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El insurgente

¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará! Año 19 Nº 166 Noviembre de 2015 Pág. 2

Página 3

EDITORIAL

Página 4

CUERPOS POLICÍACO-MILITARES PERPETRADORES DEL TERRORISMO DE ESTADO COMO DOCTRINA Y PRÁCTICA SISTEMÁTICA CONTRA EL PUEBLO

Página 8

LA DETENCIÓN DESAPARICIÓN FORZADA, REALIDAD INOCULTABLE EN MÉXICO

Página 11

DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, POLÍTICA DE DESPOJO Y CONTRAINSURGENCIA

Página 14

LA OFENSIVA DEL ESTADO CONTRA LA CNTE

Página 18

ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO

EL ESTADO IMPONE EL TERRORISMO

Página 20

¡ E S E L E S T A D O !

REVOLUCIÓN A DEBATE

Página 24

¿QUIÉNES TEMEN A LA REVOLUCIÓN?

PENSAMIENTO DEL MILITANTE COMUNISTA:

Página 27

El idealismo inmiscuido

CARTAS DE LA MILITANCIA:

Página 29

Leyes neoliberales y movimiento magisterial

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:

Página 31

DEL COMITÉ ESTATAL Y LA COMANDANCIA DE ZONA

MICHOACÁN DE OCAMPO, 23 DE OCTUBRE DE 2015

ARTE Y CULTURA:

Página 36

POESÍA: No nos detendrán

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¡Con la guerra popular! ¡El EPR triunfará! Año 19 Nº 166 Noviembre de 2015 Pág. 3

EDITORIAL a ofensiva represiva contra la CNTE, que va desde la coacción administrativa a la económica y de ahí a la policíaco-militar constituye parte de lo que es el terrorismo de Estado que se ejerce contra los

trabajadores del campo y la ciudad en México.

Los vientos y exigencia de represión contra los trabajadores de la educación obedece a las exigencias de la oligarquía y es implementada por los políticos de oficio que cumplen el papel de cancerberos del capital sin importar el origen partidario del cual sean, porque todos sin excepción se rigen por las leyes de funcionamiento del Estado burgués mexicano y éste constituye la maquinaria de opresión política para garantizar la explotación económica burguesa.

De esta suerte los gobiernos de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán han asumido el compromiso con la oligarquía de imponer con sangre y fuego el estado de derecho oligárquico para aplicar a rajatabla la reforma burguesa neoliberal educativa, lo que configura más crímenes de Estado contra los trabajadores de la educación y los jóvenes normalistas de estos estados.

La ofensiva represiva contra el movimiento magisterial y estudiantil obedece a que tanto el magisterio democrático agrupado en la CNTE y el normalista agrupado en la FECSM y otros frentes estudiantiles están organizados de manera independiente del Estado rompiendo con el corporativismo, y porque se han opuesto combativamente a la reforma educativa de carácter neoliberal.

Por lo tanto nos enfrentamos a una venganza de Estado, sobre todo porque estos dos sectores desenmascararon el carácter farsante de la democracia burguesa y porque con movilización popular han levantado las banderas de la defensa del derecho a la educación pública y gratuita, así como el derecho al trabajo, por consecuencia el derecho a la vida.

El argumento de que con la movilización y la protesta popular se afectan derechos de terceros esgrimido desde el gobierno antipopular es una sucia maniobra de desinformación y manipulación psicológica que tiene como propósito criminalizar la protesta popular y sentar las bases mediáticas para cometer nuevos crímenes de Estado. Lo que verdaderamente está en juego es la defensa a ultranza de los intereses mezquinos de un puñado de oligarcas que ven en el sistema educativo nacional una mina para acrecentar sus capitales, no es la “educación de calidad” lo que les preocupa, sino garantizar la cuota de plusvalía en este proceso violento de privatización de la educación en México.

Estamos ante una ofensiva general contra los intereses populares, es la ofensiva del capital contra los oprimidos y explotados para forzarlos a vivir sumisamente en la esclavitud moderna, sometidos como siervos del capital de manera sumisa para eso requieren la reforma educativa neoliberal para arraigar y fomentar masivamente el cretinismo social.

Lejos de desmovilizarse, lejos de abandonar la organización independiente, de abandonar las banderas de la lucha, de hacer a un lado las formas de lucha combativa lo que se requiere es mantener en alto la movilización magisterial-estudiantil-popular; más que desmovilizarse lo que se requiere es generalizar en el plano nacional de manera coordinada las acciones políticas de masas; y si el fuego de la represión amenaza con quemar la vida y hogares de los oprimidos hay que recurrir a formas superiores de lucha, entre ellas la autodefensa armada de las masas. Si la violencia reaccionaria es razón y política de Estado, la violencia revolucionaria es la alternativa del pueblo en legítima defensa de sus intereses populares.

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CUERPOS POLICÍACO-MILITARES PERPETRADORES DEL TERRORISMO DE ESTADO COMO DOCTRINA Y PRÁCTICA

SISTEMÁTICA CONTRA EL PUEBLO

l terrorismo, saña y violencia con que se conducen los cuerpos

policíaco-militares hacia el pueblo en México es propio de un Estado policíaco-militar y un estado de derecho oligárquico con rasgos fascistas.

No es producto de un Estado fallido ni un narcoestado, contemplar de esta manera la forma que ha adquirido el Estado burgués mexicano es invertir los términos de la ecuación dialéctica y dar motivo a una subjetivación conceptual y práctica del enemigo de clase al que se enfrenta el pueblo, conduce al reformismo al velar la esencia y carácter de clase que tiene el Estado, es caer y alimentar la trampa del fetiche de la delincuencia organizada propalado por el Estado para justificar su actuar terrorista contra el pueblo.

El terrorismo, saña y violencia con el que se conducen los cuerpos policíaco-militares hacia el pueblo es doctrina y expresión concreta de una ideología deshumanizante llena de odio de clase con la que se conducen en su cotidianidad hombres que han perdido toda dignidad y esencia humana, corrompidos por la bizarra ideología burguesa reaccionaria que los ideólogos y apologistas del sistema alimentan desde el pentágono y universidades que históricamente han servido a las fuerzas reaccionarias.

O ¿Cómo conceptualizar aquellos hombres que en nombre de la ley y bajo la impunidad del

uniforme o placa violan a mujeres obreras y campesinas, torturan a jóvenes y trabajadores del campo y la ciudad, torturan a niños enfrente de sus madres, asesinan a mansalva y ejecutan extrajudicialmente, masacran al pueblo trabajador, desaparecen, roban y extorsionan, amenazan y hostigan a luchadores sociales junto con aquel que se atreva a cuestionarlos o denunciarlos? ¿Qué diferencia hay entre los ejércitos fascistas y mercenarios, con los “honorables” cuerpos policíaco-militares mexicanos que violan tumultuariamente a luchadores sociales como en Atenco, o en Oaxaca durante el movimiento magisterial popular del 2006, y hoy contra el movimiento popular en Guerrero? ¿Qué diferencia hay entre un terrorista del imperialismo con las unidades de élite de los cuerpos policíaco-militares que desuellan en vida a luchadores sociales y opositores al régimen? En esencia son lo mismo, simplemente seres bestializados, bestias mezquinas del capital y enemigos del pueblo.

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El terrorismo, saña, impunidad y autoritarismo de los cuerpos policíaco-militares es la violencia del Estado burgués mexicano contra el pueblo para oprimirlo con el terror e impedir que el conjunto de explotados y oprimidos alcancen su emancipación, política de un gobierno antipopular para sostener al régimen en contra de la voluntad del pueblo e imponer como lo ha hecho en el transcurso de la historia la dictadura del capital.

El terrorismo de Estado perpetrado por los cuerpos policíaco-militares no es nuevo, esa práctica es tan vieja como el origen y existencia de los cuerpos policíaco-militares en el país, desde su nacimiento han tenido un carácter que moldea su ideario y su conducta como enemigos del pueblo, tienen un carácter burgués, sirven al capital y no al pueblo. Cuerpos policíaco-militares conformados por hijos de asalariados y campesinos pobres, pero desclasados, y hoy defensores del propio verdugo.

Por más ropaje y investidura, con que se quiere camuflajear a los cuerpos policíaco-militares como amigos y defensores del pueblo no logran ocultar su carácter represor y antipopular; por más actos teatrales y escénicos de supuesta legitimidad y aceptación popular, su arrogancia, despotismo, autoritarismo y odio al pueblo sobresalen como principios ideofilosóficos con los que se conducen; por más campañas mediáticas desatadas por los monopolios de la comunicación en favor de los cuerpos policíaco-militares el verdadero actuar y doctrina profascista de las fuerzas armadas de México se revela con fuerza en los hechos de la realidad que el pueblo vive y en ocasiones se atreve a denunciar.

¡Sólo un verdadero ejército del pueblo es abrazado, alimentado y querido por éste! Y el ejército burgués mexicano no funge dicho papel histórico, son los hijos del pueblo en armas político-militares quienes lo ocupan señores guardianes del

poder burgués, ustedes son parte de los destacamentos especiales de hombres armados de los burgueses, en consecuencia, del imperialismo, estructurados en una máquina asesina y represora, son simplemente testaferros de la dictadura que oprime al pueblo, paja que en un determinado momento histórico ha de consumir la violencia revolucionaria como expresión de la voluntad y demanda de justicia que clama el pueblo contra sus opresores.

Las conexiones de los atroces crímenes y actos de terrorismo perpetrados a lo largo y ancho del país por los cuerpos policíaco-militares tienen un punto nodal, su esencia y carácter; la sistematicidad y recurrencia de los actos de terror contra el pueblo deviene de la doctrina reaccionaria con la que son bestializados las parias de las parias para que actúen contra sus hermanos de clase, doctrina reproducida a consciencia por la cúpula castrense y aceptada por los desclasados, a cambio de la puta universal (dinero) y satisfacciones sádicas animalescas, pero eso no los exime de responsabilidad, los hace responsables de sus actos al actuar como seres conscientes de sus crímenes atroces contra el pueblo.

Tropa y mandos son responsables de los abominables crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo, son corresponsables inmediatos los políticos de oficio que impulsaron, avalaron, aprobaron e impusieron las reformas burguesas de carácter neoliberal, con las cuales se configuró el Estado policíaco-militar existente, el Estado de derecho oligárquico que brinda impunidad tanto a oligarcas como a los cuerpos policíaco-militares y a sí mismos como políticos de oficio.

Hoy algunos políticos de oficio con hipocresía se alarman de las atrocidades de los cuerpos policíaco-militares, otros con cinismo y arrogancia defienden el actuar de las instituciones castrenses, y unos más

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se cubren con el cómplice silencio, pero todos son responsables de los actos del monstruo que crearon al aprobar e imponer las reformas burguesas de carácter neoliberal hoy transfiguradas en ley. Cancerberos del capital que bailan al sonido de las cómodas mensualidades que brinda vivir del erario público, parásitos sociales que contribuyen en la opresión y explotación del pueblo.

Acto que les fue gratificado con estímulos pavlovianos por mostrarse serviles a la voluntad oligárquica, hoy son gobernadores, presidentes de las cámaras de diputados y senadores u otro cargo público que ostentan de forma directa o a través de su estirpe mafiosa, todos tienen fortunas injustificadas, y aquellos que no se plegaron al mandato oligárquico fueron severamente castigados, es el caso del Partido del Trabajo (PT) a quien le quitaron el registro como venganza y acto dictatorial por oponerse a las reformas burguesas de carácter neoliberal.

Los métodos, tácticas, técnicas, acciones y actos de violencia perpetrados por el ejército mexicano, la marina, la policía federal, policías estatales y municipales, las diferentes corporaciones policíacas y grupos paramilitares son su práctica cotidiana como instituciones represivas y opresoras, es su esencia y a lo que se deben por ser defensoras del régimen burgués existente en México, son parte de la política contrainsurgente que aplica el imperialismo en el mundo entero y desarrollada por las juntas administrativas en cada país aplicando la experiencia particular de los cuerpos represivos en la materia, en el caso mexicano dichos cuerpos tienen escuela en la contrainsurgencia enseñada por el imperialismo en décadas, en ello ha descansado su función principal.

¿Quién sofocó a las grandes manifestaciones de ferrocarrileros y magisterial a finales de los 50’s del siglo pasado? El Estado con los cuerpos policíaco-

militares; ¿Quién asesinó a los jóvenes revolucionarios del grupo de Arturo Gámiz y Pablo Gómez? El ejército mexicano; ¿Quién planificó y perpetró la atroz masacre del 2 de octubre de 1968? El Estado, concretamente el ejército; ¿Quién se ensañó una vez más sobre la juventud proletaria y campesina el 10 de junio de 1971? El ejército, las diferentes policías y el paramilitarismo; ¿Quién desapareció, torturó, masacró y vejó a revolucionarios y luchadores sociales en la “guerra sucia”? Los cuerpos policíaco-militares principalmente el ejército, ¿Quién ha masacrado una y otra vez a indígenas por ser desposeídos en Acteal, Aguas Blancas, el Charco, Atenco, San Quintín, etc.? Los cuerpos policíaco-militares; ¿Quién ha desaparecido actualmente a más de 300 mil mexicanos y desangra al pueblo asesinando a jóvenes del campo y la ciudad? El Estado a través de todo el aparato represivo; ¿Quién sigue aplicando la tortura, las detenciones-desapariciones por motivos políticos o sociales, las ejecuciones extrajudiciales, el hostigamiento, la rapiña y el robo, la violación a mujeres y hombres, como política y doctrina? El Estado por medio de los cuerpos policíaco-militares incluidos los paramilitares. ¿Acaso esto es actuar de forma ejemplar y defender la soberanía mexicana? ¡NO!, señor general Cienfuegos, eso es terrorismo de Estado y contrainsurgencia.

La centralización y concentración de mando sobre los cuerpos policíaco-militares con el mando único son prueba de la existencia del terrorismo de Estado como política a desarrollar, es prueba de la maduración de los rasgos fascistas de un Estado policíaco-militar que desangra al campo de los explotados y oprimidos con crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo, con el propósito de abortar el estallido social; es prueba que la tortura, las detenciones-desapariciones por motivos políticos o sociales, las ejecuciones extrajudiciales,

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la violación, las aberraciones y demás tratos crueles sobre el pueblo son política, código e ideario de las instituciones castrenses del Estado mexicano, y en eso no hay gloria ni honor militar.

La tortura es una práctica sistemática del Estado burgués mexicano, es aplicada por los cuerpos policíaco-militares, se utiliza como método, herramienta e instrumento de “investigación” e impartición de justicia de las instituciones encargadas de la “seguridad pública y reguardo de la nación”, dicho sea de paso, de una nación burguesa en donde la única soberanía es el poderoso capital dinero, los intereses oligárquicos, empresariales y caciquiles ocupan el lugar de la soberanía y seguridad nacional, no existe soberanía como tal en una nación burguesa dependiente y funcional al imperialismo, lo que existe es servilismo y contubernio.

En México la tortura como la detención-desaparición forzada por motivos políticos o sociales, es parte de la cotidianidad político-jurídica del régimen, reflejo concreto de la existencia de un estado de derecho oligárquico el cual brinda impunidad a los cuerpos policíaco-militares que fungen como perpetradores de la tortura y otros crímenes de lesa humanidad; es reflejo de la yuxtaposición entre el estado de derecho oligárquico y el Estado policíaco-militar que oprimen al pueblo.

No una vez ni varias veces, todo lo contrario, sistemáticamente e históricamente el Estado mexicano ha violado y viola los artículos de la convención contra la tortura y otros tratados o penas, crueles, inhumanos y degradantes, lo que comprueba los rasgos fascistas de un gobierno antipopular que defiende e impone con sangre, fuego y terror un régimen neoliberal como política imperialista; como parte de él las fuerzas armadas han violado y violan a diario los derechos humanos

del pueblo mexicano, lo que revela su verdadera función y carácter de clase, no está hecho para servir al pueblo, responde a intereses del capital monopolista transnacional en su personificación oligárquica.

Si el pueblo ha sido históricamente asediado, oprimido con el terrorismo de Estado aplicado de múltiples formas, es desangrado y asesinado, sus mujeres violadas y sus hijos masacrados todos por una misma máquina asesina llamada Estado burgués ¿Qué resta hacer? Tomar la única alternativa que históricamente ha sido eficiente y eficaz para la defensa de los intereses populares y emancipación total de los pueblos oprimidos, la autodefensa popular sintetizada en la lucha armada revolucionaria contra el régimen.

Una nueva revolución popular de carácter socialista se ocupa, es una necesidad histórica la autodefensa armada estructurada en torno a la transformación radical de la actual sociedad capitalista, es necesario extirpar el mal de raíz, abolir las relaciones de producción capitalista con ello la propiedad privada burguesa y destruir la máquina que defiende a la dictadura del capital: el Estado burgués mexicano.

Es una insensatez, una expresión que carece de toda objetividad el plantear que el Estado debe cumplir con su función social, el papel del Estado primero tiene un carácter burgués y segundo su motivo de existencia reprimir al pueblo para garantizar la explotación burguesa. De antemano una disculpa para aquellos que sienten lastimados sus castos oídos por nuestra categorización de la realidad.

La historia demanda actuar al pueblo mexicano, demanda organizarse bajo el interés común en contra de sus explotadores y opresores. ¡A seguir luchando!

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LA DETENCIÓN DESAPARICIÓN FORZADA, REALIDAD INOCULTABLE EN MÉXICO

a detención desaparición forzada, desde los años sesenta del siglo pasado a la fecha, es una política de gobierno que expresa el

terrorismo de Estado, es un crimen de Estado. Inocultable e imputable por la magnitud de los crímenes de lesa humanidad que se expresan en todo el territorio nacional. Se ha desarrollado como medida represiva ejercida desde las fuerzas policíaco-militares, agudizándose a la par con las contradicciones en los momentos de auge en la lucha de clases y con las necesidades del capital como medida que asegura la continuidad de la explotación y opresión.

Es una práctica continua ejercida en contra del pueblo organizado y no organizado, y está tasado en cientos de miles de detenidos desaparecidos de manera forzada, clara expresión es el descubrimiento de centenares de fosas clandestinas, que representan sólo una mínima expresión de esta política represiva en donde se evidencia el intento de eliminar a todos aquellos que se oponen a la lógica del capital, a los intereses de la oligarquía, un fenómeno que pretendieron borrar a través de las ejecuciones extrajudiciales. Un crimen de lesa humanidad que va en ascenso, fenómeno que se traduce, en la mayoría de las veces, en detenciones desapariciones forzadas. Una práctica con claros orígenes fascista que hoy se acomoda con hermetismo en los Estados policíaco-militares, en los que se elimina de manera directa a un adversario político, a los explotados y oprimidos, desde las fuerzas represivas, que desfilan con sangre del pueblo por todo el territorio nacional.

Bajo el discurso de “salvaguardar la seguridad nacional” la junta administrativa impone sus fuerzas policíaco-militares, incrementan su presencia en todo el país y justifican las masacres y las miles de

desapariciones forzadas. Un fenómeno que no emerge de manera espontánea, ha estado presente, ante los ojos de todos aquellos que conozcan y quieran ver la realidad de nuestro país.

A lo largo de la lucha del pueblo por su emancipación el Estado burgués responde con el terrorismo como práctica política, se intensifica la ofensiva en contra de las organizaciones populares y aquellos sectores inconformes con el actual régimen neoliberal; se aplica en contra de obreros, campesinos y pueblo en general, como forma de infundir el terror y evitar que se organicen, para despojar territorios y aplicar a sangre y fuego las políticas burguesas neoliberales.

Iguala no es la excepción, sino la prueba que confirma la regla de esta política de Estado. Ejemplifica, como botón de muestra, lo que existe en el país. Hasta ahora están comprobadas irrefutablemente más de 500 detenciones desapariciones forzadas en Iguala; si en un municipio existen de manera fehaciente 500 desapariciones forzadas ¿Cuántas habrá en el resto del estado de Guerrero? ¿Cuántas en el resto del país? Incontables se convierten los crímenes de este Estado policíaco-militar en donde en cada estado podemos encontrar ejemplos atroces del

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comportamiento de las fuerzas represivas del régimen.

En la noche de terror del 26 y 27 de septiembre del año pasado en Iguala, desollaron en vida a un normalista, sin embargo, en el estado de Guerrero se han perpetrado 15 casos similares, al menos la cifra que es pública, con la misma técnica, ¿Qué nos indica este atroz suceso, quién los está realizando de manera sistemática? Todos los hilos conducen a las unidades especiales de la marina, el ejército, la policía federal, es decir las fuerzas represivas policíaco-militares del Estado burgués mexicano que con claro mandato ejecutan, de manera especializada, los crímenes más atroces que aseguren la permanencia de la dictadura del capital.

En Veracruz se han documentado, sólo en lo que va del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, más de 800 detenciones desapariciones forzadas; de las ejecuciones extrajudiciales, simple y sencillamente se ha desbordado la lista. Las ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, activistas ambientalistas, periodistas y críticos del Estado es una constante en la cotidianidad de la vida del pueblo.

En Michoacán mejor hay que ahorrarnos las palabras y la tinta, todos los crímenes de Estado conducen al ejército, a la marina, la policía federal y los grupos paramilitares, hoy con uniforme de policía rural.

En el Estado de México las ejecuciones extrajudiciales contra la clase obrera están a la orden del día, sin distinguir entre hombres y mujeres; en el sur del estado los crímenes de Estado son enfocados contra la clase campesina, se ejerce la militarización a través del fetiche de la seguridad pública, como en el resto del país, con el objetivo de implementar el terror, el despojo y la continuidad de los crímenes de Estado. Se va configurando el surgimiento de grupos paramilitares, calcando la estrategia que

utilizaron con las “autodefensas rurales” de Michoacán.

Con la reciente “persecución” del Chapo Guzmán, la marina ha implantado el terror en comunidades de Durango y Sinaloa, baleando las viviendas e implementando un estado de sitio, y a pesar de éste se niega una y otra vez con la ayuda de la dictadura de opinión y brota de acuerdo a la magnitud de la violencia del Estado que hoy denuncian miles de pobladores de la región.

Resulta que el pico imperial y el hocico del chacal capitalista está devorando a hijos del pueblo y solamente una mente obtusa puede negar esa realidad. Está documentado, a través de las víctimas y familiares de aquellos que han caído en las manos represivas del Estado, el gran número de violaciones en contra del pueblo, el saqueo y asesinato a mansalva.

Hoy se configura en diversas organizaciones populares un movimiento en contra de las detenciones desapariciones forzadas, la crisis política se manifiesta en la incredulidad hacia la junta administrativa y el incremento de las fuerzas populares organizadas de forma independiente para contrarrestar la represión del Estado.

¿Quieren más ejemplos señores incrédulos? ¿Más pruebas señores defensores del capital? ¿O hace falta que la sangre llegue a sus talones para que puedan creer la realidad del capitalismo? ¿Más elementos incriminatorios señores de la junta administrativa? ¿Más pruebas de sus actos criminales fuerzas represivas? ¿O hasta que la justicia popular se haga presente empezarán a cesar? La junta administrativa, las instituciones burguesas y directamente las fuerzas represivas son las responsables de los crímenes de Estado que se cometen a diario, de los cientos de miles de desapariciones forzadas.

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Esto no es ausencia de Estado, ni un Estado fallido, al contrario, la clara presencia de la bestia represiva se haya masacrando y atentando en contra del pueblo trabajador, esta es la verdadera esencia del Estado burgués mexicano. Un Estado con carácter de clase y no la utópica idea de un Estado como mediador entre clases, ni como un Estado inamovible a forma de dogma y culto.

Ahora se reconoce desde las organizaciones de derechos humanos oficialistas y el imperialismo norteamericano una “crisis de los derechos humanos en México” ¿Qué significa esto? ¿A qué apuntan tales declaraciones? Puede tener varios resultados, desde la exigencia de fortalecer el estado de derecho oligárquico hasta la preparación de una mayor intervención militar del imperialismo. No nos dejemos deslumbrar por el canto de las sirenas imperialistas.

Existe sin duda una violación sistemática de los derechos humanos, sin embargo, este fenómeno se utiliza desde la lógica de la defensa de los derechos humanos bajo la concepción burguesa. Existe una política clara de terrorismo de Estado, lo que conlleva a la agudización de las prácticas fascistas y represivas, y no es una manifestación espontánea de violencia o fruto del mítico “crimen organizado”.

No negamos la múltiple violación de derechos humanos, existe claramente y siempre la hemos denunciado desde estas páginas, agregamos y denunciamos por enésima ocasión que esto constituye un genocidio de Estado cometido contra nuestro pueblo. Una política claramente definida, con objetivos específicos y planificada que se ha desarrollado e incrementado su actuar a la par en la que se acrecienta y se manifiesta la crisis estructural del capitalismo, es en sus momentos de crisis en donde se manifiestan con mayor fuerza las contradicciones del sistema, en donde se intensifica

la lucha de clases, en la que se muestra el verdadero ser de la oligarquía y del Estado burgués mexicano.

A la par que se muestran aquellas posiciones reformistas y oportunistas, como aquellas plumas y voces mercenarias como punta de lanza dentro del marco ideológico de los intereses del capital y de sus prácticas genocidas. Aquel que llama a ejercer el “Estado de derecho”, a que éste recupere su “control” sobre la situación nacional o que despliegue al ejército, marina, y policía federal para mantener la “seguridad pública”, exige el recrudecimiento del ataque en contra del pueblo, el incremento de las detenciones-desapariciones forzadas y de las ejecuciones extrajudiciales. Son voceros de muerte llamando a parar los esfuerzos organizativos independientes del pueblo en lucha.

Ante la unidad de estas fuerzas de choque y arietes de la oligarquía, se requiere la unidad dentro de la exigencia de parar el terrorismo de Estado, es fundamental exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, sin caer en los personalismos, en los protagonismos, debe convertirse en una exigencia de todo el pueblo y éste tiene que responder a través de la acción popular revolucionaria, a defenderse en contra de aquellos que desangran continuamente al pueblo. Ante la embestida de las fuerzas represivas preparemos la resistencia popular.

El pueblo no puede quedar indefenso ante estos actos barbáricos, se debe organizar la crítica política de las masas, que debe desarrollarse en la crítica política de las armas; unirse en contra del enemigo común, el Estado burgués, sin posiciones timoratas, con la seguridad en la organización revolucionaria y construir a cada paso al sujeto revolucionario.

Por lo tanto, ahí donde se denuncia crisis de derechos humanos, nosotros insistiremos en señalar que esto es terrorismo de Estado.

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DESPLAZAMIENTOS FORZADOS, POLÍTICA DE DESPOJO Y CONTRAINSURGENCIA

a fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio, de principio reveló una verdad que ha quedado evidenciada como

inocultable ante la opinión pública en las últimas semanas; una verdad que fuera de la retórica oficial, para el pueblo siempre ha sido hecho de sentido común y que en tesis concreta se expresa en: el fenómeno del narcotráfico sólo se explica desde y para el Estado, al igual que el crimen organizado y toda la argumentación en torno a la inseguridad como fetiche que se vive en el país, expresión y reflejo de la descomposición social del régimen. Tesis que como partido siempre hemos sostenido y a la fecha ya es incuestionable.

El hecho de la fuga en sí mismo, la forma, las implicaciones y consecuencias para el pueblo revelan esta tesis como un hecho comprobatorio e irrefutable, que va desde las implicaciones de funcionarios, celadores y toda una cadena de complicidad, hasta el despliegue escandaloso de fuerzas policíaco-militares, sobre todo la marina armada de México, con “motivo” de la recaptura del Chapo Guzmán, como “objetivo”. Hechos y medidas que se han condensado en declaraciones y hechos criminales que, una vez más, vienen desde el Estado.

Por un lado, desde el primer momento de la famosa fuga, la esencia del régimen quedó evidenciada al extremo del descaro: corrupción sistemática producto de un régimen socioeconómico de explotación y opresión que conduce a la degradación humana en todas sus esferas de existencia, siendo las más visibles y profundas (exacerbadas) las de la administración del Estado y sus estructuras orgánicas. Esto conduce a que el sistema de justicia y penitenciario de México sólo sea efectivo para aquellos que no tienen ninguna

posibilidad de pagarla y/o comprarla; esto es la parte medular que dejó expuesta este hecho en un primer momento donde las pruebas, evidencias e investigaciones trataron de ser ocultadas y manipuladas a modo, de tal manera que ante los ojos del pueblo quedara reforzada la tesis del Estado que exige mayor sometimiento y condiciones para la imposición del estado policíaco-militar.

Aunado a otros casos recientes del sistema de justicia mexicano, los últimos acontecimientos revelan su exacta dimensión como instrumento de dominio y órgano de poder de la oligarquía; el ejemplo que lo revela, y en contraste, es el caso de Nestora Salgado. Esto, en un primer momento y hasta la actualidad, deja ver que la fuga misma del Chapo obedece al verdadero fundamento de la justicia en México y de los medios reales que garantizan la “libertad” desde la lógica capitalista: el poder del capital.

Esto fue en el primer momento de la fuga del Chapo lo que quedó expuesto, y ahora recientemente, más allá de las contradicciones interburguesas, con el operativo desplegado desde hace semanas en el famoso triángulo dorado que

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abarca la sierra del territorio de Durango, Sinaloa y Chihuahua, se confirma y reconfirma el terrorismo de Estado como trasfondo del fenómeno que priva en México desde hace décadas; el despliegue de elementos de la marina armada de México en esta zona, refleja el grado de la violencia de Estado con la que se impone el terrorismo de Estado so pretexto del narcotráfico y la delincuencia organizada.

La manifestación concreta la tenemos en los cientos de desplazados de las poblaciones de esa zona por el terror desatado desde el Estado, terror que trata de justificarse con la recaptura del Chapo; pero, los hechos concretos develan el verdadero objetivo de las fuerzas desplegadas no sólo en ese territorio del norte del país, sino en todo éste: objetivar el estado policíaco-militar a través del terrorismo de Estado como exigencia de la necesidad del capital. No deja de ser la exigencia de la oligarquía que tiene como objetivo cumplir el ciclo del capital.

Esta es la esencia de la escalada de la violencia en México en los últimos sexenios y en lo que va del actual, ese es el origen de causa de los miles de crímenes que a diario se van sumando contra el pueblo. La violencia en México es parte de las exigencias de la oligarquía.

Esta exigencia explica no la crisis de derechos humanos, como se ha querido mostrar desde los órganos del Estado, sino el fenómeno del despojo de tierras de miles de familias y comunidades enteras que en estos momentos tiene su actual referente en el triángulo dorado, en el pasado reciente fue Michoacán, concretamente la Costa y Tierra Caliente, con el fenómeno del paramilitarismo disfrazado de “autodefensas”, más atrás en todo el norte del país, específicamente Chihuahua, con la delincuencia organizada, y de manera general en todo lo largo y ancho del país; el propio contexto de la imposición de la “reforma educativa”, con mayor

visibilidad en el sur del país, no está desvinculado de todo este fenómeno de despojo y terrorismo de Estado.

Al igual que en todos los anteriores casos de terrorismo de Estado, de más relevancia en el país, lo que el Estado mexicano está implementando no son operativos de seguridad para garantizar la paz de la ciudadanía ante la amenaza de grandes criminales que desafían al Estado, sino operativos contrainsurgentes y de control social, donde lo que se despliega son desde tropa del ejército mexicano, hasta comandos de fuerzas especiales que tienen como misión operativos de aniquilamiento.

Los cercos de aniquilamiento que se han estado desplegando en todo el país, no son realmente contra temidos narcotraficantes y miembros de la delincuencia organizada, así como tampoco la participación injerencista de especialistas extranjeros en materia de seguridad nacional, israelíes, europeos, colombianos, estadounidenses…; éstos, tienen como objetivo aniquilar, sí, pero a toda expresión de descontento popular y específicamente a las fuerzas revolucionarias del país, cualquiera que sea su expresión, todos los operativos desplegados en todo el país tienen como eje rector la política de contrainsurgencia propia de la Guerra de Baja Intensidad (GBI).

Hoy lo que vemos en las comunidades del norte, como Tamazula, El Verano, El Limón y por lo menos otras diez comunidades más, es la clara expresión del terrorismo de Estado desplegado bajo el argumento del fetiche de la seguridad que tiene años azotando y desangrando al pueblo en todo el norte del país. La existencia de comunidades y pueblos “fantasma” no es el reflejo de la violencia “demencial” y caótica del narco y la delincuencia organizada que se encuentra fuera del control del Estado, sino la expresión del paramilitarismo instrumentado desde el Estado.

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Y hoy lo que presenciamos en el reciente operativo en el triángulo dorado, caracterizado por los allanamientos de morada y la violencia indiscriminada contra los pobladores de estas comunidades, no sólo es la violación premeditada de toda normatividad nacional e internacional de derechos humanos, sino la combinación de la acción paramilitar y los operativos policíaco-militares, utilizado como táctica del terrorismo de Estado. Táctica que viene aplicándose en todo el territorio del país y para lo cual se pide con urgencia el Mando Unificado.

Los desplazados que se endosan muy bien desde la versión oficial al crimen organizado y el narcotráfico, suman miles en todo el país, de esto no hay duda; pero el origen y el motivo son distintos de los que presenta el Estado. De este lado del mundo también se vive la guerra y el terrorismo, sólo que esta guerra es contra el pueblo y el terrorismo es de Estado, si en Europa diferentes gobiernos han declarado emergencia humanitaria por la magnitud de refugiados, aquí la situación no dista mucho de esa realidad, si no es que la supera.

Los propios dichos del secretario técnico de la conferencia nacional de secretarios de seguridad pública, Fernando Schutte Elguero, dan muestra de sobra de esto y del verdadero carácter del Estado mexicano y toda la junta administrativa actual, funcionarios y demás sujetos orgánicos del régimen, pues ya que no se mordió la lengua al declarar que “en algunos sitios las comunidades están aliadas con la delincuencia, y si la presencia de nuestras fuerzas hacen que los que están del otro lado de la ley se vayan, ni modo”. Esto con motivo de las violaciones a derechos humanos y constitucionales por parte de elementos de la marina en el operativo de “recaptura del Chapo” ¡Qué cinismo!

De esta forma se reconoce descaradamente cual es la política de Estado y la actitud de desprecio por

parte de sus personeros hacia el pueblo, así como la vocación fascista con la que se dirigen los órganos de seguridad en México, ya que para este personaje las denuncias por las distintas violaciones a derechos humanos, por parte de los pobladores, tienen una explicación: “si por ello (presencia de fuerzas de la marina) algunos se sienten acosados, seguramente es por alguna culpa que deben tener y temer”.

No conforme con esta política de criminalización y desprecio hacia el pueblo, el secretario técnico dando muestras de estratega represor sentenció “Me parece que lo que hacen las fuerzas armadas en esa zona es lo que hay que hacer”. No cabe duda sobre cuál es el origen de los desplazados en México y de toda la violencia que azota al pueblo, ni tampoco sobre cuál ha sido la política que se ha aplicado y se seguirá aplicando en todo el país con personajes dotados de visión maniquea como criterio para aplicar la justicia.

Así, por enésima ocasión, queda de manifiesto que ante el terrorismo de Estado no hay normatividad de derechos humanos que valga para el pueblo, lo único que tiene vigencia es la violencia de clase de una oligarquía que se impone desde el Estado; esa es la norma con la que se gobierna al pueblo, pues ya que desde el Estado no existe normatividad válida más que la que los intereses de la oligarquía impone, más allá de las declaraciones de funcionarios y políticos de oficio.

Tanto en el norte del país, como en todo México, lo que prevalece no es la amenaza del narcotráfico y la delincuencia organizada, sino la imposición de un Estado policíaco-militar, propio del terrorismo de Estado y de la violencia oligárquica como causa del despojo de miles de familias en todo el país (desplazados). Esta es la verdadera amenaza que se cierne sobre el pueblo y que lo mantiene en el terror.

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LA OFENSIVA DEL ESTADO CONTRA LA CNTE

ía a día se comprueba que las reformas de carácter neoliberal están

diseñadas para favorecer en todos los aspectos al capital monopolista transnacional y la oligarquía mexicana; se demuestra y a la vez se desenmascara por la vía de los hechos su carácter profundamente antipopular. La reforma educativa neoliberal, hoy objetivada en ley constituye una gran ofensiva privatizadora de la educación pública que anula por razón de Estado el derecho a la educación pública.

Estamos ante una amplia ofensiva del Estado mexicano contra los trabajadores de la educación y el pueblo trabajador en general, en tanto que tal reforma-ley anula de facto el derecho al trabajo, el derecho a la educación por principio de cuentas, y por consecuencia la reforma educativa viola diferentes derechos a los trabajadores de la educación y al propio pueblo, hablamos en concreto del derecho –como se señala- a la educación, al trabajo, a la libre organización sindical, al derecho de organización y al derecho por la vida.

La ofensiva gubernamental a últimas fechas pasó a una nueva fase, la de preparar la acción

policíaco-militar, la de la represión selectiva que prepara una ofensiva general de represión masiva contra la CNTE, los representantes y bases más combativas de ésta, en específico contra las expresiones más combativas de la lucha magisterial en el plano nacional.

Tal plan represivo, dicha ofensiva ha sido denunciada puntualmente por nuestro partido desde hace tiempo tanto en comunicados como en líneas de El insurgente, señalamos con mucha anticipación que la ofensiva represiva pasaba por Guerrero para llegar a Oaxaca y de ahí a los sectores más combativos de la CNTE y que en tal campaña contrainsurgente eran parte activa las lenguas y plumas mercenarias que hacían el trabajo sucio al Estado de poner en la mira represiva a diferentes luchadores sociales y trabajadores de la educación.

El tiempo ha confirmado tales aseveraciones y se va comprobando que tanto la

reforma educativa como la actual campaña represiva contra la CNTE es una exigencia de la oligarquía que el Estado mexicano ha estado cumpliendo solícitamente, queda de patente que éste es en sí una maquinaria de opresión política que garantiza la explotación burguesa.

La ofensiva represiva contra los trabajadores de la educación en general y contra la CNTE en particular es el objetivo para la privatización de la educación y una venganza de la oligarquía y el Estado mexicano por desenmascarar la farsa electoral y mantener una actitud combativa contra la reforma educativa. Es instrumentada desde los monopolios de la comunicación que se erigen en ministerio de la verdad e imponen la dictadura de opinión, que en esencia constituye la imposición de la voluntad e ideología oligarca.

Comentaristas, analistas, articulistas, supuestos investigadores, organizaciones y membretes de derecha,

D ¡Viva la CNTE! Los derechos del pueblo no se mendigan

SE EXIGEN

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organizaciones empresariales, políticos de oficio y funcionarios de toda laya cierran filas en torno a la privatización de la educación pública y ¡Claman, exigen a viva voz que se reprima a la CNTE!

En los hechos dicha alianza es el frente burgués-neoliberal que exige al Estado la defensa de sus privilegios y la anulación del derecho al trabajo y a la educación pública y gratuita. Los defensores del régimen neoliberal cierran filas, los identifica y une su vocación represiva que se enmascara con la “mano dura”, con la imposición del “imperio de la ley” y toda esa sarta de expresiones demagógicas que en nada disimulan el contenido ideológico burgués y la exigencia profascista de seguir diseminando el terrorismo de Estado contra el pueblo.

La demagogia gubernamental es política para tratar de justificar la campaña represiva; la mentira se difunde miles de veces en los medios de comunicación para intentar imponerla como verdad y razón de Estado, sin embargo, la realidad rompe dichos diques de gobierno al revelar el verdadero carácter neoliberal y antipopular de la reforma educativa.

Se ha tratado de vender la falsa idea de que los trabajadores de la educación son los responsables del actual modelo educativo, sin embargo, la condición concreta del sistema

educativo nacional no es responsabilidad del trabajador de la educación y mucho menos de los que están agrupados en la CNTE, conocidos también como democráticos. El atraso educativo y el sistema nacional de educación sólo es responsabilidad del Estado mexicano que ha estado aplicando desde 1982 políticas neoliberales que en el caso de la educación se traduce en un proceso ininterrumpido de socavamiento de la educación pública y el fortalecimiento desde el Estado de la educación privada.

La represión contra los trabajadores de la educación que combativamente se han opuesto a la lógica privatizadora tiene diferentes expresiones que van desde la administrativa, la económica y la policíaco-militar. La ofensiva contra la CNTE es la fase final de los planes represivos y la política neoliberal por privatizar la educación.

Que nadie se confunda, desde el Estado se organiza la represión, se defienden los intereses de una minoría que hoy está haciendo de la educación un lucrativo negocio. En tal lógica hemos sostenido con argumentos que todos los políticos de oficio que “gobiernan” lo hacen sujetándose a las leyes del funcionamiento del Estado burgués, éste en esencia constituye el instrumento para imponer la voluntad burguesa.

Por consecuencia quienes han llegado a “representar” al pueblo sin importar del color partidario terminan inexorablemente “gobernando” bajo la ley burguesa. Y señores para no dejar lugar a dudas, esta es una realidad que no se puede ocultar ni con intensas campañas mediáticas, hoy los gobernadores que presumen ser de izquierda, “defensores de los derechos humanos”, que supuestamente defienden los intereses de las mayorías se revelan como uno más de los testaferros del capital. Tales gobiernos de supuesta izquierda son las puntas de lanza del capital y del Estado para imponer a punta de represión las exigencias de la oligarquía, en específico la reforma educativa neoliberal y la represión contra los trabajadores de la educación.

En Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán dichos gobernadores imponen por todos los medios el Estado policíaco militar y el estado de derecho oligárquico, que en esencia se expresa en más terrorismo de Estado.

Tomaremos como ejemplo concreto Michoacán que expresa la condición nacional de la política del gobierno antipopular en todos sus niveles, porque hay que decir con franqueza, por la vía de los hechos tales politicastros son parte del gobierno neoliberal, antipopular y

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represivo que oprime a nuestro pueblo. Expresiones dichas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, que le ha brotado la vena autoritaria y fascista cuando amenaza con “imponer el estado de derecho”, al invocar la defensa de los derechos humanos no se disimula en nada la imposición del estado de derecho oligárquico que en esencia es la ley hecha para reprimir al pueblo.

Blande el puño represivo al amenazar abiertamente que reprimirá a quien se oponga a “la aplicación de la reforma educativa”, a quien se oponga a “la aplicación de los exámenes para el ingreso y el desempeño” educativo.

Y en esa campaña represiva salta también la mano fascista del PAN, que llama abiertamente a la represión y convoca a “reglamentar las protestas”, en palabras del politicastro Marko Cortés Mendoza, por si no lo conocen coordinador del grupo parlamentario del PAN de la cámara de diputados del congreso de la unión, le salta su vocación represiva, su vena autoritaria al llamado de “impulsar una decisión de Estado para resolver el tema de fondo tal como ocurrió en Oaxaca”, en clara alusión de reprimir a la CNTE, lo fascista le brota en todo su ser cuando pide “mano firme” para aplicar la reforma educativa en Michoacán, así como emprender una

actuación ejemplar en torno a las movilizaciones realizadas y paros escolares.

Y la mata profascista sigue dando, el señor Silvano prepara la represión sin ningún empacho al señalar que “hay grupos que tienen la intención de dañar la imagen de las instituciones”, que no “…hay que permitir que se manche la imagen de una institución…(el ejército)”.

Esto sólo se puede traducir como el político de oficio que se levanta como defensor de los cuerpos represivos, promotor del terrorismo de Estado. En los hechos es el aval para que se sigan cometiendo más crímenes de Estado, para que los cuerpos policíaco-militares se ceben en los trabajadores de la educación, en específico en los democráticos.

Señalamos líneas arriba que tales gobernadores de “izquierda” “gobiernan” bajo las leyes del Estado burgués mexicano, para los incrédulos postmodernistas dicho defensor del régimen económico-político burgués sostiene sin empacho que “la razón del Estado es brindarles seguridad a los ciudadanos…”, “la seguridad pública no es un asunto ideológico ni de activistas sociales… ¡es tema de Estado! he ahí la esencia del Estado, la máquina de opresión política para garantizar la explotación

económica burguesa y la opresión política contra el pueblo.

Tales pronunciamientos claro que sí tienen que ver con la ideología, con la política, sólo un estúpido y un cancerbero del capital puede sostener lo contrario, quienes cierran filas en torno a la reforma educativa neoliberal, ideológica y políticamente levantan las banderas burguesas.

Sí cancerbero del capital, escoria de la izquierda “moderna”, cuando amenaza que los docentes que no se sometan a evaluación serán despedidos. Y sobre todo cuando se regodea al decir que se van a ejecutar órdenes de aprehensión contra trabajadores de la educación en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y se ufana al decir que hay 90 órdenes de aprehensión contra normalistas y líderes de la CNTE en Michoacán, (60 y 30 respectivamente).

¿Qué diferencia hay de tal gobierno de “izquierda” con el gobierno antipopular, prooligarca y represivo federal? Ninguna, en esencia es lo mismo, las pruebas las aportan los mismos defensores del régimen neoliberal.

Aurelio Nuño, titular de la SEP, llama a los trabajadores de la educación a “liberase de las presiones de sindicatos”, “nadie

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los puede obligar a hacer nada que no sea parte de sus obligaciones”. Que quienes luchan contra la reforma educativa se oponen porque no “quieren perder privilegios”, “tienen que cumplir con sus obligaciones, y si estas actividades implican que falten a clases vamos a aplicar la ley”. ¿Más pruebas de la ofensiva represiva, de la defensa del régimen neoliberal?

Otra más para los incrédulos, abiertamente se reconoce por el titular de la SEP el apoyo a ésta por el Consejo Coordinador Empresarial, no tiene empacho en señalar que “el sector empresarial ha sido fundamental para continuar con la aplicación de la reforma educativa”. Y por parte de los distinguidos empresarios, Alejando Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de hombres de Negocios que forma parte de CCE, reconoció que la SEP ha retomado muchas recomendaciones de Mexicanos Primero.

Tales declaraciones constituyen la abierta confesión del contenido y fin de la reforma educativa, se expone con claridad el carácter elitista de educación que defienden y buscan imponer a sangre y fuego. Es la confesión pública de que la reforma educativa de carácter neoliberal tiene por objetivo central la privatización de la educación, es

decir, la anulación del derecho a la educación para el pueblo. La reforma es totalmente prooligarca.

Y en esa lógica neoliberal y represiva están las declaraciones recientes de Silvia Figueroa Zamudio que sostiene que “nada está por encima del derecho de los niños a la educación”; de Nuño cuando dice que “no dialogarán con los mentores que violan la ley dejando a los estudiantes del país sin su derecho a recibir clases”,…

Para ejemplos bastan y sólo demuestran un hecho real y concreto: políticos de oficio, defensores del régimen neoliberal, los politicastros, los políticos de oficio presentados como de “izquierda”, oligarcas haciendo política, plumas y lenguas mercenarios, los personeros del régimen, todos en santa alianza piden, exigen, claman la represión contra la CNTE.

La mirada desde el pueblo es muy diferente: la CNTE es una expresión concreta de organización independiente de los trabajadores de la educación que hoy libra una lucha muy desigual por la defensa del derecho a la educación y del trabajo. Para los trabajadores de la educación democráticos, para los estudiantes combativos que se oponen a la reforma y exigen derecho al trabajo, para el pueblo trabajador

está claro que los únicos privilegios están en el poder, existen sólo en los “hombres de negocios”, es decir, para los burgueses, y lo decimos utilizando tales categorías porque en la lucha de clases debe haber claridad política e ideológica, es la confrontación de intereses de clase que en nada tiene que ver la belleza o fealdad gramatical.

Los trabajadores de la educación tienen todo el derecho de organizarse de manera independiente, no sólo eso, sino también de decidir políticamente que formas de organización y de lucha enarbolar para la defensa DE SUS DERECHOS LABORALES Y SINDICALES.

Debe quedar claro que su lucha es también la nuestra, es la lucha del puebl. El derecho a la organización, de luchar no se pide ¡SE EJERCE! Por la vía de los hechos y se objetiva con la generalización de las acciones políticas de masas. Y si la represión es el fuego que pretende arrasar la organización independiente de los trabajadores de la educación, éstos tienen todo el derecho de recurrir a todas las formas de lucha, sí a todas, incluida la autodefensa armada de las masas.

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ANTE LA CRISIS ECONÓMICA ESTRUCTURAL DEL CAPITALISMO EL ESTADO IMPONE EL TERRORISMO

a relación que la economía internacional guarda con respecto a la situación sociopolítica de nuestro país, transcurre en

una serie de fenómenos inocultables, que se expresan en la manifestación abierta de las contradicciones interburguesas y a la vez en los brotes de hartazgo social, inconformidad, en gran medida de los sectores populares que han tenido como característica la lucha independiente de los marcos corporativos del Estado, sin embargo, ante la envergadura del fenómeno estructural de la crisis, las organizaciones corporativizadas, pequeños capitalistas, caciques regionales, han hecho presencia en la escena política, reclamando sus intereses de una manera activa en el torrente de movilizaciones dentro de la lucha de clases.

Estas dos variantes en las movilizaciones políticas, tienen objetivos distintos porque representan intereses de clase muy distintos, unos por la defensa de sus intereses ligados al régimen que reclaman mayor cuota de plusvalía y los otros oponiéndose al régimen y luchando tanto por la defensa de sus derechos como por mejorar sus condiciones de existencia, los intereses populares.

Como parte de la respuesta a tales contradicciones la actual junta administrativa recurre al terrorismo de Estado como política de gobierno, intensificando la ofensiva contra el pueblo, ha generalizado más sus acciones contrainsurgentes, que van desde el aumento de la actividad dedicada a la inteligencia hasta la consumación de crímenes de lesa humanidad como asesinatos con inocultable móvil político y las detenciones desapariciones forzadas por los mismos motivos.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son las entidades federativas donde es más visible esa política terrorista, en tanto que la protesta y la movilización popular ha desenmascarado el carácter represivo del Estado mexicano, que trata de ahogar en sangre toda expresión de inconformidad política,

mediante la represión directa de los cuerpos policíaco-militares, el uso recurrente y más frecuente de grupos y bandas paramilitares en todas sus variantes.

En Chiapas se han presentado de manera simultánea, recurrente, continua, protestas de varios sectores populares que han terminado con el beneplácito de las autoridades gubernamentales en la aplicación del estado de derecho oligárquico, como solución a conflictos políticos, que no es otra cosa que la aplicación del terrorismo de Estado:

- Los conflictos poselectorales, que aún existen en varios municipios como Ocosingo, Oxchuc, Altamirano, Amatenango del Valle, Ixtapa, Chamula, Chiapa de Corzo, Acala, Ocozocoautla, por mencionar algunos, se presentan como parte de la crisis política al interior de la junta administrativa, con intereses económicos y políticos definidos que no han logrado conciliar hasta el momento, y que han prolongado como parte de una coyuntura política que les ha permitido militarizar algunas regiones, imponer el estado policíaco militar, bajo el recurrente fetiche de la seguridad. Bajo éste se pretende justificar la instalación de nuevas Bases de Operaciones Mixtas (BOM) y el estado de sitio.

- Los conflictos en el transporte público, es otro frente político que expresa en detalle y con más claridad el fenómeno de las contradicciones interburguesas. Bajo el dicho mediático vertido por la dictadura de opinión de “enfrentamientos de transportistas concesionados y piratas”, alimentan el fetiche de la seguridad, para imponer a rajatabla el estado policíaco-militar y legitimar el estado de derecho oligárquico. El problema del transporte es la expresión de la lucha política-económica que mantienen los caciques regionales que han hecho su riqueza a partir del monopolio de las concesiones de transporte público en los diferentes tramos

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carreteros de la entidad, contra algunos asalariados que han decidido entrar en la competencia en el transporte, pero con la desventaja de estar fuera de los marcos legales y no contar con el suficiente capital. Ante la creciente densidad poblacional en cada uno de los municipios, acarrea la consecuente demanda de cada una de las actividades productivas y de servicios, lo que lleva implícita las contradicciones propias del capitalismo. De ahí que el marco jurídico normativo en el transporte se presente como una contradicción ante los fenómenos socioeconómicos cambiantes de manera acelerada, y tales leyes y reglamentos secundarios funjan como protectores de la burguesía local y el caciquismo regional. A pesar de ello, los conflictos y enfrentamientos entre trabajadores asalariados en el transporte, tiene un doble propósito, que tiene patente desde las estructuras gubernamentales y las burguesías locales, al mantener un régimen político que les permita continuar con las mayores ganancias y frustrar toda inconformidad social, llevando a la lucha fratricida entre el pueblo para después aplicarle el estado de derecho oligárquico, la represión que imponga en el consciente colectivo la idea de la derrota, que cada movilización termina en un frustrado intento, usando al mismo tiempo a los asalariados como carne de cañón para la defensa de los intereses capitalistas de los caciques y burguesía locales, a través de movilizaciones que no tienen mayor alcance político ni beneficio de los intereses populares.

- La embestida represiva contra el magisterio democrático, hacia la Sección 7 y 40 del SNTE, donde el gobierno de Manuel Velasco Coello en abierta, franca, cínica y perversa maniobra represiva exige al igual que Gabino Cué en Oaxaca, la presencia de policías federales para contener las movilizaciones combativas, cometiendo nuevos crímenes de Estado. En su afán de descalificar, estigmatizar, desmovilizar e imponer el terror, no ha dudado en cometer asesinatos políticos y endosárselos a docentes democráticos con abierta participación política,

sometiendo políticamente mediante el terror a la resistencia combativa magisterial. Como parte de la estrategia contrainsurgente, Velasco Coello se ha sumado fielmente a la cerrazón política, al diálogo mediante la represión, a la imposición del estado de derecho oligárquico, apostándole al desgaste y cooptación de las representaciones sindicales y estudiantiles de las fuerzas movilizadas. Ante tal embestida, necesario es dar continuidad a las acciones de resistencia política, con carácter combativo, que vaya templando en la lucha callejera a las bases magisteriales-estudiantiles, que le permitan ir teniendo conciencia política y así dar pasos a formas organizativas superiores, que puedan enfrentar en mejores condiciones el terrorismo de estado. Necesario es denunciar los actos represivos, desenmascarar el carácter represivo e indolente del gobierno de Manuel Velasco Coello, que permita abortar cada uno de sus planes represivos.

- En otro frente, el gobierno de Velasco Coello, se arremete contra las organizaciones independientes, a quienes ha mantenido completa cerrazón política, dilación, demagogia y represión judicial, policíaca y militar. Para nadie es un secreto que de los conflictos poselectorales se han utilizado para realizar expedientes incriminatorios hacia luchadores sociales de organizaciones independientes, sobre todo hacia quienes se opusieron a la farsa electoral.  

El estado de derecho oligárquico es aplicado hacia el conjunto del movimiento popular, así como para dirimir la crisis política interna de la junta administrativa, bajo la característica de castigar ejemplarmente la osadía de los sectores populares que han participado con sus formas de accionar político.

El fascismo y el terrorismo de Estado se expresa en la violencia pura de la oligarquía contra los oprimidos, como la forma de resolución a los problemas económicos y políticos que se presentan en el país.

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¡ E S E L E S T A D O !l Estado mexicano ha ido escalando la represión en contra del pueblo a tal grado que ya no solamente son las organizaciones

populares, los luchadores sociales, los periodistas quienes son blanco de sus arteros ataques. De una mal disimulada guerra de baja intensidad, de la construcción artificial de un enemigo interno ha pasado a combatir a todo el pueblo mexicano, proteste o no proteste; se manifieste, marche o permanezca pasivo; se organice o no; realice manifestación alguna de su descontento e inconformidad de manera combativa o proteste dentro de los marcos “civilistas”, la represión y el terror de Estado es para todos, mexicanos o no, porque desde los aparatos de represión no deja de acosar, amedrentar y hasta asesinar a migrantes centroamericanos que como los mexicanos persiguen a costa de su vida el inexistente “sueño americano”.

Así tenemos que no es sólo en el sexenio de Enrique Peña Nieto que el Estado ha realizado una serie de agresiones y crímenes de Estado de diversas maneras, ya sea con sus fuerzas policíacas, militares o paramilitares y para no irnos demasiado atrás recordemos los genocidios o masacres de Aguas Blancas,1995; Acteal, 1997; El bosque 1997; El Charco,1998; los asesinatos de jóvenes mujeres en múltiples ciudades y pueblos del país; la trata de personas sin importar si son adultos, jóvenes o niños y el género al que pertenecen; el acoso y asesinato a la juventud estudiantil en sus centros escolares y hasta en fiestas privadas o lugares públicos de diversión; la detención-desaparición forzada por motivos políticos o sociales organizada promovida y protegida en casi todos los casos por mandos militares y policíacos que ha dado lugar a miles y miles de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Una realidad inocultable a pesar de que aparentemente para algunos sea difícil demostrar la intervención del Estado, al desconocer la estrategia que éste aplica para defender y conservar los intereses de la oligarquía que representa, sin

embargo, desde esa posición se termina haciendo eco de las tesis de la actual junta administrativa que hace todo para diluir su responsabilidad en el cometido de los crímenes de lesa humanidad.

Un ensayo represivo-contrainsurgente que realizó contra la población fue en Tláhuac en pleno Distrito Federal, que perfeccionó e instrumentó contra la población en mayo del 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México; en el centro del Distrito Federal; Sicartsa, Michoacán; Xoxocotla, Morelos; contra la APPO y el movimiento popular en Oaxaca el año de 2006; en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, al cercar y utilizar el disparo directo e indistinto a las personas que estaban en el lugar de balas de goma, bombas de humo, bombas de gases lacrimógenos para luego en algunos casos, catear casa por casa y en un ensayo de lucha cuerpo a cuerpo golpear a luchadores sociales, detener, torturar y violar a mujeres de todas las edades, detener y golpear a inermes ciudadanos que sólo pasaban, estaban en el lugar casualmente o vivían en esa área geográfica, hasta hoy quienes salieron lesionados permanecen con secuelas.

Respecto al sector estudiantil la acción represiva ha sido permanente, se desapareció en Hidalgo a la Normal Rural del Mexe en 1999; una serie de agresiones contra estudiantes por las fuerzas policíacas; vendrían después las agresiones en Morelia, Michoacán, en donde nuevamente fuerzas policíacas reprimieron a la Coordinadora de Estudiantes en Lucha (CUL) y el movimiento popular, con el saldo de estudiantes, luchadores sociales y ciudadanos heridos y detenidos; 2012, la represión alcanzó a la Normal Rural de Tiripetío, los normalistas de Morelia, Arteaga, la Escuela Normal Indígena de Cherán, todos en Michoacán en donde las marchas y plantones fueron cercados y atacados ya no sólo para intimidar sino para herir o asesinar arteramente entre la bola y eludir responsabilidades directas.

En Mérida, Yucatán, cuando la firma del draconiano Plan Mérida durante el sexenio de

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Vicente Fox, la represión no dejó de instrumentarse contra quienes se manifestaron en contra de dicho plan. En Cancún, Quintana Roo, se instrumentó la represión contra la manifestación en contra del Foro Económico Mundial; En Guadalajara, Jalisco, las fuerzas policíaco-militares no dejaron de accionar y también hubo heridos e injustamente detenidos, sometidos al marcaje de la firma por haber obtenido su libertad provisional.

En todos estos casos y más que no mencionamos, por razón de espacio, no por falta de importancia, sin excepción es el Estado mexicano quien creó la coyuntura mediática para que fueran posibles los crímenes de Estado y las agresiones represivas, ya que, detuvo y encarceló a miles de jóvenes inocentes que tuvieron que permanecer en prisiones para delincuentes del fuero común y de máxima seguridad injustamente, unos por poco tiempo, otros sentenciados hasta cumplir con su condena o salir exonerados debido a su inocencia.

El objetivo contrainsurgente fue el control, la mediatización, hacer un marcaje personal al tenerlos paralizados por medio de su presentación para firmar en las fechas obligadas y por el miedo. El terror de Estado se empezó a esparcir por todo el país y contra el pueblo organizado o no organizado, las detenciones-desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales empezaron a proliferar por toda la geografía nacional, miles y miles de mexicanos y migrantes centroamericanos han sido ejecutados extrajudicialmente los cuales han sido arrojados a fosas clandestinas para tratar de borrar la evidencia de los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de Estado, hasta llegar a la detención-desaparición de los 43 alumnos de la Normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

Se perfila claramente el modus operandi, se disipan las dudas que hasta los más escépticos podrían tener porque con toda desfachatez el Estado acercó y filtró, a las normales y universidades, a personas que dicen ser guerrilleros con el fin de atraer a jóvenes que con ingenuidad creyeron que era cierto y asistieron a su llamado para enterarse de qué se trataba, sin saber que entre ellos y los que

llegaban había sujetos policíacos y militares que los ficharon como futuros luchadores sociales o futuros militantes de grupos revolucionarios convirtiéndose así en las futuras víctimas del Estado.

Y así escucharon hablar sobre un incipiente espectro de organizaciones políticas y sociales que existen en el país, de manera corta y sesgada supuestamente vinculadas a tal o cual grupo o partido revolucionario, el supuesto de cómo organizarse en la legalidad y cómo hacerlo en la clandestinidad; un no menos incipiente, deficiente e irresponsable entrenamiento para “enfrentar” a las fuerzas del Estado; comentarios y anécdotas que son fácil decir sin responsabilidad pero, difícilmente comprobables aprovechando la idealización de los jóvenes acerca de la lucha armada revolucionaria, lo que lo hace terriblemente estúpido si sólo se trata de aprovechar un “prestigio personal” o condenablemente perverso al colaborar con el Estado por resentimiento, coacción o voluntad.

El Estado infiltró y mantiene infiltrados, con sus agentes federales o de inteligencia militar, a los jóvenes anarquistas para empujarlos a desempeñar el papel de provocadores y reventar cuanta reunión, manifestación, mitin o marcha se diera.

Bajo esta cobertura policíaco-militar ordenó cometer crímenes selectivos en contra de luchadores sociales. Infiltró y dividió algunos grupos de autodefensa, en los diferentes estados en donde éstos se habían organizado y creó supuestos grupos de autodefensa, sobre todo en Michoacán y Guerrero por su tradición de lucha, todo con el objetivo de tratar de deslegitimar la autodefensa armada de las masas con una posición combativa y contra el Estado mexicano.

En su desbocada carrera por privatizar la educación y eliminar “focos rojos”, fijó en su mira cerrar definitivamente a la Escuela Normal Rural Raúl, Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, en donde como en otras escuelas, introdujo a agentes especiales para montar la provocación que justifique el terror de Estado.

Realizó su infiltración por medio de sus agentes, o “activistas” que sin recato alguno, cuando se ven

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rodeados de estudiantes, organizaciones populares y simpatizantes, se atreven a decir que son de tal o cual organización revolucionaria y al hacerlo los segundos, a veces, sin intención alguna que no sea “vanagloriarse” o conquistar a una chava, hacen que quienes son agentes del Estado los fichen y puedan ser las próximas víctimas; por si no lo saben estos jóvenes que alardean de militancia revolucionaria sin tenerla, con esa actitud le están haciendo el trabajo sucio al Estado y también pueden ser utilizados para justificar la represión y aunque se conviertan en figuras públicas, después también, pueden ser asesinados.

Esta etapa comenzó en el año 2011, cuando el Estado detectó a los estudiantes, que según él, eran los más avanzados o combativos, tenían peso moral y tenían la capacidad de convencer a sus jóvenes compañeros también, para luchar por la libertad de los presos políticos, contra la desaparición forzada, contra la impunidad, contra la represión y el terrorismo de Estado desde una posición política independiente.

Así, en Iguala habiendo un gobierno perredista y ante el conocimiento de que estos perredistas negociaban puestos y prebendas con el PRI gobierno, comenzaron a movilizar a los cuerpos represivos y a gente que pertenecía a bandas de la delincuencia organizada desde el Estado objetivados en grupos paramilitares, en tanto que el gobierno estatal y federal los protegía para después utilizarlos como ejecutores de asesinatos selectivos de luchadores sociales y empezar a probar cómo respondería el pueblo guerrerense.

Es el 12 de diciembre de 2011 que al “contener” una marcha estudiantil en la autopista del sol cerca de Chilpancingo que agentes de inteligencia militar asesinan a dos jóvenes normalistas de Ayotzinapa sin que hubiera un fuerte reclamo de las masas, por falta de una mejor organización, a la vez que se coaccionaba a normalistas detenidos por fuerzas federales para que se autoinculparan, estos asesinatos fueron realizados también con el fin de deslegitimar a un “gobierno de izquierda”, pero en

realidad era justificar paso a paso acciones de contrainsurgencia y el terrorismo de Estado.

Aunado a una serie de represiones, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se creó un clima de temor y miedo en la población por medio de todo el aparato represivo, por el andamiaje policíaco-militar-paramilitar en donde el crimen organizado es también instrumento y punta de lanza para el cometido de crímenes de lesa humanidad, que en Gro. se dispusieron escalar sus acciones en contra de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y aprovechan la coyuntura del día 26 de septiembre del año 2014 para concretar su plan contrainsurgente y sabiéndolo, todos los “gobernantes” de los tres niveles dejan que las policías municipal, estatal, federal, ejército y grupos paramilitares “abatan” con sus armas de fuego a los estudiantes normalistas que se transportaban en autobuses que horas antes habían tomado con un resultado fatal, siendo ejecutados extrajudicialmente Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y el joven futbolista David Josué García Evangelista, el chofer del autobús y una pasajera de un taxi; asesinan a Julio César Mondragón Fontes, estudiante normalista que fue desollado vivo como a otras 15 personas más sólo en Guerrero con las técnicas de contrainsurgencia aprendidas en Estados Unidos o Panamá, o los militares mexicanos de “fuerzas especiales” como un rito de iniciación del terror.

Es la continuidad de acontecimientos que se han dado en Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Edo. de México, Veracruz con los cientos y miles de detenidos-desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales… el ejército federal acompaña a las bandas de delincuencia organizada convertidas en grupos de paramilitares, a las cuales supervisa y asegura su dirección, además, de que si hay una respuesta organizada mataría a agresores y agredidos para después decir que se mataron entre ellos como ya lo ha hecho, al decir que está para proteger a la ciudadanía y señalar que es una guerra al interior de la delincuencia organizada o intercomunitaria, pretendiendo así ocultar el contenido

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contrainsurgente y diluir la responsabilidad del Estado de los crímenes de lesa humanidad y la represión generalizada.

Está claro que a pesar de criminalizar la lucha de los diferentes sectores sociales, las ejecuciones selectivas, la desaparición forzada de luchadores sociales como nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los ciudadanos, los mexicanos seguiremos protestando en toda la República por los atropellos y masacres cometidos por el Estado. Es la voluntad popular de combatir que toma cuerpo en cada una de las diferentes expresiones de inconformidad, movilización y organización del pueblo.

Y cada que el pueblo organizado manifieste su descontento, su protesta, su repudio y rechazo a la impunidad y a la represión; cada que el pueblo organizado demande la presentación con vida de todas las víctimas de la detención desaparición forzada, la liberación de todos los presos políticos, el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales de todos los luchadores sociales y periodistas en el país, el Estado actuará de la misma manera al enviar a sus provocadores ya sea por medio de los seudo anarquistas o los supuestos guerrilleros, como lo han hecho en las marchas de reclamo y exigencia de la presentación con vida de los estudiantes de Ayotzinapa o en diferentes procesos organizativos que empujan a su radicalismo, pero llegada la represión los dejan en la completa indefensión.

Desde la actual junta administrativa de los intereses burgueses y oligarcas, hábilmente se quiere dar una salida más a la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa con la presencia de un quinto autobús, tal maniobra no es más que una rendija que el Estado no dudará en promover y seguir sosteniendo la tesis de la participación del narcotráfico para intentar hacer creer que desconoce que muchos miembros del Estado con alta jerarquía, son parte de la delincuencia organizada y el narcotráfico, recordemos: el general Jesús Rebollo, Mario Villanueva, no se debe omitir que el narcotráfico y la delincuencia organizada son fenómenos que tienen origen en y para el Estado, así

militares, funcionarios públicos y algunos representantes del PRI son sus estrategas, supervisores y encubridores, son quienes negocian libertades e impunidad.

Es por eso que la fuga del Chapo hoy sea utilizada para profundizar la militarización de todo el país, pero aún más en todo el sureste, brotando nuevamente el carácter contrainsurgente de la política de seguridad pública como fetiche de desarrollo económico.

Otra creación del Estado con los mismos propósitos contrainsurgentes son los rumores y calumnias que se propalan entre las masas para que no logren unir esfuerzos y continúe cada grupo, organización o frente con la defensa de “sus” presos, “sus” desaparecidos, “sus” demandas particulares, e imposibilitar la capacidad organizativa unitaria para exigir por todos, de todos, para todos y alcanzar mayor fuerza en la convicción de que fue el Estado, ES EL ESTADO QUIEN COMETE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDA, LA DETENCIÓN-DESAPARICIÓN FORZADA Y LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL.

Nosotros, en el comunicado publicado en nuestro periódico El insurgente Nº 159 del mes de diciembre de 2014, dijimos que era imposible la cremación de los jóvenes normalistas en el basurero, que estaban detenidos con la policía federal y que el ejército es su brazo ejecutor, que se buscara en los cuarteles policíaco militares a los detenidos-desaparecidos. El tiempo, la terca realidad y los resultados de los estudios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) vienen a confirmar tal aseveración.

Insistimos y volveremos a insistir la detención desaparición forzada la ha practicado el Estado como política de Estado y el terror es un elemento de la guerra contrainsurgente.

Hoy, lo reafirmamos y desde diferentes trincheras de lucha continuamos exigiendo la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos. No más impunidad, justicia para todos. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

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¿QUIÉNES TEMEN A LA REVOLUCIÓN?

as revoluciones son las grandes parteras de la historia, traen consigo cambios profundos y radicales en todas las esferas de la

sociedad, en lo económico, político y social, lo que implica necesariamente el derrocamiento de la clase social que detenta el poder y la implantación de un nuevo orden socioeconómico, donde la clase y sectores sociales que hasta ese momento eran explotados y oprimidos arriban al poder económico y político para garantizar la continuidad y desarrollo de los intereses de la clase social que acaba de conquistar su emancipación.

Así en una revolución de carácter socialista el proletariado y el conjunto de los oprimidos y explotados, necesariamente tienen que derrocar a la burguesía que detenta el poder económico y político, como premisa fundamental para conquistar su libertad y ejercer el poder del proletariado.

En México, desde mediados del siglo pasado existen fuerzas revolucionarias que pugnamos por una nueva revolución de carácter socialista, estas fuerzas se han enfrentado en una lucha desigual contra el Estado burgués mexicano y su aparato represivo, resistiendo los embates de las fuerzas contrainsurgentes y manteniendo viento en popa las banderas de la revolución socialista; gesta libertaria en la que muchos combatientes por el socialismo han regado con su sangre los bastos campos del México insurgente. Rubén Jaramillo, Arturo Gámiz, Pablo Gómez, Oscar Gonzáles Iguiarte, Genaro Vásquez Rojas, Lucio Cabañas Barrientos, Héctor

Eladio Hernández Castillo sólo por citar algunos de los ejemplos más emblemáticos, entre muchos otros que por ahora permanecen de bajo perfil o en el anonimato.

Más de cinco décadas de lucha armada revolucionaria en donde la burguesía y su aparato represivo se han cebado y ensañado contra las nacientes fuerzas de la revolución, asesinando,

L ¡Viva la nueva Revolución Mexicana¡

¡Por la revolución socialista!

¡Vencer o morir!

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deteniendo, torturando y despareciendo a quienes se han atrevido a luchar por un México igualitario, por un país donde se erradique la explotación económica y se supere el atraso económico, político y cultural que caracteriza al “México moderno”.

Hoy ya a mediados de la segunda década del siglo XXI, el fuego de la revolución socialista no se ha apagado ni extinguido, por el contrario se sigue esparciendo cada vez más. Las condiciones socioeconómicas de violencia y terrorismo de Estado, descomposición social, pobreza, miseria, explotación económica y opresión política en las que se debate el pueblo mexicano, hacen de la revolución necesidad histórica imperiosa, situándola en el campo de la discusión política acerca de su vigencia o caducidad.

Asaltan el pensamiento de las masas oprimidas y explotadas interrogantes como ¿Será necesario una nueva revolución para superar los grandes problemas que aquejan al pueblo mexicano?, ¿Serán válidos los métodos revolucionarios? Y ¿Seguirán vigentes los postulados marxistas de la revolución socialista? Cuestiones sensibles y trascendentales en las que por omisión o comisión, directa o indirectamente se toma partido, por un lado los defensores del régimen quienes niegan toda posibilidad de un cambio por la vía y métodos revolucionarios, y por el otro, quienes sostenemos que la revolución deviene en necesidad histórica imperiosa y que ésta habrá de realizarse a través de los métodos de la ciencia revolucionaria.

Para quienes detentan el poder económico y político la revolución les asusta, les genera escozor y nauseas dado que están conscientes de lo que implica, les genera pavor, temen perder sus privilegios de clase, sus fortunas económicas y su estatus político y social, por eso se empeñan en negar la necesidad de cambios radicales y hacen todo cuanto está a su alcance para abortar todo

intento de organización y lucha del pueblo que se conduzca por la senda de la revolución socialista.

Así escuchamos y leemos sendos discursos en aniversarios históricos, reconocimientos institucionales y académicos como el Honoris causa, Novel, etc. en donde se condena la violencia de las masas, se deslegitima todo intento de transformación revolucionaria de la sociedad y se llama a la pasividad y conformidad de las masas explotadas y oprimidas.

Bajo la argucia de la no violencia y de privilegiar los medios y vías de la “legalidad” –burguesa- se niega y se condena todo esfuerzo organizativo que cuestiona al régimen; se demoniza y criminaliza toda forma de lucha que pugna por la transformación revolucionaria de la sociedad utilizando todo tipo de artilugios legales e ilegales para acallar y aplastar todo brote y manifestación de insurgencia popular.

Personajes de supuesto reconocimiento político, de supuesta solvencia “moral”, se desviven en negar la necesidad de la revolución socialista, hacen grandes esfuerzos por adormecer la conciencia del pueblo mexicano, pretendiendo vacunarlo contra toda expresión de pensamiento revolucionario y crítico-progresista, máxime de aquel que pugna por la transformación revolucionaria de la sociedad por la vía armada.

Otro frente en el campo de la lucha ideológica y política lo desarrollan los apologistas del modo de producción capitalista de la mano con las plumas y voces mercenarias que defienden al régimen, atacando directa y virulentamente todo acto de protesta y manifestación de las masas oprimidas y explotadas que cuestionan al capitalismo y se organizan fuera de los marcos de la legalidad burguesa.

Estos cancerberos del capital hacen derroche de recursos humanos y materiales en su intento por

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mantener reprimida y mediatizada la voluntad popular de combatir de los mexicanos, recurren a la burda mentira, a la calumnia, a la tergiversación de la historia, a la criminalización de protesta y a todo acto de intimidación y hostigamiento, cual mercenarios del régimen y verdugos del pueblo.

En tanto que las fuerzas vivas de la revolución socialista sostenemos que ante la crisis general que vive hoy por hoy el capitalismo, la revolución socialista es ineludible e inaplazable, una necesidad histórica que demanda el concurso activo y combativo del proletariado, del conjunto de los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, de los diversos sectores sociales que conforman la sociedad mexicana, de los profesionistas, de los pequeños productores y comerciantes del campo y la ciudad.

Para los oprimidos y explotados no hay nada a lo que podamos temer, no somos propietarios de medios de producción a gran escala, no somos propietarios de grandes extensiones territoriales fértiles o ricas en recurso de hidrocarburos o mineros y lo poco que queda de propiedad ejidal o comunal, se nos está despojando a través de las reformas burguesas de carácter neoliberal. En síntesis no somos, ni jamás seremos, burgueses u oligarcas que detentan el poder económico y político, en consecuencia la revolución socialista no nos debe asustar, por el contrario debe ser fuente de satisfacción y aspiración política del pueblo mexicano.

Si desde el campo de la ideología burguesa-capitalista se insiste reiteradamente en el argumento de lo anacrónico y la inviabilidad de la revolución socialista, ¿Por qué tanto les asusta y les preocupa? Porque ante la crisis estructural que padece el capitalismo ven en la revolución la fuerza e instrumento de los oprimidos y explotados que puede terminar con sus privilegios de clase y su condición de clase social dominante.

Sólo los burgueses, los oligarcas, los que medran y lucran con las desgracias del pueblo, los apologistas y paleros del régimen le temen a la revolución, les preocupa y les causa todo tipo de malestar.

La revolución socialista en tanto necesidad histórica y alternativa política y económica para el conjunto de los oprimidos y explotados adquiere en estos momentos mayor vigencia y validez, se convierte en una tarea inaplazable para toda conciencia revolucionaria, crítica-progresista y humanista.

Las revoluciones no surgen de la espontaneidad, se construyen, se estructuran y tienen que abrirse camino a fuerza de combatividad, en donde se tienen que librar batallas contra los infundios de sus detractores y defensores del régimen. Razón por la cual la defensa e impulso de la revolución socialista pasa necesariamente por la lucha ideológica en el campo de las ideas políticas.

Por ello desde la trinchera de la lucha armada revolucionaria seguiremos dando la lucha ideológica de manera franca, abierta y decidida contra los apologistas y defensores del régimen, contra los timoratos y falsamente pacifistas que se horrorizan ante la alternativa de la revolución socialista, pero callan ante los múltiples crímenes de Estado cometidos contra el pueblo, enmudecen ante los horrores del terrorismo de Estado y hacen oídos sordos ante la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados.

Es tarea ineludible de toda conciencia revolucionaria, crítica y progresista combatir ideológicamente a los defensores y apologistas del régimen capitalista; desarrollar la lucha férrea e implacable contra los cancerberos del capital y detractores de la revolución socialista.

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El idealismo inmiscuido na forma más de control utilizada por la burguesía es la religión en todas sus formas, en cualquiera de sus ramas, se denota al enajenar a nuestro pueblo y engañarlo a través de sus falsas esperanzas en la resolución

de los problemas, haciéndonos creer, que con fe, rezos y oraciones se va a solucionar la miseria, la hambruna, van a resucitar a los muertos, a aparecer a los desaparecidos, todo producto del terrorismo de Estado implantado por el imperialismo, quieren hacer creer a nuestro pueblo que habrá un cambio mágico y misterioso en el cual todo se solucionará de un día para otro con un mal llamado “pacifismo”.

Esto porque de acuerdo a su concepción todo es resultado del mal humano, de la perversión del hombre, y no producto de las políticas del imperialismo implementadas por los gobiernos antipopulares, todo para que el pueblo no se dé cuenta de su realidad, viva engañado y con ello no se organice para luchar por una transformación real y de fondo. Para que se quede inactivo e indiferente ante la barbarie del Estado.

Desde el comienzo de la humanidad existieron dos grandes contradicciones en el ser humano, que aunque eran o no planteadas en ese momento como tales, a medida que fue avanzando la historia de la humanidad se fueron sistematizando. Se basan en la relación entre el pensar y el ser, entre lo espiritual y lo material. Dentro de esta resolución del problema fundamental de la filosofía queda comprendido, si es la materia producto de la conciencia o viceversa y si la razón humana es capaz de descubrir las leyes que rigen la naturaleza, si el mundo es cognoscible. La respuesta a estas cuestiones siempre va a ser contradictoria y su resolución nos dará la visión del mundo y la pauta a todo lo que analicemos.

Cuando se dice que la materia es creada por la conciencia, ya sea del individuo o fuera de él, creada por una idea absoluta y que el mundo no se puede conocer por el hombre, sino que el hombre solamente puede conocer sus ideas y sentimientos o bien, reconocer una idea misteriosa; se habla de idealismo, el cual siempre se va a ligar con la religión, se opone totalmente al desarrollo, a la ciencia, pregonando que el universo es ficticio y aparente.

Sin embargo, en toda la historia, la religión ha tratado de utilizar a la ciencia y se ha escondido tras ella, intentando demostrar que sus ideas son reales y comprobables ante los ojos de los demás, con esto hacen creer al pueblo que es real, cuando en verdad se pone al servicio de la clase reaccionaria, que está en búsqueda de destruir al mismo, implementando la explotación del hombre por el hombre, siéndole funcional al utilizar la sugestión espiritual para demostrar u obtener poder. Aprovechándose de la “inestabilidad social” para dar una “esperanza”.

Dicho poder se demuestra a lo largo de la historia al observar el papel de la iglesia en las diversas épocas, sacrificando al pueblo y poniendo héroes ficticios que fueron en algún momento parte de una realidad diferente. Desde la religión se han creado cruzadas, matanzas, excomulgaciones, torturas, persecuciones, asesinatos, y muchas más atrocidades sin fundamento alguno que lo único que han logrado es desgarrar y humillar a nuestro pueblo, utilizando dichos hechos para que él mismo se convenza de que la única solución es la creencia en esculturas, imágenes, seres sobrenaturales u otros objetos misteriosos utilizados por el idealismo. Cabe mencionar

U

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político

Marxismo

y revolución

en

México

¡Por la revolución social ista!

¡Vencer o mori r!

PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO DDEELL MMIILLIITTAANNTTEE CCOOMMUUNNIISSTTAA

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que de las vendimias y limosnas también se aprovechan para adquirir ingresos millonarios, exprimiendo al pueblo trabajador para continuar bañándose en oro.

Aunados la religión y el idealismo al afirmar que el mundo ha sido creado por algo sobrenatural, por voluntad divina, dan una explicación a nuestra realidad diciendo que todo conflicto social, vicio del capitalismo o problema mundial son producto de las deficiencias humanas, de las imperfecciones morales propias del hombre y no producto de una realidad histórica, de un análisis de la realidad en constante transformación, por lo tanto niegan cualquier movimiento social que haya existido, que existe y que vaya a surgir en pro de la lucha a favor del proletariado con un análisis materialista dialéctico, en contra de la lucha antiimperialista, del marxismo, y por ende del socialismo.

Por ejemplo, Platón que siempre estuvo en contra de Demócrito, mandó perseguir a sus seguidores, para que no refuten sus ideas, evidentemente idealistas. Así otros personajes que defendían aferradamente al idealismo, contradijeron, atacaron y asesinaron siempre a los que tenían ideas o análisis materialistas y que interpretaban el mundo de acuerdo al desarrollo que consiguieron cada uno en su época a través de la realidad objetiva, comprobada por un método científico, el cual a través de la ciencia resultó en verdad.

Han asesinado, tachado, insultado, querido borrar de la historia, a personajes de desarrollo histórico, que el pueblo recuerda y nosotros como revolucionarios jamás olvidaremos y estudiaremos para lograr la revolución socialista, ¡no dejemos que farsantes impongan su voluntad!

Como el idealismo se niega a aceptar contradicciones internas dentro del desarrollo, todo lo observa como una simple y mera reducción cuantitativa y no cualitativa, ha demostrado que siempre atacará a los que tengan un concepto contrario, con el fin de exterminar a todo aquel que sea consciente y emplee el materialismo dialéctico como método de estudio y transformación, ya que se sabe que este es el único que ha servido para lograr las grandes revoluciones socialistas. Recordemos que en los países en los que se han logrado, se está construyendo o estamos en la lucha por ella, la religión siempre ha querido escurrirse por cualquier grieta o debilidad ideológica para realizar acciones contrarrevolucionarias y con esto derrotar al socialismo. La red religiosa siempre estuvo y está inmiscuida en la política, la educación, el arte, la moral, etc. tenemos que identificar sus artimañas para seguir con la lucha proletaria.

Ahora ha sido útil para solapar múltiples horrores realizados por el imperialismo, siendo “la esperanza” de muchas personas que sin saberlo, siguen las propuestas del idealismo, con lo que se llegará a un estancamiento de la humanidad, no llegaremos a ningún lado, nos quedaríamos inmóviles esperando que algo divino nos rescate, no podemos permitir la aniquilación de nuestro pueblo al tener aún la dichosa fe que alguien nos pide a cambio de la organización y el estudio constante para descubrir la realidad que nos esconden, para dar propuestas a partir del análisis materialista dialéctico y no quedarnos congelados ante una atroz destrucción oligárquica.

Al mostrarnos su falsa cara al esconder con harapos que realmente están vestidos con seda, al pregonar la beneficencia, la filantropía, la supuesta solidaridad, el amor y la paz, nos quieren convencer de que es “la salida” que en este momento ellos suponen que necesita el pueblo, se valen de que al ser humano si le aterra lo desconocido y si no tiene un análisis real, el cual ellos esconden, es capaz de engancharse a lo que sea para dar la explicación más fácil y tener de donde aferrarse para no vivir aterrorizado. Lo cual antes sin el desarrollo de la ciencia lo hacían nuestros antepasados al no saber el por qué se daban los fenómenos naturales, sin embargo, la realidad está a nuestro alcance.

Si nos dejamos llevar por la cúpula de las diversas religiones y sus representantes díganse curas, sacerdotes, cardenales, obispos, pastores, hasta el papa, nos terminaremos por matar por algo que ni siquiera existe, por algo que nos han hecho creer a través de la historia, consiguiendo su objetivo y teniéndonos encasillados con información falsa acerca de nuestro entorno; imposibilitándonos, haciendo “pecadores” a todos los que se salen de la “norma”, rogando el perdón de algo o de alguien irreal, imaginario, dejando nuestras fuerzas en un sufrimiento ingenuo del que nadie nos librará más que la ciencia que nos conducirá a la revolución socialista.

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Leyes neoliberales y movimiento magisteriala represión laboral, judicial, administrativa, policíaca y militar contra el movimiento magisterial democrático, tiene sus causas en el fenómeno económico internacional que azota a la población

mundial de manera recurrente, la crisis económica.

La embestida contra el magisterio democrático, y las condiciones actuales que padece, no es obra u ocurrencia de un político de oficio o del maquiavelismo de algún dirigente charro que pretenda beneficiarse del trabajo objetivado de los asalariados. A pesar de que en ella se presentan estos aspectos como algo evidente, no son causales de la situación política que padece en estos momentos la lucha sindical magisterial, sino solamente expresiones de una realidad política que integran el fenómeno.

La crisis económica que se ha presentado desde el 2008 y se manifiesta hasta estos momentos, revela su carácter prolongado y refleja, al mismo tiempo, la dificultad que presenta el sistema capitalista para recuperarse de un fenómeno cíclico e inmanente.

La crisis económica agudiza las relaciones sociales de producción, haciéndola cada vez más descarada, inhumana, donde a condición de continuar con la obtención de mayores ganancias o no ser parte de la ruina capitalista, sacrifica a millones de trabajadores asalariados; ha provocado que en las economías dependientes, se conviertan en regiones exportadoras de materias primas y fuerza de trabajo cada vez más barata, ocasionando innumerables flagelos sociales.

Ahí es donde encontramos la explicación general de la situación actual de los asalariados y de manera concreta del gremio magisterial, que se ven afrentados por el Estado en todas las modalidades, acercándose cada vez más, y de manera acelerada, a la ejecución de crímenes de lesa humanidad, como forma de conseguir su rendición o capitulación.

El movimiento magisterial en lucha, es parte de la lucha del proletariado en su conjunto, que se presenta en estos momentos como resistencia a la objetivación de las leyes neoliberales en general y en particular de la ley educativa neoliberal porque afecta no sólo a ese sector, sino al pueblo en general.

Para que lo países capitalistas superen la crisis económica, tienen que agudizar las contradicciones económicas, lo que significa la aplicación de manera más rigurosa del neoliberalismo, es decir, de la imposición de las relaciones económicas capitalistas; ahí donde el Estado era garante de la producción e intercambio de mercancías, es regido por oligarcas y capitalistas. El capitalismo de Estado, por el que pugnan la pequeña burguesía en estos momentos se presenta como contradicción del propio sistema que se está superando mediante el fascismo, como forma de apropiación de capitales y materias primas.

El neoliberalismo como teoría económica burguesa, como ideología y régimen político, ha tomado cuerpo en las leyes neoliberales, que a estas alturas de la vida política y económica del país poseen el carácter constitucional, lo que da pie que el Estado y las fuerzas represivas gocen de legalidad para imponer terror y reprimir todo descontento, inconformidad y resistencia popular.

Leyes neoliberales que arropan fielmente el Estado, con el curso de consolidación y su ejecución, va dejando una estela de incertidumbre, zozobra, miseria, pobreza, represión, además de que se recrudece la descomposición social en las familias proletarias. Como también un ambiente de terror que sigue cobrando víctimas en el pueblo con el aumento de los crímenes de lesa humanidad como la desaparición

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forzada, detenciones y ejecuciones extrajudiciales para diluir el desarrollo de las organizaciones combativas y congruentes con arraigo en las masas.

Las leyes neoliberales, se impusieron al pueblo con los cuerpos policíaco-militares, a un año del mandato de Enrique Peña Nieto, lo que reflejaba la urgencia por acelerar y concretar los intereses de la oligarquía nacional y extranjera, en cuanto la necesidad de poder continuar en el mercado con sus capitales y no ser arruinados por la competencia.

Esa es la situación para el conjunto del pueblo, para el movimiento popular, de las fuerzas populares organizadas y no organizadas; por ende, el sector magisterial no está exento de estas condiciones; y la embestida hacia el movimiento magisterial democrático es la expresión de la lucha de las clases sociales fundamentales en el terreno político-educativo, que en determinadas coyunturas se ha trocado en popular.

El empecinamiento del Estado en difundir y establecer como verdad única y absoluta la educación de calidad, es la premisa teórica para imponer las relaciones capitalistas y suprimir derechos económicos conquistados en luchas anteriores. El concepto de calidad es usado como premisa subjetiva en relación con las formas burguesas de educación; calidad para el Estado y la oligarquía nacional e internacional significan la adopción de una actitud sumisa, actuar en función de los estándares conductuales burgueses, que permita su reproducción en todos los sujetos sociales. Con base en el concepto burgués de calidad se pretende formar al sujeto cretino, en estandarizar al sujeto social inútil para el pueblo, pero útil para los propósitos burgueses, para la producción mercantil y reproducción de las relaciones sociales enajenantes.

No sólo atenta contra la diversidad social, cultural, de la población mexicana; sino que lleva en su seno la generalización de los patrones conductuales, morales, burgueses; y con ello la imposición-adopción y justificación de la realidad económica actual. Perpetuar la explotación del proletariado.

Por lo tanto, la lucha gremial en estos momentos, ya no es solamente por la lucha de carácter económico; la misma contradicción del sistema empuja al conjunto de los explotados, de los asalariados, del sector magisterial, a la lucha política, a la necesidad de comprender el fenómeno en su esencia. En la actualidad ya no se trata de la exigencia salarial, del aumento de derechos laborales conculcados; la embestida del Estado y de la oligarquía nacional y extranjera obliga a la defensa de la fuente de trabajo, del empleo, de los derechos sindicales.

Lo que está en juego es el trabajo mismo, por lo que la lucha a pesar de tener esencia económica, ésta debe rebasar dichos marcos, que permita politizar a cada uno de los asalariados, a cada docente, en la comprensión de la lucha contra sus explotadores.

La lucha política implica comprender la necesidad de la unidad política, por lo que el sector magisterial democrático, tiene ante sí un conjunto de principios que le dieron origen, al cual debe recurrirse, ya que ha probado en el campo de acción su efectividad en la lucha.

Las movilizaciones de cada sección según sus condiciones es reflejo del análisis objetivo o subjetivista a nivel nacional, desde un subjetivismo se priorizan las condiciones locales que sólo retarda los objetivos y limita la contundencia en los planes de acción. El amontonamiento de pequeños planes locales tampoco refleja una verdadera unidad en la acción. Actuar en el plano nacional debe contemplar el despliegue de las fuerzas magisteriales-populares de manera creativa en función de intereses nacionales estratégicos, que a su vez permita la politización de cada uno de las masas.

Ante la aplicación del terrorismo de Estado, no puede seguirse actuando mediante el culto a la espontaneidad de las masas, continuar con ese ritmo implica una seria irresponsabilidad. Los tiempos indican la necesidad de la preparación de las masas para la lucha política de largo aliento, por la transformación profunda, por la revolución socialista.

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COMUNICADOS DEL PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MICHOACÁN AL PUEBLO DE MÉXICO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS A LA ORGANIZACIÓN DE NORMALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN A LAS BASES DEL PRD

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!

Soplan vientos autoritarios y represivos que emanan desde el Ejecutivo estatal, los tufos fascistas ya empezaron a emerger de las cloacas de sectores reaccionarios y conservadores que se han parapetado en el Legislativo y en cargos públicos cubiertos con el sofisma de representantes de la “sociedad civil”, éstos apostatas de la libertad siguen empecinados en criminalizar la protesta popular, en anular derechos constitucionales y humanos, en conducir al pueblo michoacano por la ruta del fascismo y la violencia institucional de Estado.

A escasas tres semanas de haber tomado protesta la actual junta administrativa estatal ya ha dejado patente a qué intereses de clase sirve, a quiénes rindió protesta, a qué grupúsculo de empresarios se debe y cuáles son sus siniestras intenciones. Tanta es la arrogancia, prepotencia, autoritarismo y el cinismo que la pérdida de juicio es grave en el recién entrante gobernador que ya se siente el César todopoderoso de Michoacán; cual fiel guardián de los empresarios pro fascistas, a gritos y sombrerazos amenaza con ejecutar la represión en todas sus modalidades, insiste en su obcecada idea de aplicar medidas punitivas hacia los sectores sociales y populares que en acto de dignidad humana y congruencia política ejercen su derecho a la protesta y de petición.

¡Urra!, ¡Bravo! Señores de la cúpula del Partido de la supuesta Revolución Democrática, ya estarán de plácemes ante los aplausos y vivas de las cámaras empresariales y los grupúsculos fascistas herederos directos de la contrarrevolución que se trató de impulsar con los tristemente célebres cristeros ahora disfrazados de “sociedad” civil, fanáticos de la reacción que históricamente han pugnado por la implantación de un régimen autoritario, represivo y fascista en Michoacán. Esperamos estén conscientes que con su política servicial y entreguista para con la oligarquía personificada en empresarios criminales y profascistas cierran toda posibilidad y esperanza de cambio por la vía electoral que el pueblo michoacano alguna vez fincara en el PRD.

¿Dónde quedó la Revolución Democrática por la que cientos de michoacanos perdieron la vida en el 88 y la década de los 90 del siglo pasado? Sucede que la posibilidad de la revolución democrática –si es que alguna vez existió- ha muerto desde que la cúpula nacional firmara el mafioso “Pacto por México”, firma de

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la que formó parte el actual gobernador, y las cúpulas estatales se quedaran de brazos cruzados a esperar las migajas que les repartirían.

Repudiamos la actitud arrogante, prepotente, autoritaria y profascista del Ejecutivo estatal y del séquito de politicastros miopes incapaces de ver más allá de su nariz, que sólo velan por intereses personales y de grupúsculos empresariales. No se les olvide que Michoacán es un estado con historia libertaria y tradición de lucha revolucionaria, tengan en cuenta que una cosa podrán ser las cúpulas dirigentes y otra las bases perredistas que dieron vida al PRD.

Para las bases perredistas va un saludo revolucionario y convocamos a que no permitan que en nombre de la Revolución Democrática se cometa un baño de sangre contra el pueblo con más actos criminales represivos al estilo los Abarca y Aguirre contra los normalistas de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. No olviden quiénes fueron y quiénes son los Figueroa Zamudio sobre quienes pesa un pasado oscuro, criminal y represivo y hoy son parte de la camarilla de politicastros que pugnan por la salida violenta y represiva ante los problemas que aquejan al pueblo, los michoacanos no olvidamos los centenares de muertos y presos políticos que propiciaron los Figueroa Zamudio cuando eran prominentes priistas.

¿Qué diferencia hay ahora entre el PRI, PAN y el PRD? Ninguna entre las cúpulas, son la misma cofradía de secuaces al servicio de lo más retrógrada y reaccionario de la oligarquía; un séquito de politicastros que se escudan en la argucia de la aplicación del estado de derecho para justificar todo acto represivo y criminal de Estado; una asociación de criminales de cuello blanco que se amparan en la legalidad burguesa para cometer tropelías contra el pueblo, desatar su odio de clase y seguirlo espoleando.

Falsas, hipócritas, maquiavélicas y dolosas resultan las insistentes acusaciones de que los sectores que ejercen su derecho a la protesta sean los responsables de pérdidas millonarias, de empleos y de la crisis económica que vive el estado. Que nadie se confunda, la crisis económica que padece Michoacán se debe a la ejecución de las políticas económicas neoliberales aplicadas por décadas por gobiernos priistas, y hoy secundadas y profundizadas por los tristemente célebres perredistas desmemoriados que pretenden ignorar la historia de Michoacán.

Aberrante, doloso e inquisidor resulta el argumento de violación de derechos de terceros que se esgrime para justificar las medidas y disposiciones de corte fascista que se pretenden instaurar en el estado. Desde esta lógica fascista, entonces ¿Sancionarán las peregrinaciones y demás congregaciones multitudinarias religiosas?, ¿Sancionarán los recorridos de ciclistas y motociclistas que en masa ejercen su derecho al libre tránsito? ¿Se sancionará a políticos de oficio en campaña, por cerrar calles y avenidas? Sencillamente es aberrante y raya en la estupidez el argumento de afectación de derechos de terceros, deviene en una argucia mediática y legaloide para coartar, anular o extralimitar derechos humanos y constitucionales e instaurar un régimen dictatorial de corte fascista.

Señores empresarios agrupados en la COPARMEX, en la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, AIEMAC y demás cámaras empresariales, ustedes bien saben cuáles son las causas y los responsables reales de la crisis económica y la violencia que padece Michoacán, no se confundan ni pretendan confundir al pueblo; y, no menosprecien la capacidad organizativa de un pueblo que se debate

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entre la pobreza y la miseria, que además está llegando al hartazgo ante el autoritarismo y violencia institucional de Estado, ¿Qué no pasa nada? Tápenle la válvula a una olla exprés y verán lo que pasa, no confundan pueblo con “sociedad civil”, no le echen más leña a la hoguera, que de incendiarse la pradera también el fuego los alcanzará.

Señor Erik Avilés, director de la organización empresarial “Mexicanos Primero Michoacán”, sabemos que ya se frota las manos para amasar las fortunas que representa la privatización de la educación pública, a ello obedecen sus insistentes alaridos a que se ejerza la represión, se cometan crímenes de lesa humanidad, se desaparezcan a las normales públicas y sus estudiantes, sólo le pedimos que asuma la responsabilidad de sus actos de cara al presente y el futuro, su nombre ya está signado en la historia de Michoacán como un sujeto criminal profascista, uno de los principales promotores de la violencia institucional y terrorismo de Estado. ¿Aún no está conforme señor Avilés con su desempeño para con los Claudio Gonzáles?, ¿Hasta dónde quiere llegar con sus obcecados llamados a que se reprima y asesine al pueblo? No se confunda ni se obsesione por saciar su sed represiva señor Avilés.

Los problemas reales en Michoacán es la pobreza y la miseria cada vez más asfixiante, los grilletes de la opresión política que se siguen apretando, el terrorismo de Estado que campea por todo el territorio dejando decenas de miles de asesinados, torturados y detenidos-desaparecidos por motivos políticos y sociales; la acción criminal de los grupos paramilitares encubiertos con el ropaje de “autodefensas” que asesinan, torturan y trafican estupefacientes de todo tipo bajo la protección de la ley y el amparo de la impunidad que se les sigue brindando desde las estructuras policíaco-militares.

¿Quiénes son los verdaderos delincuentes y los belicosos, los que en el ejercicio de sus derechos protestan, o los que fomentan el paramilitarismo y la violencia institucional de Estado? ¿Quiénes son los verdaderos criminales, los que en el ejercicio de su derecho de petición demandan y defienden su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la justicia…, o aquellos politicastros que promueven leyes fascistas que anulan derechos constitucionales y humanos? ¿Quiénes resultan ser los parásitos, los hijos de obreros y campesinos que dignamente defienden la educación pública y que a diario se ganan el pan de cada día con el sudor de su frente, o los políticos de oficio que sangran al erario público con sueldos que rebasan los 70 mil pesos mensuales y cuya única función social es sentarse en los escaños y levantar la mano para aprobar leyes punitivas y profascistas? ¿Quién es quién?

Por si algún ingenuo no se ha dado cuenta les recordamos que criminales y fascistas son todos los que se han sumado a la iniciativa de ley para “regular marchas y plantones” una iniciativa de ley antimarchas parida desde las entrañas de los panistas herederos directos del sinarquismo-fascismo que sigue empecinado en instaurar una dictadura fascista en Michoacán y el país; todos aquellos que insistentemente claman porque se ejerza la represión contra los estudiantes normalistas, universitarios y trabajadores de la educación que defienden el derecho a la educación pública y a un trabajo digno.

Serán cómplices del baño de sangre y de la ofensiva represiva que se prepara desde el aparato represivo de Estado, todos aquellos pseudoperiodistas mercenarios de la comunicación que se pronuncian porque se aplique la represión a los normalistas y demás sectores organizados que protestan; todos aquellos políticos de oficio que promueven y justifican la violencia y terrorismo de Estado; todos los que se pronuncian por

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que se reprima y encarcele a estudiantes, a trabajadores de la educación, a campesinos e indígenas, al pueblo en sí.

De aprobarse esta iniciativa de ley antimarchas se estará empujando hacia el fascismo y a que los problemas sociales y populares se resuelvan por medio de la violencia revolucionaria de las masas, de lo cual los únicos responsables serán las cúpulas de la triada PAN-PRI-PRD que empujan hacia la ruta del fascismo y el oscurantismo clerical en el pensamiento humano.

El arribo de miles de fuerzas federales policíacas y militares a la entidad evidencia la pretensión del Ejecutivo estatal de ejercer la represión y terrorismo de Estado, de gobernar con el puntal policíaco-militar, lo desnudan políticamente quedando al descubierto su vocación fascista y represiva, muy a tono con la política de la actual junta administrativa federal. Tanto en Michoacán, como en el país, no es la delincuencia organizada ni la inseguridad lo que hace necesario la presencia de fuerzas policíaco-militares, sino la política de contrainsurgencia, propia de un Estado policíaco-militar y los intereses de la oligarquía.

El pueblo debe tener claro y presente que en Michoacán, son los intereses de la oligarquía regional, nacional y trasnacional los que están de por medio en la actual cruzada contra el pueblo, son los grandes intereses del capital los que se protegen por encima de todo, a ello obedecen todas las medidas y violencia de Estado en Michoacán. Lo dijimos en el contexto de la oficialización y legalización de los grupos paramilitares en Michoacán, y hoy los dichos y actitud del titular del Ejecutivo estatal así lo confirman.

Ante este escenario represivo y de violencia institucional de Estado, desde las trincheras de la lucha armada revolucionaria el PDPR-EPR reitera:

1. Que ¡Estamos presentes! Y ¡Alerta! ante este escenario y contexto sociopolítico que desde las cúpulas oligárquicas profascistas empujan a que se torne violento y represivo.

2. Que repudiamos la ofensiva empresarial de criminalización de la protesta popular, expresada en los insistentes y testarudos llamados a ejercer la represión y en la antipopular iniciativa de ley para “regular las marchas y plantones”.

3. Que ante la represión y la violencia institucionalizada de Estado, el pueblo tiene el inalienable derecho a defenderse por todos los medios y formas a su alcance y disposición.

4. Que tanto políticos de oficio profascistas, la actual junta administrativa estatal, mandos militares-policíacos medios y superiores, así como la camarilla de empresarios que empujan a un baño de sangre, serán responsables de los futuros acontecimientos y consecuencias que se deriven de los insistentes llamados a que se aplique la represión, al igual que sus voceros y defensores de pluma y micrófono. 

Convocamos al pueblo de Michoacán a organizarse y hacerle frente común a esta ofensiva represiva profascista, que se está orquestando desde las esferas de la oligarquía. A no permanecer inermes ante los vientos represivos y autoritarios que se avecinan y amenazan con azotar Michoacán.

En las actuales condiciones socioeconómicas del país y del estado, la paz social ¡Jamás! Emanará de las botas y fusiles de policías y militares, llámense como se llamen, el hecho concreto es que son el aparato represivo que se utiliza para ejercer la represión y cometer los más aberrantes crímenes de Estado.

La pretensión de privatizar la educación pública y desaparecer las normales públicas del estado y el país, por parte de los que hoy llaman urgente y coléricamente a un nuevo baño de sangre en Michoacán, demanda

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la participación combativa y decidida del conjunto de los oprimidos y explotados; exige que los michoacanos cerremos filas en la defensa de los intereses del pueblo.

Por eso ante la violencia institucional de Estado, ante el avasallamiento policíaco-militar-paramilitar, a ¡organizarse! y emprender la resistencia popular-combativa de las masas. Ante la intentona de ejercer la represión masiva y selectiva a desarrollar iniciativa, creatividad y audacia en la defensa de los derechos del pueblo. Si no hay paz para el pueblo michoacano, que tampoco la haya para los opresores y represores, para los empresarios y politicastros promotores de la violencia y terrorismo de Estado; que el grado y la magnitud de violencia de clase que se ejerce sobre el pueblo sea también la medida para desarrollar la respuesta popular.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡VIVA EL ESPÍRITU INDOMABLE Y REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO MICHOACANO!

¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!

¡A ORGANIZAR LA LUCHA CONTRA EL FASCISMO EMPRESARIAL-GUBERNAMENTAL!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!

¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!

¡RESUELTOS A VENCER!

¡CON LA GUERRA POPULAR!

¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ ESTATAL

DEL

PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO

PDPR

COMANDANCIA DE ZONA

DEL

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

CZ-EPR

AÑO 51

Michoacán de Ocampo, a 23 de octubre de 2015

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