encarna ruiz galacho - dialnet · 2014. 5. 27. · un modelo de familia en regresión, que pivotaba...

51I. Introducción

La Ley 26/1985 de 31 de julio dictada por el primer Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el primer recorte a las pensiones públicas de jubilación, tras el ciclo expansivo de estas durante más de una década. De manera que, cuando el PSOE llegó al poder en octubre de 1982 el total de pensiones de la Seguridad Social sumaban la cifra de 4,8 millones, y la pensión mínima de todos los regímenes era de 21 800 pesetas mensuales, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), entonces cifrado en 28 444 pesetas. La cuantía de las pensiones subió en los dos años posteriores, de suerte que la pensión media alcanzaba en 1985 las 32 779 pesetas, si bien una cosa era la media y otra las pensiones mínimas que, siendo la mayoría, seguían por debajo del SMI.

Sin embargo, en lugar de la revalorización prometida, la «reforma de las pensiones» se convirtió en la punta de lanza para combatir el supuesto colapso de la Seguridad Social pública y la amenaza de privatización que se cernía sobre el sistema. El Gobierno Socialista había descu-bierto que el sistema heredado era «irracional», no porque fuese un sistema de reparto, basado en las cotizaciones sociales (salario diferido)

en lugar de correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sino porque daba pie a la «compra de pensiones» en los regímenes de tra-bajadores no asalariados. Así que procedió con esa coartada a que pagasen justos por pecadores, y a matar dos pájaros de un tiro.

El recorte de las pensiones contributivas afectó al endurecimiento del periodo de coti-zación exigido, que pasó de 10 a 15 años, y al periodo de cómputo de la base reguladora de la pensión, que se elevó asimismo de 2 a 8 años. No era la primera medida regresiva que imponía un partido con la «O» de obrero. Le habían precedido otras de largo alcance como fue la ley de reconversión industrial «salvaje» (1983) y la «reforma» laboral (1984), pero sí era la que se encuadraba en una de las patas del llamado Estado del Bienestar, del que el Gobierno so-cialista se reclamaba en su programa electoral «Por el cambio» que, efectivamente, lo fue en el sentido de su revisión a la baja.

La respuesta sindical al hilo de la gota que colmaba el vaso de las medidas regresivas fue la huelga general convocada el 20 de junio de 1985, convocada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, a la que se sumaron otros sindicatos menores. Era la primera huelga general declarada al primer Gobierno del PSOE «nominalmente puro» en la historia de España,

Encarna Ruiz Galacho

La huelga de pensiones

y

«el sindicato comunista»

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laberinto nº 31 / 2010

que diría muy enojado el diario El País, su vocero principal. La huelga fue secundada por cuatro millones de trabajadores, una cifra insu-ficiente para impedir que el Gobierno presidido por Felipe González siguiera adelante con el proyecto de ley y tildara la huelga de «condenada al fracaso». Nada de particular era la primera movilización declarada a un Gobierno socialis-ta, al que se le pedía la dimisión y que se sitúa en la cresta de una campaña alentada por el propio Felipe González contra el sindicato de CCOO, en calidad de «sindicato comunista». Porque, como se verá, junto al contencioso histórico existente entre socialistas y comunistas, el aspecto deter-minante de la cuestión radica en la posibilidad de que CCOO reúna y consolide las condiciones para polarizar la única contestación social seria a un Gobierno socialista que, como en este caso, carecía prácticamente de oposición política a derecha e izquierda.

Así, la retórica socialdemócrata que prometía remediar los déficits del «tardío y raquítico» Estado de Bienestar hispano iba a girar, en la práctica, en torno al «dime lo que pregonas y te diré de lo que careces» por la sencilla razón de que hoy como ayer todo sale de las costillas de los trabajadores en general y de la clase obrera en particular vía salarios y vía productividad del trabajo. El llamado Estado de Bienestar nació en el siglo XIX con las leyes de «protección obrera», leyes de doble filo, como no podía ser de otra manera bajo el antagonismo de clases capital/ trabajo, y siguen siendo las clases asa-lariadas, el proletariado, que decía el Manifiesto Comunista (1847) quienes lo costean. Por ello conviene refrescar las entendederas con algunos datos relativos al transcurso de las políticas de vejez bienestantes, más conocidas en el último tercio del siglo XX por las de «tercera edad», con el fin de hacer creer que tenían más tiempo por delante.

II. Antecedentes relativos a las políticas de vejez El comienzo de la intervención protectora del

Estado capitalista se plasmó en España y otros países de la mano de Gobiernos conservadores, como fue el caso proverbial de la Alemania del canciller Bismarck (1883), por efecto de la lucha

de clases, o sea, ante el ascenso del movimiento obrero socialista o socialdemócrata, apelativos que entonces eran sinónimos. Más adelante, en el siglo XX, el vocablo «socialdemócra-ta» designará la moderación o derechización respecto al socialismo revolucionario de inspi-ración marxista1. Para contrarrestar el peligro de esto último, el Canciller Otto von Bismarck ideó las leyes de «protección obrera», considera-das históricamente como el primer esbozo de la Seguridad Social, lo cual se materializó en tres leyes: el seguro de enfermedad (1883), el seguro de accidentes (1884) y el seguro de vejez, que fijaba la jubilación a los 60 años y que pagaban los obreros, los patronos y una cantidad menor a cuenta del Estado. Como diría Jacques Droz en su Historia General del Socialismo (1976):

Esta legislación -entonces muy avanzada en relación con la de los otros países europeos- a la larga habría supuesto una integración progresiva de los obreros en la sociedad y en el Estado. Pero al no ir acompañada de momento por ninguna otra ley que regulase las condiciones de trabajo -ya que Bismarck no quería poner trabas a los derechos absolutos de los patronos en la empresa- producía una impresión negativa en los obreros que no querían pagar coti-zaciones elevadas, y a los que no se le ocultaba el carácter interesado de la política del canciller2.

No por casualidad, la socialdemocracia alemana en el VI Congreso de la II Interna-cional Socialista (1904) había propugnado que las pensiones (de vejez, invalidez, orfandad y viudedad) no fuesen contributivas, puesto que ello significaba una merma de los salarios. Proponían, en cambio, que la financiación corriera a cargo de la fiscalidad sobre las rentas del capital, la renta de la propiedad territorial y el impuesto sobre la herencia. No obstante, la fórmula frecuente en los países europeos fue la financiación tripartita de las pensiones, en la que la mayor contribución debía correr a cargo de los empresarios, y que éstos deducían de los salarios, seguida por la cotización de los traba-jadores a cambio de las prestaciones futuras, y una aportación por parte del Estado3.

En el caso de España, las leyes de «protección obrera» comienzan con el siglo XX, cuando el Gobierno liberal de Canalejas dicta la primera Ley de Accidentes de Trabajo, en la que se declara sin rodeos la «responsabilidad directa de

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L a hue lg a de pe ns iones y «e l s i nd ic ato comu ni s t a»

las empresas» en los accidentes laborales (1900). Casi veinte años más tarde, se procederá a la protección de la jubilación, mediante la creación del Retiro Obrero Obligatorio (1919). Con la dictadura franquista, aparece el Seguro Obliga-torio de Vejez e Invalidez (SOVI) que, junto a las pensiones de orfandad y viudedad (1955), son ad-ministradas a partir de 1944 por el Mutualismo Laboral, controlado por el Sindicato Vertical4. Por lo demás, la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963) que pretendía la reforma del enma-rañado sistema y poner alguna pica en Flandes, mantuvo su andadura sobre tres patas funda-mentales: el Instituto Nacional de Previsión, la entidad gestora más importante, el Mutualismo Laboral, de acusada fragmentación de regímenes y colectivos, y en cuya férula estaban la mayoría de los pensionistas encuadrados en el Régimen General, y, finalmente, las Mutuas Patronales que controlaban interesadamente la gestión de los seguros de accidentes.

Junto a la cuantía misérrima de la mayoría de las pensiones, otra característica acusada tocante a la tramitación de las mismas, era la demora aparentemente burocrática de su percepción durante varios meses. Lo suficiente para que el perceptor se muriera, lo que ocurría con fre-cuencia, conforme a la lógica del sistema. Aparte otros aspectos reseñados por el sociólogo Costa Esping-Andersen, sobre un sistema público de pensiones enmarcado en:

un modelo de familia en regresión, que pivotaba sobre el ingreso único del hombre, que empezaba a cotizar con 20 años y tenía una esperanza de vida de 67 o 68. O sea: más de 40 años cotizando y cuatro o cinco de pensión5.

O ni eso, baste recordar que el Estatuto de los Trabajadores (1979) fijaba la edad de jubilación en los 69 años, con lo cual la «lógica» era que llegaran a causar pensión los menos posibles. La otra «lógica» del sistema imperante que iba a prolongarse en el postfranquismo era el manejo gubernamental del superávit de la Caja de pensiones para financiar gastos que nada o poco tenían que ver con ellas.

El ciclo expansivo de las pensiones contribu-tivas de jubilación comenzó en los amenes del franquismo, empujado por el auge económico primero, y por la crisis económica después, ya con los Gobiernos de centro derecha, de la

Unión de Centro Democrático (UCD). Algo pa-radójico y comprensible a la luz de la ofensiva reivindicativa del movimiento obrero, enca-bezado por Comisiones Obreras que, no por casualidad, fueron sinónimo del nuevo movi-miento obrero surgido en la dictadura fran-quista, en la que los comunistas desempeñaron un papel primordial.

Así, en el año 1972, la cuantía de la pensión media de jubilación se cifraba en 3 650 pesetas mensuales, observando a partir de ese año un crecimiento sostenido tanto el número de pensionistas como la cuantía de la pensión, ya casi triplicada en el año 1977 respecto a 1972. Esta progresión redundará en el hecho de que la Constitución española de 1978 contemple la garantía estatal de las pensiones de jubilación y su nivel decoroso, en el artículo 50 de la misma, al señalar que:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

El profesor Gregorio Rodríguez Cabrero subrayaba el avance del gasto social bajo el tardofranquismo:

Hay una tesis falsa desde el punto de vista cientí-fico que dice que el Estado de Bienestar aparece con la transición política, con la Constitución. Pero nos guste o no nos guste, el Estado de Bienestar se crea en el franquismo, sobre todo en el franquismo tardío.

Y añadía al respecto: Pero más aún, el periodo de la historia social de

España en el que los gastos sociales crecieron con una intensidad más alta, desde 1960 a 1992, es el quinquenio de 1970-1975. Y mi tesis es la siguiente: que la redistribución de beneficios a salarios durante los primeros años 70, más el crecimiento del gasto social, sobre todo de la Seguridad Social en ese quin-quenio, es lo que, en definitiva, va a materializar, antes de que lo reconozca la propia Constitución, los derechos sociales en este país6.

Para este autor, con la Transición política comienza la tercera etapa del Estado de Bienestar. Durante el quinquenio (1977-1982) de los Gobiernos de UCD, y en medio de la crisis económica, el número de pensionistas crece un millón, esto es a una tasa acumulativa anual del 4,9%. En 1977 el total de pensionistas era de 3,8 millones, y cinco años más tarde, en

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1982, eran 4,8 millones. En paralelo, la pensión mínima crece a un ritmo anual del 20%. La pensión mínima de jubilación e invalidez del Régimen General que, en 1977, era de 9 300 pesetas mensuales, equivalente al 62% del SMI (cifrado éste en 15.000 pesetas), asciende al 71,4% del SMI, en 1982, esto es, 20 135 pesetas mensuales. En consecuencia, el gasto total en pensiones de la Seguridad Social que, en el año 1977, suponía el 4,27% del PIB, en el año 1982 asciende al 6,67%.

La expansión de la protección social y, por ende, la generalización progresiva significa que tras el proletariado industrial y otras franjas de asalariados, ingresan en el sistema de Seguridad Social las clases medias, con el agravante de que estos últimos sin apenas cotizaciones disfrutan de elevadas pensiones. O sea, que son las coti-zaciones del Régimen General sufragadas por la mayoría de los obreros los que costean las garantías protectoras. Pese a todo el Régimen General tenía un superávit de 91 millones de pesetas en 1984, frente a otros regímenes espe-ciales deficitarios.

Al crecimiento del número de pensionistas contribuye, asimismo, el recurso a las jubilacio-nes anticipadas de los trabajadores afectados por los expedientes de crisis en las empresas, y la caída en picado del empleo entre los tra-bajadores de 55 años y más edad, una caída que será particularmente intensa en la década de 1975-1985. Si, en 1972, este grupo de edad tenía una tasa de empleo masculina del 82,7%, en 1985 había descendido al 60% y seguiría ha-ciéndolo7. Por ello, en esta coyuntura de crisis económica y desempleo creciente, se prefería por el Gobierno un jubilado o prejubilado más, en la medida que era, en las estadísticas, un parado menos8.

El desempleo que ascendía a un millón de trabajadores en 1978 (8% de los activos) se duplicó a 2 millones de parados, en 1981, y con ello la evidencia empírica de la reducción del número de cotizantes –trabajadores y empre-sarios– a la Seguridad Social. Por su parte, la clase empresarial apuesta por la quiebra de la Seguridad Social que sin fundamento dice ser la más cara de Europa. En consecuencia optan por el fraude de doble vía: unos, por retrasar el pago de las cotizaciones, cuya deuda asciende

a 850.000 millones en 1982, mientras otros se sitúan en la actividad industrial clandestina, o «economía sumergida».

Bajo los efectos intimidatorios del golpismo militar del 23-F de 1981, los sindicatos mayo-ritarios, CCOO y UGT suscriben el Acuerdo Nacional de Empleo con el que sería el último Gobierno de UCD y la patronal CEOE. Con éste se tratará de crear 350 000 puestos de trabajo, lo que fue un sonado fracaso, e incorporar la jubila-ción especial a los 64 años, los contratos de relevo y la creación de una Comisión Tripartita de cara a la mejora y racionalización de la Seguridad Social. El Gobierno de Calvo Sotelo, el último de la UCD, había preparado un Libro Verde sobre la situación de la Seguridad Social y a petición de los sindicatos entregó un «Libro Rojo» sobre la cuestión, elaborado por el Instituto de Estudios de la Seguridad Social, con el que el Gobierno no estaba totalmente de acuerdo.

CCOO, por su parte, había elaborado un documento en el que desarrollaba las pro-puestas básicas de su 2º Congreso Confederal. El documento tenía 4 apartados: 1) Análisis y críticas al actual Sistema de Seguridad Social; 2) Definición del modelo de Seguridad Social. 3) Propuestas a corto y medio plazo. 4) Posición ante los Fondos de Pensiones privados. Pero Enrique Fuentes Quintana y José Barea, que presidían la Comisión Tripartita, apostaron por la interlocución con el sindicato UGT, en calidad de portavoz oficioso del PSOE, al que consi-deraban ganador en los próximos comicios de octubre de 1982. En los últimos días de marzo, Fuentes y Barea presentaron un documento de síntesis y aproximación a las posiciones de UGT, en el que no contemplaban la mejora sustancial de las prestaciones. El documento denomina-do «Programa de Mejora y Racionalización de la Seguridad Social», contenía seis capítulos: Pensiones y otras prestaciones económicas; Control y fraude. Organización y funciona-miento. Asistencia Sanitaria, Servicios Sociales, y Financiación. Ante ello la CEOE, que no vio reflejada sus demandas en el documento rompió con los trabajos de la Comisión, cosa que al Gobierno de UCD y a UGT les pareció bien por motivos bien distintos. El triunfo electoral del PSOE, anunciado por todas las encuestas, estaba a la vuelta de la esquina.

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III. Las promesas incumplidas del PSOE La clamorosa victoria del PSOE en las elec-

ciones generales de octubre de 1982, por algo más de diez millones de votos, significó la obtención de la mayoría parlamentaria absoluta, y con ello la formación del primer Gobierno so-cialista en la historia de España. El eslogan de la campaña electoral había sido «Por el cambio», y entre las medidas programáticas destinadas a atajar el desempleo destacó sobremanera la promesa de crear 800 000 puestos de trabajo, la implantación de la jornada laboral de 40 horas semanales, y la generalización de las vacaciones pagadas de treinta días anuales. Junto a ello la promesa de equiparar, a lo largo de la legisla-tura, la pensión mínima de jubilación al salario mínimo interprofesional, y la reducción de la edad de jubilación a los 64 años en 1983, y a los 62 años en 1986.

El Gobierno del PSOE había ganado las elec-ciones con un programa económico de corte key-nesiano, con medidas de reparto del trabajo, que se iba a trocar en una política de corte neoliberal, «un ajuste positivo» que diría el titular del Mi-nisterio de Economía y Hacienda, Miguel Boyer. En consecuencia, los 800 000 puestos de trabajo prometidos se convirtieron en 800 000 desem-pleados más, entre 1982 y 1986, y los dos millones de parados que había dejado el Gobierno de UCD se convirtieron en tres millones de parados, o sea, el 21,3% de la población activa. Algo desconocido en España, y por ello una cifra que se conside-raba de alarma social, de «barrera fatídica» a no traspasar, pero que fue traspasada en marzo de 1985. Al desempleo de larga duración que era ya del 53,5%, en 1983, se unía un desempleo juvenil del orden del 42,8% en 1985.

En paralelo, el Real Decreto Ley de Reconver-sión Industrial de 1983 afectó a un tercio de los sectores industriales, especialmente a la side-rometalurgia, la construcción naval y el textil9. Los socialistas cuestionaron el principio de la socialización de pérdidas, frente a la política de hacerse cargo de las grandes empresas privadas en quiebra, que los gobiernos de UCD habían aplicado para frenar el desempleo. Pero el cues-tionamiento del Gobierno del PSOE, a favor del cual se iba a invocar que el 70% del déficit del Instituto Nacional de Industria se debía a las

empresas socializadas por la UCD entre 1977-1982, no era sino el pasadizo al desmantela-miento del sector público empresarial que en adelante iba a implementar, al punto de llegarse por algún ministro socialista de Industria a declarar que «la mejor política industrial es la que no existe». También frente a la blandura de las tímidas medidas de reconversión indus-trial instrumentadas por la UCD, trataría de mostrarse «enérgico» el Gobierno del PSOE.

Comisiones Obreras calculaba, en 1984, que el Decreto Ley de Reconversión Industrial, respecto al cual no había podido opinar, al ser vetados por el ministro de Industria Carlos Solchaga, pretendía un ajuste de plantillas del orden de 60 000 empleos directos y 200 000 indirectos10. En aquellas circunstancias el des-mantelamiento fabril emprendido, entre 1983-1987, suscitó fuertes conflictos y el rechazo de las poblaciones industriales afectadas: Cádiz, Bilbao, Gijón, Vigo, El Ferrol, Sagunto, sede de los Altos Hornos del Mediterráneo, que iba a provocar violentos choques con la policía.

Luego, el Gobierno que prometía en la campaña electoral la primacía del trabajo fijo y el freno a la contratación temporal, procedió a generalizarla mediante la Ley 32/1984, una «reforma» parcial del Estatuto de los Trabajado-res, con sus Reales Decretos sobre Contratación Laboral precaria, con los que entraba a saco en la desregulación de los mercados de trabajo. Con ello apareció el contrato basura y todo un alarde legislativo que iba a reclamarse de la imperiosa homologación europeísta, con la Comunidad Económica Europea (CEE), en la que se ingre-saría dos años más tarde (enero de 1986), y del cinismo del «más vale un empleo sin derechos que ninguno», o «el peor contrato basura es el paro», que tanto ayudan a hundir los salarios y elevar la tasa de la ganancia empresarial que es de lo que se trata11.

No era ninguna frase vacía apelar a los be-neficios empresariales, cuando afirmaban los si-cofantes gubernamentales sin el menor sonrojo «de izquierda» que: «Los beneficios empresa-riales de hoy son las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana». El Gobierno de Felipe González, proclamaba el imperativo de reducir la tasa de inflación, como no, para aproximarla a la media de los países de la CEE,

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con la particularidad de considerar que eran los aumentos salariales los que provocaban la inflación; y de lo que se desprende que el objetivo de la política de concertación sindical consistie-ra en poner los salarios por debajo de la inflación de precios, que al ser la inflación prevista, signi-ficaba ponerlos más por debajo12.

Lejos de perseguir el fraude empresarial a la Seguridad Social, que de los 850 000 millones en 1982 ascendía a 1,5 billones en la actuali-dad, en 1985, el Gobierno socialista siguió dis-minuyendo las cotizaciones de los empresa-rios, que consiguieron la rebaja del 1,77 % entre 1978 y 1985, mientras las cotizaciones obreras subían el doble, el 3,65%, en el mismo periodo. La clase empresarial exigía la reducción del gasto público destinado a la protección social, alegando que ello gravaba la creación de empleo. La patronal CEOE repetía sus estribi-llos clasistas: que el sistema fiscal desanimaba la inversión, y la trola de que la cotización a la Seguridad Social estaba en España por encima de los países de nuestro entorno, y que «la le-gislación laboral estaba llena de rigideces y dis-torsiones que cerraban a cal y canto las puertas de las empresas al mercado de trabajo».

La inspección fiscal en España revela que las empresas sólo declaran la doceava parte de sus beneficios. Sin embargo, puestos a desarro-llar una campaña publicitaria contra el fraude a la Seguridad Social, la patronal y el Gobierno lo hicieron contra la pensión de invalidez frau-dulenta, que tras el oportuno Real Decreto pretendía la revisión de 180 000 casos de invalidez en 1985.

No importa que España junto a Portugal y Grecia sean los países del Sur de Europa que dedicaban un menor porcentaje del PIB al gasto social. Baste recordar que, a la muerte del general Franco (1975), el gasto público social suponía en España el 12% del Producto Interior Bruto, esto es, la mitad de la media del 24% existente en la CEE, y que hasta 1982, antes del acceso al Gobierno del PSOE, no se logra alcanzar el 19,4%, todavía a siete puntos de distancia del 26% de la CEE.

Después de «reformar» a los mercados de la fuerza de trabajo, había que «reformar» a los que estaban fuera de él, pero cuya interacción es una evidencia empírica en un sistema de reparto

basado en la relación cotizante/pensionista, en cuanto relación de ingreso y gasto; un sistema que coloca, por tanto, en primer plano el volumen de la población activa ocupada que cotiza, cosa que no hace, por supuesto, la economía sumergida por definición fraudulenta. Y en este sentido el problema que se presentaba era el hecho de que el número de trabajadores ocupados, en España, fuese menor (estadísticamente) en dos millones de personas al de una década atrás, o sea 10,7 millones. Recordemos que en 1975 la población ocupada era 12,7 millones, de la que 8,8 eran asalariados. Pero al Gobierno, intere-sado en maquillar las cifras de paro después de alcanzar los tres millones, no quería que le recordaran el albur de los 800 000 puestos de trabajo, que ahora dejaba al pairo de la contra-rreforma laboral. Prefería asociar la amenaza de quiebra de las pensiones a los «abusos» de una legislación que convenía endurecer.

IV. El Gobierno «responsable» El catastrofismo asociado a la quiebra del

sistema de pensiones públicas no se endilgó a la reducción de la edad de jubilación ni al en-vejecimiento de la población, dándose por cosa normal el incremento anual de 400 000 nuevas pensiones. El grupo de edades de 65 años y más que significaba el 7,2 por ciento de la población en el año 1950, sería menos del doble (12%) en 1986 y según los cálculos justamente el doble en 1996. El proyecto de «reforma» no ignoró que los viejos trabajadores tardaban en morirse, porque hasta daba una vida de pensionista de 15 años, lo que sí ignoró es que si había cada vez más viejos viviendo de la pensión, y menos jóvenes trabajando y cotizando, también había más productividad del trabajo. Como diría el economista J. Francisco Martín Seco:

la población activa no sólo depende de la demo-grafía, sino también de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, de la tasa de paro, y de la pro-ductividad13.

El plato fuerte de la «reforma» era, como se dijo, el endurecimiento de los requisitos para causar pensión, que como tal ejercicio de «responsabilidad», el Gobierno no podía demorar, pese a la impopularidad del asunto. Porque aparte de la conspiración comunista

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que pretendía, como no, según los voceros de turno el desgaste del «Gobierno socialista», a juicio del presidente Felipe González existía un problema de comunicación del Gobierno con los gobernados, no en el sentido de que las políticas antisociales fuesen inexplica-bles, sino en el sentido de la incapacidad del PSOE para explicar los cambios introducidos en la sociedad española. El problema añadido era que en el lote de los que no se lo explica-ban entraba la Unión General de Trabajado-res (UGT), el sindicato hermano del PSOE, dirigido por Nicolás Redondo, que después de suscribir con su política de concertación la baja de los salarios a cambio de protección social, se encontró con que el cambio de estampitas no le funcionaba. Así que el Gobierno y la dirección del PSOE, que eran la misma cosa, tuvo que poner en circulación una directiva aprobada en el último Congreso del partido, al objeto de penalizar la participación de cuadros y militan-tes en las previsibles protestas contra la OTAN, y que ahora tenía que aplicar ante el recorte de pensiones. Las presiones gubernamentales y partidarias continuarían en el Congreso de Diputados de cara a la votación del proyecto de ley en el mes de julio.

Ante la convocatoria de huelga general del 20 de junio, el Gobierno «responsable» tachó a la huelga de «irresponsable», a la par que se impuso la tarea de mejorar la comunicación con la opinión pública, editando al efecto un suelto con el emblema del puño y la rosa. No sin destinar a la opinión interior del partido el mensaje de la piña, frene al ugetismo remiso, o sea, que:

La Comisión Ejecutiva Federal del partido está apoyando decididamente este proyecto porque, una vez estudiadas las consecuencias de estas medidas, se concluye que el proyecto es necesario, beneficio-so para los pensionistas y trabajadores y oportuno y necesario políticamente14.

El libelo gubernamental tenía frases lapida-rias tal como:

La Seguridad Social pública no tiene futuro en España si sigue evolucionando por el camino que lo ha hecho desde 1974 (año en que se aprueba la actual ley reguladora). Está amenazada por una doble crisis, que está legitimando los argumentos de la derecha a favor de su privatización.

Una doble crisis, que se decía, era una «crisis de eficacia» y una «crisis financiera». Se llamaba «crisis de eficacia» a lo que se ca-lificaba de «cobertura irracional del sistema de pensiones», en cuanto había pensiones abusivas para unos y pensiones precarias para otros y en-tendiendo por abusivas las llamadas «pensiones compradas» que, sin cuantificar, consideraba el objetivo de la «reforma». Esto es:

Terminar con los que se aprovechan de unas leyes mal pensadas para conseguir pensiones que no es razonable que perciban, ya que no se basan en las cotizaciones realizadas ni en un estado de necesidad demostrable.

Tocante a la crisis financiera se identifi-caba por el Gobierno con la imposibilidad de seguir pagando las pensiones porque de hacerlo «arruinará al país si continúa la diferencia creciente entre sus ingresos y sus gastos». Así que el país estaba al borde de la ruina por culpa de los pensionistas desalmados, en particular, y, en general, porque los ingresos iban a la zaga de los gastos, y de donde se saca y no se mete el final se le ve. Cuando según el profesor Alonso Meseguer,

los excedentes derivados de la buena coyuntura demográfica y del mercado de trabajo fueron gastados en los Presupuestos Generales del Estado de cada año, dejando sin aprovisionar los derechos a que dieron lugar el cobro de las pensiones futuras15.

Contrariamente a ello, se aseguraba que las pensiones crecían el doble que las cotizaciones a la Seguridad Social y que entre 1977 y 1984 las cotizaciones crecen 2,6 veces y las pensiones 4,6 veces. Ante tamaño desequilibrio, que dejaba tan malparados los superávit de la Caja de pensiones, el Gobierno aseguraba muy escanda-lizado que era la aportación estatal la que había corrido en auxilio de las pensiones, ¡nada menos que 17 veces! Y esto para el Gobierno socialis-ta era una señal irrefutable de desequilibrio y quiebra manifiesta. No eran el fraude empresa-rial ni las cifras millonarias del «saneamiento» de la Banca, ni el mantenimiento de la Casa Real, la Iglesia católica, o el Ejército los que arruina-ban al país, sino las pensiones, que para colmo de males eran las que «darían pie a la derecha a aplicar su programa privatizador».

Con ello empezaba a funcionar el mito del desequilibrio, del no cuadrar las cuentas del asusta-viejos. Como ha señalado Miren Etxeza-

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rreta, catedrática emérita de Economía Aplicada y autora del libro Qué pensiones, qué futuro (Icaria, 2010):

Este es otro mito muy poderoso: ¿ por qué tiene que estar equilibrado el presupuesto de las pensiones? ¿Acaso lo está el del Ejército? ¿Y el de la Casa Real? ¿Y el de Educación? Todas las partidas sociales son defi-citarias a efectos contables. ¿Por qué tiene que estar equilibrada la de las pensiones?16

Para impedir la catástrofe se descartaba la subida de las cotizaciones empresariales, al objeto de no mermar la «competitividad de las empresas», considerándose más positivo reducir la aportación de los empresarios. Y en cuanto a la derecha de la que se agitaba el espantajo era la del partido Alianza Popular (AP) del ex ministro franquista Manuel Fraga, que pasaba por sus horas más bajas. No obstante, el Gobierno esgrimía el programa de gobierno de AP, en términos de «los ideólogos derechistas del libe-ralismo», ya que los ideólogos izquierdistas del liberalismo eran los socioliberales del PSOE, que para «reformar» se ufanaban de tener la mayoría parlamentaria, cosa que se les olvidaba a la hora de decir que el peligro no eran ellos sino la derecha pura y dura, esto es, que:

La derecha española espera ansiosa la crisis definitiva del sistema público para legitimar el modelo privatizador.

Frente a las malas lenguas, el proyecto del Gobierno decía no ser un recorte, sino un proyecto garantista, porque:

Garantizar la estabilidad financiera del sistema es la única garantía frente a los embates de la crisis estructural que padecemos y a la embestida liberal-conservadora.

Tenían calculado que la situación de pen-sionista duraba cosa de 15 años, y la prueba del algodón para demostrar que no había recorte era «comparar el conjunto de las percepciones de los quince años que dura la situación de pen-sionista». Tampoco el endurecimiento de los requisitos de las pensiones iba a perjudicar al «trabajador normal», sino a los compradores de pensiones:

Pierden y clarísimamente quienes quieren comprar una pensión (afiliándose para cubrir justa-mente la escasa carencia que hoy se exige: cinco años de invalidez y diez de jubilación) y quienes hinchan

artificialmente la base de cotización de los meses previos a su jubilación para elevar fraudulentamente la cuantía de su pensión.

Los perjudicados no serían los regímenes de trabajadores por cuenta ajena, y menos los del Régimen General, sino los trabajadores por cuenta propia, ya que eran estos regímenes:

los que se utilizan para acceder irregularmen-te a la situación de pensionista. En efecto, frente a sólo un 3,5% de los jubilables en el Régimen general con menos de 15 años de cotización, en el de Autónomos son el 56,6%, en el Agrario el 19,6% y en el de Empleados de Hogar 60,4%. Así, pues, el endurecimiento sólo va a afectar a personas que se afilian a regímenes cuyo control es imposible, con la pretensión de comprar con escasas cotizaciones una pensión que les va a proporcionar entre 15 y 20 veces el valor de lo aportado al sistema.

Con esa cortina de humo el Gobierno socia-lista procedió, en realidad, al estancamiento del gasto de la protección social entre 1984-1989, pese a ser años de recuperación económica en los que los beneficios empresariales se cuadru-plicaron. En esos cuatro años, la pensión media de la Seguridad Social se contrajo, al pasar de representar el 54,6 del PIB por habitante al 48,3 por ciento en 1989. Según un estudio del profesor Antonio Antón, publicado por la Fundación 1º de Mayo de CCOO, la ampliación del periodo de dos a ocho años para calcular la base reguladora de las pensiones contribu-tivas significó una reducción de 3,5 puntos del PIB respecto de los derechos adquiridos por los pensionistas, equivalentes a unos 35 000 millones de euros anuales.

Es más, a tenor de los analistas, sin el recorte de 1985 el gasto de las pensiones con-tributivas hubiese sido en 2002 no el 8,2% del PIB sino el 11,7%, con lo cual todavía hubiese sido inferior a la media de la UE (12,9%) sin Reino Unido e Irlanda.

Esa reforma –añade Antón– según distintos cálculos supuso un recorte en torno a un 10% de la pensión media posterior17, déficit que todavía está acumulado desde entonces. La reforma del Pacto de Toledo, del año 1996, aprobó otra ampliación desde los 8 a los 15 años (en un principio eran trece años reales al computarse las pagas extras, cosa que se modificó en la última reforma del año 2006, donde han quedado los 15 años reales)18.

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A este catastrofismo engañoso con que el Gobierno socialista atajó el ciclo expansivo de las pensiones, le siguieron los expertos al servicio de los fondos privados de pensiones y de los intereses de la Banca que ven en la Caja pública de pensiones el panal de rica miel y empeñados por ello en hacer proyecciones de futuro intimi-datorias y tan aberrantes como indecentes.

V. La campaña contra el «sindicato comunista» Ya se vio que el libelo del Gobierno socialista

afirmaba que no había recorte, que la acusación era infundada, producto de las malas lenguas, y sobre todo del «sindicato comunista». O sea que el problema no era el de una simple mosca cojonera. Comisiones Obreras había nacido del conflicto de clase capital/trabajo, combatiendo al franquismo, y con fuertes aspiraciones de ser el sindicato de nuevo tipo y el sindicato único. Algo que, naturalmente, la clase capitalista española no iba a consentir de ninguna de las maneras, unido al hecho, por otro lado, de que el bisindi-calismo o la existencia de dos grandes sindicatos, formase parte de la tradición histórica del movi-miento obrero español anterior al franquismo. Entonces, antes y durante la Guerra Civil, los dos sindicatos mayoritarios habían sido el sindicato socialista UGT, y el sindicato anarquista CNT.

Tras la muerte de Franco la UGT volvió por sus fueros de la mano del PSOE «renovado», liderado por el abogado laboralista sevillano Felipe González, «Isidoro». A la UGT no le molestaba en absoluto el esquema del sindicato hermano o del sindicato correa de transmisión del partido, que tantos quebraderos de cabeza daba a los comunistas respecto a la relación de partido y sindicato. Para los socialistas estaba claro que el sindicato tenía que hacer la política del partido y así beneficiarse también del éxito electoral y parlamentario del partido. Por supuesto que la socialdemocracia alemana era el ejemplo a seguir y la que mecía con sus recursos la cuna PSOE-UGT, pero al convertir-se el PSOE en las elecciones del 15 de junio de 1977 en el principal partido de la oposición y del centro izquierda, la UGT, ya beneficiada por los Gobiernos de la Monarquía frente al «sindicato comunista», no hizo sino subir como la espuma.

Los resultados de las elecciones sindicales libres de 1978 arrojaron el triunfo de CCOO al obtener el 34,5 por ciento de los delegados frente al 21,3 de UGT; pero en los comicios de 1980 UGT sube al 29,3% y le pisa los talones a CCOO, que baja al 30,9%, a la que logran rebasar con el 36%, en 1982, al hilo de la victoria del PSOE, mientras CCOO queda cinco puntos atrás, con el 31%. Desde esa fecha la bipolaridad de los dos sindicatos mayoritarios queda configurada bajo los efectos inmediatos de la crisis capitalista y bajo la modalidad de «un sindicalismo más de representación que de organización», que diría Justo Zambrana. El auge de la afiliación sindical, que según las conocidas cifras de V. Pérez Díaz, era del 57,4%, en 1978, descienda al 33,8% en 1980 y al 23% en 1984. Según la Organización Internacional del Trabajo la tasa de afiliación sindical en 1985 oscilaba entre el 25 y el 15%, una tasa baja y un exponente preocupante del desfase entre la afiliación y la participación electoral de los trabajadores, que se estimaba de 1 a 4 en los medios de CCOO.

CCOO defendía bastante más a los trabaja-dores que los zorrocotrocos de UGT, cuya «di-ferenciación sindical» consistía en la política colaboracionista de concertación sindical con la patronal, que la prefería en sus empresas, y le facilitaba los comicios en las mismas. Lejos de la «cultura del conflicto» característica de CCOO, los ideólogos del PSOE tenían la idea realista de que lo que el obrero quería en España era que le llenaran la barriga, o sea:

Una clase obrera sociológicamente instalada en la moderación, que buscaba el acuerdo para superar los problemas del desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo y las mejoras de las condiciones laborales.

A los moderados a lo Félix Tezanos les encantaba contrastar que mientras los traba-jadores de las primeras décadas del siglo XX reaccionaban ante la crisis económica con una conciencia revolucionaria, los del último tercio del siglo XX lo que pretendían era conservar su empleo. El cinismo de la O de obrero prometía ser de largo recorrido.

En paralelo, la UGT al abrigo de los homónimos alemanes, el poderoso sindicato DGB, se dedicó a vetar hasta 1990 la entrada de CCOO en la Confederación Europea de Sindi-catos, pues hasta la caída del Muro del Berlín

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(1989) no abandonó la idea de hundir a CCOO. Con el argumento preferente de que era una «or-ganización sindical de inspiración comunista», por un lado, y dar tiempo, por otro lado, a que se debilitara, terminando a ser posible en una sigla marginal. Así, en 1981, esgrimía la existen-cia en CCOO de «un retroceso, en cuanto a sus posiciones de las corrientes más aperturistas y eurocomunistas, a favor de las corrientes proso-viéticas y leninistas».

Lo que se hundió en 1982 fue, sin duda, la relación privilegiada del Partido Comunista de España (PCE) con la Confederación sindical de CCOO. El PCE dirigido por el tacticismo euroco-munista de Santiago Carrillo estalló en pedazos en un tiempo record, y a pique de convertirse en un partido extraparlamentario. De manera que, en 1985, de las filas del PCE habían surgido dos escisiones dirigidas por dos viejos conocidos, la eurocomunista de Santiago Carrillo y la pro-soviética de Ignacio Gallego (PCPE), con lo cual eran tres familias las que pugnaban por la dirección de CCOO y moverle la silla a ser posible a su máximo dirigente Marcelino Camacho, que se mantenía fiel al PCE.

CCOO había rechazado la política de con-certación a excepción de la firma del atribu-lado Acuerdo Nacional de Empleo (1981) y el Acuerdo Interconfederal (1983) suscrito tras la toma de posesión del Gobierno del PSOE con el fin de darle un margen de maniobra y de confianza. Por primera vez, la dirección del sindicato sometió el acuerdo a consulta de las bases. Pero ante el siguiente acuerdo, el Acuerdo Económico y Social (1984), el resultado de la consulta a la organización fue la negativa a la firma, que recrudeció la campaña gubernamen-tal contra el «sindicato comunista», en la que el presidente del Gobierno, Felipe González, no se privaba de llevar la voz cantante.

En marzo de 1984, el diario El País publicaba un artículo del dirigente confederal de CCOO Julián Ariza y portavoz de la facción de Carrillo, titulado: ¿Piensa ilegalizarnos, señor presidente? En el citado artículo arremetía contra la fijación que Felipe González les dispensaba:

Una vez más el presidente del gobierno ha destapado la caja de truenos contra Comisiones Obreras. Primero fue con ocasión de la lucha de los jornaleros andaluces a favor de la reforma agraria

integral. Luego durante su viaje a Austria, acusán-donos poco menos de la ruina del país. Más tarde con sus declaraciones a finales de diciembre, en relación con la conducta de los sindicatos. Ahora co-incidiendo con las recientes movilizaciones contra las medidas de reconversión. (…) El presidente del Gobierno ataca brutal y calumniosamente a CCOO. Decir que hemos desatado más huelgas en el periodo de gobierno del PSOE que en toda la transición es o bien ignorar el nº de huelgas entre 1976 y 1979 –periodo más álgido– o bien desconocer las esta-dísticas del Ministerio de Trabajo de 1980 a 1982, periodo de neta disminución. (..) Hay que lamentar que la presión no sea mayor, pues la realizada no parece ser suficiente para convencer al Gobierno de que haga de una vez el cambio fundamental que necesitamos la mayoría de los españoles: el de su política económica y social.

El III Congreso Confederal de CCOO (mayo de 1984) denunció la política económica del Gobierno socialista y el carácter de la misma al observar que

La situación española se define por la asunción por el Gobierno del PSOE de la política que la derecha y los poderes económicos nacionales e internacionales están intentado aplicar para conseguir una salida a la crisis favorable a sus intereses.

Sin olvidar la política sindical discrimi-natoria del Gobierno a favor de UGT, y las políticas antisindicales instrumentadas en las huelgas del transporte público, caso de RENFE, Iberia, Metro de Madrid, por imponer servicios mínimos abusivos que impiden el ejercicio del derecho de huelga. En conclu-sión, el Congreso decide que, de no cambiar la política económica del Gobierno, no se firmarían más acuerdos globales.

El Informe del secretario general de CCOO, Marcelino Camacho, al III Congreso, del que los medios de comunicación se hicieron rápida-mente eco, fue considerado por el diario con-servador ABC : «un ataque en toda la línea a la actual política económica del Gobierno socialis-ta a la que califica de derecha antisocial y an-tisindical». Y el extinto Diario 16, por su parte afirmaba:

Marcelino Camacho inauguró ayer el III Congreso haciendo un llamamiento a la UGT para iniciar, a partir del otoño una campaña de movilizaciones por la jornada semanal de 35 horas, tal como propugna la Confederación Europea de Sindicatos.

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En cambio, el diario El País (20.10.84) en calidad de vocero gubernamental recurría a la intriga de moverle a Camacho la silla, dando por sentado que había un

deseo de sectores cualificados y numerosos de CCOO de abrir un debate ideológico que dote a la organización de una política sindical que no se base exclusivamente en la inspiración carismática de su actual secretario general.

En respuesta, en unas declaraciones al mismo diario (del 28 de octubre), Camacho sostiene que a CCOO no le queda otra salida que hacer una oposición frontal, porque el PSOE ha traiciona-do su programa tanto en materia económica y social, como en lo que se refiere a la OTAN. Para Camacho la organización que lidera ha adquirido mayor fuerza como referencia de la izquierda social ante el debilitamiento de la izquierda política. Afirma que CCOO está ahora más unida que nunca, aunque en su seno existen co-rrientes diferenciadas y en momentos como éste se producen tensiones sobre la política a seguir. En cuanto a la política gubernamental señala:

Es el colmo: el Gobierno ha matado sus promesas y ahora quiere encima que asistamos al entierro, que nos hagamos cómplices de su fracaso. El AES ha sido el certificado de defunción del programa socialista.

Para Nicolás Sartorius, dirigente del Partido Comunista, y junto a Marcelino Camacho uno de los encausados en el Proceso 1001 de Comi-siones Obreras (1973), la campaña contra Co-misiones Obreras no venía de la prensa sino del Gobierno que había apostado muy fuerte por el AES. Porque con el AES la patronal se había llevado la parte del león:

Los empresarios han conseguido -como reconoce su presidente- frenar cualquier veleidad tendente a modificar el sistema tributario en dirección de la equidad. Si a esto unimos que al Fondo de Solidari-dad exiguo por otro lado los empresarios no aportan su alícuota parte…se reduce la financiación de las empresa a la SS, se diseña una política de rentas sala-riales, pensiones y sueldos de funcionarios claramen-te moderada y se encarga a la CEOE el estudio sobre la reforma de la empresa pública, no parece que la patronal española tenga motivos para estar disgusta-da con el gobierno socialista19.

Ante el 1º de Mayo de 1985 podía decirse que CCOO le ganaba la partida al Gobierno. Como señaló Camacho en el mitin de CCOO

de Madrid, la ausencia de González en la fiesta-mitin del sindicato socialista es una radiografía: «Tras 29 meses de su llegada al poder Felipe no puede presentarse siquiera ante los trabajado-res de su sindicato». CCOO aglutinó el mayor número de trabajadores en la conmemoración del 1º de Mayo, convocadas bajo el lema de «Paz, trabajo y Seguridad Social». Camacho se lamentó de la división sindical ante una fecha tan señalada. En Madrid unos diez mil trabajadores acuden al mitin de UGT y cien mil al de CCOO. Por su parte CNT aglutina a 1.500 trabajado-res, y esto según las cifras del Gobierno Civil. Porque según sus organizadores, asistieron el doble al mitin de CCOO, en el que se propugnó la reducción de la jornada laboral y se reafirmó que ningún Gobierno, como el del PSOE, en la historia de la transición había ido tan lejos en política antisocial y antisindical. Tocante a la defensa de la Seguridad Social se pidió la unidad de acción con UGT para hacer fracasar el ataque del Gobierno y de la CEOE.

En el mitin ugetista, Nicolás Redondo, que había dejado de asistir a las reuniones de la ejecutiva del PSOE, en la que tenía voz pero no voto, destacó las diferencias que le separaban del Ejecutivo socialista, pese a lo cual proclama: «no me uniré a nadie para atacar al gobierno, porque antes que nada soy socialista», y apela a que desde esos postulados había que aplicar sistemas más justos. A modo de réplica, por si Redondo no se enteraba, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, afirmaba a finales de mayo ante el Círculo de Empresarios que la estrategia de «ajuste positivo» debía mantenerse al menos durante toda la década20. Así que el socialista Redondo se sumó a la movilización contra el Gobierno socia-lista del 4 de junio y de ahí no pasó.

VI. La huelga del 20-J La huelga general convocada por CCOO en

términos de Paro Nacional de 24 horas, reunió, previamente, en la Plaza Mayor de Madrid, a finales de mayo, a veinte mil delegados de la Con-federación. CCOO emplazó al Gobierno al giro a la izquierda o a dimitir. Tras la concentración marcharon hasta el Congreso de los Diputados donde ninguno de ellos recibió el Manifies-to de la Central, donde se pedía la retirada del proyecto de ley de pensiones del parlamento.

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Acto seguido, el 4 de junio, se desarrollan las manifestaciones conjuntas de CCOO y UGT en 30 provincias. Un día antes los dirigentes sin-dicales de UGT repiten encierros en las direc-ciones provinciales del Ministerio de Trabajo. Centenares de miles de trabajadores de toda España se manifiestan contra el recorte de las pensiones, siendo las más multitudinarias las de Madrid, con 200.000 personas, y en Barcelona. En Madrid, la pancarta única con la leyenda «No al recorte de pensiones» es llevada por los miembros de la federación de pensionistas de CCOO y UGT.

A la convocatoria de huelga general se suman los sindicatos USO y CNT, y el ELA-STV en el País Vasco, pero la campaña de prensa siguió con el ataque al «sindicato comunista» y la «huelga política». Los editoriales de El País y Diario 16, coincidían en las amonestaciones del gran día. «Una huelga general política», que según Diario 16 se hubiera justificado contra «la incumplida promesa electoral de crear 800 000 puestos de trabajo», pero no por una «reforma» de pensiones. La huelga general, continuaba el editorial:

Convocada en toda España por el sindicato de CCOO y algunos sindicatos minoritarios es fun-damentalmente una huelga política, en la que las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE tratan de plantar batalla, por esta vía, a la política económica y social del PSOE.

A este diario -como empresario- le molestaba, particularmente, la insistencia de CCOO en el fraude empresarial, que consideraba un «argumento extremista». También le incordia-ba bastante que el éxito de la convocatoria de huelga general, dependiese -a su juicio- de la par-ticipación de los trabajadores del sector público empresarial, porque los consideraba «en buena medida causantes directos por su escasa produc-tividad de la situación deficitaria de la Hacienda que lleva a recortar toda clase de gastos».

El editorial del diario El País también tachó la convocatoria del 20-J de «huelga política», debido a que no se hacía después sino antes de que se aprobara el proyecto de ley por el par-lamento, como era lógico hacer si se perseguía realmente presionar para su retirada. Pero según el editorial leguleyo lo que se hacía con ello era desafiar «a las Cortes libremente elegidas en las

urnas por sufragio universal y al Gobierno so-cialista que sostiene la mayoría parlamentaria». O sea, más o menos que era una huelga anti-sistema político-parlamentario. Se descalificó, además, el doble desafío que comportaba la con-vocatoria de CCOO respecto al Gobierno y su sindicato hermano, esto es «el doble objetivo de desafiar al Gobierno, acusándolo de traicionar a su electorado y de desgastar a la central socialis-ta, denunciándola como correa de transmisión de una política de derechas».

Finalmente, el editorial daba por sentado que el maléfico «sindicato comunista» estaba más interesado en «erosionar al Gabinete de Felipe González», que defender la causa de los trabajadores, dando por seguro que con la huelga general no se hacía sino darle munición a la derecha. Pues, según sentenciaba «es más que probable que de esta erosión se aproveche con ventaja la oposición conservadora y no la clase trabajadora».

La patronal CEOE coincidía con El País, a la hora de denostar que el derecho consti-tucional a la huelga sirviera para hacer una presión antidemocrática, que por tal entendía el hecho de que la ley de pensiones estuviese en trámite parlamentario.

La huelga del 20-J se desarrolló en las prin-cipales ciudades españolas dentro de un clima tenso, con amplia presencia policial en las calles y con continuos incidentes algunos de los cuales degeneraron en disturbios y enfrentamientos. La acción de los piquetes que especialmente trataron de paralizar el transporte público y el cierre de comercios y establecimientos. Más de 128 trabajadores fueron detenidos por actuación en piquetes, entre ellos destacados dirigentes sindicales de diferentes provincias, casi la mitad de ellos en Cataluña. La huelga fue seguida ma-sivamente en las grandes empresas industriales de España y de forma general en el País Vasco.

En Andalucía, según Diario 16, se vivió la jornada más dura desde los tiempos de Franco. Granada, Málaga y Sevilla fueron las zonas de mayor incidencia de la huelga general, encabe-zada por el sector del transporte público y la resistencia a cubrir los servicios mínimos. El metal y la construcción fueron los sectores prin-cipales de huelga, a los que se unió el amarre de la flota que dejó paralizado los puertos del

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litoral andaluz. La mayoría de las sucursales bancarias fueron selladas con silicona. Una nota destacada fue, ante el cierre de comercios, la batalla campal ante los grandes almacenes. En Málaga se concentran tres mil personas ante el edificio de El Corte Inglés, mientras que en Granada en la refriega ante Galerías Preciados se lesionan dos policías. En el área rural, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) se unió a la jornada en numerosos pueblos de Sevilla y Cádiz. En total, en Andalucía fueron detenidas en acciones de piquetes 36 huelguistas de los que cuatro pasan a disposición judicial.

Ante el resultado movilizador del 20-J, los sindicatos convocantes, CCOO, USO y CNT, piden al gobierno que reflexione y cambie de política. Denuncian el desmesurado interés del Gobierno por presentar la jornada salpicada de actos violentos, e ignorar la verdadera dimensión de la protesta. Una huelga general en la que han participado 4 millones de trabajadores, lo que consideran un éxito sin precedentes, dado que dos millones y medio movilizó la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS) integrada por CCOO, UGT y USO en la convocatoria del 12 de noviembre de 1976.

En cambio, para el Gobierno y sus voceros la convocatoria de huelga general había sido un fracaso, y ese fue el titular del editorial de El País al día siguiente, y el veredicto del presidente del Gobierno. Al coro se unió la ejecutiva de UGT que consideró la huelga general motivada por una política partidaria y una medida absolutamente desproporcionada en sus efectos y sus fines. La central socialista señalaba que «esta convocatoria es fruto de una política extrasindical de confron-tación y hostigamiento al gobierno socialista». Tras recordar que UGT ha venido rechazando el proyecto de recorte y que expresó su protesta con la manifestación del pasado día 4 lamentaba, por otro lado que el «gobierno no haya protago-nizado algún signo que supusiera una oferta de diálogo con las fuerzas sociales», porque UGT sigue abierta al diálogo y la negociación.

Curiosamente, sería el diario conservador y monárquico ABC, donde el articulista Lorenzo Contreras haría la valoración más penetrante:

La huelga general de ayer convocada por CCOO es probablemente el acontecimiento político más extraordinario ocurrido en España bajo mandato so-

cialista. Una huelga general por una ley tachada de antisocial es la bofetada más sonora que el felipismo podría recibir. Y no vale el consuelo socialista de re-cordarle a Comisiones la dureza que utiliza contra una Administración de izquierda, en contraste con su relativa blandura ante los gobiernos de centro. No está falta de coherencia la actitud de CCOO cuando le exige más al Gobierno del que más espera.

Pero eso era darle munición a la derecha, según el Gobierno de Felipe González y no el ponerle en bandeja a la derecha económica el recorte de pensiones.

En sendos artículos se preguntaba Julián Ariza por el después del 20-J:

Teóricamente –señalaba- al representar una recuperación de protagonismo por parte de la clase obrera debería robustecer a los partidos de la izquierda del PSOE. Hablando en plata, lo normal sería que política, social y electoralmente avanzaran principalmente los comunistas. Pero a nivel político, lo característico en ese campo es la división y el en-frentamiento abiertos.

Desde el punto de vista de CCOO reco-mendaba la coexistencia, o sea «como sindicato plural ser prudentes en ese litigio y traducir en organización y encuadramiento sindicales la capacidad de movilización que los trabajadores han demostrado el 20-J».21

La preocupación de Julián Ariza por la «capitalización» política del 20-J se enreda al considerar que «la mayoría de los huelguistas eran votantes del PSOE del 28-O». Y torna, pues, a refugiarse en el sindicato, donde ve que las perspectivas tras la huelga eran atractivas, porque con ella se impulsa un sindicato de par-ticipación, se crean mejores condiciones para la unidad de acción, y se abren posibilidades de in-crementar la organización de los trabajadores. Además de darse

un serio golpe a la llamada política de concertación social, concebida como la forma de hacer cómplices a los sindicatos en la ejecución de políticas económi-cas contrarias a los intereses de los trabajadores y a los objetivos del movimiento obrero22.

Aunque el Gobierno trató de mejorar las relaciones con los sindicatos y en particular con UGT a través de las ventajas instituciona-les otorgadas por la Ley Orgánica de Libertad Sindical (agosto de 1985) y la devolución del pa-trimonio sindical incautado tras la Guerra Civil

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y el patrimonio acumulado por los sindicatos verticales bajo el franquismo a costa de los tra-bajadores. UGT recibió a cuenta 4 414 millones de pesetas y recomendó el voto para el PSOE en las elecciones de 1986, que inició su descenso sin prisa y sin pausa. Los 10 millones de votos socialistas de 1982 se redujeron a 8,9 millones en 1986, y los 202 diputados pasaron a ser 184. Por su parte, UGT ganó las elecciones sindicales de 1986, con un 40% de delegados frente a 34,5% de CCOO, pero encontró un amplio repudio en las grandes empresas que le puso a reflexionar. Como señalaría Agustín Moreno:

El varapalo recibido por UGT en las elecciones sindicales del otoño de 1986, donde a pesar del apoyo de la normativa electoral antidemocrática de la «prima» recibida del gobierno PSOE (4.144 millones de pesetas) y de todas las ayudas y apoyos logísticos recibidos del Partido, Gobierno, y Administración socialista, perdió las elecciones abrumadoramente en las grandes empresas, la empresa pública y sectores estratégicos (RENFE, Telefónica, HUNOSA, Iberia, Banca, etc.)23.

Así, el 20-J marcó un cambio de tendencia del que saldría la unidad de acción de los dos grandes sindicatos mayoritarios. Esto permitió romper los topes salariales en 1987 y llegar a la

gran huelga general del 14 de diciembre de 1988. De manera que, si el 20-J se hizo por los viejos, el 14-D se hizo por los jóvenes trabajadores, y de camino se negoció la compensación de la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, al que responderá el Real Decreto 3/1989 de Medidas Adicionales de Carácter Social. Junto a ello se conseguirá en 1990 la Ley de Pensiones No contributivas de la Seguridad Social para los inválidos y mayores de 65 años pobres de so-lemnidad residentes en territorio español, con una cuantía de 364.000 pesetas anuales, y que se revalorizan al igual que las pensiones contri-butivas. Así, el número de pensiones no contri-butivas se pasaría de 29 183 en 1991 a 212 498 en 1993.

Pero no por ello cesaría el mangoneo de la Caja de pensiones por los Gobiernos de turno, merced a lo cual el superávit se convierte en déficit y éste en el recurrente catastrófico del colapso y quiebra. Por mucho que, parafrasean-do a Miren Etxezarreta, no se vea por ningún lado la crisis del sistema público de pensiones. Lo que sí se ve, hoy como ayer, son las ganas de los banqueros y el capital financiero de apode-rarse de ellas y la sumisión de los Gobiernos de turno a prepararles el terreno.

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1. La denominación peyorativa de «socialdemó-crata» está vinculada a «la traición socialdemócra-ta» que significó la alianza del partido socialde-mócrata con el imperialismo alemán en la Primera Guerra Mundial, al votar a favor de los créditos de guerra el 4 de agosto de 1914. En sentido amplio, un partido socialdemócrata es un partido que abandona la doctrina marxista de la lucha de clases, cosa que hizo el PSOE en 1979.

2. Droz, Jacques et alia, Historia General del So-cialismo, Vol. I, Ed. Destino, 1976, Barcelona, pág. 30.

3. Vale anotar que en la España franquista algún destacado economista keynesiano del Régimen criticó por inflacionista y regresivo el régimen de capitalización de las pensiones, postulando la finan-ciación pública del conjunto de la Seguridad Social.

4. A la gestión del Instituto Nacional de Previsión se reservaba el Seguro Obligatorio de Enfermedad (1942), la Caja Nacional de Paro Tec-nológico (1954) y la creación del Seguro Nacional de Desempleo (1961) del que quedaron fuera los jornaleros agrícolas, puesto que se trataba de que éstos emigraran a las ciudades y así entraran las máquinas en el campo.

5. Público, «El debate sobre el Estado del bienestar», 22 de febrero de 2010, pág.6.

6. Ver Rodríguez Cabrero, G., «El concepto histórico del Estado de Bienestar», en Gaceta Sindical nº 122, editada por la Confederación Sindical de CCOO, enero 1994, pp.14 -17.

7. Actualmente la tasa de empleo de los mayores de 54 años es bastante menor, el 25,4, en el caso de los varones y el 13,0 en el caso de las mujeres, o sea, una media del 18,6%.

8. En el caso de las «prejubilaciones» éstas no suelen anticipar la edad de jubilación, dado que el mecanismo tras el despido corre a cargo de la pres-tación por desempleo del INEM, hasta la edad legal de jubilación.

9. El coste final de la reconversión industrial, que se prolonga hasta 1987 fue de 1,5 billones de pesetas, aunque más costosa fue la operación de «saneamiento» de la Banca privada (1977-1985) cifrada en 2 billones de pesetas, en su tres cuartas partes costeadas por el erario público.

10. Gaceta Sindical, III Congreso Confederal de CCOO, Madrid, octubre 1984, pág. 23.

11. Ruiz Galacho, Encarna, «Las reformas laborales en España (1977-2002)», en Laberinto nº 20, primer cuatrimestre de 2006.

12. La política de concertación bipartita de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT con las patronales CEOE y CEPYME se amparaba en el artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores.

13. Público, «El futuro de la sociedad en juego», 29 de enero de 2010, pág.4.

14. La reforma de pensiones. Explicación y va-loración política del proyecto presentado por el Gobierno al Parlamento, 1 de junio de 1985. El texto se articulaba en siete puntos con los que

Notas

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pensaba responder a las objeciones: «1. ¿Por qué es necesaria la reforma? 2. ¿Cuál es el desequilibrio entre gastos e ingresos? 3. ¿Qué ocurriría si todo siguiera como hasta ahora? 4. El cambio beneficia a pensionistas y trabajadores. 5 ¿A quién perjudica a reforma? 6. Demorar la reforma significaría un mayor coste en el futuro. 7. La derecha privatizaría la Seguridad Social».

15. El Mundo 19.4.2010. Mercados, La seguridad Social: una caja utilizada para ganar elecciones. El estudio realizado en 2007 para la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), por el profesor Javier Alonso Meseguer, de la Universidad Carlos III de Madrid, señala que «los continuos superávit generados por el sistema de pensiones en los pasados 30 años no han sido capitalizados hasta fechas muy recientes».

16. Público, Entrevista con Miren Etxezarreta: «No veo por ningún lado la crisis de las pensiones», 14 de febrero de 2010, pág. 29.

17. Para otros analistas el primer recorte de 1985, fue un recorte del 13% de las pensiones, mientras el de 1996 sería bastante menor, del orden del 3%.

18. Ver Antón, Antonio, Pensiones y empleo, en Estudios de la Fundación 1º de Mayo, nº 27, Madrid, 2010, pág.8.

19. Sartorius, Nicolás, «¿Por qué no al AES?» El País, 25.10.84.

20. Cierto que al mes siguiente el Señor Boyer se iba a su casa, no por las pensiones, sino por la negativa de Alfonso Guerra a que fuese nombrado vicepresidente del Gobierno. Para sustituir a Boyer fue nombrado el ministro de Industria Carlos Solchaga, destacado por sus trazas compulsivas en la reconversión industrial, y que haría la misma política que su antecesor.

21. Ariza Rico, Julián, «Factores y proyección de una gran huelga», El País, 28.8.1985.

22. Ariza Rico, J., «Cuatro acotaciones a una huelga», en Diario 16, 5.7.85.

23. Comisiones obreras, De los pactos de la Moncloa al AES, Prólogo de Agustín Moreno, Madrid, enero de 1989, p.26.

encarna ruiz galacho - dialnet · 2014. 5. 27. · un modelo de familia en regresión, que pivotaba...

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