Es poco, Paco

(Un año de gestión de Pérez)

Luego de un año de gobierno de Francisco Pérez debo decir que a pesar del esfuerzo que ha

puesto a su gestión y de la dinámica que ha intentado darle a sus acciones, no ha encontrado la

manera de sacar a Mendoza del laberinto en que se encuentra desde hace varios años.

Los problemas cotidianos que los distintos gobiernos no han podido solucionar derivan de una

grave grieta estructural de nuestra provincia. Ya lo hemos advertido y lo seguimos destacando:

Mendoza gasta más de lo que tiene, ya que no produce lo suficiente como para auto-sostener

un Estado moderno y eficiente que brinde servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. En

síntesis: Mendoza carece de recursos económicos y humanos para atender las demandas

sociales de nuestro tiempo. Y pese a los discursos, nadie se ha propuesto cambiar la historia con

seriedad, inteligencia, honestidad y estrategia. Ni este gobierno, ni los anteriores.

La Mendoza que soñamos, que alguna vez tuvimos. La que nos enamora, la que no se rinde ni

se arrodilla delante del poder central, la que fue ejemplo de desarrollo armónico y justicia

social, lamentablemente, deberá seguir esperando. Estos han sido 12 meses rifados, como

tantos otros.

El actual gobierno provincial, hasta hoy, hizo poco y nada por solucionar los problemas de

fondo, los estructurales, aquellos que no permiten salir a los mendocinos del laberinto. Muy al

contrario, se ha dedicado a pedalear en el aire mucho más que a marcar el rumbo del

crecimiento, detrás de ejes estratégicos. Los esfuerzos sin dirección han quedado reducido

apenas a buenas intenciones, que, sumado a las distracciones en la gestión por temas de poco

interés popular, dan como logro resultados muy magros. Y fracasos estrepitosos, como el de la

fallida reforma constitucional.

Como ejemplo de distracción destaco la torpe insistencia por imponer una reforma de la

Constitución, con reelección del actual gobernador incluida, en vez de concentrarse en

solucionar los problemas diarios que nos aquejan a los mendocinos, y en pensar cómo volvemos

a llevar a Mendoza al progreso, de la mano de la ejecución de un programa de obra pública. Sin

una visión, sin un conductor por encima de la rutina, seguimos postergando nuestro despegue.

Por eso en esta fecha, y con motivo de cumplirse el primer año de mandato del actual gobierno,

más que señalar deficiencias, me encuentro en la obligación de superar el actual estado de las

cosas. Y para eso voy a proponer 7 líneas de acción. Me siento en el deber como legislador,

pero también como ciudadano, de colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas

estructurales que nos permitan recuperar los recursos económicos y formar los recursos

humanos. Entiendo que este es el modo de enfrentar los desafíos presentes y futuros en las

distintas áreas de gobierno, para poner a Mendoza nuevamente de pie.

Es que también creo que en este momento no suma señalar los problemas por todos conocidos,

tanto en seguridad, como educación, o de salud. Por eso prefiero ofrecer propuestas, para saltar

el conformismo, los aplausos fáciles y la crítica que no siempre es constructiva.

1. Modificar, diversificar y ampliar la matriz productiva de una forma amigable con el

medio ambiente.

La Mendoza de hoy es inviable. Si seguimos este camino estamos condenados a vivir

entre la pobreza y la mediocridad. No creo que nadie así lo pretenda. Pero no es menos

cierto que para reconstruir Mendoza debemos sincerar el presente. El PBG de la

provincia es de $ 73.930 Millones y el presupuesto provincial de $ 19.879 Millones

representa un 27 % del PGB. Hace 5 años, en 2007, el PBG era de $ 30.890 M y el

presupuesto de $ 4.313 M, lo que representaba el 14 % de la economía de Mendoza.

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Presupuesto Provincial y de la DEIE.

Esto demuestra que la economía provincial depende cada vez más del Estado y que

nos alejamos de ser una provincia caracterizada por contar con un sector privado fuerte

y emprendedor como base de nuestro crecimiento.

Otro dato preocupante es que, de 1994 a 2012, el PBG creció 819 % y el presupuesto

provincial un 1.261 %, señalando con claridad que el gasto público crece más que la

economía, y con servicios de baja calidad. No hay eficiencia ni visión estratégica.

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Presupuesto Provincial y de la DEIE.

Por eso no hay que desalentar a los sectores productivos con aumentos de impuestos, o

poniendo en riesgo la propiedad privada como ocurre con la Ley de Expropiaciones

impulsada por el gobernador. Tampoco podemos prohibir actividades productivas

lícitas, con el argumento que no podemos controlarlas desde lo ambiental. El Estado no

puede declararse impotente y dedicarse a buscar soluciones prohibitivas, sino, más

bien, tiene el deber de poder controlar “todas” las actividades productivas para que

“ninguna” de ellas dañe el medio ambiente.

La inflación de la política económica del gobierno genera pobreza, desempleo, falta

de inversiones y marginación social. En este esquema, las economías regionales

pierden competitividad y el gobierno provincial, para dar un empujón que también

desalienta la inversión, aumenta los impuestos.

Proponemos fortalecer la capacidad del Estado para controlar que ni el agro ni la

industria, ni el petróleo, ni la minería dañen la tierra, el agua o el aire de Mendoza,

garantizando un aumento de la matriz productiva de manera amigable con el medio

ambiente. Este desafío lo debemos encarar y cumplir todos: el sector público y el

privado.

2. Más presupuesto para Obras Públicas.

Mendoza se ha convertido en una provincia “paga sueldos” y el gobierno en una mera

“gerencia de personal”. En los últimos 8 años sólo invirtió el 8 % del presupuesto en

obras públicas, mientras que nuestros vecinos de San Juan destinaron el 30 % y San

Luis el 50 %, respectivamente. Es decir, el 92 % del presupuesto de Mendoza se

destina a pagar el costo fijo del funcionamiento del Estado. Durante la administración

de Pérez la situación empeoró: sólo el 3 % es para obras y el 97 % para gastos corrientes.

Lo más grave es que el Estado presta cada vez peores servicios y además consume los

ingresos no renovables de las regalías petroleras en el pago de gastos corrientes. Pan

para hoy, hambre para mañana.

Hay que congelar las contrataciones en el Estado, salvo para áreas críticas como

seguridad, salud o educación, priorizando a los agentes que prestan servicio y

descartando la creación insólita de nuevos puestos jerárquicos.

En 1994 Mendoza tenía 1.449.630 habitantes y la planta de personal era de 59.200

agentes (el 4,1 % de los habitantes trabajaba para el estado). En 2012 tenemos 1.760.000

habitantes y la planta del estado es de 100.179 agentes. Es decir, el 5,7 % de Mendoza

tiene empleo en el sector público provincial.

En 1994, la Población Económicamente Activas (PEA) era de 552.309 personas y el

empleo público representaba el 11 %. En 2012, la PEA asciende a 670.882 personas y el

empleo público llega al 15 %. El 15 % de las personas que pueden trabajar lo hacen para

el estado provincial, sin contar quienes lo hacen para municipios y organismos

nacionales.

De 1994 a 2012 la población creció el 21 % y la planta de personal el 69 %.

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Presupuesto Provincial y de la DEIE.

Esta situación es insostenible en el tiempo, Mendoza siempre se caracterizó por ser una

Provincia donde la actividad privada marcaba el ritmo del empleo, hoy día la actividad

Pública es la que rige esta variable. Es por ello que proponemos el uso de la Ley 7.970,

que todo el ingreso a planta sea por Concurso, y que además se congele la planta por 3

años.

Propongo además que en 8 años logremos que el 40 % del presupuesto sea para Obra

Pública, columna vertebral de toda construcción social. Hay que recuperar el concepto

histórico de nuestros antecesores: la obra pública es la expresión de una estrategia de

crecimiento, fruto de la planificación y la visión estructural.

3. La “Revolución del Agua”. Invertir las regalías en el agua y el saneamiento.

La gran oportunidad que significa utilizar el dinero del petróleo y de la minería para

Obras Públicas, no podemos desaprovecharla, pues nos permitirá utilizar mejor el

recurso agua, impermeabilizando canales y mejorando el sistema de riego,

garantizando su cuidado. El trabajo y la producción se beneficiarán exportando valor

agregado a distintos destinos del mundo, especialmente a los países asiáticos. Estas

obras permitirán la colocación de centrales y micro centrales hidroeléctricas que, junto a

otras energías limpias como la eólica, nos asegurará la provisión de energía que

necesitaremos durante los próximos años. Se podrá cubrir, además, las obras de agua

potable y saneamiento tan postergadas a lo largo del territorio provincial.

4. Reforma Política para una mejor calidad democrática.

Mendoza pierde gradualmente la oportunidad de mejorar un sistema político y

electoral que permita una mejor representación de la sociedad y una mejor democracia.

Las reformas se pueden hacer por ley. Y no se puede esperar más. Las (PASO)

Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias deben terminar con las internas cerradas

y corruptas, transparentando el sistema de elección de candidatos. La ley de

Financiamiento de los partidos políticos y de las campañas transparenta el manejo de

los aportes de campaña de particulares y empresas. La Boleta Única terminará con la

lista sábana horizontal, mejorando así el sistema con mejores candidatos.

La reforma constitucional, impulsada obedientemente para satisfacer las pretensiones

de eternizarse en el poder de la presidenta de la Nación, no debe y no puede

condicionar los avances que pueden darse por ley.

5. Profesionalizar el Servicio Público.

Mendoza necesita contar con un servicio público profesional e independiente, que

asegure un correcto e inteligente manejo de la Administración Pública. Para ello debe

aplicarse el sistema que regula el acceso a la función pública por concurso,

privilegiando el mérito y no la politiquería. La promoción dentro de la carrera

administrativa también debe ser por concurso. Un Estado moderno debe dar respuesta

adecuada a las demandas sociales.

Propongo la creación de una Oficina de Servicio Público Provincial que garantice la

independencia, profesionalización, modernización e igualdad para el acceso y

promoción dentro del Estado, y la limitación de contratar mediante locaciones de

servicio para el ingreso a la administración central.

6. Defensa de la autonomía de Mendoza.

Mendoza, al igual que otras provincias, está postergada por la Nación en el reparto de

los impuestos e ingresos nacionales. El gobernador y sus ministros pasan más tiempo

en Buenos Aires o arriba de aviones que atendiendo los problemas de su poca gestión.

Y como se privilegia el posicionamiento personal antes que la defensa fuerte de

Mendoza, la provincia sigue perdiendo posiciones, pues los reclamos no se hacen o se

efectúan sin carácter.

Mendoza soporta un importante déficit presupuestario de más de $ 1.500 Millones y

una deuda que pasó de $ 4.064 Millones de 2002 a $ 5.354 Millones en 2012.

Fuente: Elaboración Propia, con datos del Área de la Deuda Pública.

Proponemos que la provincia denuncie el pacto fiscal, para evitar que la Anses se quede

con dineros de Mendoza que durante este año 2012 llegó a $ 1.800 Millones.

La falta de coparticipación integral del impuesto al cheque representa que la Nación se

quedó durante 2012 con $ 1.200 Millones que son de Mendoza.

Por recibir regalías petroleras liquidadas al valor que fija la Nación, durante 2012

Mendoza perdió $ 600 Millones.

7. Recuperar la Política de Estado en Seguridad.

La seguridad es el principal problema que enfrentamos los mendocinos, y el gobierno

no lo asume de esta manera. Por eso se ha abandonado la política de estado de

seguridad y las distintas áreas de gobierno no actúan en función de atacar en conjunto

las causas que provocan el delito.

Los lineamientos y las políticas de seguridad se toman de manera aislada por un

gobierno que poco hace por prevenir el delito ni por reprimirlo en el caso de que haya

ocurrido.

Lo hemos dicho y lo reiteramos, no se trata de aplicar mano dura o mano blanda, sino

de implementar una política integral, con la fuerza del estado en su conjunto, alineando

recursos y capacidades humanas en la solución de un problema complejo y multi

causal.