Asociación Venezolana de Ejecutivos Estados Financieros Ajustados por Inflación Luis Brabo D. Presidente Asociación Venezolana de Ejecutivos Introducción Este evento forma parte del Ciclo de Actualización Gerencial que lleva adelante la Asociación Venezolana de Ejecutivos. Es bien conocido que la inflación es un grave problema que distorsiona la representación de los resultados financieros de las organizaciones de una forma abrupta, fuerte e intensa. El Método Histórico para la representación de los Estados Financieros se quedó obsoleto ante esta situación. Por ello se inició una nueva metodología, de acuerdo con el Colegio de Contadores Públicos, que es la Reexpresión. Esta última también ha traído confusión y dudas acerca de su adecuación para la mejor representación de la actuación de una gerencia y la situación financiera de una institución o empresa. Los puntos de análisis que se tocarán a lo largo de este seminario son:

• ¿Por qué la reexpresión? Visión y responsabilidad del auditor externo. • Efecto de la reexpresión en el inversor. • Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. • Visión legal de la reexpresión.

Francisco Vázquez Socio KPMG, Alcaraz, Cabrera, Vázquez ¿Por qué la reexpresión? Visión y responsabilidad del auditor externo. Venezuela está inmersa en un proceso inflacionario desde hace aproximadamente trece años. Esto afecta todas las actividades de las empresas y de las personas naturales: la inflación tiene un grave efecto sobre los precios, los costos, los sueldos y salarios, los valores de las propiedades, la tasa de cambio, la tasa de interés y así sucesivamente sobre todas las actividades, ya sean personales o empresariales. En consecuencia, si los estados financieros de una empresa recogen el resultado de sus actividades y su situación financiera actuando en un ambiente económico, deben reconocer ese efecto inflacionario, porque si no lo hacen es obvio que carecen de toda utilidad. En el caso venezolano, la profesión estableció como metodología para reconocer, aislar y cuantificar ese efecto de la inflación en los estados financieros, dos procedimientos: el nivel general de precios y el método mixto. Estas metodologías no son un invento de la profesión venezolana, son universalmente aceptadas y reconocidas por la comunidad de negocios y los organismos gremiales en diferentes países. En el caso de los Estados Unidos de América, donde realmente en los últimos decenios no han estado sometidos a la inflación que puede haber afectado a Venezuela, el Instituto Americano de Contadores Públicos ha emitido un documento en el que recomienda a las empresas que presentan sus estados financieros en dólares, para la economía americana, que presenten información ajustada por los cambios en los precios. Ellos reconocen la necesidad de que los cambios que ocurren en el poder adquisitivo del dólar sean reflejados en los estados financieros. Los canadienses han emitido sus pronunciamientos al respecto; países como Argentina, Chile, Brasil y Perú, que han sufrido procesos inflacionarios también se han manifestado al respecto; y todos coinciden al menos en un método: el nivel general de precios. Así, la reexpresión de los estados financieros no es un invento venezolano, es la única forma que Venezuela tiene para alinearse con el resto de la comunidad económica mundial, para que su información pueda ser comparable con información emitida en otras economías. En el año 1.990 la Junta que establece los principios internacionales de contabilidad emitió una norma que se conoce como NIC 29 (Normas Internacionales de Contabilidad), en la cual se establece la necesidad de que las empresas que actúan en economías altamente inflacionarias reexpresen sus estados financieros. La orientación de esa norma es el método del nivel general de precios. En Julio del año 1.991 el Congreso de la República dictó la Reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta, reconociendo —por insistencia del sector empresarial venezolano— que el fenómeno inflacionario estaba erosionando el patrimonio de las empresas y que el impuesto sobre la renta, calculado sobre la base histórica, era de hecho un impuesto casi confiscatorio, por cuanto se estaba llevando el capital de las empresas. Esos mismos empresarios lograron que la Ley estableciera que la renta fiscal se determine sobre bases ajustadas por inflación. En Agosto de ese mismo año la Federación de Contadores Públicos emite la DPC 10, que recoge tanto el Método General de Precios como el Método Mixto. De allí en adelante surge una serie de actualizaciones, boletines y publicaciones técnicas, hasta Noviembre de 1.995. Es necesario

señalar que en Febrero de 1.994 la Comisión Nacional de Valores, también consciente del impacto de la inflación sobre los estados financieros y el patrimonio de las empresas, emite las normas que deberían seguir las empresas cuyos títulos están inscritos en dicha comisión para preparar sus estados financieros. Queda demostrado que éste no es un problema de los Contadores Públicos, sino un problema nacional e internacional para aquellos países que viven el fenómeno inflacionario. Si Venezuela quiere estar alineada, ir a un proceso de apertura económica y globalización, atraer capital del exterior salir a invertir, tiene que ceñirse a las reglas que están impuestas en el ámbito internacional. Lo principal es emitir información financiera que pueda ser comparable con aquella generada en otros centros mundiales, de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad. Hay un movimiento mundial que intenta lograr que los principios de contabilidad lleguen a ser lo más armónicos posibles con relación a todos los países, a través de la creación de unas normas únicas que puedan ser interpretadas por igual en cualquier ciudad del mundo. Estas son las tendencias que obligan a reexpresar los estados financieros en Venezuela. Para poder reexpresar los estados financieros se emplea el método de Nivel General de Precios, ampliamente conocido y aceptado en el mundo, y el Método Mixto. Este último tuvo que ser adaptado al caso venezolano porque en el año 1.991, cuando surge el pronunciamiento, la mayoría de las empresas en Venezuela habían revaluado sus activos fijos como una forma de proteger su patrimonio contra el fenómeno inflacionario. Con este método la mayoría de las empresas habían generado lo que llamaban "superávit por revaluación", que era una forma de reexpresar pero no completa. La economía venezolana tiene una característica muy particular: la tasa de devaluación no sigue a la tasa de inflación, cosa que si ocurre en otros sistemas económicos más desarrollados donde esas dos líneas son casi paralelas. Esta particularidad es una consecuencia del uso de tasas de cambio preferenciales y tasas de cambio controladas por mucho tiempo; la brecha entre la línea de la inflación y la línea de devaluación en algunos casos llegó a ser bien significativa. Así, el precio que podía asignársele a los bienes muebles e inmuebles no tenía nada que ver con el precio que podían tener en el mercado esos mismos bienes, porque habían sido adquiridos con un dólar que estaba subvaluado o sobrevaluado, dependiendo de cómo se quiera ver. Por todo lo anterior, algunos de los activos que las empresas poseían estaban valorizados por encima de lo que les correspondía si se tomaba su costo histórico y se aplicaba al índice de precios al consumidor, porque estaban reflejados a valores del mercado basados en tasadores independientes. Si el Nivel General de Precios hubiese sido el único método adoptado por las empresas en Venezuela, se correría el riesgo de que al reexpresar los valores actualizados de los bienes inmuebles —terrenos, por ejemplo— el valor obtenido fuese inferior al valor de mercado que les habría sido asignado por los tasadores. En consecuencia, si esos valores estaban en un superávit, que en muchas oportunidades había sido decretado como un dividendo en acciones a los accionistas, habría que enfrentar la situación de que los capitales ajustados fueran menores que los capitales legales. Esta situación presentaba una serie de problemas de orden práctico, lo que obligó a buscar una alternativa y a considerar la aplicación de Método Mixto, que ya había sido usado en economías con un comportamiento similar al venezolano —como era el caso de México en aquel momento.

Los estados financieros ajustados por inflación no resuelven todos los problemas. Se ha tratado de achacarle a la reexpresión una serie de deficiencias en algunas instancias; sin embargo, bajo ningún método los estados financieros se pueden considerar exactos, no existe una contabilidad exacta en el mundo. Cuando en los estados financieros históricos se estima el valor de la vida útil de los activos para asignarles su depreciación, en muchos casos se encuentra que a un activo se le asigna una vida útil de 10 años, por ejemplo, para efectos de depreciación, y resulta que ese activo dura 50 años y sigue generando ingresos durante todo ese tiempo. La información financiera intenta ser razonable, pero nunca llega a ser exacta; nunca van a haber principios de contabilidad que resuelvan este problema de la exactitud o de la utilidad de la información financiera. Definitivamente los estados financieros ajustados por inflación no resuelven todos los problemas, pero de una cosa se puede estar seguro: reflejan más fielmente una situación como la que vive Venezuela que los estados históricos. Existen todavía asuntos que requieren mayor análisis o que deberían ser objeto de un pronunciamiento por parte de la profesión contable. En primer término, los empresarios todavía no tienen claro qué hacer con el superávit o con el patrimonio reexpresado, con esa ganancia o esas utilidades no distribuidas que pueden resultar mayores o menores que las históricas. Las preguntas más frecuentes en este caso son: ¿Se reparte como dividendos o debe dejarse allí? ¿Cuándo y hasta dónde se puede repartir como dividendo? Si esa utilidad es buena para pagar el impuesto sobre la renta ¿por qué no va a ser buena para que los accionistas disfruten de ella?. Existen también otras áreas. Por ejemplo, las empresas que mantienen una inversión alta en monedas diferentes al bolívar enfrentan el fenómeno de la diferencia entre la devaluación y la inflación. Eso genera algunas distorsiones al analizar los estados financieros ajustados a la inflación, porque mientras algunos rubros se están ajustando por el índice de inflación —que en el caso venezolano del año pasado fue del 103%—, aquellos rubros que están amarrados a monedas extranjeras o que determinan su valor de reposición en base a monedas extranjeras sólo pudieron ser ajustados en un 60% aproximadamente que fue el factor de devaluación. Eso crea una distorsión y la profesión tiene que buscar una solución. Estos y otros son asuntos de suma importancia que todavía quedan pendientes por resolver, sobre los cuales tendrán que pronunciarse la Federación del Colegio de Contadores Públicos, la Comisión Nacional de Valores y en general la comunidad empresarial y de negocios de Venezuela.

José Alberto Yanes Coordinador del Comité de Principios Contables Federación de Contadores Públicos de Venezuela ¿Por qué la reexpresión? Visión y responsabilidad del auditor externo. A partir del 31 de Diciembre de 1996, los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela requieren que los estados financieros se ajusten en forma integral para registrar los efectos de la inflación en el patrimonio de las empresas. Estos Principios de Contabilidad son las normas técnicas que rigen la profesión del contador público y son emitidas en Venezuela por la Federación de Colegios de Contadores Públicos bajo publicaciones denominadas Declaraciones de Principios de Contabilidad (DPC) y elaboradas por su Comité Permanente de Principios de Contabilidad. Este Comité está compuesto por trece miembros que, aunque actúan a título personal, provienen de las siguientes instituciones:

• Universidad Central de Venezuela (2 miembros) • Universidad de Oriente • Universidad del Zulia • Universidad de Los Andes • Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” • Universidad de Carabobo • Universidad Santa María • Industria Petrolera • Firmas de auditoría (2 miembros) • Comisión Nacional de Valores • Superintendencia de Bancos

Además, el Comité cuenta con asesores legales muy reconocidos y ha hecho un convenio con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el cual se acuerda que los pronunciamientos hechos por ambas partes van a ser discutidos y evaluados conjuntamente; se lleva a cabo un proceso para hacer convenios similares con la FASB (normas estadounidenses) y con la IFAC (normas internacionales), además de una discusión pública a través de Internet. Esta conformación ha evitado que los principios aprobados en Venezuela se emitan bajo la influencia de posiciones parcializadas o ajenas a los aspectos estrictamente técnicos y productos de serias investigaciones. En Agosto de 1991 la Federación aprobó la Declaración de Principios de Contabilidad Número 10 (DPC 10), la cual obliga a registrar en las empresas los efectos económicos producto de la inflación. La necesidad de ajustar los estados financieros históricos en países con alta inflación, prácticamente no tiene objeción de los diversos organismos que tienen influencia sobre la profesión. Quizá en la solución es donde se presentan algunas divergencias, unas por desconocimiento de la teoría de los ajustes y otras por demasiados conocimientos acerca de las mismas. Así, la profesión, tanto a nivel nacional como internacional ha escogido dos métodos: el

de ajustes por Nivel General de Precios (NGP) y el método Mixto, que mezcla los avalúos con los niveles generales de precios. Según Florencio Escribano Martínez, profesor de la Universidad de Córdoba y ponente en la XXI Conferencia Interamericana de Contabilidad, "el ajuste a los estados financieros debe requerirse, aún con tasas de inflación bajas, para evitar las distorsiones que llevan a la inadecuada medición de la rentabilidad y a los peligros de distribuir el capital en forma de dividendos o a la creación de reservas ocultas. Esta realidad hasta ha llegado al cine, que ha demostrado cómo personas inescrupulosas pueden hacerse ricas logrando el control de empresas con fuertes reservas ocultas, cerrándolas y liquidando sus activos. Estas reservas han sido ocultadas en la contabilidad que mantiene los activos al costo histórico en moneda nominal por décadas, sin reconocer la desvalorización del dinero ni la valoración de los activos". En Venezuela esta situación no ha sido llevada al cine, sino puesta en práctica en la realidad. En esencia el ajuste por inflación permite al accionista y a los usuarios de los estados financieros conocer la utilidad real, comparando los patrimonios inicial y final expresados en las mismas unidades monetarias. Aún con inflación moderada, si no se hace la comparación convirtiendo los patrimonios a la misma moneda, las distorsiones son enormes. En un estudio citado por el profesor Antonio Vives del IESA, en su obra Evaluación Financiera de las Empresas, se demostró que la inflación no afecta por igual a todas las empresas y que depende de su posición monetaria neta y de la magnitud del "mark-up" histórico que cada una muestre, además de la antigüedad de sus activos. Aún excluyendo los resultados por posición monetaria, las distorsiones eran evidentes. No son ciertos algunos análisis muy simplistas que llegan a la conclusión de que si una empresa tiene posición monetaria pasiva va a mostrar grandes ganancias. Al contrario: la realidad ha demostrado que, aún en este caso, la ganancia monetaria casi nunca compensa el efecto de la inflación en los costos de los inventarios y en la "reexpresión reexpresada" en el balance hasta el momento de su traslado a los resultados de un ejercicio determinado. Las estadísticas internacionales muestran que el 95% de las empresas que se ajustan por inflación ven disminuidas significativamente sus utilidades o incrementadas sus pérdidas, aún con posiciones monetarias pasivas. Al entrar en vigencia los estados financieros ajustados por los efectos de la inflación como únicos a partir del 31 de Diciembre de 1996, de conformidad con las exigencias de la DPC 10, se han presentado algunos problemas jurídicos y tributarios, como era de esperarse en una materia tan novedosa, pero deben ir analizándose y corrigiéndose en la medida de lo posible. Estos ajustes deben registrarse en los libros legales exigidos por el Código de Comercio, puesto que ésta es la única contabilidad aprobada por los Principios de Contabilidad de Aceptación General. No existen dos contabilidades, como muchos han pretendido decir: la ajustada por inflación es también histórica ahora. Al respecto, el párrafo 37 de la DPC 0 define como costo histórico original lo siguiente: "Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren realizados contablemente. Estas cifras deberán ser modificadas en el caso de ocurrir eventos posteriores que las hagan perder su significado,

aplicando los métodos de ajustes aceptados por los principios de contabilidad que en forma sistemática preserven la equidad y la objetividad de la información contable. Si se ajustan las cifras por cambios en el nivel general de precios (método NGP) y se aplican a todos los conceptos que integran los estados financieros, susceptibles de ser modificados, se considerará que no ha habido violación de este principio; si se ajustan las cifras de acuerdo con el método que combina los cambios en el nivel general de precios con los cambios en el nivel específico de precios (método Mixto), los resultados netos del período deben coincidir con los del método NGP y sólo en este caso se considerará que no ha habido violación al principio de valor histórico original". El ajuste por inflación es en esencia una corrección monetaria, una traducción de una moneda a otra, que no produce cambios en los valores de los bienes, sino los traduce a otra moneda más estable. Entre las alternativas para corregir la situación de estados financieros históricos en países con alta inflación se pueden mencionar:

• Convertir de bolívares históricos a dólares estadounidenses (DPC 12 - FAS 52). • Convertir de bolívares históricos a otra moneda extranjera (DPC 12 - NIC 21) • Convertir de bolívares históricos a bolívares constantes (DPC 10 - NIC 29)

En la práctica, las cifras producidas en los estados financieros en bolívares históricos son equivalentes a las obtenidas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera en procesos de conversión, y también a los reexpresados en bolívares constantes en procesos de reexpresión. El procedimiento es el mismo: en un caso se usan factores de devaluación y en el otro de inflación; sus efectos deben tratarse de igual forma. La primera vez que los estados financieros se ajustan, el patrimonio presenta las diferentes cuentas ajustadas desde las fechas de sus aportes, al igual que las partidas no monetarias. En ese momento aparecen tres cuentas nuevas —aparte de los resultados por tenencia de activos no monetarios—, a saber:

• Actualización del capital social • Utilidad retenida actualizada • Resultado por exposición a la inflación (REI).

Algunos piensan que en este instante se produce un aumento del capital con la cuenta de actualización. Esta afirmación no es correcta. El ajuste por inflación es, en esencia, una corrección monetaria que permite expresar los estados financieros elaborados originalmente en una moneda inestable por los efectos de la inflación, en otra moneda más estable. Las soluciones que la contabilidad ha producido a nivel internacional son: • Reexpresar los estados financieros en una moneda extranjera (si la empresa actúa en el

ámbito de esa moneda). • Reexpresarlos en moneda nacional de poder adquisitivo actual (bolívares constantes). El procedimiento en ambos casos es similar: se toma un desembolso histórico y se traduce a la nueva moneda (con la tabla de factores de devaluación) o a bolívares de hoy (con la tabla de factores de inflación).

En la reexpresión inicial existen tres momentos: 1. Se convierten los aportes históricos en sus equivalentes en moneda actual.

Al hacerse el ajuste a los aportes de los accionistas, contenidos en su patrimonio (capital social, utilidades retenidas o déficit y reservas), se multiplican por los factores correspondientes —en el caso de bolívares constantes— y se convierten en:

• Capital social actualizado • Utilidades retenidas actualizadas y • Reservas actualizadas

Estas partidas son equivalentes a las anteriores, en perfecta correlación. Al respecto el contador público Alfonso Pérez Reguera y Martínez de Escobar, en su obra Aplicación Práctica del Boletín B-10, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, determina lo siguiente: Valor equivalente = Valor histórico x IPC fecha actual IPC fecha aporte Esto significa que las tres cifras históricas y sus tres cifras equivalentes son indivisibles individualmente consideradas, tanto técnica como legalmente. Es similar a la indexación de demandas y prestaciones sociales en los tribunales.

2. En el segundo momento, y para mantener el capital social coincidiendo con el registrado, se procede a dividir el capital social actualizado en dos partidas, el capital social nominal histórico y su actualización. Esta es una división de forma y no significa que son conceptos diferentes ni pueden separarse. La PT 19 permite la presentación de una sola partida como capital social actualizado explicando, en una nota en el cuerpo de los estados financieros, que es equivalente al capital social nominal. La cuenta de actualización del capital es en realidad el ajuste al capital social nominal para traducirlo a moneda constante. Es similar a cuando se convierte un capital social que está en bolívares a liras italianas, por ejemplo. El monto obtenido del ajuste no corresponde ni a bolívares ni a liras; es sólo eso, la diferencia entre ambas, inseparables en la comparación de las dos monedas, mal podía utilizarse para modificar las cifras equivalentes de las otras dos partidas estudiadas. La suma de la primera con el ajuste produce la segunda, no hay otra forma lógica de proceder. Esto no se trata de un aumento del capital; el código de comercio establece que los aportes de bienes en el capital de la empresa son en efectivo, especies, créditos o valores. En ningún momento la corrección monetaria se puede considerar dentro de esos conceptos. Este es uno de los puntos que genera errores de interpretación entre los registradores mercantiles.

3. Hasta el tercer momento la contrapartida de la modificación por corrección monetaria de las tres partidas del patrimonio no está en ningún sitio; simplemente, las cifras actualizadas de los

aportes constituyen el monto de la "riqueza" de los accionistas que debe estar representada en la empresa, en sus activos y pasivos actualizados. En ese momento se compara el total de las tres cuentas actualizadas con el total de los activos y pasivos actualizados en la misma forma; si los activos y pasivos actualizados son superiores al patrimonio actualizado, los accionistas no sólo han mantenido su patrimonio financiero, sino que lo han incrementado: el REI acumulado será acreedor. Si por el contrario, la inflación ha producido un deterioro del patrimonio de los accionistas, el REI será deudor o déficit acumulado.

La inflación es una realidad económica que el derecho y la contabilidad no pueden ignorar. No pueden seguirse mostrando capitales sociales históricos insignificantes, que no tienen ninguna relación con el poder adquisitivo el bolívar de hoy y mucho menos con la responsabilidad que los accionistas tienen sobre sus aportes a la hora de responder por las obligaciones de la empresa. Al respecto, el numeral 3º del Artículo 201 del Código de Comercio establece: "Las compañías de comercio son de las especies siguientes: (...) 3º.— La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas

por un capital determinado y en las que los socios no están obligados sino por el monto de su acción".

No parece ajustado a la equidad y al espíritu del legislador pretender que la responsabilidad de los accionistas se mantenga sobre la cifra nominal del capital aportado años atrás, cuando el poder adquisitivo era muy superior al actual. La actualización del capital representa además de una realidad económica, una necesidad social y de seguridad para las transacciones económicas de las empresas. La corrección monetaria no es efectivo, ni aportes en valores, ni aporte alguno de los accionistas; es sólo una traducción a otra moneda más estable, en este caso denominada bolívares constantes, o de poder adquisitivo de la actualidad. El artículo 213 insiste sobre el mismo asunto: "El documento constitutivo y los estatutos de las sociedades anónimas y de las sociedades

en comandita por acciones, deberán expresar: (...) 3º.— El importe del capital suscrito y del capital enterado en caja. (...) 5º.— El valor de los créditos y demás bienes aportados". Es evidente que la corrección monetaria o traducción no está enmarcada en ninguno de los supuestos del código. La corrección monetaria no produce más riqueza, al contrario, aunque la cifra tenga más dígitos la empresa puede tener un patrimonio de menor poder adquisitivo. Está claro que no es lógico pensar que una simple corrección monetaria aumentará el capital de alguna empresa. El Diccionario de Contadores de Kohler contiene algunas definiciones técnicas que ayudarán a aclarar los conceptos. La más significativa es:

• Capital aportado (contributed capital): "Pagos hechos en efectivo o con otros bienes que hace una compañía a sus accionistas". El problema se concreta en definir el significado de las palabras aumento de capital y si una corrección monetaria o traducción a otra moneda —ya sea extranjera o bolívares constantes— es o no un aumento del capital de la sociedad. Al respecto, el artículo 249 del Código de Comercio expresa:

"Para la constitución definitiva de la compañía es necesario que esté suscrita la totalidad del capital social y entregada en caja por cada accionista la quinta parte, por lo menos, del monto de las acciones por él suscritas, si en el contrato social no se exige mayor entrega; pero cuando se hicieran aportes que no consisten en numerario o se estipulen ventajas en provecho particular de alguno o algunos socios, deberán cumplirse además las prescripciones del artículo 253".

En este artículo se expresa que el aporte debe ser en efectivo y remite al 253 cuando no es así. El artículo 253 dice:

"Enterada en caja la parte del capital social necesario para la constitución de la compañía, los promotores deben convocar a los accionistas a Asamblea General, la cual: 1º.— Reconoce y aprueba la suscripción del capital social y la entrega en efectivo de las

cuotas sociales; el valor de las concesiones, patentes de invención o cualquier otro valor aportado como capital, y las...".

Otro problema importante se plantea desde el punto de vista tributario con la cuenta de actualización del capital, cuando la asamblea de accionistas decide incorporarla al capital social y presentar una sola cifra como capital social actualizado. Algunos registros mercantiles estiman que se trata de un aumento de capital y por lo tanto deben pagarse los correspondientes timbres fiscales (1%), lo que representa cifras multimillonarias que en muchos casos descapitalizarían completamente a las empresas. Otra importante definición contenida en el Diccionario de Contadores de Kohler es la siguiente: • Poder adquisitivo (purchasing power):

"Capacidad de compra; por tanto, a) la cantidad de una clase particular de mercancías o servicios que pueden adquirirse por una suma determinada de dinero, tal como un dólar, un peso, etc., o b) la relación porcentual entre esa cantidad y la adquirible en alguna fecha precedente".

La corrección monetaria se basa en el cambio del poder adquisitivo de la moneda y no representa ningún aporte de bienes a la empresa. Es conveniente mencionar que el Código Orgánico Tributario, en su artículo 128, obliga a los profesionales a emitir dictámenes técnicos o científicos que no estén en contradicción con los principios que regulan su profesión o ciencia y, por lo tanto, todas estas definiciones se hacen en realidad parte de las leyes.

En un estudio que la Federación de Contadores Públicos de Venezuela está enviando a la Comisión Nacional de Valores, se sugiere solicitar a los ministerios de Justicia (registradores mercantiles) y de Hacienda (SENIAT), que emitan resoluciones informando a sus instituciones que la actualización del capital no es un aumento del mismo, puesto que no está dentro de las previsiones del Código de Comercio ni de la Ley de Timbre Fiscal, ya que no se trata de aportes de ningún tipo de bien. Es obvio que las instituciones judiciales deben adaptarse a la realidad económica que produce la inflación y no al revés, tal como se ha venido haciendo con las indexaciones en las instancias judiciales de la República. Los requerimientos de Código de Comercio sobre valores y beneficios reales no son satisfechos por la contabilidad histórica, mientras que la ajustada por inflación —aunque todavía necesita investigación y profundización en muchos conceptos— es una paso enorme en la búsqueda de mejor información financiera. De cualquier forma, los principios de contabilidad deben guiarse por la esencia económica y no por la esencia legal.

Gustavo Antonetti Consultor de Empresas Especialista en la materia Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. Una de las premisas fundamentales de cualquier información contable es precisamente que esta información debe ser útil y caracterizada por su oportunidad, confiabilidad y verificabilidad. Así, la utilidad es la característica según la cual la información contable debe adecuarse al propósito del usuario; dada la diversidad de propósitos para los distintos usuarios de estados financieros, entre ellos los administradores, gerentes, reguladores, accionistas e inversionistas extranjeros, la información contable financiera debe orientarse al interés económico común de todos ellos. Es por eso que la contabilidad no puede ser tan precisa, en cambio debe irse "más o menos por el canal del centro" donde existe la información relevante para todo tipo de usuario. Es por esto que se emiten los estados financieros básicos: balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de movimiento de las cuentas patrimoniales y el estado de flujo de efectivo. La respuesta a si la información ajustada por inflación es relevante está directamente relacionada con la capacidad de responder si esa información es realmente útil a los distintos usuarios. Es muy difícil establecer si un estado financiero en particular va a ser útil para todos los usuarios pero resulta evidente que el estado financiero histórico ya no es de mucha utilidad. Existen muchos casos que documentan las ventajas para las empresas que ajustan por inflación con respecto a aquellas que no lo han hecho. En primer lugar, en cuanto a los indicadores de rentabilidad —muchos administradores y gerentes van directamente al estado de resultados para medir aquellos indicadores más comunes: el margen bruto y el margen en operaciones— el estado financiero ajustado por inflación ha sido muy útil, porque la reexpresión ha suministrado información mucho más relevante que los estados financieros históricos. Muchas empresas ya habían revaluado sus activos fijos e incluso tomado en cuenta la revalorización de inventarios con el fin de actualizar el costo de venta lo más cercano posible al valor de reposición, sin embargo, muchas de esas empresas hacían esa revaluación de sus activos fijos más como una forma de actualizar el valor patrimonial que como una manera de reconocer un mayor costo de venta o un valor de reposición mayor al reflejado históricamente. Por otro lado, las empresas que utilizaban el método de últimas entradas y primeras salidas dejaban muy desactualizados los inventarios; actualizaban el costo de venta como una forma de reducir el pago de impuestos al tener un mayor costo y una menor utilidad. De lo anterior se deduce que la utilización de esas herramientas no le permitía a las empresas conocer sus verdaderos márgenes. Otra de las ventajas de la reexpresión se refiere a los indicadores financieros y operativos, como los indicadores de venta sobre activos fijos y la capacidad generadora de recursos de esos activos, por ejemplo. Cuando el activo fijo está muy desactualizado, ese indicador no es relevante; de la misma forma, la relación deuda/patrimonio no era un índice muy relevante ya que no reflejaba la verdadera situación de la empresa en ese sentido. Una de las mayores ventajas del nuevo método ha sido el reconocimiento de un valor patrimonial mucho más cercano a la realidad, al incorporar

los valores actualizados y reales de los activos fijos, los inventarios y las inversiones —que son los principales activos de las grandes empresas. La ventaja que ofrece la reexpresión en cuanto al valor patrimonial ha sido la capacidad de medir el retorno sobre la inversión. Cuando se comparaba el capital social invertido pagado por los inversionistas con las cuentas de ganancias retenidas normalmente y las cuentas patrimoniales, parecía verse un rendimiento positivo sobre el capital invertido, un retorno de la inversión; muchas veces esto era un error. Cuando se hace eso con los estados financieros ajustados por inflación, se compara el capital social actualizado por el índice de precios al consumidor, es decir en moneda de poder adquisitivo, y se compara con las ganancias retenidas actualizadas con el resultado por exposición acumulado; así, en aquellas empresas que aplican método mixto con el resultado por tenencia de activos no monetarios, se tiene una visión mucho más clara: realmente ese negocio está retornando lo que se refleja en los estados, considerando también que la naturaleza del retorno está en las operaciones de la empresa y en la simple tenencia de activos no monetarios que se están revalorizando. Sin embargo, uno de los puntos más álgidos del ajuste por inflación es el resultado por tenencia de activos y pasivos monetarios, la ganancia o pérdida monetaria. Existe un gran conocimiento y de cómo y por qué se calcula el resultado monetario, pero se produce una gran discusión sobre lo que se debe hacer con esa ganancia o pérdida monetaria para convertirla en efectivo. Lamentablemente, son más los problemas que las empresas le atribuyen a la reexpresión que los beneficios, probablemente porque no se han involucrado lo suficiente en la parte conceptual e interpretativa. El primer problema que surge es el cambio de paradigmas: cuando la gerencia se enfrenta al cambio de cifras históricas a cifras ajustadas por inflación, al principio encuentra mucha resistencia. Inicialmente usan los estados financieros reexpresados sólo para ciertas presentaciones de Junta Directiva o de algún Comité Ejecutivo, pero cuando soportan sus cifras de operación se van a las históricas. El siguiente problema que se presenta es a nivel operativo y de sistemas: para estas áreas es muy difícil manejar información detallada en materia de ajustes por inflación, ya que la mayoría de los sistemas que usan no están interconectados y limitan sus posibilidades de ver plasmado en sus sistemas el día a día —esa información ajustada por inflación. Otro de los problemas es la adecuada definición de funciones y de responsabilidades. Generalmente cuando las empresas requieren ajustar sus estados financieros contratan personal nuevo; esas personas están dedicadas a recibir estados financieros históricos y convertirlos en ajustados por inflación. Lo curioso es que el ajuste por inflación es la información útil en teoría, pero es tratada como un proceso extra-contable a nivel operativo. Esto tiene como consecuencia que ese personal especializado requiera un tiempo de ajuste para adaptar sus conocimientos a la realidad de las operaciones de la empresa. El último problema que surge es el de los reportes. Las empresas tienen actualmente cuatro sistemas: información contable histórica, información contable ajustada por inflación, información para el fisco —el ajuste por inflación fiscal— e información municipal. Así, algunas empresas han tratado de establecer sistemas paralelos: los ajustados para los sistemas de información contable, y los históricos para los sistema de información para la toma de decisiones.

La única solución a estos problemas se logrará cuando se establezca un sistema que concilie los dos intereses y sea verdaderamente útil para todas las empresas.

Ricardo Omar López Director de Contraloría VENCEMOS Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. En los estados financieros históricos se ignoran los efectos de la inflación, el tipo de cambio inestable y la comparatividad entre dos períodos, porque está hablando de bolívares cuyo valor es dramáticamente diferente en cada período. Esto conlleva, dependiendo de la posición monetaria de la compañía, a caer en un reparto de capital y no de utilidades retenidas una vez finalizado cada ejercicio. Hay algunas empresas que todavía —por desconocimiento o por ignorancia— siguen midiendo su gestión sobre estados financieros históricos. Por ejemplo, una empresa cuya áreas Crédito y Cobranzas no reconozca de los efectos de la inflación, verá que si la inflación durante un mes va a ser del 2,6% y venden a 30 días, es igual a que vendan con un descuento del 2,6 %, en términos de poder adquisitivo. Existen mejores cosas que hacer con esos fondos para que den una rentabilidad superior durante esos 30 días. El caso de los inventarios —sobre todo en el sector industrial— es dramático, pues muchas compañías creen que es un buen negocio llenarse de inventario porque "el dólar está barato". Este caso fue muy común durante 1996, cuando el dólar estaba a Bs. 170 y a Bs. 290, pero eso tiene su precio también por el costo de inmovilización de ese inventario y la necesidad de actualización para incorporarlo al costo de reposición dentro de las ganancias y pérdidas. Otro punto interesante que debe ser considerado es el financiamiento: no es justo que una compañía que tenga pasivos gane más que otra que no los tenga, pero es una realidad. No hay nada que aporte más al flujo de caja que la ganancia monetaria de un pasivo. Los fundamentos de la DPC 10 fueron importados de países como Brasil, Argentina y México, que han sufrido este tipo de problemas antes que Venezuela. Sin embargo, sus “arquitectos” la diseñaron sobre bases que reposan en un proceso muy básico: que el tipo de cambio y la inflación estén en equilibrio. Fue sobre esa premisa que se levantó la “edificación” DPC 10, pero como en la práctica no sucede, surgen los problemas. Es cierto que esta norma minimiza los problemas que presentaban los históricos, pero presenta este tipo de distorsiones que no pueden dejar de tomarse en cuenta. En junio de 1996 la inflación y el tipo de cambio estaban en equilibrio, porque al mantener represado el tipo de cambio la inflación lo alcanzó. Desde el año 1996 hasta Abril de 1997 la inflación acumulada fue de un 36,7 % y la moneda se ha devaluado un 2,5 %. Las empresas que exportan tienen productos subvaluados, porque los comercializan a un tipo de cambio que no está en equilibrio; los consumos de los inventarios en el sector industrial (activos fijos e inventarios) son en un 80% componente importado y sólo 20% componente nacional, produciendo un efecto negativo en la empresa ya que sus costos de reposición están expresados en bolívares a un tipo de cambio represado.

En el caso del resultado integral de financiamiento se ven impactos dramáticos. Para el cálculo del costo integral de financiamiento se toman en cuenta tres aspectos: por el lado de la posición de moneda extranjera hay un ingreso y un gasto financiero, una fluctuación cambiaria en ingresos o gastos, y una ganancia por posición monetaria. Cuando estos tres factores no coexisten se produce una distorsión, porque cada uno regula a los otros. El resultado de tenencia de activos no monetarios (RETAM) también presenta sus complicaciones, porque un perito realiza el avalúo de un activo fijo asignándole un índice técnico, que es considerablemente inferior al índice de inflación; cuando se compara el NGP con el avalúo todos los meses, el estado financiero va a reflejar que ese RETAM cada vez es menos acreedor y se va a convertir en deudor. Por efectos comparativos se va a establecer el siguiente ejemplo: el día 31 de Diciembre del año 0 se constituye una compañía con un capital de 100 millones de bolívares; compra un activo fijo importado en 500 millones de bolívares y uno nacional en 200 millones; ambos activos fijos los compra financiados; ese día 31 de Diciembre, agotado después de constituir la compañía, el dueño toma vacaciones regresa el 31 de Diciembre del año próximo, es decir del año 1. Durante ese tiempo, el cambio del dólar varió de Bs. 100 a Bs. 150 y la inflación fue del 100%, por lo tanto el estado financiero que llega a manos del dueño al regreso de su viaje está calculado en bolívares constantes de Diciembre del año 1. Así, se pasa a constituir el estado de ganancias y pérdidas y el balance del año 1 de esta compañía y se observa lo siguiente: • En el banco sigue teniendo 100 millones de bolívares, porque lo dejó depositados en una

cuenta corriente • El dólar se devaluó de 100 a 150: entonces, 5 millones de dólares por 150 son $750 millones;

por su parte el activo fijo nacional, que no se ajustó por inflación sino en un 50% por cuestiones de mercado, subió a Bs. 300 millones.

• El valor de mercado de estos activos es de Bs. 1.050 millones y el valor del NGP es la sumatoria de estos dos, que son Bs. 1.400 millones, por lo que se genera un RETAM de Bs. 350 millones.

• Después se calcula la ganancia monetaria, que es la sumatoria de la posición monetaria pasiva de Bs. 700 millones menos la activa, lo que de un total de Bs. 600 millones.

• Como la inflación fue del 100 %, aparece una ganancia monetaria de Bs. 600 millones y la fluctuación cambiaria que lleva a ganancias y pérdidas de ese pasivo son Bs. 250 millones.

Por lo tanto, si no se sabe de ajustes por inflación, parece que el dueño salió un año de vacaciones y cuando regresó tenía una ganancia de 350 millones de bolívares. Eso sería una maravilla. Ahora bien, como la compañía está inscrita en la Comisión Nacional de Valores tiene que decretar el 50% de los resultados, porque los dividendos se deben decretar sobre ganancias y pérdidas; así, esta compañía tiene que pedir un crédito por el 50% de 350 millones de bolívares para pagárselo a los accionistas, porque no tiene con qué pagarlo. Soluciones Tomando como base la DPC 10, debe defenderse el principio de que en el Balance General los activos no monetarios se presenten a su valor de reposición y a su valor en uso, no a su valor NGP. También se debe reconocer dentro de la depreciación que los costos originados por activos

no monetarios (depreciación y consumo de los inventarios) vayan al costo de venta y a sus valores de reposición, no a su valor NGP. Así se puede hacer el ajuste para llevarlos a NGP posteriormente, de tal manera que en el ámbito operativo se reconozcan los resultados reales de la gestión y aparte se reconozcan los efectos inflacionarios. Una segunda propuesta tiene que ver con separar los activos no monetarios en importados y nacionales, asumiendo a los activos en moneda extranjera activos monetarios —porque un activo o pasivo en moneda extranjera, es un activo no monetario en realidad. Sin embargo, se les trata como monetarios porque la fluctuación cambiaria que se está recogiendo de ese activo o pasivo en dólares está siendo neutralizada en la ganancia por posición monetaria, siempre y cuando la devaluación y el tipo de cambio se muevan juntas. En el caso —mucho más frecuente— en que la devaluación y el tipo de cambio son diferentes, la posición de moneda extranjera debe generar resultado por posición monetaria hasta la concurrencia de la fluctuación cambiaria. Otra opción sería reserva de paridad técnica, para que dentro de las ganancias y pérdidas entren en equilibrio el costo integral de financiamiento con el resultado por posición monetaria. La posición en moneda extranjera no tiene por qué generar un equilibrio, no tiene por qué generar un saldo en las ganancias y pérdidas entre la ganancia por posición monetaria y la fluctuación cambiaria. Una propuesta adicional sería recoger resultados por posición monetaria solamente, hasta la concurrencia de la devaluación y no recoger paridad técnica. Así nuevamente entraría en equilibrio el RETAM y el resultado por posición monetaria, dado que el neto sería igual a la diferencia entre la parte nacional y la posición monetaria activa. Lo esencial es buscar la manera de que en el balance general ganancias y pérdidas pueda manejarse, dentro de la DPC 10, el efecto de ese divorcio entre el tipo de cambio y la inflación.

Alejandro Pascazi Director de finanzas de la división Procesa Empresas SIVENSA Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. Sivensa es una de las corporaciones más grandes en Venezuela. Las ventas de esta compañía se dividen en un 50% para el mercado local y el otro 50% en exportación. Se estima que para el año 1997 Sivensa venderá 780 millones de dólares, teniendo que reportar estos resultados a sus accionistas locales y extranjeros. Los precios de venta de los productos de Sivensa se fijan básicamente por los precios internacionales de esos productos, afectados en su valor en bolívares por la paridad y el arancel. Para Sivensa, el precio no lo determina la inflación en Venezuela sino los precios internacionales; esto no quiere decir que la inflación no preocupe, por supuesto que sí: preocupa y se vigila de cerca porque eso incrementa costos de los insumos no transables como electricidad, agua y teléfono, por mencionar algunos. Sivensa ha estado trabajando con estados financieros ajustados por inflación desde el año 1986, dejándolos de lado durante un tiempo por incomprensibles, hasta que posteriormente se hicieron obligatorios. Esto último a significado tener que realizar esfuerzos importantes en la utilización de esos estados financieros ajustados por inflación, teniendo que prepararlos todos los meses debido a su condición de compañía pública que presenta sus estados en la Bolsa de Valores. Sin embargo, estos estados son de uso casi exclusivo del Departamento de Finanzas: nadie más los ve. Una de las causas principales es la dislocación que hay en Venezuela hoy en día entre la inflación y la devaluación, causando unas distorsiones grandes en la interpretación de los estados financieros reexpresados que la gente no comprende y no acepta. Los estados financieros deberían ser útiles y para Sivensa no lo son. Fue por eso que en Sivensa se decidió finalmente la aplicación del método mixto, que le asigna al activo un valor de mercado así como a los inventarios. Eso es más razonable porque el balance muestra una cifra de activos fijos que es mucho más aproximada a la realidad que la obtenida en los estados ajustados por inflación. Sivensa ha sufrido los cambios en la inflación y la devaluación en su ejercicio económico: En período 1995/1996 la inflación fue del 115% y la devaluación del 178%; en el período 1996/1997 se está previendo una inflación cercana al 40% con una devaluación del 4%. Se realizó una comparación entre los informes de Sivensa, según el método mixto por supuesto, de los activos fijos brutos a septiembre de l996 comparados con el año anterior. Con estas cifras, un ejecutivo importante de la empresa fue a Nueva York a presentar los estados financieros ajustados por inflación y lo llamaron estafador, con toda razón: según los cálculos, la empresa compró 180 millones de dólares en activos. Le preguntaron si estaba loco. Evidentemente, la empresa no compró eso. Esa cifra fue producto de la distorsión provocada por los índices de inflación y devaluación.

Esto trae como consecuencia que las comparaciones no sirvan, bien sea por NGP, bien sea por el método mixto. Esto no se debe a la técnica —porque la técnica que se utiliza para reexpresar estados financieros es correcta—, sino al hecho de que no se puede estar separando dólares de bolívares. El problema aquí es el IPC. Venezuela no maneja empresas en función de mejorar resultados ajustados por inflación, porque eso puede ser desastroso, con el agravante de que el gobierno venezolano, que vende 20 mil millones de dólares en petróleo, se puede dar el lujo de mantener la economía como le da la gana. El dólar no es un cambio técnico que se hace porque en Venezuela hay inflación. No. El dólar es como el pan, como la leche, como un carro, es un bien y su precio depende de la demanda y la oferta, depende de si la gente cree que va a subir o va a bajar. No se debe esperar que el gobierno devalúe porque la inflación en Venezuela es más grande, porque no se gana nada haciendo paridades técnicas y corrigiendo estados financieros por la diferencia. Sivensa no usa para nada los estados financieros ajustados por inflación: los publica y saca el informe pero ningún gerente de Sivensa sabe cuánto ha vendido por inflación; se usan dólares, con las distorsiones que pueda haber, pero en los valores de los activos está lo que se paga por ellos, no está incluido el elemento subjetivo de un tasador que incorpora el avalúo. En Sivensa se eliminó el valorar empresas basados en estados financieros ajustados por inflación. Existe una gran cantidad de personas e industrias en esta misma situación. Realizan la reexpresión pero no la aceptan porque no la comprenden, porque no se ven reflejados en un estado financiero ajustado por inflación. Esto se debe a la utilización del IPC, que es un elemento altamente distorsionador. Ese es el problema: no hay que estar inventando paridades técnicas, sino definir una inflación que sea “decente”. No puede haber diferencia entre un estado financiero en dólares y un estado financiero ajustado por inflación, en donde uno gana y otro pierde, porque uno de los dos debe estar malo; para Sivensa el que está malo es el ajustado por inflación. Se requiere con urgencia la búsqueda de una solución alterna para que los estados financieros sean útiles. Si el estado financiero ajustado por inflación no es útil va a desaparecer porque la gente no lo usa. En Sivensa no se usa, y lo que no se usa, no sirve.

Guillermo Trigo Gerente Corporativo de Contraloría Mavesa Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. Mavesa comenzó a trabajar seriamente en los estados financieros ajustados por inflación en el año 1992, con los siguientes antecedentes: los puntos claves de las normativas, la historia, los procesos de cambios dentro de la compañía para el análisis y la situación que se está presentando con la diversidad de metodologías para la utilización de los estados financieros ajustados por inflación como información única. A partir de la existencia de la inflación se presenta la necesidad de generar estados financieros reexpresados, de cambiar la información dejando de presentar la información nominal tal como es. Para esto surgió la normativa DPC 10, cuyas dos metodologías son: el nivel general de precios (NGP), que consiste en ajustar por los índices de IPC, y el método mixto que utiliza los valores de reposición para los activos fijos y los inventarios. Mavesa utiliza el Método Mixto, con la presentación de estados reexpresados únicos a partir del año 1996, según la normativa. Para el año 1992 Mavesa tenía un sistema contable nominal, soportado por un sistema contable computarizado propio, basado en cuentas jerárquicas, bien estructurado y muy bien definido de acuerdo a las necesidades de la compañía. En ese año también se instalaron sistemas de costos estándar para las plantas, con toda la información necesaria. Así mismo, se efectuaron avalúos de activos fijos y su revaluación. En el año 1993 la compañía se inscribe en la Bolsa de Valores y hace una emisión de ADR en los Estados Unidos, viéndose en la necesidad de presentar los estados financieros reexpresados; pero en ese año se hizo como un proceso anual y posteriormente se comenzó a recabar información detallada sobre activos fijos. El hecho de ir a estados financieros reexpresados tuvo mucha incidencia en el manejo de información, sobre todo en el tema de activos fijos, ya que Mavesa es una compañía con activos fijos de 30 o 40 años, y recabar la información sobre esos activos fijos no fue sencillo. En lo referente al cálculo de costo de ventas, se utilizaba la fórmula de inventario inicial más compras menos inventario inicial —la fórmula contable—; el sistema de costos no calcula el costo de venta de esa manera, sino utilizando las fórmulas de producción en una escalera que va desde los productos básicos, pasando por los intermedios, hasta llegar al producto final. Por eso hubo que hacer así mismo los estados financieros reexpresados por NGP, ya que no existía la información para reconstruir esa base. La información reexpresada era complementaria, se sentía como una obligación y por eso se hizo. En el año 1995 las distorsiones económicas obligaban a buscar alternativas y los valores de los activos fijos debían estar al valor del mercado. Eso condujo a la utilización del método mixto, no sólo para los activos fijos sino para los inventarios, y también para manejar los valores de reposición con algún efecto en el costo de venta. Como Mavesa reporta a la Bolsa de Valores hubo que presentar años comparables y reconstruir toda la información de tres años hacia atrás. A partir de esta decisión se formaliza el proceso de avalúo anual, en el cual cada año corresponde a

un grupo de activos y el resto se actualizan por unos índices que los mismos evaluadores proporcionan. Por otra parte, al aumentar la frecuencia de información de valores de mercado para inventarios en materia prima y material de empaque, junto con la aplicación del método mixto, hubo que recalcular los costos de venta a partir del año 1995, siguiendo el mismo sistema de costos con valores de reposición de la materia prima para producir los productos y corriendo todo el proceso de costos desde la base hasta el final, llegando así a obtener el valor de reposición de los productos terminados. Eso implica un esfuerzo importante porque hay que actualizar constantemente los precios del mercado de esas materias primas, sabiendo que posiblemente un 20% de los productos signifique el 80% de los costos. Actualmente este proceso se hace mensualmente. La información adicional obtenida gracias a la aplicación de este método a partir del año 1995, sí ha sido útil para la gerencia porque se trabaja con los valores reales de mercado de los productos. En el año 1996 se tomó la decisión de presentar y utilizar una información única —la Comisión Nacional de Valores lo estaba pidiendo y la DPC 10 así lo informaba— y, aunque Mavesa se sintió un poco forzada en el proceso de inscripción en la Bolsa de Valores de Nueva York por tener que preparar un prospecto bien extenso sobre la compañía que podía ser bien confuso, se tomó la decisión de presentar toda esa cantidad de información nominal represada considerando que podía ofrecer ventajas al ser comparable. El irse hacia estados represados únicos tiene implicaciones operativas, informativas y legales. Algunas de las implicaciones que ha tenido en Mavesa son: Operativas • En las informaciones operativas, implica anticipar cambios en los costos para ajustar precios;

un 60% de los costos son de origen importado, pero también hay otros costos nacionales que se deben tener en cuenta. Esto ni es NGP ni es método mixto, sino anticipación de costos, es estar pendiente del mercado.

• Mantener al día avalúos de activos fijos es saber cuál es su verdadero valor en el mercado. • Disponer de activos ociosos —porque distorsionan los números en el balance— y salir de

ellos es un ejercicio que está haciendo constantemente. • Vigilar la acción entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar, partiendo de la base que todo

el mundo maneja la misma información en los mercados. • Limitar cargos diferidos también es una práctica que Mavesa utiliza porque tiene proyectos

muy grandes que duran 20 o 30 años cada uno (una plantación de palmas, por ejemplo). Esos proyectos se hicieron en base a cargos diferidos, los cuales van creciendo también por inflación. La decisión gerencial de limitar los cargos diferidos tiene que ser muy bien pensada y respaldada por el flujo de caja.

• Promover un endeudamiento cuyo costo real sea igual o menor a la realidad de los activos

correspondientes. El endeudamiento tiene que estar relacionado con activos no monetarios

que produzcan un rendimiento mayor que el costo que tienen, haciendo que crezcan los pasivos monetarios empleándolos en algo productivo.

Informativas • Actualizar las políticas y procedimientos contables (estados financieros, contribución por

contraloría, información pública, etc.) ha tenido gran repercusión en la forma en que Mavesa presenta la información, tanto al público como a los inversionistas, analistas y público interno.

Legales • Los dividendos y participaciones de junta se calculan con base a la utilidad neta menor

resultante de los estados financieros reexpresados e históricos y del aumento de capital. • Respecto a las utilidades no distribuidas, la PT 14 habla de la revaluación del capital, pero la

PT 19 va a tocar ese tema también, por lo que están pendientes esas decisiones. • Mantener los libros legales al día, porque al igual que el nominal ahora hay que mantener

además el reexpresado. La reexpresión fiscal es distinta que la reexpresión financiera. Mavesa en la parte fiscal tiene una renta gravable y después hace un ajuste por inflación, tomando en cuenta el aumento de los activos fijos, la depreciación, la variación de inventarios —en unidades—, el aumento de las inversiones y la variación del patrimonio, aplicando la tarifa que corresponde al resultado final. La diversidad de tecnologías aplicables a la reexpresión de los estados financieros presenta la necesidad de tener que tomar decisiones gerenciales muy bien planificadas. Mavesa ha hecho ejercicios con NGP y ejercicios con el método mixto, obteniendo resultados diferentes a nivel operativo; adicionalmente, se aplica la metodología FAS 52 para los montos en dólares, con una gama de resultados completamente diferente. Mavesa pretende mejorar su información de indicadores de negocio —porque todo lo que tiene que ver con información financiera, reexpresada o no reexpresada, es importante—, pero se requiere de un sistema que dé seguridad de que los números son correctos. Hasta ahora se ha logrado a través de indicadores de negocio, específicos para cada área, que permiten hacer un seguimiento del desempeño. Lo esencial es la búsqueda de un estándar aplicable a todas las empresas.

Carolina Zambrano Hurtado Supervisora del área de Análisis y Estudios Financieros Especiales Electricidad de Caracas Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. La Electricidad de Caracas (EDC) es una empresa pública que presta servicios y está limitada por las regulaciones del gobierno; sus tarifas están restringidas por normas gubernamentales y mensualmente emite estados financieros ajustados por inflación, siguiendo las regulaciones impuestas por esas mismas normas. EDC comenzó a ajustar por inflación en el año 1992. Este trabajo inicialmente lo realizaron auditores externos, con un paquete diseñado por ellos mismos, en vista de que en ese momento no había contadores suficientemente técnicos y preparados en la elaboración de estados financieros ajustados por inflación dentro de la empresa. Este paquete que EDC todavía está utilizando ha servido de base para preparar los estados financieros ajustados por inflación, pero tiene muchas limitaciones porque no se puede suministrar la información con el nivel de detalle requerido. La Electricidad de Caracas está por implantar un sistema que pueda ser la solución para este problema. Posteriormente, pero la gerencia se dio cuenta de la importancia que se le estaba dando a estos estados financieros ajustados y decide crear una Unidad Análisis de Estudios Especiales, en la cual se comienza a preparar a ciertos contadores —escogiendo a los más técnicos entre el personal— en el área de reexpresión de estados financieros. EDC también reexpresa o ajusta según la normativa FAS 52, elabora la traducción de estados financieros y hace diferentes cálculos técnicos contables, elaborando estados financieros de acuerdo con principios americanos para la posible internacionalización de la empresa —todavía no se ha incursionado en el exterior con la emisión de ADR, pero en un futuro no muy lejano se espera que se pueda cristalizar esta colocación. Inicialmente la Electricidad de Caracas —yendo en contra de la corriente— utiliza el método mixto, presentando los estados financieros como complementarios hasta 1996, separando el componente importado del componente local según las normas establecidas por la Comisión Nacional de Valores. Realizar estos cálculos constituía una labor bastante compleja ya que se tenían que manejar múltiples capas en una “hoja de loto” que llegó a tornarse inmanejable; además, las tendencias que se obtenían con la reexpresión eran difíciles de explicar. Esta es una de las razones por las cuales muchas compañías que utilizaban el método de nivel general de precios (NGP) después se cambiaron al método mixto. A pesar de todo lo anterior, actualmente la EDC prepara sus estados financieros de acuerdo con el método NGP, pese a las críticas hechas por algunos entes que lo consideran un retroceso. Esta decisión obedeció al hecho de que cuando la EDC analizaba los indicadores financieros con el método mixto, aquellos que estaban relacionados con el patrimonio, por ejemplo, se tornaban excesivamente favorables y los inversionistas se reían diciendo: “realmente ese rendimiento sobre patrimonio no se lo cree nadie". Lo cierto es que desde que la Electricidad de Caracas retomó el

método NGP le ha ido mejor, porque los indicadores están resultando más lógicos —En el caso de la Electricidad de Caracas, una empresa que tiene 100 años en el mercado y que está en plena marcha, parece ilógico inflar tanto el patrimonio con los valores de los activos fijos, porque tiene tres años para reexpresarlo, tiempo en el cual se seguiría inflando. Así, en el año 1996 se comenzó a presentar como principales los estados financieros ajustados por inflación y se registran en los libros legales. Actualmente se está en camino de mejorar la interpretación de esos estados financieros, porque la gerencia no está interpretando adecuadamente el ajuste por inflación. Otro punto de interés es el producido por las nuevas actualizaciones y cambios que se dan en las normas. Por ejemplo, respecto al tratamiento de los diferenciales cambiarios no hay como un criterio definido y estándar que la compañía pueda aplicar para realizar ciertos registros. Uno de los conceptos que ha generado más incertidumbre es el relacionado con el Valor de Uso —flujos de caja futuros, escoltados con una tasa de descuento, que reflejan el riesgo del negocio—, al punto que EDC ha creado un departamento que calcula ese valor. Todos los meses se ruega para que ese valor no dé por debajo del NGP, porque se sabe que habrá que ajustar; esto ha generado una situación crítica. La Electricidad de Caracas está en pro de los estados financieros reexpresados y sabe que son más lógicos, pero realmente considera que hay aspectos que aún no están bien definidos y que deberían ser aclarados para evitar confusiones. EDC está implantando ahora una herramienta integrada de información que a mediano plazo va a dar el ajustado por inflación de acuerdo con principios venezolanos DPC 10. Esta es una herramienta que genera muchas expectativas y esperanzas de que ayude a mecanizar este proceso que tantos problemas trae en la actualidad.

Emilio Pittier Socio Escritorio Araque, Reyna, De Jesús, Sosa, Viso & Pittier Experiencias de la aplicación de la reexpresión en las empresas. La Declaración de los Principios de Contabilidad está dando vueltas desde el año 1992 y ha sido un asunto principalmente de Contadores, no de Abogados. Sin embargo, surgen estas dudas: ¿Va ha haber un aumento de capital con base a los resultados reexpresados? ¿Se van a pagar utilidades y dividendos con base a la reexpresión? ¿Cuáles son las normas legales que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar este tipo de problemas? Esto lleva a pensar cuál es el valor legal que tienen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PC). Los PC no tienen un peso legal específico; son normas técnicas que recopila y formula la Federación del Colegio de Contadores Públicos y, en muchos casos, son expresión de principios que se vienen aplicando milenariamente. Sin embargo, estas normas adquieren fuerza legal porque las Normas Legales se apoyan en los PC existentes en la Ley de Impuesto Sobre la Renta que dice: “Los contribuyentes están en la obligación de llevar sus libros de contabilidad de conforme a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y a ordenar la información de sus documentos conforme a dichos principios (...)”. Otro ejemplo se encuentra en el artículo 9 del Código de Comercio que dice: “La costumbre mercantil es una fuente de derecho y es obligatoria cuando es uniforme, reiterada en el tiempo, pública (...)”. Así se transforman en normas legales. La Comisión Nacional de Valores que es el órgano competente encargado de fiscalizar el Mercado de Valores, de establecer las reglas bajo las cuales la Ley de Mercado de Capitales debe ser aplicada, con facultades de prescribir la forma en que las empresas que se encuentran reguladas por ella deben presentar su información financiera, ha establecido que las empresas sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores deben presentar sus estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, entre ellos, los que se refieren a los efectos de la inflación. También establece algunas limitaciones en cuanto a la forma de presentación y a la incidencia que esas normas tienen en la Ley de Mercado de Capitales. Por lo tanto, desde el punto de vista legal, una empresa inscrita en el Registro Nacional de Valores y sometida a la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores debe ajustarse a estos principios porque el órgano legal los ha tomado y a ordenado su aplicación. En contraposición, las empresas que no están inscritas en el Registro Nacional de Valores escapan al control de la Comisión Nacional de Valores y no están sometidas a normas que las obliguen a seguir esta metodología. Para ellas está distante que su aplicación llegue a tener el valor de una costumbre, porque su uso reiterado en el tiempo no ha adquirido aún la consistencia necesaria para darles el valor de una Norma Legal inexorable. Las sucesivas actualizaciones del DPC 10 y las publicaciones técnicas de la Federación de Contadores se ha encontrado con problemas que surgen de la aplicación práctica en el día a día de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Así, se identifican problemas y se proponen soluciones, pero las

normas no llegarán a adquirir el carácter de costumbres hasta que se depuren las inconsistencias que aún contienen. Existen algunos problemas que puede generar la aplicación de los PC en materia de reexpresión de los estados financieros. Uno de los principales tiene que ver con la valoración de las partidas del Acervo Social: el Código de Comercio establece en el Artículo 304 que “el balance debe formarse de manera tal que todas las partidas del Acervo Social, reflejen los valores que realmente tengan o que se les presuman (...)”; una aplicación pura del NGP genera dudas respecto a si se puede o no cumplir con ese requerimiento. Otro problema crítico surge cuando se analizan las utilidades, por temor a que la aplicación del DPC 10 pueda llevar a la situación de descapitalizar una empresa repartiendo el capital. Se cree que la aplicación de los PC en materia de inflación, cuando pueda llevar a disminuir el Capital Social de la empresa, conduciría a una violación del Artículo 307 del Código de Comercio, lo cual además puede tener implicaciones gravísimas en el caso de quiebra. Otro punto de reflexión sobre la aplicación de los PC es la forma en que se actualizaría el capital social. De aceptarse la figura y empezar las empresas a actualizar el capital social como resultado de la exposición a la inflación, se debe reflexionar sobre la posibilidad de ajustar el valor nominal de la acción o repartirse una acción como consecuencia de la capitalización —que no es capitalización de acuerdo a los Principios. Lo que parece más lógico es ajustar el valor nominal de la acción, no repartir una acción adicional porque esto crearía una distorsión.

Luis Brabo D. Presidente Asociación Venezolana de Ejecutivos Conclusiones Este evento está enmarcado dentro de un ciclo denominado Discusión para la Actualización Gerencial. Aquí se ha discutido sobre un tema de gran importancia, demandado al mas alto nivel empresarial, porque existe un vacío en torno a él. El problema fundamental que pudo apreciarse en la discusión es la falta de comunicación. La Asociación Venezolana de Ejecutivos promueve la discusión ponderada y armónica para ir logrando consenso, y se ha hecho evidente que en torno al tema de Reexpresión de los Estados Financieros Ajustados por Inflación no hay comunicación entre el auditor y la empresa, dentro de la empresa no la hay entre el área de finanzas y la alta gerencia, como tampoco se da entre la empresa y los accionistas. Con esta publicación la AVE pretende contribuir a la difusión de esta problemática y propiciar un intercambio de ideas que permitan establecer una metodología de ajuste por inflación que sea aplicable y comprensible en forma generalizada. Aún queda una ardua labor por delante.

Tito Cabrera Socio KPMG Alcaraz Cabrera Vázquez Palabras Finales Ha sido un gran honor para KPMG Alcaraz Cabrera Vázquez el patrocinar este evento, cuyo principal mérito es fomentar un gran debate sobre el tema de los ajustes por inflación. Sin duda aquí han estado presentes los actores más importantes del tema. Es importante que las ideas y conceptos emitidos sean recogidos en una publicación que permita someterlas a un estudio. La Federación del Colegio de Contadores Públicos debe liderizar un cambio en el debate que permita hallar soluciones a los problemas planteados. La principal preocupación en cuanto a los estados financieros ajustados por inflación manifestada por los diferentes sectores es devolverle a la contabilidad su capacidad de ser útil. Siendo tan joven el problema en Venezuela, se debe tomar experiencias de otros países que han transitado un camino largo, tortuoso, traumático, dramático y difícil sobre este mismo tema como Argentina, México, Brasil y Chile. Lo ideal es aprovechar esas experiencias para no cometer los mismos errores y poder conseguir las soluciones en menor tiempo. Venezuela cuenta con los recursos humanos necesarios para lograr que las preocupaciones sobre el ajuste por inflación y su falta de utilidad pasen a ser historia.