exigencias y recomendaciones a la mesa de la habana y el gobierno nacional

8/18/2019 Exigencias y recomendaciones a La Mesa de La Habana y el Gobierno Nacional.

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Exigencias emanadas de la audiencia pública "Persistencia del paramilitarismo: sin

garantías no hay paz sostenible" a la mesa de negociaciones de la Habana y al

Gobierno Nacional

El panorama presentado el día 15 de abril en el marco de la audiencia pública "Persistencia

del paramilitarismo: sin garantías no hay paz sostenible" nos deja un balance bastantedesolador y preocupante de cara a la firma de los acuerdos de paz en la mesa de la Habana.

Vemos con angustia como ante este escenario los grupos paramilitares se rearman a lo

largo y ancho del país cobrando cada vez más fuerza, constituyéndose en verdaderas

amenazas contra las comunidades campesinas, líderes sociales, defensores de derechos

humanos, defensores del territorio, contra integrantes de la insurgencias que se incorporen a

la vida civil y política, en otras palabras es una seria amenaza contra la paz.

En esta medida queremos pronunciarnos para plantearle unas exigencias al Gobierno

Nacional, a los integrantes del Congreso de la República y a los integrantes de la Mesa de

Negociaciones en la Habana, porque ante esta coyuntura como comunidades queremosexigir garantías para la paz y sobre todo garantías de no repetición del exterminio ni de

tantos años de violencia.

Por esta razón a continuación las diferentes organizaciones que estuvimos presentes

queremos plantear las siguientes exigencias:

1. Debe hacerse de parte del Gobierno y de todas sus instituciones, así como en el

mismo Congreso un pronunciamiento en el que se admita la existencia del

fenómeno paramilitar en Colombia, el cual en los últimos meses ha ido cobrando

más fuerza y siendo este además el mayor causante de violaciones a los derechos

humanos en el país, y que a pesar de tener nuevas tácticas presenta continuidad en

sus estrategias de terror, amenaza, persecución y expropiación.

El reconocimiento de su existencia debe ir acompañado de un rechazo político en

todo el país, llegando a un acuerdo político que vincule en este rechazo a Gobierno

Nacional, Congresistas, Gobernadores, Alcaldes y todo aquel que ejerza cargos de

representación política, para que asuman el compromiso de rechazar el

paramilitarismo pero también de implementar, poner en marcha o apoyar políticas

en todo el país dirigidas a combatir este fenómeno.

2. La primera acción para el desmantelamiento del paramilitarismo tiene que ver con

los aspectos legales, los cuales deberán verse reflejados en una Política Criminal

que reconozca las diferentes dimensiones tanto bélicas, políticas y económicas de

este fenómeno y en esa medida emprenda diferentes tipos de acciones en las cuales

se vean comprometidas las instituciones a fin de desarticular, desmontar y



sancionar a todas las estructuras del paramilitarismo. Entre las acciones planteadas

deberán tenerse en cuenta:

o La inclusión de un apartado en la Constitución donde se condene este

fenómeno y se ordene a su desmantelamiento y en esa medida prohíba la

promoción, organización, financiación o empleo oficial y/o privado de

estructuras o prácticas paramilitares.

o La formulación e implementación de mecanismos legales especiales contra

el paramilitarismo que permitan efectuar los ajustes normativos y obtener

herramientas jurídicas para afianzar las capacidades del Estado dirigidas a

romper la posibilidad de cualquier vínculo entre agentes del Estado y

sectores políticos, sociales y económicos con este tipo de estructuras.

o Se deberá crear un nuevo tipo penal dirigido al paramilitarismo y que

sancione la promoción, financiación, organización, fomento y ejecución de

conductas y actos tendientes a la conformación de grupos criminales,estructuras paramilitares o contrainsurgentes ilegales o de mercenarismo,

que entre otras incluya causales de agravación punitiva.

o Creación de normatividad que sancione y censure contenidos audiovisuales

que promueven el paramilitarismo en todas sus expresiones incluyendo los

autodenominados grupos de limpieza social o de autodefensa

o Se adopten medidas especiales para enfrentar la parapolítica y la

paraeconomía. Por lo tanto, se deben reglamentar e implementar

rigurosamente formas de sanción política en la normatividad vigente, no

solo por el punible de concierto para delinquir sino por crímenes de lesa

humanidad y violaciones de derechos humanos. Además, se deben crearsanciones económicas para los partidos y pecuniarias para los individuos, y

hacer más riguroso el sistema de control de otorgamiento de avales y de

financiación de los partidos.

3. Se deberá poner en marcha una unidad especial de investigación judicial para el

desmantelamiento de organizaciones criminales paramilitares, así como de sus

estructuras económicas y políticas. Esta unidad deberá incorporar dentro de sus

investigaciones estudios de contexto que entre otros aspectos den cuenta de los

patrones de macro criminalidad, prácticas particulares de violencia ejercida contra

líderes sociales, mujeres y de despojo, entre otros.

4. Crear una Comisión Nacional contra el paramilitarismo. Con una estructura,

funciones y presupuesto especiales. Los comisionados, fiscales, jueces y

funcionarios tendrán entre otras funciones la de investigación, análisis y

judicialización, y se les garantizarán condiciones de independencia e imparcialidad.

Así mismo, gozarán del acompañamiento internacional del representante de la



Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

en Colombia y la CELAC.

5. Crear un cuerpo élite contra el paramilitarismo, con competencia para combatir las

organizaciones criminales y sucesoras de este fenómeno en las zonas urbanas y

rurales. Este cuerpo los enfrentará físicamente a través de acciones coordinadas y

pondrá en marcha a su vez los mecanismos judiciales respectivos, bajo la

dependencia del Ministerio del Interior, en coordinación con la Comisión Nacional

contra el paramilitarismo.

6. Generar las condiciones adecuadas, suficientes y eficaces en materia de seguridad

en el territorio nacional para evitar la afectación de los derechos y garantías

fundamentales, desarrollando además la capacidad de prevenir, reaccionar, controlar

y sancionar ante posibles violaciones a los Derechos Humanos e infracciones del

Derecho Internacional Humanitario.

7. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada debe estar adscrita al

Ministerio del Interior y no al Ministerio de Defensa. Quien ejerza las funciones de

superintendente deberá siempre ser un civil y no un militar o ex militar y sobre sus

actuaciones se establecerá una auditoría social. Además se deberá hacer una

evaluación del personal que preste los servicios de vigilancia, teniendo claro que

cuando estas personas sean desmovilizadas de grupos paramilitares de ninguna

manera podrán prestar sus servicios a movimientos y partidos políticos,

organizaciones de víctimas, campesinas, sindicales y defensoras de derechos

humanos.

8. Generar programas audiovisuales dirigidos a la visibilización y sensibilización de

las víctimas del paramilitarismo.

9. Emprender políticas dirigidas a resaltar la labor y dignificar el trabajo que por años

en el país han tenido sindicalistas, defensores de derechos humanos, líderes y

liderezas de sectores sociales, campesinos, estudiantiles, así como a representantes

políticos de la izquierda colombiana. También se debe resaltar y dignificar las

reivindicaciones dadas por estos, reconociendo la justicia y la legitimidad de

exigencias como el respeto a los derechos, la protección de los territorios, garantías

laborales y las Zonas de Reserva Campesina, por solo mencionar algunas. Todo esto

encaminado a terminar con los procesos de estigmatizacion, señalamiento y a

terminar con los discursos de odio que crearon en estos sectores enemigos.

Para esto es necesario que se genere normatividad que prohíba a funcionarios

públicos hacer uso de un lenguaje ofensivo, violento o deshumanizador, que



pretenda difamar contra un individuo o grupo por su condición política, religiosa o

de género, teniendo como agravante el que dichas manifestaciones tengan lugar en

escenarios públicos o por medios de amplia difusión.

10. Uno de los mayores discursos que han legitimado el actuar paramilitar es la llamada

Doctrina Militar de Seguridad Nacional que ha involucrado a las comunidades

como parte orgánica de los actores armados, señalándolas como una fracción del

“enemigo interno”, legitimando la violencia en contra de estos sectores . En esa

medida es importante:

Eliminar la actual doctrina militar de seguridad nacional y cambiarla por una

doctrina que se base en la subordinación a los principios constitucionales y

en la protección de la vida y las garantías de la ciudadanía para el pleno

ejercicio de los derechos humanos y no en su estigmatización.

Hay que hacer una definición y separación clara de las funciones del Ejercito Nacional, quien debe encargarse de ser garantes de la soberanía nacional

entendida como integridad territorial. Por otra parte la Policía se debe

encargar de la guarda de derechos y la seguridad ciudadana.

Despolitización de las tropas y en particular de posturas ideológicas como la

doctrina del enemigo interno y el anticomunismo.

Teniendo en cuenta que en este momento se encuentran activos en el

servicio militares y policías vinculados en investigaciones por graves

violaciones a los derechos humanos y por tener vínculos con grupos

paramilitares, es urgente que se disponga de un mecanismo que permita la

depuración de la fuerza pública como garantía de no repetición.

Reducción de las tropas. No es necesario un ejército de las dimensiones que

tiene actualmente, por lo que es preciso disminuir el número de hombres

vinculados al ejército.

Es preciso reducir el presupuesto dirigido al ejército y redistribuir estos

recursos en proyectos y en políticas públicas.

El servicio militar no puede ser obligatorio. En su lugar se deben crear

alternativas de trabajo social o comunitario para los jóvenes, para no seguir

reproduciendo lógicas de guerra.

Organizaciones convocantes: Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena

Medio Colombiano, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos

(CPDH), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), la Fundación

por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano(DHOC), la

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha

Patriótica.



Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz y el Senador de la República Ivan Cepeda

Castro.

Organizaciones participantes: Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz

del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA), Asociación de Hermandades Agroecológicas y

Mineras de Guamocó (AHERAMIGUA), Proceso de Unidad Popular del Sur OccidenteColombiano (PUPSOC), Corporación Regional para la defensa de los Derechos Humanos

(CREDHOS), Caguán Vive, Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Comisión

intereclasial de Justicia y Paz, Red De Derechos Humanos Del Suroccidente Colombiano

Francisco Isaías Cifuentes (REDDHFIC), Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –

(FENSUAGRO) Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano

(MUCAPOC), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE),

Asociación Campesina de San José de Apartado (ACASA), Asociación Campesina para el

Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), Red de Derechos Humanos del Putumayo, Asociación

Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU) y Federación de Estudiantes

Universitarios (FEU).

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