el terraplÉn que destruye al iberÁ · es ilegal y tiene sentencia de demoliciÓn hay que cumplir...
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EL TERRAPLÉN QUE DESTRUYE AL IBERÁ
ES ILEGAL y TIENE SENTENCIA de DEMOLICIÓN
HAY QUE CUMPLIR CON LA SENTENCIA
POR EL BIEN DE LA RESERVA, DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE
ARGENTINA, DE LOS POBLADORES, Y DE LA JUSTICIA
www.noalosterraplenes.org
El terraplén ilegal esta ubicado dentro de la Reserva Provincial Ibera en la provincia de Corrientes
La Reserva Provincial Ibera, fue creada por ley en 1983 para proteger al 1.300.000 has de esteros
y lagunas, y declarada en el 2007 sitio estratégico de los Correntinos por la Constitución Provincial.
El área fue denominada en el 2002 sitio Ramsar por la diversidad de aves acuáticas que protege.
A nivel nacional esta área protegida ampara a numerosas especies en peligro como el ciervo de
los pantanos, el venado de las pampas, yacarés, lobitos de río, aguara guazú y al oso hormiguero
recientemente reintroducido.
¿Quien hizo la obra y que es un terraplén?
La empresa Haciendas San Eugenio SA (ex Forestal Andina) presidida por el Sr Eduardo
Machiavello, y domicilio legal idéntico al de las Empresa Roemmers, construyó un terraplen de 24
km de largo.
Un terraplén es una muralla de tierra. Puede tener por finalidad hacer una defensa, un
represamiento, un “polder” para desecar un humedal o el permitir la circulación por un área
inundada.
En el caso del terraplén construido por la empresa Forestal Andina en Iberá, la obra mide
aproximadamente 1,5 metros de alto, por 6 metros de ancho y cuenta con unos 24 kilómetros
de longitud, distribuidos en un ramal principal y tres secundarios. Dicen necesitarlo para circular,
aunque su diseño y traza es ilógico para este propósito.
Esta obra corta el escurrimiento, deteniendo las aguas que circulan hacia el río Corriente. Al frenar
el agua todo lo que esta hacia el lado de la alta cuenca se inunda, incluidos los pobladores de
Yahaveré y el 75% la Reserva Provincial del Ibera.
Detalle del avance del terraplén y sus bifurcaciones luego de la Medida Cautelar de no Innovar
dictada por la Cámara de Apelaciones en diciembre del 2005. Un total de 24 km de muralla de
tierra obstruyendo el escurrimiento de los esteros del Ibera.
Ubicación relativa dentro de la Reserva de los Terraplenes de Haciendas San Eugenia SA. La
construcción corta un tercio del escurrimiento total de las aguas de la cuenca del Ibera.
Acciones judiciales para detener las obras del terraplén
Ante la amenaza de inundación que acarreaba el terraplén para el paraje Yahaveré, en noviembre
de 2005, Bruno Leiva (oriundo de Yahaveré) interpuso una medida cautelar en la que solicitaba la
inmediata paralización de las obras y una acción de amparo tendiente a lograr la destrucción del
terraplén, que por aquel entonces contaba con aproximadamente 1,5 Km. Así dio origen a la causa
judicial.
En abril de 2007 los jueces, Dr. Carlos A. Rodríguez. y Dr. Ricardo E. Martín, confirmaron la
sentencia en la causa, estableciendo que Forestal Andina debía destruir toda la obra de
aterraplenado realizada con posterioridad a la medida precautoria dispuesta por la Justicia en
diciembre de 2005. Este fallo faculta al Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) a llevar
a cabo la demolición del terraplén, para el caso de que la empresa no cumpliera con lo dispuesto
en la sentencia.
Argumentando que el fallo afectaba derechos de raigambre constitucional, Forestal Andina
interpuso un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, lo que provocó que, en julio de
2007, la causa fuera elevada al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes.
Mientras tanto, la empresa continuó con la construcción del terraplén, que alcanzó
aproximadamente 24 kilómetros de longitud.
En noviembre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo que ratifica la sentencia de la
Cámara de Apelaciones de Corrientes que ordena la demolición del terraplén.
Recurriendo a la última instancia judicial para defender su obra, en febrero de 2008, Forestal
Andina presentó un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, pidiendo que se le
conceda elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En febrero de 2008, el Superior Tribunal de Justicia se expidió rechazando el Recurso
Extraordinario Federal interpuesto por Forestal Andina. Esto ratificó la sentencia emitida por la
Cámara de Apelaciones de Corrientes, confirmada posteriormente por el Superior Tribunal de
Justicia: EL TERRAPLEN DEBE SER DERRUMBADO.
Agotadas las instancias judiciales, la causa volvió al Juzgado de primera instancia, Juzgado Civil y
Comercial Nº 12, el que notificó a Forestal Andina la recepción del expediente, momento a partir
del cual la empresa contaba con 30 días para demoler la obra por cuenta propia.
El 12 de agosto de 2008 , el Juzgado Civil y Comercial Nº 12 resolvió que los plazos otorgados por
la Justicia a Forestal Andina para destruir el terraplén estaban vencidos, por lo que dictaminó que
el Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente
(ICAA), debe demoler la obra con costas a cargo de la empresa. La resolución establece que las
obras de demolición debían comenzar dentro de las 72 horas de notificada la resolución judicial.
Haciendas San Eugenio SA no cumple con la sentencia, agrede a los pobladores y las ONGs
La empresa Haciendas San Eugenio no solo no cumple con la sentencia, sino que persigue a los
pobladores de Yahaveré que han accionado denunciando el hecho. La empresa ha intentado expulsar a las 14 familias alambrando y construyendo potreros para
encerrarlos en superficies ínfimas donde no puedan subsistir con su ganado.
Susi Leiva, pobladora de Yahaveré con el alambrado de Haciendas San Eugenio frente a su casa. Posteriormente cuando las causas judiciales avanzaron y el caso se mediatizo, les propusieron
donarles 1000 ha que son de dominio publico. El convenio propuesto además, condiciona el
acuerdo a acciones fraudulentas (aceptación del terraplén ilegal, luchar a favor de una mensura
suspendida por el Catastro Provincial a través de la cual la empresa usurparía 10.000ha de tierras
del estado de Corrientes, y que los pobladores desistan de cualquier otro derecho).
Cierre de caminos con alambrados para evitar el acceso a Yahaveré.
En los últimos meses, Haciendas San Eugenio redoblo sus agresiones, ante el reclamo de justicia
de las ONG, generando el cierre ilegal de los caminos de acceso al Paraje Yahaveré para obligar a
los pobladores a utilizar el terraplén y evitar que las ONG accedan a la Reserva. El alambrado de
los caminos se produjo una semana después de la cabalgata de protesta convocada por los
pobladores y la coalición de ONGs ambientalistas.
Cabalgata de protesta de los pobladores contra Haciendas San Eugenio por el incumplimiento de
la sentencia. La justicia dictamino que se trataba de un delito y mando a cortar los alambrados inmediatamente.
El cierre no solo afecto a los pobladores sino que dejó atrapo a un fotógrafo naturalista que estaba
recorriendo la Reserva.
¿Qué pasa sino se cumple con la sentencia?
Obviamente el impacto sobre los pobladores y los ecosistemas del Ibera serán funestos al quedar
inundados. Los pobladores deberán abandonar sus casas y forma de vida, y los ambientes de
pastizales de la Reserva se perderán. Las especies que dependen de los lugares altos, como el
ciervo de los pantanos y las aves amenazadas como el yetapá de collar reducirán sus poblaciones.
Pero el mal ejemplo puede ser mucho mas grave, porque debilita la figura de área protegida a nivel
nacional. Que una Reserva no se respete, atenta contra la idea de proteger nuestros recursos
dentro de áreas protegidas, como lo son los Parques Nacionales o Reservas Provinciales. ¿Con
que herramientas contaríamos para protegerlas si luego de tres años de acciones judiciales y una
sentencia de las máximas autoridades no significa nada? La empresa Haciendas San Eugenio se ha jugado por “el hecho consumado”, suponiendo que
nadie sería capaz de volver atrás con algo ya construido, por más terrible que sea. Otros 17 empresarios y grandes propietarios dentro de la Reserva Provincial Ibera, han seguido
tímidamente su mal ejemplo desde el 2005. Obras hidráulicas ilegales para canalizar, robar el agua
para regar arroz, y cortar el paso han ido apareciendo a medida que el Estado de Corrientes
dejaba hacer. Hoy todas esas empresas miran expectantes si la justicia significa algo o todo puede
ser “arreglado” políticamente.
¿Quienes somos?: