el paramilistarismo en colombia

7/29/2019 El paramilistarismo en Colombia

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ACTIVIDAD 6 Alba Monedero

HISTORIA COLOMBIA II: EL FENMENO PARAMILITAR

1. El discurso oficial de legitimacin de grupos armados

El surgimiento y la consolidacin del paramilitarismo ha sido clave para entender los ltimosveinte aos de la historia colombiana. Desde que en 1984 el gobierno estableciera el primerproyecto paramilitar en Puerto Boyac, el fenmeno se ha ido implantando como una formalegtima de defensa personal. Esta supuesta seguridad privada se apoy como nica respuestaposible a la guerrilla, pero fue en realidad aplicada para otros propsitos. La persecucin deconflictos laborales, el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, la expropiacinviolenta de tierras o la eliminacin de rivales polticos, han sido utilizados como prcticas dedominio de la economa, la ciudadana y el aparato estatal de la regin. La implantacin socialde estos grupos armados vino acompaada de una articulacin del discurso oficial que seampara en la legislacin internacional sobre derechos humanos para defender la necesidad deproteccin mediante la seguridad privada. El Estado colombiano ha ido modificandopaulatinamente la Constitucin de 1991 con instancias que cada vez han dado ms libertad a lacreacin y al fortalecimiento de estos grupos por parte del ejrcito.

Grupos que tuvieron su origen a mediados de los 80 cuando terratenientes y narcotraficantesven peligrar sus privilegios en el crecimiento poltico y militar de los insurgentes, que seguancon las reivindicaciones ancestrales de redistribucin de la tierra. El auge del latifundismo ligadoal negocio del narcotrfico, y la desarticulacin poltica de las zonas rurales a travs de suimplantacin, cementan las condiciones para que los paramilitares se conviertan en un brazoarmado necesario para defender los intereses de poder de las elites frente al avance guerrillero.La transformacin de sus miembros muchas veces en simples sicarios provoc que durante estadcada, el asesinato, extorsin y secuestro por motivos polticos aumentaradesproporcionadamente con respecto a la guerra de guerrillas que se haba llevado a cabohasta entonces. El intento de desmantelamiento que supuso la Constitucin de 1991 dio paso auna dinmica que ha permanecido hasta nuestros das: el aumento de la accin paramilitar

durante cualquier negociacin de paz con los insurgentes que ha favorecido su establecimientoincluso a nivel poltico. Desde entonces, lderes polticos vinculados a la izquierda, profesionalesque desde cualquier mbito se declaran pblicamente contra el estado de violencia, o cualquiercivil que luche pacficamente por sus derechos sociales, est en el punto de mira de unasorganizaciones que se mueven en un marco reforzado por leyes que anteponen la seguridadnacional para justificar la accin armada.

La primera de estas experiencias "legalizadas" de grupos de seguridad civiles se form con elprograma CONVIVIR en 1994. El presidente Csar Gavinia puso en marcha este proyecto parafomentar la cooperacin de la poblacin en actividades de vigilancia e inteligencia. Estos gruposfueron directamente entrenados por las autoridades para la proteccin contra los insurgentes,como asociaciones de civiles armados en colaboracin con las fuerzas pblicas. Se estableci asun nuevo concepto de seguridad que involucra el componente comunitario-democrtico. Fue laprimera frmula experimental del actual modelo de seguridad, que en muchos casos se utilizpara facilitar el establecimiento de los intereses industriales y polticos del gobierno. En laszonas donde se aplic el programa, se registraron numerosos desplazamientos masivos de lapoblacin autctona en favor del insercin de comunidades compradas, en relacin clienteristacon los poderes industriales de la regin.

Pero la legitimacin de los grupos armados por parte de la sociedad se inici realmente con lallegada de las AUC en los '90 al mbito nacional, consiguiendo centralizar el aparato paramilitaren una federacin de grupos regionales de contrainsurgencia. Carlos Castao fue el principal

jefe de esta formacin, que cre un gran entramado militar a lo largo y ancho del pas graciasal apoyo econmico de la comunidad empresarial y ganadera de las regiones y a la vinculacincon el narcotrfico. Una de las causas ms determinantes del aumento exponencial de la fuerza

privada (al principio de su constitucin, las AUC contaban con cuatro mil combatientes, en el2000 la cifra se haba duplicado, y actualmente se estima que hay entre diez mil y quince mil

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activos), fue la legitimacin de la seguridad personal o colectiva a travs del discurso delderecho, respaldado en especial por la clase media, donde exista un sentimiento de abandonopor parte del Estado en materia de defensa. La irrupcin de Carlos Castao en las cadenas detelevisin foment la aceptacin pblica de este discurso, generando una empata social queotorgaba una imagen heroica a estas fuerzas, como simples defensoras de los intereses delliberalismo, de los empresarios y las clases medias. sta situacin justific en gran parte el

fenmeno paramilitar ante la opinin masificada, y de igual forma se desvincul al Estado de suresponsabilidad en las relaciones que mantena con el narcotrfico y su brazo armado, quetambin utilizaba como forma de coercin en regiones en las que poda tener grandesproyectos econmicos y polticos.

El llamado modelo "democrtico" de control social delega a la seguridad privada la preservacinde los derechos individuales y colectivos en colaboracin con la fuerzas del Estado. Un preceptoque establece un modelo comunitario ("democrtico") de participacin en la esfera pblica,pero que sustituye al Estado de Derecho como garante de los valores colectivos. Sobre estaconcepcin se ha articulado el control social del pas en torno al autoritarismo y la legitimacinde la violencia. La ciudadana es ahora un elemento clave para sustentar la poltica deseguridad del gobierno, que contribuir econmicamente a aquellos que colaboren en la funcin

estatal de control social. Se sustituye la responsabilidad del Estado en materia de derecho bajouna nueva definicin del orden pblico, anulando as tres principios fundamentales del estadodemocrtico. El principio de seguridad jurdica, de divisin de poderes y de distincin entre elderecho civil y militar, modifican su definicin para delegar en el aparato militar la garanta deconservacin de los derechos e instituciones de la nacin. La justificacin de la guerra contrainsurgente consigue establecer un estado autoritario con el recorte tcito de las libertadesindividuales. Un nuevo sistema de lealtades y clienterismo poltico que genera una sensacin decomunidad insertando los mecanismos de guerra en la sociedad civil, profesionalizada mediantecompensaciones econmicas. A pesar de ello, la indiferenciacin que se est dando entrecombatientes y no combatientes en la poblacin ha aumentado el riesgo de crmenes contraciviles por parte de los insurgentes.

2. El inicio de los programas de desmovilizacin

El programa PSD iniciado por el presidente Uribe en el 2002, dio inicio a la confrontacin estatalde los paramilitares a partir el control progresivo del territorio por unidades especiales delejrcito y la polica, creadas nicamente con ese fin. La estrategia se complementa con laerradicacin de cultivos ilcitos mediante fumigaciones y se sustenta en la legislacinantiterrorista recogida en la Ley 418 de 1997, y sus modificaciones posteriores. El programaplantea como principios fundamentales de la desmovilizacin el cese al fuego definitivo, el finde los secuestros y la desvinculacin del narcotrfico de los miembros rehabilitados. Sinembargo no se incluyen clusulas de desarrollo social pese a considerarse un elemento clave dela poltica de seguridad.

El esfuerzo principal del gobierno ha incidido en el fortalecimiento de las fuerzas armadas,incorporando a ms de 15.000 soldados campesinos a sus filas y creando una extensa red decolaboradores/informantes de ms de 1.5 milln de ciudadanos, que cooperaran con el ejrcitoen las tareas de delacin e identificacin de paramilitares. La formulacin de ley tambinincluye una ampliacin de la jurisdiccin militar, que reduce la supervisin judicial en favor deldictamen del Ejecutivo en materia de seguridad. El incremento de la actividad irregular yarbitraria de la fuerzas armadas en las Zonas de Rehabilitacin y Consolidacin (ZRC) en lasque se ha implantado el programa, ha revelado la ineficacia de este sistema, debido a lahistrica vinculacin de los paramilitares con miembros del ejrcito.

Se ha argumentado que los acuerdos de desmovilizacin fueron directamente promovidos porlos paramilitares como forma para evitar la extradicin a los Estados Unidos y como sistema

para limpiar las cuentas del narcotrfico. La gran complejidad de stas organizaciones, conenorme poder econmico y vnculos en el trfico de drogas y en el entramado empresarial de

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las regiones, es el gran obstculo a la hora de aplicar la estrategia de desmovilizacin. A pesarde la declaracin de cese al fuego en 2002, diversas organizaciones independientes de defensade derechos humanos, han seguido recogiendo constantes crmenes polticos y sobre lasociedad civil perpetrados por estos grupos armados. Adems, la militarizacin de ciudadanosque ha instigado el propio programa, ha creado un clima de confusin y desconfianzadificultando as la identificacin de miembros y sus relaciones en las investigaciones.

Las innumerables deficiencias en la aplicacin del programa estn imposibilitando ladesarticulacin real de las redes armadas ilegales. El gobierno perpetra la impunidad encubiertade los paramilitares en la falta de evaluacin detallada de archivos criminales, que ya de por sson histricamente parciales en la ausencia crnica de persecucin en materia de violaciones dederechos humanos. A ello se aade que en realidad la revelacin de informacin por parte delos desmovilizados es prcticamente inexistente, con lo cual las investigaciones en cursotampoco pueden llevarse a cabo con total eficacia. Y por otro lado, el hecho de que el procesono slo contemple beneficios econmicos por la desmovilizacin "voluntaria", sino que tambinse pueda conservar los bienes y cuentas adquiridos ilcitamente, permite la regeneracin delfenmeno con la renovacin de activos paramilitares gracias al gran poder monetario de estasformaciones.

Parece evidente que la implementacin del programa antiterrorista no est consiguiendo laerradicacin de los grupos armados en el pas, y tiene adems graves consecuencias negativaspara el mantenimiento del Estado de Derecho. El proyecto de ley de "casi indulto" del gobiernode Uribe se interpreta como una forma de dar va libre a la liberacin de los paramilitares, sinque stos sean deshabilitados desde la desarticulacin de los grupos operativos. La propuestasde ley del Gobierno ofrecen importantes reducciones de penas en una confianza expresa delcese al fuego a cambio de amnista, pero no tienen en cuenta el seguimiento de la leyesinternacionales de defensa de los derechos humanos. Ante esta situacin, el programa se hadescubierto como un sistema contraproducente para el fin de la actividad violenta en el mbitopoltico. Las causas judiciales que actualmente existen contra el presidente Uribe por suvinculacin con los paramilitares, son la muestra del doble juego que ha llevado en gobierno en

sus intentos de negociacin de paz. La colaboracin de los planes que Estados Unidos tieneimplantados para la lucha contra el narcotrfico son adems otra forma de legitimar laexistencia de estos grupos armados, sin que el Estado de Derecho pueda ser defendido desdela jurisdiccin internacional independiente.

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