CULTURA DE LA LEGALIDAD Y DIVULGACINDEL ORDEN JURDICO

Eduardo Castellanos Hernndez

RESUMEN: Eduardo Castellanos Hernndez describe el esfuerzo sin precedentesque realiza el gobierno federal, a travs de la Secretara de Gobernacin, paracompilar, mantener actualizado, sistematizar, poner a disposicin del pblico,difundir y promover el orden jurdico nacional en su conjunto (mbitos federal,estatal y municipal) como una contribucin, mediante un nuevo servicio pblico,al fomento de la cultura de la legalidad y la democratizacin del rgimen polticomexicano.

ABSTRACTS: Eduardo Castellanos Hernndez describes the unprecedented effortcarried out by the Federal Government via the Secretariat of Internal Affairs tocompile, update, systematize, put to publics disposition, spread, and promote thenational judicial order as a whole (federal, state, and municipal). And therefore,to contribute, via a new public service, to the encouragement of a culture of legalityand the democratization of the Mexican politics regime.

RSUM: Eduardo Castellanos mentionne leffort sans parallle fait par le gou-vernement fdral, travers du Ministre de lIntrieur, pour compiler, actualiser,systmatiser, mettre la porte du publique, diffuser, et promouvoir lordrenational (dans les ambiances fdral, de ltat et municipal) comme une contri-bution, avec laide d un service publique, pour fomenter la culture de la lgalitet la dmocratisation du rgime politique mexicain.

Derecho y Cultura, nm. 11-12,septiembre-diciembre de 2003,pp. 75-81.

I. INTRODUCCIN

Los avances logrados por nuestro pas en el mbito poltico constitucio-nal y en el funcionamiento del sistema poltico mexicano se caracterizanactualmente no slo por la transicin poltica y el cambio democrticosino, igualmente, por la alternancia partidista, incluso, la doble alternan-cia, as como por gobiernos divididos, esto es, aquellos en los que ningnpartido poltico por s mismo ostenta una mayora absoluta en los rganoscolegiados de gobierno y en el circuito de la decisin poltico administra-tiva. El ejemplo ms significativo de este escenario inequvocamentedemocrtico es el proceso legislativo, federal y en algunas entidades fe-derativas, en donde intervienen rganos parlamentarios plurales y rganosejecutivos de un partido poltico que no ostenta mayora en su correspon-diente asamblea legislativa.

Estas circunstancias en la estructura y funcionamiento del sistema po-ltico y de las administraciones pblicas ponen de manifiesto la necesidady la urgencia de afirmar y fortalecer la cultura de la legalidad, como unelemento bsico para preservar el respeto irrestricto al Estado de derecho,en una etapa de la evolucin poltica de Mxico en la que slo la forma-cin de consensos al amparo de la ley podr permitir la consecucin delos objetivos nacionales ms preciados, en un ambiente de estabilidad yarmona sociales.

La presente es una reflexin sobre el contenido del orden jurdico na-cional y sobre la cultura de la legalidad, a efecto de contribuir al forta-lecimiento y difusin de la cultura poltica democrtica. Hoy, el gran retode los mexicanos de esta generacin caracterizada por la pluralidad,la alternancia y los gobiernos divididos es, precisamente, demostrar que lademocracia es un sistema eficaz y eficiente para gobernar este pas. Deotra manera, los costos econmicos y el esfuerzo institucional y social paraafirmar las frmulas democrticas de gobierno se desvaneceran, con elconsecuente desencanto y desapego a este tipo de instituciones.

La relacin entre los actores polticos regulada por la Constitucin ylas leyes electorales ha sido motivo de una cuidadosa actualizacin y vi-gilancia a travs no slo de los mecanismos polticos propios de dichosactores, sino incluso mediante procedimientos jurisdiccionales a cargo delPoder Judicial de la Federacin. El dilogo que realizan los actores pol-ticos, formalmente, al menos, se caracteriza por el respeto a las normasque lo regulan, de tal suerte que el conocimiento de las disposiciones ju-

EDUARDO CASTELLANOS HERNNDEZ

76

rdicas se convierte en un elemento bsico de la accin partidista, parla-mentaria, electoral, en las organizaciones sociales, esto es, en todos losmbitos de la accin poltica.

Sin embargo, no es posible decir lo mismo respecto de la relacin entreEstado y sociedad, entre la sociedad poltica y la colectividad social; esdecir, entre quienes gobiernan o pretenden gobernar y los gobernados.En esta relacin, la constante es el desconocimiento de las reglas que nor-man esa interaccin, para todos es conocido que esta omisin conducefatalmente a la discrecionalidad, el autoritarismo y la corrupcin, malesendmicos en una sociedad que con dificultad pretende superar su atrasopoltico.

II. EL ENTORNO DE LA DIVULGACIN

Es un lugar comn afirmar que la educacin, la cultura de la legalidady el acceso a la informacin son elementos esenciales de la cultura polticademocrtica, de tal suerte que el fortalecimiento de sta tiene que apro-vechar las nuevas tecnologas de la informacin, una de las cuales, sinduda la de mayor alcance y posibilidades en el futuro, es la red mundialde datos conocida como internet, cuyos beneficios no han sido an ex-plotados en sus mltiples posibilidades para el propsito democrtico.Como lo seala Gerardo Laveaga, El asunto de la difusin jurdica, portanto, no es un asunto que slo est relacionado con el mbito jurdicosino, tambin, con el social.1

Desde luego que la principal restriccin que se tiene a este respecto esel nmero todava reducido de computadoras que existen en el pas. Se-gn los datos del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Inform-tica, slo se contaba hasta el ao de 2001 con 6.9 millones de equiposde cmputo para dar servicio a una poblacin de poco ms de cien mi-llones de habitantes.2 Para explorar las posibilidades de desarrollo de losservicios informticos, cabe recordar que hasta marzo de 2003, segn laComisin Nacional de Telecomunicaciones en nuestro pas haba 15 mi-llones 252 mil lneas telefnicas y 26 millones 724 mil telfonos celulares.3

CULTURA DE LA LEGALIDAD

77

1 Laveaga, Gerardo, La cultura de la legalidad, Mxico, UNAM, 2000, p. 19.2 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica. Citado en Programa de desarrollo

informtico, 2002, p.28. Direccin electronica: http://www.inegi.gob.mx/difusion/espanol/fnuevopdi.html3 Fuente: Direccin General de Tarifas e Integracin Estadstica, COFETEL con informacin

proporcionada por los concesionarios. http://www.cofetel.gob.mx

Si fuese posible definir al sector moderno de la economa nacional a partirde estos datos, podramos hablar, tal vez, de no ms de diez millones demexicanos que aqu participan, si partimos del supuesto de que es unagente econmicamente activo del sector moderno de la economa na-cional quien tiene una computadora, una lnea telefnica y un telfonocelular.

Ahora bien, el hecho de contar con un equipo de cmputo no es su-ficiente, se requiere que exista una conexin a internet y es aqu dondeel nmero de usuarios se reduce dramticamente. Segn datos del INE-GI, hasta el ao 2001 existan slo 2 millones 694 mil 815 viviendas conequipo de cmputo y de stas slo el 53%, es decir, 1 milln 428 mil252, tenan acceso a internet.4 En el sector pblico la situacin es mspreocupante an, porque hasta el ao de 2001 se contaba con 406 mil632 computadoras personales, de las que slo hasta entonces 73 mil equi-pos de cmputo contaban con acceso a internet en las administracionespblicas.5

Empero, un agente moderno de la economa nacional lo es tambinaqul que respeta de manera escrupulosa y puntual el Estado de derecho,para lo cual necesariamente tiene que advertir la necesidad de su aplica-cin y, por ende, tener un mnimo de inters en conocerlo y acudir a lpara atender sus asuntos, particularmente cuando stos amenazan contornarse contenciosos.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin PblicaGubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federacin de 13 de juniode 2002, abre posibilidades muy importantes para el desarrollo de lossistemas informticos en la administracin pblica federal. Cuando esteordenamiento forme parte de todas las legislaciones locales, sin lugar aduda, se contribuir de manera indirecta a crear la necesidad de la co-nexin a internet en todas las oficinas pblicas estatales y municipales,habida cuenta su obligacin de poner al alcance de todos los interesadoslos datos cotidianos de su gestin.

EDUARDO CASTELLANOS HERNNDEZ

78

4 Fuente: Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica, ENCO, Mdulo Nacional de Computacin,2001. http://200.23.8.5/informatica/espanol/estadisticas/disps2002/Modulo/g-disponepc.html

5 Fuente: INEGI, Encuesta Informtica en la Administracin Pblica Federal y Estatal 2001.http://200.23.8.5/informatica/espanol/estadisticas/spublico/index.html

III. EL CONOCIMIENTO DEL ORDEN JURDICO

La compilacin y el estudio sistemtico del conjunto de disposicionesque constituyen el orden jurdico nacional, en los diferentes rdenesde gobierno del pas, ha sido una tarea largamente postergada. Al da dehoy, no existe en Mxico una sola institucin pblica que haya puesto alalcance de todos los gobernados e interesados en conocer los ordenamien-tos jurdicos, el conjunto de las disposiciones que las rigen compiladas demanera integral, exhaustiva, fidedigna, con textos vigentes y actualizadosal da de la consulta, para su conocimiento inmediato y gratuito.

Las diferentes autoridades pblicas se han conformado con la obliga-cin de la publicacin oficial de sus disposiciones en los diarios, peridicosoficiales y gacetas gubernamentales. Sin embargo, en muchas entidadesfederativas el peridico oficial del Estado an se publica en prensa planay, obviamente, su texto no es dado a conocer al pblico en general atravs de la red electrnica de datos, internet.

Ciertamente, es obligacin de los gobiernos locales enviar al gobiernofederal un ejemplar de sus peridicos oficiales, pero la compilacin y sis-tematizacin de las normas expedidas por las autoridades locales tiene supropia especializacin y complejidad, de tal suerte que un capturista si-tuado a cien o a mil kilmetros de distancia de las dems fuentes y delentorno de la norma jurdica que pretenda compilar, difcilmente podrasegurar una tarea puntual, cotidiana y fidedigna. Ms an, en el casode los gobiernos municipales, en la mayor parte de ellos no existe unagaceta municipal que de cuenta de las disposiciones aprobadas por el ca-bildo o emitidas por las autoridades administrativas del ayuntamiento, detal suerte que, en el mejor de los casos, la publicacin en los estrados delcabildo hace imposible una compilacin centralizada, como la que pu-diera hacer suponer la supuesta llegada a la capital del pas de todos losperidicos oficiales de las entidades federativas.

IV. UN NUEVO SERVICIO PBLICO

Las reformas a la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federalpublicadas en el Diario Oficial de la Federacin de 30 de noviembre de 2000,agregaron una nueva atribucin a la Secretara de Gobernacin en elsentido de

CULTURA DE LA LEGALIDAD

79

compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decre-tos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, as como esta-blecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcionar infor-macin a travs de los sistemas electrnicos de datos como lo establece lafraccin XXXI del artculo 27 de dicho ordenamiento.

Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretara de Gobernacin,publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de julio de 2002, en suartculo 22, crea la Direccin General de Compilacin y Consulta delOrden Jurdico Nacional, a efecto de llevar a cabo dicha nueva atribucinen los trminos siguientes:

I. Compilar las leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos ydems disposiciones federales, estatales y municipales o delegacionales, as comoestablecer el banco de datos correspondiente.

II. Mantener actualizado el texto vigente de las disposiciones que constituyenel orden jurdico nacional a que se refiere la fraccin anterior.

III. Sistematizar la informacin de naturaleza jurdica que enven las en-tidades federativas en el marco de los acuerdos de coordinacin respectivos yen los trminos de la normatividad aplicable.

IV. Compilar y ordenar las normas que impongan modalidades a la pro-piedad privada dictadas por el inters pblico.

V. Poner a disposicin del pblico, para su consulta a travs de los sistemaselectrnicos de datos, las normas actualizadas que constituyen el orden jur-dico nacional.

VI. Difundir y promover la consulta al banco de datos que contenga elorden jurdico nacional.

VII. Realizar e impulsar publicaciones, estudios e investigaciones relativosal orden jurdico nacional y su consulta, a las atribuciones de la Secretara yde su sector coordinado, as como coordinar, realizar y participar en estudios,investigaciones, cursos y dems eventos destinados a difundir la informticajurdica.

VIII. Promover la capacitacin y actualizacin de los servidores pblicosy del pblico en general, para el aprovechamiento ptimo del banco de datosrelativo al orden jurdico nacional.

IX. Proponer a su superior jerrquico la normatividad tcnica relativa ala instrumentacin, operacin y actualizacin del banco de datos relativo alorden jurdico nacional.

X. Proponer a su superior jerrquico, en coordinacin con la Unidad deAsuntos Jurdicos, los acuerdos, convenios y dems instrumentos jurdicos re-lativos al cumplimiento de las atribuciones anteriores.

EDUARDO CASTELLANOS HERNNDEZ

80

XI. Formar parte del Comit Jurdico Interno de la Secretara, yXII. Las dems que determine el Secretario, dentro de la esfera de sus

facultades.Colaboracin y coordinacin intergubernamentales

Como ya se seal, la cantidad, especializacin y dispersin de las nor-mas a compilar y a actualizar de manera cotidiana, hacen imposible lacaptura centralizada de la informacin por una dependencia o aun porreas gubernamentales.

Por ello, desde su creacin, esta nueva Direccin General de la Secre-tara de Gobernacin se ha dado a la tarea de poner a consideracin dediversas autoridades tanto del mbito federal como local, propuestas deconvenios de colaboracin y coordinacin que permitan poner a dispo-sicin de toda la ciudadana, a travs de medios electrnicos, la compi-lacin del orden jurdico nacional de manera integral, exhaustiva, fide-digna y actualizada al da de la consulta. Esto refleja, adems, unacolaboracin y coordinacin intergubernamentales sin precedente, a efec-to de consolidar la cultura de la legalidad y la gobernabilidad democrticaen el pas.

Con esta tarea se materializa el compromiso de las autoridades de losdistintos rdenes de gobierno para ampliar nuestra experiencia democr-tica ya que, como lo seala Laveaga, la cultura poltica lleva a la conse-cucin y al goce de ms prerrogativas, la cultura de la legalidad lleva a lapreservacin de las mismas, a la predecibilidad de las conductas de gru-pos de individuos. En suma, al orden social. Ambas son inseparables yninguna se entendera sin la otra.6

CULTURA DE LA LEGALIDAD

81

6 Laveaga, Gerardo, op. cit., p. 20.