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EL JUICIO DE AMPARO ORIGEN Y EVOLUCIOacuteN HASTA LA CONSTITUCIOacuteN DE 1917

TRES CASOS PARADIGMAacuteTICOS QUE DETERMINARON SU CONFIGURACIOacuteN

Marcos DEl rosario roDriacuteGuEz

sumario I Oriacutegenes del juicio de amparo II El amparo Miguel Vega III Las cuestiones poliacuteticas no justiciables en los casos More-los Leoacuten Guzmaacuten y Salvador Dondeacute IV Amparo Justo Prieto

V Consideraciones finales

I oriacuteGEnEs DEl Juicio DE amparo

La historia del control constitucional en Meacutexico surgioacute a partir de la entrada en vigor de la Constitucioacuten de 1836 ya que previo a eacutesta ninguna otra habiacutea dispuesto alguacuten medio de defensa1 con lo cual la salvaguarda de la vigencia de los derechos de las personas asiacute como la supremaciacutea del orden constitu-cional resultaba poco eficiente

La aportacioacuten maacutes importante de la Constitucioacuten centralista de 1836 fue el haber creado un oacutergano de control poliacutetico2 denominado Supremo

Secretario de tesis en la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-racioacuten e investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores

1 Cfr Noriega Cantuacute Alfonso ldquoEl Supremo Poder Conservadorrdquo Revista de la Facultad de Derecho de Meacutexico nuacutem 69-70 enero-julio de 1968 pp 255-296

2 La locucioacuten ldquocontrol constitucionalrdquo conlleva tres vertientes conforme a la teoriacutea cons-titucional contemporaacutenea control poliacutetico control jurisdiccional y control social El poliacutetico fue el primero de los controles previstos en los marcos constitucionales Fue en la Constitucioacuten estadounidense de 1787 donde se establecioacute una serie de frenos reciacuteprocos entre los poderes puacuteblicos con el fin de evitar cualquier ejercicio extralimitado de facultades y de esta forma garantizar un balance en la actuacioacuten de dichos oacuterganos Los controles poliacuteticos estaacuten orienta-dos a fungir como factores de equilibrio conservando la vigencia del principio de divisioacuten de poderes Fue en Francia en el seno de la Constitucioacuten del antildeo VIII (1799) en donde se creoacute

DR copy 2018 Instituto de Investigaciones Juriacutedicas - Universidad Nacional Autoacutenoma de Meacutexico

Poder judicial del estado de Michoacaacuten

240 MARCOS DEL ROSARIO RODRIacuteGUEZ



Poder Conservador3 como su nombre lo sentildeala teniacutea como finalidad el preservar y conservar el orden constitucional de cualquier intromisioacuten o invasioacuten por parte de cualquier otro oacutergano de poder

El control de constitucionalidad de tipo poliacutetico ejercido por el Supre-mo Poder Conservador se hace manifiesto en el artiacuteculo 12 de la segunda ley en las fracciones I II y III donde se le facultaba declarar la nulidad de todo acto procedente de los poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial que fuese en contra de alguacuten precepto constitucional4 Si bien este oacutergano de control poseiacutea diversas inconsistencias como la irresponsabilidad que teniacutean sus miembros sobre sus actos o bien facultades extraordinarias del todo des-proporcionadas como declarar la incapacidad fiacutesica o moral del presidente5

o suspender las sesiones del Congreso y de la Corte Suprema6 sentoacute las bases para la proteccioacuten y control constitucional en nuestro sistema

El control jurisdiccional de la Constitucioacuten en Meacutexico surgioacute en Yuca-taacuten en 1841 a traveacutes de la creacioacuten de un instrumento de proteccioacuten de de-rechos humanos denominado juicio de amparo siendo hasta ese entonces el primer medio de tutela disentildeado ex profeso para reparar cualquier afectacioacuten producida por el actuar indebido de una autoridad

Fue durante 1840 que mediante un movimiento revolucionario Yuca-taacuten se separoacute del Estado mexicano en razoacuten de las siguientes causas debido al establecimiento del pago de derechos aduaneros que desde la guerra con Texas se habiacutea impuesto a todo el paiacutes la imposicioacuten de contingentes de sangre sobre el pueblo yucateco y principalmente por haberse instaurado una forma de Estado centralista en 1836

Con la entrada en vigor de la Constitucioacuten de 1836 en el estado de Yucataacuten influenciado por federalistas arguyeron que se habiacutea vulnerado el pacto federal establecido en 1824 por tal motivo la soberaniacutea cedida a la Federacioacuten fue retrotraiacuteda para ser asumida por los poderes locales y cons-tituirse en un paiacutes independiente

La Constitucioacuten de 1841 destacoacute entre otras cosas por establecer por primera vez el sufragio popular directo la responsabilidad poliacutetica de los

el primer ente encargado de mantener la vigencia del orden constitucional el cual fue deno-minado Senado Conservador Rosario Rodriacuteguez Marcos del ldquoControl de constitucionali-dadrdquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo et al (coords) Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional Meacutexico Consejo de la Judicatura-UNAM 2014 t I p 222

3 Barragaacuten Barragaacuten Joseacute ldquoBreve comentario sobre las leyes constitucionales de 1836rdquo en Galeana Patricia (comp) Meacutexico y sus Constituciones Meacutexico Fondo de Cultura Econoacutemi-ca 2003 p 120

4 Tena Ramiacuterez Felipe Leyes fundamentales (1808- 1999) Meacutexico Porruacutea 1999 p 210 5 Idem 6 Idem



241 EL JUICIO DE AMPARO ORIGEN Y EVOLUCIOacuteN



servidores puacuteblicos (impeachment) asiacute como la integracioacuten colegiada del Po-der Ejecutivo7 sin embargo las aportaciones maacutes trascendentes atribuidas a Rejoacuten son la incorporacioacuten de un cataacutelogo de derechos humanos y la instauracioacuten del juicio de amparo como medio de proteccioacuten de tales de-rechos

El artiacuteculo 53 del Proyecto Constitucional recogioacute el pensamiento de Rejoacuten al establecer que le correspondiacutea a la Suprema Corte de Justicia del Estado de Yucataacuten amparar en el goce de sus derechos a toda persona que pidiere su proteccioacuten en contra de las normas emanadas por la Legislatura asiacute como de los actos del Ejecutivo que sean contrarios a la Constitucioacuten Limitaacutendose en ambos casos a reparar el agravio producido

Rejoacuten estimoacute que el amparo tendriacutea dos vertientes Una de estas seriacutea un juicio ante los tribunales de primera instancia con objeto de proteger las garantiacuteas individuales La segunda seriacutea un juicio planteado de forma directa ante la Suprema Corte del estado contra las leyes del Congreso o actos del Poder Ejecutivo que vulneraran el orden constitucional Como lo denota Manuel Gonzaacutelez Oropeza surgioacute por primera ocasioacuten un ins-trumento judicial de control de la constitucionalidad de las leyes y actos de autoridad ldquoEsta naturaleza del amparo de un juicio propio y no de un re-curso subsidiario dentro de otro juicio le dio la caracteriacutestica que hasta la fecha tiene por lo que en opinioacuten de Emilio Rabasa esta peculiaridad fue obra de Rejoacutenrdquo8

El juicio de amparo fue instaurado en el Acta de Reformas de 1847 Como se sentildealoacute desde los debates del Constituyente de 1842 Mariano Ote-ro elaboroacute un voto particular en el que proponiacutea un modelo de estado li-beral federal y garantista sin embargo su influencia quedariacutea plasmada en la citada Acta de Reformas y a la postre en la Constitucioacuten de 1857 la primera en reconocer al amparo como medio de proteccioacuten de los derechos del hombre

Es importante advertir algunos aspectos que ponen de manifiesto los rasgos distintivos del pensamiento de Mariano Otero en cuanto al deber ser del juicio de amparo entre estos estaacute la tendencia a fortalecer el fede-ralismo mediante la consolidacioacuten del Poder Judicial lo que evidencia su desconfianza para que los estados reconocieran y tutelaran los derechos hu-manos En la nocioacuten de Otero la Unioacuten podriacutea correr riesgo de desapare-cer si se dispensa a los Estados cualquier facultad que pudiere llevar a una

7 Gonzaacutelez Oropeza Manuel Constitucioacuten y derechos humanos Oriacutegenes del control jurisdiccio-nal Meacutexico Porruacutea-CNDH 2009 p 155

8 Ibidem p 170






separacioacuten De ahiacute que la Federacioacuten debiacutea asumir el control constitucional y la tutela de los derechos humanos Situacioacuten que a la postre ocurririacutea a partir del caso Miguel Vega y el establecimiento formal del control concen-trado de constitucionalidad en el Poder Judicial a partir de la Constitucioacuten federal de 1917

Ademaacutes de analizar la trascendencia y contribucioacuten del caso Miguel Vega en la configuracioacuten del juicio de amparo como instrumento de tutela cons-titucional en el presente artiacuteculo se analizaraacute el amparo Justo Prieto mediante el cual se definioacute con precisioacuten la naturaleza y funcioacuten del control difuso de constitucionalidad y el papel del juicio de garantiacuteas en el ejercicio efectivo de dicho control

Pero tambieacuten se haraacute mencioacuten de una serie de asuntos conocidos como los amparos Morelos Leoacuten Guzmaacuten y Salvador Dondeacute que fueron determinantes en lo relativo a las cuestiones poliacuteticas y su justiciabilidad El conocimiento de estos amparos resulta determinante para advertir por queacute la tutela del amparo no se extiende al aacutembito de los derechos poliacuteticos cuando en su disentildeo de origen siacute estaba previsto que su proteccioacuten abarcara cualquier derecho humano que hubiera sido vulnerado

Sin duda estos juicios deben ser estudiados para comprender coacutemo a traveacutes de decisiones judiciales el amparo ha delineado su naturaleza y al-cances como un medio de proteccioacuten uacutenico en el mundo

II El amparo miguel Vega

A partir de la ceacutelebre resolucioacuten del caso Miguel Vega fue que el juicio de am-paro se concebiriacutea como procedente en contra de negocios judiciales y no de actos derivados de autoridades administrativas y legislativas Ademaacutes de lo anterior el caso en cuestioacuten permitioacute que la Suprema Corte ejerciera una revisioacuten judicial efectiva sobre los actos del Poder Legislativo que transgredie-ran el orden juriacutedico por viacutea de la interpretacioacuten constitucional de las leyes lo cual como se ha advertido resultaba imposible aun cuando en las discusiones de la ley de amparo de 1869 se habiacutean mostrado las bondades de la figura norteamericana del precedente judicial y la interpretacioacuten constitucional del juez derivado principalmente como se refirioacute de los alcances normativos de la artiacuteculo 101 constitucional

El caso del amparo Miguel Vega surge de un asunto de iacutendole penal Joseacute Bantildeuelos cargador de oficio apuntildealoacute al jornalero Benito Prado en Culia-caacuten derivado de una rintildea que estos sostuvieron Miguel Vega juez de letras






con asiento en Culiacaacuten Sinaloa conocioacute de la causa criminal dictando sentencia el 18 de diciembre de 1868

En su resolucioacuten el juez Vega valoroacute que Joseacute Bantildeuelos actuoacute en legiacuteti-ma defensa por lo que impuso como pena dos meses y medio de presioacuten Por viacutea de apelacioacuten el Tribunal Superior de Justicia de la entidad al conocer de la impugnacioacuten consideroacute que la sentencia era contraria a derecho por lo que decidioacute revocarla

En cuanto al juez Miguel Vega el Tribunal Superior consideroacute que ha-biacutea dictado una sentencia en la que no se valoroacute adecuadamente los hechos y la responsabilidad del agresor por lo que decidioacute sancionarlo con funda-mento en las leyes de Caacutediz de 1813 las cuales se encontraban en vigor en aquel entonces en todo el territorio9 en las que se disponiacutea en los artiacuteculos 7o y 8o que cuando un tribunal revocaba el fallo del inferior y estimaba que si por ignorancia o descuido el juez habiacutea fallado contra ley expresa se debiacutea privar de su cargo por un antildeo En consecuencia fue separado del car-go por ese lapso de tiempo10 Pero no fue la sancioacuten dictada por el Tribunal Superior de Justicia local la cual se encontraba debidamente fundada y mo-tivada la que generariacutea un agravio al juez Miguel Vega sino una sancioacuten adicional misma que consistioacute en prohibir el ejercicio de la profesioacuten de abogaciacutea durante el periodo de un antildeo lo que implicaba la vulneracioacuten de su derecho a la libertad de trabajo11

Como consecuencia de dicha sentencia Miguel Vega interpuso una de-manda de juicio de amparo aun cuando en la Ley de Amparo de 1869 en el artiacuteculo 8o se estableciacutea que no era admisible el recurso de amparo en ne-gocios judiciales tal y como se ha mencionado El juez de distrito del estado de Sinaloa basaacutendose en la prohibicioacuten expresa de la norma no dio entra-da a la demanda desechaacutendola de plano

El juez Vega interpuso un recurso de apelacioacuten ante la Suprema Corte lo que implicoacute la revocacioacuten del auto del juez de distrito Para llegar a tal de-cisioacuten en un primer momento la Corte discutioacute la naturaleza material del acto emitido por el Tribunal Superior de Justicia es decir si efectivamente se trataba de un acto judicial o bien de un acto de caraacutecter administrativo En opinioacuten del ministro Miguel Auza que a la postre seriacutea la posicioacuten que imperariacutea en la sentencia se precisoacute que el acto poseiacutea las cualidades de un acto administrativo Fue a Leoacuten Guzmaacuten como fiscal de la Suprema Corte a quien le correspondioacute pedir al Pleno del maacuteximo tribunal la revocacioacuten

9 Cabrera Acevedo Lucio La Suprema Corte de Justicia La Repuacuteblica y el Imperio Meacutexico SCJN 1988 p 195

10 Idem 11 Idem






de la sentencia del juzgado de distrito para que de esta forma procediera el amparo y la tutela del derecho vulnerado al juez Miguel Vega

El Tribunal Superior de Justicia se negoacute a rendir el informe a la Su-prema Corte asiacute como cumplimentar la sentencia del 20 de julio de 1869 basaacutendose en lo dispuesto por el artiacuteculo 8o de la Ley de Amparo asiacute como por el hecho de que la sentencia revocada ya habiacutea causado estado y siendo cosa juzgada resulta improcedente su modificacioacuten sin que se incurriera en una responsabilidad Por tanto el Tribunal Superior fue deferente con el legislador y optoacute por el principio de presuncioacuten de constitucionalidad de la ley aplicando lo previsto por el referido artiacuteculo y desvinculaacutendose de lo interpretado y resuelto por la Suprema Corte

La motivacioacuten del Tribunal Superior se basoacute en el razonamiento preva-leciente en aquella eacutepoca como ya se ha expuesto en el presente trabajo de que la interpretacioacuten de la ley correspondiacutea soacutelo a quien la elaboraba Por tanto si el Congreso de la Unioacuten establecioacute que los negocios judiciales no eran susceptibles de ser revisados por viacutea de amparo iquestcoacutemo podiacutea justificar una atribucioacuten en una materia que resultaba del todo improcedente

La Suprema Corte sentildealoacute con relacioacuten a la queja interpuesta por el juez Vega ante la jurisdiccioacuten de amparo en relacioacuten con la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa que

Al salirse de la prescripcioacuten legal ha violado clara y terminantemente la ga-rantiacutea consignada en el Art 4o de la Constitucioacuten Federal seguacuten el cual a nadie se puede impedir el ejercicio de su profesioacuten sin ser juzgado y senten-ciado en la forma regular cuando ataca los derechos de tercero o gubernati-vamente conforme a la ley cuando ofende los de la sociedad12

En su resolutivo la Suprema Corte de Justicia amparoacute y protegioacute a Mi-guel Vega contra la providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa de suspenderlo por un antildeo en el ejercicio de su profe-sioacuten de abogado lo cual vulneraba en su persona el derecho reconocido en el artiacuteculo 4o constitucional13

En su resolucioacuten la Suprema Corte no soacutelo garantizoacute de forma efectiva el derecho a la libertad de trabajo a favor de Miguel Vega previsto en el artiacuteculo 4o de la Constitucioacuten federal sino que desarrolloacute un ejercicio de interpretacioacuten juriacutedica garantizando la supremaciacutea del texto constitucional sobre una norma inferior a traveacutes de la declaracioacuten impliacutecita de inconstitu-

12 Ibidem p 197 13 Idem






cionalidad del artiacuteculo 8o de la Ley de Amparo cuyo contenido limitaba la eficacia del juicio de amparo y de una tutela efectiva

III las cuEstionEs poliacuteticas no JusticiaBlEs En los casos morElos lEoacuten Guzmaacuten y salvaDor DonDeacute

Con la instauracioacuten del amparo en negocios judiciales a partir del caso Miguel Vega el amparo alcanzoacute una plenitud integral y amplia como medio de tu-tela de derechos humanos y de control constitucional ya que ninguacuten acto de autoridad que vulnerara a alguacuten derecho fuera de iacutendole municipal local o federal podiacutea evadir la revisioacuten judicial

Si bien el amparo en los antildeos setenta del siglo XIX era un instrumento mediante el cual se protegiacutea cualquier tipo de derecho con una ductilidad en el acceso que lo haciacutea un verdadero medio de tutela social y democraacuteti-co hacia 1882 los alcances de su proteccioacuten se veriacutean restringidos debido a que se declarariacutea su improcedencia para conocer de cuestiones poliacuteticas y electorales Lo anterior debido a que el 11 de abril de 1874 la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten encabezada en aquel entonces por Joseacute Ma-riacutea Iglesias resolvioacute un asunto conocido como el amparo Morelos mediante el cual se fijoacute un criterio que operariacutea en los antildeos siguientes denominado incompetencia de origen

Los hechos del caso se suscitaron cuando un grupo de hacendados de ori-gen espantildeol asentados en el estado de Morelos solicitaron la proteccioacuten de la justicia federal presentando un juicio de amparo en contra de la Ley de Hacienda promulgada el 12 de octubre de 1873 tomando como argu-mento el hecho de que el Congreso y el gobernador de la entidad general Francisco Leyva eran autoridades que se encontraban ocupando su cargo de forma ilegiacutetima Toda vez que unos de los legisladores llamado Vicente Llamas habiacutea sido electo diputado sin haber dejado el cargo de jefe poliacutetico de uno de los distritos gubernamentales del estado por lo que ejerciacutea de for-ma simultaacutenea dos cargos puacuteblicos A su vez el general Leyva fue reelecto gobernador desatendiendo la prohibicioacuten de reelegirse consagrada en la Constitucioacuten morelense14

En la sentencia del amparo en cuestioacuten Joseacute Mariacutea Iglesias como pre-sidente de la Suprema Corte acepta el agravio expuesto por las partes y lo establece en sus consideraciones asumiendo a partir de ese momento que

Cfr Moctezuma Barragaacuten Javier Joseacute Mariacutea Iglesias y la justicia electoral Meacutexico UNAM Instituto de Investigaciones Juriacutedicas 1994 pp 86-90



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cualquier acto emanado por una autoridad cuya eleccioacuten o designacioacuten haya sido ilegiacutetima se considera que carece de competencia desde su ori-gen trayendo consigo que todo acto realizado por ellos resultariacutea invalido Por ende se puede decir que por competente debiacutea entenderse no soacutelo aquella dotada de facultades legales para expedir las normas o los actos im-pugnados sino que teniacutea que haber sido electa o designada de forma legiacuteti-ma es decir la competencia no soacutelo era funcional sino tambieacuten originaria incompetencia de origen o subjetiva15

No fue sino hasta la llegada a la Suprema Corte del gran jurista jalis-ciense Ignacio L Vallarta que se removioacute el criterio de la incompetencia de origen Lo anterior por una razoacuten poliacutetica Las cuestiones poliacuteticas como no justiciables fueron sostenidas por Ignacio L Vallarta en los amparos Leoacuten Guzmaacuten de agosto de 1878 y Salvador Dondeacute del agosto de 1882

El amparo Leoacuten Guzmaacuten de 1878 se generoacute cuando Guzmaacuten en su calidad de quejoso promovioacute amparo en contra del Gran Jurado del Con-greso del Estado de Puebla quien pretendiacutea seguirle un juicio de responsa-bilidad en su caraacutecter de presidente del Tribunal Superior de Justicia

El juicio en cuestioacuten fue interpuesto por haberse negado a reconocer a la legislatura y al gobernador de dicho estado por considerarlos usurpado-res ademaacutes no se alcanzoacute la mayoriacutea requerida de diputados para iniciar el procedimiento En su voto particular Vallarta sostuvo que el artiacuteculo 16 constitucional hablaba soacutelo de autoridad competente y no de autoridad le-giacutetima Finalmente se le otorgoacute el amparo por la mayoriacutea de los ministros aduciendo que los diputados que pronunciaron el veredicto no eran la ma-yoriacutea del Congreso

El pensamiento de Vallarta se impuso sobre la mayoriacutea en 1881 en la resolucioacuten del amparo promovido por Salvador Dondeacute El quejoso presentoacute su demanda en contra del tesorero del estado de Campeche por el cobro de impuestos los cuales consideroacute inconstitucionales ya que el funcionario no habiacutea sido nombrado por el gobernador constitucional de la entidad sino por una autoridad de facto carente de legitimidad16 Para combatir la te-sis de la incompetencia de origen Vallarta recurrioacute a doctrina comparada particularmente la estadounidense en la cual no se encontraba antecedente para decidir cuestiones poliacuteticas Uno de los aspectos maacutes importantes en la sentencia fue el establecimiento de la improcedencia del juicio de amparo en cuestiones poliacuteticas invocando el self restraint ejercido por la Suprema Corte norteamericana en asuntos poliacuteticos (Luther v Borden 1849)17

15 Ibidem pp 95-99 16 Ibidem pp 236-239 17 Gonzaacutelez Oropeza Manuel ldquoLa proteccioacuten de los derechos poliacuteticos en los Estados






Vallarta decidioacute negarle el amparo al promovente en cuanto al argu-mento de la ilegitimidad de origen de la autoridad pero siacute le otorgoacute la proteccioacuten respecto a la naturaleza de los impuestos impugnados ya que implicaban una invasioacuten a la competencia federal al ser aplicados por una autoridad local

A partir de este caso Ignacio L Vallarta dejariacutea sin efectos el criterio de la incompetencia de origen El criterio de Vallarta quedoacute plasmado en la tesis de jurisprudencia nuacutemero 16318 La tesis en cuestioacuten establecioacute los siguientes criterios esenciales

bull La autoridad judicial no debe intervenir en cuestiones poliacuteticas que incumben a otros poderes

bull El amparo no debe juzgarse sobre la legalidad de la autoridad bull Prejuzgar la legitimidad de las autoridades llevariacutea a atacar la so-

beraniacutea de los estados bull Es decir soacutelo se debe revisar la constitucionalidad objetiva

Con la tesis jurisprudencial en cuestioacuten se expulsoacute formalmente de la competencia del amparo las cuestiones poliacuteticas lo cual trajo consigo que los derechos poliacuteticos durante maacutes de 114 antildeos estuvieran sin alguacuten tipo de tutela y por ende las personas en un completo estado de indefensioacuten

IV amparo Justo prieto

El juicio de amparo solicitado contra los actos del Tribunal de Chihuahua por el cual se procesoacute al asesor Justo Prieto por haber calificado una ley es-tatal como inconstitucional recomendando al juez del caso su inaplicacioacuten resulta de suma trascendencia para entender la naturaleza y alcances del con-trol difuso de constitucionalidad previsto en nuestro marco juriacutedico desde la Constitucioacuten Federal de 1857

Este histoacuterico amparo fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nacioacuten en 1881 cuando dicho oacutergano era presidido por el ceacutelebre Igna-cio L Vallarta Entre las muacuteltiples aportaciones del jurista jalisciense una fue advertir la importancia del control difuso de constitucionalidad como medio de defensa del orden constitucional en aquellos supuestos donde exista la posibilidad de que se aplique una disposicioacuten normativa que pudie-

Unidos y Meacutexico desde una perspectiva del Derecho Comparadordquo Revista del Instituto de la Judicatura Federal Meacutexico nuacutem 38 2014 p 69

Apeacutendice al Semanario Judicial de la Federacioacuten 1917-1988 p 272



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ra ser contraria a la ley fundamental y por ende poner en riesgo la vigencia de su supremaciacutea

El caso en cuestioacuten se suscitoacute cuando el licenciado Justo Prieto fungien-do como asesor del Juzgado de Hidalgo recomendoacute al juez local que debiacutea poner en libertad a unos sirvientes proacutefugos quienes huyeron para no estar maacutes al servicio de su amo Dichos sirvientes fueron juzgados conforme a una ley local la cual no resultaba conforme a lo dispuesto por la Constitu-cional Federal de ahiacute que se recomendara su inaplicacioacuten El tribunal local estimoacute que en el dictamen el asesor utilizoacute un lenguaje inadecuado por lo que procedioacute a suspender al asesor en sus funciones por dos meses turnan-do los autos a la 1a Sala para que eacutesta determinara si el funcionario habiacutea consultado contra ley expresa Una vez comprobado lo anterior por parte de la autoridad jurisdiccional fue consignado como responsable a la 2a Sala para ser juzgado por la conducta delictiva antes descrita

Por lo resuelto Justo Prieto interpuso un juicio de amparo ante el juez de distrito en contra de los actos del tribunal estatal por estimarlos violato-rios de sus derechos y garantiacuteas individuales El juez accedioacute a conceder el amparo por algunos de los agravios esgrimidos por el quejoso situacioacuten que conllevoacute a que presentara un recurso de revisioacuten ante la Suprema Corte y de esta manera se considerara lo vertido en la resolucioacuten del juez de distrito

Sobre el amparo en cuestioacuten Ignacio L Vallarta fundoacute su voto en las siguientes consideraciones Para el jurista jalisciense el juez de distrito al conceder parcialmente la tutela judicial no tomoacute en cuenta lo dispuesto por el artiacuteculo 126 de la Constitucioacuten Federal En su proyecto Vallarta se pre-guntoacute iquestpuede una ley secundaria erigir en delito la obediencia de los jueces al artiacuteculo 126 de la Constitucioacuten que los obliga a arreglarse a ella a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados19 iquestComete un delito el juez o asesor que falla contra ley que juzgan anticonstitucional iquestSe puede penar el deber de observar de pre-ferencia la Constitucioacuten sobre cualquier ley que la contradiga20

Respecto al contenido del artiacuteculo 126 Vallarta sentildeala que ldquoDe seme-jante absoluto precepto se deriva de un modo fuertemente loacutegico necesaria-mente juriacutedico la ineficacia de toda ley que a la Constitucioacuten contrariacuteerdquo21

Se advierte la racionalidad y loacutegica del anaacutelisis de Vallarta en el que hace ver la incongruencia de parte del tribunal local al pretender sancionar y restringir la actuacioacuten jurisdiccional del asesor cuya intencioacuten fue man-

19 Vallarta Ignacio L Obras completas 6a ed Meacutexico Porruacutea 2005 ts III y IV p 390 20 Ibidem p 391 21 Ibidem p 394






tener la vigencia del texto constitucional ante cualquier disposicioacuten que comprometa la primaciacutea normativa de eacutesta

La justificacioacuten de inaplicar toda norma que pudiera restringir el con-tenido de la Constitucioacuten subyace precisamente como se analizoacute anterior-mente en la idea de los padres fundadores por salvaguardar la Constitucioacuten de toda pretensioacuten del legislador cuyas acciones deben estar limitadas por los principios y reglas emanadas de la ley suprema

Lo anterior seriacutea tanto como pretender que los tribunales apliquen las leyes sin ninguacuten anaacutelisis loacutegico o racional aun cuando existan indicios evi-dentes de que contradice a la Constitucioacuten En palabras de Vallarta equi-valdriacutea a que esa ley fuese estimada como superior al texto constitucional y que los jueces no reconocieran su supremaciacutea Esto es que el Poder del Congreso es mayor al del pueblo y que basta la voluntad de aquel para mo-dificar principios y reglas constitucionales De ahiacute que los liacutemites impuestos al legislador se encuentren plenamente justificados en aras de hacer preva-lecer el orden constitucional22

Basaacutendose en lo dicho por Hamilton en El Federalista Vallarta refiere que si entre las leyes fundamentales y secundarias hay alguna contradiccioacuten difiacute-cil de ser armonizada aquella que posea un grado de primaciacutea mayor y por ende de fuerza y validez debe ser preferida en pocas palabras advierte que la Constitucioacuten se antepone en todo momento a la ley secundaria esto es igual a la prevalencia de la voluntad del pueblo sobre la de sus representantes23

Se puede concluir que los tribunales tienen el deber de respetar a la Constitucioacuten y si eacutesta es la norma suprema superior a toda ley secundaria la Constitucioacuten y no la ley secundaria debe aplicarse al caso concreto24

Pese a no existir en el Diario de Debates del Constituyente de 1857 nin-guacuten tipo de justificacioacuten respecto a la razoacuten de ser del artiacuteculo 126 de la Constitucioacuten Federal Vallarta aludioacute que esto no era necesario ya que los constituyentes al haber incorporado la claacuteusula de supremaciacutea aceptaron las nociones y teoriacuteas que dieron vida a dicha claacuteusula emanadas del modelo constitucional norteamericano25

22 Ibidem pp 396 y 397 23 Ibidem p 398 24 Ibidem pp 400 y 401 25 ldquoNo habraacute pues en lo de adelante y siempre que se trate de leyes o actos anticonsti-

tucionales ya en la Federacioacuten ya en los Estados aquellas iniciativashellip en que se ultrajaba la soberaniacutea federal o de los Estadoshellip ni aquellas reclamaciones puacuteblicas y oficiales que muchas veces fueron el preaacutembulo de los pronunciamientos habraacute siacute un juicio paciacutefico y tranquilohellip que prepare una sentencia que si bien deje sin efecto en aquel caso la ley de que se apela no ultraje ni deprima al Poder Soberano de que ha nacido sino que lo obligue por






Una vez solventado el tema relativo al deber de todo oacutergano de poder y autoridad de respetar la Constitucioacuten por ser la ley suprema que dota de validez y eficacia al reacutegimen juriacutedico Vallarta fue enfaacutetico en exponer su tesis principal

solamente es nula la ley contraria a la Constitucioacuten porque eacutesta es la su-prema de toda la Unioacuten a pesar de las disposiciones posteriores contrarias sino porque el Congreso federal las legislaturas de los Estados carecen de poder y autoridad para derogar un solo texto constitucional fuera del modo que previenen el artiacuteculo 126 Estas conclusiones en tesis general me parecen inatacables26

Como se puede observar las consideraciones expresadas por Vallarta giran en torno del control difuso cuya incorporacioacuten a nuestro sistema juriacute-dico se dio en la Constitucioacuten de 1857 nunca habiacutea sido sujeto de un anaacute-lisis sobre sus alcances hasta el caso en cuestioacuten

En la perspectiva del jurista jalisciense no soacutelo es una obligacioacuten confe-rida a todo juez sino que debe ser entendida como una maacutexima el hecho de juzgar conforme a la ley fundamental y de esta manera no aplicar aque-lla norma que sea contraria a lo dispuesto por eacutesta La Constitucioacuten por ser suprema exige que sea obedecida por todos de ahiacute que Vallarta refiera una regla de la jurisprudencia romana ldquoJudex non de legibus sed secundum leges judicare debetrdquo27

En sus consideraciones resalta la importancia del juez pro-activo re-chazando toda pasividad que implique alguna permisioacuten para no aplicar una disposicioacuten normativa contraria a la supremaciacutea constitucional La omisioacuten del juez en la labor de vigilancia y observancia constitucional pue-de traer consigo una merma sensible a la vigencia de la Constitucioacuten

Para Ignacio L Vallarta la Suprema Corte estaacute facultada para conocer todas las cuestiones constitucionales que surjan en el Estado mexicano por ser eacutesta la uacuteltima instancia y en consecuencia fungir como inteacuterprete del texto constitucional sin embargo en aquel tiempo era cada vez maacutes recu-rrente la aparicioacuten de conflictos de constitucionalidad a nivel local lo que llevaba a los jueces de primera instancia a inaplicar todo aquel dispositivo normativo que fuese considerado como contrario a la Constitucioacuten Federal sin que la Suprema Corte pudiera conocer del asunto en cuestioacuten

medios indirectos aacute revocarla por el propio ejercicio de su autoridadrdquo Historia del Congreso t 1 p 462

26 Vallarta Ignacio L Obras completas cit ts III y IV p 405 27 Ibidem p 407






Para el jurista jalisciense resultaba de suma importancia garantizar el adecuado funcionamiento del sistema constitucional la existencia en la ley orgaacutenica del Poder Judicial de alguacuten recurso jurisdiccional semejante al writ of error el cual garantiza que ante cualquier inaplicacioacuten hecha por un juez local su decisioacuten necesariamente es revisada por un oacutergano que cuenta con facultades de control constitucional de esta manera se salvaguarda la integridad del sistema juriacutedico28

Debe advertirse que la inaplicacioacuten de una norma cuando se estima aparentemente como inconstitucional por parte de un juez local no con-lleva que sea expulsada del sistema juriacutedico esto soacutelo se da hasta que es declarada formalmente como invaacutelida por el oacutergano encargado de ejercer control de constitucionalidad en uacuteltima instancia

Un aspecto a considerar era que la Suprema Corte en varias ejecutorias ya se habiacutea pronunciado respecto a que los tribunales estatales no podiacutean dejar de atender la interpretacioacuten efectuada por el maacuteximo tribunal res-pecto a cuestiones relativas a la Constitucioacuten Federal Por tanto Vallarta consideroacute que era iliacutecito considerar como delito y hacerlo materia de un juicio el deber que el artiacuteculo 126 de la Constitucioacuten impone a los jueces de los Estados deber con el que cumplioacute el asesor de Hidalgo no aplicando la ley de sirvientes conforme a la interpretacioacuten que se hiciera del artiacuteculo 5o de la fundamental29

Por tanto se concluyoacute que no existioacute delito alguno que castigar sino que la actuacioacuten del asesor salvaguardoacute el orden constitucional evitando la aplicacioacuten de una ley notoriamente contraria a lo dispuesto por aquella

Uno de los razonamientos expuestos por Vallarta consistioacute en referir lo loacutegico que resultaba que no puede haber delito en donde no existe pena ni proceso ni prisioacuten ni molestia alguna30 Particularmente tomando en cuenta lo que reza el artiacuteculo 14 constitucional al reconocer la validez de leyes expedidas con anterioridad siempre y cuando esas leyes se encuentren conforme a la Constitucioacuten El abogado Justo Prieto lejos de haber come-tido un desacato contra las oacuterdenes de su superior jeraacuterquico cumplioacute con un deber que le impone la ley suprema deber que se extrae de cualquier imputacioacuten penal o de otra iacutendole31

Dentro de las consideraciones expuestas la sentencia de la Corte ex-presamente hace alusioacuten a la ley suprema de toda la Unioacuten a la que deben

28 Ibidem p 415 29 Ibidem p 418 30 Ibidem p 419 31 Ibidem p 422






arreglarse los jueces de cada Estado a pesar de las disposiciones en contra-rio que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados

ldquoLa Suprema Corte decidioacute amparar y proteger a Justo Prieto contra la resolucioacuten del Tribunal Supremo de Chihuahua motivados por el dictamen que extendioacute el quejoso como asesor del Juez 1ordm del Cantoacuten Hidalgo con-sultaacutendole pusiese en libertad absoluta a los sirvientes del Tomaacutes Nuacutentildeezrdquo32

V consiDEracionEs FinalEs

Desde su origen el juicio de amparo tuvo como objetivo garantizar de forma efectiva los derechos humanos de las personas ante alguna vulneracioacuten per-petrada por parte de alguna autoridad Como es loacutegico este instrumento fue adecuaacutendose a las exigencias poliacuteticas sociales e histoacutericas de su momento evolucionando a un estatus de mayor eficacia y asiacute cumplimentar de mejor forma su fin

El papel del juez constitucional ha sido determinante en la evolucioacuten del amparo ya que a traveacutes de la interpretacioacuten judicial se extendieron los alcances de su tutela tal y como lo advertimos en el caso Miguel Vega en el que gracias a la decisioacuten progresiva de la Suprema Corte los actos emana-dos de los oacuterganos jurisdiccionales pudieron ser sujetos de revisioacuten judicial con lo cual se vino a corregir un deacuteficit de origen que limitaba la eficacia del amparo como auteacutentico medio de defensa constitucional

De igual forma gracias a una interpretacioacuten congruente y progresiva en el caso Justo Prieto Ignacio L Vallarta delineoacute con precisioacuten la naturaleza y razoacuten del control difuso de constitucionalidad cuyo contenido no habiacutea sido explicado ni por el Constituyente cuando lo incorporoacute en el texto cons-titucional de 1857 ni por el legislador posteriormente Sin duda sus razo-namientos deben ser revisados y estudiados por los jueces de la actualidad para entender de mejor forma coacutemo debe ser aplicado el referido control y conocer a fondo su naturaleza y alcances

De igual forma en el amparo Justo Prieto se denota la importancia del juicio de amparo para dotar de fuerza al control difuso una vez que se ha ejercido ya que una vez que ha sido aplicado por un juez local el juez constitucional revisa que haya sido conforme a los paraacutemetros constitucio-nales Aunque es importante sentildealar que en sus consideraciones Vallarta se inclina por la creacioacuten de un medio distinto al amparo encargado de verificar el adecuado uso del control difuso por parte de los jueces menores

Ibidem p 429



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tal y como ocurre en los Estados Unidos de Ameacuterica o en Espantildea con la cuestioacuten de constitucionalidad

Sin duda estos casos poco explorados por el foro y la doctrina juriacutedica mexicana fortalecieron al amparo como un medio de control jurisdiccional efectivo

Si bien la interpretacioacuten judicial ha incidido positivamente en la con-formacioacuten del amparo en el tema relativo a las cuestiones poliacuteticas los efec-tos fueron negativos ya que debido a la posicioacuten de Vallarta al respecto se dejoacute por maacutes de cien antildeos en estado de indefensioacuten a los ciudadanos y sus derechos poliacuteticos No seriacutea sino hasta la instauracioacuten del juicio para la proteccioacuten de los derechos poliacutetico-electorales del ciudadano que los dere-chos poliacuteticos contaron con un medio de proteccioacuten ante cualquier posible violacioacuten

La intencioacuten de revertir un criterio tan poco favorable para la seguridad juriacutedica como lo fue el de la incompetencia de origen trajo consigo efectos maacutes negativos ya que se restringieron los alcances del amparo negando la proteccioacuten a los derechos poliacuteticos desvirtuoacute la esencia y fines del juicio de amparo que en los antildeos previos se habiacutean edificado La nocioacuten de las cues-tiones poliacuteticas no justiciables se convirtioacute a partir del caso en comento en una caracteriacutestica propia del amparo de ahiacute que resulta determinante co-nocer de los casos que formaron el criterio referido

El disentildeo actual del amparo tiene su base en el modelo esgrimido por sus fundadores sin embargo como se ha referido gran parte de su esencia fue construida mediante las resoluciones dictadas en los casos paradigmaacuteti-cos anteriormente analizados






Poder Conservador3 como su nombre lo sentildeala teniacutea como finalidad el preservar y conservar el orden constitucional de cualquier intromisioacuten o invasioacuten por parte de cualquier otro oacutergano de poder

El control de constitucionalidad de tipo poliacutetico ejercido por el Supre-mo Poder Conservador se hace manifiesto en el artiacuteculo 12 de la segunda ley en las fracciones I II y III donde se le facultaba declarar la nulidad de todo acto procedente de los poderes Legislativo Ejecutivo y Judicial que fuese en contra de alguacuten precepto constitucional4 Si bien este oacutergano de control poseiacutea diversas inconsistencias como la irresponsabilidad que teniacutean sus miembros sobre sus actos o bien facultades extraordinarias del todo des-proporcionadas como declarar la incapacidad fiacutesica o moral del presidente5

o suspender las sesiones del Congreso y de la Corte Suprema6 sentoacute las bases para la proteccioacuten y control constitucional en nuestro sistema

El control jurisdiccional de la Constitucioacuten en Meacutexico surgioacute en Yuca-taacuten en 1841 a traveacutes de la creacioacuten de un instrumento de proteccioacuten de de-rechos humanos denominado juicio de amparo siendo hasta ese entonces el primer medio de tutela disentildeado ex profeso para reparar cualquier afectacioacuten producida por el actuar indebido de una autoridad

Fue durante 1840 que mediante un movimiento revolucionario Yuca-taacuten se separoacute del Estado mexicano en razoacuten de las siguientes causas debido al establecimiento del pago de derechos aduaneros que desde la guerra con Texas se habiacutea impuesto a todo el paiacutes la imposicioacuten de contingentes de sangre sobre el pueblo yucateco y principalmente por haberse instaurado una forma de Estado centralista en 1836

Con la entrada en vigor de la Constitucioacuten de 1836 en el estado de Yucataacuten influenciado por federalistas arguyeron que se habiacutea vulnerado el pacto federal establecido en 1824 por tal motivo la soberaniacutea cedida a la Federacioacuten fue retrotraiacuteda para ser asumida por los poderes locales y cons-tituirse en un paiacutes independiente

La Constitucioacuten de 1841 destacoacute entre otras cosas por establecer por primera vez el sufragio popular directo la responsabilidad poliacutetica de los

el primer ente encargado de mantener la vigencia del orden constitucional el cual fue deno-minado Senado Conservador Rosario Rodriacuteguez Marcos del ldquoControl de constitucionali-dadrdquo en Ferrer Mac-Gregor Eduardo et al (coords) Diccionario de derecho procesal constitucional y convencional Meacutexico Consejo de la Judicatura-UNAM 2014 t I p 222

3 Barragaacuten Barragaacuten Joseacute ldquoBreve comentario sobre las leyes constitucionales de 1836rdquo en Galeana Patricia (comp) Meacutexico y sus Constituciones Meacutexico Fondo de Cultura Econoacutemi-ca 2003 p 120

4 Tena Ramiacuterez Felipe Leyes fundamentales (1808- 1999) Meacutexico Porruacutea 1999 p 210 5 Idem 6 Idem












8 Ibidem p 170
























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el juicio de amparo: origen y evoluciÓn …...este libro forma parte del acervo de la biblioteca...

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