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El rol de la Iglesia Católica en la reconstrucción del tejido social popular durante ...

* Departamento de Sociología. Universidad Católica Silva Henríquez. Correo electrónico: [email protected]

El rol de la Iglesia Católica en la reconstrucción del tejido social

popular durante la dictadura militar en Chile (1973-1990).

Estudios y perspectivas.

Fabián Bustamante Olguín*

Las reflexiones que siguen se presentan en torno al apoyo de la Iglesia Católica chilena en la reconstrucción del tejido social poblacional durante la dictadura militar en Chile (1973 -1990). Se esbozan los estudios que relacionan el movimiento de pobladores con los nuevos espacios generados por la Iglesia, a través de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), que permitieron a los primeros organizarse y actuar frente a la exclusión política y económica del régimen militar.

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Ar

Abstractresumen

Cuadernos del Sur - Historia 39, 2010

The reflections reported herein deal about the support of the Chilean Catholic Church in the social reconstruction during the military dictatorship in Chile (1973 -1990). It outlines the studies that relate the movement of pobladores with new spaces created by the Church, through the Basic Ecclesial Communities (CEBs), which allowed the first to organize and act against the political and economic exclusion of the military regime.

Fabián Bustamante Olguín

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palabras clave:Iglesia Católica Pobladores Dictadura militar

Key-words:The Catholic Church Pobladores Dictatorship

Fecha de recepción:15 de junio de 2011

Aprobado para publicación:12 de septiembre de 2011

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Introducción

Como es bien sabido, el nuevo régimen de facto inició profundos cambios en el sistema político, económico y social que no tuvieron en cuenta el escenario nacional, puesto que excluyó a un gran sector del país de sus derechos humanos fundamentales e impuso un terrorismo de Estado que dejó como resultado miles de muertos, torturados y desaparecidos.

Al proyecto excluyente de la dictadura militar, la Iglesia Católica le tomó en contrapuso un proyecto incluyente. Asumió así un rol de “paraguas democrático” (Guillaudat; Mouterde, 1998:74), facilitando experiencias organizativas populares1 a través de las parroquias, grupos de jóvenes cristianos y comunidades eclesiales de base (De La Maza, 2005:41). Estas experiencias crearon nuevos espacios de convivencia social en los pobladores. Gracias a ello se articularon respuestas de resistencia y de acción política que tuvieron como máxima expresión las Protestas Nacionales de 1983 a 1986 donde ellos fueron sus principales actores.

No fue una casualidad que la Iglesia se haya así comprometido. Tampoco podemos atribuirlo al solo hecho coyuntural del 11 de septiembre. Fue una postura que reflejaba algo más profundo: la continuidad de un vínculo que había cimentado la Iglesia con los sectores populares de nuestro país y el continente no muchos años antes, desde el Concilio Vaticano II (1962) y la Conferencia Episcopal de Medellín (1968)2.

Es por esto que ante el conjunto de acontecimientos que se venían sucediendo en Chile, con posterioridad a 1973, el primer mensaje y la primera actitud que nace de la Iglesia es una llamado a la reconciliación, es decir, a una suerte de consenso nacional que permitiera alcanzar, en el más breve lapso, la normalidad interrumpida por la crisis institucional que había llevado al golpe de Estado. Ello da cuenta de la vocación de proteger, por la vía de un mensaje de paz, a quienes comenzaban a ser las víctimas del régimen.

1 Espacio físico que ya tenía, gracias a su extensa red parroquial en poblaciones antes del Golpe de Estado. Para una mayor profundización de la Iglesia Católica en las poblaciones. Véase Salinas, 1994. 2 Los cambios que experimentó la Iglesia Católica bajo el concepto de una “Iglesia, pueblo de Dios”, rompió con la visión eclesiástica tradicional para adoptar una perspectiva eclesial más laica. Medellín planteó la tesis de un Dios libertador; un Dios de la Justicia que actúa en la historia, liberando a su pueblo de la opresión; la Teología de Liberación radicalizó el discurso, impregnado por los aires contestarios de los años 60, definiéndose como “la Iglesia de los Pobres”, portavoz de los sectores más desprotegidos de la sociedad de la época repercutiendo profundamente en todos los católicos latinoamericanos.


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Es así que se consolidan figuras tan importantes como la del Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez (1961-1983), quien como cabeza del catolicismo chileno, desde el primer momento adopta una actitud de distanciamiento entre la Iglesia (inclusión) y la dictadura (exclusión), para que no quedara duda sobre una posible legitimación de las acciones acontecidas hasta ese momento.

Era una suerte de doble juego (Cruz, 2004:3): por una parte, la Iglesia aceptaba la realidad de facto como producto de la crisis política3, con lo que elaboraba una estrategia política para evitar ser considerada como enemiga del régimen4. Pero, por otro lado, se empeñaba en proteger, de forma explícita, y, sin mayor disimulo, a quienes recurrían a ella como la única institución que iba a hacer las veces de “garante” de su condición de víctimas, la obsecuencia del Poder Judicial frente a las nuevas autoridades y la clausura del Poder Ejecutivo.

La Iglesia Católica chilena adopta una actitud activa, asume una responsabilidad que no es más que el reflejo de los compromisos ya adquiridos, es un actuar en consecuencia, que da cuenta de una valoración del rol social que le corresponde, el cual va más allá de ser mero administrador de la fe, sino que en casos como los vividos, se suma como una fuerza que apela a la garantía de lo más básico: la vida.

Sobre los grises años de la dictadura militar

El inicio del régimen militar en Chile tiene muchos aspectos, pero destacaremos que se tiene lugar como un intento de resolver, desde otras trincheras ideológicas, la crisis experimentada por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973) en el proyecto de socializar la economía mediante una fuerte injerencia del Estado. La tensión generada llevó a que muchos pensaran que se había agotado el sistema político partidista.

El ideal de la Unidad Popular se apoyó en la utopía, en los sueños pero, en realidad, no tenía un sustento material fuerte debido al agotamiento del modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI), iniciado en la década del treinta en Chile, y llevado a su extremo por Salvador Allende, en momentos en que la economía mundial estaba dando un giro hacia el neoliberalismo. Sumado

3 Aunque debemos aclarar que lo inevitable vino de la derecha, y no de la izquierda.4 Discrepamos con algunos autores que señalan que la Iglesia Católica actuó con ambigüedad y demoró su accionar para condenar el Golpe Militar. Ver Fernández, 1996:138-141. Véase también Angell, 1993:110. Este último dice: “Habían de pasar tres años y medio para que la jerarquía eclesiástica comenzara a dudar del régimen”.

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a ello, el boicot económico y político, por parte de los Estados Unidos, resueltos a hacer caer el gobierno de Salvador Allende, financiando –además- a la derecha política opositora.

Estos sectores apelaron a las Fuerzas Armadas (FF AA) -para “salvar a la nación” (bien absoluto) del “marxismo soviético”5 que atentaba contra “la voluntad de Dios” (mal absoluto)-, quienes, a su vez, profesaban un ideologismo conservador antiliberal y antidemocrático, de matriz tradicionalista/nacionalista, que fue propia de la extrema derecha europea, y del cual existió una recepción en Chile, iniciada por Alberto Edwards, Nicolás Palacios, Francisco Encina, Jaime Eyzaguirre, Jorge Prat, entre otros6.

En el fondo, el golpe de Estado es el resultado de todo proceso de “nacionalización” del pensamiento conservador europeo, que se resolvió mediante términos decisionista -tal como lo plantea Carl Schmitt-, es decir, una decisión destinada a revertir los avanzados procesos de decadencia y disolución de la nacionalidad (Corvalán, 2007:143). Dicho sea de paso, y siguiendo esta lógica de pensamiento, la cuestión de los detenidos desaparecidos está dentro de esta argumentación decisionista entre el bien y el mal absoluto, que no sólo hay que excluir el mal, sino que eliminarlo.

Tal como lo plantea Tomás Moulián, “la dictadura chilena adoptó el nombre del cristianismo para justificarse. Identificó la lucha contra el marxismo como un combate a nombre de Cristo y a nombre de la civilización cristiana” (Moulián, 1998:168). En este sentido, al plantearse la dictadura como “el bien” se sintió con todo el derecho para reprimir e instaurar, por primera vez en la historia de Chile, un terrorismo de Estado. Vamos a considerar que el terrorismo de Estado, significa que el monopolio de la fuerza que los ciudadanos consienten en un Estado de Derecho para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelven en su contra. En otras palabras, el terrorismo de Estado comienza cuando el mismo utiliza sus FF.AA contra los ciudadanos y los despoja de todos sus derechos fundamentales y también de la vida (Cristi y Ruiz-Tagle, 2006:293-296).

Por lo tanto, con un pensamiento dicotómico (“bien” contra el “mal”), el terror se institucionalizó, por lo que la violencia no sólo fue justa sino imprescindible;

5 En un discurso en la Universidad de Chile en 1979, Pinochet dijo: “Esta dura acción militar estuvo destinada a repudiar la obra totalitaria soviética, que, entronizaba en un Gobierno obediente a sus fieles, lo había llevado a un estado de destrucción de los cimientos democráticos, desde sus bases, por la violencia espiritual y material”. Véase Corporación de Estudios Nacionales, 1983.6 Para profundizar más sobre esta dicotomía entre bien absoluto y mal absoluto. Véase Corvalán, 2007:137-149.


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el “enemigo marxista” es de toda la nación y no caben posiciones intermedias porque no tolera ser discutida (Escalante, 1990:168).

En ese sentido, el carácter fundacional que pretendieron dar a la dictadura, para diferenciarse de los anteriores gobiernos, tuvo, a mi juicio, tres debilidades: Primero. La de excluir explícitamente, a todo aquel que se interpusiera o estuviera en contra de las políticas de la dictadura militar considerados como “traidores a la Patria” o “marxistas”7, cuestión que resultó ser una visión sesgada para justificar –posteriormente- la represión y la personalización del poder en el General Augusto Pinochet. Recordemos que en un inicio el Golpe fue producto de una Junta Militar, que derivó en una Junta de Gobierno, pero que lentamente se fue perfilando la figura de Pinochet quien, al poco tiempo, se hizo llamar “Director Supremo” y luego, Presidente de la República8.

Segundo. Cometer atentados terroristas fuera del país, que lo condenaron internacionalmente: el asesinato del General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthberth en Buenos Aires, en 1974; el atentado perpetuado en Roma contra Bernardo Leighton (fundador de la DC) y su esposa Anita Fresno, el 16 de octubre de 1975; el asesinato del diplomático Orlando Letelier (ex Ministro de Defensa de la UP) y su secretaria Ronnie Moffit, en Washington, perpetrado por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), ayudado por el agente de la CIA, Michael Townley. A consecuencia, de este hecho, su antiguo aliado, Estados Unidos, se distanció del régimen militar, porque este atentado terrorista fue el primer atentado terrorista que sufrió la capital de Estados Unidos9, lo cual provocaría una “mala imagen” del principal garante de la democracia como cómplice de un hecho en el que murió una ciudadana estadounidense. Por tanto, la dictadura dejó de ser bien vista por los Estados Unidos10.

Tercero. Implementó un modelo económico neoliberal que resultó ser catastrófico para las pretensiones de la dictadura de continuar con su proyecto.

7 Ni siquiera del propio bando militar se salvaron de la represión. Este es el caso de la muerte de los generales Bonilla y Lutz que fueron sospechosas y ocurrieron en extrañas circunstancias. Véase Guillaudat,1998:90.8 Urzúa, 1992:714. Debido a la crítica que le hizo Leigh a Pinochet, por su personalización, éste fue removido de su cargo en la Junta y nombró en su lugar al General Fernando Matthei en el cargo de la Fuerza Aérea., eliminando toda disidencia al interior de la coalición militar. 9 Arrate y Pérez, Claudio, 2003:78. “Muy pronto las investigaciones del FBI apuntaron hacia los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet. A mediados de 1977, las presiones internas y externas para terminar con la DINA obligaron a maquillar su servicio de seguridad. El 13 de agosto de 1977, al conocerse que la DINA se transformaría en la Central Nacional de Informaciones, no hubo mayor inquietud en los cuarteles secretos”.10 Para mayor ampliación sobre este tema. Véase Amorós, 2004:363-368.

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El año 1982 se produjo una gran crisis económica que afectó principalmente a los sectores de los pobladores del Gran Santiago, dando comienzo a las Protestas Nacionales (1983-1986) influyendo en el término de la dictadura de Pinochet con el plebiscito de 1988 y el regreso a la democracia.

En suma, el nuevo “proyecto país” del General, al optar por un régimen fundacional o revolucionario precisó con claridad un mundo de exclusiones (Arriagada, 1998:44) que ha sido una de las constantes de nuestro país desde la Independencia (el peso de la noche portaleano). Conviene preguntarse, ¿qué proyecto país puede triunfar si no se toma en cuenta a la población local? Es una pregunta cuya respuesta todavía seguimos esperando.

los pobladores y el apoyo de la Iglesia Católica ante la exclusión

Los pobladores se han constituido dentro de la historia de Chile durante el siglo XX en un sujeto histórico que ha tenido un potencial transformador del entorno urbano del Gran Santiago. Sin embargo, pareciera ser que los pobladores han constituido, a lo largo de estos años, un movimiento subterráneo, no visto por la historia oficial y muy estigmatizada por las clases dominantes, como elementos negativos y amenazantes que podían infectar la ciudad culta e ilustrada.

Ya en las primeras décadas del siglo XX, el concepto “poblador” –como sostiene Edward Murphy- se refería a los propietarios de sitios recién establecidos que emigran a la ciudad en busca de mejores oportunidades; fue solamente en la década del cuarenta y cincuenta, cuando la palabra empezó a tener los significados que tiene hoy en día (Murphy, 2004:18). En efecto, el panorama en los cincuenta para los pobres de la ciudad era de un creciente deterioro y déficit habitacional, un verdadero problema social que llevó a los políticos chilenos a comprobar que se trataba de un asunto grave. Para esos años, la situación de los pobres era la miseria, condiciones sanitarias deplorables, “casuchas” malolientes y prácticamente ningún servicio de urbanización. Gracias al esfuerzo de muchos pobres de la ciudad, se organizó una “toma” –ocupación de terrenos baldíos- que dio origen a la primera población en Santiago: La Victoria, fundada el 30 de octubre de 1957. Tras ella, vinieron muchas otras “tomas” que fueron transformando el aspecto urbano de la capital.

Estas movilizaciones de pobladores –que tuvieron un protagonismo mayor en la década de los años sesenta y setenta- adquirieron mayor visibilidad y se convirtieron en “objeto de estudio” de la ciencias sociales (Garcés, 2002:14), a partir de los estudios sociológicos del DESAL (Centro para el Desarrollo y Social para Latinoamérica), organismo dependiente de la Iglesia Católica, dirigido por el sacerdote jesuita Roger Vekermans. Este organismo planteó diferentes definiciones


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para este nuevo actor en escena: en primer lugar, una geográfica para delimitar el universo poblacional, vale decir los que viven en la periferia de la ciudad o vivienda deteriorada; en segundo lugar, una definición económica, que dice relación con los que tuvieron una débil incorporación al sistema productivo y, por último, una sociopsicológica, que dice relación con los que tuvieron relaciones sociales o personalidades “marginales” (la teoría de la marginalidad) (Pastrana; Threlfall, 1974:42). Al respecto, sostiene Mario Garcés:

(…) la teoría de la marginalidad constituyó una respuesta teórica, desde la tradición social cristiana al marxismo criollo, que había centrado sus explicaciones acerca de la situación del mundo popular en las contradicciones económicos estructurales de la sociedad, reconociendo en la “clase obrera” al “sujeto histórico” más relevante del devenir histórico y del futuro de nuestra sociedad (Garcés, 2002:15).

Sin desmerecer los estudios del DESAL, éstos tuvieron una cierta visión “paternalista”, ya que no consideraba a los pobladores como sujetos sino como una “masa anónima” que necesitaba de apoyo externo y que no era capaz de organizarse por sí mismo. De esta lógica surgió, con el gobierno de la Democracia Cristiana del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), una respuesta para incorporarlos a la vida nacional. Para ello, se crearon entidades estatales como la Promoción Popular, Operación Sitio, los Centros de Madres y las Juntas de Vecinos para vincular a esos “marginales” al Estado y darles un espacio de participación social. Esta intervención estatal, a su vez, representó una forma de cooptación y de control de los pobladores. A todo esto, cabría preguntar, ¿hasta qué punto los pobladores fueron marginales? ¿No será que las autoridades estatales comenzaron a tomar en cuenta a los pobladores en vista del fracaso del gobierno de Frei en cuanto a la demanda popular por la vivienda?

El carácter autoritario de las elites ha rechazado constantemente a este sujeto popular urbano, asfixiándolo y dejándolo al margen de la vida política del país. Si bien, en un primer momento, el discurso de la marginalidad dio sustento a las luchas reivindicativas y las prácticas organizacionales de los pobladores, fueron éstos quienes lograron convertirse, desde fines de los años cincuenta hasta los primeros años de los sesenta, en un actor urbano autónomo, portador de prácticas y de nuevas formas de poder y democracia local en su lucha por mantener una vivienda propia. De hecho, las luchas reivindicativas del movimiento de pobladores dinamizaron y modificaron al Estado. Siempre se ha pensado que el Estado fue el que le ha dado “forma” a la sociedad chilena pero hay que tener en cuenta que muchos de los cambios ocurridos a éste, su reformismo, fueron producto de las inagotables luchas de ese mismo sujeto pobre urbano. Gracias

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ellos en Chile existen leyes sociales, un Ministerio de Vivienda y los barrios que hoy en día conocemos.

El mencionado Mario Garcés en su libro Tomando su sitio: el movimiento de pobladores de Santiago: 1957-1970 rescata la historicidad de los pobladores y sostiene que éstos fueron uno de los principales actores sociales urbanos de la segunda mitad del siglo XX, gracias a que expandieron sus capacidades organizativas y su propio potencial político, lo que les permitió interactuar con el sistema de partidos políticos y el Estado, con miras de satisfacer sus necesidades de vivienda, con potencial político propio (Cfr.Garcés, 2005:57). En la misma línea va lo que plantea Vicente Espinoza quien señala que los pobladores de Santiago llevaron largo tiempo luchando contra el problema habitacional y al mismo tiempo, organizando un conjunto de acciones y gestiones ante las autoridades de turno para el mejoramiento y obtención de vivienda, siendo la acción más significativa la “tomas de terreno” (Espinoza, 1998:258). El resultado de estas “tomas” de terreno y las “operaciones sitio” hizo que la ciudad de Santiago se transformara por completo y refundada entre los años 1967 y 1973 (Garcés, 2004:21).

Entre los años 1932 a 1973, plantea Gabriel Salazar, las agitaciones sociales asumieron predominante una forma “reivindicativa”:

(…) es decir, de petición por conducto regular a los directores de Empresa y del Estado, con respecto a la Constitución y al Código del Trabajo; y de integración, con responsabilidad cívica, al sistema democrática instaurado en 1925 (...) Y sólo el Golpe Militar de 1973 y la represión que lo siguió lograron devolver – a gran costo- el movimiento popular a sus estaciones estructurales (Salazar, 2006:55).

El desarrollo que hasta ese momento había alcanzado el movimiento de pobladores con la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende, supuso que por fin se iba a lograr que los pobladores fueran considerados en sus demandas y en sus luchas. Pero los pobladores, para ese entonces, eran considerados como una fracción del movimiento obrero, y los intelectuales de esos años, los consideraban dentro de la “clase proletaria”, ignorando, de alguna manera, su carácter autónomo respecto a los partidos vinculados a la izquierda política (Garcés, 2000:194).

Sin embargo, con la dictadura militar ya no fueron las “tomas de terreno” los principales objetivos de los pobladores sino que las luchas estuvieron apuntaron


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a la sobrevivencia y de acción política (Cfr. Campero, 1987:52)11 como respuesta a la violencia que recayó precisamente sobre ellos, por constituir la principal amenaza para el posicionamiento íntegro de los sectores conservadores.

El agotamiento del proyecto excluyente militar a inicios de la década de los ochenta, produjo las Protestas Nacionales de 1983 a 1986, cuyo principal sujeto y protagonista fueron los pobladores, siendo que ellos, al principio, no fueron los convocantes de las jornadas de protesta12. Las luchas en las poblaciones, el “lugar social” ocupado por el autoritarismo, expresaba el descontento ante diez años de terrorismo de Estado perpetrado por el general Pinochet. El empuje de esta verdadera “explosión de las mayorías” -como sostienen Mario Garcés y Gonzalo de La Maza (1985)-, a pesar de las tremendas dificultades, acabó con el proyecto excluyente de la dictadura.

A partir de esta “explosión” se dio en Chile un debate sociológico que describiré en parte. El debate giró en torno a las características de este grupo social y sus potencialidades como sujeto político, es decir como actor social que podía imprimir cambios significativos en el orden social represivo. El debate derivó en diferentes perspectivas e hipótesis13: por una parte, aquella que entendía a los pobladores como un movimiento social -planteado por el sociólogo francés Alain Touraine (Touraine, 1987:214-224)-, y por otra, aquella que veía a los pobladores como simples masas anónimas centralizadas esporádicamente, expresión visible de los procesos de desintegración social14.

Estas dos lecturas opuestas son válidas para los estudios del fenómeno de los pobladores en un contexto dictatorial; un fenómeno que sorprendió por la capacidad de movilización que puso -en jaque- la estabilidad de la dictadura militar. Los pobladores tuvieron un protagonismo que opacaba al Estado, siendo algo preocupante para una sociedad acostumbrada al peso del autoritarismo estatal.

Rodrigo Baño (1985), en su estudio sobre el movimiento poblacional en dictadura, lo entendió como un movimiento relacionado directamente con una respuesta popular a la exclusión, segregación y atomicidad impuestas. Analizó

11 Sin embargo, para este autor los pobladores no constituyeron un movimiento social sino más bien fueron sujetos de acción colectiva orientadas a formas de integración social.12 Fueron los sindicatos y las organizaciones de profesionales quienes llamaron a las primeras protestas.13 Cabe subrayar que el tema de los pobladores, su estudio y su relevancia dentro del proceso histórico chileno es aún un campo abierto, no cerrado ni resuelto.14 Véase Tironi, 1987a:64. En este último artículo, Tironi planteaba que el concepto de pobladores es un eufemismo que se emplea ordinariamente para designar al sector social que mejor representa el fenómeno de la desintegración.

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el movimiento popular urbano, en sus vertientes sindical y poblacional, y en su relación con las movilizaciones y, con la penetración de los partidos políticos en las poblaciones, recalcando que el más rasgo más típico de los movimientos populares fue su carácter de pertenencia a una clase social, es decir, como expresión de los dominados en relación al sistema de dominación.

Claro está que, tras el quiebre del sistema político, el Estado ya no era un interlocutor válido, por lo que resultó muy importante el carácter de “paraguas democrático” (Guilladat; Mouterde, 1998:74) que adoptó la jerarquía católica15 para que, a través de él, los pobladores lograran diversificarse y organizarse.

Con todo, sin desconocer el carácter de sujeto histórico de los pobladores, y ante la destrucción de las experiencias democráticas y organizativas previo al Golpe de Estado de 1973, sostengo que la dictadura produjo una convergencia de dos “proyectos” que apelaban a la inclusión: por un lado, un sector de la Iglesia Católica que cumpliendo un rol de impulsor y generador de espacios. Por otro lado, posibilitó que el movimiento de pobladores extendiera -dentro de él- sus formas de organización y prácticas democráticas y respondiera frente a la dictadura militar sobre todo en los primeros años.

Mario Garcés y Gonzalo de la Maza (1985) plantean que en 1975-76 emergen las primeras expresiones de organizaciones sociales, principalmente en el mundo poblacional, impulsadas desde la Iglesia Católica para apaliar los efectos de la política económica neoliberal a través de la asistencia y solidaridad.

La “explosión de las mayorías” que surgió en el año 1983 fue, de algún modo, producto de la lenta rearticulación de la sociedad civil, proceso lento y sacrificado trabajo que tuvo tanto como agente a la Iglesia Católica y sus redes como también de las experiencias organizativas de los pobladores. Ahora, si bien la acción de la Iglesia católica “en la base” puede considerarse como de “agente externo” al movimiento de pobladores sostengo que, de alguna manera, la institución eclesial vino a sintetizar una cultura “católica popular de los pobladores”:

La Iglesia de la población se constituye en lugar de encuentro y rearticulación en muchos sectores, favoreciéndose tanto a la organización popular como la construcción de una nueva identidad cristiana que ésta marcada por el esfuerzo de articular la fe con la vida, la fe con la política, la fe con un proyecto popular de liberación (Garcés; De la Maza, 1985:13).

15 Probablemente, si la Iglesia Católica no hubieses adoptado su defensa hacia los Derechos Humanos, la represión hubiese sido aún mayor. Sobre este punto, David Fernández plantea: “La reacción de la Iglesia chilena frente a la violación de los Derechos Humanos es lo mínimo que se podía esperar de ella teniendo en cuenta la evolución del catolicismo social en Chile”. Véase Fernández, 1996:147.


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En los estudios y tesis sobre las protestas de los años 80 se desarrollaron hipótesis que proponen el origen de las mismas a partir de la injerencia de los partidos políticos en la acción del movimiento de protesta. En ese sentido, Cathy Schneider (1990) plantea que la movilización de los pobladores surgió a partir de la relación orgánica entre los militantes políticos y los pobladores, lo cual permitió que se organizaran durante un período de represión interna y, en el contexto de crisis política, se movilizaron a gran escala. Schneider sostiene, en definitiva, que el movimiento de protesta surgió con más fuerza en los barrios de tradición de izquierda.

La visión totalizante de Schneider sobre los llamados “barrios rojos”, según la cual lo determinante fue la conducción partidaria16, no parece dar cuenta de la realidad. Pues en el interior de tales “barrios rojos” había también comunidades cristianas desde donde se movilizaron protestas sobre la base de una lectura “liberadora de la Biblia”. Para muchos católicos de base las comunidades fueron significativas.

Se les puede hacer la misma crítica a Gabriel Salazar y Julio Pinto quienes plantean que la Iglesia Católica sólo hizo de “acompañamiento” solidario a la resistencia a la dictadura (Cfr. Salazar; Pinto, 1999:262). Este argumento también tiene relación con lo anterior. Los autores ven la acción de la Iglesia como algo ajeno a la población y no visibilizan que dentro del mismo movimiento de pobladores, existen también sujetos que motivados por sus creencias religiosas, decidieron actuar. Además, no destacan, por ejemplo la labor de algunos sacerdotes que se comprometieron en la lucha reivindicativa en las poblaciones, que aparecieron como “portavoces legítimos” en la denuncia de los atropellos y violencia ejercida por los aparatos del régimen17. Se podría afirmar que estos autores tienen en mente la crítica a la Iglesia “oficial” más que la acción de la Iglesia en “la base” que se comprometió con los pobres de la ciudad.

16 La labor de la Iglesia Católica, en su labor de defensa de los derechos humanos, recreó la actividad de los partidos políticos ilegalizados (sobre todo de izquierda) para que rearticularan su orgánica partidaria. Según Marcelo Robles, el punto de convergencia entre la Iglesia y los partidos en la clandestinidad como el PC y el MIR, en Pudahuel, nació por el despertar de la conciencia de los abusos de la represión, la marginalidad y el hambre. El enfoque hacia esos problemas, hizo que existiese una aproximación y trabajo de las Iglesias locales con los cuadros políticos que comenzaban a rearticularse al amparo de las comunidades cristianas. Ver Robles, 2007:363-366.17 De La Maza, Gonzalo; Garcés, Mario, 1985:112. Algunos sacerdotes comprometidos con los más pobres se encuentran el Padre Dubois, Mariano Puga, Gonzalo Aguirre, entre otros.

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Los espacios físicos (comunidades cristianas de base y parroquias18) ofrecidos por la Iglesia Católica eran la única instancia, en una población, donde se producía un encuentro en las bases sociales frente a la severa limitación que imponían los militares. A medida que se fue expandiendo el dominio militar, la sociedad civil se vio obligada a recrear sus formas de relación y producción. La aplicación del nuevo modelo económico neoliberal impuso una lógica de individualismo que se contraponía a la lógica comunitaria de los pobladores y, al mismo tiempo, de la Iglesia Católica.

En un estudio realizado en 1981, Jorge Chateau (1981) planteaba que la política económica del régimen militar fue la de desmantelar las organizaciones sociales, deslegitimar sus demandas reduciéndolas a problemas individuales, como la incapacidad de ahorro. A ello se agregaba el control policial por amedrentamiento de las poblaciones y el intento de cooptación de organizaciones y dirigentes de diversos medios y organizaciones.

Se podría afirmar que el control del espacio físico –como sostiene Bernarda Gallardo (1986)- resultó una prolongación del ejercicio de control del poder militar-estado sobre la población, por lo que el “lugar social” de los pobladores dejó de ser un vehículo y lugar de encuentro, y pasó a ser una forma del autoritarismo. Se trata –enfatiza Gallardo- de un control que busca disciplinar y exigir obediencia, de dos formas: vigilando ese espacio y a la vez transformando en vigilantes a los habitantes. Por tanto, ante una situación de vigilancia permanente por parte de los aparatos represivos del régimen, los pobladores tuvieron en la iglesia el espacio de libertad que les hacía falta.

Dicho de otro modo, la población fue una “forma de comunidad”, fundada en la cooperación solidaria, en el que existieron ciertos elementos comunes donde a menudo, existía un objetivo en común, por ejemplo la lucha en la “toma” para obtener un terreno o bien afrontar los problemas económicos de la dictadura. El sentimiento de pertenecer aún “todo” que en este caso sería la población, también se tradujo en estos “espacios sagrados”.

En su compromiso con los Derechos Humanos, la Iglesia Católica alentó a que muchos pobladores (no hizo distinción alguna) se desarrollaran a través de sus organizaciones con un carácter “emancipador”, para que así, los pobladores,

18 Estas comunidades tuvieron un gran auge a partir de 1975, y fueron diversificándose, geográficamente, por la ciudad de Santiago y en otras ciudades del país. El mayor número de comunidades se concentraron en las zonas oeste y sur (decanatos de Pudahuel Norte y Sur, Estación Central, José María Caro, Santa Rosa), en menos medida en la zona norte y en los sectores más pobres de la zona oriente. Hacia el año 1985 existieron unas 300 comunidades, en la capital, en su momento de mayor desarrollo. Véase Castillo, 1991:74 y Pastor, 1993:66.


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sin temor, pudieran continuar su protagonismo en la vida cotidiana, articulando sus prácticas populares en estos “espacios sagrados”. Ésta última la consideramos como un espacio religioso que generó un espacio de encuentro de los hombres con Dios, y los hombres y mujeres entre sí.

La Iglesia y sus redes comunitarias animaron la resistencia de la sociedad civil ante los cambios sufridos en el ámbito económico y político. Esta resistencia se dio sobre la base de su dinámica de reflexión fraguando una cultura de solidaridad y propiciando que los grupos populares pasaran a tener conciencia de su realidad, expresándose en la conformación de las primeras ollas comunes, comedores infantiles, grupos de salud, grupos de ayuda fraterna, Vía Crucis, etc19.

La lógica inclusiva y comunitaria pudo ofrecer una alternativa y una resistencia ante las dificultades económicas y el constante acoso de los aparatos represivos del régimen. La prioridad otorgada a los sentimientos comunitarios fue lo que unía a la Iglesia Católica en su base cómo a la práctica acumulativa de los pobladores santiaguinos, en sus inagotables luchas.

En suma, los espacios sagrados ofrecidos por la Iglesia Católica para mantener las experiencias organizativas de los pobladores se fundaron una concepción solidaria, a los márgenes del poder estatal, donde se puso a la persona como centro, tomando en cuenta su vida integral tanto en lo personal, y familiar, como en lo vecinal, cultural y religioso, más allá de su pertenencia de clase social u orientación ideológica, permitiendo el fortalecimiento de la sociedad civil.

Estas redes sociales de la Iglesia Católica fueron espacio para la autoestima, donde los pobladores pudieron sentirse valorados y estimulados para hacer frente a los problemas tanto personales como colectivos, afrontando de manera digna la extrema de pobreza, así como la inseguridad, el temor, la represión, los allanamientos, el desamparo y el abatimiento. Con ello, frente al contexto represivo de las dictaduras, la acción de la Iglesia Católica fue clave no sólo para proteger los Derechos Humanos sino también para ser portavoces efectivos de los problemas y anhelos de parte de los pobladores.

Conclusión

Me ha parecido de interés traer a colación la importancia que tuvo el apoyo de la Iglesia Católica al movimiento de pobladores durante el período del régimen militar. A este régimen, con su política excluyente, se le contrapuso una propuesta incluyente gracias al énfasis social y de defensa de los derechos

19 Véase Cuadernos de Historia Popular, s/f:24.

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humanos de la Iglesia Católica. Ella puso a disposición sus espacios sagrados para que los pobladores extendieran sus lógicas organizativas y prácticas solidarias ante una realidad hostil.

Pero más allá de todo eso, lo que quiero resaltar es que no se puede entender el inicio de las protestas nacionales sin antes ver que la reconstrucción del tejido social fue ayudado por el trabajo de las redes de la Iglesia en la base. Cabe señalar que, en la atmósfera de miedo ante el terrorismo de Estado, la tradición cultural católica de los pobladores que permitió facilitar, aún más, el trabajo de recomposición social, la resistencia ante el miedo del terrorismo de Estado y –lo más importante- la vuelta a la democracia.

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el rol de la iglesia catolica en la reconstruccion del tejido social popular durante la dictadura...

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