EMOCIONES Y DIVERSIDAD EN LA ESFERA PÚBLICA.

ANÁLISIS DE CASOS E IMPLICACIONES TEÓRICAS

Marcos Engelken-Jorge

Humboldt Universität zu Berlin

Paper preparado para el seminario de investigación Emociones, Igualdad,

Diversidad (Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 15 y 16

de diciembre de 2015). Este trabajo es parte del proyecto LearningDemoi,

financiado a través de una ayuda Marie Curie IEF dentro del Séptimo

Programa Marco de la Unión Europea.

Resumen La propuesta se desarrolla en torno a dos de los conceptos que

estructuran este seminario: emociones y diversidad. Se parte del análisis de

tres casos: el discurso xenófobo según se articuló en Canarias hace una

década, y los debates en torno a la abolición del servicio militar en España y

Alemania. El primero ilustra un nivel meso de análisis; los otros dos, adoptan

una perspectiva macro. Estos tres estudios de caso serán puestos en relación

con la teoría deliberativa, lo que llevará a las siguientes cuatro tesis: (a) El

valor epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en la

capacidad para decir no, antes que en la capacidad de esta para producir de

manera más o menos directa decisiones políticas. (b) Los niveles de análisis

y, por extensión, de reflexión normativa –en este caso la distinción entre los

ámbitos meso y macro– son relativamente autónomos. (c) Por tanto, el

vínculo interno entre la idea de autonomía política (individual) que la teoría

deliberativa dice fomentar y el valor epistémico que se atribuye a la

deliberación pública es más complejo de lo que se suele admitir. (d) De (b) se

sigue, además, que toda valoración de las emociones debe atender a un nivel

de análisis y de reflexión normativa específico, al menos desde el punto de

vista de la teoría deliberativa. Valoraciones categóricas deben ser sustituidas

por consideraciones de carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas

por cada nivel de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.

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La propuesta se desarrolla en torno a dos de los conceptos que estructuran

este seminario: emociones y diversidad. Se parte del análisis de tres casos: el

discurso xenófobo según se articuló en Canarias hace una década, y los

debates en torno a la abolición del servicio militar en España y Alemania. El

primero ilustra un nivel meso de análisis; los otros dos, adoptan una

perspectiva macro. El nivel meso alude a aquellas redes de actores que

comparten una misma narrativa en torno a una cuestión específica. Tomando

elementos de la teoría lacaniana de la ideología, se ilustrará el fenómeno de

la protección emocional del discurso, que contribuye en cierto grado a poner

en suspenso las capacidades críticas (i.e. racionales) de los actores sociales.

Esto contrasta, empero, con las dinámicas discursivas observadas en el

segundo nivel de análisis. El nivel macro se refiere a la esfera pública, en la

que narrativas diversas entran en conflicto entre sí. Es el ámbito de la

diversidad autoorganizada. Se tratará de mostrar cómo los flujos

comunicativos públicos y la interacción entre elementos diversos alcanzan a

producir decisiones políticas legítimas (en el sentido de sustentadas por

consensos amplios) con relativa independencia de lo que suceda en el nivel

meso.

Estos tres estudios de caso serán puestos en relación con la teoría

deliberativa, lo que llevará a las siguientes cuatro tesis: (a) El valor

epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en la capacidad

para decir no, antes que en la capacidad de esta para producir de manera más

o menos directa decisiones políticas. (b) Los niveles de análisis y, por

extensión, de reflexión normativa –en este caso la distinción entre los ámbitos

meso y macro– son relativamente autónomos. (c) Por tanto, el vínculo interno

entre la idea de autonomía política (individual) que la teoría deliberativa dice

fomentar y el valor epistémico que se atribuye a la deliberación pública es

más complejo de lo que se suele admitir. (d) De (b) se sigue, además, que toda

valoración de las emociones debe atender a un nivel de análisis y de reflexión

normativa específico, al menos desde el punto de vista de la teoría

deliberativa. Valoraciones categóricas –del tipo: X es o no deliberativo o

coherente con la democracia deliberativa– deben ser sustituidas por

consideraciones de carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas por

cada nivel de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.

En lo que sigue, expondré los tres casos de estudio aludidos, diré algunas

palabras acerca del alcance que estas observaciones empíricas pueden tener

para la teoría política, y pasaré a discutir las cuatro tesis que acabo de señalar.

Nivel Meso, Caso I: El Discurso Xenófobo en Canarias

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Por nivel meso de análisis entiendo aquellas redes de actores que comparten

una misma narrativa o discurso acerca de una cuestión específica; en esta

ocasión, acerca de la llegada de inmigrantes. El primer caso que nos ocupará

aquí se centra en el discurso xenófobo que se diseminó en Canarias, más

específicamente en Tenerife, a mediados de la década pasada, y que alcanzó

su momento de mayor popularidad en el año 2006, cuando mayor número de

cayucos llegaron a las Islas Canarias. Para su exposición, me basaré en

anteriores trabajos (Engelken-Jorge, 2008, 2010, 2011).

Una lectura atenta de este discurso xenófobo revela que el mismo está

compuesto por tres narraciones diferentes. En primer lugar, una narración que

expresa empatía y una cierta identificación con los inmigrantes,

entendiéndose por tales, fundamentalmente, personas de origen africano y

sudamericano. “Todo el mundo, la gran mayoría, dice que, claro, que si viven

mal, es lógico que la gente quiera buscar una salida para su vida y para su

familia. Que es normal”, al decir de una entrevistada (Engelken-Jorge, 2011:

33). Esta primera narración no es en absoluto la dominante dentro del discurso

xenófobo, pero tampoco constituye una mera fachada o un velo de corrección

política. Se trata de un relato que porta un significado propio y que, de este

modo, entra en contradicción evidente con los otros dos relatos constitutivos

del discurso xenófobo, mucho más hostiles con las personas inmigrantes. Se

trata, además, de una contradicción percibida por los propios emisores de este

discurso y que, por tanto, debe ser de algún modo gestionada. Alusiones al

carácter excepcional de la situación (v.g. la excepcional fragilidad del

territorio canario, la excepcional intensidad de los flujos migratorios, la

situación geopolítica excepcionalmente delicada de Canarias, etc.)

justificarían limitar el alcance de esta narrativa y atender en mayor medida a

las otras dos.

En segundo lugar, entre líneas, se expresa una narración que podríamos

denominar fantasmática (Glynos y Howarth, 2007: 145-152). Esto es, se trata

de una relato sugerido mediante metáforas, bromas, hipérboles, etc., pero a la

vez públicamente repudiado; al fin y al cabo, los chistes y exageraciones son

eso: chistes y exageraciones. No obstante, el carácter recurrente de estas

bromas y de ciertos tropos lingüísticos revela que eso que se dice entre líneas

también es relevante. De hecho, se vuelve explícito puntualmente. Alto a la

invasión, No en mi espacio vital o España aprende, Canarias se defiende

podía leerse en algunas de las pancartas sostenidas en una manifestación

convocada bajo el lema ¡Basta ya! ¡No cabemos más!, que recorrió las calles

de Santa Cruz de Tenerife en octubre de 2006. Las ideas sugeridas por esta

narrativa fantasmática son esencialmente dos: que las personas inmigrantes

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nos invaden, y que estas personas carecen de “virtud”, son de alguna manera

inferiores “en términos humanos” (Elias, 1976: 220). “Una cosa es que

vengan porque están mal allí y tal y nosotros podemos [sic.] ayudarles y tal.

Pero otra cosa es que ya nos están invadiendo. Dentro de poco vamos a tener

que coger nosotros los cayucos e irnos para allá”, a tenor de un entrevistado.

“[E]s que vienen y no saben hacer la mitad de las cosas, no saben hacer nada”,

de acuerdo a otra persona consultada. Nótese que expresiones como invasión

o robar puestos de trabajo denotan agencialidad y, por tanto, responsabilidad.

Las personas inmigrantes que invaden, roban y son incivilizadas se revelan

como el enemigo exterior.

Entre ambas narraciones se cuela un tercer relato a modo de compromiso

entre estos. Racionaliza la hostilidad contra las personas inmigrantes y

garantiza una autopresentación positiva de las personas xenófobas. La idea

fundamental, como se sugería más arriba, es que la situación es de algún modo

excepcional, lo que obliga a no deducir las conclusiones pertinentes de la

identificación con las personas inmigrantes y, en cambio, a exigir su

expulsión o, cuando menos, control. “Es que hemos atendido y hemos

acogido hasta aquí. De mil amores. Incluso, incluso, sin tener trabajo para

ellos. Incluso, la isla, sin tener trabajo para ellos. Que era un problema. Pero

a partir de ese punto, es que ni la isla está preparada para eso”, de acuerdo a

un entrevistado.

Al margen del mayor o menor éxito que se quiera atribuir a esta última

narrativa para mediar entre las dos primera, resulta evidente que en este

discurso xenófobo se dan cita ideas que no pueden coexistir de manera

coherente dentro de una misma estructura cognitiva. En particular, la

hostilidad transmitida por el segundo relato no casa bien con la pretendida

empatía y comprensión del primero. Me interesa en este punto resaltar un

factor que ayuda a explicar que este discurso se constituyese de esta forma y

se perpetuase así. Recurriré para ello a la teoría lacaniana de la ideología, en

la particular versión que le han dado los investigadores e investigadoras de la

Universidad de Essex. Lo que esta teoría sugiere –por expresarlo en términos

ajenos a la misma– es que el discurso xenófobo se encuentra emocionalmente

protegido (Pérez-Agote, 2008: 38-39). La cohesión de este discurso y su

poder de seducción, es decir, su capacidad para constituirse como discurso,

pese a su inconsistencia lógica interna, y para “asir” (grip; Glynos, 2001)

sujetos que lo emitan y difundan, descansarían –de acuerdo a esta perspectiva

teórica– sobre el goce experimentado por los propios sujetos al difundir tal

discurso xenófobo. La fuente de este goce se encontraría, más

específicamente, en la fantasía que proyecta este discurso acerca de la

invasión y vicios de las personas inmigrantes. Lo que se ofrece, de este modo,

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es un chivo expiatorio, un agente sobre el que proyectar todos aquellos

asuntos que resultan irritantes. Desempleo, criminalidad, problemas

medioambientales y deterioro paisajístico (que son fruto, pretendidamente, de

la sobrepoblación que han causado los flujos migratorios), problemas de

convivencia etc. constituyen lacras causadas por la presencia de inmigrantes

en la isla. De acuerdo a esta fantasía, una sociedad libre de estos problemas

no requeriría más que de la expulsión o control de las personas inmigrantes.

Como prometía el panfleto de una manifestación xenófoba: el “control

efectivo de la inmigración” garantizaría “un futuro sostenible para las futuras

generaciones”. El discurso xenófobo mantiene esta fantasía, a la vez que

permite a sus defensores proyectar una imagen positiva de sí mismos

La teoría lacaniana de la ideología da cuenta de la protección emocional

del discurso. Explica la continuidad temporal del mismo, su poder de

seducción e, incluso, su propia existencia, es decir, su constitución como

pretendida unidad a partir de su incoherencia interna, a partir del goce secreto

que sus emisores experimentan gracias al discurso y, por tanto, a partir de la

complicidad de los mismos con éste. La clave del discurso xenófobo no

residiría, en consecuencia, en su capacidad para atrapar cognitivamente a sus

emisores en una red de proposiciones lógicamente interdependientes, sino en

su poder para despertar la complacencia de sus emisores. Nótese, finalmente,

que esto deja a las personas defensoras de este discurso en una posición

ambigua: por una parte han sido absorbidas o agarradas (gripped) por el

mismo; por otro lado, se las considera cómplices del discurso, en tanto

disfrutan con el mismo. De cualquier modo, el tipo de agencialidad que cabría

atribuir a estas personas queda muy lejos de la idea de autonomía como

capacidad para regir la propia voluntad a través del uso de la razón. Se trata

este de un concepto central en la teoría deliberativa, sobre el que se volverá

más adelante.

Nivel Macro, Casos II y III: La Abolición del Servicio Militar en España

y Alemania

El nivel macro de análisis alude a la esfera pública, en la que narrativas o

discursos diversos entran en conflicto entre sí e interactúan. Esta interacción

genera –aduciré– una dinámica propia que no puede ser reconducida a la

actividad intencional de los actores sociales tomados aisladamente. El nivel

macro es, por tanto, el ámbito de la diversidad autoorganizada. Se irán

desgranando estas ideas en lo que sigue.

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El Caso Español

Pueden diferenciarse tres fases en lo que respecta a la abolición del servicio

militar en los países occidentales (Biehl et al., 2011). La conscripción

universal fue eliminada, en primer lugar, en el Reino Unido (1961) y Estados

Unidos (1973). Posteriormente, en la década de los 90 y comienzos del 2000,

países como Bélgica (1995), Países Bajos (1996), Francia (2001), España

(2002) e Italia (2005) pusieron fin al servicio militar. Este también fue

suspendido en Estados como Alemania, Polonia, Albania y Suecia entre 2010

y 2011. De acuerdo a una narrativa extendida en la sociología militar, esta

tendencia a suprimir la conscripción resulta del declive de los ejércitos de

masas (Ajangiz, 2003: 57-61), que, a su vez, es reconducible a la conjunción

de diversos factores (Engelken-Jorge, 2014: 5-7):

a) A la disminución del número de amenazas que deben enfrentar los

países occidentales y, sobre todo, a su cambio cualitativo;

b) A la diversificación de las misiones que deben cumplir las fuerzas

armadas;

c) A la introducción de nuevas tecnologías que requieren menor número

de personal, pero más preparado.

d) A cambios en los valores sostenidos por las poblaciones occidentales.

Si bien estos factores dan cuenta de la tendencia a suprimir el servicio militar

en occidente, no alcanzan a explicar las idiosincrasias de cada caso. En lo que

concierne a España, encontramos dos grandes narrativas para describir el

proceso que llevó a la abolición del servicio militar. La primera cuenta la

historia de un fracaso. En esencia, lo que sostiene es que las élites políticas

españolas gestionaron de manera ineficiente el servicio militar al no anticipar

sus desafíos y al reaccionar equivocadamente ante los mismos. La situación

se vio agravada, además, por las actuaciones de determinados miembros del

poder judicial, que actuaron irresponsablemente al privar a la justicia

española de una interpretación coherente de la ley. La oposición al servicio

militar por parte de una opinión pública desinformada, el comportamiento

electoralista de las fuerzas políticas españolas y el oportunismo de muchos

jóvenes que querían librarse del servicio militar y de la prestación social

sustitutoria terminaron por poner fin a la conscripción universal. La segunda

narrativa, en cambio, cuenta la historia de un éxito; a saber, el de una sociedad

civil que consiguió incluir el debate en torno al servicio militar en la agenda

política y, finalmente, forzar al gobierno a que lo aboliese. Si bien resultan

evidentes los sesgos ideológicos de ambos relatos, es el segundo –creo– el

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que mayor respaldo académico ha atraído. Sea como fuere, ambas narraciones

coinciden en la identificación de muchos de los principales hitos y actores

(aunque valoren sus actuaciones de desigual manera).

Los datos demoscópicos acerca de las actitudes de los españoles ante las

fuerzas armadas son ambiguos, pero quizás puedan ser resumidos diciendo

que la opinión pública española muestra un “perfil militar bajo” (Ajangiz,

2003: 99). Las actitudes ante el servicio militar no han sido ajenas a esto,

manifestándose un escaso apoyo al mismo, particularmente entre los jóvenes,

y mostrándose la opinión pública, en las décadas de los 80 y 90,

sistemáticamente a favor de la profesionalización de las fuerzas armadas

(Alvira, 1992). Qué estaba detrás de estas actitudes es, sin embargo, una

cuestión más difícil de responder.

Sea como fuere, esto supone un contexto favorable para el desarrollo del

movimiento anti-militarista, que encuentra su grupo más desatacado en el

Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), creado en 1977. A diferencia

de lo que ocurriera en otros países europeos, donde la objeción era presentada

como un asunto privado, ligado a la conciencia de cada persona, en España

adquiere desde sus inicios un perfil político. Primero, para que el régimen

franquista reconociese la objeción como una expresión legítima de

determinadas convicciones religiosas; posteriormente se secularizaría esta

demanda y se exigiría el reconocimiento y regulación de la objeción de

conciencia; y finalmente se pasaría a demandar la abolición de toda

conscripción.

El nuevo gobierno socialista formado en 1982 se haría eco de esta

demanda y aprobaría en 1984 una ley regulando la objeción de conciencia.

En términos generales, la política de defensa y seguridad nacional en España

ha sido descrita como “reactiva”, incapaz de anticiparse a sus principales

desafíos, así como marcada por consensos más “simbólicos” y “precarios”

que reales (Olmeda Gómez, 1997: 145; Sampedro, 1996). Esta ley –se ha

dicho– es un ejemplo claro de esto (Sampedro, 1997). Marcada por diversos

defectos, quizás los más relevantes fueron el ineficaz sistema que se diseñó

para filtrar a los “auténticos” objetores de los oportunistas, así como la falta

de previsión en lo que respecta al número de objetores y la creación de plazas

para ellos, lo que llevaría, finalmente, a que muchos terminasen por no

realizar ni el servicio militar ni la prestación social sustitutoria. Si en 1986

había 6.500 objetores, esta cifra ascendió a 13.000 en 1989, 27.000 en 1990,

68.000 en 1993, etc. (Ajangiz, 2002: 71).

La ley fue fuertemente criticada por el MOC, que veía en ella un intento

por “neutralizar” a los objetores, sin permitirles una expresión y promoción

real de sus valores. Una ley, en suma, que encontraba su justificación en la

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existencia previa del servicio militar, motivo por el cual se lanzó una campaña

de desobediencia civil: la insumisión (Sampedro, 1997: 153). La represión,

generalmente en la forma de condenas de prisión, era uno de los objetivos

explícitamente buscados de esta campaña, que contribuyó a conferir

relevancia y carácter moral a la movilización anti-militarista y a atraer el

apoyo de la opinión pública. Cuando la insumisión fue despenalizada

posteriormente, se buscaron nuevas fórmulas –v.g. aceptando ser reclutados

para el servicio militar y luego desertando– para provocar la represión

institucional y atraer la atención mediática (Ajangiz, 2003: 177-182).

Las acciones del movimiento anti-militarista alcanzaron cierta cobertura

mediática y abrieron el debate público en torno al servicio militar; y lo

hicieron a pesar de la posición del gobierno, para quien la conscripción no era

un problema en absoluto (Sampedro, 1996). A partir de 1989, los medios

españoles comenzaron a prestar mayor atención a los objetores de conciencia

(Sampedro, 1996, 1997b). La campaña de insumisión amplió esta cobertura,

particularmente entre 1991 y 1994, alcanzando su cénit durante la Guerra del

Golfo y la primera mitad de 1992 con la primera sentencia exculpatoria de un

insumiso. A partir de la segunda mitad de 1992, la atención mediática fue

decayendo.

Esto contrasta, empero, con el número de insumisos, de juicios y de

objetores de conciencia, que siguió en aumento. En 1993 se introdujeron

nuevas medidas para poder absorber a estos últimos en el sistema de

prestación social sustitutoria, pero sin éxito. Así por ejemplo, en 1995 había

59.015 plazas para realizar la prestación social sustitutoria, pero solo 39.666

objetores se encontraban realizándola, mientras que otros 190.397 esperaban

a ser llamados para cumplir con esta obligación social (Ajangiz, 2002: 78).

Ya el año anterior, el Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, calificó esta

situación de “problema de Estado”.

Entre tanto, otros cambios habían acaecido. Desde 1989, las Fuerzas

Armadas españolas habían estado evolucionando desde un modelo de defensa

nacional, a una participación más activa en misiones de paz (Werkner, 2006:

216). A comienzos de los años 90, periódicos como El País y El Mundo

habían modificado sus respectivas líneas editoriales, mostrándose ahora

favorables a la profesionalización del ejército, mientras que partidos como

IU, CIU y PNV también se expresaban abiertamente en contra del servicio

militar (por razones diversas). Por otra parte, países como Francia anunciaban

la suspensión de la conscripción.

En este contexto, la campaña electoral para las elecciones generales de

marzo de 1996 comienza con todos los partidos, salvo PP y PSOE, a favor de

la abolición del servicio militar. No obstante, días antes de la investidura de

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José María Aznar, el PP, que debía pactar con otras fuerzas para formar

gobierno –en este caso, CIU– anuncia que se ha alcanzado un acuerdo para

abolir el servicio militar en un plazo de seis años, aunque finalmente se haría

antes. Según datos demoscópicos, un 80% de la población española se mostró

favorable a esta decisión. Ningún partido político con representación

parlamentaria defendió la idoneidad de continuar con la conscripción.

El Caso Alemán

El proceso que llevó a la suspensión (Aussetzung) de la conscripción en

Alemania está marcado por una aparente paradoja. Mientras que en la década

de los 90, cuando otros países europeos decidían eliminar el servicio militar,

Alemania se resistió a esta tendencia, una década más tarde, el mismo era

suspendido de manera relativamente sorpresiva y rápida, en parte como

resultado de nuevas políticas de austeridad (Mutz, 2011; Nachtwei, 2011).

Existe un cierto consenso acerca de qué factores explican las resistencias

alemanas en los años noventa. El servicio militar ocupaba un lugar relevante

en la imagen que Alemania tenía de sí misma, en particular en su narrativa

acerca de su pasado militarista y antidemocrático y su posterior superación.

Asimismo, la prestación social sustitutoria se había convertido en un

elemento importante dentro del Estado del Bienestar desarrollado en este país.

Lo que se produce durante las últimas dos décadas es un cierto cambio en la

concepción que se tiene de la Bundeswehr, que pasa de ser un ejército

destinado a la defensa del territorio nacional, a una fuerza de intervención en

el extranjero. En este contexto, la suspensión del servicio militar puede

entenderse como una racionalización, que resulta particularmente oportuna

en una situación de crisis económica y necesidad de reducción del gasto

público.

Junto con el militarismo prusiano y el papel desempeñado por el ejército

durante la República de Weimar, el tercer elemento que marca la cultura

política alemana en lo relativo a la institución militar es, evidentemente, el

nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial (Werkner, 2004). Como

consecuencia, la política exterior y de seguridad alemana se caracterizará a

partir de 1945 por la contención, y descansará sobre tres elementos: el

antimilitarismo, basado en la oposición a la guerra; el multilateralismo; y el

europeísmo y orientación transatlántica. En lo que respecta a la organización

de sus fuerzas armadas, esta debía ajustarse a dos principios: Innere Führung,

que debía garantizar la democratización de las fuerzas armadas alemanas y la

primacía de la sociedad civil sobre el estamento militar, y la conscripción

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universal, pensada para satisfacer las necesidades de personal de la

Bundeswehr, garantizar la lealtad de la ciudadanía a su ejército y prevenir

cualquier tipo de involución que diese lugar a un “Estado dentro del Estado”,

como sucediese durante la República de Weimar (Longhurst, 2003). Sobre

estos pilares se forjará un robusto consenso político.

Este consenso en torno al servicio militar comienza a desintegrarse

paulatinamente con la caída del Muro de Berlín. Se entra –parece– en un

contexto internacional más seguro para Alemania. En esta situación, la Guerra

del Golfo contribuye decisivamente a la redefinición de la estrategia militar

de este país, que se “normaliza” a través de la intervención del ejército

germano en lugares como Camboya, Somalia o Bosnia (Longhurst, 2003).

Comienzan, por tanto, a coexistir dos modelos de Bundeswehr, que compiten

por atraer recursos. Un modelo basado en la conscripción de soldados y

orientado a la defensa del territorio nacional, y otro, especializado en

intervenciones exteriores, más pequeño, flexible y mejor entrenado.

Así las cosas, hacia 1990 el partido de Los Verdes comienza a oponerse

al servicio militar, seguido años más tarde por las juventudes liberales (esto

es, del FDP). Los socialdemócratas del SPD se encontrarán internamente

divididos, en tanto que los socialistas del PDS se opondrán a la conscripción

como parte de su ideario más amplio de desmilitarizar Alemania. Sea como

fuere, la abolición del servicio militar no llegó a ser una propuesta apoyada

mayormente por la opinión pública alemana, si bien los datos demoscópicos

muestran ciertas fluctuaciones. Durante la década de los 90 y comienzos de

la del 2000, la conscripción universal no fue seriamente cuestionada: los dos

principales partidos –CDU/CSU y SPD– y la opinión pública no fueron

proclives a suprimirla.

En todo caso, el tema no desapareció de la agenda política, abordado

como parte de un debate más amplio sobre la organización de la Bundeswehr.

La formación de gobiernos de coalición –a partir de 1998 Los Verdes entran

en el gobierno junto con el SPD– ayudó además a esto, así como el tema de

la equidad de la conscripción, que fue debatida por varios tribunales. Se

suceden las comisiones e informes: el informe de la Comisión Weizsäcker

(2000), las directivas de Struck relativas a la política de defensa (2003), el

Libro Blanco de Jung (2006), y el informe de la Comisión Weise (2010). No

obstante, el proceso de reformas así abierto se paraliza en 2002 por falta de

financiación, llevando a un estancamiento (Reformstau; Kujat, 2013).

En abril de 2010, el nuevo gobierno de coalición formado por CDU/CSU

y FDP encarga a la Comisión Weise que estudie cómo reformar la

Bundeswehr, y se le pide explícitamente que contemple cómo recortar en este

campo, dada la situación económica. En mayo de ese año, el Ministro de

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Defensa, Karl-Theodor zu Guttenberg, propone a sus colegas de gabinete

suprimir el servicio militar. El informe de la Comisión Weise, publicado

meses más tarde, en octubre, defiende la misma idea. En julio de 2011 se

suspende finalmente la conscripción. Durante el trámite parlamentario se

esgrimieron tres argumentos fundamentalmente: que la conscripción no

estaba justificada en términos de seguridad nacional; que no era necesaria

desde el punto de vista militar; y que ya no estaba garantizada su equidad,

dado el alto número de exenciones. Al igual que en el caso español, la

decisión fue bien aceptada por la opinión pública, y ningún partido político

con representación parlamentaria ha pedido la reintroducción del servicio

militar.

¿Qué Interés Tiene Todo Esto para la Teoría Política?

Me interesan las implicaciones que lo expuesto hasta ahora tiene para la teoría

deliberativa. Las siguientes reflexiones asumen que los tres casos expuestos

son representativos de un número no trivial de procesos de producción de

decisiones políticas y de narrativas o discursos públicos.

Investigación Empírica e Ideales Normativos

No resulta evidente de qué modo la investigación empírica puede informar la

reflexión normativa. Para ciertos autores y autoras, la imaginación normativa

y la discusión de este tipo de cuestiones deben quedar radicalmente desligadas

de la realidad social. La idea de fondo es que la consideración del es puede

empobrecer nuestra imaginación a la hora de determinar lo que debe ser.

Bastaría –se dice– con que la reflexión normativa prestase atención a aspectos

fundamentales de la “naturaleza humana”, que dictan supuestamente de lo

que somos capaces o no, pero poco más... (Mason, 2004). Para estas autoras

y autores, este paper carece de todo interés.

Otros teóricos y teóricas, en cambio, privilegian una forma de hacer

teoría política, incluso teoría política normativa, más cercana a la realidad

social y política. Los motivos para ello son diversos (Baderin, 2014). Un

argumento esgrime que la desatención de la realidad política nos puede

conducir a plantear las preguntas equivocadas (Yack, 2006), así como

proponer respuestas que apenas pueden ser utilizadas para tomar decisiones

políticas. Sea como fuere, lo que sigue solo es de interés para aquellos y

aquellas que opinan que la teoría política normativa debe desarrollarse a

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menos distancia de la realidad empírica y que, por tanto, la plausibilidad (o

realismo) es una virtud de la reflexión normativa.

Emociones, Diversidad y Deliberación Pública: Cuatro Tesis

Resumiré las implicaciones de los casos arriba esbozados en las siguientes

cuatro tesis:

(a) El valor epistémico de la comunicación pública radica, sobre todo, en

la capacidad para decir no, antes que en la capacidad de esta para

producir de manera más o menos directa decisiones políticas;

(b) Los niveles de análisis y, por extensión, de reflexión normativa –en

este caso la distinción entre los ámbitos meso y macro– son

relativamente autónomos;

(c) Por tanto, el vínculo interno entre la idea de autonomía política

(individual) que la teoría deliberativa dice fomentar y el valor

epistémico que se atribuye a la deliberación pública es más complejo

de lo que se suele admitir;

(d) De (b) se sigue, además, que toda valoración de las emociones debe

atender a un nivel de análisis y de reflexión normativa específico, al

menos desde el punto de vista de la teoría deliberativa. Valoraciones

categóricas –del tipo: X es o no deliberativo o coherente con la

democracia deliberativa– deben ser sustituidas por consideraciones de

carácter más contextuales. Las conclusiones arrojadas por cada nivel

de análisis pueden, además, ser contradictorias entre sí.

Ad (a): Un Modelo Teórico de la Dimensión Epistémica de la Esfera Pública

Los dos últimos casos de estudio expuestos muestran ciertas similitudes, que

se dejan resumir en la figura 1. La misma representa un modelo de cómo

funcionaría la comunicación pública –y su potencial epistémico– en el

proceso de toma de decisiones políticas.

Esquemáticamente, se dan tres momentos diferentes: el del debate

público o comunicación pública sobre un determinado tema; el de la toma de

decisiones políticas por parte de las autoridades pertinentes; y el de la

reacción ante dichas decisiones. Veámoslos por parte.

13

Figura 1: Modelo Conceptual de la Interacción entre Decisiones

Políticas y Comunicación Pública*

* Tomado parcialmente de Eder (1991).

A la luz de los dos últimos casos expuestos, las principales funciones de la

comunicación pública son: problematizar un tema o situación y generar

variación, es decir, alternativas políticas, así como argumentos a favor y en

contra de las mismas. Así por ejemplo, uno de los logros fundamentales del

movimiento anti-militarista en España estribó precisamente en abrir el debate

en torno a la conscripción, ante las resistencias del gobierno socialista y parte

de la prensa conservadora, para quienes el servicio militar no era un problema

en absoluto o, alternativamente, los asuntos militares no debían ser temas de

debate público (Sampedro, 1996). En Alemania, las decisiones de otros países

de abolir la conscripción, así como el papel de la oposición parlamentaria y

de públicos especializados (v.g. académicos) consiguió mantener este tema

en la agenda política, si bien con un perfil más bajo y un menor grado de

conflictividad. Por otra parte, la comunicación pública se revela como fuente

de variación, es decir, de ideas políticas y de argumentos: la eliminación o

transformación radical de los ejércitos, su profesionalización, el

mantenimiento del servicio militar pero introduciendo modificaciones en

cuanto a su duración, etc. son todas ellas propuestas formuladas y defendidas

COMUNICACIÓN PÚBLICA:

- Problematización de un tema / situación

- Generación de variación (diferentes decisions posibles + argumentos a favor y en

contra).

PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALIZADOS DE

TOMA DE DECISIONES:

- Constelación de intereses y relaciones de poder

- Ocurrencia de eventos redefinición de intereses/

preferencias de actores políticos

- Presión para regular un tema / situación - Input de alternativas políticas

REACCIÓN ANTE DECISIONES POLÍTICAS – DOS

ALTERNATIVAS:

a) Rechazo por parte de públicos influyentes más comunicación

b) Aceptación desaparición del tema del debate público + consolidación de la decisión política

Consenso / consenso solapado / imperfectamente teorizado / acuerdo

14

públicamente, ya sea por actores sociales o políticos. Se trata, además, de una

variación que no es ajena a la crítica y al intercambio de argumentos, de tal

modo que la comunicación pública también filtra y delimita dicha variación.

Así por ejemplo, las propuestas relativas a la sustitución del servicio militar

por alguna suerte de servicio general obligatorio (Dienstpflicht), debatidas

sobre todo entre juristas, fueron eliminadas del debate por carecer de

fundamento jurídico y por recordar a experiencias pasadas con el

nacionalsocialismo (Werkner, 2004, Dinter, 2004). De manera similar, el

tema de la equidad de la conscripción, que llegó a tribunales alemanes,

demuestra la importancia que tienen las justificaciones a la hora de definir las

diversas alternativas políticas.

Lo que no consigue la comunicación pública, en ningún caso, es

persuadir a los actores relevantes y generar consenso. No es la introducción

de nuevas ideas y argumentos lo que lleva a que se tomen nuevas decisiones,

sino más bien la ocurrencia de determinados eventos que redefinieron los

intereses y prioridades de actores políticos clave. Lo que nos conduce al

siguiente momento: el de la toma de decisiones políticas.

Tanto en el caso alemán, como en el español, las actuaciones de los

principales actores políticos se dejan interpretar fácilmente como formas

estratégicas de acción, basadas en el cálculo de intereses y la gestión de

relaciones de poder. Los argumentos y la coherencia interna de diversas

perspectivas juegan, evidentemente, un papel: no es casualidad, por ejemplo,

que Izquierda Unida se opusiese antes al servicio militar que el Partido

Popular, o que CIU y PNV lo hiciesen por razones distintas a las de IU. El

mantenimiento del servicio militar en Alemania en los 90, por ejemplo, ha

sido explicado como resultado de una determinada interpretación del mismo

y de su papel en la evolución política de Alemania tras 1945. Sea como fuere,

el recurso a formas estratégicas de acción juega un papel decisivo en ambos

casos. No solo las acciones de desobediencia civil por parte del MOC en

España o sus esfuerzos por boicotear la acción del gobierno (v.g.

promoviendo campañas para que la sociedad civil española no ofertase

suficientes plazas para el servicio social), sino que las decisiones de eliminar

o suprimir la conscripción son fácilmente reconstruibles como resultados de

consideraciones instrumentales. En Alemania, el servicio militar es eliminado

de manera relativamente sorpresiva justo cuando la coyuntura económica

exige medidas de austeridad. En España, cuando el partido que va a formar

gobierno necesita del apoyo de los nacionalistas catalanes, opuestos al

servicio militar. En ambas ocasiones apreciamos la importancia que tienen

eventos ajenos al debate público en torno a la conscripción: la evolución de

15

la situación económica y la celebración de elecciones generales. Se trata de

eventos que redefinen los intereses o prioridades de actores políticos clave.

Concebir el papel epistémico de la comunicación pública requiere que no

nos detengamos en la toma de decisiones, como sucede a menudo, sino en lo

que sucede después (Eder, 1991, Gutmann y Thompson, 2004). Un buen

número de decisiones tomadas –acortar la duración del servicio militar,

introducir la prestación social sustitutoria y nuevas normativas al respecto,

redefinir las condiciones de exención del servicio militar, o las condiciones

para ser reconocido como objetor de conciencia, etc.– no cerraron el debate

ni en España ni en Alemania. Encontramos, en estos casos, que el desacuerdo

con estas decisiones por parte de públicos relevantes, que no ven en las

mismas una solución adecuada al tema de la conscripción, genera más

comunicación; es decir, mantiene el tema en la agenda pública y, de acuerdo

al esquema de la figura 1, nos conduce de nuevo a la posición de partida.

Sucede, en ocasiones, que la constelación de intereses y perspectivas es tal,

que la decisión tomada –en este caso, la eliminación del servicio militar–

coincide con las preferencias de los actores sociales y políticos relevantes, es

decir, de los actores y públicos capaces de mantener un tema en la agenda

pública. En estos casos, se llega a algo así como un consenso (o consenso

solapado o imperfectamente teorizado o incluso acuerdo, si se prefiere), que

cierra el debate y permite la consolidación de una determinada decisión

política. En la medida en la que este proceso colectivo contribuye a solventar

(a ojos de los y las propias participantes) una cuestión conflictiva, se puede

hablar de aprendizaje societal o aprendizaje colectivo (Eder, 1991,

Habermas, 2014, Trenz y Eder, 2004).

Si se toman los dos últimos casos de estudio como representativos de la

interacción entre comunicación pública y decisiones políticas, y se aceptan

las interpretaciones propuestas –dos condiciones nada desdeñables–,

podemos observar que el papel epistémico de la esfera pública radica no tanto

en la producción de decisiones políticas –pues estas, al fin y al cabo, dependen

de eventos contingentes y de constelaciones específicas de intereses–, sino en

la generación de variación, esto es, de alternativas políticas y de razones a

favor o en contra de las mismas, y sobre todo en la apertura de debates y en

la capacidad para cerrar o no tales debates. En otros términos, es en la

capacidad para decir no, en la capacidad para oponerse a determinadas

decisiones o criticar un determinado estado de cosas, esto es, en la capacidad

para generar comunicación sobre un tema y situarlo en la agenda pública, en

la que debemos buscar la dimensión epistémica de la esfera pública. Se trata,

a la luz de los dos casos reseñados, fundamentalmente de una cuestión de

probabilidad: probabilidad de que se dé una constelación de intereses tal, que

16

lleve a la selección de una alternativa política satisfactoria para todos y todas.

Como se ha tratado de subrayar, los argumentos y razones esgrimidos también

juegan un papel destacado, pero en última instancia son ciertos intereses y

relaciones de poder los que inclinan la balanza a favor de una decisión política

u otra.

Ad (b): Acerca de la Relativa Autonomía de los Niveles de Análisis

Si se habló más arriba de diversidad autoorganizada era porque en el nivel

macro de análisis, es decir, en la esfera pública, lo que guía el proceso político

no es la acción de un determinado sujeto o conjunto de ellos o de instituciones,

sino determinadas interacciones: interacciones entre actores políticos y

sociales que compiten por promover determinadas decisiones; e interacciones

entre temas y asuntos inicialmente no conectados o no de la forma en que

luego lo estarán. Se genera así una dinámica compleja –una ontología

relacional– en la que la ocurrencia de eventos contingentes y las

consecuencias no previstas de la acción contribuyen también a redefinir estas

interacciones y el curso de los acontecimientos. A nivel macro, por tanto, el

flujo de acontecimientos no puede ser reconducido a la actividad de un único

actor político, por dominante que sea, o conjunto de instituciones públicas.

Se trata esta de una observación común en la sociología política

(Koopmans, 2004), hasta el punto de que algunos autores la elevarán a una

nueva ontología y hablarán de “realismo relacional” (Tilly, 2002). Por su

parte, la teoría social tampoco es ajena a esta idea (Emirbayer, 1997).

La idea de autoorganización debe entenderse como análoga a lo que la

teoría de sistemas concibe como emergencia:

“las emergencias son propiedades o cualidades surgidas de la organización de

elementos o constituyentes diversos asociados en un todo, indeductibles a

partir de las cualidades o propiedades de los constituyentes aislados, e

irreductibles a estos constituyentes. Las emergencias no son ni epifenómenos,

ni superestructuras, sino las cualidades superiores surgidas de la complejidad

organizadora. Pueden retroactuar sobre los constituyentes confiriéndoles las

cualidades del todo” (Morin, 2001: 333).

Así las cosas, existe una cierta discontinuidad entre los niveles meso y macro,

en el sentido de que elementos que merecen una determinada valoración a

nivel meso pueden adquirir otro significado en el contexto macro. Fijémonos,

por ejemplo, en la escasa evolución del discurso anti-militarista, al menos en

17

lo que se refiere a sus ideas y objetivos centrales. Su objetivo en 1979, con la

Primera Declaración Ideológica del MOC, era enfrentarse

“a la estructura militar: en sí misma (ejército profesional), en la estructura de

defensa militar (el ejército profesional más el reclutamiento civil, la carrera de

armamentos...), en los valores introducidos en la sociedad (represión, elitismo,

jerarquización, violencia, división de clases, autoritarismo...), en los valores

militares introducidos en el comportamiento humano (machismo, relaciones

interpersonales autoritarias, represivas y violentas...).”

Dos décadas más tarde, en la Carta Abierta sobre el Fin de la Mili (2000),

estos objetivos se mantienen: “La gente que formamos parte del MOC nunca

hemos considerado la desaparición del servicio militar como un fin en sí

mismo, sino como una etapa en la lucha por la abolición del ejército y el

militarismo social”. No es precisamente un ejemplo de descentramiento

cognitivo, de revisión de los propios postulados a la luz de las objeciones

planteadas por otros actores sociales, como exigiría la teoría deliberativa. Las

prácticas del movimiento anti-militarista –entre ellas, la desobediencia civil

y las campañas por boicotear la acción del gobierno– no son tampoco un

dechado de virtudes deliberativas. Pero su actividad, como se expuso, resultó

decisiva para poner fin al servicio militar. Una decisión que, a ojos de los

propios actores sociales, ha resultado adecuada, y a este respecto cabe

reconocerle su contribución a un proceso con valor epistémico.

Este asunto, por otra parte, no resulta nuevo. La teoría deliberativa ya lo

ha abordado al discutir el papel positivo que comportamientos no

deliberativos pueden tener en sistemas deliberativos más amplios (Parkinson

& Mansbridge, 2013, Young, 2001). Pero es la epistemología social la que

con más claridad ha planteado esta cuestión (Goldman, 2010). Así por

ejemplo, Zollman (2007) muestra que la racionalidad epistémica individual

no garantiza la racionalidad epistémica a nivel agregado. O más exactamente,

prueba que una comunidad compuesta por individuos menos informados es

más fiable (reliable) que otra en la que las personas están mejor informadas.

Es en este sentido en el que –creo– los casos arriba reseñados sugieren que

los niveles de análisis y, por extensión, de reflexión normativa son

relativamente autónomos: las valoraciones o interpretaciones que un actor,

comportamiento o fenómeno merezca en un determinado nivel de análisis no

pueden ser directamente transferidas a otros niveles.

Ad (c): Autonomía Política y Dimensión Epistémica de la Deliberación

Pública

18

Son múltiples los argumentos que se han aducido en favor del modelo

deliberativo de democracia. Uno de ellos, ciertamente influyente, sostiene que

la deliberación pública promueve la autonomía política de los individuos. La

democracia deliberativa favorece –se dice– que la ciudadanía exprese sus

preferencias políticas y la intensidad de las mismas con libertad. A través de

la participación en el debate público, los y las ciudadanas pueden contribuir

a definir la agenda pública y las diversas alternativas políticas, así como

intervenir en la defensa y crítica de las mismas; lo cual implica, además, que

la ciudadanía es tratada como agente político, y no meramente como objeto

de gobierno (Gutmann y Thompson, 2004). Más importante aún es que la

democracia deliberativa reconoce y promociona el principio de autonomía

política no solo en lo relativo a la expresión de las voluntades ciudadanas,

sino también a su formación (Cohen, 1997). A través de la participación en

debates públicos, abiertos e inclusivos, la ciudadanía puede testar la

coherencia y validez de sus razones, así como la veracidad de la información

de la que dispone. Se favorece de este modo la formación de una voluntad

política autónoma, en el sentido de una voluntad no manipulada por sesgos

informativos o por argumentos que no resisten el examen crítico. Es decir, la

deliberación favorece la formación de preferencias no determinadas por

factores contextuales externos a los agentes políticos, sino fundadas en

razones que los propios ciudadanos y ciudadanas puedan suscribir tras un

proceso reflexivo. Lo que se promociona, por tanto, es una autonomía

individual entendida como la capacidad para autogobernarse a través del uso

de la razón (comunicativa).

Si lo expuesto en (b) es cierto, se sigue de ello que una teoría deliberativa

realista no está en condiciones de establecer un vínculo interno entre esta idea

de autonomía política y la atribución de potencial epistémico a la

comunicación pública. O dicho de manera algo más precisa: la eventual

conexión lógica que se pueda identificar entre autonomía política así

entendida y dimensión epistémica de la deliberación pública es compleja y

poco evidente.

Ciertamente, en ausencia de tal autonomía individual –por ejemplo, en

situaciones de comunicación sistemáticamente distorsionada– resulta poco

plausible hablar del potencial epistémico de la deliberación pública.

Fundamentalmente, porque la propia agencialidad de los y las ciudadanas

desaparecería. No tendría sentido, sencillamente, escribir cosas como que la

validez de una norma estriba en su capacidad para vincular la voluntad de sus

destinatarios únicamente por medio de razones (o aseveraciones similares que

justifiquen atribuir una dimensión epistémica a cuestiones relativas a la razón

19

práctica), pues en ausencia de autonomía individual, el propio concepto de

voluntad quedaría en entredicho.

Al margen de este caso excepcional, el vínculo entre autonomía

individual y potencial epistémico de la comunicación es complejo. Como se

expuso antes, a nivel agregado, la ignorancia individual, que evidentemente

socava la autonomía, puede ser una virtud. Y si de lo que se trata es de tener

convicciones fuertes que impulsen a determinados ciudadanos y ciudadanas

a participar políticamente, en ocasiones a incurrir en prácticas gravosas para

su libertad o bienestar físico, pero que ayuden a desbloquear una situación

comunicativa, un discurso emocionalmente protegido, como el expuesto más

arriba, puede resultar funcional. (Quizás no sea casualidad que este discurso

motivase una de las mayores manifestaciones organizadas en los últimos años

en Tenerife; Engelken-Jorge, 2010). Lo cual nos lleva a la siguiente y última

tesis.

Ad (d): Valoraciones Sistémicas (Contextualistas) y Valoraciones

Categóricas de las Emociones en Política

El discurso xenófobo en Canarias puede –y debe– ser criticado por diversos

motivos. Entre ellos, por contribuir a la exclusión de un grupo social, las

personas inmigrantes, ya de por sí en situaciones de vulnerabilidad. Pero

desde el punto de vista del potencial epistémico de la comunicación pública,

es concebible en principio que un tal discurso desempeñe un papel positivo

en un proceso de aprendizaje colectivo. Al fin y al cabo, es la interacción la

que guía tales procesos, no sus elementos constitutivos aislados. Como

sugería Morin (2001: 333), tales interacciones pueden “retroactuar” sobre sus

constituyentes confiriéndoles nuevas propiedades, es decir, un nuevo valor o

un nuevo significado en este caso. Así las cosas, la valoración que merezca

una determinada emoción en un cierto nivel de análisis y en un caso concreto

puede ser completamente diferente a la que merezca en otro caso o cuando se

adopta otro nivel de estudio.

Esta cuarta tesis generaliza el argumento elaborado por Dryzek (2010)

acerca del papel de la retórica en democracia. El recurso a la valoración

categóricas de determinados elementos –sean formas de comunicación o tipos

de emociones– pasa por alto la diversidad de funciones que estos elementos

pueden desempeñar en interacción con otros elementos. En lugar de

preguntarnos si un tipo de comunicación es o no deliberativa (o si una

emoción es o no admisible en la esfera pública), una forma más apropiada de

20

valoración debería diferenciar casos concretos o situaciones típicas y diversos

niveles de análisis.

Bibliografía

Ajangiz, Rafael, 2002, El fin de la conscripción en Europa: un escenario de

opciones singulares. Revista Española de Investigaciones Sociológicas,

97: 57-93.

Ajangiz, Rafael, 2003, Servicio militar obligatorio en el siglo XXI. Cambio

y conflicto. Madrid: CIS.

Alvira, Francisco, 1992, Opinión pública, servicio militar y Fuerzas

Armadas en España. Política Exterior, 6(26): 163-170.

Baderin, Alice. 2014. Two forms of realism in political theory. European

Journal of Political Theory, 13(2): 132-153.

Biehl, Heiko, Bastian Giegerich and Alexandra Jonas, 2011, Aussetzung der

Wehrpflicht. Erfahrungen und Lehren westlicher Partnerstaaten. Aus

Politik und Zeitgeschichte, 48: 31-38.

Caforio, Giuseppe, 2004, Rekrutierung und Ausbildung von Soldaten. In I.J.

Werkner (ed.), Die Wehrpflicht und ihre Hintergründe:

Sozialwissenschaftlich Beiträge zur aktuellen Debatte. Wiesbaden: VS-

Verlag.

Cohen, Joshua. 1997. Deliberation and Democratic Legitimacy. In J.

Bohman and W. Rehg, eds., Deliberative Democracy. Essays on Reason

and Politics. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Dinter, Henrik, 2004, Wehrpflicht, Freiwilligenarmee und allegemeine

Dienstpflicht – Aktuelle Argumentationslinien. In I.J. Werkner (Hrsg.),

Die Wehrpflicht und ihre Hintergründe: Sozialwissenschaftlich Beiträge

zur aktuellen Debatte. Wiesbaden: VS-Verlag.

Dryzek, John S. 2010. Rhetoric in Democracy: A Systemic Appreciation.

Political Theory, 38(3): 319-339.

Eder, Klaus, 1991, Geschichte als Lernprozeß? Zur Pathogenese politischer

Modernität in Deutschland. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Elias, Norbert. 2003 (orig. 1976). Ensayo acerca de las relaciones entre

establecidos y forasteros. Revista Española de Investigaciones

Sociológicas, 104: 219-251.

Emirbayer, Mustafa. 1997. Manifesto for a relational sociology. American

Journal of Sociology, 103: 281-317.

Engelken-Jorge, Marcos. 2008. La estructura (i)lógica del discurso populista

en la prensa tinerfeña. Comunicación e Cidadanía, 2: 193-220.

21

Engelken-Jorge, Marcos. 2010. The anti-immigrant discourse in Tenerife:

assessing the Lacanian theory of ideology. Journal of Political Ideologies,

15(1): 69-88.

Engelken-Jorge, Marcos. 2011. La teoría lacaniana de la ideología: su

potencial explicativo y limitaciones. Política y Sociedad, 48(1): 27-42.

Engelken-Jorge. 2014. A Review of the Literature on the Abolition of

Universal Conscription in Spain and Germany, and on Political Discontent

in Spain. Deliverable D.1. of the LearningDemoi Project.

Glynos, Jason. 2001. The grip of ideology: a Lacanian approach to the theory

of ideology. Journal of Political Ideologies, 6(2): 191-214.

Glynos, Jason and David Howarth. 2007. Logics of critical explanation in

social and political theory. London: Routledge.

Goldman, Alvin, 2010, Social Epistemology, The Stanford Encyclopedia of

Philosophy (Summer 2010 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL =

<http://plato.stanford.edu/archives/sum2010/entries/epistemology-

social/>.

Gutmann, Amy and Dennis Thompson. 2004. Why Deliberative Democracy.

Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Habermas, Jürgen. 2014. Hauke Brunkhorst’s Critical Theory of Legal

Revolutions: Some Comments on Theory Construction. Social & Legal

Studies, 23(4): 533-546.

Koopmans, Ruud. 2004. Protest in Time and Space. In D.A. Snow, S.A. Soule

and H. Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Social Movements.

Oxford: Blackwell.

Kujat, Harald, 2011, Das Ende der Wehrpflicht. Aus Politik und

Zeitgeschichte, 48: 3-7.

Longhurst, Kerry, 2003, Why Aren’t the Germans Debating the Draft? Path

Dependency and the Persistence of Conscription. German Politics, 12(2):

147-165.

Mason, Andrew. 2004. Just Constraints. British Journal of Political Science,

34(2): 251-268.

Morin, Edgar. 2003 (orig. 2001). El Método V. La humanidad de la

humanidad. Madrid: Cátedra.

Mutz, Reinhard, 2011, Bundeswehr: Reform ins Blaue. Blätter für deutsche

und internationale Politik, 3/2011: 36-38.

Nachtwei, Winfried, 2011, Die neue Bundeswehr: Freiwillig und kriegerisch?

Blätter für deutsche und internationale Politik, 1/2011: 57-65.

Olmeda Gómez, José Antonio, 1997, La privatización del deber militar: el

servicio militar y la organización de las Fuerzas Armadas Españolas ante

el nuevo escenario estratégico. Revista de Estudios Políticos, 97: 125-158

22

Parkinson, John and Jane Mansbridge (eds.). 2013. Deliberative Systems:

Deliberative Democracy at the Large Scale. Cambridge: Cambridge

University Press.

Pérez-Agote, Alfonso. 2008. Las raíces sociales del nacionalismo vasco.

Madrid: CIS.

Sampedro Blanco, Víctor, 1996, Batallas de papel. Medios de comunicación

y nuevos movimientos sociales, el caso de la objeción de conciencia. Zer,

2: 121-154.

Sampedro Blanco, Víctor, 1997, Leyes, políticas y números de la objeción.

Una explicación de la incidencia social de los objetores e insumisos.

Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 79: 143-172.

Sampedro Blanco, Víctor, 1997b, Movimientos sociales: debates sin

mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996). Madrid:

Centro de Estudios Constitucionales.

Tilly, Charles. 2002. Stories, Identities, and Political Change. Oxford:

Rowman & Littlefield.

Trenz, Hans-Jörg and Klaus Eder. 2004. The Democratizing Dynamics of a

European Public Sphere. Towards a Theory of Democratic Functionalism.

European Journal of Social Theory, 7(1): 5-25.

Werkner, Ines-Jacqueline, 2004, Die Wehrpflicht – Teil der politischen

Kultur der Bundesrepublik Deutschland? In I.J. Werkner (Hrsg.), Die

Wehrpflicht und ihre Hintergründe: Sozialwissenschaftlich Beiträge zur

aktuellen Debatte. Wiesbaden: VS-Verlag.

Werkner, Ines-Jacqueline, 2006, Wehrpflicht oder Freiwilligenarmee?

Wehrstrukturentscheidungen im europäischen Vergleich. Frankfurt am

Main: Peter Lang.

Yack, Bernard. 2006. Rhetoric and Public Reasoning: An Aristotelian

Understanding of Political Deliberation. Political Theory, 34(4): 417-438.

Young, Iris Marion. 2001. “Activist challenges to deliberative democracy”,

Political Theory, 29(5): 670-690.

Žižek, Slavoj. 2000. Por qué a todos nos encanta odiar a Haider. New Left

Review (ed. en español), 3: 90-96.

Zollman, Kevin J.S., 2007, The communication structure of epistemic

communities, Philosophy of Science, 74(5): 574-587.