el planejament i les ordenances en la regulaci x

El planejament i les ordenances en la regulació de l es activitats. La seva aplicació en els habitatges d’ús

turístic i els clubs de fumadors de cannabis.27 de novembre de 2015

Alfred Lacasa Tribó. ICAG 2441Secretari d’Administració LocalAjuntament de Granollers

Curs d’actualització normativa en matèria d’activita tsGerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activi tats

Part I.- LES POTESTATS DELS PLANS URBANÍSTICS I DE L ES ORDENANCES EN LES ACTIVITATS

1.- Objectiu de la sessió: tractar les tècniques de limitació de les activitats per mitjà dels plans urbanístics i les ordenances municipals i en concret què implica la Directiva de Serveis en la regulació de les condicions d’implantació o regulacióa) Què és una activitat a efectes de la Directiva de Serveisb) Els requisits per avaluar (art 15 de la DS). La seva projecció en les activitatsc) Els requisits prohibits (art 14 de la DS). La seva projecció en les activitats

2.- Recull de la jurisprudència sobre el què pot fer el planejament i les ordenances en la regulació de les activitats

2.1.- El planejament regula les condicions d’ubicació de les activitats.a) Les tècniques de limitació admesesb) Les tècniques de limitació prohibides

2.2.- Les ordenances regulen les condicions de desenvolupament de les activitatsa) Les tècniques de limitació admesesb) Les tècniques de limitació prohibides

3.- Precaucions i línies de reflexió futures en relació als efectes de la Directiva de Serveis en àmbits què d’un lectura inicial es podria creure que no els és d’aplicació

Part II.- PROJECCIÓ DE LA TESIS AQUÍ SOSTINGUDA EN ELS HUT’S I ELS CLUBS DE CÀNNABIS

4.- Els plans d’usos que regulen habitatges d’ús turístic.

5.- Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cannabis.

1.- Objectiu de la sessió: tractar les tècniques de limitació de les activitats per mitjà dels plans

urbanístics i les ordenances municipals i en concret què implica la Directiva de Serveis en la

regulació de les condicions d’implantació o regulació

a) Què és una activitat a efectes de la Directiva de ServeisArt 4 de la Directiva: «servicio» cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado;

b) Pàgina 15 del MANUAL SOBRE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA DE SE RVICIOS

“ Así, con arreglo al significado previsto en el Tratado CE y en la Directiva de servicios, para que una actividad constituya un "servicio" ha de realizarse por cuenta propia, es decir, ha de ser realizada por un prestador (que puede ser persona física o jurídica) al margen de un contrato de trabajo9. Además, debe realizarse normalmente a cambio de una remuneración; en otras palabras, ha de ser de naturaleza económica. Estas condiciones deben evaluarse caso por caso en cada actividad. El mero hecho de que una actividad sea realizada por el Estado, por un órgano de éste o por una organización sin ánimo de lucro no significa que no constituya un servicio conforme al significado recogido en el Tratado CE y en la Directiva de servicios10. Más bien, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE, "la característica esencial de la remuneración reside en el hecho de que esta última constituye la contrapartida económica de la prestación que se discute”1 Es irrelevante que la remuneración sea abonada por el destinatario del servicio o por un tercero. En cualquier caso, cabe señalar que el TJCE, en el contexto de los servicios de educación prestados en el marco del sistema de educación nacional, declaró que las matrículas que los alumnos o sus padres deben abonar en ocasiones para contribuir en cierta medida a sufragar los costes de funcionamiento del mismo no constituyen como tales una remuneración si el sistema se financia de todos modos esencialmente mediante fondos públicos13.

� Sin ánimo de exhaustividad, pueden mencionarse como ejemplos de servicios contemplados en la Directiva los siguientes: las actividades de la mayoría de las profesiones reguladas (como asesores jurídicos y fiscales, arquitectos, ingenieros, contables, peritos), los servicios de los artesanos, los servicios a empresas (como los de mantenimiento de oficinas, consultoría de gestión, organización de eventos, cobro de deudas, publicidad y selección de personal), las tareas de distribución (incluido el comercio minorista y mayorista de bienes y servicios), los servicios en el campo del turismo (como los que prestan las agencias de viaje), los servicios de ocio (como los que prestan centros deportivos y parques de atracciones), los servicios de construcción, los de instalación y mantenimiento de equipos, los servicios de información (como portales de Internet, agencias de noticias, editoriales, actividades de programación informática), los servicios de alojamiento y restauración (como los que prestan hoteles, restaurantes, empresas de comidas a domicilio), los servicios en el área de la formación y la educación, los servicios de alquiler (incluido el alquiler de automóviles) y de leasing, los servicios inmobiliarios, los de certificación y verificación, los servicios domésticos (como los de limpieza, cuidadores de menores y jardinería), etc.

� En la legislación marco de transposición de la Directiva, sería aconsejable que los Estados miembros siguieran el mismo planteamiento, es decir, que definieran el ámbito de dicha legislación como aplicable a la totalidad de las actividades de servicio que no se excluyeran de manera explícita.




� El problema d’on sorgeix?

L’urbanisme està exclòs de la Directiva de Serveis: apartat 9 de la exposició de motius de la DS en afirmar que «sólo se aplica a los requisitos que afectan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como [...] normas relativas en la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción». La justificación es que la DS no se aplica a normas «que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada».




� Així els Tribunals, en el camp de les activitats come rcials, han recollit una doctrina ja consolidada. Fins ara sabíem (síntesi de les impugnacions de la normativa comercial balear i catalana)

� Les barreres i restriccions que tenen el seu origen en una regulacióineficient aturen el seu desenvolupament.� Llicencies administratives � Horaris comercials� Prohibició de venda a perdua

� Concentració del poder de compra en la distribució comercial (a pesar del control de las AACC)� Abusos en las relacions amb els fabricants� Control de l’accés al mercat per nous productes� Influencia determinant en los preus (risc de colusió)

� Restriccions en los acords de distribució� Estan sotmesos a las normes de competència




� Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª).Sentencia núm. 129/2012 de 17 febrero

� El apartado 2 de la Memoria versa sobre el objeto del Plan y en el mismo se indica que responde a la necesidad de potenciar los sectores que generan más actividad urbana y se está observando desde hace tiempo que la proliferación de oficinas bancarias, agencias inmobiliarias, despachos profesionales y otros servicios en las plantas bajas de las calles más comerciales, provoca que se esté consolidando un progresivo desequilibrio entre estos usos y los estrictamente comerciales, y la presencia de estos establecimientos de servicios se considera adecuada en una zona comercial siempre que esta última actividad sea dominante pero si no es así hay el peligro de que el comercio pase a ir a remolque de los servicios

� El Plan Especial aquí impugnado fue aprobado definitivamente en el espacio temporal comprendido entre el 28 de diciembre de 2006, la fecha prevista en la Directiva a partir de la cual los Estados miembros solo pueden introducir nuevos requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio si cumplen unos requisitos, y la entrada en vigor de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre ( RCL 2009, 2256 ) , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la citada Directiva, en concreto el 27 de noviembre de 2007.

� En esa fecha el ejercicio de la potestad discrecional de que dispone el planificador urbanístico exigía, en tanto en cuanto se dispusiera establecer nuevas limitaciones al establecimiento y ejercicio de actividades de servicios, que en la tramitación del procedimiento seguido para la aprobación del Plan Especial impugnado se hiciera tratamiento expreso de si la nueva ordenación alcanzaba solo a actividades de servicio a las que no les es aplicable el régimen dispuesto en la Directiva 2006/123/ CE, de 12 de diciembre (LCEur 2006, 3520), conforme a lo establecido en su artículo 2.2; de no ser así, ver si esas limitaciones podían incidir en el acceso y en el ejercicio de las actividades comprendidas en la Directiva, con el establecimiento de nuevos requisitos, del tipo de los contemplados en el apartado 2 de su artículo 15 , con verificación del cumplimiento de las condiciones dispuestas en su apartado 3.




� On està el problema????

«razón imperiosa de interés general», razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del




� Considerando (65)La libertad de establecimiento implica, en concreto, el principio de igualdad de

trato, que prohíbe no sólo toda discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro, sino también toda discriminación indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de hecho, al mismo resultado. Así, por ejemplo, el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio en un Estado miembro, tanto si se trata de una actividad principal como secundaria, no debe estar supeditado a criterios como el lugar de establecimiento, de residencia, de domicilio o de prestación principal de una actividad. No obstante, estos criterios no deben incluir requisitos según los cuales el prestador, o uno de sus empleados o un representante, deba estar presente durante el ejercicio de la actividad cuando se justifique por una razón imperiosa de interés público. Asimismo, los Estados miembros no deben restringir la capacidad jurídica o el derecho de las sociedades constituidas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de otro Estado miembro, en cuyo territorio tengan su establecimiento principal, a interponer acciones judiciales. Más aún, los Estados miembros no deben tener la posibilidad de conceder ventaja alguna a los prestadores que tengan un especial vínculo socioeconómico nacional o local, ni de restringir, invocando el lugar de establecimiento, la libertad del prestador de adquirir, explotar o enajenar derechos y bienes o de acceder a diversas formas de crédito y de vivienda en la medida en que dichas facultades sean necesarias para acceder a su actividad o para su ejercicio efectivo.




� Cuestiones jurídicas sobre la aplicación de la Directiva de servicios Eduard Paricio Rallo, QDL, núm. 21, octubre de 2009:

� “Ahora bien, en materia de planeamiento urbanístico, sí que pueden quedar inicialmente afectadas las restricciones que no estén formuladas en términos generales, sino que regulen específicamente el establecimiento de determinados servicios, por ejemplo, la imposición de distancias o de una superficie mínima a algún tipo específico de establecimiento. La limitación del número de establecimientos queda limitada al supuesto de escasez de recursos naturales o físicos, o de limitación de la capacidad técnica a utilizar en el desarrollo de la actividad (PLLA, artículo 8.1). Es posible defender el mantenimiento de limitaciones de estas características al planeamiento, ya que los límites de densidad en determinadas actividades pueden tener una justificación urbanística, para evitar clusters o ghettos urbanos (prostitución), o molestias por concentración (bares). Ahora bien, la presencia de una limitación geográfica del número de actividades admisible en una zona, y, al mismo tiempo, la sumisión a licencia de estas actividades, producen una situación difícil, ya que, en esta situación, las autorizaciones –las licencias urbanísticas de uso– deberían ser temporales y concedidas en licitación pública, según imponen inexorablemente el artículo 12 de la Directiva y el artículo 8 del Proyecto de ley de libre acceso (…)”

� “Ahora bien, hay que recordar que no es suficiente identificar una razón de interés general, sino que, en primer lugar, la razón debe ser lo suficientemente intensa –imperiosa necesidad– y, en segundo lugar, esta razón debe imponer necesariamente la restricción o el control previo en cuestión, de forma que la misma finalidad no se pueda conseguir con una restricción menor (TJCE Sala 2.ª, S 2-10-2008, núm. C-360/2006). Así pues, esta posibilidad de ampliación queda en un terreno fuertemente subjetivo. “







� 9.8 del TRLUCAT, modificat per la Llei de simplificació, que diu: "El planejament urbanístic i les ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden establir condicionants en els usos del sòl que comportin restriccions a l’accés o a l’exercici de les activitats econòmiques que vulnerin els principis i requisits establerts per la Directiva de serveis. Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la ma teixa Directiva de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplic ació . Aquestes restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment justificada en la memòria del pla en ponderació amb la resta d’interessos generals considerats en el planejament".

� Art 15 de la ds. Els requisits per avaluar� 1. Los Estados miembros examinarán si en su ordenamiento jurídico están previstos los requisitos contemplados en el apartado 2 y harán lo

necesario para que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones contempladas en el apartado 3. Los Estados miembros adaptarán sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas con el fin de lograr que sean compatibles con dichas condiciones.

� 2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los siguientes requisitos no discriminatorios:

� a) límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores;

� b) requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una forma jurídica particular;� c) requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad;� d) requisitos distintos de los relativos a las materias contempladas en la Directiva 2005/36/CE o de los previstos en otros instrumentos comunitarios

y que sirven para reservar el ac cceso a la correspondiente actividad de servicios a una serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad;

� e) prohibición de disponer de varios establecimientos en un mismo territorio nacional;� f) requisitos que obliguen a tener un número mínimo de empleados;� g) tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar;� h) obligación de que el prestador realice, junto con su servicio, otros servicios específicos.� 3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes:� a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a

las sociedades, del domicilio social;� b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;� c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo

necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

� 4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán únicamente a la legislación en el ámbito de los servicios de interés económico general en la medida en que la aplicación de esos apartados no perjudique la realización, de hecho o de derecho, de las tareas particulares que se les han confiado.

� 5. En el informe de evaluación recíproca previsto en el artículo 39, apartado 1, los Estados miembros indicarán lo siguiente:� a) los requisitos que tienen previsto mantener y los motivos por los que consideran que dichos requisitos reúnen las condiciones contempladas en

el apartado 3;� b) los requisitos que se han suprimido o simplificado.� 6. A partir del 28 de diciembre de 2006, los Estados miembros únicamente podrán introducir nuevos requisitos del tipo de los contemplados en el

apartado 2 cuando reúnan las condiciones establecidas en el apartado 3.� 7. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier nueva disposición legal, reglamentaria o administrativa en la que se prevean

requisitos contemplados en el apartado 6, motivándolos. La Comisión comunicará dichas disposiciones a los demás Estados miembros. Esta notificación no impedirá a los Estados miembros adoptar las disposiciones en cuestión.

� En el plazo de tres meses a partir de la recepción de la notificación, la Comisión examinará si estas nuevas disposiciones son compatibles con el Derecho comunitario y, si procede, adoptará una decisión en la que solicite al Estado miembro de que se trate que no las adopte o que las derogue.

� La notificación de un proyecto de ley nacional de acuerdo con la Directiva 98/34/CE cumplirá a la vez con la obligación de notificación establecida en la presente Directiva.




� Art 14 de la ds. Els requisits prohibits

� Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios al cumplimiento de los siguientes requisitos:

� 1) requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad o, en lo que se refiere a las sociedades, el domicilio social, y, especialmente:

� a) requisito de nacionalidad para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión, b) requisito de residir en el territorio nacional para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión;

� 2) prohibición de estar establecido en varios Estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios Estados miembros;

� 3) limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario y, especialmente, la obligación de que el prestador tenga su establecimiento principal en el territorio nacional, o limitaciones de la libertad de elección entre establecimiento en forma de agencia, de sucursal o de filial;

� 4) condiciones de reciprocidad con el Estado miembro en el que el prestador tenga ya su establecimiento, con excepción de las previstas en los instrumentos comunitarios en materia de energía;

� 5) aplicación, caso por caso, de una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente; esta prohibición no afectará a los requisitos de planificación que no sean de naturaleza económica, sino que defiendan razones imperiosas de interés general;

� 6) intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras decisiones de las autoridades competentes, con excepción de los colegios profesionales y de las asociaciones y organismos que actúen como autoridad competente; esta prohibición no afectará a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o los interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las solicitudes de autorización individuales, ni a una consulta del público en general;

� 7) obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un seguro con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. Ello no afectará a la posibilidad de los Estados miembros de exigir garantías de un seguro o financieras como tales, ni a los requisitos relativos a la participación en fondos colectivos de compensación, por ejemplo, para miembros de colegios u organizaciones profesionales;

� 8) obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determinado en los registros existentes en el territorio nacional o de haber ejercido previamente la actividad durante un período determinado en dicho territorio.




Així, quan mitjançant una ordenança o un planejament, afectem des de la òptica de la DS el Dret d’establiment??




� Sobre el concepte de restricció: Tratado de 25 de marzo 1957DOC 10 noviembre 1997, núm. 340-Serie C, versió consolidada

� Artículo 43.� (antiguo artículo 52)� En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las

restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderáigualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

� La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo del artículo 48 , en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las disposiciones del Capítulo relativo a los capitales.




� Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, el artículo 43 CE ( RCL 1999, 1205 ter) se opone a cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los ciudadanos de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado (véanse, en particular, las sentencias de 14 de octubre de 2004 [ TJCE 2004, 295] , Comisión/Países Bajos, C-299/02, Rec. p. I-9761, apartado 15, y de 21 de abril de 2005 [ TJCE 2005, 108] , Comisión/Grecia, C-140/03, Rec. p. I-3177, apartado 27).

� En este contexto, interesa recordar que el concepto de «restricción» en el sentido del artículo 43 CE ( RCL 1999, 1205 ter) abarca las medidas adoptadas por un Estado miembro que, aunque sean indistintamente aplicables, afectan al acceso al mercado de las empresas de otros Estados miembros y obstaculizan así el comercio intracomunitario (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004 [ TJCE 2004, 273] , CaixaBank France, C-442/02, Rec. p. I-8961, apartado 11, y de 28 de abril de 2009 [ TJCE 2009, 98] , Comisión/Italia, C-518/06, Rec. p. I-3491, apartado 64, así como, por analogía, la sentencia de 10 de febrero de 2009 [ TJCE 2009, 21] , Comisión/Italia, C-110/05, Rec. p. I-519, apartado 37).




� Fonaments Jurídics de la Sentència que resol la impugnació de la normativa comercial catalana (PTSEC i POEC), Caso Comisión Europea contra España. Sentencia de 24 marzo 2011:

� Según reiterada jurisprudencia, las restricciones a la libertad de establecimiento que sean aplicables sin discriminación por razón de nacionalidad pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés general, siempre que sean adecuadas para garantizar la reali zación del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho obje tivo ( sentencias de 10 de marzo de 2009 [ TJCE 2009, 50] , Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 44; de 19 de mayo de 2009 [ TJCE 2009, 147] , Apothekerkammer des Saarlandes y otros, C-171/07 y C-172/07, Rec. p. I-4171, apartado 25, y Blanco Pérez y Chao Gómez, antes citada, apartado 61).

� Entre esas razones imperiosas reconocidas por el Tribunal de Justicia figuran la protección del medio ambiente (véase, en particular, la sentencia de 11 de marzo de 2010 [ TJCE 2010, 73] , Attanasio Group, C-384/08, Rec. p. I-0000, apartado 50 y jurisprudencia citada), la ordenación del territorio (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2009 [ TJCE 2009, 304] , Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, Rec. p. I-9021, apartado 29 y jurisprudencia citada) y la protección de los consumidores (véase, en particular, la sentencia de 13 de septiembre de 2007 [ TJCE 2007, 228] , Comisión/Italia, C-260/04, Rec. p. I-7083, apartado 27 y jurisprudencia citada). En cambio, los objetivos de carácter meramente económico no pueden constituir una razón imperiosa de interés general (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010 [ TJCE 2010, 103] , CIBA, C-96/08, Rec. p. I-0000, apartado 48 y jurisprudencia citada).

� 75




2.2.2.2.---- Recull de la jurisprudRecull de la jurisprudRecull de la jurisprudRecull de la jurisprudèèèència sobre el quncia sobre el quncia sobre el quncia sobre el quèèèè pot fer el planejament i les ordenances en la regulacipot fer el planejament i les ordenances en la regulacipot fer el planejament i les ordenances en la regulacipot fer el planejament i les ordenances en la regulacióóóó

de les activitatsde les activitatsde les activitatsde les activitats

� Els plans: les condicions d’ubicació dels usos:� Límits:

� Justificació (la memòria)� Els límits entre el planejament derivat i el planejament general (l’estructura fonamental

del pla)� La seva previsió o no al planejament� Són reglaments de la Llei d’urbanisme

� Les ordenances, les condicions d’ubicació i les condicions d’accés de les activitats:� Límits:

� Són reglaments de les lleis sectorials (molt important!!!)� Les condicions quan siguin de restricció han d’estar suportades en la norma sectorial� No es poden imposar més requisits que els establerts en les normes� Poden simplificar procediments (transposició efectiva de la DS per via reglamentària)

� Els plans, carácter normatiu: STS de 24-4-1989 [RJ 1989, 3226]

� Efecte general, no notificació individual: STSJ del TSJ de Madrid de 28-2-2005 [RJCA 2005, 564]

� Principi de jerarquía normativa ( STS de 20-5-1999 [RJ 1999, 3641] , o de 26-9-2001 [RJ 2001, 7606] ), o la vigència indefinida( STS de 25-7-2000 [RJ 2000, 7025] )



� Perquè una tècnica restrictiva en el camp de l’urbanisme i les activitats sigui admesa ha de respectar 5 pilars conceptuals:

1er.- Filtre de la DS i de la motivació dels actes administratius2on.- La tècnica de distàncies3er.- La tècnica de densitat4art.- La tècnica del numerus clausus5è.- El respecte a la Llei sectorial que li sigui d’aplicació

Veure el recull de jurisprudencia de les impugnacions del`pla d’usos de ciutat vella (any 2010) Sentencia núm. 620/2014 de 5 noviembre. JUR 2015\14489, 431/2014, de 16 de juliol i 199/2014, de 2 d’abril

� En el camp de l’urbanisme…

� TRLUCAT Article 9 (s’obvia l’apartat 8è que l’hem ci tat abans) � Directrius per al planejament urbanístic� 1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l'execució del planejament urbanístic

permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.

� 2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.

� 3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.

� 4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.

� 5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un incendi no pot fonamentar la modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s'ha de mantenir durant el termini previst a la legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un instrument de planejament urbanístic pendent d'aprovació que ja hagués estat objecte d'avaluació ambiental favorable.

� 6. Si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir les determinacions adequades per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent.

� 7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.



� En el camp de les activitats..� STSJ de Madrid 578/2012, de 19 d’abril:� Supòsit de fet: El artículo 14 apartado 1º de la nueva ordenanza indica que El apartado 1 del artículo 2 la ordenanza de 21 de diciembre de 2006

queda redactado como sigue: "1. Terrazas de veladores: son las Instalaciones formadas por mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, dispositivos de climatización y otros elementos de mobiliario móviles y desmontables, que desarrollan su actividad de forma accesoria a un quiosco de temporada o permanente o a un establecimiento principal de bar, cafetería, restaurante, bar-restaurante, café bar, taberna, chocolatería, heladería, salón de té, croisantería . Estas instalaciones podrán ubicarse en suelo público o privado. En los bares y restaurantes que tengan la consideración de usos asociados de edificios exclusivos de uso terciario solo podrán ubicarse en los espacios libres de parcela de titularidad privada y en los respectivos patios interiores. No obstante, los servicios de restauración de los hoteles podrán Instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad municipal. En todos los casos solo se podrá realizar la misma actividad y expender los mismos productos que el establecimiento del que dependen ". Y el apartado 7 del citado artículo 14 que el artículo 14 de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006 queda redactado del siguiente modo:"Artículo 14. Restricciones por la actividad a la que se adscriba. 1 Solamente se concederá autorización para la Instalación de terrazas de veladores cuando sean accesorias a un quiosco de temporada o permanente, o a un establecimiento principal de cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería. A los bares y restaurantes que tengan la consideración de usos asociados en edificios exclusivos de uso terciarlo se les podrá autorizar la instalación de terraza de veladores tanto en los espacios libres de parcela de titularidad privada como en los patios interiores privados. Los servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad municipal, siempre que los hoteles dispongan de un acceso directo desde la vía pública ".

� (...)� Por tanto al no resultar la prohibición, restricción o limitación establecida en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid

por la que se adaptan al ámbito de la Ciudad de Madrid las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. de 12 de diciembre de 2006 (LCEur 2006, 3520) que modifica la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006, que impide a bares especiales, discotecas, salas de fiesta instalar terrazas o veladores, dicha disposición ha de entenderse contraria a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y debe ser anulada , lo que supondrá la eliminación en el apartado 1 del artículo 2 y en el artículo 14 de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006 de toda referencia a " cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería" lo que permitirá el acceso a dicha actividad aneja a los bares especiales, discotecas, salas de fiesta y otros establecimientos de hostelería, los cuales habrán de cumplir en lo referido a la terraza o el velador el resto de las prescripciones contenidas en la ordenanza, deberán obtener la autorización o concesión si ocupan dominio público municipal y al estar sometidos régimen común como la propia actora indique no podrán instalar elementos de reproducción sonora y deberán ajustar el horario de las terraza y veladores anejos al horario especial de este tipo de instalaciones

� VID LA STS 29/04/2014



� DIU LA STS de 5 de maig de 2014. RJ 2014\269, que corregeix la citada anteriorment….

“Lo cierto es que sujetar a diferente régimen, respecto de las terrazas con veladores, a " cafetería, bar, restaurante, bar- restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería ", respecto de las discotecas, salas de fiesta y bares especiales, no resulta discriminatorio, injustificado ni desproporcionado, como antes adelantamos y ahora desarrollamos.

� SEXTO� No es discriminatorio porque se trata de establecimientos sustancialmente diferentes, en los que las diferencias esenciales se concentran en

los horarios de apertura, en el impacto acústico que puede comportar, en el tipo de servicio que se presta en los diferentes establecimientos, y en la diferente actitud de los usuarios según el servicio que se presta en el interior del mismo. De manera que estas circunstancias son elementos diferenciadores que tienen indudable trascendencia jurídica, proporcionando al trato diferente de una justificación objetiva y razonable.

� No puede predicarse una uniformidad en el régimen jurídico de aplicación, respecto de las terrazas de veladores, cuando las situaciones jurídicas contempladas son diferentes, haciendo tabla rasa, por tanto, de las diferencias que antes señalamos. La proscripción de la discriminación, artículo 14 de la CE (RCL 1978, 2836) , impone que no pueda equipararse, confiriendo igual trato, a lo que es por su propia naturaleza diferente.

� SÉPTIMO� No es injustificado , además de las razones expuestas respecto de la discriminación, porque precisamente el interés general avala el diferente

trato que previene la ordenanza impugnada en la instancia. Recordemos que la justificación que exige el Derecho comunitario y el Derecho interno se refiere, en el artículo 10.2.b) de la Directiva 2006/123/CE y artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256) , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a una justificación basada en elinterés genera l.

� No se trata, por tanto, de una motivación adicional que ha de contener la norma reglamentaria que se modifica e impugnada en la instancia, como parece sostener la sentencia recurrida. No. Se trata de una diferencia justificada porque resulta acorde con las razones que demanda el interés general. Y es este precisamente el que aconseja adoptar un criterio diferente en uno y otro tipo de establecimientos.

� OCTAVO� Tampoco es desproporcionado porque el principio de proporcionalidad que enuncian los citados artículos 10 de la Directiva y 9 de la Ley

17/2009 se refiere, como tradicionalmente corresponde a este principio, a la proporcionalidad respecto del " objetivo de interés general ".� Con carácter general, recordemos, el principio de proporcionalidad pone en relación la necesidad de una adecuación entre el fin perseguido por

razones de interés público y los medios que se emplean para su consecución.� Acorde con dicha enunciación, la proyección de la proporcionalidad en este ámbito de intervención, como es la procedencia de terrazas de

veladores en determinados establecimientos, ha de basarse en una interpretación acorde con el interés público concernido, que revela que la cita del tipo de establecimientos en los que se permite esta clase de terrazas, que omite la mención a las discotecas, salas de fiesta y bares especiales , se produce por las características cualitativamente diferentes de estos locales, respecto de los que cita la ordenanza ( cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería), lo que necesariamente ha de condicionar la actividad administrativa, en lo relativo a la correspondencia entre medios empleados y fines que se persiguen.”



� Em reitero...

� FJ cinquè in fine… “a) No ser discriminatorios. b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. d) Ser claros e inequívocos. e) Ser objetivos. f) Ser hechos públicos con antelación. g) Ser transparentes y accesibles. Cuando se adoptan disposiciones que impiden a un grupo de prestadores de servicios acceder a su prestación se precisa que la norma que así lo regula motive las razones que impiden dicho acceso que habrán de estar justificadas en estén justificada por una razón imperiosa de interés general y ser proporcionados. Y además la concurrencia de estas condiciones deberá ser notificada a la Comisión Europea según lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta y deberá estar suficientemente motivada en la normativa que establezca tales requisitos”



� Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha identificado cierto número de razones imperiosas de interés general que pueden justificar restricciones a libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. Entre tales razones figuran los objetivos de seguridad vial (véanse, en particular, las sentencias de 5 de octubre de 1994 [ TJCE 1994, 181] , Van Schaik, C-55/93, Rec. p. I-4837, apartado 19, y de 15 de marzo de 2007 [ TJCE 2007, 61] , Comisión/Finlandia, C-54/05, Rec. p. I-2473, apartado 40 y jurisprudencia citada), la protección del medio ambiente (véanse, en especial, las sentencias de 20 de septiembre de 1988 [ TJCE 1989, 24] , Comisión/Dinamarca, 302/86, Rec. p. 4607, apartado 9, y de 14 de diciembre de 2004 [ TJCE 2004, 363] , Radlberger Getränkegesellschaft y S. Spitz, C-309/02, Rec. p. I-11763, apartado 75) y la protección de los consumidores (véanse, en particular, las sentencias de 4 de diciembre de 1986 [ TJCE 1987, 11] , Comisión/Francia, 220/83, Rec. p. 3663, apartado 20; CaixaBank France [ TJCE 2004, 273] , antes citada, apartado 21, y de 29 de noviembre de 2007 [ TJCE 2007, 337] , Comisión/Austria, C-393/05, Rec. p. I-10195, apartado 52 y jurisprudencia citada).

� No obstante, procede recordar que, independientemente de que exista un objetivo legítimo con arreglo al Derecho de la Unión, la justificación de una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado presupone que la medida de que se trate pueda garantizar el alcance del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido (véanse, en ese sentido, las sentencias de 26 de noviembre de 2002 [ TJCE 2002, 349] , Oteiza Olazábal, C-100/01, Rec. p. I-10981, apartado 43; de 16 de octubre de 2008 [ TJCE 2008, 244] , Renneberg, C-527/06, p. I-7735, apartado 81; de 11 de junio de 2009 [ TJCE 2009, 171] , X y Passenheim-van Schoot, C-155/08 y C-157/08, Rec. p. I-0000, apartado 47, y de 17 de noviembre de 2009 [ TJCE 2009, 351] , Presidente del Consiglio dei Ministri, C-169/08, Rec. p. I-0000, apartado 42). Además, una normativa nacional sólo es adecuada para garantizar la consecución del objetivo alegado si responde verdaderamente al empeño por hacerlo de forma congruente y sistemática (véanse, en particular, las sentencias antes citadas Hartlauer ( TJCE 2009, 50) , apartado 55, y Presidente del Consiglio dei Ministri, apartado 42).

A l’hora d’introduir restriccions des del planejame nt i les ordenances...

1.- Existència de la RIIG2.- Necessitat objectiva de la seva existència (no invocació genèrica ni mitjans artificiosos). PREGUNTA... L’ORDENAMENT JURÍDIC SECTORIAL LES HA DE RECOLLIR? EN LA MEVA OPINIÓ SÍ (seguint la teoria de què tota restricció ha d’estar en una norma amb rang de Llei)3.- Anàlisi dels requisits per avaluar i aplicació al cas concret:�a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del domicilio social;�b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;�c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

una línea jurisprudencial vincula el principi de proporcionalitat de la interdiccióde l’arbitrarietat (art. 9.3 CE). Vid. las SSTC 6/1988 (FJ 3.º) y 50/1995 (FJ 7.º). 4.- Respecte a la legalitat de la institució sigui quina sigui5.- La motivació sigui suficient

I a recordar... Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual y en el mismo sentido el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local establece que la actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, congruencia con los motivos y fines justificativos y respecto a la libertad individual

En el camp de l’urbanisme recordarem com es controla la potestat de planejament...

Per citar un Sentència, la STS de 22 de desembre de 1990. RJ 1990\10183, que en el FJ setè diu:

“técnicas que permiten que el control jurisdiccional de Administración, tan ampli amente dibujado por el art. 106,1 de la Constitución, se extienda incluso a los aspectos discrecionales de las potestades administrativas. Nuestra jurisprudencia ha venido a cogiendo los logros doctrinales al respecto:A) En primer lugar, a través del control de los hechos determinantes que en su existencia y características escapan a toda discrecionalidad: los hechos son tal como la realidad los exterioriza. No le es dado a la Administración inventarlos o desfigurarlos aunque tenga facultades discrecionales para su valoración.B) Y, en segundo lugar, mediante la contemplación o enjuiciamiento de la actividad disc recional a la luz de los principios generales del Derecho que son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que respiran las normas. Tales principios -art. 1.º,4 del Título Preliminar del Código Civil- informan todo el ordenamiento jurídico y por tanto también la norma habilitante que atribuye la potestad discrecional de donde deriva que la actuación de esta potestad ha de ajustarse a las exigencias de aquéllos -la Administración no está sometida sólo a la Ley sino también al Derecho, art. 103,1 de la Constitución-.Claro es que esta doctrina es plenamente aplicable a los aspectos discrecionales de la potestad de planeamiento. Por ello la revisión jurisdiccional de la actuación administ rativa se extenderá, en primer término, a la verificación de la realidad de los he chos para, en segundo lugar, valorar si la decisión planificadora discrecional guarda coherencia lógica con aquéllos, de suerte que cuando se aprecie una incongruencia o discordancia de la solución elegida con la realidad que integra su presupuesto o una desviación injustificada de los criterios generales del plan, tal decisión resultará viciada por infrin gir el ordenamiento jurídico y más concretamente el princi pio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos -art. 9.º,3 de la Constitución- que , en lo que ahora importa, aspira a evitar que se traspasen los límites racionales de la discrecional idad y se convierta ésta en fuente de decisiones qu e no resulten justificadas.Así lo viene declarando una frondosa jurisprudencia: sentencias de 22 de septiembre, 1 y 15 de diciembre de 1986 ( RJ 1986\6078;RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de mayo y 21 de diciembre de 1987 ( RJ 1987\5818 y RJ 1987\9687), 18 de julio de 1988 ( RJ 1988\6082), 23 de enero y 17 de junio de 1989 ( RJ 1989\427 y RJ 1989\4730), 20 de marzo, 8 y 24 de octubre, 18 de diciembre de 1990 ( RJ 1990\2246, RJ 1990\7842 y RJ 1990\8328), etc.”

� En en camp de les ordenances... � Límit 1: la competència municipal (evident)� Límit 2: La regulació de DDFF (Sentència de 14 de febrer de 2013.

RJ 2013\2613 , cas del Burka i l’Ajuntament de Lleida)� Límit 3: Jerarquía normativa (molta jurisprudèncai)� Límit 4: Qualsevol limitació de Drets (molta jurisprudència)� Límits 5: Infraccions i sancions (amb excepció de la modificació de la

LRBRL per la LMMGL de l’any 2003), ex 24 i 25 CE� Límit 6: Elements relatius a les hisendes locals i en especials les

prestacions patrimonials (31.3 CE), (ni de forma directa ni indirecta, veure en aquest sentit el FJ 5è de la Sentència del TS de 10 de desembre de 2013. RJ 2013\817, que és una de les que resol el TS contra les SSTSJ de Madrid relatives a la ordenança de llicències.

� Espai on les ordenances tenen més marge...

Sobre el marge de llibertat de les normes locals... GALAN GALAN, Alfredo, “La consolidación del principio de vinculación negativa en el mundo local. Revista” CEMCI, núm. 8, juliol-setembre de 2010 : http://www.cemci.org/revista/numero-8/pdf/articulo2.pdf

� Un exemple pràctic...

Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca. Sentencia de 20 septiembre 1988. TJCE 1989\24 :

“Para poner remedio a este obstáculo, el Gobierno danés modificó su normativa mediante el citado Decreto nº 95, de 16 de marzo de 1984, que autoriza a cada productor a comercializar hasta 3 000 hl anuales de cerveza y de bebidas refrescantes en envases no homologados, siempre que haya establecido un sistema de depósito y devolución.

La Comisión impugna la disposición del Decreto nº 95 que limita a 3 000 hl la cantidad de cerveza y de bebidas refrescantes que pueden comercializarse por productor y por año en envases no homologados, pues en su opinión no es necesaria para el logro de los objetivos perseguidos por el sistema.

A este respecto hay que observar que, ciertamente, el sistema de devolución de los envases homologados garantiza un índice máximo de reutilización y por tanto una protección muy notable del medio ambiente, ya que los envases vacíos pueden devolverse a cualquier minorista de bebidas, mientras que los envases no homologados, dada la imposibilidad de establecer para ellos una organización tan completa, únicamente pueden ser devueltos al minorista que vendió las bebidas.

No obstante, el sistema de devolución de envases no autorizados permite la protección del medio ambiente y, por lo demás, sólo afecta, en cuanto a las importaciones, a una cantidad limitada de bebidas en relación con la cantidad global de bebidas consumidas en el país, debido al efecto restrictivo que tiene sobre las importaciones la exigencia de devolución del envase. En tales circunstancias, una limitación de la cantidad de productos que pueden comercializar los importadores no guarda proporción con el objetivo perseguido”.

� En el cas concert de les distàncies entre benzineres…Caso Attanasio Group Srl contra Comune di Carbognano. Sentencia de 11 marzo 2010. TJCE 2010\73

“Además, aun admitiendo que mediante normas que establezcan distanciasmínimas obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes se puedan alcanzar los objetivos de seguridad vial y de protección de la salud y del medio ambiente, de lo expuesto por el propio órgano jurisdiccional remitente se desprende que esos objetivos se pueden alcanzar de un modo más idóneo, teniendo en cuenta la situación precisa de cada estación de servicio contemplada, en el marco de los controles que los ayuntamientos deben llevar a cabo, en todo caso, cuando se solicita una autorización para la apertura de una nueva estación de servicio de distribución de carburantes. Tal como se desprende del apartado 4 de la presente sentencia, dichos controles tendrán como objetos, entre otros, la conformidad de la estación de servicio con las disposiciones del plan de ocupación del suelo así como con las disposiciones relativas a la seguridad sanitaria, medioambiental y vial. En esas circunstancias, tal como señala el propio órgano jurisdiccional remitente, la introducción de distancias mínimas parece ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos”.

Els riscos que ens apareixen:

1.- Les normes locals posteriors a l’any 2006 que admetin restriccions no justificades estan sota sospita (per exemple, polígons que prohibeixen certes activitats i no justifiquen la seva restricció: possibilitat d’impugnació amb denegació de la llicència). Litigis de difícil configuració... Quin acte administratiu s’impugna?2.- L’admissió de recursos indirectes3.- La importància del control per part de les autoritats de la competència4.- La Llei d’unitat de mercat:

Article 26 de la Llei 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (BOE 295, de 10 de desembre):

“Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes. 1. El operador económico que entienda que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos por alguna disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación, en los términos previstos en esta Ley, podrá dirigir su reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el plazo de un mes, a través de la ventanilla que al efecto se establezca. En el caso de actuaciones constitutivas de vía de hecho, el plazo será de veinte días contados desde aquel en que se iniciaron. En concreto, podrá dirigirse la reclamación regulada por este artículo frente a toda actuación que, agotando o no la vía administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario. También podrá dirigirse frente a las disposiciones de carácter general y demás actuaciones que, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo I del Título III de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo.”

� Diu la web de la Comisió Nacional de la Competència sobre l’article 27 de la citada llei (Guía de impugnación):

� ¿Qué efectos conlleva acudir al mecanismo del artícu lo 27 frente a la interposición de un procedimiento contencioso-administrativo ordinario?

� En caso de que la CNMC acuerde impugnar el acto o disposición administrativa denunciada por el interesado, el procedimiento judicial aplicable es más breve y prevé la suspensión automática y sin necesidad de fianza del acto impugnado si la CNMC pide dicha suspensión. Una vez presentado el recurso por parte de la CNMC, el interesado podrá, además, si lo desea, personarse en el procedimiento, efectuar alegaciones e impugnar de forma autónoma las resoluciones judiciales que recaigan en aquél.

� En el supuesto de que la CNMC finalmente acordase no impugnar el acto administrativo, el interesado podría interponer recurso contencioso ordinario por su cuenta. El plazo para dicha interposición queda en suspenso, por espacio de cinco días, hasta que la CNMC le comunica su decisión.

� ¿Contra qué tipo de actuaciones administrativas pued e solicitarse a la CNMC la interposición del recurso?

� Puede solicitarse a la CNMC la impugnación de todo tipo de actuaciones administrativas que puedan resultar contrarias a la libertad de establecimiento o circulación, y concretamente puede pedirse la impugnación de: disposiciones generales (p.ej. Reglamentos, Órdenes Ministeriales, Circulares de organismos con potestad normativa, etc.), resoluciones (p.ej. denegaciones expresas de autorizaciones o licencias, revocación expresa de las preexistentes, pliegos de contratación, etc.), desestimaciones por silencio (p.ej. denegación por silencio de solicitudes o peticiones), actuaciones materiales (p.ej. precintado de local por presunta falta de licencia o autorización con cobertura jurídica de previa decisión administrativa), inactividad (p.ej. no ejecución de obras, no entrega de subvenciones o no prestación de servicios a los que se tenga derecho) o vía de hecho (p.ej. precintado de instalaciones sin acto administrativo previo que sirva de cobertura jurídica).

� Vies d’impugnació dels particulars contra les disposicions generals que no s’adapten a la normativa general (sigui la Directiva de Serveis o la que sigui):

1.- La impugnació directa (termini de 2 mesos)2.- La impugnació indirecta (contra denegació d’un acte d’aplicació)3.- La petició de fer (modificar el text) i la impugnació contra el silenci administratiu desestimatori. En el cas que ens ocupa el més usual

serà demanar un certificat de compatibilitat i davant la negativa impugnar aquest i de forma indirecta la norma.4.- La reclamació en front la Secretaria d’Unitat de Mercat5.- La CNMC (art 27 Llei d’Unitat de Mercat)

6.- En especial: L’inici del procediment per incompliment de Dret Comunitari que correspon a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (correspon al Consejo de Ministros, la resolució del procediment). L' incompliment de Dret Comunitari: Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Article 3.3… “ Se entenderá que existe un incumplimiento cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Unión Europea y en particular, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Transposición tardía de directivas europeas al ordenamiento jurídico. b) Transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jurídico.c) Adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la

Unión Europea. d) Mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea. e) Falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas.”

EN LA MEVA OPINIÓ ELS AJUNTAMENTS CATALANS NO ESTAN INCOMPLINT AMB LA TRANSPOSICIÓ DEL DRET COMUNITARI JA QUE D’ACORD AMB LA LLEI DE SIMPLIFICACIÓ... “Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa Directiva de se rveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació .”

Part II.- PROJECCIÓ DE LA TESIS AQUÍ SOSTINGUDA EN ELS HUT’S I ELS CLUBS DE CÀNNABIS

4.- Els plans d’usos que regulen habitatges d’ús tur ístic.(es cita la normativa actual tot i que està a punt d ’aprovar-

se un nou decret regulador)

� Catalunya és un destí turístic madur.� 23.308.323 visitants a Catalunya l’any 2012 (font: CATALUNYA EN XIFRES.

Direcció General de Turisme).� Forta diversificació territorial: Costa Brava, Costa Daurada, Pirineus, Catalunya

Central, Costa de Barcelona,Terres de Lleida, Barcelona, Terres de l’Ebre i Val d’Aran.

� Nou perfil del visitant: mitja-alta capacitat econòmica, low cost, cerca cultura... Recomanable l’estudi del visitant sobre la Rambla: http://w3.bcn.cat/fitxers/comerc/estudilarambla.950.pdf

� El derogat DECRET 100/1990, de 20 de març, pel qual es fixen els requisits tècnics mínims dels apartaments turístics, el DECRET 193/1989, de 17 de juliol, pel qual s'estableixen les normes sobre l'ordenació i la classificació dels apartaments turístics i el DECRET 194/1989, de 17 de juliol, pel qual es regulen les empreses dedicades al lloguer d'apartaments turístics així com el Decret 163/1998, de 8 de juliol, d'apartaments turístics mostren la preocupació per regular el sector.

� Turisme i propietat immobiliària... 80.000 pisos buits a Catalunya

La Síndica de Barcelona ens diu:

“...3. L’activitat turística és una font de riquesa per a la ciutat però cal conciliar d’una manera clara aquesta activitat amb la vida quotidiana dels ciutadans que hi viuen. Així, pendents de la normativa que reguli definitivament l’ús turístic dels habitatges, s’insisteix en la recomanació de permetre l’ús d’habitatges turístics només en edificis exclusivament dedicats a aquesta activitat, i que se cerquin alternatives per anar tancant els que s’han instal ·lat en escales de veïns. En tot cas, caldria estudiar una fórmula de denegació de llicència i tancament d’activitat en aquells apartaments que actualment produeixin molèsties als veïns. En aquest sentit, la intervenció inspectora resulta molt necessària per tal de resoldre les queixes de les persones que en resulten perjudicades.”

Reflexions sobre el Dret a l’Habitatge Digne, any 2009: http://www.bcn.cat/sindicadegreuges/pdf/habitatge%20editat.pdf

Quantificació de visitants Font: Pla Estratègic de Turisme de la ciutat de Barcelona

Visitants

que

pernocten a

Barcelona

Municipi

12 MM

Visitants

que no

pernocten a

Barcelona

Municipi

12,5

MM

A Hotel

Visitants a

Barcelona

(ciutadans

temporals)

24,5

MM

6,4 MM

Altres allotjaments

Pensió

Habitatge turístic,

apartament

Casa familiar i amics

Albergs, residències,

altres

0,7

MM

1 MM

2,6

MM

1,3

MM

5,6 MM

Catalans que visiten BCN durant el dia

però viuen fora de la regió Metropolitana

de BCN (6,5 MM)

No Catalans que visiten BCN durant el dia

(6 MM)

Estudi Quantificació visitants

2009

� Font: Turisme de Barcelona

� Podeu consultar a la web del Departament d’Economia i Empresa (www.gencat.cat) els Habitatges d’ús turístic que consten a Catalunya:

� Barcelona: 4.822 (d’aquests, 616 són de Ciutat Vella)� Catalunya Central 66� Girona 682� Lleida 149� Tarragona 152� Terres de L’Ebre 342� Val D’aran zero

� Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i amb les característiques del Decret (veure

� El turisme com a matèria transversal ha estat recollit a la normativa de règim local (LBRL, TRLMRLCAT, CMB...)

� La LLei de turisme de Catalunya és una Llei que remet a altres regulacions sectorials.

� LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. L’article 103. 2, c) el delimita com a fet imposable i l’obligat tributari és el propi turista.

� La dificultat de la figura és el fet que en un immoble residencial, la Llei regula un ús turístic com activitat econòmica i per tant l’afectació a la convivència, el paisatge urbà i el medi ambient sembla evident.

� El Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i dels habitatges d’ús turístic (HUT) ha derogat expressament el Decret 164/2010, de 9 de novembre de regulació dels habitatges d’ús turístic,

� Cal relacionar els canvis amb la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, que ha introduït canvis en dues lleis relacionades amb l’allotjament com són la Llei 13/2002,de 21 de juny, de turisme de Catalunya i la Llei 18/2007, de 28 de desembre del Dret a l’Habitatge.

� la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic ha modificat certs preceptes en la millora de facilitar la inspecció i el control i evitar la publicitat dels HUT’s il-legals

� A efectes conceptuals, els canvis introduïts són de detall. els més rellevants són:� La durada : Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupació de

l’habitatge per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessióreiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any (abans tres mesos)

� La titularitat: A banda del propietari, també pugui formalitzar la comunicació una empresa gestora, introduint la documentació exigible en aquest supòsit, i ha suprimit la declaracióresponsable conforme l’habitatge compta, si s’escau, amb llicència de primera ocupació i conforme el propietari resta al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb el municipi (article 6.1.g).

En matèria d’apartaments turístics, no d’habitatges d’us turístic, la Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona 259/2010, d’11 de març ens diu:

“Es constante la jurisprudencia que proclama la cesación de los apartamentos turísticos, porque no se trata de que un local o una vivienda cambien de destino, sino de la inserción de una explotación hotelera en una parte considerable de un edificio dstinado mayoritariamente a un uso residencial privado, "uso excesivo" de las instalaciones comunes, para el que no está preparada la finca, y que no es sino el reflejo de una de las consecuencias ineludibles de la explotación industrial (STS de 22/11/2008 ); el cambio de destino de local comercial a apartamentos turísticos debería entrañar, necesariamente, una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, a fin de reajustar las cuotas de participación en los gastos comunes correspondientes a todos los copropietarios, (SAP Murcia 23/2007 ). El art. 553-47 CCC ( LCAT 2006, 418, 486) dispone "Els propietaris y els ocupants de pisos o locals no poden fer, en l'element privatiu o en la resta de l'immoble, activitats que els estatuts prohibeixin, que siguin perjudicials per a les finques o que vagin en contra de les disposicions generals sobre activitats que molesten, insalubres, nocives, perilloses o il.lícites".

Igualment la Sentència cde l’Audiència Provincial de Tarragona de 23 maig de 2002 JUR 2002\208417

� 4.1.- Eixos principals de la regulació. Distinció amb d’altres figures

•Els pisos d’estudiants•Els pisos llogats menys de 31 dies•Els pisos deixats per amistat o familiaritat•Els pisos d’intercanvi (www.knok.com)•Els pisos llogats moltes vegades menys de 30 dies•Els apartaments turístics•Els pisos tutelats•El problema de la cessióreiterada: “es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any.” (66.3 D 159/2012)

4.2.- Requisits per operar4.2.1. Objectius� Cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. Els

habitatges no poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.� Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, amb la

finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene.

� El propietari o propietària de l’habitatge, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.

� El propietari o propietària o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge

4.2.2. SubjectiusCap (supressió de l’antic REAT)

4.2.3. Documentalsa) Les dades de l’habitatge i la seva capacitat legal màxima.b) Les dades del propietari o propietària.c) El número de telèfon per atendre de manera immediata comunicacions relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.d) La identificació de l’empresa d’assistència i manteniment de l’habitatge.e) Declaració responsable conforme l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat.En el supòsit que hagi estat encomanada la gestió de l’habitatge, el document de comunicació prèvia contindrà, a més de

l’anterior:a) Dades de la persona gestora.b) Declaració responsable conforme la persona gestora disposa de títol suficient del propietari per a la gestió de l’habitatge.

� 4.3.- Efectes del fet que es tracti d’un immoble d’ú s residencial destinat a activitat econòmica

1.- Hi ha acció pública (art 6 LDH)2.- Article 2, l) de la LDH. Habitatge amb activitats econòmiques: l'habitatge que no és domicili

habitual i permanent i que s'utilitza per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable.

3.- Obligacions: de conformitat amb l’article 19. 2 de la LDH “Les administracions competents han d'impulsar polítiques orientades a evitar la utilització il·legal d'habitatges amb activitats econòmiques. Amb aquesta finalitat, han d'aprovar programes d'inspecció i han de vetllar perquè aquests habitatges tinguin els títols habilitants corresponents”. OBLIGACIÓJURÍDICO-PÚBLICA DE FER

4.- Tot i que tenen activitats econòmiques, de conformitat amb l’article 26.7 de la LDH « Es consideren habitatges a efectes de l'exigència de la cèdula d'habitabilitat ».

5.- La normativa turística i d’Habitatge, desplaça la urbanística. ALERTA (suspensió, ordres de conservació, mesures de cautela, mesures de reconducció…

6.- Als efectes de la normativa d’habitabilitat, és d’aplicació el Codi Tècnic de l’edificacióaplicant allò relatiu a la normativa residencial (accessibilitat, aïllament…), Es recull al DECRET 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat- El problema dels pisos en blocs sense ascensor.

7.- Quin és el destí de les multes pels HUT a l’ampara de la LDH ? Són ingressos afectes?

4.4. Obligacions de funcionament permanent dels hab itatges d’ús turístic

� Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances (66.2 del decret 159/2012).

� La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari o propietària al·legar-ne la condició de domicili als efectes d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.

� La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

� Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, els ajuntaments trameten a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions de dades dels habitatges d’ús turístic situats en el seu terme municipal a través de la extranet de les administracions públiques catalanes (plataforma EACAT), gestionada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. En tot cas, les dades de transmissió obligada són les referents als subapartats a), b) i c) de l’apartat 2.

� Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.

� Els habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per a les persones usuàries:a) El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.b) El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.c) Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.

� El respecte a les regles bàsiques de la convivència i l’obligació de requeriment.

5.1. La difícil intervenció immediata sobre els soro lls dels turistes .� En un immoble residencial, es causen molèsties a tercers. Té la condició de domicili com espai tancat.� Quin és el límit a la llibertat individual? Què és una molèstia? Diu l’article 3 de la Llei 37/2003, de 27 de novembre del ruido…”

Contaminación acústica: presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente”. Ambientalització de certs Drets. Sentències que condemnen l’Ajuntament de Tenerife a modificar el carnaval (STJ núm. 14/2007 de 26 enero RJCA 2007\185) o a l’Ajuntament de Madrid per recollida d’escombraries…

� a) Quan sigui puntualQuasi impossibilitat d’intervenir pel títol contaminació ambiental en estades curtes (sorolls puntuals, espontanis, que oscil-len en funció de

factors...). Guàrdia Urbana requerint que parin i possible impuitacíó de falta de desobediència Les ordenances locals han recollit la convivència en les seves regulacions... Només es pot sancionar econòmicament (Llei 57/2003)La presumpció de veracitat de les actes públiques i les ordres dels agents de l’autoritat desobeïdes: la falta de desobediència penal.La STS Sentencia núm. 80/2012 de 5 de març RJ 2012\2974 és el cas en que …” moradores del piso inmediatamente inferior del mismo

edificio, alegando que en este, desde octubre de 2004, se venía tocando el piano cualquier día de la semana, incluso sábados y festivos, sin horario fijo y sin respetar las horas de descanso, pues durante los fines de semana el piano se oía desde por la mañana y en los días laborables, en que los demandantes llegaban a su casa sobre las 14.30 horas, desde las 15.00 horas, y en ambos casos hasta las 22 o 22.30 horas (…) El TS diu en una excel-lent síntesi: “Admitiendo por tanto la jurisprudencia de esta Sala que el ruido puede vulnerar el derecho a la intimidad personal y familiar, debe recordarse, como más especialmente representativa de la doctrina del Tribunal Europeo de Derecho Humanos para el presente caso, su ya citada sentencia de 16 de noviembre de 2004 (Moreno Gómez contra España) en cuanto declaró que, conforme al art. 8 del Convenio de Roma , "[e]l individuo tiene derecho al respeto de su domicilio, concebido no solo como el derecho a un simple espacio físico sino también a disfrutar, con toda tranquilidad, de dicho espacio" (apdo. 53); que "[e]l atentar contra el derecho del respeto del domicilio no supone solo una vulneración material y corporal, como la entrada en el domicilio de una persona autorizada, sino también una vulneración inmaterial o incorporal, como los ruidos, las emisiones, los olores y otras injerencias" (apdo. 53); que "[s]i la vulneración es grave, puede privar a una persona de su derecho al respeto del domicilio puesto que le impide disfrutar del mismo" (apdo. 53); que "[a]unque el artículo 8 tiene fundamentalmente por objeto prevenir al individuo contra las injerencias arbitrarias de los poderes públicos, puede igualmente implicar la adopción por estos de medidas que traten de respetar los derechos garantizados por este artículo hasta en las relaciones entre los propios individuos" (apdo. 55); y en fin, que soportar durante años una intensa contaminación acústica, fuera de los niveles autorizados y durante la noche, constituía una vulneración de los derechos de la demandante protegidos por el artículo 8 (apdo. 60).

b) Quan sigui permanentCal demostrar la continuïtat de la molèstia i el nivell de les immisions.

Veurem sentències penals contra propietaris o empreses gestores que no actuen (Desobediència) . És fonamental instar al requeriment a què es cessin les molèsties (24 hores)

Cal separar la responsabilitat dels turistes ocupants (menys de 31 dies), de la responsabilitat dels propietaris i operadors.

L’ambientalització dels Dret Fonamentals portarà a Sentències condemnatòries quan la molèstia impedeixi el lliure desenvolupament de la personalitat.

Calen plans d’inspecció i col-laboració público-privada:

� 5.2. Dificultats de la tasca inspectora. En especia l els contractes d’arrendaments ordinaris simulats

� Com trobar els turistes? El cas de Ciutat Vella

� Entrada per codi, watsup o ascensors i escales tancades� Es modifica el perfil inspector: nits, caps de setmana...

� Com es constitueix la prova? Contractes privats, fotografies, publicitat...

� En la fase d’al-legacions arriben contractes ordinaris. Cal veure la seva autenticitat, el seu dìpòsit...

� La funció inspectora coincideix amb la intervenció material quan el soroll és nocturn.� Lentitud. No estem preparats!!!!!!

� Dificultat de dictar cautelars i dificultat de tramitar sancionadors

� 5.3. El supòsit en què per mitjà dels estatuts de la comunitat de propietaris es prohibeixen elshabitatges d’ús turístic. Facultats de reacció admin istrativa

� La Llei 13/2012, de turisme de Catalunya diu al seu article 31:

Article 31

Deures dels usuaris turístics

Els usuaris turístics tenen el deure de:

a) Complir les condicions pactades en els termes de la contractació amb els titulars de les empreses o els

establiments turístics.

b) Pagar el preu dels serveis turístics en el lloc, la forma i el temps convinguts.

c) Respectar els reglaments d'ús o de règim interior, sempre que no siguin contraris al que estableixen aquesta

Llei i les disposicions que la desenvolupen, i les normes generals de convivència i d'higiene.

d) Respectar els establiments, les instal·lacions, els béns i els serveis que les empreses turístiques posin a llur

disposició.

c) Respectar els valors ambientals, culturals o d'altra classe dels recursos turístics que utilitzin o visitin.

Quan els estatuts prohibeixen aquest ús, l’administració no té facultats de control sobre el mateix.

En cas d’un comunicat d’HUT i obres, cal tramitar (s’atorga sense perjudici a tercers) sense perjudici de donar

audiència a la comunitat.

En cas que una vegada es desenvolupi l’activitat de HUT, es modifiquen els estatuts en seu civil prohibint-ne l’ús, és

un tema civil.

Les facultats de control administratives no poden entrar en elements de configuració jurídico-privada.

5.3. El supòsit en què per mitjà dels estatuts de la comunitat de propietaris es prohibeixen els habitatg es d’ús turístic. Facultats de reacció administrativa

La Sentencia núm. 17/2012 de 20 febrer RJ 2012\10019 és la primera que resol en seu civil uns HUT concedits pel Districte de Ciutat Vella i diu: “ El art. 553-47 CCCat (LCAT 2006, 418, 486) dispone que los propietarios y ocupantes de pisos o locales no pueden realizar en los elementos privativos ni en los comunes, que componen el resto del inmueble, actividades: (a) que los estatutos prohíban; (b) que sean perjudiciales para las fincas y (c) vayan en contra de las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.”(…)Por otra parte, cuando se trata actividades molestas, el conflicto surgido en un inmueble sujeto a la propiedad horizontal, debe resolverse acudiendo a los principios de normalidad en el uso y tolerabilidad de las mismas atendidas las condiciones del lugar y la naturaleza de los inmuebles, conforme los dictados de la buena fe. Nótese que, como declaraba la STC 28/1999, de 8 de marzo ( RTC 1999, 28 ) , han de considerarse dentro de las actividades molestas no sólo las inmisiones intolerables, sino toda actividad que, por la trascendencia de la misma, pueda exceder de lo socialmente admisible entendiendo por tal el mínimo respeto a la convivencia de los ocupantes del inmueble cuanto que, además, la ilicitud a que se refiere la norma abarca tanto la administrativa, como la civil y penal.Cierto es que la calificación o no como actividad molesta puede dar lugar a un amplio elenco de supuestos que deviene en cuestión casuística, si bien siempre enmarcada en las situaciones reseñadas que vayan contra disposiciones generales sobre la materia, sin dejar de tener presente que lo sancionable no es sino el anómalo y antisocial ejercicio del derecho que, en el caso examinado, resulta patente y notorio si tenemos presente los hechos probados -no impugnados en esta sede casacional- referidos en el primero de los fundamentos, en tanto quedan justificados actos incívicos, de notoria importancia, que traspasan el umbral de la mera incomodidad para convertirse en actitudes reprobables que conforman una perturbación grave, por su intensidad y duración, para los actores.

La comunicació i la llicència és un supòsit de restricció de la llibertat econìmica dels particulars i cal interpretar restrictivament la potestat municipal d’aplicació de les ordenances .

5.4. Les festes multitudinàries en pisos privats� Els supòsits en què en un espai privat la quantitat de persones i el volum de la festa i el soroll

s’escapa d’un ús normal o racional del pis.� En cas que es detectin baners (a facebook o blogs) o flyers (en paper) o bé es cobri entrada,

l’activitat es pot assimilar a una activitat de pública concurrència (Llei 11/2009).� NOTICIA DE www.salamanca24horas.com “ La Policía Local desaloja una fiesta en un

piso con sesenta estudiantes en la plaza de la Con stitución sobre las dos de la madrugada, un grupo de extranjeros cuyo vocerío se escuchaba desde la calle

La Policía Local de Salamanca tuvo que intervenir durante la pasada madrugada en un piso de la plaza de la Constitución donde un grupo de estudiantes extranjeros realizaba una fiesta. Sobre las 2:00 horas, los agentes acudieron ante la llamada de varios vecinos de la zona debido a que el vocerío llegaba incluso hasta la calle. Una vez en la vivienda, se les instó a desalojarla, algo que hicieron al momento las más de sesenta personas que se encontraban en el inmueble.No es la primera vez que la Policía Local tiene que intervenir en fiestas de estudiantes multitudinarias, generalmente de estudiantes extranjeros, más acostumbrados a este tipo de aglomeraciones en sus países. Así, en la avenida de Portugal se desalojó meses atrás uma fiesta con más de 120 personas y también es recordada otra fiesta hace años en la Rúa Mayor donde se llegaron a congregar cerca de doscientas personas en todas las plantas de un edificio, ocupando incluso las escaleras.”Noticia del dimecres 16 de desembre de 2011

5.5. La responsabilitat en les infraccions

Article 72 (159/2012)Règim sancionador1. La persona propietària i la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic, en el supòsit que no siguin la mateixa persona, són

responsables solidàries de les infraccions i incompliments de les obligacions definides a la normativa sectorial turística, d’habitatge, de consum i municipal d’aplicació en raó de la seva activitat.

2. D’acord amb l’apartat anterior, els organismes administratius tutors dels interessos públics concurrents en l’objecte de l’activitat d’habitatge d’ús turístic actuen en matèria sancionadora i disciplinària d’acord amb les seves competències. Així:a) Respecte a la disciplina d’activitat: el departament competent en matèria de turisme, els ajuntaments en l’àmbit de la seva competència i el departament competent en matèria d’habitatge.b) Respecte d’aquells fets i activitats que tinguin la consideració d’infracció en matèria de defensa de les persones consumidores: el departament competent en matèria de consum i els ajuntaments en l’àmbit de les seves respectives competències.3. Les sancions que puguin imposar les administracions competents per incompliments d’aquest Decret han d’atendre el procediment sancionador aplicable de l’Administració de la Generalitat, i si escau, els procediments sancionadors que tinguin establerts els municipis mateixos.

Estableix l’Article 126 de la LDH: Responsabilitat de les infraccions1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta llei i per les normes que la despleguin les persones físiques o

jurídiques que, per acció o omissió, hagin comès els fets constitutius de la infracció.2. Si el compliment de les obligacions imposades per les disposicions legals en matèria d'habitatge correspon a diverses

persones físiques o jurídiques conjuntament, responen de manera solidària de les infraccions que cometin i de les sancions que se'ls imposin.

3. Si en la instrucció d'un expedient sancionador no és possible delimitar les responsabilitats individuals, aquestes s'han de determinar solidàriament.

4. Si la infracció administrativa s'imputa a una persona jurídica, poden ésser considerades responsables les persones físiques que integren els organismes rectors o de direcció corresponents, d'acord amb el que estableixi el règim jurídic corresponent.

5.6. Oposició a la funció inspectora i sol·licitud d’ entrada en domicili. Algunes notes

� Cal diferenciar la visualització d’empreses privades amb funcióde detecció respecte de les actes del personal de l’administració o autoritats.

� L’oposició a la funció inspectora no és senzilla per la pròpia naturalesa de l’activitat (requereix Guàrdia Urbana)

� La lentitud de les tramitacions de les autoritzacions d’entrada en domicili...

� En casos de HUT que causin molèsties que no es volen aturar o no volen obrir el millor és demanar al Jutjat de Guàrdia autorització acreditant documentalment per agents de l’autoritat que no es vol aturar l’activitat

� 5.7. La inactivitat de l’administració en front les denúncies per molèsties dels habitatges d’ús turístic. Reacció administrativa, ci vil o penal dels afectats.

� Des de l’entrada de la queixa, l’administració té tres mesos per resoldre (42 LRJPAC). GREU PROBLEMA DE CONFIGURACIÓ

� La via administrativa és eficient si la Guàrdia Urbana aconsegueix que parin (risc que els agents vagin molt sovint activitats privades).

� L’article 68.11 del Decret 159/2012 estableix que “En el cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte, la persona titular de la propietat o la persona gestora de l’habitatge d’ús turístic ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge”. CÀRREGA EN L’AMBIT CIVIL AL PROPIETARI O GESTOR (CAL CONFIGURAR UNA REACCIÓADMINISTRATIVA NO-CLÀSSICA. L’ADMINISTRACIÓ HA DE DEMANAR AL GESTOR O PROPIETARI LA RESCISSIÓ AMB L’ACTA DE LA GUÀRDIA URBANA). GRAN PACTE AMB EL SECTOR PRIVAT.

� La via civil és la més eficient sempre que s’acreditin un ús que atempti la conviència, per via de les immisions

� La via penal serà la més usual per via de la desobediència

5.8.- La intervenció de les ordenances locals en la r egulació

� Els plans urbanístics són els instruments adients per regular-ne la seva ubicació

� Per la seva limitació o regulació, caldrà atenir-se a les tècniques menys restrictives possibles i fonamentar les raons imperioses d’interès general de la Directiva de Serveis que justifiquin introduir limitacions.

� No s’aconsella la ordenança local ni decrets puntuals� La obligació de destinar l’ús sencer del bloc d’habitatges� Podem posar obligacions accessòries (el desenvolupament del

Codi Tècnic de l’Edificació per via d’ordenança)

A) Pla inspectorB) Acord públic-privat amb sector:

A) Un sistema àgil de comunicació amb propietaris i empreses gestores.B) Un grup de treball per la redacció dels contractes turístics on es delimitin

les responsabilitatsC) Respecte a les prohibicions civilsD) Coordinació administrativa (en especial amb la Generalitat per la

publicitat web)E) Visualitzacions nocturnesF) La instauració del telèfon de la mediacióG) Acord amb la Fiscalia per tramitar faltes per desobediènciaH) Acord amb el deganat per l’obtenció d’autoritzacions d’entrada en

domicili per cessar molèsties en cas de resistència (jutjat de Guàrdia)I) Cal exercir l’obligació administrativa d’actuar en front les queixesJ) Pla de treball dels agents de l’autoritat per trucades nocturnes

� Com limitar els HUT?� És activitat econòmica� Remissió a la tesis general� Puc regular per evitar una situació? Art. 9 del TRLUC?� Trobo una RIIG en la normativa de turisme?� Article 3 � Finalitats� En llur activitat, les administracions turístiques i els subjectes turístics han de perseguir les finalitats següents:

a) Protegir i preservar, d'acord amb el principi de sostenibilitat, els recursos turístics, i assegurar el respecte als valors culturals, històrics, artístics, territorials, urbanístics i mediambientals que els són propis. b) Potenciar la creació, el desenvolupament, la millora i la promoció dels recursos turístics. c) Protegir els usuaris turístics i garantir-los el millor tractament possible quant a la informació i els serveis que reben i pel que fa a la defensa de llurs drets i interessos com a usuaris. d) Incrementar els corrents turístics, tant els interiors com els exteriors, amb una atenció especial al turisme de qualitat, i impulsar l'activitat turística com a sector estratègic de l'economia i de l'ocupació i com a factor clau per a l'equilibri territorial i la prosperitat de Catalunya. e) Impulsar el desenvolupament de nous productes, activitats i àmbits d'interès turístic i potenciar la qualitat i la vitalitat de les destinacions, les denominacions i les marques turístiques. f) Fomentar el turisme com a mitjà de coneixement, de comunicació i d'intercanvi entre els pobles i les cultures. g) Promoure la qualitat i la competitivitat dels serveis turístics i vetllar perquè siguin prestats d'acord amb les normes de la lliure concurrència. h) Promoure la modernització del sector turístic, mitjançant els incentius pertinents, per aconseguir distintius, sistemes i normes de qualitat dels serveis que ofereix. i) Impulsar la formació, la qualificació i l'especialització dels professionals del sector turístic. j) Potenciar l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la difusió interior i exterior dels recursos turístics, en les relacions entre l'Administració i els subjectes turístics i en la prestació de serveis i d'informacióals usuaris, i vetllar per la qualitat i per la innovació de dissenys i de continguts en l'aplicació d'aquestes tecnologies. k) Promoure la realitat de Catalunya com a marca turística i garantir-ne un tractament unitari, com a oferta o destinació turística global, en la difusió dels recursos turístics del país. l) Vetllar per la segmentació dels serveis turístics i afavorir la desestacionalització del turisme.

� La voluntat de la Llei és simplificar i accelerar l’accés a les noves activitats turístiques.... Única tècnica limitativa des de l’ordenació:

� Article 50 bis, 3. Els ajuntaments poden establir procediments de control periòdic de l’activitat d’habitatge d’ús turístic en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics poden comportar l’extinció del títol habilitant.

� La RIIG, ha d’estar en la legislació sectorial o en la legislació urbanística?????

5.- Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cann abis.

5.5.5.5.---- Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cannabis.Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cannabis.Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cannabis.Actuacions respecte dels clubs de fumadors de cannabis.

� El Considerant novè de la Directiva diu:

“La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada.”

Recordar el considerant 35...que exclou... “Las actividades de deporte aficionado no lucrativas revisten una importancia social

considerable. A menudo persiguen objetivos enteramente sociales o recreativos. Por consiguiente, no pueden constituir actividades económicas en el sentido de la legislación comunitaria y deben quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva.”


� Les associacions cannàbiques no són activitats de servei, i per tant no els són d’aplicació la Directiva de Serveis per tres motius: � Perquè no surten a la Directiva� Perquè no són equiparables a cap definició ni de forma

analogica� Perquè si existís el concepte contraprestació, seria tràfic

i per tant un delicte.

� Problema recent... La llei 16/2015, de simplificació fa aparèixer les associacions privades a l’annex I, i les subjecta a declaració responsable o comunicació prèvia segons els casos.


� Des de l’òptica penal, els clubs cannàbics troben la seva excletxa en la reacció de la legislaciópenal en front del consum d’estupefaents. La regulació de l’article 368 del Codi Penal castiga qui “promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas”. Aquesta regulació, vaga ha estat matisada per nombrosa jurisprudència del Tribunal Suprem com es tracta en l’apartat següent del present informe.

� Des de l’òptica administrativa, trobem dos elements que condicionen qualsevol interpretataciófutura.

� Per una banda la Llei 17/1967, de 8 d’abril, por la que se actualizan las normes sobre estupefacientes, adaptándolas a lo establecido en el Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes, estableix de forma clara d’acord amb l’article 5 que cal autorització pel cultiu de cànnabis (ara correspon el control a la l’Agencia Española del Medicamento de conformitat amb l’article 27.7 del Real Decret 1275/2011, de 16 de setembre, per la que s’aprova l’Estatut de l’Agència Espanyola de Medicaments i productes sanitaris.

� Per l’altra la normativa d’activitats catalana que no recull un epígraf específic on es reguli aquest fenòmen però de forma clara es pot assimilar a una activitat recreativa en la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i en el seu reglament.

� Finalment en seu civil, aquests “clubs privats”, aprofiten la regulació del Dret d’Associació que es recull al Codi Civil Català i sota el paraigües de fins terapèutics, alguns d’ells aprofiten per desplegar una veritable infraestructura de captació i venda de productes relacionats amb la marihuana.

� La marihuana i els seus derivats són considerats drogues, i no s’ha volgut afrontar un debat públic sobre aquest assumpte.

� El consum compartit és una eximent en el sentit "La Audiencia entiende que no existe indicio de delito, ya que a su juicio esta plantación cumple los requisitos que la jurisprudencia del Tribunal Superior exige para ser considerada de "consumo compartido", es decir, la condición previa de consumidores de las personas participantes, el funcionamiento en circuito cerrado que impide el acceso a terceras personas y la ausencia de fines comerciales. Además la Audiencia considera que el hecho de que sea una asociación legalmente constituida excluye la clandestinidad que cabría esperar de una organización delictiva dedicada al trafico de drogas".


� De la jurisprudència en matèria de consum compartit, quan existeix una mínima organització podem citar Interessa citar com a Sentència de capçalera la resolta pel Tribunal Suprem en llur Sentència de lo Penal, recurs de cassació 1925/2003, de 27 d’octubre de 2004, que al FJ segon de forma literal diu:

"La jurisprudencia de esta Sala ha declarado la atipicidad del denominado consumo compartido (algo atípico es algo no regulado legalmente, en este caso), si bien destacando su excepcionalidad (no es frecuente que se considere que la cantidad intervenida es para consumo compartido)”.

La recent Sentència del Tribunal Suprem 484/2015, de 7 de setembre, abunda en la línia aquí apuntada i així condemna a una associació de cànnabis per la seva activitat i en la part que ens interessa diu:

"Sí traspasa las fronteras penales la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica tóxica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar. También cuando la economía del ente se limite a cubrir costes.

La filosofía que late tras la doctrina jurisprudencial que sostiene la atipicidad del consumo compartido de sustancias estupefacientes también puede alcanzar, en otro orden de cosas, a la decisión compartida de cultivo de la conocida como marihuana para suministro en exclusiva a ese grupo de consumidores en condiciones congruentes con sus principios rectores que hacen asimilable esa actividad no estrictamente individual al cultivo para el autoconsumo. Se distancia así esa conducta tolerable penalmente de una punible producción por estar puesta al servicio del consumo de un número de personas indeterminado ab initio y abierta a incorporaciones sucesivas de manera más o menos indiscriminada y espaciada, mediante la captación de nuevos socios a los que solo se exige la manifestación de ser usuarios para hacerlos partícipes de ese reparto para un consumo no necesariamente compartido, inmediato o simultáneo.

Evaluar cuándo aquélla filosofía que inspira la atipicidad de la “compra compartida” puede proyectarse sobre supuestos de cultivo colectivo es una cuestión de caso concreto y no de establecimiento seriado de requisitos tasados que acabarían por desplazar la antijuricidad desde el bien jurídico –evitar el riesgo para la salud pública- a la fidelidad a unos protocolos cuasiadministrativos pero fijados jurisprudencialmente. Pueden apuntarse indicadores, factores que iluminan a la hora de decidir en cada supuesto y que son orientadores; pero no es función de la jurisprudencia (como sí lo sería de una hipotética legislación administrativa de tolerancia) establecer una especie de listado como si se tratase de los requisitos de una licencia administrativa, de forma que la concurrencia, aunque fuese formal, de esas condiciones aboque a la inoperancia del art. 368; y la ausencia de una sola de ellas haga nacer el delito. Eso significaría desenfocar lo que se debate de fondo: perfilar la tipicidad del art. 368. Se castiga la promoción del consumo ajeno, pero no la del propio consumo. La actividad que, aún siendo colectiva, encaje naturalmente en este segundo ámbito, por ausencia de estructuras puestas al servicio del consumo de terceros, no son típicas.

Desde esas premisas son indicadores que favorecerán la apreciación de la atipicidad el reducido número de personas que se agrupan informalmente con esa finalidad, el carácter cerrado del círculo, sus vínculos y relaciones que permiten conocerse entre sí y conocer sus hábitos de consumo y además alcanzar la certeza más allá del mero compromiso formal exteriorizado, de que el producto se destina en exclusiva a ese consumo individual de quienes se han agrupado, con la razonable convicción de que nadie va a proceder a una redistribución o comercialización por su cuenta, los hábitos de consumo en recinto cerrado. Quedaría definitivamente ratificada esa estimación, aunque no sea este dato imprescindible, si el cultivo compartido va seguido de un consumo compartido. La ausencia de cualquier vestigio de espíritu comercial u obtención de ganancias por alguno o por varios; la absoluta espontaneidad y por supuesto voluntad libre e iniciativa propia de quienes se agrupan, (lo que permite excluir los supuestos en que se admite a un menor de edad que carecerá de madurez para que su consentimiento en materia perjudicial para la salud como ésta pueda considerarse absolutamente informado y por tanto libre) son otros factores de ponderación."

�


� NOMÉS HAURIEN DE REGULAR-SE CLUBS DE CÀNNABIS, LLIGATS A FINALITATS TERAPÈUTIQUES, AMB CERCLES REDUÏTS DE CONSUMIDORS, QUE O BÉ TENEN PERMÍS PER PLANTAR O BÉ ES PORTA EL CÀNNABIS CADA SOCI DES DE CASA SEVA

� TOTA REGULACIÓ DELS CLUBS COM ACTUALMENT S’ESTÀ FENT, PORTA A LA DIFICULTAT D’ENCABIR-HO URBANÍSTICAMENT, DONCS SÓN CLUBS PRIVATS


� QUAN TINDREM UN PROBLEMA?

El dia que algú denuncii un club dels que tenen un gran nombre de socis, que es fan plantacions a un local de cànnabis, l’administraciórespongui que tenen un comunicat presentat i per tant poden portar a terme l’activitati el ciutadà porti a un Ajuntament a la via penal per col-laborar amb organització que trafica amb drogues (perquè en paraules del TS, traspasa las fronteras penales la conducta concretada en organizar un sistema de cultivo, acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tóxica tóxica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad de repartirla o entregarla a terceras personas, aunque a los adquirentes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar.


� La regulació s’enfoca…� O per la LLei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les

activitats recreatives que en el seu article 3.1, defineix les activitats recreatives com "les activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o diversió, i també les activitats que congreguen persones amb l’objecte principal d’implicar-les a participar-hi o d’oferir-los serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o diversió".

� O per l’article 52. 5 de la Llei 20/2009 ( PACA) que de forma literal diu: “ Un cop efectuada la comunicació, l'exercici de l'activitat es pot iniciar sota l'exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les comprovacions als quals es refereixen els apartats anteriors, sens perjudici que per a iniciar l'activitat s'ha de disposar dels títols administratius habilitants o controls i nicials que, d'acord amb la normativa sectorial no ambiental, só n preceptius”. Un club de cànnabis, com a molt hauria de ser un lloc per fumar, no per subministrar-lo doncs serà nul-la l’autoritzaciósense la corresponent autorització de la Agencia Española del Medicamento

� Què estan fent els Ajuntaments? � Ordenances reguladores de les condicions� Plans especials d’us per regular les distàncies


� El fenòmen dels clubs cannàbics es veu completat amb dues normes com són la LLei Orgánica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana i l’art. 8 de la Llei 17/1967, de 8 d’abril, per la que s’actualitzen les normes vigents sobre estupefaents, adaptant-les a allò establert al Coveni Unic de 1961 sobre estupefaents de les Nacions Unides. Aquesta llei estableix que tindran la consideració d’articles o gèneres prohibits, els estupefaents inclosos o que s’incloguin a la llista IV dels annexos a la convenció única de 1961 sobre estupefaents, que en conseqüència no podran ser objecte de producció, fabricació, tràfic, possessió o ús, amb excepció de les quantitats necessàries per a la investigació mèdica o científica. I s'hi incloui el cànnabis i els seus derivats.


� Són comunicats� Es poden suspendre??? 73-74 TRLUC� L’efecte de l’art 105 del TRLUCAT� L’article 20 del Reglament 305/2006:� Article 20 � Certificats d'aprofitament urbanístic� 20.1 Les persones interessades poden demanar l'emissió de certificats d'aprofitament urbanístic d'una o d'unes finques concretes a

l'ajuntament competent, que ha de notificar el certificat pertinent, subscrit pel secretari o secretària de l'ajuntament, en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud en el registre general de l'ajuntament. En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar i emetre un certificat per a cada una d'elles.20.2 El certificat d'aprofitament urbanístic a què es refereix l'apartat anterior ha d'expressar quin és el règim urbanístic aplicable a la finca o finques en el moment de la seva sol·licitud, tot indicant:a) Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està en tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas, si s'ha acordat la suspensió de tramitacions i d'atorgament de llicències que regula l'article 71 de la Llei d'urbanisme.b) La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l'ús del sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl.c) Si s'escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en què està inclosa la finca.d) Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús del terreny.20.3 El certificat d'aprofitament urbanístic a què es refereixen els apartats anteriors, en el cas que la finca sigui edificable i susceptible d'obtenir llicència urbanística directament i immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a les persones interessades. Sens perjudici de les prescripcions de la legislació sectorial, és preceptiu d'atorgar les llicències que siguin sol·licitades en la forma establerta per la legislació de règim local dins aquest termini de vigència i que no tinguin defectes inesmenables, sempre que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat. En aquest supòsit, la sol·licitud de la llicència no es veu afectada per la suspensió potestativa del procediment d'atorgament de llicències regulada per l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, llevat que l'acord de suspensió s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat.20.4 La manca de notificació del certificat d'aprofitament urbanístic, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, té els mateixos efectes previstos en l'apartat 3, en el sentit que les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del referit termini d'un mes establert en l'apartat 1, s'han d'atorgar si el projecte s'ajusta a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat, i en el sentit que la sol·licitud de llicències no es veu afectada per la suspensiópotestativa regulada per l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, llevat que l'acord de suspensió s'hagués adoptat amb anterioritat a la sol·licitud del certificat.

� El problema de les obres ja portades a terme en l’establiment

� El problema de les obres amb ús genèric� Què suspenem?La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2015, adopta el següent acord:

SUSPENDRE, de conformitat amb l'article 73.1 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i d'acord amb les determinacions de l'informe de la Direcció de Serveis de Planejament que consta a l'expedient i a efectes de motivació s'incorpora a aquest acord, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística, aixícom l'atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació de les següents activitats, identificades pels epígrafs segons OMAIIAA: 12.36/a Hotel de gran luxe; 12.36/b Hotel de cinc estrelles; 12.36/c Hotel de quatre estrelles; 12.36/d Hotel de tres estrelles; 12.36/e Hotel de duesestrelles; 12.36/f Hotel d'una estrella; 12.36/1b Hotel apartament de cinc estrelles; 12.36/1c Hotel apartament de quatre estrelles; 12.36/1d Hotel apartament de tres estrelles; 12.36/1e Hotel apartament de dues estrelles; 12.36/1f Hotel apartament d'una estrella; 12.36/g Pensió/hostal; 12.36/2e Residència per a estudiants; 12.38/b Alberg juvenil; 12.57 Establiment d'apartament turístic; SUSPENDRE, també, l'atorgament de llicències d'obres d'edificació de nova planta, gran rehabilitació, reforma o rehabilitació amb canvi de l'ús principal de l'edifici, i l'increment de volum o sostre edificable, i/o els comunicats immediats i diferits vinculats a la instal·lació o ampliació d'aquests activitats; EXCLOURE de la suspensió les sol·licituds d'atorgament de llicències per a l'obertura, la instal·lació o l'ampliació d'activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l'exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l'executivitat del present acord de suspensió; PRECISAR que aquesta suspensió es fa amb la finalitat de procedir als estudis previs per a l'anàlisi de l'impacte de les activitats destinades a allotjament turístic en totes les seves modalitats, i també les residències d'estudiants i els albergs juvenils, per tal d'elaborar el planejament urbanístic necessari per regular adequadament la seva implantació a la ciutat de Barcelona; DETERMINAR, que l'àmbit de suspensió és el delimitat i grafiat en el plànol que figura a l'expedient, elaborat de conformitat amb el punt 3 de l'article 73 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, tenint en consideració que hi ha planejaments en tràmit o vigents que incideixen en aquesta qüestió; DETERMINAR, també, a l'empara de l'article 74.1 de l'esmentat text legal, que el termini de la suspensió serà, com a màxim, d'un any, a comptar des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d'aquest acord; i PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentació restarà exposada al públic als efectes de l'art. 23.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme, en el Departament d'Informació i Documentació de la Gerència d'Ecología, Urbanisme i Mobilitat (Av. Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari d'atenció al públic: consultar-lo en el lloc web:www.bcn.cat/urbanisme, clicant "cita prèvia"). Per tal de donar compliment al punt 2 del citat article 23, i als efectes de garantir l'accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se en l'esmentat lloc web, clickant: "Informació Urbanística; Recerca de Planejament; Qualificacions i Convenis: cercador de Planejament".

Contra la suspensió, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

ALERTAAAAAA!!! MATEIXA JUSTIFICACIÓ PER LA SUSPENSIÓ QUE PER LA FUTURA REGULACIÓ!!!!!

MOLTES GRÀ[email protected]

el planejament i les ordenances en la regulaci x

Documents