulta que la educación se contamine de elementos míticos, teoló-gicos o metafísicos.

Al final del histórico debate en el Congreso Cons-tituyente de Querétaro, el texto del artículo 3° de la Constitución quedó en los términos siguientes: “La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se im-parta en los establecimientos particulares.”

“Ninguna corporación religiosa, ni ministro de al-gún culto, podrán establecer o dirigir escuelas de ins-trucción primaria.”

“Las escuelas primarias particulares solo podrán es-tablecerse sujetándose a la vigilancia oficial.”

“En los establecimientos oficiales se impartirá gra-tuitamente la enseñanza primaria.”

El Estado laicoEl principio del laicismo y el Estado laico en México han recorrido un largo camino de lucha, por esa razón, si nuestro sistema político aspira a ser verdaderamente democrático, todos los ciudadanos, organizaciones y partidos políticos deben combatir cualquier intento de confusión de las cuestiones religiosas y las de Estado; y todos poner fin al vicio de la cohabitación inmoral en-tre política y religión; las normas de la Constitución y las leyes han sido establecidas para que Estado e iglesia respeten, mutua y recíprocamente, sus exclusivos ám-bitos de acción.

Es un espectáculo vergonzoso ver a representan-tes del gobierno que de manera imprudente, torpe e ilegal mezclan sus personales convicciones en materia de religión con el ejercicio de las funciones públicas y sus actos de carácter oficial, sin percatarse que su cargo es representativo de la sociedad en su conjunto y que el principio del Estado laico convierte en un deber de moral republicana no confundir ni mezclar las funcio-nes y los cargos públicos con una determinada creen-cia, doctrina o devoción religiosa.

El principio histórico del laicismo y el Estado laico, ha permitido el equilibrio entre la unicidad y fortaleza del Estado y la pluralidad de creencias, como condición que exige el ejercicio pleno de la libertad de conciencia.

Por eso, cuando un gobernante confunde esos dos ámbitos, por sus personales conflictos de conciencia y sus intereses y ambiciones, pone en riesgo la tranqui-lidad, la gobernabilidad y el equilibrio social que tan difícil ha resultado construir.

Perfeccionamiento de la democraciaEs conveniente recordar que la Revolución mexica-

na es, en su origen, un movimiento político contra la dictadura, a favor de la democracia y por la no reelec-ción. Mal viste a un gobierno promover la reelección o acotar la vida democrática del país. Las elecciones han sido y siguen siendo en México el talón de Aquiles de nuestra democracia. Dudas, sospechas, desconfianza e incertidumbre del electorado por los resultados elec-torales, es lo que aleja a los votantes del ejercicio del sufragio.

Es urgente afinar y perfeccionar los procesos electo-rales, es éste un compromiso permanente con el legado ideológico y político de la Revolución mexicana. No debe abandonarse nunca el esfuerzo por mejorar los mecanismos de acopio de la documentación electoral y las tareas de cómputo de los resultados en los Comités Distritales Electorales, en el caso de comicios federales, y de los Comités Municipales Electorales en los comi-cios locales.

En la etapa de los resultados electorales que, des-graciadamente, genera las mayores sospechas de la ciudadanía, debe darse mayor transparencia, evitan-do que se hable de manipulación de la voluntad del cuerpo electoral; deberían ponerse a disposición de los electores las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas instaladas para el desarrollo de la jornada electoral. El mecanismo no es muy complicado, ni téc-nica, ni operativamente, desde el momento mismo en que se entregan las actas al órgano electoral.

Debe haber en el sistema electoral mexicano un ma-nejo pulcro de los resultados de las elecciones, de tal ma-nera que cualquier ciudadano o integrante de las Mesas Directivas de Casillas y, por supuesto, los partidos polí-ticos, los analistas y las organizaciones de observadores electorales puedan constatar, corroborar, confirmar o hasta impugnar los resultados de una elección.

No es exagerado el aserto de que en México de-beríamos tener la mejor democracia electoral del mundo, siendo la más transparente, controlada por la ciudadanía, ágil y funcional y que sirva de ejemplo a todos los sistemas electorales con aspiraciones demo-cráticas, a fin de impedir que vivamos el fenómeno que algún politólogo ha denominado de “democracia aparente”.

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México hoyAhora bien, de los problemas que hoy vive nuestro país, después de casi dos sexenios de gobiernos de vena conservadora, herederos ideológicos del viejo partido clerical del siglo XIX, resultan tantos conflictos, tantas carencias y tantas fallas y agravios, que si hiciéramos una lista resultaría extensa en demasía; ante este dra-mático panorama, sólo el surgimiento de un gobierno surgido en la línea histórica de la Revolución mexicana se percibe como el camino para llegar a una solución socialmente sana de todos esos problemas.

Es cierto que algunos de esos problemas que pade-cemos los mexicanos son enormes, son nuestros “gran-des problemas nacionales”, en virtud de que afectan a la mayoría de ciudadanos, o a sectores importantes de la población, o es tal su peso que requieren de esfuer-zos mayores, no sólo de las instituciones públicas sino de todos los mexicanos para su solución.

La inseguridad, la falta de empleo, la mala educa-ción, los deficientes e insuficientes servicios de salud, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, la pobreza extrema, las fallas del sistema electoral, la impunidad y la corrupción asociadas al sistema de procuración e impartición de justicia (que de justicia no tiene nada), la violencia en las calles, el narcotráfi-co, el aumento en el consumo de drogas entre la pobla-ción joven de México, la desconfianza de la sociedad en las instituciones y el deterioro del medio ambiente.

Pero podríamos seguir con nuestro catálogo de pro-blemas: el abandono en que los gobiernos de derecha han mantenido al campo, lo que ha acarreado la insu-ficiencia hasta de maíz para las tortillas que comemos la estrategia de deterioro por abandono de las empresas públicas para intentar una y otra vez su privatización el

intento de alterar la Constitución para establecer la re-elección inmediata de los diputados federales y locales, senadores y presidentes municipales utilización inicua de los recursos presupuestales en los rescates de empre-sas privadas, comprometer el futuro incrementando la deuda pública, el constante deterioro del ingreso de los trabajadores y la transferencia de recursos del trabajo al capital, la constante devaluación del peso, el control fé-rreo sobre los medios de comunicación; en fin, que los problemas son muchos y muy serios, y agravados aun más por la insensibilidad e incapacidad de un gobierno conservador, incapaz de entender los reclamos de la so-ciedad mexicana y empeñado sólo en la protección de ciertos intereses económicos, financieros y políticos.

Los gobiernos de derecha que ha padecido el pue-blo de México en los últimos sexenios, hace muchos años que dejaron de representar los intereses de todos los mexicanos; esa es la causa del deterioro de las insti-tuciones y de la debilidad de quienes gobiernan, que se percibe claramente frente a ciertos grupos de presión como el clero, los narcotraficantes o las bandas de la delincuencia organizada.

Recuperar la línea histórica de la Revolución mexi-cana es hoy un imperativo, pues quienes conforman el gobierno federal, son los opositores contumaces a la Constitución y la obra de los gobiernos revolu-cionarios. El actual grupo en el poder no desciende ideológicamente de quienes forjaron las instituciones de la República, por ello, en ocasiones se ataca desde el gobierno mismo a las instituciones nacionales o se evidencia, con demasiada frecuencia, indolencia, in-diferencia y desinterés ante los graves problemas que enfrentan los mexicanos.a

Onosandro Trejo Cerda es presidente del Consejo Directivo de Pensamien-to Progresista por la República, A.C. organización adherente del PRI.

Aniversario

Plutarco Elías Calles

examen 55

l pasado 19 de octubre, en ocasión de los 61 años del fallecimiento del Gene-ral Plutarco Elías Calles y de los 41 años del deceso del General Lázaro Cárdenas del Río, el Comité Ejecutivo Nacional del

Partido Revolucionario Institucional rindió homena-je a ambos héroes emblemáticos constructores de la vida política e institucional de México.

La diputada Cristina Díaz Salazar, Secretaria Ge-neral del CEN del PRI, a cargo de la Dirigencia Na-cional encabezó los actos conmemorativos acompa-ñada de miembros del CEN, iniciando el día con una guardia de honor ante los Monumentos de Plutarco Elías Calles y de Lázaro Cárdenas, ubicados en la ex-planada de la sede nacional del PRI, en la Ciudad de México.

Con la Guardia de Honor se colocaron sendas ofrendas florales frente a ambas efigies de bronce, testimoniando así la trascendental iniciativa del Ge-neral Calles como fundador del PRI en 1929 y la fun-

damental contribución del General Cárdenas como primer reformador de este instituto político en 1938.

Después en la Plaza de la República, convocados por la familia Elías Calles y el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, se par-ticipó en primer lugar en un acto cívico solemne en homenaje al General Elías Calles.

Enmarcado por el Monumento a la Revolución, el acto fue presidido por el representante designado por la familia, licenciado Fernando Elías Calles, nieto del prócer de la Revolución mexicana y la diputada Cristina Díaz, acompañados de familiares del gene-ral revolucionario, militantes y dirigentes del partido, de sus sectores y organismos afiliados, así como le-gisladores y por los ex Presidentes del PRI: Gustavo Carvajal Moreno, Pedro Ojeda Paullada, Adolfo Lugo Verduzco, Jorge de la Vega Domínguez, Rafael Rodrí-guez Barrera, Humberto Roque Villanueva , María de los Ángeles Moreno, José Antonio González Fernán-dez y Beatriz Paredes Rangel.

Promotores del méxico de las instituciones

El PRI rinde homenaje a Plutarco Elías Calles y a Lázaro Cárdenas

56 examen

especial

El orador oficial designado por la familia Elías Ca-lles fue el senador por Sonora Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República, quien en un concep-tuoso discurso mencionó:

“…participo al igual que ustedes, con enorme orgullo en este homenaje de admiración y respeto al señor gene-ral don Plutarco Elías Calles, gran ciudadano, presidente patriota, hombre que vivió y entendió su tiempo, pero que también, como estadista, vislumbró lo que México necesitaba para hacer realidad los principios sociales de la Constitución de 1917. Su vida fue de un entusiasmo irreductible por un México mejor.”

“Calles sabía del valor de la paz y de su necesidad para el futuro desarrollo de México. Hizo una gran tarea de sembrador. Por ello, definitivamente, optaría por la política y no por las armas para pacificar al país.”

“Para que el avance de la obra revolucionaria en el pueblo reafirmara sus pilares, participó en la creación del Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, instaurando así, la primera gran institución políti-ca de la vida nacional, en la que habrían de organizarse las expresiones vitales de un país, aún con grandes rei-vindicaciones sociales.”

“El objetivo fue crear un partido político nacional acorde a las circunstancias de aquellos tiempos difíciles. Cuando en el mundo cristalizaban partidos fascistas o totalitarios, en el nuestro se fundaba un pacto nacional que ordenaría al país y abriría el camino a nuevas eta-pas de desarrollo”.

“Cuatro son las grandes lecciones del maestro sono-rense que hoy es obligado recordar para actuar en políti-ca y pensar en México.

En primer lugar, tuvo una clara conciencia histórica que lo llevó a comprender que no había mejor forma de cumplir con la Constitución de 1917, y de hacer valer los nuevos derechos sociales y laborales adquiridos, que pasar de las armas a las leyes y de los caudillos a las ins-tituciones, como moderadoras del conflicto social.”

“En segundo lugar, la capacidad del general Calles de interpretar la realidad y construir un nuevo régimen po-lítico y una estrategia de desarrollo. El Banco de México es una de sus tantas obras institucionales.

En tercer lugar, su visión de futuro lo llevó a construir un México para la armonía social y fundar las institu-ciones sobre las cuales se fincó la pacificación y moder-nización del país a través de un Estado revolucionario y rector de la vida pública.

Calles pensó en el México de los 50 años posteriores a la Revolución.”

“En cuarto lugar, Calles entendió el valor de la po-lítica como instrumento para unificar lo diverso y unir polos opuestos alrededor de un proyecto común. Com-prendió la importancia de la inclusión política y social en el proceso de cambio en México”.

“La mejor manera de rendirle un homenaje a Plu-tarco Elías Calles, es que el partido que él pensó, ahora en el siglo XXI, construya un nuevo proyecto de país con visión de futuro y con capacidad de inclusión.”

“Imaginemos un México con seguridad, bienestar, empleo y estabilidad. Hay 52 millones de razones para pensar en un México nuevo, hay 52 millones de pobres en México”.

“El legado de Calles debe darnos fuerza y esperanza para comprender que, si bien la historia no tiene finales definitivos, existen oportunidades en que los grandes li-derazgos son capaces de transformar sociedades e impul-sar la historia hacia adelante.

Vayamos hacia una profunda, auténtica, transición democrática; ese es el mejor homenaje que podemos ren-dir a Calles que hoy nos reúne y cuya persona exaltamos por su austeridad, por su talento e inspiración como uno de los mejores hombres de México”.

Posteriormente, al interior de la columna que al-berga los restos del General Plutarco Elías Calles, la diputada Cristina Díaz, acompañada por el licenciado Fernando Elías Calles, el Senador Manlio Fabio Bel-trones y de los ex Presidentes del PRI, montaron una guardia de honor.

Acto seguido, la dirigente nacional, el Senador Bel-trones y los ex Presidentes del PRI ingresaron a la co-lumna que alberga los restos mortuorios del General Lázaro Cárdenas, a quien rindieron homenaje con una guardia de honor y la correspondiente ofrenda floral.

La jornada de actos conmemorativos concluyó por la tarde en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, del Senado de la República, con la presentación de la no-vela histórica “El Jefe Máximo” de la Editorial Alfagua-ra, que aborda los últimos días del general Plutarco Elías Calles, de la autoría de Ignacio Solares y cuyos presentadores fueron Beatriz Pagés y Mauricio Molina.

Ciudad de México, octubre, 2011

examen 57

Migración, espejo de doble cara

Lázaro Cárdenas

Decadencia y ocaso

58 examen

Economía

L os Estados Unidos atraviesan tiempos difíci-les. Su recuperación de la crisis de 2008 se ha frenado, y algunos observadores temen que los problemas financieros de Europa puedan empujar la economía mundial y de los Esta-

dos Unidos hacia una segunda recesión.Por si fuera poco, los políticos estadounidenses si-

guen atascados en torno de cuestiones presupuestarias y es incluso más difícil que lleguen a un acuerdo cuan-do se tiene por delante la elección de 2012, en la que los republicanos esperan servirse de los problemas econó-micos para desbancar al presidente Barack Obama. En estas circunstancias, muchos predicen una decadencia de Estados Unidos, especialmente en términos relati-vos respecto de China.

Adiós a la época doradaY no solamente los expertos piensan así. Hace poco, el Pew Research Center condujo una encuesta en 22 países y encontró que en 15 de ellos, la mayoría de las personas creen que China sustituirá a Estados Unidos como “su-perpotencia dominante del mundo”, o que ya lo ha he-cho. En Gran Bretaña, los que piensan que China ya está en la cima aumentaron a 47%, respecto de 34% que eran en 2009. Se ven tendencias similares en Alemania, Espa-ña y Francia. De hecho, la encuesta encontró percepcio-nes más pesimistas de Estados Unidos entre los aliados más antiguos y cercanos del país que en América Latina,

Japón, Turquía y Europa Oriental. Pero esto no sucede solamente fuera del país; incluso los estadounidenses es-tán igualmente divididos respecto de si China sustituirá a los Estados Unidos como superpotencia mundial.

Aunque estos sentimientos son un reflejo de los problemas fiscales y el lento crecimiento posteriores a la crisis financiera de 2008, no es la primera vez que ocurren en la historia. Los estadounidenses tienen una larga tradición de subestimar sus capacidades. En las décadas de 1950 y 1960, después de lo del Sputnik, mu-chos pensaron que los soviéticos aventajarían a los Es-tados Unidos; en la de 1980, se pensó lo mismo de los japoneses. Hoy son los chinos. Pero ahora que la deuda de Estados Unidos va camino de igualarse de aquí a una década con la renta nacional, y mientras el sistema político se muestra incapaz de encarar los desafíos fun-damentales del país, ¿habrá llegado la hora en que los “declinacionistas” finalmente tengan la razón?

El temor del giganteLa respuesta depende en gran parte de un factor que se suele subestimar: el grado de incertidumbre que traerán consigo los futuros cambios políticos en Chi-na. Es cierto que el crecimiento económico permitirá a los chinos acercarse a Estados Unidos en materia de recursos de poder, pero eso no implica necesariamente que China vaya a desplazar a Estados Unidos del lugar del país más poderoso.

No hay que olvidar que esos problemas son apenas una parte de todo el panorama, y que, en principio, se pueden resolver en el largo plazo.

de Estados Unidos

examen 59

Por Joseph S. Nye

Es casi seguro que dentro de 10 años el PIB de Chi-na será superior al de Estados Unidos, gracias al tama-ño de su población y a su impresionante ritmo de cre-cimiento económico. Pero si nos atenemos al ingreso per cápita, pasarán décadas antes de que China alcance a Estados Unidos (si es que lo hace).

Además, incluso aunque China no sufriera en el ámbito interno ningún contratiempo político de im-portancia, muchos de los pronósticos actuales se ba-san solamente en el crecimiento del PIB y no tienen en cuenta ni las ventajas militares y de poder blando de Estados Unidos ni las desventajas geopolíticas de Chi-na. En la medida en que Japón, la India y otros países intentarán contrarrestar el poderío chino, le abrirán las puertas a la presencia estadounidense. Es lo mismo que si México y Canadá buscaran aliarse con los chi-nos para contrarrestar la influencia estadounidense en Norteamérica.

En cuanto a una declinación en términos absolutos, aunque Estados Unidos tiene muchos problemas rea-les, la productividad de la economía estadounidense se mantiene en un nivel alto. El país mantiene la prima-cía en cuestiones como el gasto total en investigación y desarrollo, la calidad de sus universidades, la cantidad de premios Nobel y los indicadores del espíritu empre-sarial. Según el Foro Económico Mundial, que el mes pasado publicó su informe anual sobre competitividad económica, Estados Unidos es la quinta economía más competitiva del mundo (detrás de cuatro economías pequeñas: Suiza, Suecia, Finlandia y Singapur). China figura en el 26° lugar.

Además, Estados Unidos sigue a la vanguardia en tecnologías de avanzada como la biotecnología y la na-notecnología; esto difícilmente se condice con una idea de decadencia económica absoluta.

A algunos observadores les preocupa la posibilidad de que la sociedad estadounidense termine anquilo-sándose, como la del Reino Unido en la cima de su poder, un siglo atrás. Pero la cultura estadounidense es mucho más emprendedora y descentralizada que la cultura británica de aquel tiempo, cuando los hijos de los empresarios industriales iban a Londres a buscar honores y títulos de nobleza. Y a pesar de ciertos perío-dos preocupantes que se repiten en Estados Unidos a lo largo de su historia, el país tiene la enorme ventaja de la inmigración. En los 10 años anteriores a 2005, 25% de los nuevos emprendimientos tecnológicos contó con la participación de inmigrantes nacidos en el extran-jero. Como me dijo una vez Lee Kuan Yew, [ex primer ministro] de Singapur, China puede extraer los talen-tos de una población de mil 300 millones de personas,

pero Estados Unidos pueden extraer los de siete mil millones en todo el mundo, y recombinarlos en una cultura variada que fomenta la creatividad en formas que el nacionalismo étnico Han no puede igualar.

A muchos comentaristas les preocupa la inefica-cia del sistema político estadounidense. Es verdad, los padres fundadores de la nación crearon un sistema de controles y contrapesos cuyo objetivo es preservar la libertad a expensas de la eficacia. Además, en este momento el país atraviesa un período de intensa po-larización partidaria. Pero la política sucia no es una novedad en Estados Unidos: el período fundacional fue cualquier cosa menos un idilio de deliberación desapasionada. En la historia del gobierno y de la polí-tica estadounidenses siempre hubo épocas como la de ahora, y si bien a la sombra de los melodramas actuales parecen poca cosa, lo cierto es que algunos de esos pe-ríodos fueron peores que el presente.

¿Ocaso o mala racha?Estados Unidos enfrentan problemas serios: deuda pú-blica, educación secundaria deficiente y atasco en ma-teria política, por solo mencionar algunos. Pero no hay que olvidar que esos problemas son apenas una parte de todo el panorama, y que, en principio, se pueden resolver en el largo plazo.

Es importante distinguir los problemas que tienen solución de los que, en principio, no la tienen. De más está decir que aunque haya soluciones, nada asegura que Estados Unidos pueda implementarlas; varias co-misiones propusieron planes factibles para modificar la trayectoria de la deuda estadounidense, mediante un aumento de los impuestos y un recorte de los gastos, pero su factibilidad no es garantía de aplicación. Y sin embargo, es probable que Lee Kuan Yew tenga razón cuando dice que aunque China “hará sudar tinta a Es-tados Unidos”, no superará el poderío general estado-unidense durante la primera mitad de este siglo.

Si es así, las sombrías predicciones de un ocaso de Estados Unidos en términos absolutos resultarán tan equivocadas como lo fueron otras similares en déca-das pasadas. Y en términos relativos, si bien el “ascenso de los demás” implica que Estados Unidos será menos dominante que en otros tiempos, esto no implica nece-sariamente que China ocupe su lugar como superpo-tencia mundial.a

Joseph Nye, ex subsecretario de defensa de los Estados Unidos, es profesor en Harvard y autor de The Future of Power [El futuro del poder]. © Project Syndicate 1995–2011

internacional

60 examen

Por Shlomo Ben-Ami

examen 61

Abbas ya puede cantar victoria. Logró corregir el equilibrio de poder con Israel y Estados Unidos movilizando el vasto respaldo que la causa palestina genera en la comunidad internacional.

El espectáculo sombrío del aislamiento de Is-rael durante el debate de las Naciones Unidas sobre la condición de estado palestino marca el tsunami político que los críticos del pri-mer ministro Benjamin Netanyahu advirtie-

ron podría llegar si Israel no proponía una iniciativa de paz audaz. Pero, más importante aún, los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas pro-nunciados por los dos rivales, Netanyahu y el presi-dente palestino, Mahmoud Abbas, demostraron que cualquier iniciativa para volver a llevar a las partes a la mesa de negociaciones podría resultar inútil.

Los discursos no conducen a la paz, pero pueden estropear sus perspectivas. Tanto Netanyahu como Abbas volvieron a demostrar de qué manera la políti-ca que rodea “el proceso de paz” se impuso a la causa de la paz. Ambos líderes exhibieron una indiferencia absoluta por las principales preocupaciones del otro, y complacieron a sus potenciales electores —entre ellos Hamas y los colonos israelíes—, dejando en claro, urbi et orbi, que las brechas que separan sus posturas son tan insalvables como siempre.

LLAmAdos sordosNetanyahu en ningún momento admitió los pecados de la ocupación, ni siquiera supo manifestar una mínima expresión de empatía con la tragedia palestina de despo-jo y dispersión. La marcha de la locura israelí que impli-ca la expansión de sus asentamientos en Cisjordania no mereció ni un atisbo de introspección de su parte.

Por cierto, el llamado a la paz de Netanyahu segui-rá siendo hueco mientras él siga considerando que la solución a las legítimas preocupaciones de Israel por la seguridad requiere una ocupación continua de por-ciones considerables del futuro estado palestino. El Valle del Jordán y las colinas de Judea y Samaria son, sin duda, activos estratégicos para un país que mide de ancho lo mismo que una avenida de Manhattan de largo. Sin embargo, la desmilitarización, el despliegue de fuerzas internacionales y acuerdos de seguridad rí-gidos podrían ofrecer una respuesta. Ya no se puede considerar las preocupaciones por la seguridad como una licencia para la expansión territorial.

Ansioso por ofrecer sus lecciones de historia ele-mentales, Netanyahu se niega a admitir la validez de

¿Palestina ganó?

62 examen

internacional

una perspectiva clave. En lugar de interpretar la victoria de Is-rael en la Guerra de los Seis Días de 1967 como un permiso para anexar territorio, ese triunfo debería ser visto como un hito que hiciera posible la paz con todo el mundo árabe si Israel renun-ciara a las tierras árabes ocupadas. Este principio fue estipulado por la iniciativa de paz árabe de 2002, y se tuvo en cuenta pre-viamente en la paz de Israel con Egipto y Jordania.

¿TEmAs IrrEconcILIAbLEs?De modo que todo aquel que aspire a ayudar a las partes a llegar a un acuerdo necesita considerar el hecho de que las fronteras territoriales son sólo un aspecto de este conflicto —y no ne-cesariamente el más contencioso—. A diferencia de la paz de Israel con Egipto (y, es de esperarse, su paz con Siria), el conflic-to palestino-israelí está arraigado en algo más que una disputa territorial. Como demostró el debate de las Naciones Unidas, lo que está en juego es un choque de narrativas nacionales irrecon-ciliables. Egipto tuvo que otorgarle a Israel sólo reconocimiento político, pero a los palestinos se les está pidiendo que reconoz-can la legitimidad moral de Israel aceptando los vínculos judíos con la Tierra Santa y, por ende, admitiendo el reclamo milena-rio de los judíos de un estado en una tierra que los palestinos consideran históricamente propia.

Ni una palabra, ni una omisión, en el discurso de Abbas en las Naciones Unidas fueron accidentales. Lo que más sorprendió fue lo abiertamente displicente que se mostró frente al argumento nacional más elemental de Israel. Habló de la Tierra Santa como la cuna del Cristianismo y el hogar de altares sagrados del Islam, pero intencionalmente ignoró las raíces bíblicas del judaísmo y a Jerusalén como el hogar de reyes y profetas hebreos. Para los israelíes, esa omisión revela la reticencia de hasta los palestinos más moderados a abrazar la existencia de un estado judío.

La negativa por parte de Mahmoud Abbas de reconocer a Is-rael como un estado judío —con el argumento de que, si lo hace, estaría traicionando al 1,5 millón de ciudadanos palestinos de Is-rael—confirmó una preocupación israelí clave y alimentó los te-mores de los escépticos de una agenda palestina a largo plazo que se mantiene oculta y que está destinada a descartar directamente el estado judío. Esto quizá desaliente a los pacifistas israelíes —y envalentone a los belicistas en su insistencia de que ningún pro-greso hacia la paz es posible sin la aceptación inequívoca de Israel como la tierra nacional judía por parte de los palestinos.

En consecuencia, el mensaje implícito de Abbas de que Israel nunca ofrecerá un trato justo a su minoría árabe reforzará el liderazgo de Netanyahu como el defensor acérrimo del interés nacional contra los soñadores ingenuos de la izquierda. Netan-yahu no tiene más que presentar los argumentos de Abbas como una prueba de que, para los palestinos, la paz con Israel es sólo la primera etapa en una estrategia mayor que tiene como obje-tivo una Palestina, que abarque la totalidad de Israel, con una mayoría árabe.

Israel nunca ofrecerá un trato justo a su minoría árabe.

benjamín netanyahu.

El conflicto palestino-israelí es algo más que una disputa territorial.

examen 63

¿Palestina ganó?

Aún si, como se espera, el Consejo de Seguridad rechaza el pedido de los pales-tinos de ser miembros plenos de las Na-ciones Unidas y Palestina termina que-dándose con un estatus de observador en la Asamblea General, Abbas ya puede cantar victoria. Logró corregir el equili-brio de poder con Israel y Estados Unidos movilizando el vasto respaldo que la causa palestina genera en la comunidad interna-cional. De no haber sido por su iniciativa frontal en las Naciones Unidas, el Cuarteto (las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia) no se habría vuel-to de repente tan hiperactivo a la hora de buscar una fórmula que lleve nuevamente a las partes a la mesa de negociaciones.

Pero no esperen sentados. Nada surgirá del accionar del Cuarteto si las partes no cambian su actitud. En las negocia-ciones por la paz, las partes tienen que considerar valiente-mente las preocupaciones genuinamente vitales del otro.

Y los potenciales mediadores, por su parte, ya no pueden ser simplemente “facilitadores”; tienen que considerarse a sí mismos partes interesadas -y estar preparados para ejercer presión y apelar a la persuasión-. Si se los deja a su libre albe-drío, los israelíes y los palestinos nunca alcanzarán un acuer-do de paz integral. a

Shlomo Ben Ami fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel y hoy se desempeña como vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz. Es el autor de Scars of War, Wounds of Peace: The Israeli-Arab Tragedy. © Project Syndicate 1995–2011

El consejo de seguridad rechazó a Palestina como miembro pleno en la onU.

internacional

64 examen

Uno de mis primeros recuerdos es el ir ca-minando por un sendero de lodo hacia las montañas para escapar de los combates, nuestra aldea en llamas a mis espaldas y la incertidumbre de qué nos ocurriría a mi

familia y a mí.La respuesta vino de las Naciones Unidas y otros

organismos internacionales. Con la ayuda de muchos países y amigos, mi país fue capaz de volver a ponerse de pie y seguir adelante tras aquel conflicto terrible y devastador. Gracias a décadas de duro trabajo y el sa-

crificio de millones de coreanos, la República de Corea pasó de una gran pobreza a la prosperidad en menos de medio siglo.

Como Secretario General de la ONU todavía estoy viviendo esa historia. Todos los días trabajo para ayu-dar a poner fin a la extrema pobreza que atrapa a casi mil millones de personas en el mundo.

Pueden imaginar entonces los intensos recuerdos que se me vinieron a la mente al visitar la Aldea del Mi-lenio Mwandama en el empobrecido país surafricano de Malawi. Al igual que en mi juventud, presencié una vez

Habiendo crecido durante la Guerra de corea, conocí la pobreza de primera mano. La veía a mí alrededor todos los días: la viví.

El poder para poner fin a la

pobreza

Por Ban Ki-moon

examen 65

más los retos y las dificultades de la pobreza rural. Sin embargo, también volví a ver el poder del espíritu de comunidad para superarla; el mismo sentido de solida-ridad y determinación que puso en marcha la moder-nización rural de Corea hace cinco décadas.

mEnos PobrEzA, más comPromIsoEn 2000, los gobernantes del mundo se comprome-tieron a reducir de manera significativa los índices de pobreza, hambre y enfermedad para el año 2015. Estos objetivos, aprobados por todos los países miembros de la ONU, constituyen los ocho Objetivos de Desa-rrollo del Milenio. El proyecto Aldeas del Milenio, una asociación de instituciones académicas, empresas y organismos de la ONU, tiene como objetivo mostrar cómo estos objetivos se pueden conseguir incluso en las comunidades más pobres del mundo.

Como en la propia experiencia de Corea del Sur en la lucha contra la pobreza, las Aldeas del Mile-nio en África y proyectos similares en otros lugares, estamos dando un gran impulso a la producción de alimentos, la salud infantil y la creación de una vía sostenible para salir de la pobreza. Al mismo tiempo, me llamó la atención una diferencia crucial entre los esfuerzos de Corea en la década de 1960 y lo que es posible hoy en día. Al recorrer la aldea Mwandama, vi el potencial de las modernas tecnologías —los telé-fonos inteligentes y la banda ancha móvil, variedades de semillas mejoradas, lo último en riego por goteo, modernas pruebas de diagnóstico para la malaria, y redes de energía solar de bajo costo— para alcanzar el bienestar humano de maneras que simplemente no eran viables hace apenas unos pocos años.

Vi a un trabajador de la salud utilizar un teléfono inteligente para determinar el tratamiento de la mala-ria en un hogar. Se valía de un kit de bajo costo para confirmar el diagnóstico de la malaria —evitando la necesidad de un microscopio y pruebas de labora-torio—, un teléfono inteligente para introducir los resultados de las pruebas y recibir sugerencias de un “sistema experto” diseñado por especialistas en sani-dad pública, y las combinaciones más avanzadas de terapias de medicamentos para curar la enfermedad. El niño fue curado en su casa; hace unos años, se ha-bría enfrentado a un alto riesgo de muerte a menos que fuera tratado en alguna clínica distante.

Presencié otros avances importantes en la vida co-tidiana. En una comunidad que en el pasado no podía alimentarse a sí misma, hoy existe un almacén gigante con toneladas de excedentes de cereales. Mediante el uso de semillas de alto rendimiento, un mejor manejo

del suelo y una adecuada siembra en hileras, la comu-nidad ha más que triplicado en rendimiento de sus cultivos, y los aldeanos que antes eran hambrientos compradores de granos son capaces de venderlos de manera segura.

A su vez, el excedente ha contribuido directamen-te a mejorar la educación, ya que las familias donan parte del mismo al programa de almuerzos escolares. Ahora los estudiantes reciben una nutritiva porción de avena y frutas que les da la energía necesaria para continuar sus estudios a lo largo de la jornada. Como muchas escuelas han descubierto, los almuerzos esco-lares llevan a un incremento importante del desempe-ño en los exámenes nacionales.

ALdEAs dEL mILEnIoEste mes, el proyecto Aldeas del Milenio lanza su se-gunda etapa de cinco años en el camino hacia la fecha límite de 2015 para los ODM. En toda África, y ahora en todo el mundo, los gobiernos están aprovechan-do las lecciones de este proyecto en particular y otros similares: empoderar a las comunidades, ayudarles a invertir en su futuro mediante el uso de tecnologías de vanguardia, y con ello acabar con la pobreza ex-trema. Puede que en algún momento los ODM hayan parecido simplemente un conjunto de esperanzas y aspiraciones. Ahora sabemos que en realidad son una guía práctica para salir de la pobreza.

Los líderes mundiales que se reunieron en la ONU en septiembre para la Asamblea General anual co-incidieron en un punto central: la importancia de la lucha contra la pobreza, el hambre y la enfermedad es crucial para nuestra supervivencia colectiva. Saben que la pobreza extrema amenaza las vidas de cientos de millones de personas que carecen de acceso seguro a una nutrición adecuada, agua potable, atención de salud y la educación.

También saben que los peligros no se detienen en los umbrales de las aldeas o de los barrios marginales; los puntos donde hoy en día arrecia el hambre son con demasiada frecuencia las áreas violentas del mañana. Independientemente de si seamos ricos o pobres, o nos encontremos en un punto medio, compartimos un enorme interés por el éxito de los ODM, para que todas y cada una de las regiones que hoy se encuen-tran sumidas en la pobreza extrema puedan dar el sal-to, crecer y prosperar. a

Ban Ki-moon es Secretario General de las Naciones Unidas. © Project Syndicate 1995–2011

66 examen

cultura

Steve Jobs es el único o de los muy pocos empresarios que reciben el pésame por su ausencia de este mundo con flores y veladoras al pie de los ventanales de las tiendas donde los dolientes adquirimos productos de su inmensa empresa.

Para no olvidar el futuro

Steve JobS

La primera persona que me habló de Steve Jobs fue Pedro mi hermano, mayor en muchos sentidos; fue hace tantos años que ya son décadas y parece que

sigo con el asombro ante la sola noción de que hoy escri-bo estas líneas tan lejos de la Olivetti Letrera y que lle-vo en el teléfono toda la música del mundo o que sobre la mesa hay una tabla como la de Moisés con miles de fotografías en movimiento y todos los mandamientos posibles. Pedro hablaba de Jobs como un apóstol de futuros y hasta la fecha mantengo una ciega fidelidad a la manzana de su paraíso, suma de manzanas: la de Adán y luego, Newton; la misma que recomendaba a diario Ben Franklin y la que gira con cada canción de The Beatles… la misma manzana que hoy parece una lágrima.

Para no olvidar el futuro, consta-rá en actas dentro de siglos que Steve Jobs es el único o de los muy pocos empresa-rios que reciben el pésame por su ausen-cia de este mundo con flores y veladoras al pie de los ventanales de las tiendas donde los dolientes adquirimos produc-tos de su inmensa empresa y constará en actas que fue un visionario que tiene su nicho de inmortalidad al lado de Henry Ford o Thomas A. Edison y dentro de un siglo se seguirá leyendo la biografía que hoy en día aún no sale de la impren-ta, encargada por el propio Jobs a la pluma de Walter Isaacson, biógrafo ejemplar de Albert Einstein.

En el infinito giro del vértigo con el que supuestamente se absorbe el futuro queda un lento lagrimal con el que pasa lentamente el tiempo, instantes inasibles que relucen en su sencillez contundente. Hablo de la felicidad como brisa efímera, la sonrisa ante un verso memorable y el brillo que tienen todos los niños en las fotografías que los inmortalizan… parece anuncio, pero de todo ello y más sabía Steve Jobs al pulir los muchos eslabones de la manzana de la concordia con la que transformó al mun-do. Así que conste que desde la Mac de los años 80 hasta

el iPad del nuevo milenio, pasando por el iPhone y la imac de lámpara y antes, de colores o sabores, sin olvi-dar el indispensable iPod una inmensa franja intergene-racional le debe funcionalidad y eficacia, alivio y asom-bro a Steve Jobs…. Y también será cierto que fue una

persona de trato difícil, almirante de una inmensa nave que lo echó por la borda para luego invitarlo a volver con el riesgo de que limpiaría de cabo a rabo la embarcación, con-vencido -una vez más- de conquis-tar todas las olas de la tecnología y mercadotecnia, los sargazos empre-sariales, los números y las cifras… el diseño delicado de una pantalla o interfase, la funcionalidad de la me-moria, la multiplicación de la ima-gen, ¡carajo, como un Da Vinci!

Le debo muchas enseñanzas y ejemplos a la clara sombra de mis

hermanos mayores. En particular, a Pe-dro le debo haber conocido a Steve Woz-niak –socio y mejor amigo de Jobs en tiempos del Pentateuco de la Manzana–, el ingeniero que ponía en práctica las ace-leradas ideas y todos los chispazos inven-tivos que se le ocurrían a Jobs. Fue duran-te la inauguración del Papalote Museo del Niño y a mí se me antojaba que Wozniak me firmara mi primer Powerbook y así tener una laptop de museo. Hablamos

de pinturas cursis sobre terciopelos negros, burritos con bugambilias y demás acentos puros del kitch mexi-cano y alguien le preguntó por Jobs y creo recordar que se quedaba como pendiente la posibilidad de que mi hermano Pedro algún día me lo presentara en persona, aunque ya muchas cosas de mi vida dependían de escribir a diario en una máquina de las que vendía Jobs. Quizá, en el fondo y con toda la cursilería de la

que soy capaz, al final siempre queda la silueta del afecto: Woody mirando al atardecer o Buzz Lightyear a punto de volver a conquistar el Infinito. a

Jorge F. Hernández es escritor.

examen 67

Por Jorge F. Hernández

Para Pedro F. Hernández

Libros

68 examen

cultura

Pedro Friedeberg, De vacaciones por la vida. Trilce, Conaculta, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2011.

Jorge Zepeda Paterson (coordinador), Los suspirantes 2012. Temas de Hoy, México, 2011.

Conocemos a Friedeberg, casi ofende recordarlo, como el notabi-lísimo artista de esas sillas con forma de mano y esos juegos adictivos donde combina surrealismo y op art. Ahora, sí o sí, hay que conocerlo como memorialista; es uno de los muy buenos. No se trata solo de que este muy mexicano autor florentino que llegó aquí por la persecución nazi cuando era niño (nació en el año 36) tenga mucho que contar, que sin duda lo tiene, de su infancia chilanga a sus desavenencias con Leo-nora Carrington. Se trata de un narrador excepcional. Irónico, agudo en la observación, políticamente incorrecto, dueño de un envidiable desparpajo de dandi, se suma a una estupenda nómina de artistas-es-critores que incluye, por ejemplo, a Cuevas, Dalí y Warhol.a

2012 se acerca, y con el año se vislumbra no (esperemos) el fin del mundo de las profecías, pero sí el fin del mundo político mexi-cano tal y como es. Así que un grupo de periodistas y politólogos de largo recorrido se dan a la tarea de explicarnos quiénes son los posi-bles, presuntos candidatos a la presidencia por los diferentes partidos. Zepeda Patterson garantiza seriedad, así que el libro es una oportuni-dad inmejorable de entender a fondo a cada uno de los 13 personajes retratados aquí, o sea, un modo de conocer a nuestro futuro presiden-te. Y es que la nómina de candidatos –Ebrard, López Obrador, Corde-ro, Vázquez Mota, Lujambio, Paredes, Peña Nieto, Beltrones, Creel, De la Fuente, Lozano, Félix y Navarrete– es tan indiscutible como la nó-mina de autores, que incluye desde el propio coordinador o un joven narrador y periodista como Alejandro Páez hasta un consagrado como Miguel Ángel Granados Chapa.a

examen 69

Por Julio Patán

Rubem Fonseca, El cobrador. Traducción de John O‘ Kuinghttons, revisada y adaptada por Delia Juárez G., Cal y Arena, México, 2011.

Gilberto Prado Galán, Sobre héroes y hazañas. Cal y Arena, México, 2011.

Peter Kuper, Diario de Nueva York. Traducción de Eduardo Rabasa. Sexto Piso, México, 2011.

Ilustrador de una espléndida edición de Alicia en el país de las maravillas y de su secuela, Al otro lado del espejo, autor de la cé-lebre tira cómica Espía vs. espía, de la revista Mad, y diarista que nos sorprendió con un muy triste y muy alegre Diario de Oaxaca, Kuper, uno de los grandes de la ilustración y el cómic actual, trae ahora un Diario de Nueva York que muestra, mejor que en ocasiones anteriores si cabe, la versatilidad, la contundencia de su trazo y su capacidad para contar historias. De la historieta a la viñeta, del blanco y negro al color, del retrato social a la crónica del 11 de septiembre de 2001, este libro es de una riqueza y una capacidad de perturbación como pocas veces puede verse. Hay que comprarlo, leerlo, regalarlo y recomendarlo una y otra vez.a

Quien se precie de conocer bien la literatura latinoameri-cana debe ser capaz de hablar de Fonseca. Gran escritor, este vetera-nísimo narrador brasileño (Minas Gerais, 1925) que narra la violencia como nadie: con frialdad, como si no pasara nada, con trazos mínimos y sin exabruptos, pero hasta el límite de lo imaginable, implacable-mente, con un pie en el género negro más negro y otro en el realismo duro, en ocasiones en un registro escalofriante del humor, pero siem-pre con una huella clásica de gran literatura. Cal y Arena, que ha traducido buena parte de su extensa obra, ofrece ahora un volumen con 10 relatos publicado originalmente en 1979. Entre ellos se cuentan al menos dos o tres piezas magistrales del géne-ro. Es mucho más de lo que puede exigirse.a

Sorprenderá a los lectores saber que los libros sobre de-portes venden mal. Eso, probablemente, explica su escasez en el mercado editorial mexicano, que necesita como agua en mayo una buena cuota de periodismo deportivo bien hecho. Con franca volun-tad épica pero con ironía, Prado Galán, narrador, profesor de Litera-tura y sobre todo palindromista, ofrece un amplio puñado de crónicas sobre momentos del deporte de esos que son grandes no (o no nece-sariamente) por sus valores atléticos, sino por sus valores narrativos. Historias de subidas y bajadas, de gloria y fiasco, del boxeo al futbol o el atletismo, de Kid Pambelé a Ana Gabriela Guevara o Chicharito Hernández, el libro, pese a algunas concesiones a la apología excesi-va que no serán del gusto de cualquiera, es de los que se lee con una sonrisa.a

Julio Patán es escritor.

Agenda

70 examen

cultura

25 años de la FIL Alemania 201126 de noviembre al 4 de diciembre Se acerca la reunión editorial más importante de Iberoamérica donde durante nueve días el público escu-cha a sus autores preferidos. Por pri-mera vez en las ediciones de la Feria Internacional del Libro (FIL) ha sido invitado un país que no comparte filiación con las lenguas romances: Alemania, nación que nos ofrecerá un extenso programa cultural que abarca música, exposiciones de arte y una colección de libros de arqui-tectura verde. Destaca la presencia de la Premio Nobel de Literatura 2009, Herta Müller.

examen 71

Sala de Arte Público SiqueirosHasta enero 2012La Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) presenta por primera vez en América Latina la exposición individual Acht Stühle (Ocho sillas) del artista suizo Roman Signer. La muestra incluye algunas de las piezas más representativas de su trabajo, instala-ciones in situ. En sus esculturas de acción, Signer re-define al objeto escultórico a partir del potencial de la casualidad, la investigación científica, el ac-cidente y la posibilidad de que este sea contenido. Museo del Desierto

Centro Metropolitano Las MaravillasSaltillo, CoahuilaEn este museo se utilizan todos los sentidos: la vista, el tacto y los so-nidos donde el pasado convive con el presente, lo pasivo con lo activo, lo vivo con lo muerto, y uno apren-de a ver y a sentir la interrelación de todo. En este lugar viajamos a través del tiempo e interactuamos con áreas del conocimiento tan in-teresantes como: la paleontología, la geología, la biología, la sociología, la historia y el arte. Vale la pena via-jar a Saltillo tan sólo para conocer al desierto dentro y fuera de sus salas de exhibición, y para reconocerlo dentro y fuera de cada uno de no-sotros.

NymanMuseo del ChopoHasta enero 2012El artista visual, escritor y compositor británico Michael Nyman, conside-rado como un “hombre del Renaci-miento” por su creatividad inquieta y polifacética, eligió el Museo Uni-versitario del Chopo para inaugurar su exposición fotográfica Cine Ópera, proyecto que incluye una serie de 48 fotografías y una película de 20 mi-nutos donde explora con su mirada de artista visual, acompasada por su creatividad musical, fragmentos del emblemático y derruido Cine Ópe-ra, gloria de la época de oro del cine mexicano, diseñado por el arquitecto Félix T. Nuncio, en un estilo de Art Decó, construido por el ingeniero Manuel Moreno Torres.

Roman Signer, Punkt, 2006Fotografía: Aleksandra SignerVideoprint: Aleksandra SignerCortesía Galerie Martin Janda, Vienna.

Roman Signer, Sandsule, 1979Foto: Emil GrubenmannCortesía Galerie Martin Janda, Vienna.

Roman Signer, Rotes Band / Atelier, 2005Videoprint: Aleksandra SignerCortesía Galerie Martin Janda, Vienna.

Sopa de números

72 examen

cultura Por Roberto Pliego

Roberto Pliego es escritor.

38 señoríos autónomos y autárquicos forma-ron la llamada Federación de Anáhuac, creada a principios del siglo XV.

1788fue el año en que el federalismo se instau-ró por primera vez en la historia (Estados Unidos).

36artículos conformaron el Acta Consti-tutiva de la Federación firmada el 31 de enero de 1824 en Apatzingán.

97diputados firmaron el Acta Constitutiva de 1824.

11años permaneció vigente la Constitución de 1824, que estableció que México era una república federal.

16veces se había reformado la Constitución de 1857, marcando un viraje hacia el cen-tralismo, cuando en 1884 Porfirio Díaz se reeligió por primera vez.

23estados libres y soberanos estableció la Constitución de 1857.

87reformas a la Constitución de 1917 estu-vieron relacionadas con la naturaleza del federalismo hasta 1995.

75%de las escuelas de educación básica eran financiadas y operadas por la Federación en 1992.

94reglamentos regulan el comercio de la tortilla en México.

50%de los beneficiarios de Procampo tienen propiedades agrícolas con menos de dos hectáreas.

2.6 millonesde mexicanos vivirían en un estado de pobreza alimentaria sin el apoyo de pro-gramas federales de protección social.

75%de las entidades federativas mexicanas presentan una productividad media, baja o muy baja.

300%aumentaron los delitos del orden federal entre enero y abril de 2010 respecto al mismo periodo del año anterior.

72%de los detenidos por delitos federales no llegan a juicio.

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w w w. f u n d a c i o n c o l o s i o . o r g

Por una gobernabilidad democrática y un estado social de derecho

Por una economía comPetitiva y Promotora del desarrollo

Por un comPromiso con la calidad de vida y la equidad

Por una Política ambiental sustentable

Por una Política exterior con rumbo

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