fallo de la corte suprema de los estados unidos marbury v

7/31/2019 Fallo de La Corte Suprema de Los Estados Unidos MARBURY V

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Había dos partidos políticos durante las primeras décadas de la historia de los Estados Unidos comopaís independiente: el Federalista y el Republicano (predecesor este último del partido Demócrata actual enlos Estados Unidos). Los federalistas, el partido oficialista en 1800 durante la presidencia de John Adams,después de una campaña electoral vehemente, perdieron las elecciones de ese año y tenían que transferir elpoder a Thomas Jefferson corno el nuevo presidente el 4 de marzo de 1801 y participar como minoría en elfuturo Congreso. El 13 de febrero de 1801, y como reacción ante la necesidad de transferir el poder, el viejoCongreso aprobó el "Circuit Court Áct of 1801", legislación que estableció dieciséis jueces federales desegunda instancia. La legislación fue un intento de crear rápidamente nuevos cargos en el Poder Judicial quepudieran ser ocupados por federalistas. El presidente Adams nombró y mandó sus comisiones a estosdieciséis jueces durante sus últimas dos semanas en esa función, pero la ley que autorizó los cargos fuederogada por el nuevo Congreso el 31 de marzo de 1802 cuando el caso "Marbury v. Madison" quedópendiente ante la Corte Suprema.

Pero esto era solamente una parte pequeña de la "bronca" que existía entre el Poder Judicial, cuyosmiembros eran federalistas, y el nuevo Congreso y presidente. En 1802 el Congreso, después de un juiciopolítico muy discutido, separó a John Pickering, un juez federal de distrito, de su cargo. Este juez, aunquetenía reputación de ebrio, claramente no era culpable de traición, soborno u otros crímenes, los únicoscargos suficientes para remover a un juez a través de un juicio político en la Constitución estadounidense (adiferencia del art. 45, Constitución argentina, el art. 2', secc. 4, Constitución de los Estados Unidos nopermite un juicio político basado en mal desempeño). Después del éxito del juicio político contra Pickering,los republicanos comenzaron uno contra el ministro federalista más partidario de la Corte Suprema, SamuelChase, y se esperaba que John Marshall habría de seguirle, pero los republicanos y Jefferson no teníansuficiente fuerza política para ganar en estos casos'.

John Marshall fue el secretario de Estado del presidente John Adams y continuó en este cargo enforma temporaria durante las últimas semanas del gobierno federalista aunque ya había sido nombradocomo Presidente de la Corte Suprema en enero de 1801. Él estaba directamente conectado tanto con lasnominaciones de los dieciséis nuevos jueces de segunda instancia como con la historia del caso de Marbury.Cuando faltaba menos de una semana para que terminara el mandato de Adams, el Congreso legisló la

creación de cuarenta y dos cargos de jueces de paz para la Capital Federal, Washington, DC. Pero después,aunque el presidente Adams nombró gente para llenar esos cargos, y sus nominaciones fueron confirmadaspor el Congreso y selladas sus designaciones, en algunos casos no hubo tiempo para Marshall - en su cargocomo secretario de Estado de mandar las designaciones a sus titulares. La administración entrante deThomas Jefferson optó por no reconocer las designaciones no enviadas por la administración previa.

William Marbury fue uno de los jueces de paz nombrado para la Capital Federal que en el apuro delmomento, en marzo de 1801, no recibió su designación. Al no recibir dicha designación del nuevo gobierno,Marbury, junto con otros colegas, decidieron, por lo tanto acudir directamente a la Corte Suprema, en elperíodo correspondiente a diciembre de 1801, para exigir que el secretario de Estado del presidenteJefferson, James Madison, expidiera los nombramientos correspondientes. La Corte recién tomó una decisiónen febrero de 1803.

Antes de transcribir la opinión de la Corte, el relator sintetizó brevemente los antecedentes del caso,del siguiente modo:

"En el último período, esto es, diciembre de 1801, William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe,y William Harper, a través de su abogado Charles Lee ex ministro de Justicia de los EE.UU. solicitaron alTribunal que ordenara a James Madison manifestar las causas por las cuales la Corte debería abstenerse de



De ello se sigue, por lo tanto, que el examen de la legalidad de los actos de los titulares de lasreparticiones dependientes del Ejecutivo, depende, en cada caso, de la naturaleza del acto.

Por la Constitución de los EE.UU., el presidente está investido de algunos importantes poderespolíticos cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio, y por el cual es sólo responsable ante el pueblo,desde el punto de vista político, y ante su propia conciencia.

Para colaborar con él en el cumplimiento de sus funciones, puede designar funcionarios que actúen

bajo su autoridad y de conformidad con sus órdenes. En estos casos, los actos de los funcionarios son losactos del presidente, y sea cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en que el Ejecutivo utiliza suspoderes discrecionales, no existe ni puede existir poder alguno que los controle. Las materias son políticas,atañen a la Nación, no a derechos individuales, y habiendo sido confiadas al Ejecutivo, la decisión delEjecutivo es terminante.

Lo dicho está claramente ejemplificado en la creación legislativa del Ministerio de RelacionesExteriores. El ministro de Relaciones Exteriores debe desempeñarse, desde que su función es creaciónlegislativa, precisamente de conformidad con la voluntad del presidente. Es meramente el órgano a travésdel cual se transmite la voluntad del presidente. Los actos de ese funcionario, en su calidad de tal, nopueden ser nunca examinados por los tribunales.

Pero cuando el Congreso impone a ese funcionario otras obligaciones; cuando se le encomienda porley llevar a cabo ciertos actos; cuando los derechos de los individuos dependen del cumplimiento de talesactos, ese funcionario deja de ser funcionario del presidente para convertirse en funcionario de la ley; es

responsable ante las leyes por su conducta y no puede desconocer a su discreción los derechos adquiridosde otros.

La conclusión de este razonamiento es que cuando los titulares de los departamentos actúan cornoagentes políticos o confidenciales del Ejecutivo y no hacen más que poner en práctica la voluntad delpresidente, en aquellos casos en que éste posee poderes discrecionales legal o constitucionalmenteconferidos, nada puede resultar más claro que el control de tales actos sólo puedo ser político. Pero cuandose les asigna por ley una obligación determinada de cuyo cumplimiento depende la vigencia de derechosindividuales, parece igualmente claro que todo aquel que se considere perjudicado por el incumplimiento detal clase de obligaciones tiene derecho a recurrir a las leyes de su país para obtener una reparación. Es porlo tanto la opinión de esta Corte que Marbury tiene derecho a su nombramiento y que la negativa aentregárselo constituye una clara violación de ese derecho frente a la cual las leyes de su país brindan unremedio.

Resta considerar ¿le corresponde el remedio que solicita? Ello depende de: a) la naturaleza de lamedida que solicita, y b) el poder de esta Corte.

Si la medida solicitada fuera concedida, debería dirigirse a un funcionario del gobierno, y el contenidode la misma consistiría, usando las palabras de Blackstone, en “una orden de hacer algo en particular allí especificado, que atañe a su cargo y deberes y que la Corte ha determinado previamente, o al menos,supuesto, que es correcto y ajustado a derecho”. 0 bien, en las palabras de Lord Mansfield, el solicitante, eneste caso, tiene “un derecho a ejecutar un cargo de interés público, y es privado de la posesión de esederecho”. Estas circunstancias ciertamente se dan en este caso.

Pero para que el mandamiento - la medida solicitada - surta los efectos deseados, debe ser enviadaa un funcionario al cual pueda serle dirigida, sobre la base de los principios legales; y la persona solicitantede la medida debe carecer de otro recurso legal específico.

Respecto del funcionario al cual se dirigiría la medida, la íntima relación política que existe entre elpresidente de los EE.UU. y los titulares de los ministerios hace particularmente fastidiosa y delicada cualquier

investigación legal de sus actos, y hasta puede dudarse de que corresponda llevar a cabo talesinvestigaciones. Es común que la gente en general no reflexione ni examine a fondo las impresiones querecibe y, desde tal punto de vista, no sería conveniente que en un caso como éste se interprete la atención judicial del reclamo de un particular como una forma de intromisión en la esfera de prerrogativas exclusivasdel Poder Ejecutivo.

No es necesario que la Corte renuncie a toda su jurisdicción sobre tales asuntos. Nadie sostendría tanabsurda y excesiva extravagancia ni por un momento. La competencia de la Corte consiste, únicamente, endecidir acerca de los derechos de los individuos y no en controlar el cumplimiento de los poderesdiscrecionales del presidente o sus ministros, Los asuntos, que por su naturaleza política o por disposiciónconstitucional o legal, están reservados a la decisión del Ejecutivo, no pueden estar sometidos a la opiniónde la Corte.

Pero si no se tratara de un asunto de tal naturaleza; si, lejos de constituir una intrusión en losasuntos propios del gabinete, estuviera únicamente vinculado con un papel cuya obtención la ley permite

sólo a condición del pago de 10 centavos; si ello no supusiese intromisión alguna en materias sobre lascuales se considera al Ejecutivo como no sujeto a control alguno; ¿qué habría en la alta condición delfuncionario que impidiera a un ciudadano reclamar sus derechos ante un tribunal de justicia, o que



Sección II. Corresponde al Poder Judicial aplicar el derecho positivo y los principios de justicia, en todas las causas que versaren sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de los EE.UU., y por los tratados hechos o que fueren hechos bajo su autoridad; de todas las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más estados; entre un estado y los vecinos de otro; entre los vecinos de diferentes estados; y ente ciudadanos del mismo estado que demandaren tierras concedidas por diferentes estados; y entre una provincia, o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero.

En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria. En todos los casos mencionados anteriormente, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso".

Se ha sostenido ante el Tribunal que, como el otorgamiento constitucional de jurisdicción a la CorteSuprema y a los tribunales ordinarios es general, y la cláusula que asigna las causas de jurisdicción originariaa la Corte Suprema no contiene expresiones negativas o restrictivas, el Poder Legislativo mantiene lafacultad de atribuir competencia originaria a la Corte en otros casos que los precedentemente indicados,tomando en cuenta que tales casos pertenecen al Poder Judicial de los Estados Unidos.

Si se hubiera querido dejar librado a la discreción del Poder Legislativo la posibilidad de distribuir elPoder Judicial entre la Corte Suprema y los tribunales inferiores, habría sido ciertamente inútil hacer otra

cosa que definir el ámbito de competencia del Poder Judicial en general, mencionando los tribunales a losque corresponde ejercerlo. Si ésta es la interpretación correcta, el resto de la norma constitucional carece desentido.

Si el Congreso tiene la libertad de asignar a esta Corte competencia por apelación en casos enlos que la Constitución le asigna competencia originaria y fijarle competencia originaria en los casos en quele corresponde ejercerla por apelación, la distribución hecha en la Constitución es forma carente decontenido.

Las palabras afirmativas son, a menudo en su operatividad, negatorias de otros objetos que losprescriptos, y en este caso debe asignárselas ese sentido so pena de privarías de sentido en absoluto. Nopuede presumiese que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no tener efecto, y, por lo tanto,la interpretación contraria es inadmisible salvo que el texto expreso de la Constitución así lo manifieste.Cuando un instrumento legal organiza las bases fundamentales de un sistema judicial dividiéndolo en unaCorte Suprema y en tantas inferiores como el Congreso decida, enumerando sus poderes y distribuyéndolosmediante la delimitación de los casos en los que la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria y aquellosen que la ejercerá por vía de apelación, el sentido evidente de las palabras parece ser que en una clase decasos la competencia será originaria y no en los demás. Si cualquier otra interpretación convirtiera eninoperante dicha cláusula, tendríamos allí una razón adicional para rechazarla y para adherir al sentido obviode las palabras. Luego, para que esta Corte esté en condiciones de emitir una orden de ejecución como laque se pide, debe demostrarse que se trata de un caso de competencia por apelación.

Se ha dicho en el Tribunal que la jurisdicción apelada puede ejercerse de diversos modos y quesiendo la voluntad del Congreso que un mandamiento pueda ser emitido en el ejercicio de la jurisdicciónapelada (ver ley de organización judicial de los EE.UU. de 1789), dicha voluntad debe ser obedecida. Esto escierto, pero no obstante ello, la jurisdicción debe ser apelada y no originaria.

Es el criterio esencial de la jurisdicción por apelación, que ella abarca tópicos previamentedeterminados y no crea otros nuevos. Por ello, aunque es posible emitir un mandamiento a los tribunalesinferiores, hacerlo respecto de un funcionario para que entregue un documento es lo mismo que intentaruna acción originaria para la obtención de dicho documento, y por ello, no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la originaria: Tampoco es necesario, en este caso, capacitar a la Corte para queejerza su competencia por vía de apelación. Por lo tanto, la autoridad otorgada a la Corte Suprema por la ley de organización judicial de los EE. UU. para emitir órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada en la Constitución, y hasta se hace necesario preguntarse si una competencia así conferida puede ser ejercida .

La pregunta acerca de si una ley contraria a la Constitución puede convertirse en ley vigente del país esprofundamente interesante para los EE.UU. pero, felizmente, no tan complicada como interesante. Paradecidir esta cuestión parece necesario tan sólo reconocer ciertos principios que se suponen establecidoscomo resultado de una prolongada y serena elaboración. Todas las instituciones fundamentales del país sebasan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futurolos principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. El ejercicio de ese derecho supone un granesfuerzo, que no puede ni debe ser repetido con mucha frecuencia. Los principios así establecidos son

considerados fundamentales. Y desde que la autoridad de la cual proceden es suprema, y puede raramentemanifestarse, están destinados a ser permanentes. Esta voluntad originaria y suprema organiza el gobierno



Supongamos una carga impuesta sobre la exportación de algodón, o tabaco o harina, y supongamos que sepromueve una acción judicial destinada a exigir la devolución de lo pagado en virtud de dicha carga.

¿Debe darse un pronunciamiento judicial en tal caso? ¿Deben los jueces cerrar los ojos a laConstitución y ver sólo la ley?

La Constitución prescribe que: 'No se sancionarán leyes conteniendo condenas penalesindividualizadas ni leyes retroactivas'.

Si, no obstante, tales leyes son sancionadas y una persona es procesada bajo tales leyes ¿debe laCorte condenar a muerte a esas víctimas a quienes la Constitución manda proteger?

Dice la Constitución: 'Ninguna persona será procesada por traición salvo mediante el testimonio dedos testigos sobre el mismo acto o mediante su confesión pública ante un tribunal de justicia'.

En este caso, el lenguaje de la Constitución está especialmente dirigido a los tribunales. Les prescribedirectamente una regla de prueba de la que no pueden apartarse.

Si la Legislatura modificara esa norma y permitiera la declaración de un solo testigo o la confesiónfuera de un tribunal de justicia como requisitos suficientes de prueba, ¿debería la norma constitucional cederfrente a esa ley?

Mediante estos y muchos otros artículos que podrían seleccionarse es claro que los constituyenteselaboraron ese instrumento como una regla obligatoria tanto para los tribunales como para la Legislatura.

¿Por qué motivo, si no, prescribe a los jueces jurar su cumplimiento? Este juramento apela,ciertamente, a su conducta en el desempeño de su cargo de carácter oficial.

¡Qué inmoralidad sería imponérselos, si ellos [los jueces] fueran a ser usados como instrumentos ycomo instrumentos conscientes de la violación de lo que juran respetar!

El juramento del cargo judicial impuesto por el Congreso, es también completamente ilustrativo de laopinión legislativa sobre esta cuestión.

Este juramento dice: “juro solemnemente que administraré justicia sin importar las personas y haré justicia igualmente al pobre como al rico; y que desempeñaré leal e imparcialmente todas las obligacionesatinentes a mi cargo como..., de acuerdo a mis mejores capacidades y comprensión, con forme con la Constitución y las leyes de los EE.UU.”

¿Por qué motivo jura un juez desempeñar sus deberes de acuerdo con la Constitución de los EE.UU.si esa Constitución no fuera una norma obligatoria para su gobierno? ¿Si estuviera cerrada sobre él y no

pudiera ser inspeccionada por él?Si fuera ése el estado real de las cosas, constituiría algo peor que una solemne burla.

Pero además de ello, imponer, tanto como jurar en esos términos sería una hipocresía.

No es tampoco inútil observar que, al declarar cuál será la ley suprema del país, la Constitución en sí misma es mencionada en primer lugar; y no todas las leyes de los EE.UU. tienen esta calidad, sino sóloaquellas que se hagan de conformidad con la Constitución.

De tal modo, la terminología especial de la Constitución de los EE.UU. confirma y enfatiza el principio,que se supone esencial para toda constitución escrita, de que la ley repugnante a la Constitución es nula, yque los tribunales, así como los demás poderes, están obligados por ese instrumento.

Por ello, se rechaza la petición del demandante. Cúmplase".

CUESTIONARIO

Para solucionar las preguntas que siguen resulta esencial efectuar varias lecturas del fallo y una discusiónelaborando sus problemas.

1

a. ¿Quién fue el ganador en este litigio?

b. ¿Reconoce la Corte que Marbury tiene un derecho que ha sido violado?

c. ¿Recibe Marbury su designación como juez de paz?

d. ¿Emitió la Corte Suprema un mandamiento para forzar al secretario de Estado a expedir ladesignación?



e. ¿Si Marbury tiene derecho a recibir su designación, por qué no emite la Corte Suprema unmandamiento?

f. ¿Hay una declaración de inconstitucionalidad en este fallo?

g. ¿Cuál es el acto de gobierno o la ley que la Corte está declarando inconstitucional? Laidentificación de la ley que la Corte está declarando inconstitucional no es fácil, pero es necesario que seaidentificada por el lector para entender el fallo. Preste atención a la frase de la decisión que hemos

subrayado y advierta que todo el resto de la decisión es una discusión acerca de si la Corte tiene la facultadde declarar inconstitucional una ley o acto de gobierno que ha encontrado incompatible con la Constitución.¿Está claro ahora cuál es la ley que la Corte no considera respaldada por la Constitución y, por lo tanto, nova a aplicar?

2. Nunca olvide que Marshall fue el secretario de Estado, el ministerio de gobierno más importante en estaépoca, antes de ser presidente de la Corte, y sabía muy bien cómo sobrevivir y aumentar su poder dentro dela política estadounidense. ¿Qué habría ocurrido si Marshall hubiera conducido a la Corte a declararinconstitucional la decisión del gobierno de no expedir la designación de Marbury y hubiera emitido unmandamiento al secretario de Estado, James Madison, ordenándole enviar la designación? Recuerde laimpopularidad de los federalistas en ese momento.

3. Dada su débil posición política en el momento en que escribió "Marbury v. Madison",

a) ¿pudo Marshall esperar que sería respetada por el Poder Ejecutivo y el Congreso cualquier

declaración de inconstitucionalidad que los afectara?b) ¿Cómo pudo Marshall establecer la institución del control de constitucionalidad ejercido por el

Poder Judicial en tales circunstancias?

c) ¿Cuál fue el "arma secreta" de Marshall en "Marbury v. Madison" que le permitió establecer elprincipio de control de constitucionalidad aun cuando tenía un Congreso y un presidente hostiles? Recuerdea qué poder estaba dirigida la ley que fue declarada inconstitucional en el fallo.

d) ¿Cuál de los tres poderes de gobierno resultó con sus facultades restringidas por la declaración deinconstitucionalidad del fallo?

e) ¿Había alguna forma de que el Poder Ejecutivo o el Congreso hubieran podido no cumplir, dehaberlo decidido, la declaración de inconstitucionalidad hecha en la sentencia de Marshall?

¿Cuál es el único poder afectado por la declaración de inconstitucionalidad pronunciada por la Corte?

4. En la primera parte de la decisión, Marshall explica las circunstancias en las cuales el Poder Judicialpuede ejercer el control de constitucionalidad.

a) ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para que la Corte Suprema actúe? Imagine algunassituaciones hipotéticas. Por ejemplo,

i. ¿puede la Corte Suprema declarar inconstitucional una decisión del Poder Ejecutivo dedesignar un delincuente conocido para conducir negociaciones con un país que apoya el terrorismo?

ii. ¿Puede la Corte Suprema declarar inconstitucional un tratado con un país que anula uncontrato hecho con una compañía argentina si el demandante es la compañía dañada?

5. Hay una regla básica de derecho constitucional, tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, porla cual la Corte Suprema no puede hacer una declaración de inconstitucionalidad si tal declaración no esnecesaria para decidir el caso. Una declaración de inconstitucionalidad siempre es el último recurso de la

Corte. ¿Fue necesario en el presente fallo para la Corte hacer una declaración de inconstitucionalidad, opudo la Corte decidir "Marbury" sin la necesidad de discutir el problema constitucional?

a) Lea los arts. 116 y 117 de la Constitución argentina y el art. 3º de la Constituciónestadounidense.¿Cuáles son los dos tipos de jurisdicción ejercida por la Corte Suprema?

b) ¿Qué tipo de jurisdicción está invocando "Marbury" al decidirse a acudir directamente a la CorteSuprema?

c) ¿Qué tipo de jurisdicción dice Marshall que es la única que pudo ser invocada en este caso?

d) ¿Pudo la Corte decidir este caso en un solo párrafo sin ninguna necesidad de preocuparse portemas constitucionales y las relaciones entre los distintos poderes del gobierno?

6. Hay una distinción muy común en el sistema anglosajón, que también ha sido utilizada en la Argentina,entre el holding de un caso y el obiter dictum. El holding es la parte de los fundamentos del fallo que resultaindispensable para decidir el caso y entonces tiene mucha fuerza como precedente en casos posteriores. Elobiter dictum consiste en pronunciamientos, elaboraciones y razonamientos que están en el fallo, pero no



son necesarios para decidir el caso, y entonces, como regla general, no tienen la misma importancia comoprecedentes para el futuro. Por ejemplo, supongamos un caso en el que una persona poseedora de unafracción de tierra, que resulta expropiada por un decreto del Poder Ejecutivo, solicita a los tribunales ladevolución de la tierra alegando que la expropiación fue inconstitucional por haber sido hecha por decreto.Si el tribunal rechaza la acción - por considerar que el peticionante no es el dueño del inmueble, pues secomprueba que lo había usurpado unos años antes y que por lo tanto no existe un derecho de propiedadconforme al art. 17 de la Constitución -, pero declara al mismo tiempo la inconstitucionalidad de laexpropiación por haberse hecho por decreto, vamos a decir que la primera parte del fallo (rechazo de laacción fundado en la inexistencia del derecho de la propiedad) es el holding; y la segunda parte (declaraciónde inconstitucionalidad de la expropiación) es el obiter dictum, porque no era necesario para la decisión delcaso tal como fue resuelto. La justificación para esta distinción, fuera del problema de declaraciones deinconstitucionalidad innecesarias, es que un tribunal va a preocuparse, principalmente, por los aspectos deun caso necesario para su decisión y estaría dando demasiado poder a sus palabras al aplicar su obiterdictum en forma igual como precedente invocaba en litigios futuros. En varias ocasiones, en este libro,vamos a utilizar la distinción entre holding y obiter dictum para determinar la importancia que tienenaspectos distintos del mismo fallo de la Corte. ¿Es la declaración de inconstitucionalidad en "Marbury v.Madison" holding u obiter dictum? Thomas Jefferson sostuvo durante todo el resto de su vida que el fallo fuepuro obiter dictum, pero esto no afectó el golpe político que Marshall dio y la importancia histórica del fallo.

7. El razonamiento de Marshall al redactar la opinión de la Corte en su primera declaración deinconstitucionalidad muestra varias debilidades, quizás intencionalmente descuidadas por Marshall. Lea conatención la última parte de la Sección 1 de la ley de organización de la justicia de 1789. ¿Dice que la CorteSuprema tiene el poder de emitir mandamientos cuando actúa como tribunal de apelación?Tradicionalmente, como reconoce Marshall en su opinión, los tribunales de apelación en los paísesanglosajones no han tenido el poder de emitir mandamientos, pero entonces, ¿cómo está interpretandoMarshall la frase de la ley que dice: "y tendrán el poder de mandar órdenes a los tribunales de almirantazgo,y mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho?"¿Si tradicionalmente los tribunales de apelación no podían emitir mandamientos, como interpretaría usted"principios y costumbres de derecho?" ¿Si una declaración de inconstitucionalidad es un acto extraordinarioque tiene que ser invocado con mucha prudencia, y si hay una ley que puede ser interpretada de dosformas, una de las cuales implica que la ley sea inconstitucional y la otra que sea constitucional, cuálinterpretación generalmente escogería un juez?

8.

a) ¿Cuál es la justificación en el fallo para el control de constitucionalidad por el Poder Judicial?

b) ¿Está de acuerdo con Marshall cuando dice: "Hay sólo dos alternativas demasiado claras paraser discutidas: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla, o la Legislatura puede alterar laConstitución mediante una ley ordinaria. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constituciónes la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes y de talmodo, como cualquiera de ellas, puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Sies cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio, esverdadera la segunda, ¿entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar unpoder ilimitable por naturaleza"?

c) ¿Está de acuerdo con Marshall cuando dice que los jueces están obligados a ejercer control deconstitucionalidad sobre las leyes y actos de gobierno porque prestan un juramento de juzgar de

conformidad con la Constitución? Lea el art. 93 de la Constitución argentina. El presidente de los EstadosUnidos y los miembros del Congreso prestan un juramento parecido. ¿Es verdad que solamente hay unaConstitución cuando existe control de constitucionalidad ejercido por el Poder Judicial?

d) ¿Cuál es realmente la cuestión de fondo en "Marbury", si puede existir una Constitución sincontrol de constitucionalidad, o quién va a ejercer este control?

9. Tanto el art. 3º de la Constitución estadounidense como el art. 117 de la Constitución argentina dicenque: "La Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescribael Congreso".:

a) ¿Puede el Congreso eliminar la jurisdicción de la Corte Suprema en una materia para evitar laamenaza de una declaración de inconstitucionalidad?

b) ¿Es la existencia de esta posibilidad un argumento a favor de que los constituyentes noprevieran un sistema amplio de control de constitucionalidad?



LA CELEBRE DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO de los Estados Unidos,

presidido por el Juez Marshall, en 1803, ha sido hasta la fecha el caso recurrente de

análisis al estudiar los antecedentes del control de constitucionalidad.

Los hechos del caso

Respecto de los hechos, poco conocidos en Ecuador, ocurrió que en 1800, el entonces

Presidente de los Estados Unidos John Adams le propuso al Primer Presidente del

Tribunal Supremo, John Jay, la reelección, quien la rechaza. Adams, finalizando su

período, realiza entonces una serie de designaciones de jueces entre federalistas adictos a

la Unión, entre los que aparecían dos nombramientos: el de John Marshall como Chief

Justice del Tribunal Supremo, quien había sido Secretario de Estado del mismo presidente

Adams y que se encontraba con licencia de la Corte, y el de Marbury como Juez Federal

de Distrito. Por la celeridad del nombramiento, el decreto no fue entregado a Marbury por

el entonces Secretario de Estado John Marshall. La credencial debía ser entregada por elsecretario de Estado, por lo que, ya en la presidencia de Thomas Jefferson, Marbury la

solicita al nuevo Secretario de Estado, quien se niega a entregar el decreto que contenía el

nombramiento.

Marbury, entonces, acude al Tribunal Supremo, al que había retornado John Marshall,

para que expida un weite of mandamus, mediante el cual se obligue a Madison a la

entrega de la credencial, invocando la Judiciary Act de 1789, norma de rango legal, que

permitía la expedición de dichos nombramientos.1

La decisión de Marshall

En este caso, existe una ley - la Judiciary Act de 1789- que es estimada

inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo presidido por John Marshall, por una serie

de consideraciones. En la sentencia se reconoce el nombramiento de Marbury y el

derecho que tiene de que se le entregue la credencial, señalando que su entrega no es una

potestad discrecional del Presidente y del Secretario de Estado. Pero también estima que

la Supreme Court es solo un tribunal de apelación de conformidad con la Constitución de

los Estados Unidos, por lo que el Judiciary Act de 1789 resultaba inconstitucional al

establecer la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Supremo. 2

Lo principal que se destaca del fallo, entonces, es la consideración que la competencia

que le asignaba la Judiciary Act de 1789 a la Supreme Court era inconstitucional, pero,

curiosamente, el judicial review que se inaugura con esta sentencia no se encontrabaexpresamente prevista en la Constitución de los Estados Unidos.

Este caso ha sido plagado de mitos, pues, por una parte, se ha querido resaltar la

imparcialidad de Marchall, producto de que el fallo, finalmente, no favorecía al coideario

al que se le pudo beneficiar con la estricta aplicación de la Judiciary Act de 1789, la que

es declarada inconstitucional en la sentencia, pero, por otra parte, se ha llegado a señalar

que Marshall mantenía serias diferencias con Marbury, lo que habría incidido en la

resolución del caso.

Los fundamentos del judicial review en la sentencia

Como fundamento del judicial review y de la competencia de la Supreme Court para

resolver de ese modo el caso, en el fallo se consideró que quienes han forjado



constituciones escritas lo han hecho para que sean la ley suprema de la Nación, siendo

nulo todo acto contrario a la Constitución; corresponde, entonces, al Poder Judicial

decidir cuál es la ley, y si hay dos leyes en conflicto se debe resolver la fuerza de cada

una; si una de las normas en conflicto es la Constitución se debe resolver o bien aplicando

el texto constitucional desechando la ley, ora aplicando, la ley con desprecio de la

Constitución y, si la Constitución es suprema, la Corte debe ceñirse a sus preceptos y no alos de la ley. Respecto de la competencia se la Supreme Court , el fallo señala que el Poder

Judicial de los Estados Unidos se extiende a todos los casos que surgen de la

Constitución, no pudiendo resolver uno de estos casos sin atender al Código

Fundamental, agregando que el jurament de obediencia a la Constitución que se exige a

los jueces sería inmoral si fuera n los mismos jueces el medio consciente para violar lo

que ellos mismos han jurado sostener. Así el fallo de Marshall decide aplicar la

Constitución al caso, declarando inconstitucional una ley, y, al mismo tiempo, viola la

Constitución al ejercer una atribución no conferida por el mismo Código Político.

En el Ecuador, el caso seguido contra Federico Irigoyen y otros por sedición, que fuera

resuelto en 1887 por la Corte Suprema Marcial, es uno de los antecedentes del control de

la constitucionalidad en el país, y en el que, a diferencia de la sentencia de Marshall,estimó que el Poder Judicial no puede dejar sin efecto una ley por considerarla

inconstitucional, pues si bien el órgano legislativo no puede excederse de sus

atribuciones, como lo haría al dictar leyes inconstitucionales, tampoco, el Poder Judicial

puede excederse de las suyas ejerciendo facultades que la Constitución no le ha otorgado.

La reseña de este caso será motivo de otra presentación

fallo de la corte suprema de los estados unidos marbury v

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