el secuestro estatal de la participación política en el ecuador

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El secuestro estatal de la participación política en el Ecuador.- El sistema constitucional de partidos y movimientos políticos en sociedades modernas y vanguardistas existe con el objetivo de precautelar aquellos derechos políticos fundamentales humanos, de entre los que están: el derecho de elegir y ser elegido, así como los derechos de libertad de pensamiento, derecho de asociación lícita, derecho a mantener en secreto la filiación política, e incluso el derecho al voto secreto, ya que, nos guste o no, la forma de expresión política justa y además legal que permite llegar al ejercicio efectivo del poder, es la que se realiza a través de los partidos o movimientos políticos, además que así lo contempla la norma suprema. El modelo del sistema de partidos y movimientos políticos impuesto por este régimen es injusto, insensato y sin duda alguna atenta contra los derechos ciudadanos contemplados en normas internacionales. En primer lugar, “resulta” que las organizaciones políticas deben someterse a procedimientos de registro oficiales. El establecer un “sistema” de registro de organizaciones políticas mediante un procedimiento, en el cual el Estado verifica si la organización cumple con requisitos a veces insensatos o hasta inconstitucionales, es sin duda alguna una traba impuesta para verificar si las organizaciones tienen una estructura acorde a las necesidades del poder, o, tal vez, es una traba que busca impedir que organizaciones políticas probas, pero pequeñas, puedan inscribirse. El imponer un “registro oficial” de parte del Estado, “espanta”, por decir lo menos, a las organizaciones que siendo pequeñas, podrían ser opciones válidas para las elecciones, más aún cuando la misma Constitución prohíbe participar políticamente fuera de organizaciones políticas. Dentro del procedimiento “oficial de registro” de organizaciones políticas, se encuentra un requisito que vale la pena analizar. Este es el de obtener el 1.5% de firmas del padrón electoral como “aval” para demostrar que la opción política tiene cabida en la sociedad ecuatoriana. Este requisito, indispensable para la inscripción de una organización política, es sin duda alguna un requisito muy criticado dentro de las esferas intelectuales del país. Por lo que cabe ya en la práctica, este requerimiento institucional establece un requisito muy complicado de completar ya que merece la inscripción de identidades, de voluntades, que normalmente prefieren quedarse anónimos. Este requisito de obtención de firmas, es sin lugar a dudas un requerimiento muy subjetivo y carente de objetividad legal. Por un lado, el % de firmas que cada organización política obtiene va a depender si la opinión pública está del lado de esa organización, resultando que organizaciones que hoy son populares puede recolectar millones de firmas rápidamente, mientras que organizaciones que no lo son, se cuesta mucho más hacerlo. Ese es el caso, a manera de ejemplo, del Partido Roldosista Ecuatoriano, que seguramente en 1995 pudo conseguir muchas adhesiones sin chistar, mientras que ahora, tiene mucho más difícil y escabroso el camino para ello. Adicionalmente a esto, la crisis de los partidos políticos es un ápice del iceberg que vale la pena analizar respondiendo esta pregunta. ¿Es posible conseguir adhesiones políticas públicas

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El Estado ultra-presidencialista también tiene su parte. En un Estado como el que plantea la Constitución de Montecristi no existe posibilidades de que la ciudadanía elija sus representantes a los estamentos de control. El gobierno, valiéndose de concursos de méritos y oposición maniatados, tramposos, e inconsultos, utilizando el gran aparataje publicitario, de poder y de amedrentamiento ha logrado imponer sus candidatos a los organismos de poder electoral, quien a la larga es quien decide sobre las inscripciones de los movimientos y partidos políticos, y sobretodo es quien resuelve sobre su inscripción.

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El secuestro estatal de la participación política en el Ecuador.-

El sistema constitucional de partidos y movimientos políticos en sociedades modernas y

vanguardistas existe con el objetivo de precautelar aquellos derechos políticos fundamentales

humanos, de entre los que están: el derecho de elegir y ser elegido, así como los derechos de

libertad de pensamiento, derecho de asociación lícita, derecho a mantener en secreto la

filiación política, e incluso el derecho al voto secreto, ya que, nos guste o no, la forma de

expresión política justa y además legal que permite llegar al ejercicio efectivo del poder, es la

que se realiza a través de los partidos o movimientos políticos, además que así lo contempla la

norma suprema.

El modelo del sistema de partidos y movimientos políticos impuesto por este régimen es

injusto, insensato y sin duda alguna atenta contra los derechos ciudadanos contemplados en

normas internacionales.

En primer lugar, “resulta” que las organizaciones políticas deben someterse a procedimientos

de registro oficiales. El establecer un “sistema” de registro de organizaciones políticas

mediante un procedimiento, en el cual el Estado verifica si la organización cumple con

requisitos a veces insensatos o hasta inconstitucionales, es sin duda alguna una traba impuesta

para verificar si las organizaciones tienen una estructura acorde a las necesidades del poder, o,

tal vez, es una traba que busca impedir que organizaciones políticas probas, pero pequeñas,

puedan inscribirse. El imponer un “registro oficial” de parte del Estado, “espanta”, por decir lo

menos, a las organizaciones que siendo pequeñas, podrían ser opciones válidas para las

elecciones, más aún cuando la misma Constitución prohíbe participar políticamente fuera de

organizaciones políticas.

Dentro del procedimiento “oficial de registro” de organizaciones políticas, se encuentra un

requisito que vale la pena analizar. Este es el de obtener el 1.5% de firmas del padrón electoral

como “aval” para demostrar que la opción política tiene cabida en la sociedad ecuatoriana.

Este requisito, indispensable para la inscripción de una organización política, es sin duda

alguna un requisito muy criticado dentro de las esferas intelectuales del país. Por lo que cabe

ya en la práctica, este requerimiento institucional establece un requisito muy complicado de

completar ya que merece la inscripción de identidades, de voluntades, que normalmente

prefieren quedarse anónimos.

Este requisito de obtención de firmas, es sin lugar a dudas un requerimiento muy subjetivo y

carente de objetividad legal. Por un lado, el % de firmas que cada organización política obtiene

va a depender si la opinión pública está del lado de esa organización, resultando que

organizaciones que hoy son populares puede recolectar millones de firmas rápidamente,

mientras que organizaciones que no lo son, se cuesta mucho más hacerlo. Ese es el caso, a

manera de ejemplo, del Partido Roldosista Ecuatoriano, que seguramente en 1995 pudo

conseguir muchas adhesiones sin chistar, mientras que ahora, tiene mucho más difícil y

escabroso el camino para ello.

Adicionalmente a esto, la crisis de los partidos políticos es un ápice del iceberg que vale la

pena analizar respondiendo esta pregunta. ¿Es posible conseguir adhesiones políticas públicas

de ciudadanos cuando se encuentra en pleno auge una crisis de partidos políticos que se ven

opacadas por la publicidad y el discurso oficial? Definitivamente no. El requisito insensato de

obtener el 1.5% de adhesiones para las organizaciones políticas no solo que recaen en lo

complicado, sino que imposible y podría incluso interpretarse como una incitación a comprar

firmas.

De igual manera, la publicidad de la filiación política, realizado por el CNE, como pionero en

este proceso, promueve una política de amedrentamiento y persecución. Recordemos que la

Constitución de la República establece que la filiación política podrá mantenerse en secreto y

solo autorizará a publicarlo el involucrado, más no el Estado.

La adhesión a un partido político es un tema de atención pública y definitivamente de

temeridad en tanto y cuanto el poder político preponderante tenga acceso a averiguar la

filiación política de sus ciudadanos.

Este sistema de filiación política fue realizado de esa manera contradiciendo a la lógica, que

nos dicta que no es posible que un ciudadano pueda elegir unipersonalmente a varios

candidatos de distinta corriente política, pero para adherirse para cumplir con el requisito de

inscripción, solo pueda hacerlo a uno. El registro de las filiaciones políticas es un tema que va

contra los derechos del voto secreto, ya que no es posible que se prohíba apoyar a más de un

partido o movimiento, pero se pueda votar por varios.

El Estado ultra-presidencialista también tiene su parte. En un Estado como el que plantea la

Constitución de Montecristi no existe posibilidades de que la ciudadanía elija sus

representantes a los estamentos de control. El gobierno, valiéndose de concursos de méritos y

oposición maniatados, tramposos, e inconsultos, utilizando el gran aparataje publicitario, de

poder y de amedrentamiento ha logrado imponer sus candidatos a los organismos de poder

electoral, quien a la larga es quien decide sobre las inscripciones de los movimientos y partidos

políticos, y sobretodo es quien resuelve sobre su inscripción.

Es importante también señalar que, tal como reza nuestra Constitución en su artículo 111,

para ejercer oposición política se deberá estar inscrito como organización política en el

Consejo Nacional Electoral.

Sin dar más detalles, es claro concluir que este escenario nos pone en una situación muy

complicada referente al ejercicio de los derechos de participación política en el Ecuador, ya

que “estatiza” cualquier tipo de participación pública, generando que la única institución

válida, justa y legal sea el movimiento político preponderante, poniendo en ponderación un

sistema plural de participación política con un sistema de partido único. Sin duda alguna, el

sistema de participación política instaurado por este régimen ha permitido que el Estado

secuestre los derechos políticos y los derechos de participación pública, a los que los

ecuatorian@s tenemos derecho. No tienen derecho a imponer una sola verdad!

Jorge Peñafiel