dra. marina rodríguez beas tarragona, 2 de julio de 2014 universitat rovira i virgili energía y...
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Dra. Marina Rodríguez Beas Tarragona, 2 de julio de 2014
Universitat Rovira i Virgili
Energía y Smart Cities: contrato de colaboración entre el sector público y el
sector privado
I. Introducción
Las ciudades se han convertido en el foco principal de desarrollo socioeconómico ya que la población y la
actividad económica se han ido concentrando en los núcleos urbanos. Entre 1950 y 2011, la población urbana creció casi cinco veces y, según las previsiones de Naciones Unidas, en el 2050 el 70-75% de la población mundial vivirá en las ciudades (en Europa alcanzaríamos el 80% en 2020). De
hecho, en los países en vías de desarrollo ya se está produciendo una migración masiva de las zonas rurales a
las urbanas.
Esta concentración de población en núcleos urbanos está dando a las ciudades mayor peso político y económico.
Pero esto también traslada a las ciudades los grandes retos de sostenibilidad de la sociedad.
“En el futuro, las ciudades representarán casi el 90% del crecimiento de la población mundial, el 80% de
la creación de riqueza, y el 60% del consumo total de energía. El desarrollo de mejores estrategias para
la creación de nuevas ciudades, por lo tanto, es un imperativo mundial” (City Science, MIT Media Lab).
El avance de la tecnología hace posible hoy implementar modelos y soluciones inteligentes para
desarrollar ciudades más sostenibles con mayor calidad de vida.
Todo ello plantea la necesidad imperiosa de cambio de modelo y de hábitos de consumo y movilidad,
produciendo energía localmente, innovando y utilizando tecnologías y nuevos materiales que faciliten
una ciudad más sostenible. Este cambio de modelo es el que se enmarca en la SMART CITY.
II. El desafío para las ciudades: la sostenibilidad medioambiental y económica
Las ciudades, por la capacidad de influir en el consumo de energía, deben impulsar la implantación de un nuevo modelo energético. Con
el objetivo de incrementar la eficiencia energética, reducir emisiones y aumentar el consumo de energías renovables, se inclinan por las
Smart Cities.
Cuando una Administración local decide apostar por convertir a su ciudad en una “Smart City” o “Ciudad
inteligente” asume el advenimiento de notables cambios en distintas áreas de gestión municipal.
Normativa reguladora del régimen local es el marco en el que deben subsumirse las fórmulas jurídicas que han de permitir la
implementación de las medidas necesarias para la prestación de servicios públicos o la realización de actuaciones de interés general local
de carácter “smart”.
La transformación de una ciudad en “smart” supone integrar varias áreas de actuación (producción, distribución y suministro de energía,
movilidad, transporte, TIC). Esto obliga a las entidades locales a enfrentarse a la contratación de prestaciones que engloban de forma
conjunta e integrada servicios, obras y suministros técnicamente muy especializados y difíciles de contratar de forma aislada para su
posterior integración. Así, es posible que los contratos tradicionales no sirvan para satisfacer la necesidad pública de un proyecto smart
para su ciudad.
RETO = Se trata de buscar fórmulas que consigan la sostenibilidad de la ciudad y la optimización de sus procesos para
mejorar la calidad de los servicios con el menor coste posible
INSTRUMENTO LEGAL = normativa reguladora de los contratos del sector público
¿Cuál es la alternativa?
III. El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado (CPP)
Para la gestión de servicios energéticos la tipología contractual más adecuada es la novedosa fórmula de
los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Recomendación de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de 23 de julio de 2009
DEFINICIÓN (art. 11 TRLCSP)
Una Administración Pública encarga a una entidad de derecho privado, por un período
determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones o de las fórmulas de
financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que, además
de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el
cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de
interés general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones:
a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes
complejos, así como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.
b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas
c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen tecnología específicamente
desarrollada con el propósito de aportar soluciones más avanzadas y económicamente más ventajosas
que las existentes en el mercado
d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la Administración del servicio público o
actuación de interés que le haya sido encomendado.
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y ADJUDICACIÓN
PRINCIPALES VENTAJAS DEL CPP:
PRINCIPALES ASPECTOS NEGATIVOS
IV. Conclusiones
El objeto del CPP permite satisfacer las necesidades de una entidad para contratar la
implementación de un proyecto “smart” para su ciudad en un solo contrato.
Un proyecto de “Smart City” puede considerarse como una actuación global e integral.
En materia energética se observa fácilmente.
Esta tipología de contrato puede dar cobertura jurídica a los proyectos complejos en el
entorno de las Smarts Cities.
Pero la normativa actual de contratación pública se convierte en un lastre que dificulta o
ralentiza su avance para conseguir implementar los proyectos “smart”.
Propuestas de mejora de este tipo de contrato que favorezcan un desarrollo más
acelerado de las ciudades inteligentes en España.
Eliminar carácter residual de este tipo de contrato.
El esfuerzo conjunto y coordinado de las ciudades y el sector empresarial es una de las
bases sobre las que se va a sustentar el avance de las smarts cities, por lo que es
fundamental que se produzcan facilidades legislativas, administrativa y fiscales con
marcos jurídicos estables que favorezcan la participación del sector empresarial.