La vieja sociedad resiste y se asegura un perodo de respiro,exterminando fsicamente a la elite adversariay aterrorizando a las masas de reserva.Antonio Gramsci (Cuadernos V)

El Estado de Bienestar bajo los tres peronismos(Una aproximacin a la relacin entre el Estado y las clases populares)X Jornadas de Sociologa (2013), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires

Mesa 40: la dcada kirchnerista

*En memoria del Profesor Robert Castel (1933-2013)

Autor: Martn Gonzlez Samartin

Licenciado en Ciencia Poltica, Maestrando en Comunicacin y Cultura (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)

ResumenEste trabajo se propone rastrear la relacin entre los sectores populares y el Estado heredada en 2003 por el gobierno de Nstor Kirchner luego de una de las crisis sociales y polticas de mayor envergadura de nuestra historia reciente. La reconstruccin histrica de dicha relacin tomar como referencia los tres momentos ms paradigmticos de los gobiernos peronistas: (1) el peronismo clsico, (2) el menemismo y (3) el kirchnerismo. Para su anlisis se han empleado categoras gramscianas (tales como bloque histrico, estructura y superestructura, hegemona, transformismo, crisis hegemnica, etc.). Somos perfectamente conscientes de que los distintos momentos del desarrollo histrico del peronismo no pueden considerase por fuera de la relacin de fuerzas entre las lites dominantes y los grupos subalternos, razn por la cual lo que la investigacin pretende poner de relieve son algunos elementos de continuidad y ruptura histrica en la relacin entre los sectores populares y el Estado. Los indicadores que se tomaron para el anlisis son los tipos, las caractersticas y las diversas estrategias del Estado de Bienestar (desde su formacin en los tiempos del modelo de industrializacin liviana y el proceso de sustitucin de importaciones, pasando por su crisis y desmantelamiento en medio de las experiencias autoritarias y los gobiernos de corte neo-liberal, hasta llegar al momento de su parcial reconstruccin). Cules son las caractersticas del Estado de Bienestar, sus estrategias y modalidades de intervencin sobre la cuestin social bajo los gobiernos kirchneristas ser tambin un indicador de la relacin de fuerzas entre los sectores populares y las lites econmicas luego de la derrota de los movimientos de masas comprendida entre 1976 y 2001 con sus consecuencias extendidas en el tiempo. Abstract

This work intends to track the relationship between the popular sectors and the State inherited in 2003 by Kirchner's Government after one of the deepest social and political crises of our recent history. The historical reconstruction of that relationship shall refer to the three paradigmatic moments of Peronist Governments: (1) classic peronism, (2) the Government of Carlos S. Menem (3) and the period of the Kirchners Governments. Gramscian categories (such as historical block, structure and superstructure, hegemony, transformism, hegemonic crisis, etc.) have been used for analysis. We are perfectly aware of the fact that different moments of the historical development of peronism cannot be considered out of the balance of power between the dominant elite and subaltern groups, reason why the present research aims to highlight some elements of historical continuity and rupture in the relationship between the popular sectors and the State. The indicators taken for its analysis are the types, characteristics and different strategies of the welfare State (since its formation in times of light industrialization process and the import substitution model, through its crisis and dismantling in the midst of the authoritarian experiences and neoliberal governments, until the time of his partial reconstruction). The sort of characteristics of the welfare State, its strategies and modalities of intervention on the social issue under the Kirchners Governments will also be an indicator of the balance of power between the popular sectors and economic elites after the defeat of mass movements between 1976 and 2001 with its consequences extended in time.Palabras clave: peronismo, Estado de bienestar, patrn de acumulacin, crisis argentina, sectores populares, dictadura militar, neoliberalismo, hegemona, crisis hegemnica, transformismo.Introduccin

Las transformaciones que tuvieron lugar en la estructura social de la Argentina en los ltimos cuarenta aos puedan quizs, en una primera instancia, ayudarnos a comprender la emergencia de los movimientos sociales y la particular coyuntura de su articulacin con el Estado durante la primera dcada del nuevo siglo. Por lo tanto, si bien consideramos til incorporar un anlisis de tipo gramsciano sobre la superestructura (es decir, dar cuenta de las transformaciones en el campo de la cultura poltica, los juegos de alianzas y las relaciones especficas entre los sectores sociales que modelan y condicionan los regmenes polticos), es preciso tambin rebasar ese dato y ubicar los procesos histricos analizados dentro del marco del desarrollo del capitalismo y las crisis que resultan inherentes a su propia lgica. La utilidad de la perspectiva gramsciana radica en la posibilidad de coordinar ambas cuestiones en un concepto sinttico como lo es el de bloque histrico. El bloque histrico est conformado por las relaciones dialgicas que componen la unidad entre estructura y superestructura; razn por la cual, todo anlisis que no tenga en cuenta ambos aspectos vinculares ser parcial y deficitario. Afirmando un esencialismo de las estructuras econmicas caeramos sin ms en un determinismo vulgar, en una metafsica ante la cual la poltica se vuelve impotente. Pero por otro lado analizando meramente la dinmica de las superestructuras independientemente de las mediaciones dadas por las relaciones econmicas que la acogen, las enmarcan y las atraviesan habremos de caer ciertamente en un historicismo raso que, al ponderar nicamente lo emprico, lo mistifica. Ser posible determinar entonces las modalidades, las continuidades y las rupturas del bloque histrico hegemnico que conforman el proyecto poltico de las elites en Argentina desde 1880 en adelante? Y qu papel desempearon as, en dicha trama histrica, los sectores populares en general, y el movimiento peronista en particular en cada una de esas coyunturas?

Lejos de pretender dar una respuesta acabada a aquellas preguntas, este artculo se propone la tarea mucho ms modesta de llegar a una historizacin plausible de los cambios en los ejes que orientaron la relacin entre los sectores populares y el Estado durante dos de los momentos ms paradigmticos de los gobiernos peronistas anteriores al kirchnerismo, y que nos permiten analizar el macro histrico condicionanate de su surgimiento. Las epatas anteriores que analizaremos son:1. el peronismo clsico (1943-1955) y

2. el menemismo (1989-2001), incluida su continuidad poltica en el gobierno aliancista.

Una vez reconstruido el cuadro de situacin con el que se encuentra el gobierno kirchnerista, y slo de esta manera, podremos trazar algunas hiptesis acerca de los lineamientos generales de la dcada de gestin comprendida entre 2003 y 2013. Tomaremos como indicador de la relacin entre el Estado y los sectores populares, en cada uno de los casos, las modalidades y las estrategias de intervencin del Estado de Bienestar (o Estado Benefactor), como una de las formas histricas de reificacin de las relaciones de fuerza entre las clases productoras fundamentales en el modo capitalista de produccin.

Nuestro inters consiste en caracterizar la particular situacin social heredada por el kirchnerismo (constitutiva de su punto histrico de partida), y resulta por lo tanto innegable que el anlisis de la misma no puede hacerse por fuera de la perspectiva histrica de la relacin entre los grupos subalternos y los gobiernos peronistas. Cabe sealar asimismo que, si bien durante los dos gobiernos menemistas (1989-1999) el capital llev a cabo una ofensiva sin precedentes para un gobierno democrtico contra los sectores populares, las polticas estatales que la hicieron posible fueron sin embargo implementadas Carlos Sal Menem (reelecto en 1995) en medio de amplios consensos populares, apelando no slo a la lgica verticalista del justicialismo y su disciplina partidaria, sino adems invocando incluso la retrica y liturgia tradicional del peronismo. El modo en que esta aparente paradoja se comenzar a elaborar desde las polticas estatales a partir de 2003 bajo el gobierno de Nstor Carlos Kirchner ha de merecer un anlisis posterior y mucho ms minucioso que excede todo lo que se pueda decir aqu; pese a lo cual, en la segunda parte del presente artculo habremos de esbozar las directrices de una hiptesis futura tomando como eje de las mismas las estrategias de intervencin del Estado Benefactor bajo la nueva gestin.

Tal esbozo, aunque tentativo e inacabado, podra a pesar de todo llegar a ser indispensable a la hora de determinar en esta ltima etapa poltica: (1) las continuidades y las rupturas en la relacin del Estado con las clases populares, (2) la emergencia de nuevas formas de organizacin popular en el marco de la misma y (3) las tensiones dadas entre una tendencia paulatina a su institucionalizacin mediante mecanismos diversos de absorcin en la lgica burocrtica del Estado y los mrgenes reales para la construccin de poder popular autnomo.

Parte 1: El Estado de Bienestar del peronismo clsico y su descomposicin histrica. Algunas consideraciones tericas acerca del Estado de Bienestar

El Estado de Bienestar y las polticas keynesianas que surgieron con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial en los pases centrales se orientaron por una estrategia de pleno empleo como respuesta a la crisis de la dcada anterior. Esta estrategia general produjo niveles de integracin social, acceso al consumo y extensin horizontal del bienestar sin precedentes en la mayora de los pases capitalistas desarrollados y con sus variantes locales en algunos pases perifricos como la Argentina, bajo el peronismo.

Pero antes de pasar a caracterizar el Estado de Bienestar del peronismo, ser previamente necesario establecer alguna definicin conceptual. Segn Gsta Esping-Andersen, la mnima definicin de Estado de Bienestar se relaciona con la capacidad del Estado de desmercantilizar el acceso a bienes y servicios para la poblacin. Indicadores como el gasto pblico, por ejemplo, o la presencia de derechos sociales, no necesariamente dan cuenta de la existencia de un Estado de Bienestar. Segn Esping-Andersen:

La de los derechos sociales se ha considerado siempre la esencia de la poltica social; nosotros, inspirados por las contribuciones de Karl Polany, hemos preferido considerar los derechos sociales en trminos de su capacidad para la "desmercantilizacin". El criterio relevante para los derechos sociales debe ser el grado en que stos permiten a la gente que sus niveles de vida sean independientes de las puras fuerzas del mercado. Es en este sentido en el que los derechos sociales disminuyen el status de los ciudadanos como "mercancas". (Esping-Andersen, G.; Edicions Alfons El Magnanim, Instituci Valenciana d'Estudis 1 Investigaci Generalitat Valenciana, Diputaci Provincial de Valencia, Espaa, 1993)

A pesar de que ste no es el objeto del presente artculo, quizs convenga revisar el concepto de desmercantilizacin utilizado por Esping-Andersen, ya que el concepto de ciudadana no es econmico ni compatible con el de mercanca. Ambos conceptos son tributarios a dos niveles de anlisis completamente diferentes. Tomarlos sin establecer las mediaciones necesarias entre el hecho estructural de la forma mercanca y el superestructural de los derechos ciudadanos slo habra de llevarnos a eludir la problematizacin implcita en el fenmeno del fetichismo de la mercanca. El hecho de que el Estado otorgue a determinados ciudadanos acceso gratuito a la salud o a la educacin, no significa en absoluto que dichos servicios no se produzcan bajo la forma mercantil dominante.

Por lo tanto, si bien hemos de utilizar la definicin de Esping-Andersen, es preciso hacer dicha salvedad y considerar que el Estado Benefactor, en su mnima definicin, constituye aquella forma de organizacin estatal capaz de producir bienes y servicios sin fines de lucro, garantizando el acceso a los mismos por parte de sus destinatarios directos, lo que no implica desmercantilizacin alguna en su etapa de produccin y circulacin. En todo caso, desde un abordaje holstico, podramos decir que el Estado de Bienestar aporta el financiamiento parcial complementario al que asume el capital del costo de la calificacin y la reproduccin de la fuerza de trabajo, si bien ms all de las necesidades inmediatas de la industria, no de aquellas que hacen a la reproduccin del sistema capitalista en su conjunto.

A pesar de que Esping-Andersen aclara que para entender este concepto, la desmercantilizacin no debera confundirse con la erradicacin total del trabajo como mercanca; no es un fenmeno de todo o nada (Esping-Andersen, 1993), dicho concepto an puede ser confundido con la disolucin de la forma mercanca en tanto tal, cuestin sobre la cual cabe la pregunta acerca de si la aclaracin de Esping-Andersen resulta suficiente. Convendra revisar quizs dicha categora como matriz sociolgica fundamental, a la luz del desarrollo elaborado al respecto por Lukcs en Historia y Consciencia de Clase, donde la articulacin de la forma mercanca con la totalidad social hace realmente muy difcil pensar como expresamente lo hace Esping-Andersen en un fenmeno que no sea de todo o nada.

Retomando entonces el concepto de Estado de Bienestar, s consideramos til en cambio la clasificacin de tipos histricos desarrollada por Esping-Andersen. Ms all de la definicin mnima con la que trabajemos, otros indicadores tales como el alcance, la extensin, la profundidad, o la calidad de las prestaciones estatales as como los requisitos para el acceso a las mismas habrn de consignar rasgos distintivos de los diferentes tipos de Estado de Bienestar. En efecto, Esping-Andersen distingue tres tipos histricos (si bien ideales) de Estado Benefactor, que se relacionan con el tipo de economa predominante y los modos de organizacin de la sociedad civil heredados. stos tipos son: el Universalista (vigente en los pases escandinavos, donde predomina el alcance universal de las prestaciones), el Corporativista (como el italiano, o el de aquellos pases con una fuerte tradicin corporativa presente en diversos sectores frente al Estado, y en los cuales la pertenencia corporativa por ejemplo sindical es condicin para el acceso a las prestaciones), y finalmente el Liberal (como el de Estados Unidos, cuya capacidad de desmercantilizar el acceso a bienes y servicios en la sociedad es mnima, y la demostracin de indigencia o incapacidad para trabajar es en la mayora de los casos el requisito principal para el acceso a tales prestaciones). (Esping-Andersen, 1993) .

Cabe sealar asimismo que son muy pocos los casos histricos que se corresponden a alguno de estos tres tipos de forma cuasi pura, comprobndose que en la mayora de los mismos lo que se da es una combinacin de elementos universalistas, corporativistas y liberales, dando forma a Estados de Bienestar especficos en su estructuracin y funcionamiento. Tal es el caso del Estado Benefactor durante el peronismo clsico.

Por lo tanto, para abordar nuestro anlisis del Estado de Bienestar en Argentina durante los dos perodos que nos interesan (peronismo clsico y neoliberalismo) tomaremos en cuenta los diversos elementos aportados por la tipologa de Esping-Andersen. Asimismo, dado que el pacto keynesiano implic adems una posicin del Estado que lo coloca como el garante de lo que Robert Castel ha definido como Sociedad Salarial (Castel, R.; Las metamorfosis de la cuestin social: una crnica del salariado, Paids, Buenos Aires, 1997), tomaremos tambin en cuenta las estrategias de intervencin del Estado sobre la cuestin social, a travs de la combinatoria de instrumentos que pueden ser de origen universalista, corporativista o liberal. Y finalmente, para esclarecer las lgicas histricas presentes en dichas estrategias recurriremos al abordaje de Andrenacci, Falappa y Lvovich acerca del Estado de Bienestar en el peronismo clsico consistente en diferenciar dos tipos principales de intervencin estatal:

(1) Intervencin en el centro: si bien genera diferentes mecanismos de integracin social, este tipo de intervencin est relacionado con la universalizacin de las relaciones salariales asociadas al modelo keynesiano, tendiente al pleno empleo productivo, y se orienta a la clase trabajadora ocupada. Este modelo, que Castel denomina sociedad salarial, se halla estrechamente vinculado a la variante fordista del modo de produccin capitalista.

(2) Intervencin en los mrgenes: est orientada a aquellos sectores sociales que no acceden a la integracin por diferentes motivos (o no poseen fuerza de trabajo calificada o la que poseen no es requerida por el mercado de trabajo). Acta sobre aquellos vectores que quedan en la periferia de los vectores centrales (desocupados o pobres estructurales, etc.), recreando la integracin social por causes ajenos al mercado formal de trabajo, o compensando los efectos indeseados de la desintegracin. Esta modalidad, orientada a los sectores desocupados de la clase trabajadora, en sus lneas generales, ha tenido la finalidad de compensar la imposibilidad de acceso a la sociedad salarial.

El Estado de Bienestar durante el peronismo clsico (1943-1955)

Desde el marco analtico precedente, podemos observar que el Estado de Bienestar peronista combin dos modalidades de intervencin en los mrgenes:

a) Mediante polticas asistenciales focalizadas en diversos sectores vulnerables (sectores de bajos ingresos, pobres estructurales, nios, ancianos, etc.) llevadas a cabo en su mayora por entidades para-estatales como la Fundacin Evita; y

b) Mediante prestaciones estatales universales tales como el sistema educativo pblico, el sistema de salud pblica (que aunque fragmentario, era utilizado generalmente por aquellos ciudadanos quienes, no estando integrados a la sociedad salarial, no podan hacer uso de las prestaciones de las obras sociales) y finalmente diversos mecanismos de proteccin a la vejez.

En relacin a las modalidades para-estatales, Andrenacci, Falappa y Lvovich se refieren a la concepcin novedosa que haba adoptado la intervencin en los mrgenes de la siguiente manera:

Por una parte la asistencia social fue planteada por primera vez en trminos de derecho ciudadano y de deuda pblica, poniendo en crisis la lgica de legitimacin del modelo filantrpico-caritativo y para-estatal, que se basaba en una correcta distincin entre pobres, la mxima profesionalizacin de la atencin al pobre incapaz o no vergonzante, y una divisin del trabajo con el Estado respecto del pobre capaz. Sin embargo, al mismo tiempo se descubri el valor poltico de una asistencia social eficaz, y el grueso de la asistencia pblica continu siendo para-estatal, canalizndose a travs del partido gobernante, con el Estado como refuerzo financiero y legal. (Andrenacci,L.; Falappa, F. y Lvovich, D; Acerca del Estado de Bienestar en el Peronismo Clsico (1943-1955); Prometeo, Buenos Aires, 2004, pg. 87)

Se reconoce que, si bien el grueso de las estrategias de intervencin en los mrgenes continu siendo mixta, al combinar formas estatales y para-estatales, las mismas constituyeron una superacin de la lgica filantrpico-caritativa de los gobiernos conservadores. La novedad bajo el peronismo consisti en que por primera vez la asistencia se plante en trminos de derechos ciudadanos y deuda pblica, eliminando de sta la carga vergonzante e indigna que recaa sobre los beneficiarios desde las viejas concepciones liberales de la filantropa y la caridad privada.

Respecto de la intervencin en el centro, lo que se consolid fue una novedosa modalidad basada en la expansin de las condiciones salariales protegida y regulada por el Estado. Esto se dio mediante una mayor regulacin pblica de los contratos de trabajo, un aumento en los salarios reales, la entrada en vigencia en 1953 de la ley 14.250 que establece la negociacin colectiva bajo el arbitraje estatal como derecho, y la universalizacin del sistema jubilatorio de reparto creado en 1954 (ley 14.370). Estas transformaciones se hicieron posibles principalmente mediante una alianza sellada entre el Estado y los sindicatos, base social fundamental del gobierno peronista.

De esta manera se terminaron de configurar las formas de la poltica social que conforman las caractersticas de un modelo argentino de Estado Social o de Bienestar: la fuerte tutela jurdica del contrato de trabajo, junto con un sistema abarcativo (aunque fragmentado) de seguros sociales; la extensin cualitativa y cuantitativa del sistema educativo pblico, junto con una red desintegrada y laxa pero efectiva de grandes instituciones sanitarias pblicas; y una asistencia social semiestatizada y politizada con nuevos tipos de transferencias distributivas, tales como asignaciones familiares y la poltica de vivienda social. (Andrenacci, Falappa y Lvovich, p. 88)

Durante este perodo se registr un aumento exponencial de la afiliacin sindical (de 434.814 afiliados en 1946 a 2.334.000 en 1951; Andrenacci, Falappa y Lvovich, p. 98) dado que la misma constitua un firme canal de acceso a la sociedad salarial. Dentro de sta, diversas formas de salario indirecto tambin proliferaron como las prestaciones sociales, tursticas y de cobertura mdica, entre otras, contribuyendo a la democratizacin del bienestar. Al mismo tiempo, una poltica crediticia para la vivienda con bajas tasas de inters, el congelamiento de precios de los alimentos y de los alquileres, la prestacin de servicios pblicos estatales accesibles, entre otras polticas populares, permitieron a amplios sectores de nuevos trabajadores urbanos gozar de cierto grado de movilidad social ascendente. Sin embargo, la etapa se caracteriz por una tensin, nunca transformada en conflicto abierto y resuelta a medias por las vicisitudes polticas, entre el mpetu centralizador, nacionalizante y universalizante de una parte de gobierno peronista, y el contraimpulso defensivo, expansivo y al mismo tiempo particularizante, de los sindicatos (Andrenacci, Falappa y Lvovich, p. 99). Este tipo de tensiones son las que configuraron un patrn de relacin complejo entre diversos sectores sociales organizados y el Estado, las que al mismo tiempo dan cuenta en buena medida del carcter disperso, hbrido y fragmentario del modelo de Estado Benefactor realmente existente. Un entramado de actores heterogneo y cambiante, sometidos a tensiones econmicas que propician el surgimiento de nuevas elites, enrarecidos por un ubicuo nacionalismo, conmocionados por la irrupcin del movimiento obrero, todos mirando a un Estado que en otras latitudes haba tomado activamente entre sus manos una profunda reforma del sistema capitalista. Un grupo gobernante, por ltimo, menos homogneo, con apoyos menos incondicionales, y con una autonoma relativa del Estado menos amplia que lo que el mito (tanto peronista como anti-peronista) forjasen (Andrenacci, Falappa y Lvovich; p. 88).

Pese a la complejidad histrica del proceso analizado, el sujeto fundamental de este modelo argentino de bienestar social bajo el peronismo fue la clase asalariada ocupada, cuya insercin en el Estado Benefactor a travs de las mediaciones de la organizacin sindical constituy sin lugar a dudas el fuerte rasgo corporativista de la relacin en cuestin. El sujeto de los derechos sociales fue, en este modelo el trabajador formal. Se defini as, un perfil de ciudadana social que si bien no tuvo un carcter universalista, logr articular un importante vnculo de integracin social que funcion como marco de contencin social y a la vez de legitimacin poltica del modelo vigente. (Belmartino, S.; Levin, S. y F. Repetto 2001, p. 57)

La ampliacin del empleo se forj en el marco de una poltica sustitutiva de las importaciones en conjunto con la expansin del sector pblico y del gasto mediante una amplia red estatal de subsidios y crditos productivos, financiada por la apropiacin de una parte considerable de la renta diferencial agropecuaria por parte del Estado.

Al mismo tiempo cuestin que nos interesa desde el punto de vista de la poltica social iniciar una transferencia intersectorial de ingresos que a su vez era posible por una coyuntura internacional excepcionalmente favorable. A travs de la poltica del IAPI, el gobierno peronista cerraba un tringulo de redistribucin intersectorial de ingresos coherente con la conformacin de su apoyo poltico. En ese tringulo redistributivo, los vrtices eran el sector rural, el sector urbano y el propio Estado. El crecimiento salarial fomentado por el gobierno era compensado en el sector industrial con una liberal poltica crediticia y el estancamiento de los precios de los alimentos. A su vez, el gobierno financiaba parcialmente la expansin del gasto y empleo pblicos con el margen que obtena el IAPI gracias a unas inmejorables condiciones internacionales. El mantenimiento de ese delicado equilibrio dependa de que esa especial situacin se prolongara. Pero, en su momento, la sensacin predominante era que el peronismo por fin haba logrado conciliar la expansin econmica con la justicia social, algo que tena pocos precedentes en el mundo y ninguno en la Argentina. (Andrenacci, Falappa y Lvovich, p. 91; Gerchunoff , P. y Llach, L. El ciclo de la ilusin y el desencanto. Un siglo de polticas econmicas argentinas; Buenos Aires, Ariel, 1998, pp. 189-190)

En efecto, a travs del Instituto Argentino de Promocin Industrial (IAPI) el Estado procur la transferencia de ingresos del sector agroexportador al sector industrial. Las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores ocupados as como la expansin de la relacin salarial estuvieron incluidas dentro de una poltica liberal de crditos a la industria a bajas tasas de inters, la cual permita mantener los niveles de rentabilidad contra la disminucin de la tasa de ganancia. Al mismo tiempo, estas polticas keynesianas tendan al aumento del consumo popular que sostena el mercado interno y la sustitucin de importaciones. Sin embargo, este crculo econmico virtuoso fue siempre demasiado dependiente de las extraordinarias aunque a la vez, provisorias condiciones del mercado internacional para las exportaciones de productos primarios argentinos. Cuando en la dcada del 50 los precios internacionales de la produccin agropecuaria cayeron, se rompi el equilibrio, quedando nuevamente en evidencia la contradiccin constitutiva del modo capitalista de produccin. El Segundo Plan Quinquenal del peronismo da cuenta de este viraje: la bsqueda de inversiones extranjeras, la devaluacin, las medidas para incrementar la productividad agropecuaria, la restriccin del consumo y el incentivo del ahorro, entre otras medidas de emergencia, fueron intentos fallidos de recomponer la situacin anterior. Con el derrocamiento del gobierno de Pern por el golpe de Estado de 1955, las elites dominantes en cierta manera, diversificadas recuperaron la direccin poltica del bloque hegemnico, extendiendo su dominacin mediante la coercin (represin y posterior proscripcin electoral del partido peronista de masas).

Por otro lado, aunque ni el peronismo clsico ni los gobiernos desarrollistas posteriores lograron sustituir el modelo agro-exportador, el peronismo tuvo la peculiar caracterstica de incorporar a ciertos intelectuales orgnicos provenientes de los sectores populares y formar lo que podramos llamar una nueva clase dirigente, la cual ligada a la experiencia de la irrupcin histrica de los sectores subalternos en la escena poltica a partir de 1945 no dejar de entrar en conflictos tanto con las distintas restauraciones del rgimen poltico oligrquico bajo gobiernos civiles o militares, como ms tarde con el rgimen liberal librecambista de la dcada del 70. Esta caracterstica del peronismo clsico ha hecho prcticamente imposible la recomposicin hegemnica de las elites locales tradicionales, teniendo stas que recurrir a mecanismos de coercin en una sucesin de gobiernos militares y perodos pseudo-democrticos caracterizados por la proscripcin del peronismo y una extrema fragilidad institucional. La crisis hegemnica a la que abri paso la experiencia histrica del peronismo podra ser leda como una situacin en la cual la nueva clase dirigente no pudo transformar a los sectores populares en clase dominante, mientras que a la vez las elites dominantes no pudieron ejercer la direccin poltica de la sociedad mediante la creacin de un consenso amplio y democrtico.

El paroxismo de la dominacin por coercin ha sido sin lugar a dudas el terrorismo de Estado ejercido contra la sociedad poltica y civil en el perodo 1976-1983.

Dictadura y cambio de patrn de acumulacin (1976-1983)

La dictadura militar (1976-1983) introdujo lo que quizs sea una de las transformaciones ms drsticas en el bloque histrico argentino. La implantacin de un rgimen poltico autoritario con el dato sobresaliente de un nivel de represin sin precedentes en nuestra historia sobre la sociedad civil, cuyas consecuencias an son hoy incalculables ha constituido simplemente el medio facilitador de la modificacin de la estructura econmica. En la introduccin a su trabajo Sistema Poltico y Modelo de Acumulacin en la Argentina, Eduardo Basualdo expresa que la dictadura militar que comienza en 1976 rompe el comportamiento econmico y social que rega el funcionamiento de la sociedad argentina. Hasta ese momento, la produccin industrial era el eje fundamental de su dinmica econmica. Se trataba de una industria orientada al mercado interno con un significativo grado de concentracin econmica donde el capital extranjero era predominante tanto por su incidencia dentro de las grandes empresas como por su ritmo de crecimiento. De all que en esas instancias los trabajadores industriales fueran el ncleo central de la clase trabajadora, especialmente aquellos relacionados con las actividades ms dinmicas como la produccin automotriz, metalrgica y qumica-petroqumica. Es la poca en que se consolidan el Gran Buenos Aires, Crdoba y Rosario como los grandes centros industriales del pas. (Basualdo, E.; Sistema Poltico y Modelo de Acumulacin en la Argentina, UNQui Ediciones, Buenos Aires, 2001, p. 13)

Basualdo explica que:

El rgimen social de acumulacin que impuso la dictadura militar, interrumpiendo la industrializacin basada en la sustitucin de importaciones, constituy un caso particular del nuevo funcionamiento de la economa mundial, quizs el ms profundo y excluyente en Amrica Latina en trminos relativos. Al igual que lo que ocurri en la economa capitalista, en la sociedad argentina se impuso un planteo donde la valorizacin nanciera del capital devino como el eje ordenador de las relaciones econmicas, lo cual, por cierto, no aludi nicamente a la importancia que adquiri el sector nanciero en la absorcin y asignacin del excedente sino a un proceso ms abarcativo que revolucion el comportamiento microeconmico de las grandes rmas oligoplicas, as como el de la economa en su conjunto.

Ciertamente, la deuda externa y especcamente la del sector privado cumplieron un papel decisivo en esta etapa porque el ncleo central del nuevo patrn de acumulacin estuvo basado en la valorizacin nanciera que realiz el capital oligoplico local constituido por los grupos econmicos locales y los intereses extranjeros radicados en el pas a partir de la misma. (Basualdo, E.; La reestructuracin de la economa argentina durante las ltimas dcadas de la sustitucin de importaciones a la valorizacin financiera; 2006, p. 129)

Es decir que, al interrumpir la dictadura militar el proceso de industrializacin sustitutiva, impone un nuevo comportamiento econmico y social basado en la valoracin de la renta financiera. No se trata nicamente de la enorme rentabilidad que obtienen los bancos o el sistema financiero en general, sino tambin de la renta financiera que perciben los capitales oligoplicos lderes en las restantes actividades econmicas, entre las que se cuenta la produccin industrial, agropecuaria y, ms recientemente, los servicios pblicos privatizados (Basualdo, E.; Sistema Poltico y Modelo de Acumulacin en la Argentina, p. 13). Esto quiere decir que en esta etapa han operado a la par dos transformaciones en el bloque histrico argentino: mientras que por un lado, al nivel de la estructura econmica se produjo un cambio significativo en el patrn de acumulacin (contemporneo a la expansin mundial del sistema financiero), por otro lado la composicin de las elites dominantes tradicionales sufri una transformacin al afianzar el proceso de diversificacin en las ramas de la produccin e incorporar capitales extranjeros como principales agentes econmicos, consolidando la metamorfosis iniciada durante la presidencia de Frondizi. Sin embargo, el cambio en el patrn de acumulacin llev a estas elites a abandonar la orientacin desarrollista hacia el mercado interno y dar prioridad a polticas librecambistas que favorecieran la valoracin financiera interna y el endeudamiento externo (el Estado absorba como deuda pblica la deuda privada que, para convertirla en renta financiera, contraan las elites dominantes).

El control directo del Estado por parte de los sectores dominantes les permiti a stos llevar a cabo una extraordinaria transferencia de ingresos a su favor provenientes de los sectores populares mediante el endeudamiento externo. Segn explica Basualdo:

el endeudamiento externo es un factor fundamental para la instalacin de la valorizacin de la renta financiera. Para entender esta relacin es necesario analizar cmo opera la deuda externa del sector privado y del sector pblico. Los grupos econmicos locales y las empresas transnacionales no se endeudan para realizar inversiones productivas sino para obtener una renta mediante colocaciones financieras, en tanto la tasa de inters interna supera largamente la tasa de inters internacional, para finalmente remitir los recursos al exterior y reiniciar el ciclo. Por eso, en la Argentina la otra cara de la deuda externa es la fuga de capitales locales al exterior.

En este proceso, el papel del Estado es fundamental, por lo menos, por tres motivos:

A travs del endeudamiento interno mantiene una elevadsima tasa de inters en el sistema financiero local respecto a la vigente en el mercado internacional.

Mediante la deuda externa es (el Estado) quien provee las divisas que hacen posible la fuga de capitales (del sector privado).

Asume como propia (es decir, de toda la sociedad) la deuda externa del sector privado, incorporando una nueva transferencia de recursos a las existentes que ya comprometan muchos miles de millones de dlares. (Basualdo, E., p. 31)

De modo tal que, por lo menos en tres sentidos la dictadura militar produjo la mayor derrota del campo popular en el siglo XX: (a) Mediante el exterminio fsico de los cuadros e intelectuales orgnicos que permitan la organizacin y resistencia de los grupos subalternos, particularmente, entre las organizaciones sindicales; (b) mediante la progresiva desindustrializacin que terminara por descomponer la sociedad salarial, como fuente principal de recursos para la reproduccin social de los sectores populares; y (c) mediante el crecimiento exponencial de la deuda externa en buena medida compuesta por deuda del sector privado estatizada, proceso que durante las dcadas posteriores condicionara severamente el financiamiento y la eficiencia del Estado de Bienestar.

Neoliberalismo, transferencias de recursos hacia el capital concentrado y crisis de la sociedad salarial (1989-2002)

El fin de la dictadura militar y el pasaje al rgimen democrtico con el gobierno electo de Ral Ricardo Alfonsn (1983-1989), si bien es verdad que clausur un prolongado ciclo de intervencionismo militar recurrente (1930-1983) durante el cual las elites dominantes podan recurrir a las Fuerzas Armadas a modo de partido orgnico, tambin es cierto que inaugur un perodo en el que las instituciones democrticas resultaron incapaces de sobreponerse al poder de las corporaciones econmicas y financieras, dado que el nuevo patrn de acumulacin vigente en el pas condicion fuertemente la vida institucional a nivel de la superestructura. La profunda crisis econmica (hiperinflacionaria) de fines de la dcada del 80, sumada a la incapacidad del gobierno para imponer pautas a los mltiples actores econmicos, hicieron inviable la concertacin social y los pactos corporativos que persegua Alfonsn, produciendo el prematuro desenlace de su gestin en medio de una puja distributiva favorable al capital.

Marcelo Luis Acua ilustra esta situacin con una significativa ancdota:

Durante el ao 1988, la economa radical haba entrado en un callejn sin salida y Alfonsn ya no tena aliados entre las corporaciones econmicas. Despus de la victoria de Menem en las internas del justicialismo, los Capitanes de la Industria realizaron rpidos movimientos para acercarse al candidato presidencial (). (Acua, M.; Alfonsn y el Poder Econmico; Ediciones Corregidor, Buenos Aires, 1995, p. 312-313)

Lo crucial de esta ancdota es que expresa de manera condensada la estrategia de los sectores del capital concentrado para toda la dcada del 90. La alianza poltica de las elites dominantes con el menemismo signific la posibilidad de ejercer un frreo control por la va del aparato partidario y la burocracia sindical justicialista sobre los sectores populares gremialmente organizados y evitar la formacin y eventual insurgencia de sus intelectuales orgnicos.

La figura de (Lorenzo) Miguel, quien tambin tena buenas relaciones con (Sal) Ubaldini, creci y se fortaleci en relacin a los sindicatos nucleados en el Grupo de los 25 que seguan a (Antonio) Cafiero desde 1982. () Algunos sindicatos se pasaron al menemismo. Miguel decidi no presionar sobre la CGT, aceptando la continuidad de Ubaldini como lder de esa entidad y la central obrera inmediatamente respald la candidatura de Menem. Lo propio ocurri con el Grupo de los 25, que termin respaldando tambin al candidato justicialista luego de una reunin de la que participaron, entre otros, Roberto Garca, Guerino Andreoni, Ricardo Prez, Roberto Dign, Jos Pedraza y Jos Luis Castillo. En esos das (Eduardo) Duhalde fue designado por Menem como intermediario para lograr la unidad sindical (Acua, M., p. 313)

Encolumnadas al menemismo muchas de las organizaciones sindicales tradicionales, sus dirigencias vieron una va rpida de acceso a negocios privados que la alianza con el gran capital haca posible. A la vez que aceptaban la imposicin de los procesos de reconversin industrial y flexibilizacin laboral (que abarc la precarizacin del empleo y la flexibilidad de las condiciones de trabajo), tambin pasaban a formar parte del sector patronal. Por otra parte, las organizaciones sindicales que no formaron parte de la alianza con el capital, si bien adoptaron una posicin de resistencia, sin embargo, no fueron capaces de contrarrestar el avance del proceso general debido a su pobre relacin de fuerzas.

Comprender el modo en que el menemismo facilit la construccin de una relativamente slida situacin de hegemona (consenso social) en favor de las clases dominantes resulta crucial para tratar de responder a la pregunta de Basualdo:

De qu manera los sectores dominantes consolidan el nuevo patrn de acumulacin basado en la valoracin financiera, garantizando, al mismo tiempo, el control poltico y social sobre los sectores populares, cuando el desarrollo de ese patrn de acumulacin exige acentuar, hasta un grado desconocido en las dcadas anteriores, la concentracin del ingreso y la exclusin social? Y en trminos ms especficos: cmo se conjuga el desarrollo del nuevo comportamiento econmico-social con un funcionamiento democrtico que no excluye a ninguna de las fracciones que constituyen los sectores dominantes y que, al mismo tiempo, no implica alianzas sociales con ninguna de las fracciones sociales que conforman los sectores populares? (Basualdo, p. 14)

Ciertamente, el principal factor explicativo de la parlisis poltica de los sectores subalternos a partir de 1983 est dado por el papel de la dictadura militar que, a fin de instrumentar el cambio de patrn de acumulacin en la estructura econmica, debi promover dicha parlisis mediante los mtodos del terror, el genocidio y la represin sistemtica de las clases populares. Como ya se ha mencionado, imposibilitadas las elites dominantes de componer una situacin de hegemona mediante la construccin de consensos populares, stas recurrieron a las formas ms extremas de coaccin directa mediante el accionar represivo de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el aporte fundamental que hace la dictadura a los sectores dominantes es el aniquilamiento de buena parte de los cuadros polticos que hacan posible la organizacin y movilizacin de los sectores populares, abortando la lucha social por medio del asesinato y el terror (Basualdo, p. 15). Indudablemente como seala Basualdo la finalizacin del proceso militar plantea a los sectores dominantes un desafo de notable trascendencia que consiste en la manera de llevar a cabo, ahora bajo un rgimen constitucional, un control poltico que posibilite el desarrollo del nuevo patrn de acumulacin (Basualdo, p. 15)

La hiptesis de Basualdo se basa en el concepto gramsciano de transformismo que implica principalmente la absorcin de los intelectuales orgnicos del campo popular en la clase dirigente de los sectores dominantes. Gramsci caracterizaba al transformismo como aquella forma especficamente italiana de revolucin pasiva que consiste en:

la absorcin gradual, pero continua y obtenida con mtodos diversos segn su eficacia, de los elementos activos surgidos de los grupos aliados, e incluso de aquellos adversarios que parecan enemigos irreconciliables. En este sentido la direccin poltica ha devenido un aspecto de la funcin de dominio, en cuanto la asimilacin de las elites de los grupos enemigos los decapita y aniquila por un perodo frecuentemente muy largo. (Gramsci, A.; Cuadernos V, p. 387; Cuadernos de la Crcel; Edicin crtica de Einaudi, p. 2011; El Resurgimiento, Editori Riuniti, Roma, 1977, p. 87). Puede tener xito, entonces, no solamente cuando la clase dominante es corruptora, sino tambin cuando es corruptible la clase subordinada. De ah que una revolucin activa debe ser tambin una reforma intelectual y moral (Cerroni, U.; Pequeo diccionario gramsciano; Retrica Ediciones, Buenos Aires, 2008, p. 155).

Entonces, la hiptesis de un transformismo argentino caracteriza una situacin en la cual los sectores dominantes excluyen todo compromiso con las clases subalternas, pero mantienen la dominacin (hoy llamada gobernabilidad) sobre la base de la integracin de las conducciones polticas de esas clases subalternas (Basualdo, p. 17) En este sentido contina Basualdo todo parece indicar que, agotada la represin e interrumpida la industrializacin sustitutiva, la opcin de los sectores dominantes fue avanzar en la redefinicin del sistema poltico y de la sociedad civil mediante una estrategia negativa que contina la tarea dictatorial, pero a travs de otros medios. Es negativa, porque no pretende construir consenso sino impedir la organizacin de los grupos subalternos, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento. Sin embargo, ya no se trata de hacerlo mediante la represin y el aniquilamiento sino mediante un proceso de integracin de las conducciones polticas y sociales de los sectores populares. De esta manera, los sectores subalternos son inmovilizados no pudiendo generar una alternativa poltica y social que cuestione las bases de sustentacin del nuevo patrn de acumulacin (Basualdo, p. 16). En trminos gramscianos, se puede afirmar que los dos partidos centrales que conforman el sistema poltico se incorporan a la rbita de los sectores dominantes, descabezando, de esta manera, al resto de los sectores sociales, inhibiendo su reaccin sin concesin alguna (Basualdo, p. 63). Esta circunstancia ha constituido un momento de excepcionalidad para los sectores dominantes, porque no slo superan las barreras estructurales que obstaculizaban el desarrollo de la valoracin financiera, impuestas al conjunto social durante la ltima dictadura militar, sino que al mismo tiempo revierte la inorganicidad que exhiba el sistema poltico, estableciendo una sincrona entre el plano estructural y el superestructural que pareca definir un horizonte ilimitado al nuevo patrn de acumulacin, sustentado en la valoracin financiera, y de dominacin, basado en el transformismo argentino (Basualdo, p. 63).

Si bien en lneas generales podemos llegar a coincidir con la hiptesis de Basualdo, no obstante, sta plantea una serie de problemas significativos para las posibilidades de intervencin poltica de los sectores subalternos. Creemos que si durante la dictadura militar se transform la estructura econmica mediante el establecimiento de un nuevo patrn de acumulacin, durante el perodo democrtico tras el fracaso del pacto corporativo propuesto por el gobierno de Ral R. Alfonsn, y ms especficamente durante la dcada del 90, las elites dominantes consiguieron imponer una transformacin de la relacin entre el sistema poltico y la sociedad civil (es decir, de lo que llamamos superestructura) mediante un complejo proceso que, si bien no excluy la estrategia de la coercin a travs del disciplinamiento econmico, tambin tuvo en cuenta la necesidad de construir una nueva cultura basada en la ideologa neoliberal. El afianzamiento de oligopolios ligados al capital financiero, especialmente en la industria de los medios de comunicacin de masas, fue el gran articulador entre la concentracin econmica en pleno desarrollo y la funcin ideolgica, lo que dio como resultado aquella coordinacin (si bien excepcional y provisoria) entre estructura y superestructura a la que hace referencia Basualdo. Quizs esto nos ofrezca una pista acerca de la dinmica econmica de los Aparatos Ideolgicos del Estad sobre los que escribe Althusser y su insercin en determinadas relaciones de fuerza y las coyunturas concretas de la lucha de clases.

En cuanto a las transformaciones de la superestructura algunas cosas comienzan a resultar ms evidentes. Si durante la etapa dictatorial la coercin directa responda entre otros factores a la necesidad de las elites gobernantes de extirpar de las clases subalternas a aquellos elementos con capacidad de articulacin poltica e ideolgica (funcin de los intelectuales orgnicos), durante la etapa menemista ya desaparecidos los cuadros de la vanguardia popular los sectores dominantes vieron facilitada su tarea de hegemonizar el contenido de los discursos polticos (y la direccin de los aparatos partidarios tradicionales) articulndolos a la ideologa neoliberal, la que trascenda los lmites de los procesos histricos locales. Esto no quiere decir, como hemos dicho, que durante el perodo democrtico no hayan operado instrumentos de elevado poder coactivo. La dominacin bajo la etapa menemista, ms bien, parece haberse consumado mediante una combinatoria de estrategias que incluyeron la coercin (mediante el disciplinamiento econmico implicado en la precarizacin laboral y el aumento del desempleo) y el consenso (mediante la expansin del sistema privado de medios de comunicacin, la absorcin de las estructuras partidarias y sindicales a la rbita empresarial, el posicionamiento meditico de los intelectuales de la clase dominante, etc.).

Resta decir que las impopulares condiciones sociales que resultaron de las polticas neoliberales hicieron, en ltima instancia, imposible la coordinacin acabada y perfecta entre estructura y superestructura. En otras palabras, si la estrategia del transformismo argentino hubiese posibilitado una coincidencia plena entre estructura y superestructura (inhibiendo la capacidad de cuestionamiento de los sectores subalternos), cmo se explica entonces el surgimiento si bien dbil y aislado al comienzo de nuevas formas de organizacin popular, a mediados de la dcada del 90, con una clara identidad de clase e integradas por trabajadores desocupados (movimientos piqueteros y otros)? Dicho de otro modo, podemos concebir la integracin plena y acabada de la estructura y la superestructura de la sociedad, que llamamos bloque histrico, sin el sntoma que desmiente la armona de dicha correspondencia?

En todo caso, lo que comienza a resultar claro hacia la mitad de la dcada, es que la formacin y eventual insurgencia de intelectuales orgnicos entre los sectores populares, habra de producirse forzosamente por fuera del aparato burocrtico (tanto gubernamental como sindical, siendo muchas veces imposible distinguir entre uno y otro). A partir de 1996, comienzan a hacerse visibles algunas experiencias embrionarias de resistencia popular protagonizadas, principalmente, por organizaciones de trabajadores desocupados (en Cutral Co, Salta y el Gran Buenos Aires), las cuales tienen algn tipo de antecedente prximo en los movimientos territoriales (asentamientos) de mediados de la dcada del 80, asociados a un prolongado dficit habitacional entre los sectores ms empobrecidos.

Mara Maneiro explica al respecto que:

La Federacin Tierra y Vivienda (FTV) es la organizacin que ms clara y directamente se vincula al desarrollo de estos antecedentes de construccin de asentamientos. () De hecho es la nica organizacin que se refiere a estas experiencias como un antecedente relativamente orgnico de su organizacin. Sin embargo, otros grupos tambin hallan en las experiencias de los asentamientos, las primeras prcticas de sus militantes o de algunas fracciones sociales que colaboran con el surgimiento de sus propias organizaciones. (Maneiro, M.; De encuentros y desencuentros: Estado y movimientos de trabajadores desocupados del Gran Buenos Aires (1996-2005); Tesis Doctoral, Ro de Janeiro, 2007).

Con todo, este tipo de experiencias de resistencia en los mrgenes puede ser ledo como el sntoma (o el resto de lo real que retorna) del tipo de intervencin estatal en la matriz que organiza las modalidades centrales de la relacin social imperante; es decir para utilizar la categora de Robert Castel, la sociedad salarial. Repasemos ahora, entonces, las estrategias de intervencin estatal en el centro que fueron caractersticas de este perodo.

Durante la presente etapa, cuyos mtodos de empoderamiento de las elites hemos descrito, se afianzaron y profundizaron los mecanismos de transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia distintas fracciones de la clase dominante. La llamada Reforma del Estado permiti la privatizacin en empresas de servicios pblicos, la liquidacin de los activos del Estado, la desregulacin del sistema financiero (la eliminacin de trabas al movimiento de capitales), la disminucin del gasto pblico con equilibrio fiscal, el colapso del sistema previsional y su traspaso a manos de fondos de capitalizacin privada, etc. Entre tanto, la Ley de Convertibilidad (que permita la valoracin financiera nominal, ms all de economa productiva real) afianz y profundiz el patrn de acumulacin instalado por medio del terrorismo de Estado en la dcada del 70. Una transformacin a gran escala aconteci tambin en el proceso de trabajo, en el que se registr un elevado aumento de la plusvala relativa y absoluta mediante diversos mecanismos de precarizacin laboral (multiplicacin de las formas sub-asalariadas y flexibles de contratacin, generalizacin de los mecanismos de tercerizacin para eludir la aplicacin de convenios colectivos de trabajo, generalizacin de la polivalencia, fragmentacin de los colectivos de trabajo para romper las condiciones de la solidaridad, celebracin de convenios colectivos con prdida de conquistas laborales y derechos adquiridos, aumento de la productividad y de la duracin de la jornada laboral en distintas ramas de la economa, congelamiento del salario, y la generalizacin del despido masivo como mtodo de disciplinamiento de la clase, entre muchas otras tambin vinculadas al taylorismo y a las nuevas relaciones derivadas de la economa informal).

La alianza compuesta por la burguesa nacional oligoplica, las empresas multinacionales ligadas al capital financiero, la banca internacional y una nueva clase dirigente (orgnica a diversas expresiones de las fracciones dominantes) se haba consolidado.

Como consecuencia de estas polticas en su mayora dictadas por los organismos internacionales de crdito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se aceler el proceso de desindustrializacin, con la consiguiente cada de los salarios reales y la cada vez mayor divisin de la clase trabajadora entre ocupados, sub-ocupados y desocupados. El crecimiento exponencial de la pobreza que se registr en este perodo se puede relacionar principalmente a tres factores: el proceso de concentracin de la riqueza (aumento superlativo de la plusvala absoluta), la heterogeneidad de las nuevas situaciones de pobreza emergentes y la incidencia negativa de las transformaciones en el mercado de trabajo.

En cuanto al crecimiento de la pobreza, si tomamos la situacin de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el porcentaje de la poblacin que no puede satisfacer sus necesidades bsicas pas del 3,2% a comienzos de la dcada del ochenta, al 18,9 % una dcada ms tarde y en 1999 registr un 26,7% (Belmartino, S.; Crisis y reformulacin de las polticas sociales, en Dictadura y Democracia: 1976-2001, Suriano, J.; 1 Ed., Sudamericana, Buenos Aires, 2005, p. 256). La cada de los ingresos hogareos y la expansin de diversas formas de pobreza estn estrechamente asociadas con las condiciones del mercado laboral. En este caso el indicador ms generalizado es la tasa de desempleo, que en 1992 se encontraba en el 6,3%, lleg al 18,4% en mayo de 1995, descendi lentamente en los aos subsiguientes hasta 1998, cuando registr un 12,2% y se ubic en mayo de 2000 en el 15,5%. (Belmartino, S.; p. 256). No obstante, luego de la crisis social, poltica y econmica de finales de 2001, estos indicadores aumentaron llevando el desempleo al 23,6% en mayo de 2002. Si bien es cierto que en los aos posteriores, durante el gobierno de Nstor Kirchner, el nivel de desempleo disminuy de forma progresiva, tambin hay que sealar que durante el primer cuatrimestre de 2006, el 44,3% del empleo continuaba siendo ilegal (no registrado). Estos datos son solamente algunos indicadores de la crisis de la sociedad salarial que se produjo como consecuencia de la implementacin de las polticas neoliberales, los que aqu citamos a ttulo ilustrativo sin pretender agotar la cuestin dentro de los lmites del presente artculo.

Con todo, habra que aadir otra cuestin respecto a esta etapa y que tiene que ver con las as llamadas polticas compensatorias. Digamos, para empezar, que la funcin histrica irreductible de todo Estado de Bienestar es la generacin de un importante recurso para la dominacin como es el de la legitimidad. En este sentido, los mismos organismos internacionales promotores del neoliberalismo como el Banco Mundial durante las dcadas de 1980 y 1990 incentivaron mediante sistemas de crditos la implementacin de cierto tipo de estrategias usualmente denominadas polticas compensatorias y que consisten en un tipo focalizado de asistencialismo sobre grupos vulnerables muy especficos. Respecto a esta cuestin, Susana Belmartino explica lo siguiente:

En los aos ochenta cobr fuerza la propuesta de focalizacin, cuando organismos como el Banco Mundial defendieron una concentracin del gasto social en los grupos ms vulnerables, mediante programas focalizados que supuestamente permitiran reducir la pobreza ms efectivamente y con un menor costo. Este tipo de estrategias se identifica como polticas compensatorias, en oposicin a las de orientacin universalista. Mientras stas significan un reconocimiento de un derecho para todos los ciudadanos, las polticas focalizadas slo procuran el otorgamiento de una compensacin. (Belmartino, S.; p. 256-257)

En efecto, lejos de la concepcin universalista de los derechos sociales, las polticas compensatorias del neoliberalismo fueron pensadas de acuerdo a la lgica empresarial del costo-beneficio y la maximizacin econmica. De este modo, si retomamos las categoras analticas de Andrenacci, Falappa y Lvovich, podemos observar cmo, durante la etapa neoliberal, la desarticulacin del modelo argentino de Estado Benefactor consisti desde el punto de vista de las polticas pblicas en un cambio de nfasis de las estrategias de intervencin estatal. Si el vector fundamental del Estado de Bienestar del peronismo clsico estuvo sostenido por la intervencin en el centro (dando lugar a la extensin de la sociedad salarial); durante el perodo menemista el vector fundamental consisti en una intervencin en los mrgenes (bajo la modalidad de las polticas compensatorias promovidas por el Banco Mundial, pensadas y puestas en marcha junto con la abrupta contraccin de la sociedad salarial).

Naturalmente, dada la desproporcin entre la magnitud de la crisis de la sociedad salarial y el escaso alcance de las polticas compensatorias focalizadas, las situaciones emergentes de pobreza desde mediados de la dcada del 90 desbordaron por completo la capacidad mitigadora de los distintos planes de asistencialismo (entre ellos podemos mencionar iniciativas tales como El Plan Trabajar, financiado por el Banco Mundial, o Barrios Bonaerenses, entre otros). Durante este perodo, mientras se ponan en ejercicio marcos de descentralizacin y transferencia de los servicios de salud y educacin, precarizadas las condiciones de trabajo, disminuidos los salarios y con enormes niveles de desempleo, las redes pblicas ahora bajo jurisdicciones subnacionales con escasos recursos se vieron sobrepasadas (Maneiro, M., 2007).

Finalmente, ante el cuadro generalizado de diversas formas emergentes de pobreza, combinadas con contextos de colapso de las redes estatales de asistencia; desbordados los sistemas pblicos de salud y educacin afectados por los recortes del gasto pblico, y contra el fondo de una crisis ms prolongada relacionada con el dficit habitacional y una pobreza estructural persistente, el sistema poltico (imposibilitado para dar respuesta a este conjunto de situaciones) entr en una nueva e irreversible crisis de hegemona. Crisis que se vio agravada cuando el nuevo gobierno electo en 1999 (Alianza UCR-Frepaso), incapaz de revertir la emergencia social con cuadros propios, incorpor a su gobierno a los principales dirigentes de la administracin saliente, slo para profundizar con ello las contradicciones existentes entre el rgimen poltico y la sociedad civil.

A finales de diciembre de 2001, luego de una violenta represin en Plaza de Mayo y zonas aledaas de Buenos Aires (replicada en otros puntos del pas), el gobierno de la Alianza debi retirarse del poder generando una situacin de acefala gubernamental, en medio de una insurgencia popular que fue indita por la magnitud y la composicin de la fuerza social que logr concentrar (la totalidad de los sectores subalternos pauperizados, las distintas fracciones de la clase trabajadora debilitada y dividida grupos de ocupados precarizados con sus banderas que, atomizados, parecan un puado de gente bien vestida en contraste con las anchas columnas de desocupados, pobres diablos hambrientos y haraposos que marchaban desde los suburbios en fila y de a miles, con su prole a cuestas, y esos torsos desnudos de los nios, esa tez mestiza que no poda ocultar los huesos puntiagudos, la mirada vaca clavada en el asfalto y un silencio profundo que quebraba el alma a su paso, pero tambin el grueso de los sectores urbanos que por primera vez experimentaban subjetivamente la movilidad social descendente, e incluso una porcin significativa de los sectores sociales pudientes cuyos ahorros en divisas, apenas unos das atrs, haban sido expropiados de forma directa por el capital financiero y fugados al exterior por intermedio de los bancos extranjeros). Aquel da, y el da anterior, cuando comenz la represin, naturalmente tambin estaban all con su dignidad en cuerpo presente las Madres de Plaza de Mayo, smbolos vivientes de la resistencia popular.

La singularidad de la crisis de hegemona en ciernes encontraba su mxima expresin en la consigna generalizada en estas jornadas: Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Esta consigna daba cuenta de que los mtodos de protesta callejera ms tpicos de la pequea burguesa inconforme (el cacerolazo) y el popular piquete (el corte de rutas por parte de sectores organizados de trabajadores desocupados, ver Maneiro, 2007) confluan como testimonio de la fuerza social.

Para Gramsci una crisis de hegemona consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenmenos morbosos ms variados" (Cuadernos, Edicin crtica del Instituto Gramsci. A cargo de Valentino Gerratana. Ed. ERA, tomo 2, 1999. Traduccin de Ana Mara Palos, revisada por Jos Luis Gonzlez). En el caso argentino se trat de una cultura del escepticismo hacia todas las frmulas generales de gobierno, ms all del puro hecho econmico (la ganancia, el lucro, etc.). La fuerza social es siempre una mezcla entre cratos (gobierno) y ethos (tica), y lo que la crisis de fines de 2001 puso al descubierto fue cmo en la cultura neoliberal de la dcada anterior esta mezcla comenz lentamente a descomponerse, hasta que las clases dominantes ya no contaron con el consenso necesario para constituir o sostener en el poder a su propia clase dirigente. En realidad, sta haba sido la tnica del bloque histrico desde 1945 en adelante (con cierto antecedente en el perodo democrtico iniciado en 1916); es decir, sectores econmicamente dominantes incapaces de conformar y sostener en el poder a sus propias clases dirigentes, excepto por intermedio de la coercin directa (golpes de Estado, proscripcin al peronismo, etc.). La excepcin a esta regla histrica ha sido a nuestro entender el perodo neoliberal de la dcada del 90 donde las elites dominantes consiguieron por distintos mtodos construir amplios consensos sociales para ejercer su propia direccin poltica del Estado. Consideramos que el transformismo argentino (la hiptesis de Basualdo) ha sido uno de tales mtodos, pero que en definitiva debemos juzgar el perodo por su resultado: una dcada de hegemona cultural neoliberal. En otras palabras, durante este perodo el rgimen poltico y la dominacin de clase coincidieron. Esta situacin de excepcionalidad fue la que se termin de quebrar el 19 y 20 de diciembre de 2001, a pesar de que una dcada despus, en la cultura poltica argentina coexisten an diversas subculturas en disputa que recogen los fragmentos del estallido social de comienzos de siglo.

Parte 2: La dcada kirchnerista,

lo ganado, lo recuperado y lo ausente

Cuando desde el discurso oficial se hace referencia a lo que falta, no deja de repercutir en m un segundo y ms profundo significado: el de lo ausente, el de aquello que hemos perdido y es irrecuperable. Hay nietos secuestrados por dictadura que faltan, aunque todava pueden ser recuperados por sus familias, por ellos mismos y por la verdad histrica. Se est a tiempo. Pero tambin hay una generacin desaparecida junto a un proyecto poltico.Ellos encarnan lo realmente ausente de nuestra historia, su agujero.El kirchnersimo como sntoma social

A primera vista, el kirchnerismo se concibe a s mismo como un movimiento reparatorio de los dos momentos ms traumticos en la historia argentina reciente, a saber: la dictadura militar y el neoliberalismo. Quizs an sea necesario insistir en las diferentes estrategias de dominacin de las elites durante estos dos perodos traumticos. Ya hemos dicho algunas cosas al respecto, la dictadura militar transform la estructura econmica mediante mecanismos que se basaron principalmente en la coercin directa (aunque no por ello sin recurrir a consensos mnimos necesarios que legitimen la represin), mientras que el gobierno menemista profundiz la metamorfosis del bloque histrico mediante la transformacin de la superestructura a travs de una combinacin de mecanismos tanto coercitivos (disciplinamiento econmico, represin de la protesta social) como fundamentalmente ideolgicos (generacin de amplios consensos sociales). Como hemos tambin sealado, durante la dcada de 1990 la coordinacin estructura/superestructura (imposible, por otra parte, bajo el modo capitalista de produccin debido a sus impasses) result transitoria, abriendo el camino hacia una nueva crisis de hegemona. La emergencia, por ejemplo, de los movimientos piqueteros a partir de 1996 es ndice de dicha crisis o plateado en trminos tericos de dicha imposibilidad estructural. Haciendo uso del lenguaje psicoanaltico por abusivo que esto pueda resultar, podramos quizs leer al kirchnerismo como el sntoma social de la crisis de 2001. Es decir, en diciembre de 2001 emergi de la crisis argentina un sujeto social que puso en cuestin la supuesta derrota de las ideologas, el supuesto fin de la historia, ms una serie de cuestiones que se inscriben en el discurso homogeneizante del neoliberalismo. Con ello, el consenso construido por las clases dominantes se fractur, se abri una grieta. Cuando ocurren estas emergencias, algo del orden de lo real de la poltica, algo largamente reprimido y desplazado hacia afuera del universo de las representaciones sociales, se pone en juego. Algo que, en funcin de su carcter de real, siempre est retornando al mismo sitio. Este fue el verdadero acontecimiento, y precisamente la irrupcin traumtica de lo real de la polis (un impasse de la vida social, irrepresentable por definicin, pero en este caso inscripto en la lgica misma del capitalismo) puso en crisis todo el sistema de representaciones polticas, cuyo principal soporte es el sistema de partidos. Una lectura posible del kirchnerismo, entonces, es en tanto ste ha sido la respuesta del sistema poltico ante la falta de representacin de un sujeto social emergente en un momento de trauma social y de crisis hegemnica. Podramos arriesgar, incluso, que el carcter contradictorio de mltiples determinaciones que atraviesa al kirchnerismo reviste las caractersticas de un sntoma social: se trata de un acuerdo paradjico entre los mecanismos represivos y lo reprimido. sta es la caracterstica que diferencia cualitativamente al kirchnerismo de los dems partidos, y lo coloca en un lugar de excepcin respecto del conjunto del arco de las fuerzas polticas. El kirchnerismo, al menos en su momento fundante, toma su identidad poltica de la fuerza social que se produjo como resto, como residuo, del acoplamiento entre estructura y superestructura en el perodo neoliberal.Una nueva clase dirigenteEl gobierno electo en 2003, con una baja legitimidad de origen (ya que slo obtuvo el 22% de los sufragios, imponindose en el ballotage ante el abandono de su rival poltico, Carlos S. Menem), tuvo como uno de sus desafo ms apremiantes la recomposicin de la legitimidad de gobierno. El presidente Nstor C. Kirchner incorpor a la nueva clase dirigente a diversos representantes de amplios sectores populares durante sus primeros aos de mandato, rasgo que se mantuvo a lo largo de la dcada siguiente, dndole un sesgo popular a la clase dirigente del kirchnerismo y a sus intelectuales. Sin embrago, muchos de los cuadros intermedios (provinciales, regionales y municipales) de la burocracia estatal provienen del viejo aparato partidario del P.J., persistiendo una dcada despus la duda en cuanto al alcance y profundidad de la renovacin dirigencial durante la etapa kirchnerista.Otra de las urgencias ms apremiantes para el nuevo gobierno ha sido, sin lugar a dudas, acotar al mximo posible las situaciones generalizadas de pobreza extrema y la emergencia alimentaria. No desconocemos que ms all del colapso del Estado de Bienestar y el consecuente valor intrnseco del asistencialismo en situaciones de extrema indigencia las llamadas polticas compensatorias, tal como su nombre lo indica, formaban parte de la estrategia neoliberal impulsada durante toda la dcada anterior por los organismos internacionales de crdito. Pero la particularidad que ha tenido el kirchnerismo es a nuestro entender la ampliacin (y en algunos casos, la universalizacin) de formas novedosas de intervencin estatal sobre la cuestin social, las cuales difcilmente se habran podido llevar a cabo sin la incorporacin de muchas organizaciones de los sectores populares a la clase dirigente. Cabe sealarse que con diversa suerte segn cada coyuntura numerosos movimientos sociales, conformados por trabajadores desocupados en articulacin con sectores sindicales como la CTA, o la CCC de Jujuy, o como la Federacin Tierra y Vivienda (FTV) en el Gran Buenos Aires, entre otras de menor estructura y envergadura (como los diversos MTDs del conurbano bonaerense, la agrupacin Teresa Rodrguez y otras) han estado cumpliendo, desde 1996 en adelante, importantes funciones de contencin social, poltica y alimentaria e incluso funciones estadsticas como la realizacin de censos de grupos en situacin de vulnerabilidad, como parte de una estrategia de organizacin y construccin de poder popular autnomo (ver Maneiro, M., 2007), las cuales constituan antao funciones exclusivas del Estado Benefactor y sus ramificaciones para-estatales.

Por ltimo, es necesario precisar ciertas caractersticas de los dirigencia social incorporada a la funcin pblica del nuevo gobierno:

1- Se trata de una dirigencia de sectores populares desclazados durante la dcada anterior. Si bien estos movimientos se constituyeron, en la mayora de los casos, con una identidad de clase como movimientos de trabajadores desocupados (Maneiro, M., 2007), y objetivamente lo eran, algunos de ellos slo mantuvieron inicialmente su nexo con los sectores ocupados de la clase mediante su articulacin con centrales obreras (C.T.A., C.C.C, etc.)2- Estos dirigentes sociales incorporados a la nueva gestin gubernamental no constituyeron de forma autnoma una nueva clase dirigente, antes bien fueron incorporados a una clase dirigente en formacin cuya caracterstica principal era la heterogeneidad. La dirigencia kirchnerista se conform a partir de diversas experiencias polticas anteriores (movimientos sociales, organismos de derechos humanos y sectores del peronismo desplazados durante la gestin menemista mesclados con otros que procedan justamente de dicha gestin).La ausencia de autonoma de los grupos subalternos incorporados a la nueva gestin de gobierno ha sido tema de intenso debate entre las organizaciones populares (Maneiro, M., 2007), cuestin que ha funcionado en muchos casos como divisoria de aguas tanto entre los distintos movimientos sociales como al interior de los mismos. A lo largo de la dcada kirchnerista se producirn rupturas y divisiones de distinto orden al interior de los sectores populares, poniendo la cuestin de la autonoma en el centro del impasse. La cuestin de la autonoma no ha sido sin embargo un problema privativo del kirchnerismo: esta cuestin ha atravesado la experiencia histrica del peronismo desde su constitucin en 1945, llegando en la dcada del 70 a su mxima expresin como problema poltico. Este dato central en la historia del peronismo quizs sea el menos recuperado por la retrica oficial del kirchnerismo en relacin a la dcada de 1970.Como segunda cuestin, en relacin a la procedencia y composicin de los sectores populares incorporados a la clase dirigente, la experiencia kirchnerista muestra una ruptura de vital importancia respecto a las experiencias del peronismo anteriores al golpe de Estado de 1976. Mientras que la columna vertebral del peronismo clsico estaba conformado por los sectores de la clase trabajadora ocupada, organizada y gremialmente representada; los sectores populares incorporados a la gestin kirchnerista son aquellos que durante las ltimas dcadas se han visto gravemente afectados por la descomposicin, fragmentacin y marginacin de la clase trabajadora. Ya no encontramos en la base social del kirchnersimo una fuerza social que pudisemos representar con la metfora de la columna vertebral, sino fragmentos atomizados de ella. La divisoria de aguas en relacin a la cuestin de la autonoma no solamente afect a los movimientos de trabajadores desocupados sino tambin centralmente a los sindicatos, situacin novedosa en relacin a la etapa del peronismo clsico. Este cuadro de situacin ntimamente relacionado con los efectos de las polticas desindustrializadoras y neoliberales del establishment impulsadas en el perodo comprendido entre 1976 y 2001 ir a conformar el marco de las posibilidades de la construccin de un modelo kirchnerista de Estado de Bienestar.El Estado de Bienestar bajo el kirchnerismo (2003 en adelante)Para ordenar el anlisis vamos a recurrir nuevamente a las categoras empleadas por Andrenacci, Falappa y Lvovich, que nos servirn para distinguir las estrategias de intervencin estatal del kirchnerismo entre el centro y los mrgenes.

Ante la emergencia social planteada por la crisis de 2001 la primera forma de intervencin del gobierno de Nstor Kirchner consisti, como hemos visto anteriormente, en una novedosa forma de accin en los mrgenes que consisti en la incorporacin de los movimientos sociales. Esta incorporacin tuvo un sentido de doble mano: el Ministerio de Desarrollo Social transfiri funciones y recursos a los movimientos sociales territoriales (superando la lgica del asistencialismo y los intermediarios del aparato burocrtico del Partido Justicialista es decir, los punteros que fueron el centro de las polticas compensatorias de la dcada de 1990), y al mismo tiempo el partido gobernante absorbi en su clase dirigente a una serie de referentes de algunos de estos movimientos. Un articulador importante de esta relacin de reciprocidad entre el Estado y los movimientos sociales emergentes ha sido la central sindical C.T.A., de fuerte estructuracin e insercin institucional entre los sectores populares con mayor grado de organicidad gremial. Sin embargo, debemos sealar que no todos los movimientos sociales territoriales (de trabajadores desocupados o vinculados a la problemtica de la tierra y la vivienda) han aceptado esta forma de relacin con el Estado. Los motivos son varios y no sern analizados aqu pero entre las objeciones polticas ms habituales entre los movimientos reticentes podemos mencionar: a) el rechazo de muchos de los dirigentes de izquierda de estos sectores populares a cualquier forma de asistencialismo; b) la decisin poltica de construir poder popular y territorial sin afectar la autonoma de los movimientos; y c) el anlisis que algunos dirigentes hacan de la coyuntura poltica segn el cual la asimilacin de los movimientos territoriales al funcionamiento del Estado Social sera un modo de perfeccionar las polticas compensatorias del modelo neoliberal, abandonando de esa manera un cuestionamiento ms profundo a las relaciones sociales de produccin emergentes de la estructura econmica realmente existente. La primera de las objeciones mencionadas (anti asistencialista) est representada por la posicin del dirigente Toty Flores del MTD La Juanita de La Matanza, Buenos Aires (Maneiro, M. 2007); por su parte, la segunda vertiente (autonomista), independiente de centrales sindicales y de partidos polticos, est representada por los MTDs Frente Popular Daro Santilln, la Coordinadora Anbal Vern, el Movimiento Teresa Rodrguez, entre otras organizaciones (algunas de ellas ligadas sin embargo a la Corriente Clasista y Combativa - C.C.C.), etc.; en tanto que el tercer tipo de cuestionamiento (ambientalista) ha sido ms bien sostenido por movimientos campesinos y organizaciones territoriales ecologistas crticas de la sojizacin del territorio (el monocultivo de las grandes transnacionales de siembra), la utilizacin de agroqumicos txicos, y la minera a cielo abierto (tambin desarrollada por empresas extractivas compuestas por capitales multinacionales).

En relacin a las crticas a las polticas de asistencialismo, Maneiro (2007) afirma que actualmente resulta una verdad de Perogrullo que la incorporacin en los planes para desocupados se torn un elemento clave para el desarrollo de los movimientos, no obstante, la insercin de la demanda de los mismos no fue espontnea ni natural, supuso la ruptura de diversas preconcepciones terico-ideolgicas que hacan que para muchos militantes de izquierda estos subsidios no fueran atrayentes.

La crtica ms ramplona se vinculaba a la concepcin acerca de que a partir de stos se amortiguaban las consecuencias sociales del modelo econmico lo cual producira una atenuacin del descontento social y con esto un debilitamiento de las protestas. Los hechos muestran que nada de esto sucedi. No obstante, otro elemento que emerga como preocupante se vinculaba con dos cuestiones que nos interesan fundamentalmente: una de ellas tiene que ver con la creacin de nuevas bisagras (mediaciones) entre una sociedad y un Estado que mostraban una brecha importante y otra tiene que ver con la burocratizacin de los movimientos por la pseudo-estatizacin de los mismos. (Maneiro, M. 2007)

En estas crticas a las polticas asistenciales de la primera etapa del kirchnerismo resuenan tonos de variada ndole, desde la absurda concepcin cuasi-metafsica de los partidos trotskistas argentinos tradicionales bien expresada en el axioma cuanto peor, mejor, hasta muy atendibles cuestiones vinculadas a ciertos elementos que, si bien durante un lapso inicial no se han mostrado como dominantes, su persistencia luego de una dcada en el seno de muchas de las organizaciones populares merece ser tenida en cuenta: la ausencia de autonoma poltica, la burocratizacin normalizadora, el carcter defensivo de sus intervenciones en el espacio pblico y muy particularmente su escaso grado de organicidad y articulacin con el mbito de la produccin de plusvala. En estas condiciones, habra que analizar por medio de qu mecanismos el gobierno kirchnerista lleva a cabo las transferencias de ingresos entre sectores econmicos y clases sociales, y lo que resulta para ello determinante en qu direccin lo hace.

De la estrategia corporativista a la igualacin universalista.

Conceptualmente, en relacin a los tipos de Estado Benefactor analizados por Esping Andersen, esta poltica de intervencin focalizada en determinados movimientos territoriales (ms all de su novedosa modalidad) es un rasgo caracterstico de los modelos corporativos, es decir que el acceso a los beneficios (en este caso, los subsidios de desempleo) se obtienen por intermedio de la organizacin de pertenencia. Esto plantea una innovacin respecto al modelo de Estado Social peronista clsico: all las corporaciones que constituan la base social del peronismo eran las organizaciones sindicales, es decir, la clase trabajadora ocupada; mientras que aqu la base social est conformada por organizaciones de trabajadores despojados de la relacin salarial. Por tal motivo, en tanto se trata de sectores sociales no alcanzados por la cobertura de la sociedad salarial tradicional (Castel, R., 1997), lo que define a este tipo de intervencin en los mrgenes es la focalizacin y la transferencia de ingresos por la va impositiva y (posteriormente) el sistema jubilatorio de reparto. El tipo de poltica impositiva vigente determinar el carcter (inter-clase o intra-clase) y la direccin de la transferencia de ingresos que supone esta estrategia.

Una segunda forma de intervencin en los mrgenes ha sido implementada en una etapa posterior por el gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner (2007-2011), la cual siguiendo las categoras de Esping Andersen consiste actualmente en polticas universalistas que garantizan un derecho de ciudadana. Podemos mencionar entre ellas la asignacin universal por hijo (AUH) y las asignaciones por embarazo (AxE). Si bien comnmente se objeta que tales polticas no son en verdad universales, la realidad es que las mismas efectivamente universalizan un derecho corporativo derivado de la sociedad salarial (las asignaciones familiares por hijo y las prestaciones mdico-maternales de las obras sociales), al hacerlo extensivo a todas las mujeres embarazadas y a todos los nios en edad escolar, sin importar si los adultos de quienes depende la reproduccin social de la unidad familiar estn o no bajo una relacin asalariada. Una consecuencia importante de la AUH y la AxE es su impacto en el aumento de la escolarizacin entre los nios de los sectores populares (dado que es requisito la presentacin de certificados de escolaridad para la percepcin de la asignacin) y en las polticas sanitarias (dado que los requisitos para poder percibirla son la asistencia de la embarazada a los controles pre-natales gratuitos y tener la vacunacin completa al da). Este segundo y ms sofisticado tipo de intervencin en los mrgenes de la sociedad salarial tiene como efecto la equiparacin de derechos y su universalizacin.

Otra de las formas de intervencin en los mrgenes que asegura la universalizacin de un derecho que antes era exclusivo de la sociedad salarial es la inclusin previsional con movilidad jubilatoria garantizada por ley, que segn datos oficiales hace extensible la cobertura jubilatoria a ms del 94% de la poblacin en la edad correspondiente. La cobertura incluye una pensin mnima para aquellos ciudadanos en edad jubilatoria que no tienen aportes en el sistema previsional y las prestaciones mdicas de la obra social de jubilados y pensionados (PAMI). A la universalizacin de la seguridad social de los adultos mayores se aade adems un mecanismo de actualizacin peridico de haberes jubilatorios mediante un fondo de garanta de sustentabilidad del rgimen previsional pblico de reparto. Cabe sealarse que esta poltica ha sido posible como resultado de la re-estatizacin durante el primer perodo de gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (A.F.J.P.), que constituan fondos de capitalizacin privada que en la dcada neoliberal formaban parte de la estrategia de valorizacin financiera y fuga de capitales. Como se ve, en un segundo momento, las estrategias de intervencin en los mrgenes del kirchnerismo han ido adquiriendo un grado de complejidad en su aplicacin y articulacin recproca que merece ser tenido en cuenta, y cuyo singular efecto y denominador comn han sido la progresiva universalizacin de derechos, tornando bastante impreciso el lmite entre los mrgenes y el centro de las zonas del Estado Social. Esto se debe a que, ante la crisis de la sociedad salarial clsica (Castel, R., 1997), los rasgos corporativistas del Estado Benefactor comenzaron a dejar sin proteccin a una franja poblacional cada vez mayor, hacindose necesario combinarlos con estrategias universalistas.Las metamorfosis en el centro

Entre las tareas asumidas por el Estado Benefactor kirchnerista, la recomposicin de la sociedad salarial quizs sea la ms difcil de todas, ya que ella misma encierra y de manera concentrada las contradicciones estructurales del modo capitalista de produccin.

Una combinatoria de diversas estrategias ha apuntado a reducir el desempleo reinante en 2003, con no pocos resultados, una dcada ms tarde. Si bien las primeras medidas de emergencia en este perodo, tal como hemos visto, apuntaron mediante estrategias focalizadas a combatir la pobreza extrema y la falta de recursos mnimos entre los sectores populares (a travs de un complejo entramado de programas asistenciales), tambin es cierto que las mismas no podan garantizar los niveles de seguridad social que emanan de la relacin salarial. De modo que la segunda generacin de intervenciones en los mrgenes del Estado Social del kirchnerismo ayud a palear como tambin se ha dicho parte de la brecha entre las prestaciones recibidas por los sectores asalariados y los sub-asalariados o desempleados. Pero qu situacin es realmente la que atae a la sociedad salarial en tanto tal? Qu ha modificado el modelo kirchnerista de Estado de Bienestar en el marco de la misma? O dicho de otro modo, cunto de la recuperacin del empleo de la ltima dcada ha sido trabajo absorbido dentro de la sociedad salarial? Cabe ser aclarado que la sola presencia de una relacin asalariada no es indicador de que la misma se inscriba en lo que Robert Castel llama sociedad salarial (esto es, la suma de las prestaciones, derechos y beneficios que se derivan de la relacin asalariada y los derechos laborales histricamente conquistados: la negociacin colectiva, los convenios colectivos de trabajo, el derecho a huelga, las protecciones al trabajo, el derecho de protesta, etc.). Estas son condiciones del trabajo asalariado que slo pueden acompaar su existencia no como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas (de la estructura) sino como construccin poltica es decir, como relacin de fuerzas en el nivel de la superestructura.Es muy cierto que en la ltima dcada ha descendido tanto el desempleo general como el trabajo no registrado, pero ser preciso determinar la relacin entre ambos indicadores para tener una idea aproximada de la medida en que la sociedad salarial se ha logrado recomponer. A primera vista podramos establecer que, como escribe el autor de esta ponencia en un artculo anterior:

a diferencia de lo que suceda una dcada atrs -cuando la actividad econmica mostraba una fuerte recesin, el desempleo superaba el 23%y prcticamente no exista oferta de puestos de trabajo-, los indicadores de la situacin econmica actual ofrecen a los jvenes perspectivas mucho ms alentadoras. El discurso oficial del gobierno, celebrando la creacin de millones de nuevos puestos de trabajo, trae la buena nueva: significativa reduccin del nivel de desempleo y del trabajo no registrado. Si nos atenemos a las estadsticas oficiales, esto es muy cierto: durante el 4 trimestre de 2010 la Tasa de Desocupacin fue del 7,3%; en tanto que, para igual perodo, el porcentaje de Asalariados No Registrados (en negro) sobre el total de la mano de obra ocupada fue del 33,7%.Si tomamos en cuenta, por ejemplo, que durante el 1 trimestre de 2006 este indicador llegaba al 44,3%,esto quiere decir que durante la administracin del actual gobierno el trabajo en negro descendi alrededor de 10 puntos. Otro dato a tener en cuenta es la apertura permanente de las paritarias y el incremento de la sindicalizacin. (Samartin, M.; Oportunidades laborales, trabajo en blanco y mitos en torno a la calidad del empleo, en Revista El Gran Otro, Agosto de 2011)

Esto significa que, si bien el porcentaje de trabajo no registrado descendi 9 puntos en el perodo ms reciente, todava el 33% de los trabajadores est excluido de la sociedad salarial. Cabe asimismo la duda acerca de la calidad de la sociedad salarial que abarca al restante 60% de la fuerza de trabajo ocupada. El socilogo Oscar Martnez del Taller de Estudios Laborales (T.E.L.)- explica que el problema consiste en que actualmente no existe una estadstica global que arroje datos vlidos acerca de la calidad del empleo derivada del proceso de trabajo, quedando supeditada la posibilidad de obtener tales datos a la voluntad poltica de los sindicatos, y a su nivel de organizacin en los lugares de trabajo. (Samartin, M., 2011)

Segn cuenta Martnez, en actividades comocall center, industria automotriz o bancaria -por mencionar algunas donde el nivel de trabajo en blanco es elevado-, no podramos llegar a afirmar que la calidad del empleo sea por ello automticamente alta, sino que, ms bien, la tendencia general es la opuesta, a pesar de la existencia de trabajo registrado. (Samartin, M., 2011)

El prrafo citado desmiente cierto mito socialmente instalado segn el cualla calidad del empleose relacionara nica y exclusivamente con su condicin detrabajo registrado.De modo tal que lo relativo a la calidad del empleo creado se tratara ms bien de una situacin que quizs no corra por carriles tan visibles como aquellos por donde lo hacen los datos cuantitativos de la macro economa. Por lo tanto, esta cuestin parece merecer un anlisis ms especfico, ya que se trata de un problema complejo y que afecta directamente al corazn del modelo econmico y la trama de las relaciones de poder en juego (Samartin, M., 2011).

Ms an, se suma al problema de las dificultades actuales para sistematizar una estadstica general sobre la calidad del empleo (derivada de los procesos de trabajo realmente existentes), una segunda cuestin que est centralmente vinculada a las nuevas modalidades de trabajo que el kirchnerismo denomina economa social. Se debe decir que, ante las crticas tanto externas como internas al partido gobernante suscitadas en torno a las polticas asistenciales de la primera etapa de la gestin, el kirchnerismo ha ido mutando la naturaleza de estas polticas focalizadas aadiendo como contraprestacin de los planes asistenciales percibidos una obligacin laboral por parte de sus beneficiarios, transformando una medida de seguridad social en una relacin salarial que, en no pocos casos, es establecida en condiciones de suma precariedad: sin continuidad laboral garantizada, sin convenio colectivo de trabajo, sin derecho a huelga (u otros establecidos en la Constitucin Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo), y conservando aunque slo algunas veces y de manera informal la potestad de la negociacin colectiva, pero incluso sta se ve enrarecida por los nexos orgnicos y/o contradictorios entre los movimientos territoriales que reciben y administran estos programas de trabajo (cooperativas, etc.), la clase dirigente que l