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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL:ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
DE LAS POBLACIONES MÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS)Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO
Y LA REPÚBLICA DOMINICANA
Noviembre de 2010
Consejo de la Integración Social Centroamericana CIS -Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA
SERIE POLÍTICAS SOCIALES 4
Investigadora principal:
Elizabeth Cubías
Investigador externo asociado:
Ernesto Nosthas
Investigadores del equipo de la SISCA:
Yanira Quiteño
Sergio Bran
Adriana Velásquez
Edición y corrección de estilo:
Edith Portillo
Adriana Velásquez
Sergio Bran
Diseño y diagramación:
Clayton Arévalo
Edith Portillo
ÍNDICE DE CONTENIDO
SIGLARIO
PRESENTACIÓN
1. MARCO METODOLÓGICO GENERAL
1.1 Objetivos
1.2 Alcance
1.3 Metodología
2. ENFOQUE
2.1 Poblaciones meta
2.2 Servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
2.3 Políticas públicas relacionadas con el tema
3. RESUMEN CONTEXTUAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
4. NORMATIVA LEGAL PARA LOSSERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
4.1 Marco normativo nacional
4.2 Tratados y convenios internacionales
4.3 Análisis: debilidades y vacíos
5. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
6. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS RELEVANTES
7. CONCLUSIONES
8. RECOMENDACIONES:LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL PROGRAMA REGIONAL DEARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS A LAS POBLACIONES MÓVILES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
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ACUN
ACNUR
ASCB
ATAPS
BCIE
CCSS
CGT
CAMR
CENDEROS
CEPS
CONADEH
CIPROM
CTH
CUT
CIS
COHEP
FLACSO
FONAMIH
IDH
INCEDES
IMAS
INE
INEC
MENAMIG
MAP
MDM/DMN
MDHTS
MIDES
MINED
MEP
MEJ
MIGOB/DGME
MGP/DGME
MG/DGME
ACCIÓN CULTURAL NGÖBE
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
ANÁLISIS SOCIAL COSTO BENEFICIO
ASISTENTES TÉCNICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE RETORNADO DE HONDURAS
CENTRO DE DERECHOS SOCIALES DEL MIGRANTE
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIÓN SOCIAL
COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
COMITÉ INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LA MUJER MIGRANTE
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE HONDURAS
CONFEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS
CONSEJO DE MINISTROS DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA
CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
FORO NACIONAL PARA LAS MIGRACIONES EN HONDURAS
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DESARROLLO
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL DE COSTA RICA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE GUATEMALA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE PANAMÁ
MESA NACIONAL DE MIGRACIÓN DE GUATEMALA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA DE BELIZE
MINISTERIO DE DEFENSA Y MIGRACIÓN/DEPARTAMENTO DE MIGRACIÓN Y NACIONALI-
DAD DE BELIZE
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL DE BELIZE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD DE BELIZE
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN/ DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA/ DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN/ DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
MRE
MINSA
MSPAS
MITRAB
MTPS
MTSS
MTGLDR
MOSCTHA
NNA
OEA
OIM
ONG
PANI
PEA
PNC
PDDH
PIB PPA
PRAF
PNUD
SDS
SE
SISCA
SS
STSS
SEIP/DGME
SEGEPLAN
STP
SCSS
SICA
UBAS
VIH/SIDA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE COSTA RICA
MINISTERIO DE TRABAJO, GOBIERNO LOCAL Y DESARROLLO RURAL DE BELIZE
MOVIMIENTO SOCIO CULTURAL PARA LOS TRABAJADORES HAITIANOS
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
POLICÍA NACIONAL CIVIL
PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
PRODUCTO INTERNO BRUTO VALORES DE PARIDAD DE PODER ADQUISITIVO
PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE HONDURAS
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL CENTROAMERICANA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DEL INTERIOR Y POBLACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE GUATEMALA
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA
SISTEMA COSTARRICENSE DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
UNIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN EN SALUD
VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA / SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA
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nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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Ejecutiva del CIS, sobre la base de esta información, ya está trabajando en el diseño de un proyecto en esta materia, con el objetivo de apoyar y fortalecer las políticas en salud y derecho laboral como una de las primeras acciones.
En todo este esfuerzo merece especial reconocimiento la iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, sin quienes este estudio difícilmente hubiera sido posible.
Durante las visitas de campo que se realizaron en todos los países, se contó además con la importante colaboración de los coordinadores técnicos del Consejo de la Integración Social (CIS), quienes ayudaron a la identificación de los informantes claves gubernamentales y no gubernamentales; así como en la concertación de las citas que realizó el equipo consultor integrado por la investigadora principal, Eliza-beth Cubías, con el apoyo de Ernesto Nosthas. Este estudio fue realizado con el apoyo financiero de Taiwán y la asistencia técnica de las oficinas del UNFPA en los países miembros del SICA, entre las que es espe-cialmente importante reconocer el acompañamiento recibido de la Oficina del UNFPA en El Salvador.
El desafío ahora es pasar de la investigación al fortalecimiento de la acción conjunta, armonizando esfuerzos para que esta población mejore su acceso a servicios socia-les básicos.
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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El presente estudio exploratorio brinda insumos sobre la situación actual del acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas en el istmo centroamericano y República Dominicana. Su realización responde al interés del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) de identificar las dificultades para dicho acceso, con el fin de mejorar la atención de las demandas sociales de esta población que se moviliza entre los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en aras de impulsar la integración regional social y, a su vez, la integración económica, por el importante rol que juega para el desarrollo económico de la región esta movilidad. El estudio, que se enmarca dentro de las acciones diseñadas para la implementación del Eje de Provisión Efectiva de Servicios Sociales Básicos, de la Agenda Estratégica Social del SICA, fue finalizado durante la Presidencia Pro Témpore de Belize, ejerci-da por el honorable señor Peter Edén Martínez, Ministro de Desarrollo Humano y Transformación Social, quien nuevamente hizo patente su compromiso con la integración social y la AES-SICA.
A lo largo de estas páginas, se visibiliza someramente la intensidad de los flujos migratorios en la región y permite identificar el compromiso de los diferentes países de velar por el acceso de servicios sociales básicos a toda la población de su territo-rio, a partir del reconocimiento de diferentes derechos humanos en sus marcos jurídi-cos. Además, expone diferentes iniciativas que los países de la región están llevando a cabo de manera nacional, binacional y regional para atender las demandas de servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, así como también resalta los diferentes puntos de partida para la formulación de intervenciones concertadas y articuladas en la materia.
Sin lugar a dudas, los aportes de este documento contribuirán a que, en un futuro, desde el CIS, la SISCA, las demás secretarías que conforman el SICA y la coopera-ción al desarrollo, se impulsen diferentes intervenciones que atiendan de manera regional la situación de vulnerabilidad de esta población centroamericana.
Para ello, la Secretaría de la Integración Centroamericana (SISCA), como Secretaría
PRESENTACIÓN
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Ejecutiva del CIS, sobre la base de esta información, ya está trabajando en el diseño de un proyecto en esta materia, con el objetivo de apoyar y fortalecer las políticas en salud y derecho laboral como una de las primeras acciones.
En todo este esfuerzo merece especial reconocimiento la iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, sin quienes este estudio difícilmente hubiera sido posible.
Durante las visitas de campo que se realizaron en todos los países, se contó además con la importante colaboración de los coordinadores técnicos del Consejo de la Integración Social (CIS), quienes ayudaron a la identificación de los informantes claves gubernamentales y no gubernamentales; así como en la concertación de las citas que realizó el equipo consultor integrado por la investigadora principal, Eliza-beth Cubías, con el apoyo de Ernesto Nosthas. Este estudio fue realizado con el apoyo financiero de Taiwán y la asistencia técnica de las oficinas del UNFPA en los países miembros del SICA, entre las que es espe-cialmente importante reconocer el acompañamiento recibido de la Oficina del UNFPA en El Salvador.
El desafío ahora es pasar de la investigación al fortalecimiento de la acción conjunta, armonizando esfuerzos para que esta población mejore su acceso a servicios socia-les básicos.
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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El presente estudio exploratorio brinda insumos sobre la situación actual del acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas en el istmo centroamericano y República Dominicana. Su realización responde al interés del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS) de identificar las dificultades para dicho acceso, con el fin de mejorar la atención de las demandas sociales de esta población que se moviliza entre los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), en aras de impulsar la integración regional social y, a su vez, la integración económica, por el importante rol que juega para el desarrollo económico de la región esta movilidad. El estudio, que se enmarca dentro de las acciones diseñadas para la implementación del Eje de Provisión Efectiva de Servicios Sociales Básicos, de la Agenda Estratégica Social del SICA, fue finalizado durante la Presidencia Pro Témpore de Belize, ejerci-da por el honorable señor Peter Edén Martínez, Ministro de Desarrollo Humano y Transformación Social, quien nuevamente hizo patente su compromiso con la integración social y la AES-SICA.
A lo largo de estas páginas, se visibiliza someramente la intensidad de los flujos migratorios en la región y permite identificar el compromiso de los diferentes países de velar por el acceso de servicios sociales básicos a toda la población de su territo-rio, a partir del reconocimiento de diferentes derechos humanos en sus marcos jurídi-cos. Además, expone diferentes iniciativas que los países de la región están llevando a cabo de manera nacional, binacional y regional para atender las demandas de servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, así como también resalta los diferentes puntos de partida para la formulación de intervenciones concertadas y articuladas en la materia.
Sin lugar a dudas, los aportes de este documento contribuirán a que, en un futuro, desde el CIS, la SISCA, las demás secretarías que conforman el SICA y la coopera-ción al desarrollo, se impulsen diferentes intervenciones que atiendan de manera regional la situación de vulnerabilidad de esta población centroamericana.
Para ello, la Secretaría de la Integración Centroamericana (SISCA), como Secretaría
Hazel EscrichSecretariaSecretaría de la Integración Social Centroamericana
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la base sobre la cual se trabajará en el corto plazo, en la formulación del programa men-cionado.
Por otro lado, este estudio contribuyó a identificar la importancia de desarrollar una agenda de investigación sobre esta temática social, con el objetivo de profundizar en los hallazgos encontrados. El CIS y la SISCA, en alianza con el UNFPA y la OIM, buscarán los medios para continuar con esta ruta investigativa. A pesar de situarse en una fase explora-toria, este esfuerzo ha generado importantes insumos. Se elaboraron estudios por cada país miembro del SICA, se construyó una base de datos sobre el marco jurídico nacional e internacional aplicable a este tema y se recopiló, además, información cualitativa gene-rada a través de entrevistas a informantes claves en cada uno de los países de la región.
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El Consejo de la Integración Social (CIS), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) consideraron pertinente realizar un estudio exploratorio sobre la situación de acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronte-rizas que se encuentran en la región centroamericana y de República Dominicana, con el afán de contribuir a la armonización de las políticas públicas en esta materia y así impul-sar la integración social regional.
El objetivo fundamental de este estudio es contar con información general y con insumos básicos que serán utilizados para el diseño de un programa orientado a mejorar estos servicios sociales básicos a esta población, considerando la necesidad de articular las políticas sociales existentes, la coordinación interinstitucional al interior de cada país y entre países, y la formación de capacidades de los operadores de estos servicios, tanto del sector público como de la sociedad civil.
El presente informe presenta los principales aportes de este estudio por medio de ocho apartados. El primero de ellos plantea el marco metodológico. El segundo expone una breve presentación del enfoque conceptual, en lo referente a las categorías descriptivas y analíticas. El tercero presenta un resumen con los principales hallazgos encontrados en cada uno de los países del SICA. El cuarto aborda la normativa legal para la prestación de servicios sociales básicos. El quinto describe las políticas públicas existentes en mate-ria de servicios sociales básicos. El sexto contiene las iniciativas más relevantes y que constituyen un importante aporte para los propósitos finales de este estudio. Los últimos dos apartados desarrollan un conjunto de conclusiones y recomendaciones a considerar en la formulación de un programa regional de mejor acceso a servicios sociales básicos a las poblaciones móviles y transfronterizas.
A partir de los hallazgos generales de este estudio exploratorio, se logró construir un árbol de problemas y, consecuentemente, un árbol de objetivos, cuyos contenidos representan
INTRODUCCIÓN
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
la base sobre la cual se trabajará en el corto plazo, en la formulación del programa men-cionado.
Por otro lado, este estudio contribuyó a identificar la importancia de desarrollar una agenda de investigación sobre esta temática social, con el objetivo de profundizar en los hallazgos encontrados. El CIS y la SISCA, en alianza con el UNFPA y la OIM, buscarán los medios para continuar con esta ruta investigativa. A pesar de situarse en una fase explora-toria, este esfuerzo ha generado importantes insumos. Se elaboraron estudios por cada país miembro del SICA, se construyó una base de datos sobre el marco jurídico nacional e internacional aplicable a este tema y se recopiló, además, información cualitativa gene-rada a través de entrevistas a informantes claves en cada uno de los países de la región.
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El Consejo de la Integración Social (CIS), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) consideraron pertinente realizar un estudio exploratorio sobre la situación de acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronte-rizas que se encuentran en la región centroamericana y de República Dominicana, con el afán de contribuir a la armonización de las políticas públicas en esta materia y así impul-sar la integración social regional.
El objetivo fundamental de este estudio es contar con información general y con insumos básicos que serán utilizados para el diseño de un programa orientado a mejorar estos servicios sociales básicos a esta población, considerando la necesidad de articular las políticas sociales existentes, la coordinación interinstitucional al interior de cada país y entre países, y la formación de capacidades de los operadores de estos servicios, tanto del sector público como de la sociedad civil.
El presente informe presenta los principales aportes de este estudio por medio de ocho apartados. El primero de ellos plantea el marco metodológico. El segundo expone una breve presentación del enfoque conceptual, en lo referente a las categorías descriptivas y analíticas. El tercero presenta un resumen con los principales hallazgos encontrados en cada uno de los países del SICA. El cuarto aborda la normativa legal para la prestación de servicios sociales básicos. El quinto describe las políticas públicas existentes en mate-ria de servicios sociales básicos. El sexto contiene las iniciativas más relevantes y que constituyen un importante aporte para los propósitos finales de este estudio. Los últimos dos apartados desarrollan un conjunto de conclusiones y recomendaciones a considerar en la formulación de un programa regional de mejor acceso a servicios sociales básicos a las poblaciones móviles y transfronterizas.
A partir de los hallazgos generales de este estudio exploratorio, se logró construir un árbol de problemas y, consecuentemente, un árbol de objetivos, cuyos contenidos representan
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
1 MARCO METODOLÓGICOGENERAL
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Objetivos Específicos Presentar la normativa legal existente en relación con el acceso a los servicios sociales básicos en los países miembros del SICA, en el marco de los derechos humanos.Identificar políticas públicas de provisión de servicios sociales básicos implementadas en los diferentes países miembros del SICA.Listar algunas iniciativas que han impulsado diferentes países miembros de la región, a nivel nacional, binacional o regional, y que podrían retomarse para atender las necesida-des de servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.Proponer lineamientos estratégicos regionales para la provisión de servicios sociales básicos a poblaciones móviles (migrantes y refugiados) y de las zonas transfronterizas en los países miembros del SICA.
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nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
a.
b.
La investigación documental desarrollada consistió en la recopilación y análisis del marco normativo e institucional que respalda el acceso a servicios sociales básicos en general y, particularmente, para las poblaciones móviles y transfronterizas. La docu-mentación revisada abarca datos estadísticos, legislación, convenios, políticas, progra-mas, planes estratégicos institucionales y proyectos de cada uno de los países miem-bros del SICA. La investigación de campo incluyó el desarrollo de la técnica de observación directa en las fronteras, por medio de visitas de trabajo a dichas zonas geográficas; y de la técnica de entrevistas a informantes claves, previamente identificados por los enlaces técnicos de los gabinetes sociales de cada país miembro del SICA.
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El presente estudio observa tres elementos fundamentales:
a. La población meta.b. Los servicios sociales básicos y otros aspectos que favorecen el desarrollo humano social.c. Las políticas públicas relacionadas con el tema.
2.1 La población meta
Como punto de partida, es necesario precisar que este esfuerzo se centra en la situación de acceso a servicios básicos de tres grupos poblacionales: a. Las poblaciones móviles, tales como los trabajadores migrantes en tránsito o en destino, ya sea que se encuentre en situación regular como irregular.b. Los refugiados.c. Las poblaciones de zonas transfronterizas pobres, previamente identificadas por los mapas de pobreza u otras fuentes encontradas en cada país.
Para efectos de este estudio, estos grupos se definen de la siguiente forma:
Por añadidura, estos grupos poblaciones reflejan flujos migratorios, los cuales implican
2 ENFOQUE
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cambios de residencia, ya sea en forma temporal o permanente, por cualquier clase de motivación. No obstante, las condiciones mundiales afectan de tal modo a la migración contemporánea que ésta se ha transformado en un fenómeno con amplias raíces econó-micas. La principal causa de la movilización es la búsqueda de oportunidades de sobrevi-vencia, es decir, que se migra para buscar trabajo. En este sentido, es importante obser-var la situación de los trabajadores migrantes.
Según la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares , un trabajador migrante “es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” y comprende las siguientes categorías laborales:
2.2 Acceso a servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
Los servicios sociales básicos en este estudio se conciben como un conjunto de prestacio-nes dirigidas al desarrollo de las potencialidades de la persona humana, con un enfoque preventivo e incluyente que favorece la calidad de la vida a nivel personal y comunitario y que es coherente con el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Poblaciones móviles. Son todas aquellas personas que se desplazan de un lugar a otro, de carácter temporal, estacional o permanente, por una serie de razones, entre ellas, la búsqueda de oportunidades –o mejoras— económicas o profesionales; reunifi-cación familiar; refugio por situaciones de guerra, violación de los derechos humanos, efectos de desastres naturales, tensiones étnicas, violencia, hambruna o persecución.
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nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El presente estudio observa tres elementos fundamentales:
a. La población meta.b. Los servicios sociales básicos y otros aspectos que favorecen el desarrollo humano social.c. Las políticas públicas relacionadas con el tema.
2.1 La población meta
Como punto de partida, es necesario precisar que este esfuerzo se centra en la situación de acceso a servicios básicos de tres grupos poblacionales: a. Las poblaciones móviles, tales como los trabajadores migrantes en tránsito o en destino, ya sea que se encuentre en situación regular como irregular.b. Los refugiados.c. Las poblaciones de zonas transfronterizas pobres, previamente identificadas por los mapas de pobreza u otras fuentes encontradas en cada país.
Para efectos de este estudio, estos grupos se definen de la siguiente forma:
Por añadidura, estos grupos poblaciones reflejan flujos migratorios, los cuales implican
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1 La aplicación de este instrumento es para todos los trabajadores migrantes y sus familias, sin importar que su estado migratorio sea regular o irregular.
cambios de residencia, ya sea en forma temporal o permanente, por cualquier clase de motivación. No obstante, las condiciones mundiales afectan de tal modo a la migración contemporánea que ésta se ha transformado en un fenómeno con amplias raíces econó-micas. La principal causa de la movilización es la búsqueda de oportunidades de sobrevi-vencia, es decir, que se migra para buscar trabajo. En este sentido, es importante obser-var la situación de los trabajadores migrantes.
Según la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares , un trabajador migrante “es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” y comprende las siguientes categorías laborales:
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2.2 Acceso a servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
Los servicios sociales básicos en este estudio se conciben como un conjunto de prestacio-nes dirigidas al desarrollo de las potencialidades de la persona humana, con un enfoque preventivo e incluyente que favorece la calidad de la vida a nivel personal y comunitario y que es coherente con el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Trabajador fronterizo, el cual es trabajador migratorio que conserva su residencia habitual en un Estado vecino, al que normalmente regresa cada día o al menos una vez por semana.
Trabajador de temporada, el cual es todo trabajador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y sólo se realice durante parte del año.
Marino, que corresponde a los pescadores y todo trabajador migratorio empleado a bordo de una embarcación registrada en un Estado del que no sea nacional.
Trabajador en una estructura marina, que es todo trabajador migratorio empleado en una estructura marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado del que no sea nacional.
Trabajador itinerante, el cual es todo trabajador migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por períodos breves debido a su ocupación.
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nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El presente estudio observa tres elementos fundamentales:
a. La población meta.b. Los servicios sociales básicos y otros aspectos que favorecen el desarrollo humano social.c. Las políticas públicas relacionadas con el tema.
2.1 La población meta
Como punto de partida, es necesario precisar que este esfuerzo se centra en la situación de acceso a servicios básicos de tres grupos poblacionales: a. Las poblaciones móviles, tales como los trabajadores migrantes en tránsito o en destino, ya sea que se encuentre en situación regular como irregular.b. Los refugiados.c. Las poblaciones de zonas transfronterizas pobres, previamente identificadas por los mapas de pobreza u otras fuentes encontradas en cada país.
Para efectos de este estudio, estos grupos se definen de la siguiente forma:
Por añadidura, estos grupos poblaciones reflejan flujos migratorios, los cuales implican
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cambios de residencia, ya sea en forma temporal o permanente, por cualquier clase de motivación. No obstante, las condiciones mundiales afectan de tal modo a la migración contemporánea que ésta se ha transformado en un fenómeno con amplias raíces econó-micas. La principal causa de la movilización es la búsqueda de oportunidades de sobrevi-vencia, es decir, que se migra para buscar trabajo. En este sentido, es importante obser-var la situación de los trabajadores migrantes.
Según la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares , un trabajador migrante “es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” y comprende las siguientes categorías laborales:
2.2 Acceso a servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
Los servicios sociales básicos en este estudio se conciben como un conjunto de prestacio-nes dirigidas al desarrollo de las potencialidades de la persona humana, con un enfoque preventivo e incluyente que favorece la calidad de la vida a nivel personal y comunitario y que es coherente con el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Trabajador vinculado a un proyecto, el cual es todo trabajador migratorio admitido a un Estado de empleo por un plazo definido para trabajar solamente en un proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador.
Trabajador con empleo concreto, el cual es todo trabajador migratorio que tenga las siguientes características:
Que haya sido enviado por su empleador por un plazo limitado y definido a un Estado de empleo para realizar una tarea o función concreta;
Que realice, por un plazo limitado y definido, un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole;
Que, a solicitud de su empleador en el Estado de empleo, realice por un plazo limitado y definido un trabajo de carácter transitorio o breve; y
Que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia.
Trabajador por cuenta propia, el cual es todo trabajador migratorio que realice una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto con sus familiares, así como todo otro trabajador migratorio reconocido como trabajador por cuenta propia por la legislación aplicable en cada Estado o por acuerdos bilaterales o multilaterales.
Refugiado. Según la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, una persona refugiada es “toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, género, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a su país de residencia u origen”.
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a.
b.
c.
d.
-
•
nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El presente estudio observa tres elementos fundamentales:
a. La población meta.b. Los servicios sociales básicos y otros aspectos que favorecen el desarrollo humano social.c. Las políticas públicas relacionadas con el tema.
2.1 La población meta
Como punto de partida, es necesario precisar que este esfuerzo se centra en la situación de acceso a servicios básicos de tres grupos poblacionales: a. Las poblaciones móviles, tales como los trabajadores migrantes en tránsito o en destino, ya sea que se encuentre en situación regular como irregular.b. Los refugiados.c. Las poblaciones de zonas transfronterizas pobres, previamente identificadas por los mapas de pobreza u otras fuentes encontradas en cada país.
Para efectos de este estudio, estos grupos se definen de la siguiente forma:
Por añadidura, estos grupos poblaciones reflejan flujos migratorios, los cuales implican
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cambios de residencia, ya sea en forma temporal o permanente, por cualquier clase de motivación. No obstante, las condiciones mundiales afectan de tal modo a la migración contemporánea que ésta se ha transformado en un fenómeno con amplias raíces econó-micas. La principal causa de la movilización es la búsqueda de oportunidades de sobrevi-vencia, es decir, que se migra para buscar trabajo. En este sentido, es importante obser-var la situación de los trabajadores migrantes.
Según la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares , un trabajador migrante “es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” y comprende las siguientes categorías laborales:
2.2 Acceso a servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
Los servicios sociales básicos en este estudio se conciben como un conjunto de prestacio-nes dirigidas al desarrollo de las potencialidades de la persona humana, con un enfoque preventivo e incluyente que favorece la calidad de la vida a nivel personal y comunitario y que es coherente con el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Poblaciones de zonas transfronterizas. Son aquellas poblaciones que tienen un vínculo local con poblaciones de otra región que traspasa la frontera nacional y cuya condición socioeconómica está relacionada con las actividades suscitadas en una frontera. Son poblaciones que tienen relaciones económicas, sociales, familiares con otras poblaciones en una región común de fronteras entre dos o más Estados.
Por otro lado, de acuerdo a evidencia empírica, las poblaciones móviles y las poblacio-nes transfronterizas enfrentan deficiencias en la provisión de servicios sociales básicos, por diferentes razones. Algunas de ellas son: El estatus migratorio irregular;Las diferencias culturales con las sociedades en donde conviven;Las dificultades de comunicación asociadas al lenguaje, especialmente en el caso de población indígena;La estigmatización y la discriminación por su condición migrante;Los nuevos riesgos para su vida y su salud dentro de un entorno caracterizado por altos grados de violencia;El riesgo a ser víctimas de trata de personas; yEl limitado acceso a los servicios sociales básicos en algunas zonas geográficas de los países estudiados.
Además, la constante movilidad de población migratoria, los temores y riesgos asocia-dos al estado migratorio irregular y la desinformación de sus derechos representan factores que perjudican directa o indirectamente el acceso a servicios sociales básicos de esta población, en la medida que afectan la relación entre la oferta y la demanda de tales servicios.
En este marco, aquellas intervenciones públicas generales de provisión de servicios sociales básicos, que no consideran las características particulares de estas poblacio-nes sui generis, pueden correr el riesgo de no responder de manera oportuna a sus condicio nes de vulnerabilidad. Por ello, la configuración de las intervenciones públicas de provisión de servicios es un aspecto crucial en la mejora de la calidad de estos servi-cios.
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nal, los cuales pueden ser aplicados por parte de los gabinetes sociales de cada uno de los países miembros, en aras de impulsar la integración social regional.
1.3 Metodología
Este estudio está fundamentado en una investigación exploratoria de carácter documental y de campo. Esto se debe a que los insumos reunidos fueron recopilados, por un lado, gracias a la consulta de datos disponibles en diferentes materiales bibliográficos; y por otro, a través de entrevistas con informantes claves, realizadas en las visitas de trabajo a los países estudiados. A continuación, se describe con mayor detalle estas dos caras investigativas.
Las diferentes visitas de trabajo permitieron obtener información in situ sobre la situación de los migrantes en tránsito, radicados en los países de destino, refugiados y poblaciones transfronterizas, en relación con el acceso a servicios sociales básicos. Además, facilita-ron la recopilación de percepciones sobre las brechas existentes en esta materia, el nivel de respuesta de las autoridades locales - particularmente en lo relacionado con la situa-ción de las mujeres, niños, niñas y adolescentes-, y la identificación de experiencias ejem-plarizantes en la provisión de servicios sociales básicos, las cuales podrían utilizarse para mejorar la calidad y la cobertura de dichos servicios en cada país y entre los países, a través de acuerdos binacionales o regionales.
1.1 Objetivos
Objetivo GeneralSistematizar información de diagnóstico sobre el acceso a servicios sociales básicos de las poblaciones móviles y transfronterizas, con el afán de generar insumos para la formu-lación de un programa específico que contribuya a impulsar el proceso de la integración regional social centroamericana.
1.2 Alcance
Este informe posee un alcance regional, a partir del análisis comparado de los hallazgos encontrados en los ocho países miembros del SICA: Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Por otro lado, la información presentada en este esfuerzo representa insumos de utilidad regional y nacio-
Los cuestionarios empleados para esta investigación cubrieron las áreas de salud, educa-ción, trabajo, protección social, asuntos migratorios y refugio. Las respuestas se sistemati-zaron y analizaron en términos comparativos para las similitudes y diferencias entre lo establecido por los marcos jurídicos e institucionales y la capacidad de respuesta real en cada uno de los países objeto de este estudio. Por otro lado, para analizar la información reunida, se recurrió a la elaboración de informes por país que facilitaran el abordaje comparado de la situación de la provisión de servicios sociales básicos en las poblaciones móviles y transfronterizas de los países miembros del SICA.
El presente estudio observa tres elementos fundamentales:
a. La población meta.b. Los servicios sociales básicos y otros aspectos que favorecen el desarrollo humano social.c. Las políticas públicas relacionadas con el tema.
2.1 La población meta
Como punto de partida, es necesario precisar que este esfuerzo se centra en la situación de acceso a servicios básicos de tres grupos poblacionales: a. Las poblaciones móviles, tales como los trabajadores migrantes en tránsito o en destino, ya sea que se encuentre en situación regular como irregular.b. Los refugiados.c. Las poblaciones de zonas transfronterizas pobres, previamente identificadas por los mapas de pobreza u otras fuentes encontradas en cada país.
Para efectos de este estudio, estos grupos se definen de la siguiente forma:
Por añadidura, estos grupos poblaciones reflejan flujos migratorios, los cuales implican
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cambios de residencia, ya sea en forma temporal o permanente, por cualquier clase de motivación. No obstante, las condiciones mundiales afectan de tal modo a la migración contemporánea que ésta se ha transformado en un fenómeno con amplias raíces econó-micas. La principal causa de la movilización es la búsqueda de oportunidades de sobrevi-vencia, es decir, que se migra para buscar trabajo. En este sentido, es importante obser-var la situación de los trabajadores migrantes.
Según la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares , un trabajador migrante “es toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” y comprende las siguientes categorías laborales:
2.2 Acceso a servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano y social
Los servicios sociales básicos en este estudio se conciben como un conjunto de prestacio-nes dirigidas al desarrollo de las potencialidades de la persona humana, con un enfoque preventivo e incluyente que favorece la calidad de la vida a nivel personal y comunitario y que es coherente con el respeto a los derechos humanos.
Fuente: Elaboración propia
FIGURA 1
ACCESO A
SERVICIOS
BÁSICOS Y
OTROS
ASPECTOS QUE
CONDICIONAN
EL DESARRO-
LLO HUMANO Y
SOCIAL
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Salud integral
Salud sexual y reproductiva
VIH-SIDA
Se le prestará atención especial como eje transversal a la condición de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y poblaciones indígenas
Derechos
Requisitos para trabajar extranjeros Asistencia legal ad-hoc
Acceso a educación
Certificación y portabilidad de estudios
ios
Centros de atención
Albergues para migrantes
Refugiados
Por ello, toda norma, programa, proyecto o actividad realizada por el Estado será conside-rada una modalidad de política pública.
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
El presente estudio se enfoca en los servicios sociales básicos ilustrados en la Figura No. 1. y estructura el análisis de los mismos en dos etapas. La primera comprende las normati-vas legales que regulan la prestación y acceso a los servicios. A partir de este marco primario, la segunda retoma el diseño de programas y proyectos que, orientados hacia la población meta identificada, impulsen la integración social regional. Ambas etapas del análisis contribuyen a generar insumos necesarios para el diseño de un programa orienta-do a mejorar el acceso de los servicios sociales de las poblaciones estudiadas, y así impulsar la integración social centroamericana.
Conceptualmente, este estudio asume que los servicios sociales básicos constituyen un conjunto de acciones articuladas en programas normalizados de atención, de responsabi-lidad pública, que pretende promover la integración social y la autonomía de las personas, familias y grupos sociales en su entorno social, desarrollando una triple función: preventi-va, protectora y promotora. El mejoramiento en la provisión de estos servicios sociales básicos incrementa la calidad de vida de una manera sostenible para las personas pobres, sus familias, comunidades y territorios.
En este marco, se describen y analizan los servicios sociales básicos de salud, educación y desarrollo social - especialmente lo relativo a los programas de protección social y otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho al trabajo y la asistencia humanitaria y legal- brindados a las poblaciones móviles y transfronterizas.
2.3 Políticas públicas relacionadas con el tema
En esta oportunidad, se entiende a las políticas públicas como el conjunto de acciones que provienen del Estado en relación con una demanda que concita atención, interés y movili-zación de otros actores de la sociedad. Estas se caracterizan por:
• Contar con un respaldo de normas de cumplimiento obligatorio y, en consecuencia,• Repercutir en la sociedad afectando la vida de las personas e;• Influir en la interpretación de su realidad. (Oszlak & O’ Donnell, 1990: 101)
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Por ello, toda norma, programa, proyecto o actividad realizada por el Estado será conside-rada una modalidad de política pública.
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
El presente estudio se enfoca en los servicios sociales básicos ilustrados en la Figura No. 1. y estructura el análisis de los mismos en dos etapas. La primera comprende las normati-vas legales que regulan la prestación y acceso a los servicios. A partir de este marco primario, la segunda retoma el diseño de programas y proyectos que, orientados hacia la población meta identificada, impulsen la integración social regional. Ambas etapas del análisis contribuyen a generar insumos necesarios para el diseño de un programa orienta-do a mejorar el acceso de los servicios sociales de las poblaciones estudiadas, y así impulsar la integración social centroamericana.
Conceptualmente, este estudio asume que los servicios sociales básicos constituyen un conjunto de acciones articuladas en programas normalizados de atención, de responsabi-lidad pública, que pretende promover la integración social y la autonomía de las personas, familias y grupos sociales en su entorno social, desarrollando una triple función: preventi-va, protectora y promotora. El mejoramiento en la provisión de estos servicios sociales básicos incrementa la calidad de vida de una manera sostenible para las personas pobres, sus familias, comunidades y territorios.
En este marco, se describen y analizan los servicios sociales básicos de salud, educación y desarrollo social - especialmente lo relativo a los programas de protección social y otros aspectos relacionados con el ejercicio del derecho al trabajo y la asistencia humanitaria y legal- brindados a las poblaciones móviles y transfronterizas.
2.3 Políticas públicas relacionadas con el tema
En esta oportunidad, se entiende a las políticas públicas como el conjunto de acciones que provienen del Estado en relación con una demanda que concita atención, interés y movili-zación de otros actores de la sociedad. Estas se caracterizan por:
• Contar con un respaldo de normas de cumplimiento obligatorio y, en consecuencia,• Repercutir en la sociedad afectando la vida de las personas e;• Influir en la interpretación de su realidad. (Oszlak & O’ Donnell, 1990: 101)
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del SICA, en la Cumbre realizada en febrero de 2008, instruyeron al Consejo de la Integración Social Centroameri-cana (CIS) para que formulara una propuesta de Agenda Estratégica Social del SICA, con el apoyo de la Secretaría General del SICA (SG-SICA), la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dicha agenda fue aprobada en diciembre de 2008.
Este instrumento cuenta con un eje sobre Bienestar Social y Desarrollo Humano, en el cual se establece como una de las prioridades el diseño de una estrategia regional para la protección social de la población migrante y el combate a la trata de personas y menores de edad. En ese marco, la SISCA, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), acordaron trabajar en conjunto para diseñar una estrategia regional, cuyo objetivo principal se enfocara en la provisión de servicios socia-les básicos a la población migrante de los países miembros del SICA. Estos esfuerzos de cooperación fueron acogidos con beneplácito en la LVI Reunión Ordinaria del Consejo de la Integración Social Centroamericana (CIS), realizada el 27 de noviembre de 2009 en México .
Precisamente, este estudio exploratorio es parte de esta iniciativa, con el afán de generar insumos útiles para la posterior elaboración de un programa regional, destinado a mejorar la calidad de vida de las poblaciones móviles y transfronterizas, y así impulsar el proceso de la integración social centroamericana.
3 RESUMEN CONTEXTUAL DE LOSPAÍSES MIEMBROS DEL SISTEMA DELA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
2 En la resolución de dicha reunión, los miembros del CIS acordaron: “...Acoger con beneplácito el ofrecimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, el Fondo Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), para trabajar una propuesta enfocada a promover la provisión de servicios sociales básicos en poblacio-nes migrantes y que viven en zonas fronterizas”.
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migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
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migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
27
Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
28
Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
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migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
migratorios intraregionales representaban las dinámicas más importantes de la región, puesto que la emigración a países ubicados fuera de Centroamérica representaba cerca del 40% de los movimientos (Ibid: 8). En la década de 1980 se impulsaron importantes flujos migratorios a raíz de los conflictos en la zona. Aunque el flujo transfronterizo fue relevante, Estados Unidos, Australia y diferentes países europeos figuraron como principales destinos de la población en busca de refugio. A partir de la década de 1990, las migraciones intra-regionales perdieron importancia ante el incremento sustancial de la emigración extra regional, la cual pasó a representar el 92.5% de los movimientos migratorios (CELADE, 1998, citado por Morales, 2003: 8). Desde ese momento, Estados Unidos se posicionó como el principal destino de los migrantes de todos los países de la región, excepto Nicaragua. Este patrón migratorio afecta de manera particular a Guatemala, quien se ha convertido en el principal portón de ingreso a México para la corriente migratoria que sube desde Panamá rumbo al Norte; y también en una importante ventanilla de recepción de inmigrantes retornados de Estados Unidos y México. Por otro lado, la importancia geoestratégica de la región y la globalización contribuyeron a que los países de la región no solo se convirtieran en un corredor migratorio para los centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos, sino que también para los asiáticos, africanos y suramericanos que utilizan a los países de la región para llegar al Norte.
En la última década, además de la consolidación de esta ruta migratoria extra regional, se han acentuado otras rutas. En conjunto, éstas dibujan una red de movilidad sumamente compleja en los ocho países de la región, pero que los une bajo las siguientes característi-cas comunes: 1) son territorios de origen de migrantes; 2) son zonas de tránsito para personas que van hacia Estados Unidos y Canadá; y 3) son destinos para diferentes migrantes regionales y extra regionales. En el cuadro 3 se presenta con detalle el panora-ma migratorio de los diferentes países miembros del SICA, a partir de estas tendencias comunes.
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Los diferentes países miembros del SICA presentan una realidad social y demográfica compleja, en donde los flujos migratorios tejen una amplia red de movilidad poblacional. Como puede verse en el cuadro 2, Costa Rica y Panamá aventajan de manera considera-ble a Guatemala, Honduras y Nicaragua en términos de ingresos per cápita y desempeño de índice de desarrollo humano. Por su parte, República Dominicana, Belize y El Salvador se ubican en medio de estos extremos. A partir de lo anterior, cualquiera pensaría que la mayor parte de migrantes provienen de los países con menor desempeño en estos dos indicadores. Sin embargo, al reparar en el stock de emigrantes de cada uno de los países, se observa que El Salvador y República Dominicana, países ubicados en un rango medio, son los países que poseen más habitan-tes fuera de territorio. Sin importar el rendimiento de sus economías, los flujos migratorios representan un aspecto estratégico en las dinámicas demográficas y sociales de todos los países de la región. Todos los países poseen nacionales fuera de sus fronteras y, a la vez, todos reciben extranjeros en sus territorios. A pesar de las diferencias existentes entre los mismos y en el volumen del flujo de migratorio que presentan, todos los países de la región se enfrentan al reto de velar por los derechos de los nacionales establecidos fuera del país, pero también de atender los derechos de los extranjeros establecidos de manera permanente, temporal o en tránsito en su país.
Las diversas dinámicas migratorias poseen profundas raíces en los modos de vida de la región desde hace varias décadas. Los desplazamientos fronterizos de trabajadores temporales y permanentes presentan una larga data en Centroamérica. Sin embargo, como señala Morales (2003), estas dinámicas han cambiado con el paso del tiempo.
“Hasta la década de 1970, hubo una fuerte concentración de los flujos migratorios en los países del norte del istmo centroamericano, principalmente en Honduras y Guatemala, así como en el extremo sur que corresponde con el territorio de Costa Rica. Nicaragua y El Salvador no fueron receptores importantes de migrantes, pero sí despidieron una buena parte de su población a los territorios vecinos… Las corrientes más importantes eran entre El Salvador-Honduras y Nicaragua-Costa Rica.” (Ibid: 5) En ese momento, los flujos
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Estas tendencias migratorias en los países miembros del SICA resaltan complejas dinámi-cas migratorias intra-regionales y extra regionales. En la figura 10 se presentan los flujos migratorios entre los países de la región (intra-regionales), los cuales revelan la importan-cia de los desplazamientos transfronterizos, la movilidad poblacional a lo largo del istmo centroamericano y los lazos migratorios de República Dominicana con los países del sur de la región (Costa Rica y Panamá). Por otro lado, en la figura 11 se exponen las dinámi-cas migratorias que involucran a países ajenos a la región (extra regionales). Al respecto, se puede apreciar el flujo de emigración e inmigración entre los países de la región y Norte América, Europa, Suramérica y el Caribe; el flujo de inmigración provenientes de Asia y África, en donde los países de la región operan como territorios de destino o de tránsito; y el flujo de emigración a Oceanía, específicamente Australia. Sin lugar a dudas, este panorama genera múltiples desafíos en la atención de necesida-des de las diversas poblaciones móviles y transfronterizas que protagonizan estas dinámi-cas, pero que aún resulta difícil cuantificar.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
Los diferentes países miembros de la región poseen normas jurídicas de carácter constitu-cional, secundario e internacional, en donde se reconocen diferentes derechos a la pobla-ción que habita sus territorios. Este compromiso jurídico respalda las políticas públicas encaminadas a proveer de servicios sociales básicos a la población en general. Por esa razón, se ha considerado pertinente analizar la normativa de los diferentes países, que está relacionada con la provisión de los servicios sociales básicos identificados en los primeros apartados del informe. En este apartado se expone el análisis de las Constituciones, las leyes secundarias espe-cíficas para los servicios sociales básicos y otros aspectos fundamentales del desarrollo humano y los tratados internacionales vigentes en los países miembros de la región. Dicho esfuerzo ha contemplado los derechos expuestos en la Figura 12.
4 NORMATIVA LEGAL PARA LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
41
(*) Este aspecto aplica únicamente para el Análisis de las Constituciones de los países centroameri-canos en estudio.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los informes de país elaborados en el marco del presente estudio.
FIGURA 12
ASPECTOS DE
ANÁLISIS DE LA
NORMATIVA DE
LOS PAÍSES
COMPRENDI-
DOS EN EL
ESTUDIO
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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4.1 Marco Normativo Constitucional
El punto de partida para el análisis del marco normativo nacional ha sido la Constitución de los ocho países miembros del SICA. Al respecto, el Cuadro 4 presenta un análisis de los factores en común y las diferencias que afectan en positivo o negativo a la población meta del presente estudio.
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Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
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4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
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Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
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Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
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Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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4.3 Tratados y Convenios Internacionales
Los países comprendidos en el presente estudio son Estados Parte de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas como en el de la Organización de los Estados Americanos, y como tal están comprometidos a respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de acuerdo a su normativa nacional e internacional, así como a proteger los derechos de determinados grupos vulnerables, como son las mujeres, niños, niñas adolescentes y jóvenes migrantes o refugiados. Entre los instrumentos internacionales vinculados con la temática del estudio se destacan:
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.5. Convención sobre los Derechos del Niño.6. Convención Americana sobre Derechos Humanos.7. Protocolo de San Salvador/Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.8. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.9. Convención internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
El cuadro 6 presenta de forma esquemática el estado de ratificación o adhesión de los países miembros del SICA con respecto a los principales tratados internacionales vincula-dos con las áreas de derechos y grupos vulnerables relacionados en el presente estudio.
51
Adicionalmente, todos los países son Estados Parte del Protocolo de Palermo para preve-nir, reprimir y sancionar sobre la trata de personas, especialmente de niños y mujeres y, del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
Existe el compromiso internacional de cumplir con las obligaciones establecidas en mate-ria de derechos sociales incluidos en estos Convenios y de hacer efectiva la ejecución de estos derechos, a través de la provisión de servicios básicos sociales a las poblaciones móviles y de zonas transfronterizas pobres, sin ninguna clase de discriminación.
5 En este cuadro, cuando se menciona que “Todos” son parte, se incluye a los países de Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. En el único caso en el cual hay participación diferenciada es el de la Convención internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, de la cual República Dominicana, Costa Rica y Panamá no son Estados Parte.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
Consideraciones especiales con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.Aspectos específicos asociados a niños, niñas y adolescentes migrantes.
El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
4.3 Tratados y Convenios Internacionales
Los países comprendidos en el presente estudio son Estados Parte de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas como en el de la Organización de los Estados Americanos, y como tal están comprometidos a respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de acuerdo a su normativa nacional e internacional, así como a proteger los derechos de determinados grupos vulnerables, como son las mujeres, niños, niñas adolescentes y jóvenes migrantes o refugiados. Entre los instrumentos internacionales vinculados con la temática del estudio se destacan:
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.5. Convención sobre los Derechos del Niño.6. Convención Americana sobre Derechos Humanos.7. Protocolo de San Salvador/Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.8. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967.9. Convención internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares.
El cuadro 6 presenta de forma esquemática el estado de ratificación o adhesión de los países miembros del SICA con respecto a los principales tratados internacionales vincula-dos con las áreas de derechos y grupos vulnerables relacionados en el presente estudio.
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Adicionalmente, todos los países son Estados Parte del Protocolo de Palermo para preve-nir, reprimir y sancionar sobre la trata de personas, especialmente de niños y mujeres y, del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.
Existe el compromiso internacional de cumplir con las obligaciones establecidas en mate-ria de derechos sociales incluidos en estos Convenios y de hacer efectiva la ejecución de estos derechos, a través de la provisión de servicios básicos sociales a las poblaciones móviles y de zonas transfronterizas pobres, sin ninguna clase de discriminación.
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sobre la base del cuadro anterior, se puede concluir que todos los países tienen un marco normativo lo suficientemente amplio e incluyente para que sean respetados los derechos sociales de la población móvil. Específicamente, se encontró la siguiente información:
En todos los países, las poblaciones móviles y transfronterizas tienen el derecho a la salud gratuita. El caso de Costa Rica es muy particular debido a que, al contar con el seguro social universal, exige la afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para acceder a los servicios de salud. En el caso que el migrante no esté afiliado, puede recibir las atenciones en salud previo pago posterior de dichos servicios; no obstante, y por condicio-nes humanitarias, se admite en muchos casos la dispensa del pago.
Todos los países reconocen el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación, unos de manera expresa y otros de forma implícita, con excepción de Belize, en donde la Constitución no aborda el derecho a la Educación y es regulado por la norma secundaria.
Todos los países reconocen el derecho al trabajo a las personas extranjeras vía la generali-dad de los términos empleados como habitantes, personas, población. Sin embargo, Honduras constitucionalmente establece limitaciones al establecer tipos de empleo a los cuales puede acceder la persona extranjera. Con esta disposición se contraviene el princi-pio de no discriminación.
Los países comprendidos en el estudio reconocen constitucionalmente el derecho al asilo y refugio, habida excepción del caso de Belize, que lo reglamenta en una ley secundaria.
Todos los países reconocen a nivel constitucional los derechos de los niños, niñas y adoles-centes, así como de las mujeres.
Es destacable para los propósitos del presente estudio la reciente enmienda a la Constitu-ción de la República Dominicana, que ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteri-za, su integración vial, comunicacional y productiva”. Esta disposición establece la base para impulsar el desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
4.2 Leyes específicas
Luego de la descripción de los marcos constitucionales existentes en los países del SICA y usando el mismo esquema ilustrado en la Figura 4, se han analizado las leyes secundarias que regulan el acceso a los servicios sociales básicos, así como otros aspectos que favore-cen el desarrollo humano. Para el análisis se han considerado los siguientes cuerpos de Leyes:
Ley General de Educación y sus instrumentos derivados (en el caso especial de El Salvador se incluyó la Ley General de la Carrera Docente), básicamente para lo relacionado con el ejercicio del derecho de la educación a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley o Código General de Salud y sus leyes complementarias (en el caso especial de Costa Rica se ha incluido la Ley de Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social), en lo relacionado con el ejercicio del derecho de la salud a las poblaciones objeto del presente estudio.
Ley de Migración y Ley de Extranjería. En el caso de Panamá, Costa Rica, Belize, Hondu-ras, Guatemala y República Dominicana, un solo cuerpo de ley abarca los dos rubros.
En el caso de Guatemala se ha estudiado adicionalmente la Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante y en el caso de República Dominicana la Ley de Creación de Comité Internacional de Protección a la Mujer Migrante (CIPROM), en lo relacionado con:
Derechos y deberes de las personas extranjeras.Régimen especial a población transfronteriza.Reconocimiento de los derechos de las personas refugiadas.Reconocimiento de salarios y prestaciones para los trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.Creación de un Consejo Nacional sobre temas migratorios que asesore al Ramo Ejecutivo en todo lo relacionado con la temática.Creación de mecanismos de inversión asociado a temas migratorios.
Código de Trabajo, en lo pertinente a:
Igualdad de oportunidades, derechos y beneficios entre extranjeros y nacionales.Establecimiento de porcentajes mínimos de contratación de nacionales versus extranjeros.Requisitos de contratación de extranjeros, yReconocimiento de salarios y prestaciones para trabajadores indocumentados antes de efectuar procesos de expulsión.
Leyes de protección social, en lo relacionado a previsiones específicas para población migrante en extrema pobreza residiendo en el territorio.
Leyes específicas para la equiparación de oportunidades y/o dignificación de la mujer, en sus diversas denominaciones en los ocho países. Adicionalmente se ha estudiado la existencia de consideraciones especiales para mujeres migrantes dentro de dichas leyes.
Leyes o instrumentos legales asociados a la protección de refugiados en lo relacionado con la acreditación del estatus de refugiados y los deberes y derechos de las personas a las que se le ha asignado el estatus de refugiado.
Códigos de la Niñez y Adolescencia o Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia, en la existencia de:
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El Cuadro 5 presenta un resumen sintético de los principales aspectos analizados, a partir de la identificación de convergencias y divergencias en lo prescrito en las leyes secundarias de los diferentes países miembros.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
54
55
Los países miembros del SICA poseen diferentes políticas públicas orientadas a la provi-sión de servicios sociales básicos. Sin embargo, en esta oportunidad, solo se consideran las implementadas en las áreas de salud, educación, trabajo, protección social y asuntos migratorios y refugio. En la figura 13, se exponen las diferentes políticas consideradas en el análisis realizado.
5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
FIGURA 13
ESTRUCTURA
DE ANÁLISIS
PARA POLÍTICAS
PÚBLICAS
APLICADAS AL
GRUPO META
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
56
En el presente capítulo, a partir de las políticas públicas identificadas en cada uno de los países miembros, se presenta el cuadro 8, en el que se destacan los principales puntos de convergencia sobre los cuales se pueden definir estrategias comunes regionales, así como los principales puntos de divergencia observados, los cuales plantean desafíos de concertación para la región en beneficio de las poblaciones móviles y de zonas transfron-terizas pobres.
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
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Durante las visitas de campo realizadas a los diferentes países miembros del SICA, se detectaron iniciativas relevantes en leyes, políticas públicas, programas o instrumentos que tienen un notable potencial para solventar algunos de los problemas o carencias de los grupos poblacionales objeto del presente estudio. Actualmente estas iniciativas son aplicadas total o parcialmente por algunos de los países estudiados, por lo que serán retomados como insumos valiosos para construir las recomendaciones y lineamientos preliminares para la posterior elaboración de un progra-ma regional para la provisión de servicios sociales básicos a poblaciones móviles (migrantes y refugiados) y de las zonas transfronterizas más pobres en los países miem-bros del SICA.
El Cuadro 9 resume las iniciativas relevantes identificadas, que son de aplicación regional- binacional o que son aplicadas individualmente por más de un país de la región. Como puede constatarse en el mismo, existen diferentes esfuerzos que pueden contribuir a mejorar las futuras intervenciones.
6 IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVASRELEVANTES
59
CUADRO 9
INICIATIVAS
RELEVANTES
EN EL ÁMBITO
REGIONAL O
BINACIONAL
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Programa Centroameri-cano de VIH-SIDA en poblaciones móviles (SICA).
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En este programa el SICA incluye la atención Integral al VIH/SIDA para poblaciones móviles (conductores de camiones, trabajadores agrícolas, migrantes indocumenta-dos, taxistas, personas que laboran en mercados, hoteles, y otros); así como la mejora en la calidad de vida de los afectados por la enfermedad. El programa finaliza en noviembre de 2010.
Entre las iniciativas que pueden ser objeto de una sistemati-zación tenemos:
• Abordaje de la educación, información y capacitación en poblaciones móviles de fronteras en la región.• Implementación de un sistema en línea (SIREME) en la región, que permite dar seguimiento de las actividades implementadas.• Integración de estructuras nacionales al proceso local.
INICIATIVASRELEVANTES
PAÍSES DESCRIPCIÓN
60
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
Programa de promociónde SSR y prevención de violencia de género en comunidadestransfronterizas
Guatemala, Nicaragua,Costa Rica y RepúblicaDominicana.
Este proyecto está brindando alternativas de solución, desde un esfuerzo coordinado a nivel local con autoridades municipales y ONG especializadas, a las limitaciones existentes en disponibilidad física e información respecto a los servicios de salud, en especial a los relacionados con la Salud Sexual Reproductiva y prevención del VIH-SIDA entre las comunidades transfronterizas. Adicionalmente, trabaja en la promoción de los derechos humanos de jóvenes y mujeres en poblaciones móviles y migrantes, y está fortaleciendo los programas de atención a la salud sexual y reproductiva, incluido el VIH y el Sida y la violencia de género, en zonas fronterizas. Entre las iniciativas que podían ser objeto de una sistemati-zación tenemos:
• Encuentros binacionales de carácter locales y nacionales.• Registro integrado y basado en derechos de migrantes.• Trabajo conjunto con organizaciones comunitarias de migrantes y familiares a nivel binacional.• Fortalecimiento de la colaboración y cooperación técnica inter-fronteriza.
Carnet de identificaciónpara poblacióntransfronteriza
Belize y GuatemalaCosta Rica – PanamáTambién se aplica en elcaso deGuatemala-México.
La extensión de un carnet de identificación para población transfronteriza permite trabajar, recibir servicios sociales y hacer actividades económicas entre los Departamentos fronterizos de dos naciones. En el caso de Costa Rica y Panamá, el documento tiene también implicaciones para los servicios de salud, homologando protocolos de vacuna-ción e historial médico.
Programa de atención en salud y regulariza-ción migratoria
Panamá y Costa Rica Programa de atención a la población migrante Ngöbe Buglé, en Costa Rica, en el cual se llevó un abordaje binacional entre las autoridades costarricenses y paname-ñas, el cual tuvo como objetivo la regularización del empleo y de la condición migratoria y el establecimiento de un modelo específico de salud, que incluye visitas preventivas (las condiciones de trabajo en fincas y de las residencias de migrantes).
Oficinas especializadas de Derechos Humanos en fronteras de alto tránsito de migrantes
Guatemala – Honduras
Presencia de mecanismos nacionales de vigilancia y/o protección de derechos humanos, en fronteras con mucho tránsito de migrantes que atienden los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos contra esta población.
INICIATIVASRELEVANTES
PAÍSES DESCRIPCIÓN
7
Fuente: Elaboración propia a partir de las iniciativas identificadas.
7 Guatemala-México, Colombia-Ecuador, Costa Rica-Nicaragua, Argentina-Bolivia y Haití-República Dominicana
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
61
Por otro lado, en el cuadro 10 se detallan algunas iniciativas que los países miembros del SICA han implementado de manera individual, como muestra del compromiso con las poblaciones móviles y transfronterizas en sus territorios.
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
1. La visión y las prácticas del Ministerio de Educación de Belize para la educación de las comunidades fronteri-zas de Guatemala en escuelas de Belize, permitiendo que la población guatemalteca cuente con una oportuni-dad de formación bilingüe, dentro de un proceso de integración y desarrollo social transfronterizo.
2. El proceso de formulación del PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 2004-2015 (PNA), el cual fue formulado con una visión incluyente hacia la niñez, independientemente de su condición migratoria.
1. “La Casa de Migrantes” (iglesia y sociedad civil), que se encuentran tanto en la capital y zonas fronteriza en donde se da un mayor flujo migratorio. Este proyecto brinda ayuda humanitaria y da servicios básicos a los migrantes irregulares que van en tránsito hacia Estados Unidos de América o que han sido retornados.
2. Iniciativa conjunta entre el Ministerio de Educación e INCEDES de Guatemala para crear un proceso de homologación y acreditación de estudios de la población extranjera a nivel binacional o regional.
BELIZE GUATEMALA
1. La instalación de las Oficinas de Sanidad Internacio-nal (OSI) en las fronteras, en cumplimiento del Reglamento de Sanidad Internacional.
2. Extensión de la cobertura del Programa Comunidades Solidarias a los hijos e hijas de trabajadores migrantes, sin importar nacionalidad ni condición migratoria.
3. Programa Bienvenido a Casa, el cual es un mecanis-mo de atención primaria y reinserción social para retornados. Este proyecto está relacionado con el Centro de Asistencia al Retornado, ambos a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
1. El sistema de contratación de maestros tiene un programa que estimula económicamente a los maestros que trabajen en zonas fronterizas.
2. Observatorio del Mercado Laboral (OML) como un mecanismo de elaboración de información estratégica del empleo en el país. La STSS coordina la iniciativa y está conformada por las siguientes instituciones: INE, STSS, COHEP y las Centrales Obreras. CGT, la CTH y la CUTH.3. Cartilla de derechos humanos de migrantes para brindárselo a esas poblaciones que van a viajar, especialmente al que lo hace de manera indocumenta-da.
4. Centro de Atención al migrante retornado para dar seguimiento y apoyo a la población hondureña retornada y apoyarlos en su proceso de reintegración a la sociedad, a cargo de la Iglesia Católica y DGME.
EL SALVADOR HONDURAS
1. EL PASAPORTE EDUCATIVO: un documento que sintetiza lo más significativo del historial académico de
1. Creación de Casa de Derechos donde los migrantes y refugiados tendrán acceso a información general
NICARAGUA COSTA RICA
los niños y niñas, y que facilita la movilidad o cambio de centros educativos cuando los padres se desplazan por el territorio nacional en función de oportunidades laborales. Esta idea novedosa está siendo ensayada como proyecto piloto en varias escuelas públicas de Nicaragua, en municipios que tienen alto grado de migración interna por estacionalidad de cosechas.
2. Están además los conceptos y metodología que se han desarrollado por parte de la OIT y el Ministerio de Trabajo con el Programa Nacional de Trabajo Decente PNDT, el cual fue adoptado conjuntamente en 2008 por el Gobierno, empleadores y trabajadores y el apoyo técnico de la OIT.
sobre sus derechos, consultoría legal gratuita, informa-ción sobre prevención y otros servicios
2. Eliminación de las cuotas de contratación de personas extranjeras para el mercado laboral, por sentencia de inconstitucionalidad contra la disposición del Código de Trabajo.
3. Programa Vigilancia Centinela, el cual consiste en monitorear enfermedades virales en poblaciones vulnerables, entre ellas se encuentran los migrantes.
4. Proyecto de Atención a Población Indígena Altamen-te Móvil del ASCB para el 2010, que incluye la figura de los asesores culturales en el programa FINCA SANA.
5. La figura de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS), que son los encargados de visitar casas de habitación, escuelas, hogares comuni-tarios, asentamientos y poblaciones vulnerables, con un enfoque de prevención y promoción de la salud.
CUADRO 10
INICIATIVAS
RELEVANTES
EN EL ÁMBITO
NACIONAL
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
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en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
1. EL PASAPORTE EDUCATIVO: un documento que sintetiza lo más significativo del historial académico de
1. Creación de Casa de Derechos donde los migrantes y refugiados tendrán acceso a información general
los niños y niñas, y que facilita la movilidad o cambio de centros educativos cuando los padres se desplazan por el territorio nacional en función de oportunidades laborales. Esta idea novedosa está siendo ensayada como proyecto piloto en varias escuelas públicas de Nicaragua, en municipios que tienen alto grado de migración interna por estacionalidad de cosechas.
2. Están además los conceptos y metodología que se han desarrollado por parte de la OIT y el Ministerio de Trabajo con el Programa Nacional de Trabajo Decente PNDT, el cual fue adoptado conjuntamente en 2008 por el Gobierno, empleadores y trabajadores y el apoyo técnico de la OIT.
sobre sus derechos, consultoría legal gratuita, informa-ción sobre prevención y otros servicios
2. Eliminación de las cuotas de contratación de personas extranjeras para el mercado laboral, por sentencia de inconstitucionalidad contra la disposición del Código de Trabajo.
3. Programa Vigilancia Centinela, el cual consiste en monitorear enfermedades virales en poblaciones vulnerables, entre ellas se encuentran los migrantes.
4. Proyecto de Atención a Población Indígena Altamen-te Móvil del ASCB para el 2010, que incluye la figura de los asesores culturales en el programa FINCA SANA.
5. La figura de Asistentes Técnicos de Atención Primaria en Salud (ATAPS), que son los encargados de visitar casas de habitación, escuelas, hogares comuni-tarios, asentamientos y poblaciones vulnerables, con un enfoque de prevención y promoción de la salud.
1. Una especialización del Modelo de Unidades Básicas de Atención en Salud (UBAS) que ha creado un equipo de atención a la salud de poblaciones migrantes, que tiene médicos, enfermeras, nutricionis-ta educadores, trabajadora social y atiende en fronteras.
2. Centro de Orientación y Atención Integral para brindarle respuestas eficientes a los problemas sociales que enfrentan los grupos de atención priorita-ria. Es una ventanilla única en materia social que puede instalarse también a nivel local, especialmente en las zonas fronterizas, mediante delegaciones del MIDES o a través de acuerdos municipales.
1. La reciente enmienda a la Constitución ha incluido un artículo relacionado con la promoción del desarrollo incluyente en la zona fronteriza: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva”. Es un caso único en los países de estudio y que da base al desarrollo de proyectos sociales y económicos que favorecen la calidad de vida de los pobladores transfronterizos, con una visión incluyente.
2. Sistema de información que cuenta con estadísticas educativas e indicadores. Se llena por internet por parte de los directores los datos de los niños, niñas y adolescentes.
3. Proyecto de documentar a niños migrantes haitianos en situación irregular para acceder a y culminar sus estudios.
PANAMÁ REPÚBLICA DOMINICANA
Fuente: Elaboración propia a partir de las iniciativas identificadas.
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
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en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
7 CONCLUSIONES
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
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Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
8 Se recomienda consultar los resultados del estudio “Tendencias y Consecuencias de la Migración Internacional en Costa Rica”, publicado en el libroMigración y Políticas Sociales en América Latina por la Fundación Konrad Adenauer.
9 Entrevista con el director ejecutivo de la Compañía Beliceña de Procesamiento de Cítricos, en la que detalló que el 90% de los trabajadores de lasfincas agrícolas que producen para la empresa, así como el 65% de los obreros de la fábrica, son extranjeros.
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
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en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
10 De todos los países, únicamente Costa Rica ha formulado los lineamientos para elaboración de una política migratoria integral. El Salvador yGuatemala han iniciado procesos de discusión interna a propósito de este tema, tanto desde el Órgano Ejecutivo como desde su Asamblea Legislativa.
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ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
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en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
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Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
Sobre la base de las conclusiones anteriormente expuestas, la propuesta de Programa Regional de Armonización de las Políticas Públicas en la Provisión de Servicios Sociales Básicos a las poblaciones migrantes, debe surgir de la creación gradual, acumulativa y creciente de consensos alrededor de los principales aspectos que ha develado el presente estudio. A continuación, se proponen componentes básicos que debería contener el programa:
8RECOMENDACIONES: LINEAMIENTOSBÁSICOS PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PROVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS A LAS POBLACIONES MÓVILES
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Incidencia política. En esta área se incluyen actividades estratégicas que buscan lograr acuerdos políticos al más alto nivel para promover acciones ejecutivas sectoria-les, que favorezcan la provisión de servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano, especialmente el derecho al trabajo. Adicionalmente, es necesario fortalecer la capacidad de gestión de la SISCA para lograr acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales asociadas a este tema, así como promover la adhesión como Estados Parte de todos los países miembros del SICA a los convenios internacionales sobre la materia.
Capacitación y sensibilización. Los marcos legales de los ocho países que integran el SICA son suficientes para adecuar la prestación de los servicios sociales básicos a las poblaciones móviles, es importante que los servidores públicos, la sociedad civil y la población en general tomen conciencia de esta realidad jurídica y brinde los servicios a estas poblaciones, de acuerdo a una visión de derechos humanos. Para tal efecto, es necesario crear un programa de formación básica y sensibilización en esta materia, dirigido a los servidores públicos. Además, se sugiere la elaboración del material informativo respectivo.
Creación de una normativa básica para facilitar la movilidad laboral. Es necesario lograr acuerdos básicos regionales o binacionales que favorezcan los procesos migrato-rios con una lógica de ganar-ganar (tanto para países emisores como receptores de
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migrantes regionales), que, por un lado, promuevan la libre movilidad laboral en la región respetando la institucionalidad de cada uno de los países, considerando las características sociales de los grupos migrantes; y, por otro, que dentro de estos se tomen las medidas específicas que promuevan especialmente los derechos de las muje-res, niños, niñas y adolescentes migrantes.
Creación de instrumentos operativos que faciliten la provisión de servicios socia-les básicos. Sobre la base de los acuerdos de política que se alcancen a nivel nacional, bilateral o regional, y de las experiencias en proceso actualmente, se pueden construir consensos para implantar instrumentos prácticos y de fácil aplicación para las poblacio-nes móviles y los prestadores de servicios, con el fin de lograr que el acceso a dichos servicios sea más expedito y eficiente.
Sistemas de información e intercambio de conocimientos y experiencias asocia-dos a la migración regional. Actualmente, la dimensión de los flujos migratorios regio-nales y sus respectivos impactos, no son objeto de cuantificación, seguimiento y evalua-ción por los gobiernos de la región. Este vacío de información condiciona la escasa disponibilidad de políticas e instrumentos para el adecuado gerenciamiento social de esta compleja realidad. En ello se han identificado al menos tres grandes áreas de acción:
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
Sobre la base de las conclusiones anteriormente expuestas, la propuesta de Programa Regional de Armonización de las Políticas Públicas en la Provisión de Servicios Sociales Básicos a las poblaciones migrantes, debe surgir de la creación gradual, acumulativa y creciente de consensos alrededor de los principales aspectos que ha develado el presente estudio. A continuación, se proponen componentes básicos que debería contener el programa:
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Realizar estudios sobre los principales hallazgos que se han encontrando en el presente estudio regional, tales como la movilidad laboral en la región (investigar sobre los requisitos laborarles de cada país, oferta y demanda, marcos jurídicos en materia de derechos laborales y prestaciones sociales, y otros); programas de protección social (su incidencia en el contexto migratorio, los requisitos para acceder a los beneficios, tipos de beneficiarios, flexibilidad del marco de acción, etc.), entre otros.
Iniciar la construcción gradual de información estadística para que esta sea consolidada, en un futuro cercano, dentro de un Observatorio de Movilidad Laboral Regional, que brinde información actualizada a los tomadores de decisiones políticas de los ocho países miembros del SICA.
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Incidencia política. En esta área se incluyen actividades estratégicas que buscan lograr acuerdos políticos al más alto nivel para promover acciones ejecutivas sectoria-les, que favorezcan la provisión de servicios sociales básicos y otros aspectos que condicionan el desarrollo humano, especialmente el derecho al trabajo. Adicionalmente, es necesario fortalecer la capacidad de gestión de la SISCA para lograr acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales asociadas a este tema, así como promover la adhesión como Estados Parte de todos los países miembros del SICA a los convenios internacionales sobre la materia.
Capacitación y sensibilización. Los marcos legales de los ocho países que integran el SICA son suficientes para adecuar la prestación de los servicios sociales básicos a las poblaciones móviles, es importante que los servidores públicos, la sociedad civil y la población en general tomen conciencia de esta realidad jurídica y brinde los servicios a estas poblaciones, de acuerdo a una visión de derechos humanos. Para tal efecto, es necesario crear un programa de formación básica y sensibilización en esta materia, dirigido a los servidores públicos. Además, se sugiere la elaboración del material informativo respectivo.
Creación de una normativa básica para facilitar la movilidad laboral. Es necesario lograr acuerdos básicos regionales o binacionales que favorezcan los procesos migrato-rios con una lógica de ganar-ganar (tanto para países emisores como receptores de
migrantes regionales), que, por un lado, promuevan la libre movilidad laboral en la región respetando la institucionalidad de cada uno de los países, considerando las características sociales de los grupos migrantes; y, por otro, que dentro de estos se tomen las medidas específicas que promuevan especialmente los derechos de las muje-res, niños, niñas y adolescentes migrantes.
Creación de instrumentos operativos que faciliten la provisión de servicios socia-les básicos. Sobre la base de los acuerdos de política que se alcancen a nivel nacional, bilateral o regional, y de las experiencias en proceso actualmente, se pueden construir consensos para implantar instrumentos prácticos y de fácil aplicación para las poblacio-nes móviles y los prestadores de servicios, con el fin de lograr que el acceso a dichos servicios sea más expedito y eficiente.
Sistemas de información e intercambio de conocimientos y experiencias asocia-dos a la migración regional. Actualmente, la dimensión de los flujos migratorios regio-nales y sus respectivos impactos, no son objeto de cuantificación, seguimiento y evalua-ción por los gobiernos de la región. Este vacío de información condiciona la escasa disponibilidad de políticas e instrumentos para el adecuado gerenciamiento social de esta compleja realidad. En ello se han identificado al menos tres grandes áreas de acción:
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
Sobre la base de las conclusiones anteriormente expuestas, la propuesta de Programa Regional de Armonización de las Políticas Públicas en la Provisión de Servicios Sociales Básicos a las poblaciones migrantes, debe surgir de la creación gradual, acumulativa y creciente de consensos alrededor de los principales aspectos que ha develado el presente estudio. A continuación, se proponen componentes básicos que debería contener el programa:
Promoción de acuerdos de la SISCA con organizaciones internacionales para la conjunción de esfuerzos en pro de la provisión de servicios sociales básicos en la región.
Suscripción de instrumentos jurídicos internacionales asociados a la protección de los migrantes laborales y sus familias.
Acuerdos ejecutivos básicos para la provisión de servicios sociales básicos al interior de los organismos sectoriales del SICA.
Promoción de acuerdos binacionales para apoyar las iniciativas locales de provisión de servicios sociales básicos y protección de los derechos humanos de las poblaciones móviles
Que el binomio CIS-SISCA realice gestiones para impulsar la armonización de las políticas sociales que faciliten el intercambio de servicios sociales básicos y se contribuya al mayor éxito del proceso de la Unión Aduanera y de la profundización del comercio intrarregional.
Creación de Fondos Nacionales o Binacionales para la provisión de servicios sociales básicos a zonas transfronterizas.
Promoción en el seno del COMMCA de la formulación de políticas especiales para las mujeres migrantes y sus familias.
Promover con el Consejo de Ministros de Trabajo la facilitación de procesos para la migración laboral que incluya:
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1 INCIDENCIA POLÍTICA REGIONAL
CUADRO 11
PROPUESTAS
PRELIMINARES
PARA
FORMULAR UN
PROGRAMA
REGIONAL PARA
ARMONIZACIÓN
DE LAS
POLÍTICAS
PÚBLICAS EN LA
PROVISIÓN DE
SERVICIOS
SOCIALES
BÁSICOS A LAS
POBLACIONES
MÓVILES DE
LOS PAÍSES DEL
SISCA
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Sistematizar aquellos programas, proyectos e iniciativas de base para que sirvan de aprendizaje, mejora y difusión, con el objetivo de facilitar la coopera-ción horizontal en la región y el fortalecimiento de capacidades locales y regio-nales.
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Creación e implementación de un pensum de formación y/o sensibilización dirigido a servidores públicos asociados a los servicios sociales básicos de poblaciones móviles, que verse sobre:
2 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (consiste en que los trabajadores migrantes que hayan cotizado en los diferentes países que ratifiquen el acuerdo podrán tener acceso a su pensión de manera proporcional en cada país y sumar los períodos para cumplir las exigencias. La idea de fondo es evitar que los trabajadores que migren de un país a otro caigan en la informalidad)
Desarrollo de talleres locales de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Marcos Normativos Nacionales.
Instrumentos Internacionales.
Formación en Derechos Humanos.
Eliminación de prácticas discriminatorias en la provisión de servicios sociales básicos.Desarrollo de cartillas de promoción de derechos de las poblaciones móviles.
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La flexibilización de requisitos para la obtención de permisos de trabajo.
La creación de unidades gerenciales de registros de información laboral.
La flexibilización para reconocer a los centroamericanos como nacionales en los marcos normativos de los países miembros del SICA.
Avanzar en la eliminación de cuotas de contratación entre nacionales y extranjeros.
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Sistematización de lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Ampliar la cobertura a otras fronteras de los países miembros del SICA.
Gestión del binomio CIS-SISCA para la extensión del Proyecto UNFPA “Promoción de la SSR, incluida la prevención del VIH y la violencia en género en poblaciones migrantes, particularmente mujeres y jóvenes”:
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
Creación de un marco jurídico especial de movilidad laboral regional.
- Flexibilización de requisitos.
- Libre movilidad laboral.
- Integración de un permiso migratorio-laboral regional.
Promoción de acuerdos de promociones del desarrollo fronterizo.
Programas de regularización migratoria, que incluya un tratamiento especial para los niños, niñas y adolescentes
Desarrollo de programas de atención a las mujeres y niños, niñas y adolescentes migrantes.
• Pasaporte educativo regional.
• Programas binacionales de homologación de títulos académicos.
• Documentos de registro de historial médico binacional.
• Creación de Unidades Especializadas de Salud para poblaciones móviles en zonas fronterizas.
3 CREACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO-POLÍTICO ESPECIAL PARA FACILITAR LA MOVILIDAD LABORAL
4 CREACIÓN DE INSTRUMENTOS OPERATIVOS QUE FACILITEN LA MIGRACIÓN LABORAL
Desarrollo de un sistema de registro de información fronteriza asociado a los servicios sociales básicos.
- Salud Pública.
- Educación.
- Trabajo.
Observatorio Laboral de movilidad laboral regional.
Sistematización y documentación de experiencias.
5 SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTERCAMBIOS DE CONOCIMIENTO ASOCIADOS A LA MIGRACIÓN REGIONAL
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
Creación e implementación de un pensum de formación y/o sensibilización dirigido a servidores públicos asociados a los servicios sociales básicos de poblaciones móviles, que verse sobre:
Desarrollo de talleres locales de intercambio de experiencias y buenas prácticas.
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Marcos Normativos Nacionales.
Instrumentos Internacionales.
Formación en Derechos Humanos.
Eliminación de prácticas discriminatorias en la provisión de servicios sociales básicos.Desarrollo de cartillas de promoción de derechos de las poblaciones móviles.
Banco Mundial (2011a). World Development Indicators, by country. Base de datos disponi-ble en http://data.worldbank.org/country (Revisado el 10 de enero de 2011).
Banco Mundial (2011b). Migration and Remittances Factbook 2011. Washington D.C.: Banco Mundial.
CIA (2010). The World Factbook 2010. Washington, D.C.: CIA. Documento web disponible en https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ index. html
Morales, Abelardo (2003). Situación de los trabajadores migrantes en América Central en Estudios sobre Migraciones Internacionales No 53. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. Documento disponible en Internet en http://www.ilo.org/ public/english/protection/migrant/download/imp/imp53s.pdf
Morales, Abelardo (2008). Inmigración en Costa Rica: características sociales y laborales, integración y políticas públicas en Serie de Población y Desarrollo. Santiago de Chile: CEPAL
Pew Hispanic Center (2010a). Hispanics of Guatemalan origin in the United States, 2008. Documento disponible en http://pewhispanic.org/�les/factsheets/63.pdf
Pew Hispanic Center (2010b). Hispanics of Salvadorian origin in the United States, 2008. Documento disponible en http://pewhispanic.org/�les/factsheets/61.pdf
Pew Hispanic Center (2010c. Hispanics of Honduran in the United States, 2008. Documen-to disponible en http://pewhispanic.org/�les/factsheets/65.pdf
PNUD (2005). Informe Nacional de Desarrollo Humano. República Dominicana 2005. Hacia una inserción mundial incluyente y renovada. Santo Domingo: O�cina de Desarrollo Humano.
PNUD (2009). Informe sobre Desarrollo Humano 2009. New York: PNUD.
PNUD (2010). Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. New York: PNUD.
BIBLIOGRAFÍA
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desarrollo social, pero el acceso a estos servicios pueden verse limitados en la realidad.
Por ello, es necesario prestar especial atención a las prácticas administrativas de los servi-dores públicos, al acceso y tipo de servicio diferenciado que se les debe brindar y a los mecanismos de coordinación interinstitucional que deben establecerse para dar una atención integral a este tipo de poblaciones.
En el área de la provisión de los servicios de educación, es necesario avanzar y aprove-char la experiencia de países para incluir en los programas existentes a la población a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Lo anterior también aplica para el área de salud y desarrollo social. Frente al problema con la documentación requerida para la inscripción de niños, niñas y adolescentes en edad escolar a los centros educativos, hay que trabajar en soluciones prácticas que garanticen su inclusión. Para ello, es preciso considerar las iniciativas existentes en la región y el rol de la SISCA, en función de formular e implemen-tar planteamientos dirigidos a la armonización de los procedimientos administrativos y curriculares.
Por otro lado, los servicios de salud prestados por las instituciones nacionales son para todos sus habitantes del territorio. Sin embargo, aún existen prácticas que condicionan su acceso a temas como “la condición regular o irregular” y a la “distinción entre nacionales y extranjeros”.
La población migrante que habita en las zonas fronterizas recibe servicios de salud, pero existen deficiencias de calidad en el servicio prestado. Por ello, es importante buscar medidas innovadoras que contribuyan a mejorarlos, optimizando los recursos disponibles y fomentando alianzas público privadas, particularmente con la sociedad civil.
En las entrevistas de campo realizadas, se constató que los actores locales encargados de brindar los servicios sociales básicos vinculados con las poblaciones en estudio cono-cen las normativas y programas en general. No obstante, requieren tener información y conocimiento amplio de la normativa nacional e internacional respecto a los derechos de las poblaciones móviles, así como contar con mecanismos de coordinación interinstitucio-nal (nacional, binacional o regional) que garanticen la atención integral de este tipo de
poblaciones, y directrices claras para el tratamiento de las necesidades específicas de los mismos dentro de sus programas. Al contar con capacidades instaladas, lineamientos o políticas definidas, se podrá mejorar la respuesta institucional dirigida a la población móvil y transfronteriza. Un hallazgo relevante en este estudio ha sido la identificación de iniciativas locales en zonas fronterizas en el área de salud y en materia educativa, que están encaminadas a satisfacer las necesidades de sus poblaciones, sin atender a divisiones fronterizas. Esta rica experiencia invita a trabajar en la armonización multinivel de los diferentes espacios gubernamentales. Por un lado, es necesario fomentar la coordinación y cooperación entre el gobierno central y los gobiernos locales, y por otro, entre los países de la región. Además, se requiere establecer líneas de investigación para profundizar mejor en estas iniciativas, en aras de contribuir a la gestión del conocimiento y el traslado de experiencias a otros países de la región.
Con relación a los programas de protección social que tienen todos los países estudiados, es posible afirmar que están focalizados en las poblaciones en pobreza extrema y vulne-rabilidad social, bajo la forma de subsidios o transferencias monetarias condicionadas. Por lo general, atienden a las poblaciones nacionales. Estas políticas contribuyen significativa-mente al ingreso y permanencia de la población infantil pobre en el sistema educativo, mejoran las condiciones de nutrición y los controles de salud; y, en algunos casos, incluyen algunos incentivos para generar iniciativas productivas. En el caso particular de los países que tienen población migrante dentro del territorio nacional, únicamente El Salvador y Costa Rica extienden esos beneficios a las población móviles que residen (temporal o permanentemente, o en situación regular o irregular) en los municipios inclui-dos en tales programas.
Finalmente, es relevante destacar la importancia de los procesos de movilidad migratoria al interior de los países de la región, puesto que generan impactos sociales y económicos en la sociedad centroamericana. Sin embargo, en comparación con los flujos migratorios Sur-Norte, a menudo no se les prestan los mismos niveles de atención en la opinión públi-ca y entre los grandes tomadores de decisiones políticas en la región.
Lamentablemente, no se cuenta con información exacta sobre la magnitud, impacto y alcance de dichos movimientos migratorios; sin embargo las limitadas estimaciones dispo-nibles y algunas experiencias que se han observado durante el estudio permiten afirmar que dicho flujo genera efectos positivos en términos de: a) complementariedad y cobertura de nichos laborales, b) ampliación de la base tributaria, y c) mayor diversificación de las actividades económicas. En general, se ha observado en las visitas de campo que los migrantes complementan a los trabajadores nativos de los países receptores, mejorando el rendimiento global de la economía e impactando positivamente el desarrollo territorial de los enclaves de migrantes en los países de destino.
En este contexto, es importante destacar los siguientes aspectos que deberán ser aborda-dos para impulsar creativamente la integración regional social:
• Los países estudiados han venido avanzando en el proceso de la Unión Aduanera y han incrementando sustantivamente el comercio intrarregional. Ambos aspectos, en el momento actual, no corresponden con el proceso de flexibilidad laboral intrarregional, a pesar de que en la práctica es un hecho, ya que se utiliza el mecanismo del CA-4 como medio de movilidad para aspectos laborales y sociales.
• Por ello, es necesario realizar estudios e investigaciones que den a conocer los benefi-cios y desafíos que implican la movilidad laboral y social para los países y la región. • Como un paso significativo, es importante armonizar las políticas existentes para el acceso a los SSN a estas poblaciones y facilitar el intercambio de servicios sociales básicos que se derivan del proceso de la Unión Aduanera, del incremento creciente del comercio interregional y acuerdos como el CA-4, sobre la base de la experiencia que tienen la mayoría de los países con las poblaciones móviles en su territorio.
• Además, se debe buscar la posibilidad de construir o adaptar un marco laboral flexible
en la región que garantice la autorización y regularización de trabajadores migrantes y, con ello, favorecer el acceso a los servicios sociales y la integración de estos a la socie-dad de acogida.
• Finalmente, en aquellos países que decidan elaborar una Política Migratoria Integral , se debe procurar que al menos comprenda los siguientes lineamientos:
- Brindar la atención social y humanitaria que las poblaciones móviles necesitan, incluyendo de forma proactiva las recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
- Maximizar el aprovechamiento positivo que la movilidad laboral puede brindar a las economías nacionales y/o regionales, en el marco del proceso de la Unión Aduanera y del incremento del comercio intrarregional.
Existe una clara movilidad social y laboral en la región, en donde los trabajadores migran-tes y sus familiares laboran en los sectores agrícolas, construcción y servicios, respon-diendo a la demanda laboral existente al interior de los países miembros del SICA.
Esta movilidad generalmente es de carácter irregular y conlleva una serie de aspectos como la estigmatización, discriminación y los prejuicios. Lo anterior convierte a la pobla-ción migrante en sujetos vulnerables y, a la vez, limita su acceso a los servicios sociales básicos y a las instancias de apoyo.
Aspectos como servicios no contextualizados, la falta de oferta de información adecuada y oportuna, la misma movilidad de la población, los temores y el desconocimiento general de la oferta limitan la demanda de los servicios sociales básicos. En la gran mayoría de los casos, la provisión de estos servicios no está diseñada específicamente para este tipo de poblaciones y sus necesidades. En consecuencia, en muchos de los casos, los servi-dores públicos no cuentan con lineamientos claros para la atención de estas poblaciones dentro de sus programas o planes de trabajo.
Esta realidad contrasta con el hecho de que los países de la región cuentan con marcos normativos que incorporan el derecho de igualdad y el principio de no discriminación, reconociendo los derechos humanos de todos los habitantes del país, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad u otros. Este marco reconoce el derecho a la salud, la educación y el trabajo de manera universal, en igualdad de condiciones. A su vez, reconocen la condición de persona refugiada y sus derechos, equiparándolos con los de los nacionales.
En general, los países estudiados cuentan con políticas, programas y proyectos sociales sectoriales para atender de manera incluyente a los habitantes que están en su territorio, independientemente de su estatus migratorio, con especial énfasis en el área de salud y
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
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Belize Dr. Ella Jean Gillett
Gareth Murillo
Ivan Williams
Ricardo Thompson
Miguel Angel Trinidad
Rita Defour
Henry Canton
Director Policy & Planning
Unit
Director of Immigration
and Nationality Services
Labour Commissioner
Acting
Principal Agriculture
Officer
Director
Director
Chief Executive
Officer
Ministry of Education and Youth
Ministery of Defense and Inmigration/ Immigration and Nationality Department
Ministry of Labour, Local Government and Rural Development PNUD Belize
Ministry of Agriculture and Fisheries
OEA
Cornerstone Foundation
Citrus Products of Belize Ltd
1
2
3
4
5
6
Guatemala Erick Maldonado
Jorge Lorenzana
Ana María Méndez
Flora Reynosa
Diego Gasgon
Ángela Cobar
Secretario Ejecutivo(Actual
Viceministro para los
Guatemaltecos en el Exterior)
Jefe del Programa de Poblaciones
Móviles
Experta Independiente
Defensora de Población Migrante
Delegado PDDH - El Naranjo
Encargada Programa de Refugiados
CONAMIGUA
MSPAS
SEGEPLAN
PDDH
Casa del Migrante
Asociación Tanux`l
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD7
8
9
10
Helen Leiva
Marila de Prinz
Ing Luis Arenas
Silvia Negreros
Coordinadora de Programas
Coordinadora
Director General
Oficial de Programas
MENAMIG
INCEDES
UNFPA
Casa del Migrante
ANEXOS
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
ANEXO 1
LISTADO DE
INFORMANTES
CLAVES
ENTREVISTA-
DOS EN LOS
DIFERENTES
PAÍSES
MIEMBROS DEL
SICA
75
1
2
3
4
5
6
Erick Maldonado
Jorge Lorenzana
Ana María Méndez
Flora Reynosa
Diego Gasgon
Ángela Cobar
Secretario Ejecutivo(Actual
Viceministro para los
Guatemaltecos en el Exterior)
Jefe del Programa de Poblaciones
Móviles
Experta Independiente
Defensora de Población Migrante
Delegado PDDH - El Naranjo
Encargada Programa de Refugiados
CONAMIGUA
MSPAS
SEGEPLAN
PDDH
Casa del Migrante
Asociación Tanux`l
7
8
9
10
Helen Leiva
Marila de Prinz
Ing Luis Arenas
Silvia Negreros
Coordinadora de Programas
Coordinadora
Director General
Oficial de Programas
MENAMIG
INCEDES
UNFPA
Casa del Migrante
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
El Salvador Eunice Olan
Iris Reyes
Azael Jovel
María de los Ángeles Ventura
Morena Jovel
Aída Argüello
Gerardo Alegría
Jefa de la Unidad de
Repatriaciones
Coordinadora de Educación para la Vida
Coordinador Nacional de Programa de Poblaciones
Móviles y VIH
Encargada del Programa de Poblaciones
Móviles y VIH frontera las Chinamas y
San Cristóbal
Encargada del Programa de Poblaciones
Móviles y VIH frontera La Hachadura
Encargada Programa de Comunidades
Solidarias/ Coordinadora Técnica CIS
Procurador Adjunto de los
Derechos Civiles e
Individuales
MG/DGME
MINED
MSPAS
MSPAS
MSPAS
STP
PPDH
8
9
10
Jairo Damas Cruz
Álvaro Rivera Alemán
Kiriam Nuila
Jefe de la Sección de
Trabajadores Migrantes
Experto Independiente en cuestiones
de limites fronterizos con Honduras y Ex miembro de la Comisión de Seguimiento Honduras –El
Salvador
Encargada del Programa para los Refugiados
(PARES)
MTPS
Iglesia Anglicana
76
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
1
2
3
4
5
6
7
Eunice Olan
Iris Reyes
Azael Jovel
María de los Ángeles Ventura
Morena Jovel
Aída Argüello
Gerardo Alegría
Jefa de la Unidad de
Repatriaciones
Coordinadora de Educación para la Vida
Coordinador Nacional de Programa de Poblaciones
Móviles y VIH
Encargada del Programa de Poblaciones
Móviles y VIH frontera las Chinamas y
San Cristóbal
Encargada del Programa de Poblaciones
Móviles y VIH frontera La Hachadura
Encargada Programa de Comunidades
Solidarias/ Coordinadora Técnica CIS
Procurador Adjunto de los
Derechos Civiles e
Individuales
MG/DGME
MINED
MSPAS
MSPAS
MSPAS
STP
PPDH
8
9
10
Jairo Damas Cruz
Álvaro Rivera Alemán
Kiriam Nuila
Jefe de la Sección de
Trabajadores Migrantes
Experto Independiente en cuestiones
de limites fronterizos con Honduras y Ex miembro de la Comisión de Seguimiento Honduras –El
Salvador
Encargada del Programa para los Refugiados
(PARES)
MTPS
Iglesia Anglicana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Honduras Valdete Wilemann
Edith Zavala
Venancio Cervantes
Saúl Urbina
Fátima Coto
Jessica Rodríguez
Luis Fernando Lizama
Berna Martínez
Miriam García
Directora
Coordinadora
Director General
Subjefe de Inspectores
Encargada del Programa de Retornados
Encargada del Programa de
Refugio
Delegado regional
Jefa del Departamento de Migraciones
Laborales
Coordinadora General de la
Unidad de Proyectos
CAMR
FONAMIH
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME/Delegación Occidental enAgua Caliente
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Programa de Asignación Familiar de
Honduras (PRAF)
10
11
12
13
Ramón CustodioJenny Carolina
Hernández
Orlando Betancourt
Tomas Guevara
Pedro Sorto Reyes
Comisionado Nacional
Director de la Unidad
de Planifica-ción y
Evaluación de la Gestión de
Educación
Jefe de Vigilancia
Epidemiológica
Director
CONADEH
SE
SS
Clínica Periférica de Ocotepeque
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD
77
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valdete Wilemann
Edith Zavala
Venancio Cervantes
Saúl Urbina
Fátima Coto
Jessica Rodríguez
Luis Fernando Lizama
Berna Martínez
Miriam García
Directora
Coordinadora
Director General
Subjefe de Inspectores
Encargada del Programa de Retornados
Encargada del Programa de
Refugio
Delegado regional
Jefa del Departamento de Migraciones
Laborales
Coordinadora General de la
Unidad de Proyectos
CAMR
FONAMIH
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME
SEIP/DGME/Delegación Occidental enAgua Caliente
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social
Programa de Asignación Familiar de
Honduras (PRAF)
10
11
12
13
Ramón CustodioJenny Carolina
Hernández
Orlando Betancourt
Tomas Guevara
Pedro Sorto Reyes
Comisionado Nacional
Director de la Unidad
de Planifica-ción y
Evaluación de la Gestión de
Educación
Jefe de Vigilancia
Epidemiológica
Director
CONADEH
SE
SS
Clínica Periférica de Ocotepeque
1
2
3
4
5
Nicaragua Rosario Cuadra
Guillermo González
Guillermo López López
Alejandro Solís
Alma García
Directora Ejecutiva
Asesor
Director General de Educación Primaria
Director de Planificación
Oficial de Programas
CEPS
Secretaria de la Presidencia
MINED
MINSA
UNFPA
1
2
3
4
5
Costa Rica Gabriela Ortega
María EugeniaVíctor Sánchez
Sandra Chávez
María Antonieta Díaz
Romano González
Coordinadora del Programa
Transfronterizo
Subjefe del Departamento de Planifica-
ción Institucional
Asesora
Asesora
Encargado de Salud Indígena
y Salud Migrantes
CENDEROS
MGP/DGME
MGP/DGME
MEP
Ministerio de Salud/ Direción de Planificación Estratégica y Evaluación de
las Acciones en Salud
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mayra Díaz Méndez
Andrea Hidalgo Saborio
Margorie Herrera Castro
Jorge Moreno
Reinaldo Páez Guerra
Andrea Garita Castro
Mauricio Rojas
Salvador Gutiérrez
Juan Carlos Murrillo
Federico Martínez
Gabriela Rchards
Asesora
Profesional de Defensa de la Dirección de Protección Especial
Profesional de Defensa de la Dirección de Protección Especial
Secretario Técnico Ejecutivo
Técnico
Directora Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones
en Salud
Funcionario de la Unidad de Planificación
estratégica de la Producción Social de la
Salud
Oficial Nacional
Asesor legal para América
Latina
Asesor legal
Coordinadora Técnica Proyecto
Binacional del UNFPA
Migración y Salud
Ministerio de Bienestar Social y Familia/IMAS
Defensoría de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes
CCSS
Patronato Nacional de Infancia
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
OIM
ACNUR
ACNUR
UNFPA
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD
78
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
1
2
3
4
5
Gabriela Ortega
María EugeniaVíctor Sánchez
Sandra Chávez
María Antonieta Díaz
Romano González
Coordinadora del Programa
Transfronterizo
Subjefe del Departamento de Planifica-
ción Institucional
Asesora
Asesora
Encargado de Salud Indígena
y Salud Migrantes
CENDEROS
MGP/DGME
MGP/DGME
MEP
Ministerio de Salud/ Direción de Planificación Estratégica y Evaluación de
las Acciones en Salud
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Mayra Díaz Méndez
Andrea Hidalgo Saborio
Margorie Herrera Castro
Jorge Moreno
Reinaldo Páez Guerra
Andrea Garita Castro
Mauricio Rojas
Salvador Gutiérrez
Juan Carlos Murrillo
Federico Martínez
Gabriela Rchards
Asesora
Profesional de Defensa de la Dirección de Protección Especial
Profesional de Defensa de la Dirección de Protección Especial
Secretario Técnico
Ejecutivo
Técnico
Directora Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones
en Salud
Funcionario de la Unidad de Planificación
estratégica de la Producción Social de la
Salud
Oficial Nacional
Asesor legal para América
Latina
Asesor legal
Coordinadora Técnica Proyecto
Binacional del UNFPA
Migración y Salud
Ministerio de Bienestar Social y Familia/IMAS
Defensoría de los Habitantes
Defensoría de los Habitantes
CCSS
Patronato Nacional de Infancia
Ministerio de Salud
Ministerio de Salud
OIM
ACNUR
ACNUR
UNFPA
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD
79
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Panamá Blas Quintero
Eusebio Bilbord
Álvaro Cubilla
Mónica Chavarría
Irik Limnio
Armando Guerrero
Izeth Serrano
Pablo Ortiz
Andrea Cortez
Jessica Rivera
Michael Vellez
Mirla Cerceño de Cedeño
Cristina Gómez
Carmen Ríos
Ana de Obaldia
Director
Miembro del Equipo
Jefe de la Sección de
Análisis Demográfico
Jefa de la Oficina de Chiriqui
Técnico
Subdirector
Enfermera
Director Médico
Apoyo Médico
Delegada OIM
Residente pasante
Enlace del MINSA
/Chiriqui a proyecto UNFPA /MINSA
Coodinadora del proyecto
regional UNFPA
LACRO-AECID
Consultora Proyecto
UNFPA/MINSA
Asistente de Programa
UNFPA
ACUN
ACUN
INEC
Defensoría del Pueblo
MIDES
Centro de Salud Materno
Infantil Rió Sereno
Centro de salud del área de Coto Brus (frontera con Río Sereno) en Costa Rica
Centro de salud del área de Coto Brus (frontera con Río Sereno) en Costa Rica
Centro de salud del área de Coto Brus (frontera con Río Sereno) en Costa Rica
Centro de salud del área de Coto Brus (frontera con Río Sereno) en Costa Rica
MINSA
UNFPA Regional (LACRO)
UNFPA
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD
80
ESTUDIO EXPLORATORIO REGIONAL: ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE LAS POBLACIONESMÓVILES (MIGRANTES Y REFUGIADOS) Y TRANSFRONTERIZAS EN EL ISTMO CENTROAMERICANO Y REPÚBLICA DOMINICANA
1
2
3
4
5
6
7
Joseph Cherubin
Eddy Tejada
Ramón María Saviñon
Mercedes Pérez
Andrés Valentín
Julio LeonardoValeiron
José Delancer
Presidente
Investigador Asociado
Encargado del Departamento de Deportacio-
nes
Encargada de Proyecto y
Cooperación Internacional
Director de Trabajo
Director Ejecutivo
Director de la Dirección Materno Infantil y
Adolescentes
MOSCTHA
FLACSO
Dirección General de Migración y Extranjería
Ministerio de la Mujer
Ministerio de Trabajo
Instituto Dominicano de Investigación y Evaluación
de la Calidad Educativa
Ministerio de Salud
RepúblicaDominicana
PAIS No. NOMBRE CARGO ENTIDAD