Download - Trabajo de Investigación de Grado
1
Trabajo de Investigación de Grado
El proceso de construcción de Estado local y sus efectos en la justicia ambiental: Caso del
municipio de la Jagua de Ibirico
Autora:
Rosa Estefanía Peña Lizarazo
Código: 201525445
Correo: [email protected]
Directora:
PhD. María Cecilia Roa García
Correo: [email protected]
Palabras clave: Construcción de Estado local, Justicia ambiental, Estado extractivo y
minería de carbón.
Resumen: El presente documento analiza la relación entre las características del proceso de
construcción de Estado local que ha tenido lugar en la Jagua de Ibirico, Cesar, y los
componentes teóricos de la justicia ambiental. La investigación comprende tres secciones: la
primera indaga sobre el estado de la justicia ambiental en la Jagua de Ibirico, por medio del
análisis de cada uno de sus elementos; la segunda, describe los elementos del proceso de
construcción de Estado local en el municipio; por último, la tercera establece las relaciones
entre la construcción de Estado local y la (in)justicia ambiental. Se encontró que: 1) el
proceso de construcción del Estado local es determinante en la generación o no de resistencia
y/ó movilización comunitaria en escenarios de (in)justicia ambiental; 2) los factores de la
construcción del Estado local con más incidencia en los escenarios de (in)justicia ambiental
son el bajo desempeño institucional ambiental y la pérdida de identidad y arraigo, en
detrimento de la movilización y organización comunitaria y, 3) los elementos de la justicia
ambiental más afectados por el proceso de construcción del Estado local son la participación
y la justicia cognitiva o epistémica.
2
Abstract: This paper analyzes the relationship between the process of local state building
that has taken place in the Jagua of Ibirico, Cesar, and the theoretical components of
environmental justice. The research is presented in three sections: the first one describes the
state of environmental justice in La Jagua de Ibirico, through an analysis of each of its
elements; the second one, describes the elements of the process of local state building in the
municipality; and the third one establishes the relations between local state building and
environmental injustice. The research concludes that: 1) the process of local state building
is a determining factor in the generation or not of resistance and/or community mobilization
in scenarios of environmental injustice; 2) that the factors of local state building with more
incidence in scenarios of environmental injustice are the low institutional performance on
environmental protection and the loss of identity and rooting that deter community
mobilization and organization and, 3) that the elements of environmental justice most
affected by the process of local state building are participation and cognitive or epistemic
justice.
3
1. Introducción
Los desafíos y exigencias que enfrentamos como especie en relación con el deterioro del
ambiente, tales como el cambio climático, las graves catástrofes derivadas de proyectos de
desarrollo a gran escala y el desplazamiento forzado de comunidades, entre otras, hacen
necesario profundizar el análisis sobre cuáles son los factores que imposibilitan mejores
escenarios de justicia ambiental y cuáles son las transformaciones institucionales necesarias
para lograr un cambio de trayectoria en términos de protección ambiental. La reflexión sobre
el proceso de construcción de Estado local y sus efectos en la justicia ambiental se hace
entonces necesaria y urgente para comprender cómo, aspectos propios de la construcción del
Estado local tales como la relación entre actores, el nivel de presencia del Estado o el
desempeño institucional, pueden derivar en la imposición de proyectos que causan graves
afectaciones ambientales y sociales.
En el caso colombiano, analizar el efecto del proceso de construcción de Estado local en el
alcance de la justicia ambiental es útil en tanto permite profundizar en al menos dos aspectos:
(1) comprender los efectos de las contradicciones existentes en el arreglo institucional del
Estado, el cual promueve y prioriza la protección del medio ambiente, el reconocimiento de
la multiculturalidad, las garantías para la participación ciudadana y el respeto por la dignidad
humana por un lado, mientras en contraposición, impone un modelo económico capitalista
globalizado y fundamentado en la exportación de minerales, consolidando así, una economía
extractivista (Machado, 2015) con nuevos actores e intereses, lo que restringe y a veces
obstaculiza el alcance de las garantías y derechos de las personas en asuntos ambientales.
(2) Hasta ahora, Colombia se ha caracterizado por tener un proceso de construcción de Estado
diferenciado en tiempo y espacio en cada una de las regiones y municipios (Gonzales y
Bolívar, 2002), y con grandes brechas entre los entornos urbanos y rurales; esto se manifiesta
en términos de presencia y desempeño institucional (García, 2011) y en el grado de alcance
del monopolio del Estado en el uso de la fuerza, lo que incide en el alcance de la justicia
ambiental. La (in)justicia ambiental no se manifiesta de forma homogénea en Colombia, sino
que depende en gran parte, del proceso de construcción del Estado local.
4
Colombia es un país que, además de vivir un conflicto armado violento, multicausal y
complejo (CNMH, 2016), también ha experimentado significativos conflictos ambientales
(Mesa Cuadros, Ortega, Choachí, Quesada y Sánchez, 2015) ampliamente documentados
(Pérez, 2014, Atlas de justicia ambiental; OCMAL; OMAL; CIEDH). Una de las reflexiones
que surge, relacionada con la permanencia y el aumento de estos conflictos, tiene que ver con
la influencia del proceso de construcción del Estado local, en la generación de dichos
conflictos y en los impactos sobre la (in)justicia ambiental. Por estas razones, es pertinente
reflexionar sobre cómo el proceso de construcción del Estado local afecta la posibilidad de
consolidar escenarios de justicia ambiental en los distintos ámbitos locales del territorio
colombiano.
En este contexto, el caso del Municipio de la Jagua de Ibirico, ubicado en el centro la
denominada Zona Minera del Cesar (ZMC)1, es emblemático para comprender la relación
que existe entre el proceso de construcción del Estado local y la (in)justicia ambiental, por al
menos seis razones:
(1) Este es un caso representativo por cuanto hace evidentes los efectos negativos del proceso
de Construcción de Estado local, en la (in)justicia ambiental que experimentan los pobladores
del municipio, dado que fueron las características propias de este proceso, tales como la
presencia diferenciada del Estado, la cooptación de la institucionalidad local y el bajo
desempeño institucional ambiental, las que se derivaron en deficientes mecanismos de
participación ambiental y de reconocimiento, en degradación ambiental inequitativa y en
desconocimiento de los saberes locales.
(2) Este municipio alberga dos de los contratos de aporte minero más antiguos del país2, los
cuales posibilitaron la implementación de proyectos mineros pioneros con grandes efectos
en el ordenamiento territorial. En la actualidad, este municipio tiene el 79,6% de su territorio
susceptible de desarrollo de proyectos mineros, convirtiéndolo en un municipio con una alta
1 La ZMC tiene una extensión de 2.423,5 km2 y se localiza en el departamento del Cesar, en los municipios de
Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibirico, Chiriguana y El Paso. La autoridad ambiental con jurisdicción
en la zona es la Corporación Autónoma Regional del Cesar. (ANLA, 2016) 2 Los contratos mineros La Loma y Calenturitas.
5
proyección de uso de suelo para la actividad minera y con una gran dependencia económica
de dicha actividad.
(3) Este es un caso hito que da cuenta de cómo el proceso de implementación de un nuevo
marco constitucional (Constitución Política de 1991) generó evidentes tensiones territoriales
entre el modelo económico establecido y las garantías ambientales y sociales consagradas.
(4) Este caso es paradójico dado que describe un municipio cuyos pobladores han sido
víctimas de múltiples y diversas (in)justicias ambientales que, sin embargo, no han logrado
consolidar procesos organizativos fuertes en torno a la defensa del ambiente, de la salud y de
sus saberes locales; en contraposición con lo documentado por autores como Svampa (2019)
y Machado (2017), según los cuales en otros contextos similares, dicha situación si ha
permitido configurar escenarios reivindicación de la justicia ambiental .
(5) Este caso es emblemático, ya que a pesar de contar con el acompañamiento de algunas
organizaciones de sociedad civil en el municipio no ha habido procesos de organización
comunitaria lo suficientemente fuertes para generar un cambio de trayectoria y avanzar hacia
una mayor justicia ambiental.
(6) Por último, existe además una justificación de carácter metodológico, dado que, debido a
la complejidad del caso y la multiplicidad de variables en juego, el estudio de caso era la
metodología idónea para hacer la triangulación de las distintas variables, lo que no sería
posible por medio de otras metodologías como un estudio comparado.
Es así como esta investigación parte de comprender que los procesos de construcción del
Estado local y el alcance de la justicia ambiental son al mismo tiempo, conceptos teóricos y
marcos de referencia que ayudan a interpretar la realidad, cuya relación no se ha analizado
de manera profunda en el caso colombiano. En ese sentido, se plantea como pregunta de
investigación: ¿de qué manera el proceso de construcción del Estado local en La Jagua de
Ibirico, ha afectado el avance hacia la justicia ambiental para sus habitantes?
6
Se propone como hipótesis que la justicia ambiental se vio afectada negativamente por el
proceso de construcción del Estado local en el municipio de la Jagua de Ibirico, por cuanto
dicho proceso, caracterizado por la materialización de una economía extractiva, se manifestó
en un bajo desempeño institucional ambiental; la presencia diferenciada del Estado; la
militarización y paramilitarización útil a la consolidación de los intereses de las élites y las
empresas del municipio; la dependencia de las regalías y la existencia de élites políticas, lo
cual afectó las posibilidades de los pobladores de la Jagua de Ibirico de avanzar hacia la
justicia cognitiva en el municipio; restringió la consolidación de escenarios de participación
ciudadana; afectó los procesos y reivindicaciones de reconocimiento simbólico y cultural de
las comunidades; contribuyó a la distribución inequitativa de las cargas y los beneficios
ambientales, afectando así el acceso y calidad de los recursos naturales, así como la calidad
de vida de las personas en el presente y para las generaciones futuras.
2. Marco conceptual:
2.1. Justicia ambiental
La justicia ambiental surgió desde los comienzos de la cultura, cuando las comunidades
empezaron a enfrentar tensiones por la apropiación injusta de los recursos que eran de una
comunidad por parte de otra comunidad (Mesa cuadros, 2018). Para otros autores es en la década
de los ochenta que surgió en Estados Unidos el primer movimiento de justicia ambiental
relacionado con luchas de movimientos sociales en contra del racismo ambiental (Merlinsky,
2017). La justicia ambiental como concepto ha tenido progresivamente avances teóricos y
prácticos tanto a nivel regional como a nivel global (Mesa cuadros, 2018). Se puede afirmar que
las distintas perspectivas señaladas sobre justicia ambiental, se refieren a teorías de la justicia
más amplias, que parten de distintos paradigmas, entre estos: la justicia distributiva (Rawls,
2016), la justicia procedimental (Miller, 2001) y la justicia social (Fraser, 2010; Young, 2000).
Así, los distintos movimientos de la justicia ambiental surgen de la grave crisis ecológica que se
presenta a nivel mundial, derivada del modelo económico capitalista global y transnacional
(Martínez Alier, 2015), el cual ha generado graves fenómenos de degradación ambiental,
afectaciones en la salud o dificultad en el acceso a recursos naturales (Martínez Alier, 2008). La
justicia ambiental también se relaciona con un contexto marcado por el imperialismo ecológico
7
y el racismo ambiental, el cual está profundizando el modelo económico por medio de políticas
y dispositivos de expropiación/segregación/racista/clasista/sexista (Machado 2017). Como parte
de este movimiento global, el ecologismo popular latinoamericano, surge como una práctica
pedagógico - política de transformación social, en la cual los sujetos y pueblos que han sido
expropiados de sus medios de vida, están creando por medio de luchas de resistencia, una nueva
forma de valorar, sentir y de producir la vida; según Machado (2017):
los sujetos del Ecologismo Popular del Sur no expresan demandas postmateriales, sino, al
contrario, rebeldías eminentemente materialistas: son mujeres y varones movilizados por las
afectaciones que sienten en sus propios cuerpos. Es la huella de deshidratación, de desnutrición,
de intoxicación que el metabolismo material de la sociedad hegemónica imprime en sus
organismos lo que desencadena sus luchas de re-existencia. (p.213)
La justicia propugnada por esos movimientos es intrageneracional pero también
intergeneracional. Incide en el tema de la distribución ecológica, pero incluye el reconocimiento,
es decir el derecho a hablar y a no ser excluido de las decisiones. (Schlosberg, 2007; Agarwal,
2001 citado en Martínez Alier, 2011). Además, geográficamente hay una distribución
inequitativa de los costos ambientales que suelen evidenciar patrones históricos de injusticia
ambiental tanto desde una perspectiva geopolítica como desde una mirada dentro de los mismos
países latinoamericanos (Svampa y Viale, 2014).
Una de las razones que explican las (in)justicias ambientales, es la relación existente entre la
(in)justicia social y la degradación del medio ambiente (Acselrad, 2017). Para Acselrad, la
diferencia en la exposición a los riesgos ambientales deviene de la diferencial de movilidad
entre los pobres y los ricos, lo cual permite que los segundos escapen a estos riesgos y los
primeros no puedan huir. Este desequilibrio según el autor, se deriva en una acción que trata
de combatir la desigualdad ambiental y darle igual protección ambiental a todos los grupos
sociales y étnicos (2017).
La noción de justicia ambiental se refiere también a la defensa de las condiciones de vida y de la
salud “para incorporar la discusión sobre el acceso a los recursos (agua, tierra, recursos forestales,
8
infraestructura básica) en el marco de disputas económicas, pero también en términos de valores
culturales e identitarios (Merlinsky, 2017, p. 246 - 247).
La justicia ambiental de igual forma debe responder a tres aspectos: equidad en la distribución
del riesgo ambiental, reconocimiento en la diversidad de los participantes y experiencias de las
comunidades afectadas y, participación en el proceso político por el cual se crea y maneja la
política ambiental (Schlosberg, 2007).
Una visión ampliamente usada de justicia ambiental, es su definición como el conjunto de
prácticas y principios que:
1) garantizan que ningún grupo social soporte una parte desproporcional de las consecuencias
ambientales negativas; 2) garantizan acceso justo y equitativo […] a recursos ambientales del
país; 3) garantizan acceso a información y procesos y participativos sobre la gestión de los
recursos […]; 4) favorecen la constitución de sujetos colectivos de derechos […] para ser
protagonistas en la construcción de modelos alternativos de desarrollo. (Acselrad, 2017, p.
249)
Merlinsky otorga un elemento adicional a la justicia ambiental, estimando que la misma no sólo
se debe enfocar en los medios políticos y las regulaciones para remediar los daños de las
(in)justicias ambientales, sino también en “quién va a pagar por la recomposición y cómo se
llevaran a cabo estas medidas” (2018, p. 242).
Un concepto transversal a los componentes de la justicia ambiental es la justicia cognitiva o
epistémica planteada por Boaventura de Sousa Santos, quien en sus publicaciones ha
reiterado que: “no hay justicia social global sin justicia cognitiva” (2010, 2012). Para este
autor, la falta de justicia cognitiva se refiere a la limitación en el acceso al conocimiento a
ciertos sujetos, la falta de traducción entre conocimientos y el descrédito de los saberes y
conocimientos propios, en contraposición con el conocimiento científico hegemónico. Santos
(2010) plantea que, como resultado del pensamiento abismal, el conocimiento científico sólo
llega a algunos grupos sociales, quienes son sujetos del conocimiento, respecto de otros que
son considerados objetos del conocimiento.
9
El autor plantea la necesidad de un nuevo pensamiento alternativo de alternativas,
denominado “pensamiento posabismal” sobre el cual afirma que no sólo busca una
distribución equitativa del conocimiento, sino también debe estar encaminado a dar
legitimidad a los otros conocimientos que existen por medio de un “reconocimiento de la
pluralidad de conocimientos heterogéneos” lo que implica renunciar a cualquier
epistemología general (2010, p. 49).
El autor también se refiere al “epistemicidio”, como la muerte de otros conocimientos; la
cual considera, es el resultado de la creación científica de nuestros tiempos (Santos, 2012).
Además, afirma que rescatar esos otros conocimientos es necesario para poder ver el mundo
con otros ojos, y no normalizar o trivializar la (in)justicia (Santos, 2012). El epistimicidio
implica el arrasamiento de una forma de vida en nombre de una idea hegemónica de lo que
debe ser o hacerse, por ejemplo, respecto a que es desarrollo o cual es el mejor modelo
económico para cierto territorio, sin considerar los otros conocimientos que allí existen
Lo planteado por estos autores permite comprender los distintos abordajes posibles de un
caso en términos de justicia ambiental. Para el presente caso, se utilizará un concepto amplio
de justicia ambiental que responde a su evolución conceptual y pragmática en Latinoamérica
planteadas por Machado (2017), Martínez Alier (2008, 2015), Merlinsky (2017, 2018) y
Ascerald (2017) e incorpora las dimensiones procedimentales, distributiva y de
reconocimiento identificadas por Schlosberg (2007).
2.2.Construcción de Estado local en Colombia
Los planteamientos hechos por los distintos autores en Latinoamérica al respecto de la
construcción de Estado local adoptan en ocasiones postulados teóricos hechos por autores
clásicos que analizan principalmente dicho proceso en Europa, los cuales son adaptados para
analizar las particularidades de cada país. Por ejemplo, González en el texto Poder y
Violencia (2014, p. 27),
10
intenta elaborar un modelo de construcción de Estado que combina el esquema general de
Charles Tilly, centrado en los efectos políticos de las guerras entre naciones, con las ideas de
Barrington Moore Jr. sobre la relación entre estructura agraria y régimen político, aunque
enriquecidos con otros aportes, como los de Theda Skocpol sobre la importancia de las
burocracias centrales, los planteamientos generales de Elias sobre la integración de territorios
y estratos sociales y el énfasis en la construcción simbólica del Estado (Philip Abrams), así
como el papel de los juristas y del derecho (Pierre Bourdieu) en la construcción de algunas
naciones de Occidente.
En el texto Construcción social de la estatalidad local en Colombia, Burgos (2018) hace un
recuento de los distintos abordajes que tiene la construcción de estatalidad en el nivel local
en Colombia. Según el autor los textos sobre estatalidad local pueden agruparse de acuerdo
a los siguientes criterios: primero, aquellos que se refieren a las dinámicas participativas y/o
de organización social; segundo, los que se refieren a ámbitos de negociación entre agentes
del Estado y poderes locales, con referencia al juego electoral entre las élites locales y las
élites del nivel central y luego sobre el ámbito militar; y tercero, aquellos que se refieren a
las experiencias de resistencia al Estado. Estos criterios son útiles porque aportan elementos
para analizar el proceso de construcción de Estado local en La Jagua de Ibirico.
El concepto de proceso de construcción de Estado local, resalta su carácter procesual y la
importancia de analizar la interacción entre distintos actores del ámbito local, como los son
las élites locales y regionales con el estado central, dada la cultura política clientelista
(González, 2014). La relación entre el Estado en su perspectiva nacional y regional puede ser
analizada por medio de las categorías de desempeño institucional, legitimidad y eficacia
(García, 2011). Además, según los distintos tipos de construcción del Estado local que se den
en los municipios, éstos pueden ser categorizados como: Estado abandonado, Estado
cooptado, Estado paralelo y Estado disputado (García, 2016). En el análisis del proceso de
construcción del Estado local realizado por García (2013), evidenció por ejemplo que existe
un proceso de retroalimentación negativa entre la distribución del desempeño institucional y
la minería.
La tesis Construcción de Estado planteada por Fernán González e Ingrid Bolívar (2002),
argumenta que, en el caso colombiano, no se debe hablar de ausencia del Estado, sino de una
11
presencia diferenciada en el tiempo y el espacio de éste en los territorios. Lo anterior, según
los autores, está relacionado con los efectos del conflicto armado a lo largo del territorio
nacional. Y en virtud de ello, para González (2002, 2014) el Estado no puede ser
caracterizado como fallido3 sino como un Estado en construcción.
Para Grajales (2013) es claro que los grupos paramilitares contribuyeron a la reconfiguración
del balance del poder en distintos territorios de Colombia, haciéndolos determinantes en el
proceso de la construcción de Estado local, cuyo análisis en Colombia ha vinculado a la
investigación del conflicto armado.
En los últimos 30 años, Colombia y el resto de América Latina han tenido un auge en el
sector extractivo (Muradian et. al, 2012). Existen diferentes acercamientos teóricos respecto
de lo que implica un Estado extractivista y sobre cuál es la relación entre economías
extractivas y régimen político. Respecto a ellas, se ha demostrado que son economías con
finalidad exportadora (Machado, 2015), y que, dada su dependencia de las rentas de los
recursos extractivos, su posibilidad de tener un sistema político democrático es menor Kahhat
(2013) y pueden generar mayores niveles de captura del Estado, así como de ineficiencia
institucional (Acemoglu, Verdier y Robinson, 2004; Durand, 2016).
Además, según lo documentado, las economías extractivas también generan una distribución
inequitativa de las cargas y los beneficios ambientales; la consolidación de estados paternalistas
y relaciones clientelares; la extracción de recursos con graves impactos acumulativos,
sinérgicos y residuales; violencia consustancial; inadecuada institucionalidad para enfrentar el
costo ambiental, social y político; y un marco institucional favorable a la extracción de
recursos, y a la promoción de la inversión extranjera. (Acosta, 2010)
Del marco conceptual anterior, es posible afirmar que teóricamente la justicia ambiental se verá
afectada por los procesos de construcción de Estado local, dado que las características propias
3 Un Estado fallido sería el que definitivamente no ha logrado consolidarse plenamente como autoridad
legítimamente constituida para dirimir los conflictos de la población de los territorios más significativos de un
país; regular y apoyar la vida económica del conjunto de los pobladores y ofrecer los servicios públicos que la
población demanda. (González, 2010, p. 1)
12
de ese proceso, como por ejemplo el rol de las élites, la fuerza de los movimientos locales y el
desempeño institucional (García, 2017), entre otros, afectan ciertos sectores del Estado en lo
local, algunos de los cuales son esenciales para la justicia ambiental. Según lo documentado
por diversos autores, en el ámbito local del Estado en los cuales se implementan economías
extractivas como la minería, se verá afectado de manera negativa el desempeño institucional
(García, 2007), se generaran dificultades en la implementación de sistemas políticos
democráticos (Kahhat, 2013), se producirán escenarios de captura del Estado e ineficiencia
institucional (Acemoglu, Verdier y Robinson, 2004; Durand, 2016), se establecerán graves
impactos ambientales e inequidad en la distribución de las cargas y los beneficios ambientales,
se promoverán escenarios de violencia y tendrá lugar un marco institucional favorable a la
extracción de recursos y a la promoción de la inversión extranjera (Acosta, 2010).
En el caso Colombiano el proceso de construcción de Estado local ha estado caracterizado por
la presencia diferenciada del Estado como consecuencia del conflicto armado en Colombia
(González y Bolívar, 2002), lo que puede llevar a que en casos concretos, y dependiendo las
características propias de sus procesos de construcción de estatalidad local, en los cuales se
están implementando economías extractivas, ciertos sectores del Estado sean más fuertes que
otros, y por ejemplo, tenga lugar una institucionalidad minera fuerte y una capacidad militar
robusta en el territorio, pero a su vez, sectores estatales dedicados a la protección del medio
ambiente o a la promoción de mecanismos de participación ciudadana sean debilitados. En
virtud de lo anterior, un proceso de construcción de estado local, caracterizado entre otras cosas
por la implementación de una economía minera, con efectos en el régimen político local, tendrá
implicaciones teóricas directas en la creación de condiciones de justicia ambiental en casos
concretos.
3. Marco metodológico
Teniendo en cuenta que la presente es una investigación de carácter cualitativo que busca
caracterizar el proceso de construcción de Estado local y sus efectos en el alcance de la
justicia ambiental en la Jagua de Ibirico, el análisis recurre a la metodología de estudio de
caso (Yin 2014), a través de los métodos de investigación de documentación (Ramírez y
13
Zwerg, 2012), análisis de bases de datos y entrevistas semiestructuradas a miembros de la
sociedad civil (Kvale, 2007).
Siguiendo lo planteado por Yin (2014), en este tipo de metodologías investigativas siguen un
proceso interactivo. Retomando lo planteado por este autor se siguieron los siguientes pasos:
1) se elaboró el diseño de la investigación, 2) se prepararon los instrumentos a implementar
a los distintos actores, para luego 3) recolectar la información requerida, de esta forma se
continuo con el análisis de la misma y, por último, 4) se procedió a hacer una fase en la que
se presentaron los resultados de los análisis.
La documentación se elaboró con base en informes académicos, oficiales y de ONG´s que se
refieren al tema. La revisión de bases de datos se realizó consultando la literatura que se
encuentra en las bases oficiales del Estado, de centros de pensamiento y de la Universidad
de los Andes. Además, se realizaron diez entrevistas semi-estructuradas a informantes clave.
Dentro de los cuales hubo líderes de los Consejos Comunitarios de la Jagua de Ibirico; líderes
y lideresas sociales; concejales municipales; funcionarios de la Alcaldía Municipal; políticos
y aspirantes a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico; historiadores y directores de ONG con
presencia en el municipio.
4. La justicia ambiental en el municipio de la Jagua de Ibirco
La población del municipio de la Jagua de Ibirico ha experimentado escenarios de (in)justicia
ambiental, en los cuales ha sido determinante la imposición de la minería de carbón
transnacional y a gran escala. La siguiente tabla sintetiza las principales manifestaciones de
(in)justicia ambiental en la Jagua de Ibirico, las cuales fueron obtenidas en las entrevistas
realizadas en el trabajo de campo:
Componente de
la justicia
ambiental
Descripción Evidencias
Participación
Escenarios de nula
participación ciudadana en
la definición de asuntos
ambientales relevantes
tales como: el
ordenamiento del
territorio, el otorgamiento
- La población local no ha contado con el acceso a la
información existente sobre el estado de sus recursos
naturales y de su salud. (Entrevistas y González, 2019,
p. 87)
- La información generada por los pobladores y
organizaciones acompañantes en torno a las
14
de títulos o contratos
mineros, la gestión y
destinación de los recursos
naturales, el otorgamiento
de licencias ambientales.
Además, es poca la
incidencia de la población
en las decisiones
ambientales.
afectaciones ambientales y de salud es subvalorada y
desacreditada.
- No existen espacios efectivos de participación para
definir asuntos ambientales relevantes en el
municipio:
o En casi 30 años de actividad, se han realizado
4 audiencias públicas ambientales4 en el
marco del control y seguimiento ambiental
de los proyectos mineros en la ZMC, de las
cuales solo una tuvo lugar en la Jagua de
Ibirico5.
o Solo se ha realizado una audiencia pública en
el municipio sobre el otorgamiento de
contratos de concesión minera.
o Se realizó un proceso de concertación
minera, sin ningún tipo de participación
ciudadana, entre la Alcaldía municipal de la
Jagua de Ibirico y la Agencia Nacional de
Minería, en la que se concertó que el 79,6%
del municipio es área susceptible de minería.
Distribución/
Equidad
La población de la Jagua
de Ibirico experimenta una
inequidad en la
distribución de las cargas
y los beneficios
ambientales, dados los
múltiples y graves
impactos generados en sus
recursos naturales y las
pocas e ineficientes
medidas de manejo y
reparación.
- Según el diagnóstico para elaboración del PDM las
personas entrevistadas consideraron que la
contaminación ambiental y el acceso a agua potable
son temas prioritarios que deben ser atendidos por el
ente municipal. (2014)
- Los entrevistados, el CNMH (2016) y las notas de
prensa de la época, evidencian que la movilización del
año 2007 fue una manifestación del descontento
comunitario por las cargas ambientales
desproporcionadas que han tenido que soportar.
- Las empresas mineras en La Jagua han obtenido
permisos ambientales para el desvío de ríos, captación
de aguas subterráneas, de vertimientos y de emisiones,
los cuales han generado afectaciones a los recursos
naturales sin la debida compensación. (Información
disponible en la ANLA y CORPOCESAR).
- Las actividades realizadas por las empresas mineras
han impactado las actividades de subsistencia y la
satisfacción de necesidades por parte de la población
local (Contraloría General de la República, 2013;
Tierra Digna, 2015a; ANLA, 2016).
- Según lo documentado en el RUIA6, en casi 30 años
de actividad minera, solo existen 7 procesos
sancionatorios que se han derivado en multas para las
empresas mineras que realizan actividades en la Jagua
de Ibirico.
- El dinero de las multas impuestas, se consigna al
Fondo Nacional Ambiental, y su destinación no es
4 Esta información se deriva de tres documentos: Peña, R. (2018). Democracia ambiental y conflictividad socio-
ambiental en contextos de minería legal a gran escala en Colombia: El caso de la operación carbonífera en
los departamentos del Cesar y Magdalena; y de los autos 4250 del 6 de octubre del 2015 y 4294 del 8 de
octubre del 2015 de la ANLA. 5 Audiencia sobre el proyecto Calenturitas de la empresa PRODECO S.A. 6 Registro Único de Infractores Ambientales.
15
utilizada para compensar los efectos negativos
generados por las infracciones ambientales.
- Imposición desproporcionada de cargas ambientales y
sociales que afectan la calidad y el goce efectivo de
los derechos a la salud. (Defensoría del Pueblo, 2014;
Tierra Digna, 2015a)
Equidad intergeneracional
El medio ambiente de la Jagua de Ibirico, dadas las cargas
ambientales impuestas por la actividad minera después de
la minería tardará muchos años en recuperarse, además,
habrá impactos a perpetuidad7. Esto hace que las
generaciones futuras también sufran los efectos negativos
de la minería de carbón. (Semana Sostenible, 2013)
Equidad intrageneracional
Todos los habitantes del municipio se encuentran
expuestos a cargas ambientales desproporcionadas.
Resolución ministerial que declaró la ZMC como área
fuente de contaminación atmosférica.
Reconocimiento
Falta de reconocimiento
de la diversidad cultural
del municipio: el proceso
de reconocimiento de la
diversidad racial y cultural
en el municipio de la
Jagua de Ibirico ha sido
débil e insuficiente.
- La población afrodescendiente alcanza las 7.379
personas, es decir, el 35.52% del total de la población
del municipio.
- Según el DNP (2019) en la Jagua de Ibirico se ha
generado un bajo reconocimiento de los grupos
afrocolombianos y sus prácticas culturales en la
construcción de la identidad local, lo que a su vez
causa intolerancia y falta en su contra.
- Falta de apoyo de la administración local a los
consejos comunitarios más allá del reconocimiento y
de acciones puntuales, argumentando
desconocimiento y falta de competencias
administrativas. (Entrevistado 5, 22 de abril, 2019)
Falta de reconocimiento
de la existencia de
afectados por la actividad
minera y de las
afectaciones generadas por
la misma.
- Las personas que habitan el municipio manifiestan
que su salud se ha visto afectada gravemente por la
minería y, sin embargo, salvo un informe de la
Defensoría del Pueblo del Cesar del año 2014, no
existe un reconocimiento por parte del Estado o de las
empresas mineras de las afectaciones causadas.
(Tierra Digna, 2015a)
- La administración local niega las violaciones en los
derechos de la población de la Jagua generada por la
actividad minera.
Justicia
cognitiva
Negación y
desvalorización del
conocimiento local y de
las prácticas y saberes
locales.
- La Minería de carbón se impuso en el territorio de la
Jagua de Ibirico, junto con otros proyectos extractivos
de menor escala, como las únicas formas válidas de
desarrollo en este territorio, desconociendo las
múltiples otras formas de vida.
- Según el Estado y las empresas mineras las
afectaciones que ocurren en el territorio, están
cobijadas en los instrumentos de gestión ambiental y
solo pueden ser acreditadas por expertos.
- La actividad minera de carbón en La Jagua afectó la
realización de actividades de subsistencia como la
7 Véase: Impactos a perpetuidad. El legado de la minería. Ideas Verdes..
https://co.boell.org/sites/default/files/2019-10/20191009_ideasverdes_20_web.pdf
16
agricultura y la pesca, que hacían parte de la identidad
local (Tierra digna, 2015a)
Tabla 1. La Justicia Ambiental en el municipio de La Jagua de Ibirco. Fuente: Elaboración propia.
Es posible concluir entonces que el estado de la justicia ambiental en el municipio es bastante
deficiente. La falta de información sobre los asuntos ambientales, sumado a los pocos
escenarios de participación que tienen lugar; generan poca o nula participación ciudadana y
en ocasiones, la pérdida de interés en el ordenamiento del territorio y la gestión de los
recursos naturales. Lo anterior se acentúa dado que los pobladores son conscientes de su
limitado poder de incidencia en las decisiones que se adopten.
De manera similar, la población ha sido víctima de una falta de reconocimiento desde una
perspectiva étnica y cultural, ya que tanto el Estado como las empresas desconocen su
diversidad y formas propias de vivir. Los actores institucionales y empresariales desconocen
a la población jagüera como interlocutores válidos en los debates, ya que son considerados
personas incapaces para opinar y hacer demandas legítimas en torno a los asuntos
ambientales con relevancia en el municipio.
De igual forma, la población de La Jagua ha sido víctima de escenarios de inequidad
ambiental al verse afectada por el uso devastador de los recursos ambientales; la falta de
acceso a éstos y el deterioro progresivo de su calidad de vida. Dichos impactos acumulativos,
sinérgicos y a perpetuidad, han afectado a los pobladores actuales y a las generaciones
futuras.
Por último, la población ha sido víctima de un epistemicidio (Sousa, 2010) y de una falta de
valoración de sus saberes y actividades tradicionales. Lo anterior ha generado una
desmovilización social y una desesperanza en la población local.
17
[…] a mí me place las luchas que dan los del Sumapaz, la gente de por alla donde si hay lucha
verdadera, aquí se perdió el sentido por la lucha, aquí vamos a hacer un paro y no se reúnen
ni 20, se ha perdido la noción de lucha. (Entrevistado 4, comunicación personal, 22 de abril
de 2019)
Cero, el ciudadano no se pronuncia, ¿por qué? No sé si por temor, no sé si por conveniencia
[…]. (Entrevistado 2, comunicación personal, 20 de abril de 2019)
5. El proceso de construcción de Estado en La Jagua de Ibirico
A continuación, se describe el proceso de construcción del Estado local en el municipio desde
su conformación hasta la fecha, a través de la descripción del contexto histórico previo a la
llegada de la minería, para luego profundizar en el análisis del proceso de construcción de
Estado local, desde mediados de la década de los noventa hasta hoy.
5.1. Contexto histórico a la llegada del sector minero: agricultura, ilegalidad,
pugnas de poder, élites y actores armados
El municipio de La Jagua de Ibirico se creó oficialmente en el año 1979 por medio de una
ordenanza del Concejo Municipal de Chiriguana. Respecto al proceso de conformación del
municipio, es necesario tener en cuenta que, previo a su formalización, el municipio vivió
unos periodos diferenciados.
Este es un pueblo que se va poblando poco a poco, como resultado de ese proceso post rochela
que permite que la corona establezca zonas de uso común, a comienzos del siglo XVIII […]
su dinámica económica y social transcurre desde lo pertinente a la agricultura con una
dinámica feudal básicamente hasta los inicios del siglo XX […] eso originó que la población
se dispersara y aquí comienzan a llegar esas personas al inicio de 1950, que básicamente
convierten a La Jagua en un pueblo de mucha producción agrícola. Los Santandereanos […]
pusieron a producir la tierra que nosotros antes mirábamos desde lejos. Hay una diferencia
entre el negro y el santandereano, porque el negro tiene una condición de la felicidad muy
diferente […] Luego desde más o menos 1955, comienza el cultivo del arroz, […] Ya
18
entre1975 y 1980, comienza todo el proceso de la minería que es en el que estamos
(Entrevistado 5, comunicación personal, 22 de abril de 2019).
5.1.1. Dinámica política local
Respecto a la dinámica política, las personas entrevistadas manifestaron que, dado que el
alcalde era elegido por el gobernador, y éste representaba los intereses de la élite regional
(familias Araújo y Castro), los alcaldes elegidos hasta 1989 fueron aquellos que mantenían
vínculos cercanos con las familias de la élite.
[…] hay unas familias tradicionales, que pueden remontar sus orígenes a época de la colonia
[…] y que ademas se vanaglorian que vienen de encomenderos españoles, son las que han
ostentado el poder tradicionalmente y las que le dan un manejo hacendatario a toda la cosa
pública. Nunca un gobernador y un alcalde cuando era nombrado desde la Presidencia o de
la Gobernación era gente del común […]. (Entrevistado 1, comunicación personal, 20 de abril
de 2019)
Es fundamental tener en cuenta que uno de los mecanismos que ha facilitado a estas élites
mantenerse en el poder, son sus relaciones cercanas con el Estado central, una relación que
según González (2014) es esencial para comprender el proceso de construcción de Estado
local.
Con la llegada de la familia Gnecco a principios de los 90´s, se acentuaron las disputas
políticas; ya no centradas en partidos políticos, sino guiadas en torno al poder económico de
las élites familiares de la región.
5.1.2. Violencia socio política
En La Jagua se ha vivido toda suerte de violencias. Antes de la llegada de las guerrillas, se
vivía de la bonanza marimbera cuyos protagonistas impusieron la Ley del más fuerte y
19
“dominaban a punta de plomo”. En los 80´s, se dio la llegada de la guerrilla del ELN y
posteriormente, la llegada de la guerrilla de las FARC8.
La presencia de las guerrillas, al igual que en todo el departamento, implicó el asesinato de
alcaldes (Entrevistado 9, comunicación personal, 19 de abril de 2019), el aumento del
secuestro y de las extorsiones, un flagelo que afectó a parte de la población adinerada de la
región (Barrera, 2014).
[…] aquí hemos vivido de violencia en violencia, incluso antes de la guerrilla aquí había
narcotrafico […] a los narcos de la época les decíamos los marimberos […], pero la ley era
la ley del más fuerte y dominaban a punta de plomo […] entonces salimos de un fenómeno
violento […] y caímos en las manos de la guerrilla, que aunque menos violento, no permitía
que el municipio creciera de una manera ordenada, porque ellos imponían su ley sobre la del
Estado, los alcaldes de la época estaban obligados casi a lo que ellos dijeran. (Entrevistado 7,
comunicación personal, 21 de abril de 2019)
5.1.3. La llegada de la minería de carbón
Respecto a la actividad minera y sus principales antecedentes, según lo documentado en el
sitio web oficial del municipio, fue en los 40´s que las empresas norteamericanas Richmond
Petroleum Company y la Tropical Oil Company, adelantaron estudios exploratorios que les
permitieron concluir que había carbón en la región del viejo Chiriguaná.
A mediados de la década de los ochenta, hubo migraciones por la formalización de la minería
desarrollada en la zona por CARBOCOL.
A finales de los 90´s, se firmaron los dos contratos de aporte minero más antiguos del Cesar:
La Loma (078-1988) y Calenturitas (044-1989). Si bien en esta época existía la Corporación
Autónoma Regional Del Cesar (CORPOCESAR) como entidad encargada de dar
8 Del conflicto armado en el Cesar se tiene referencia a desde 1988, cuando los frentes Manuel Martínez Quiroz
y Camilo Torres Restrepo del ELN; y los frentes 19, 20, 37, 41 y 59 de las FARC-EP, dieron comienzo a una
dinámica bélica sin precedentes (PNUD, 2014).
20
cumplimiento al código de recursos naturales, no existía una institucionalidad ambiental
fuerte en el país, ni instrumentos como la Licencia Ambiental.
5.1.4. Dinámica electoral
En el periodo analizado se instauró en Colombia la elección democrática de alcaldes y
gobernadores, lo cual tuvo efectos en el municipio. Para algunos, la elección popular fue
positiva porque permitió la participación política de ciudadanos locales en el aparato
burocrático del Estado a nivel local.
[cuando] se empezó a elegir por votación popular los alcaldes, también empezó ese sentir de
que “bueno aquí estoy yo, colabórame”; entonces […] los puestos empezaron a ser para los
locales […] (Entrevistado 7, comunicación personal, 21 de abril de 2019).
De otro lado, la elección democrática de alcaldes también configuró un cambio en la política
local, ya que los partidos políticos dejaron de ser los protagonistas y la dinámica electoral
empezó a ser protagonizada por el factor económico.
Cuando el gobernador elegía a los alcaldes el grupo político del gobernador nombraba al
alcalde: si era liberal, un liberal; si era conservador, un conservador. Cuando se hizo por
elección popular, eso empezó a cambiar, es que aquí hay un proceso muy teso que maneja
mucha plata […]. (Entrevistado 4, comunicación personal, 22 de abril de 2019)
5.1.5. Economías ilegales
Desde el origen de este municipio, al igual que otros municipios del departamento, éste ha
estado asociado a economías ilegales, tales como el narcotráfico y el contrabando de bienes.
La configuración de las instituciones del Estado local ha estado aparejada siempre a la
ilegalidad desde la época del contrabando, cuando en los años cuarenta se contrabandeaba
café hacia Venezuela y se traía […] whisky y cigarrillos; posteriormente la bonanza
marimbera; después el narcotráfico. (Entrevistado 1, comunicación personal, 20 de abril de
2019)
21
En conclusión, el periodo analizado da cuenta del proceso de conformación legal del
municipio, cuya consolidación respondió a patrones de clientelismo, ilegalidad, violencia y
cooptación política de las élites.
5.2. Construcción del estado minero: empresa paramilitar, apostadores políticos,
regalías y contaminación (1995 - 2019)
El presente apartado describe el proceso de construcción de Estado local en La Jagua de
Ibirico a partir de mediados de los 90´s, cuando se inician las actividades mineras en el
municipio. Las tablas en este apartado sintetizan el análisis que se hizo sobre cómo los
elementos de la construcción del Estado local han afectado el alcance de la justicia ambiental
desde la opinión de las personas que participaron de las entrevistas del trabajo de campo y a
partir de otras evidencias documentales.
5.2.1. La Minería de carbón, su institucionalización e impactos en un contexto de apartheid
institucional9: la evidencia de una presencia diferenciada del Estado
El Estado central en La Jagua de Ibirico se ha manifestado principalmente a través de dos
mecanismos: la militarización y la presencia e institucionalización de la minería de carbón.
Por otro lado, ha estado ausente en lo que se refiere a la prestación de servicios y garantías
de derechos.
Llegada de la minería de carbón
Cuando las poblaciones locales escucharon que llegarían al territorio grandes empresas
mineras en los 90´s, algunos habitantes pensaron que esta sería una oportunidad para mejorar
sus condiciones.
[…] porque es que los viejos decían: cuando lleguen las compañías es una oportunidad para
ustedes, los jóvenes. Eso no fue mentira, la llegada de Drummond se hizo hasta con cohete y
9 La expresión “apartheid institucional” se utiliza para señalar lo que ocurre en amplias zonas del territorio
nacional en donde el Estado es precario o inexistente y, como resultado de ello, las poblaciones que habitan
esos territorios resultan discriminadas por el hecho de que sus derechos no son reconocidos ni protegidos.
22
todo, “esta es la oportunidad para sus hijos, vayan a trabajar allá, que saquen a sus hijos
adelante ya que ustedes no tuvieron oportunidad” […]. (Entrevistado 9, comunicación
personal, 21 de abril de 2019)
Con las empresas multinacionales llegaron también las promesas de empleo y de mejores
condiciones de vida para las poblaciones. Lo que Acselrad (2017) denomina chantaje
locacional, en un municipio que estaba sometido al apartheid institucional (García, 2013).
Institucionalización y dimensiones de la actividad minera
La Jagua de Ibirico abarca 75.200 Ha, según lo establecido en el catastro minero de la
Agencia Nacional de Minería (ANM)10, dentro de esta área se encuentran vigentes 20
contratos de concesión minera para la explotación de carbón, lo cuales equivalen a 21.561
Ha. Esto implica que aproximadamente el 30% del territorio está concesionado para minería
de carbón11.
Sumado a lo anterior, según lo documentado en 2016 por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA); cuatro de las siete licencias ambientales que existen para minería de
carbón a gran escala se encuentran en la Jagua de Ibirico, y más del 80 % del territorio
municipal está dentro del área de influencia de los proyectos.
Efectos ambientales y sociales negativos de la actividad minera
La actividad minera ha generado afectaciones a los habitantes de este municipio, tales
como dificultades en el acceso a recursos naturales de calidad; deterioro de los
componentes ambientales como el aire, agua y suelos; transformaciones drásticas en su
forma de vida que se traducen en padecimientos de salud y problemas en la alimentación
(CGR, 2014; Defensoría del pueblo, 2014; Tierra digna, 2015a). En el año 2007 expidió
la Resolución 295 del 2007, en la cual se afirmó que
La actividad minera de carbón en […]La Jagua de Ibirico […] ha tenido un acelerado
proceso de desarrollo en los últimos años, lo cual ha generado efectos ambientales
10
Catastro minero revisado el 29 de diciembre del 2019. 11
Esta cifra sólo se refiere a la titulación minera para la explotación de carbón. Por demás, no incluye las 86
solicitudes de titulación minera que están en trámite a la fecha, ante la ANM.
23
negativos, especialmente en materia de calidad de aire, de agua y de biodiversidad,
agudizados por los impactos acumulativos de las actividades puntuales;
Respecto a los efectos negativos en los recursos hídricos, se identifica la pérdida de ríos,
afectando el acceso al agua sobre todo en las zonas rurales y, además afectando actividades
tradicionales.
[…] y ahora la minería nos ha cambiado la vocación que teníamos […] esa minería arrasante
[…] ha acabado con los ríos, después de tener tres ríos importantes como el Sororia, el San
Antonio, el Tucuy hoy no tenemos ni uno […]. (Entrevistado 4, comunicación personal, 22
de abril de 2019)
Según la auditoría realizada por la Contraloría General de la Nación (CGR): “los datos de
campo […] permiten indicar deterioro en la calidad de aguas dentro y alrededor de las zonas
mineras” (2014).
Respecto al deterioro de la calidad del aire, en el año 2007 dadas las presiones de la población
local en una movilización sin precedentes, y con ocasión de un monitoreo de la calidad del
aire en el municipio, que evidenció contaminación atmosférica; el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), declaró la ZMC como área fuente de
contaminación atmosférica por medio de la Resolución 0386 de 2007.
Posteriormente, en el año 2010 el MAVDT ordenó el reasentamiento de tres poblaciones de
la ZMC debido a los altos índices de contaminación en el aire12. Una de las poblaciones a
reasentar fue la comunidad del corregimiento de Boquerón, comunidad de origen
afrodescendiente de La Jagua de Ibirico, que, pese a los diez años de dicha orden, no se ha
reasentado. En lo que respecta a la calidad del aire, si bien ha mejorado en la zona, no cumple
con los estándares internacionales en la materia13.
Apartheid institucional en la Jagua de Ibirico
12
A través de la Resolución 0970 del 2010. 13
Sistema Especial de Vigilancia de Calidad de Aire, SEVCA-ZCC de CORPOCESAR.
24
A pesar de los millonarios recursos recibidos por la minería de carbón, derivados de las
regalías; los indicadores sociales de la Jagua son bastante desfavorables y la oferta estatal es
deficiente. Este es un municipio con un bajo índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI). Según Carrillo (2012):
Este municipio ubicado en el departamento del Cesar ha recibido regalías directas por la
explotación del carbón dentro de su territorio por más de quince años y aún no ha disminuido
el NBI en menos del 15 %, que es lo permitido por la ley, para iniciar a invertir en proyectos
que generen desarrollo económico a la región. (p. 13)
Según el perfil productivo del PNUD (2015) respecto al acueducto, éste tiene una cobertura
del 90%. Sin embargo, la calidad del servicio es regular y la continuidad es baja, además, el
porcentaje de cobertura en el sector rural es apenas del 62%.
Desde que el municipio cuenta con el giro de regalías los alcaldes de la Jagua se han visto
involucrados en procesos judiciales, fiscales y disciplinarios por escándalos de corrupción
relacionados con sobrecostos en las contrataciones; malos manejos de los recursos públicos;
y acciones u omisiones que implican responsabilidad fiscal y penal.
La tabla 2 resume cómo la presencia diferenciada del Estado, caracterizada por una
institucionalización administrativa de la actividad minera en contraste con un abandono
estatal respecto a la garantía de derechos y a la prestación de los servicios públicos, ha tenido
marcados efectos en la justicia ambiental.
Justicia ambiental/
Construcción del
Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Presencia
diferenciada del
Estado
Las autoridades
competentes no
promueven
espacios de
participación
ciudadana efectiva
en asuntos
ambientales.
Las autoridades
encargadas de
llevar a cabo
procesos de
reconocimiento
étnico, son muy
débiles. Además,
el estado local no
reconoce las
quejas de las
Algunas entidades
del Estado, junto
con las empresas
mineras y las élites
locales impusieron
un modelo
económico en el
municipio, en
contradicción con
las prácticas
25
personas sobre sus
padecimientos de
salud ni hay
servicios médicos
adecuados para su
diagnóstico y
tratamiento.
desarrolladas de
manera
tradicional.
Evidencia
Información
oficial:
Realización de
pocas audiencias
públicas
ambientales.
Proceso de
concertación y
titulación minera
sin participación
ciudadana. Poca
participación de
terceros
intervinientes en
expedientes
mineros.
DNP del 2019.
Entrevista con
líder
afrodescendiente.
Relatos recurrentes
de los
entrevistados.
Tabla 2. Impacto de la presencia diferenciada del Estado en los componentes de justicia
ambiental. Fuente: elaboración propia.
5.2.2. La minería de carbón en un contexto de deficiente control y seguimiento ambiental
Bajo desempeño institucional ambiental
Respecto al desempeño institucional en el cumplimiento y seguimiento ambiental, hay dos
hitos de gran importancia. 1) La Contraloría General de la República (CGR) en el año 2014,
en el marco de una auditoría minera realizada en el departamento del Cesar, llamó la atención
sobre la deficiencia de CORPOCESAR en las actividades de seguimiento y control
ambiental, debido a que ésta no incluyó el análisis de la actividad minera en el estudio
hidrogeológico de la zona, impactando así los resultados de los mismos (CGR, 2014, p. 52-
53).
2) La CGR (2018) realizó una auditoría al cumplimiento de las funciones legales del entonces
MAVDT, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la ANLA y
CORPOCESAR en el marco del seguimiento y control ambiental a algunos proyectos
mineros en la ZMC. En dicha auditoría esta entidad de control concluyó respecto a la ANLA,
que existen marcadas deficiencias en el cumplimiento de las funciones de seguimiento,
26
vigilancia y control, que no cumple a cabalidad con la normatividad vigente aplicable; lo cual
genera riesgos o afectaciones a los recursos ambientales.
Además, la CGR afirmó que tanto el Ministerio de ambiente del momento como
CORPOCESAR, han presentado debilidades en el seguimiento y control ambiental a la
actividad minera.
Sumado a lo anterior, las entidades encargadas de estas actividades han ejercido sus
funciones con un enfoque al seguimiento documental, con escaso y deficiente trabajo
territorial y poca cercanía con las poblaciones locales afectadas.
Por otro lado, y en relación al control y seguimiento ambiental; la percepción de las personas
entrevistadas es que la normatividad ambiental no está cumpliendo con su rol de regular
adecuadamente la actividad minera, dado que es muy laxa y muy débil e inefectiva y puede
quedar supeditada a actos de corrupción en las distintas esferas del Estado.
La tabla 3 sintetiza los impactos que el bajo desempeño institucional para el control y
seguimiento ambiental ha tenido sobre elementos esenciales de la justicia ambiental.
Justicia ambiental/
Construcción del
Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Bajo desempeño
institucional para
el control y
seguimiento
ambiental
Las autoridades
competentes no
han otorgado
acceso a la
información
pública ni han
promovido
escenarios de
participación
ciudadana, más
allá que las pocas
exigidas y
alcanzadas por la
población civil.
En los procesos de
evaluación y
supervisión
ambiental el
reconocimiento
étnico se ha
manejado de forma
irregular. Por
ejemplo, en casos
como el del
corregimiento de
Boquerón, pese a
existir población
afro reconocida se
han tomado
decisiones sobre su
territorio sin un
Las autoridades
con competencias
ambientales han
permitido que haya
una distribución
inequitativa de las
cargas ambientales
derivadas de la
actividad minera,
generando
impactos
acumulativos,
sinérgicos.
Los impactos
generados en el
municipio han sido
denunciados por
las comunidades
locales y
documentados por
los entes de
control, sin
embargo, el
Estado, las
empresas y las
élites no reconocen
la gravedad y
desconocen las
denuncias de
pobladores locales.
27
proceso de
consulta previa.
Evidencia Información
oficial:
Realización de
pocas audiencias
públicas
ambientales.
Proceso de
concertación y
titulación minera
sin socialización y
participación
ciudadana. Poca
participación de
terceros
intervinientes en
expedientes
mineros.
Entrevista con
líder
afrodescendiente
de la comunidad de
Boquerón.
Resolución 295 del
2007.
Resoluciones 295
y 0386 de 2007 del
MAVDT
Informes: Tierra
Digna, 2015a;
ANLA,2016;
Auditorías de la
Contraloría
General de la
República, 2014 y
2018.
Relato recurrente
de los
entrevistados.
Tabla 3. Impactos del bajo desempeño institucional para el control y seguimiento ambiental en
la justicia ambiental. Fuente: elaboración propia
5.2.3. Élites políticas con fuertes vínculos con el estado central y con alianzas estratégicas
con diversos actores
Las élites regionales consolidadas en el Cesar han tenido una gran influencia en el proceso
de construcción del Estado local en La Jagua de Ibirico y han sido actores claves para la
entrada de la minería de carbón al municipio. Éstas han tenido un rol de mediación y
facilitación entre los intereses de las empresas y el Estado central por un lado y las
poblaciones locales por otro, haciendo uso de un rol históricamente caracterizado por manejar
de forma hacendataria los temas públicos en el departamento y aprovechando la información
privilegiada a la que tienen acceso. Estas élites serían después, aliadas claves de las empresas
mineras; lo que se manifestaría en cargos dentro de éstas o contratos millonarios para la
ejecución de actividades relacionadas con la minería o con sus regalías14.
La importancia y desarrollo de la economía del carbón y el aumento exponencial del
presupuesto municipal derivado de las regalías mineras, generó que la Alcaldía sea entendida
14 Existen 95 empresas contratistas asociadas a las minas de explotación en el departamento del Cesar
encargadas de sus actividades operativas, técnicas y logísticas (Aroca, et. al, 2018). Además, existen
empresas en Valledupar y Bucaramanga que se han beneficiado de las regalías. (Ardila, et. al, 2011).
Muchas de estas empresas tienen relaciones con familias de la élite regional.
28
como un fortín político y económico desde el año 1995. Esto ha implicado la cooptación del
Estado local por parte de diversos actores con intereses y poder económico, como las élites
locales y regionales; las grandes empresas contratistas de otros departamentos; y los grupos
armados ilegales. Esto explica por qué las campañas a la Alcaldía del municipio son muy
costosas, cuyo valor oscila entre 7.000 u 8.000 millones de pesos (Entrevistados 1, 2, 8 y 9,
comunicación personal, abril de 2019).
Estas cuantiosas campañas, terminan siendo financiadas por actores privados que, cuando su
candidato gana, piden que el monto de la financiación sea devuelto e incrementado por medio
de contrataciones para ejecutar rápidamente recursos públicos. Lo anterior genera que las
alcaldías estén comprometidas desde el inicio, con la satisfacción de los intereses privados
de sus financiadores, cuya mayoría son miembros de las élites, mermando su desempeño
institucional.
Este panorama, sumado a la tradición empresarial de la política local, ha implicado que las
elecciones populares sean entendidas como escenarios de disputa por el poder. La consigna
es “ganar o ganar”.
El problema hoy radica en que, como [La Jagua cuenta] con muchos recursos, es un municipio
que el que juega el apostador político, ¿quién es ese apostador político?, ese que llega, no se
deja ver, no habla, no opina, simplemente inyecta el recurso en el momento necesario, que es
el momento de las campañas. (Entrevistado 2, comunicación personal, 20 de abril de 2019)
La tabla 4 resume cómo la estrategia utilizada por las élites para mantener su status quo ha
estado determinada por sus alianzas con los actores públicos y privados, legales e ilegales,
locales y nacionales. Esto les ha permitido eliminar cualquier obstáculo para cumplir sus
objetivos. En el caso de la minería las élites contribuyeron a que esta se implementara de
manera inconsulta, sin tener en cuenta la voz, vocación, diversidad, reivindicaciones e
identidad del pueblo jagüero.
29
Justicia ambiental/
Construcción del
Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Élites políticas con
fuertes vínculos
con el Estado
central y alianzas
estratégicas con las
empresas.
Las alianzas y
coaliciones que
hicieron las élites
permitieron la
configuración de
escenarios que
limitaron los
espacios de
participación
democrática en
asuntos
ambientales.
Las élites locales
no promovieron
desde su lugar de
poder los procesos
de reconocimiento
étnico.
Las formas como
las élites y sus
coaliciones
entienden el
desarrollo se
impusieron sobre
las prácticas y
saberes de las
comunidades
locales, generando
su descrédito y
desconocimiento.
Evidencia Según los relatos
de los
entrevistados, los
líderes que no
fueron víctimas del
conflicto, han sido
cooptados por las
élites locales. Las
coaliciones logran
apropiarse de la
vocería del pueblo
restringiendo así la
participación.
Según entrevista
con líder afro, los
procesos de
reivindicación
étnica en la Jagua
no han tenido
mucha acogida,
dado que para los
actores de poder no
son prioridad. Las
entidades locales
argumentan
desconocer el
tema. Esto lo
evidencia el DNP
2019.
Según las
entrevistas, las
élites utilizaron su
statu quo para
imponer su
perspectiva de
desarrollo.
Tabla 4. Élites políticas con fuertes vínculos con el estado central y con alianzas estratégicas y
sus efectos en la justicia ambiental. Fuente: Elaboración propia.
5.2.4. Pérdida de identidad y arraigo en detrimento de la movilización y organización
comunitaria
La población del municipio ha perdido su identidad y arraigo jagüero y en la actualidad, no
tiene una agenda conjunta en torno a las necesidades y reivindicaciones colectivas; haciendo
así que sean pocos los escenarios de organización, movilización y protesta social.
Pérdida de identidad y arraigo colectivo derivado de los masivos procesos migratorios
La Jagua de Ibirico se ha conformado por procesos de migración derivados del
recrudecimiento del conflicto armado y de la llegada de la minería de carbón. Esto se ha
manifestado en la presencia constante de población flotante, lo cual ha implicado que de
7.000 habitantes que había en la década de los 80´s se cuente hoy con aproximadamente
37.356 habitantes. (DANE, 2018)
30
A su vez, este proceso ha generado una demanda de bienes y servicios que superan la oferta
y la capacidad municipal; además, ha causado fenómenos de inflación y ha afectado la noción
de lo público y de lo colectivo:
[…] yo voy a La Jagua y no me siento jagüero sinceramente, no conozco la gente porque hay
muchos que han venido a asentarse allí de otras partes y debido a eso, también es que no hay
esa unión entre nosotros […] al alcalde lo elige básicamente la gente de afuera. (Entrevistado
10, comunicación personal, 21 de abril de 2019)
Si bien la llegada de la minería era una promesa de desarrollo y empleo para la población, al
final los migrantes fueron los principales beneficiarios de las ofertas de empleo de las
empresas mineras, lo cual generó un sentimiento de exclusión y marginalización de las
personas nativas del municipio.
Debilitamiento de la movilización y organización comunitaria
En lo que se refiere a la organización social, las Juntas de Acción Comunal son la principal
unidad de organización en el municipio; sin embargo, según lo manifestado por los
entrevistados (2019), la mayoría de éstas, no se apartan del juego electoral local y a cambio
de prebendas, se adaptan a los intereses de las élites.
En términos de movilización, existe un hito en el año 2007, fecha en la cual hubo una
movilización masiva donde se denunciaba el olvido estatal, la falta de empleo y los altos
niveles de contaminación derivados de la actividad minera. Esta es considerada por algunos,
como la primera y única protesta masiva y en contra de la actividad minera en el municipio
(CNMH, 2016).
Con base en lo indagado en el trabajo de campo, es posible inferir que a diferencia de lo que
sucede en otros territorios del país, las organizaciones sindicales locales no cuentan con el
apoyo de la ciudadanía; por cuanto sus reivindicaciones han estado limitadas a la protección
de intereses propios; y no han hecho suyas, las causas de las comunidades locales.
31
En lo que respecta a la dinámica político electoral, gran parte de la ciudadanía, al igual que
los líderes políticos, no se definen por partidos políticos específicos, sino que responden a
liderazgos políticos coyunturales y a los beneficios particulares que podrían obtener de
apoyar a quien llegue a la Alcaldía.
Ante la falta de identidad política, se evidencia un individualismo que afecta las posibilidades
de organización y movilización social.
Aquí es difícil porque el pueblo […]no trabaja por pasión, ni por ideología, ni por corriente.
Somos muy pocos los que aún pensamos de esa manera de lucha, se encuentra muy
sectorizado, muy polarizado […] para nadie es un secreto que aquí todo lo maneja la política,
[…]mi calle no fue pavimentada porque yo estuve en la corriente distinta, ese es uno de los
grandes ejemplos. (Entrevistado 6, comunicación personal, 22 de abril de 2019).
En el caso de los trabajadores mineros y asociados, el municipio se comprende como un lugar
del que se puede sacar provecho dada la bonanza económica y no como un territorio para
hacer un proyecto de vida individual y/o comunitario.
En la actualidad, se evidencian algunos líderes fuertes que merman sus esfuerzos a cambio
de puestos para sí o para sus familiares en las empresas mineras o en la administración
municipal. (Entrevistados 4 y 9, comunicación personal, abril de 2019).
Lo anterior, da cuenta de un municipio con poca organización y movilización comunitaria,
donde además de haber cooptación de los liderazgos, las pocas formas organizativas que
tienen lugar, son socavadas por la desesperanza dada la falta de respuesta estatal respecto de
sus reivindicaciones.
La justicia ambiental en el municipio de la Jagua de Ibirico se ha visto impactada de manera
negativa por la pérdida de identidad y arraigo (Tabla 5), dado que esto dificulta los procesos
de organización comunitaria en torno a temas comunes que permitan propiciar escenarios de
organización, participación y movilización ciudadana.
32
Justicia
ambiental/
Construcción
del Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Pérdida de
identidad y
arraigo
colectivo
derivado de los
masivos
procesos
migratorios
La Jagua de Ibirico
está conformada por
identidades y
formas de vida
diversas debido a
los procesos
migratorios,
generando una
pérdida de arraigo,
un cambio de los
valores locales y
una transformación
en la identidad con
el territorio jagüero.
Las migraciones
masivas generaron
la imposición de
cargas
desproporcionadas
en términos sociales
y ambientales, tales
como la superación
de la capacidad de
carga biológica en
el municipio, y la
imposición de
cargas insostenibles
en términos de
bienes y servicios.
Pese a esto, los
beneficios
económicos de la
minería, como
puestos de trabajo o
las contrataciones,
son recibidos por la
población flotante
trabajadora quienes
lo invierten en sus
lugares de origen.
La llegada de la
población flotante,
generó una tensión
entre los valores y
conocimientos de
los nuevos
pobladores y las
formas de vida de
los habitantes
tradicionales,
aumentando la
conflictividad y
generando un
menoscabo de los
saberes locales.
Evidencia
Entrevistas.
Documentación de
las migraciones
hechas por la
Alcaldía de La
Jagua de Ibirico.
Datos oficiales de la
alcaldía de la Jagua.
Censo Nacional.
Relatos de
entrevistados.
Entrevistas.
Debilitamiento
de la
movilización y
organización
comunitaria
Falta de capacidad
de presión,
incidencia e
impacto en las
decisiones locales.
Reconocimiento
formal de la
existencia de
comunidades
étnicas por parte del
Estado, pero falta de
claridad y de
metodologías para
materializar dicho
reconocimiento.
Las denuncias sobre
las afectaciones
ambientales y sus
consecuentes
impactos en la salud
se difuminan dada
la falta de
mecanismos de
canalización y
seguimiento.
Facilita que el
Estado incumpla su
obligación de
garantizar el acceso
a la información por
parte de la
ciudadanía. Facilita
el descredito de los
saberes y demandas
locales, dado que el
Estado y las
empresas utilizan la
desorganización,
para argumentar
que estas no son
ciertas o claras, y
así quitarles
validez.
33
Evidencia Entrevistas. Estudio DNP del
2019.
Relatos recurrentes
de las entrevistas,
específicamente,
funcionarios
Defensoría del
Pueblo y dos líderes
afro.
Entrevistas.
Tabla 5. Pérdida de identidad y arraigo colectivo en detrimento de la movilización y
organización comunitaria; y sus efectos en la justicia ambiental. Fuente: Elaboración propia.
5.2.5. Cooptación del municipio de la Jagua de Ibirico dada su dependencia de las regalías
La dependencia de la Jagua de Ibirico de las regalías, genera cooptación del Estado local.
Según lo indagado sobre la influencia de las empresas mineras en la política local, hay
quienes creen que hay apoyos electorales directos de las empresas mineras lo que se
evidencia en acciones y manifestaciones de los Alcaldes. “Claro, uno no puede decir con
datos precisos, pero cuando uno escucha hablar a la alcaldesa, uno escucha hablar al
empresario minero […]”. (Entrevistado 5, comunicación personal, 22 de abril de 2019).
No obstante, lo anterior, la mayoría opina que estas no intervienen de manera directa en la
elección de los alcaldes o funcionarios del concejo municipal. Según lo documentado, las
empresas mineras y sus asociadas siempre cuentan con el apoyo (o el silencio) del Alcalde y
de la administración local de turno, sin importar sus apoyos específicos en época de campaña
electoral, ya que éstas además de pagar las regalías que recibe La Jagua de Ibirico, apoyarán
al mandatario de turno por medio de inversiones, alianzas o planes adicionales (Entrevistados
4 y 9, comunicación personal, abril de 2019).
Según lo investigado, las empresas contratistas de las empresas mineras o del municipio
tienen gran influencia económica en la región, ya que algunos están directamente vinculados
con las élites regionales; según las personas entrevistadas, aquellas sí inciden en la elección
de los mandatarios locales con el fin de que éstos se mantengan afines a sus intereses.
Gran parte del presupuesto municipal del municipio proviene de las regalías otorgadas por
medio de asignaciones directas e indirectas. La tabla 6 muestra cómo la dependencia del
municipio de las regalías proveniente de la actividad minera, pone a esta entidad en una
34
situación desfavorable ante las empresas mineras, incluso generando un apoyo irrestricto de
las administraciones locales a estas empresas, a veces en contradicción con los reclamos de
la población local.
Justicia ambiental/
Construcción del
Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Cooptación del
municipio dada su
dependencia de las
regalías
La dependencia de
las regalías en el
municipio hace
que los pobladores,
pese a vivir los
impactos de dicha
actividad, ante la
falta de un
panorama de
alternativas en el
municipio, se
resignen a que la
minería es la única
opción. Los
procesos de
participación
democrática en
asuntos
ambientales y de
relevancia
territorial no son
procesos que
generan incentivos
para la población
dado que los
mismos carecen de
impacto.
Dificulta procesos
de reconocimiento
étnico que puedan
limitar u
obstaculizar
proyectos mineros.
Impide procesos de
reconocimiento del
Estado local sobre
la grave crisis
ambiental y social
derivada de la
actividad minera.
La actividad
minera no genera
valor agregado en
el territorio ni
contribuye a
alcanzar procesos
de desarrollo
endógeno, sin
embargo, si se
convierte en la
actividad con
mayor impacto en
las rentas
municipales,
menoscabando la
posibilidad de
desarrollar
cualquier proyecto
de desarrollo
propio.
Evidencia Relatos recurrentes
de las entrevistas.
Relatos recurrentes
de las entrevistas
Revisión
documental:
Barrera, 2014;
Tierra digna,
2015ª.
Tabla 6. Efectos de la cooptación del municipio de La Jagua de Ibirico y sus efectos en la
justicia ambiental. Fuente: Elaboración propia.
5.2.6. Militarización y paramilitarización del municipio con fines de expansión y
protección de proyectos económicos
La llegada de la minería al municipio estuvo acompañada de un proceso de militarización y
paramilitarización del territorio útiles para la implementación del proyecto de desarrollo
minero promovido por el Estado central en alianza con las élites locales y las empresas
35
mineras. En el municipio de La Jagua hace presencia la Primera División del Ejército de
Colombia, y en específico la Décima Brigada15. La militarización con fines de seguridad para
la actividad minera se dio por medio de al menos tres figuras: convenios de cooperación16,
establecimiento de unidades especiales17 y la instalación de bases militares dentro de las
minas (Tierra Digna, 2015a). Estas formas en lo local se constituyen en figuras de
privatización y desnaturalización de la fuerza pública, dado que las fuerzas militares ya no
están para proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza, sino que dedican gran parte de
sus esfuerzos a proteger intereses privados de las empresas mineras, y otros proyectos de
menor escala como el monocultivo la palma y la ganadería.
Si bien mantener el orden público y dar seguridad a los ciudadanos es un asunto de seguridad
nacional, la finalidad de la militarización, antes descrita, es proteger las instalaciones y el
personal de las empresas mineras, y no mantener la seguridad ciudadana.
Respecto a la paramilitarización en este territorio; en el año de 1996, se dio la llegada del
frente “Juan Andrés Álvarez” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (Las 2 orillas,
2014). En un principio se pensaba que este arribo tenía fines contrainsurgentes, sin embargo,
luego se evidenció que las AUC, cuyo accionar era muy violento, utilizaron el municipio de
La Jagua para emprender un proceso empresarial de transformación en el territorio, basado
en el control violento del poder local; el manejo de los recursos públicos; un modelo de
hegemonía cultural; y el exterminio a líderes sociales principalmente de izquierda.
El tema también de la violencia, sobre todo la violencia paramilitar es donde con mayor
claridad se observa […] el proyecto empresarial de los paramilitares, ahí es donde se ve más
claro el porqué del proceso de despojo de tierras […] muchas de esas tierras han pasado a ser
ahora de manera indirecta o directa de las multinacionales mineras. Esos despojos de tierras
no fueron casos surgidos al azar. (Entrevistado 1, comunicación personal, 20 de abril de 2019)
15 La Décima brigada blindada se creó mediante resolución 0181 del 21 de marzo del 2005. 16 A partir del año 2008, se empezaron a suscribir convenios de cooperación entre las empresas mineras con
presencia en el municipio de la Jagua de Ibirico y la fuerza pública (específicamente con la Brigada 10 y el
Batallón especial y energético No. 2). 17 Batallón especial, energético y vial No. 2 José María Cansino.
36
Ese modelo paramilitar tuvo efectos en la configuración de todas las instituciones, las
políticas e incluso en el ordenamiento espacial del municipio. “El paramilitarismo “barrió”
el territorio, amenazando y expulsando a las organizaciones y a los líderes más críticos […]
dejando a la población local sin liderazgos visibles […] lo cual pudo afectar iniciativas futuras
de movilización” (Entrevistados 1 y 8, comunicación personal, abril de 2019).
Existen varios indicios sobre la relación entre las empresas mineras Drummond y Prodeco y
los grupos paramilitares. Los casos de Alfredo Araujo Castro y Jaime Blanco Araujo son
muy representativos.
Alfredo Araújo Castro, sobrino de Álvaro Araújo Noguera [patriarca político de la región],
fue el gerente de Relaciones de la Comunidad de la Drummond […] en entrevista con InSight
Crime, Jaime Blanco Maya dijo que la empresa acordó pagarle más por su contrato. El dinero
extra, dijo, era utilizado para pagarles a los paramilitares de Jorge 40 por sus “servicios de
protección”. (Dudley, 2016)
Existen versiones libres de ex-paramilitares desmovilizados que afirman haber estado en
reuniones donde se habló de los pagos de las empresas mineras a las AUC, a cambio de sus
“servicios” de seguridad (CNMH, 2016). Por último, hay indicios de que las empresas de
seguridad privada de las empresas mineras están dirigidas o conformadas por ex miembros
de la fuerza pública, ex–miembros de la inteligencia de EEUU y por ex-paramilitares
(Entrevistado 1, comunicación personal, 20 de abril de 2019).
Estos procesos de militarización y paramilitarización, se convirtieron en elementos
disuasorios que generan miedo en la población civil. La Tabla 7 resume estos impactos.
Justicia ambiental/
Construcción del
Estado local
Participación Reconocimiento Equidad Justicia cognitiva
Militarización y
paramilitarización
del municipio con
fines de expansión
y protección de
proyectos
económicos
La militarización y
la cercanía de las
FFMM con las
empresas mineras
y las élites locales,
afectan la
ocurrencia de
escenarios de
Los fenómenos
paramilitares en
alianza con las
élites locales y las
empresas mineras
generan procesos
de violencia y
despojo los cuales
La violencia y los
despojos
indirectamente
asociados con la
actividad minera y
a los poderes
locales
obstaculizan la
37
participación
ambiental, al
convertirse en
obstáculos para el
ejercicio de
derechos como la
denuncia, la
protesta y la
movilización
ciudadana.
afectan el acceso a
la vivienda digna y
a los recursos
naturales para una
vida digna.
reproducción de
formas
tradicionales de
vivir.
Evidencia En las entrevistas
se manifestó que
una de las razones
para no
movilizarse, es que
ante cualquier
protesta envían al
ESMAD o al
ejército a interferir,
en ocasiones de
manera violenta.
Entrevistas y
Revisión
documental:
Barrera, 2014.
Entrevistas y
Revisión
documental: Tierra
Digna, 2015a.
Tabla 7. Los efectos de la militarización y paramilitarización del territorio en la justicia
ambiental. Fuente: Elaboración propia.
6. Conclusiones
El proceso de construcción del Estado local en el municipio de la Jagua de Ibirico ha
contribuido a la generación de escenarios de (in)justicia ambiental para sus habitantes, dado
que los factores que caracterizan dicho proceso, han incidido negativamente en la
participación, el reconocimiento, la equidad y la justicia cognitiva.
La injusticia ambiental experimentada por los pobladores de La Jagua de Ibirico ha llegado
a niveles insospechados, puesto que, ha afectado las dinámicas sociales y culturales de miles
de familias, ha generado impactos ambientales a perpetuidad los cuales afectarán a las
generaciones futuras, ha deteriorado la calidad de vida de la gente y ha socavado todo vestigio
de acción colectiva en el municipio, derivándose en un escenario desolador.
Es relevante señalar que los factores de la construcción del Estado local con más incidencia
en los escenarios de injusticia ambiental que tienen lugar en el municipio son el bajo
desempeño institucional para el control y seguimiento ambiental; y la pérdida de identidad y
arraigo en detrimento de la movilización y organización comunitaria. Ambos factores afectan
38
los cuatro elementos constitutivos de la justicia ambiental, y han incidido de manera
determinante en su falta de avance por parte de los pobladores locales.
Además, los factores de construcción del Estado local referentes a la presencia diferenciada
del Estado; militarización y paramilitarización del municipio; la cooptación del municipio
debido a las regalías; y la existencia de élites políticas con fuertes vínculos con el Estado
central y las empresas, han afectado de manera similar el avance hacia la justicia ambiental
en La Jagua. Todas estas circunstancias de construcción de Estado local analizadas, afectan
al menos tres de los elementos propios de la justicia ambiental.
Los elementos de la justicia ambiental más afectados por el proceso de construcción de
Estado local son la participación y la justicia cognitiva, dado el evidente grado de exclusión
de la población en las decisiones ambientales, y el claro epistemicidio del que es víctima la
población jaguera.
El caso de La Jagua de Ibirico es ilustrativo para el análisis de las teorías del desarrollo
económico y teorías críticas del desarrollo, dado que evidencia cómo pese a la clara injusticia
ambiental que viven sus habitantes, ésta no se ha derivado en procesos de resistencia, sino
que por el contrario ha generado desmovilización, cooptación y desesperanza. En este
contexto el proceso de construcción de Estado local ha sido determinante, dado que sus
características obstaculizaron el desarrollo de procesos organizativos. Por lo anterior, este
caso cuestiona hallazgos de la ecología política, en los que se ha concluido que en escenarios
de injusticia ambiental se generan efectos positivos en términos de organización,
movilización y resistencia.
Esta investigación evidencia además lo enriquecedor de emprender análisis sobre la
incidencia de los procesos de construcción de Estado local en el alcance de la justicia
ambiental en distintos territorios de Colombia, dado que de esta manera los análisis sobre las
transformaciones institucionales necesarias en materia ambiental, pasarían de ser una
generalización sobre la brecha de implementación existente, a convertirse en
39
reivindicaciones más concretas, que además otorgan mayor agencia a los sujetos y
comunidades involucradas.
Es recomendable que el Estado, antes de seguir promoviendo la expansión del modelo minero
en La Jagua de Ibirico, genere procesos de participación efectivos e inclusivos, con los
diversos actores sociales del municipio, cuyo reconocimiento propenda por la justicia
cognitiva, con el fin de evaluar de manera integral los efectos reales que ha traído la actividad
minera al municipio y las transformaciones necesarias a futuro respecto de ésta, en un
contexto global en el cual debido a la crisis climática se están promoviendo procesos de
descarbonización en el corto plazo.
40
BIBLIOGRAFÍA
1. Acemoglu, D., Verdier, T., y Robinson., J. (2004). Kleptocracy and divide-and-rule:
a model of personal rule. Journal of the European Economic Association, 2(2–
3),162–192 [Versión epub]. Recuperado de https://economics.mit.edu/files/4462
2. Acosta, A. (2010). Maldiciones que amenazan la democracia. Nueva Sociedad, 229,
43-61. Recuperado de http://nuso.org/media/articles/downloads/3722_1.pdf
3. Alcaldía de la Jagua de Ibirico: Plan Municipal de Desarrollo Municipal “Desarrollo
sostenible con más oportunidades 2016 - 2019”: 2016. Recuperado de
http://lajaguadeibirico-cesar.gov.co/apc-aa-
files/65336239373863386330333937613136/pdt-la-jagua-acuerdo-023-junio-7-
final.pdf
4. Ardila, E., Ternera, C., y Giraldo, J. (2011).). Imágenes y relatos de la actividad
carbonera en el Cesar y Magdalena. Colombia: Editorial Unimagdalena.
5. Agencia Nacional de Minería. (2017). Acta de concertación municipio de la Jagua de
Ibirico, Cesar y la Agencia Nacional de Minería. Recuperado de:
https://www.anm.gov.co/sites/default/files/actas_de_concertaciones/10.9La_Jagua_
de_Ibirico_Cesar.pdf
6. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. (2016). Reporte Sobre la Zona Minera
del Centro del Cesar. Colombia. Recuperado de
http://www.anla.gov.co/sites/default/files/biblioteca_web_anla_pdf/zona_minera_de
l_cesar4.pdf
7. Aroca, T
Pertuz, V. Pérez, A., y Márquez, J. (2018). “Cultura Innovadora en
Empresas Contratistas de las Minas de Explotación de Carbón”. Información
Tecnológica, n. 29(5), pp. 267-278. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/328245273_Cultura_Innovadora_en_Emp
resas_Contratistas_de_las_Minas_de_Explotacion_de_Carbon_en_Colombia. DOI:
10.4067/S0718-07642018000500267
8. Acselrad, H. (2017). Génesis y configuración de las luchas por justicia ambiental en
Brasil. En Ecología política latinoamericana. Pensamiento critico, diferencia
latinoamericana y rearticulación epistémica. (231-255). Recuperado de:
41
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171030111951/GT_Ecologia_politica_To
mo_I.pdf
9. Bonet-Morón, J. y Aguilera-Díaz, M. (2018). Cincuenta años de la economía del
Cesar: De la agroindustria del algodón a la extracción del Carbón. En Cuadernos de
historia económica. 48. Recuperado de:
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9373/che_48.pdf?se
quence=9&isAllowed=y
10. Barrera, V. (2014). Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y
conflicto armado en el Cesar. En Territorio y conflicto en la costa Caribe. (227-330)
Bogotá: Odecofi-Cinep.
11. Berger, M. (2012). Justicia ambiental en América Latina. Inteligencia colectiva y
creatividad institucional contra la desposesión de derechos. e-cadernos. 17. doi
10.4000/eces.1128.
12. Carrillo, A. (2012). Cálculo del impacto socioeconómico de la inversión de los
recursos de regalías de carbón y compensaciones en el municipio de La Jagua de
Ibirico. Revista Agunkuyâa. 2 (1), 12-21. Recuperado de
https://revia.areandina.edu.co/index.php/Cc/article/view/299
13. Centro de investigación y educación popular - CINEP. (2014). Impactos socio
territoriales de la explotación minera en los departamentos del Cesar y La Guajira.
En La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales,
laborales, ambientales y territoriales del Foro Nacional Ambiental, 1, 45-65.
Recuperado de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11067.pdf
14. Centro de investigación y educación popular - CINEP. (2014). Minería y conflictos
en el caribe Colombia: hacia una ecología política de la minería de carbón. Bogotá:
U. Javeriana.
15. Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH, (2016). La maldita tierra. Guerrilla,
paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de Cesar. [versión
electrónica] Bogotá: CNMH. Recuperado de
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll2/id/66
42
16. Chavarría, M. y García, F. (2004). Otra globalización es posible: diálogo con
Boaventura de Sousa Santos [Diálogo]. Íconos: revista de ciencias sociales, 19, 100-
111. Recuperado de http://200.41.82.22/handle/10469/2268
17. Contraloría General de la República. CGR, (2013). Evaluación proceso de
reasentamiento poblacional por minería de carbón en el departamento del Cesar.
Contraloría General de la República.
18. Contraloría General de la República. CGR, (2013). Implicaciones de la minería de
carbón en el ambiente y la salud humana. Una aproximación abreviada al estado del
arte. Contraloría General de la República.
19. Contraloría general de la República. CGR, (2014). Análisis intersectorial sobre la
mineria de carbon en el departamento del Cesar. Un enfoque desde la perspectiva
del riesgo. Contraloría General de la República.
20. Contraloría General de la República. CGR (2018). Informe auditoría de cumplimiento
al proceso de licenciamiento ambiental a los proyectos de minería de carbón en el
departamento del Cesar ANLA, CORPOCESAR y MADS con corte al 2017.
Contraloría General de la República.
21. Defensoría del Pueblo. (2014). Afecciones en la salud y daño ambiental como
consecuencia de la explotación minera en el Centro del Cesar. Valledupar.
22. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE. (2018). Resultados
Censo Nacional de población y vivienda del DANE. Recuperado de
http://geoportal.dane.gov.co/geovisores/sociedad/cnpv-
2018/?lt=9.558038982639474&lg=-73.32256193799992&z=11
23. Departamento Nacional de Planeación. DNP. (2019). Caracterización de la población
afrodescendiente en el municipio de la Jagua de Ibirico, Cesar. Recuperado de
https://la-jagua-de-ibirico.micolombiadigital.gov.co/sites/la-jagua-de-
ibirico/content/files/000243/12108_2019820400084-gobierno-mga-afro-2019.pdf
24. Dudley, S. (2016). Élites y crimen organizado en Colombia: ‘Jorge 40’. InSight
Crime. Recuperado de https://es.insightcrime.org/investigaciones/colombia-elites-
crimen-organizado-jorge-40/
25. Durand, F. (2016). Cuando el poder extractivo captura el Estado: Lobbies, puertas
giratorias y paquetazo ambiental en Perú. Recuperado de:
43
https://peru.oxfam.org/sites/peru.oxfam.org/files/file_attachments/capturadurand%2
0VF_0_2.pdf
26. Escobar, A. (2016). Desde abajo, por la izquierda, y con la Tierra: la diferencia de
Abya Yala/Afro/Latino-América. Intervenciones en estudios culturales, 3(2), 117-
134. Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de:
https://intervencioneseecc.files.wordpress.com/2017/01/n3_art06_escobar.pdf
27. Fraser, N. (2008). La justicia social la era de la política de identidad: redistribución,
reconocimiento y participación. Revista de Trabajo. 6, 83-99. Recuperado de:
http://trabajo.gob.ar/downloads/igualdad/08ago-dic_fraser.pdf
28. García, M. García, M. Rodriguez, J. Revelo, J. y Espinosa, J. (2011). Los estados del
País: Instituciones municipales y realidades locales. [versión electrónica].
Recuperado de: https://www.dejusticia.org/publication/los-estados-del-pais-
instituciones-municipales-y-realidades-locales/
29. García, M. y Espinosa, J. (2013). El derecho al Estado. Dejusticia. [versión
electrónica]. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/publication/el-derecho-al-
estado-los-efectos-legales-del-apartheid-institucional-en-colombia/
30. García, M. Revelo, J., Torres, N., Espinosa, J. y Duarte, N. (2016). Los territorios de
paz y la construcción del Estado local en Colombia. En Documentos DEJUSTICIA
28. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/03/Los-
territorios-de-la-paz-la-construcci%C3%B3n-del-Estado-local-en-Colombia.pdf
31. García, M y Revelo, J. (017). La construcción del Estado local en Colombia. Analisis
politico, 31(92), 69-95. Recuperado de:
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/71098
32. García, M. y Rebolledo, J. (2018). El Estado de la periferia: historias locales de
debilidad institucional. [versión electrónica] Recuperado de:
https://www.dejusticia.org/publication/el-estado-en-la-periferia-historias-locales-
de-debilidad-institucional/
33. González, F. Bolívar, I y Vázquez, T. (2002). Conflicto armado y proceso de
construcciñon del Estado. Una Mírada de mediano y largo plazo sobre la violencia.
En Violencia política en Colombia: de la nación fragmentada a la construcción de
Estado. 193–236. Bogotá:CINEP.
44
34. González, F. y Rettberg, A. (2010). Pensando la fragilidad estatal en Colombia. En
Revista de Estudios Sociales, 37, 181-184. Recuperado de
https://journals.openedition.org/revestudsoc/12941#quotation
35. González, F. (2014). Poder y violencia en Colombia. Bogotá: Odecofi-CINEP
36. González, X. (2013). Transformaciones culturales y territoriales ocasionadas por la
mineria a gran escala: el caso de la comunidad de Boqueron. (Tesis de maestría)
Recuperado de:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15290/GonzalezSerrano
MariaXimena2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y
37. Gonzáles, H. (2019). Impactos de las actividades mineras legales en los ecosistemas
naturales del país. En Diagnóstico de la información ambiental y social respecto a la
actividad minera y la extracción ilícita de minerales en el país. Documento de
Investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera
y la explotación ilícita de minerales, en los ecosistemas del territorio colombiano.
Recuperado de: http://www.humboldt.org.co/images/documentos/2-diagnstico-
actividad-minera-y-explotacin-ilicita-expertos.pdf
38. Grajales, J. (2013). State Involvement, Land Grabbing and Counter-Insurgency in
Colombia” Development and Change, 44(2), 211–232. doi. 10.1111/dech.12019
39. Gudynas, E. (2010). La senda biocéntrica: valores intrínsecos, derechos de la
naturaleza y justicia ecológica. En Tabula Rasa,13, 45-71. Recuperado de
http://www.scielo.org.co/pdf/tara/n13/n13a03.pdf
40. Gudynas, E. (2013). Extracciones, extractivismos y extrahecciones un marco
conceptual sobre la apropiación de recursos naturales. En Observatorio del
Desarrollo, 18, 1-18. Recuperado de http://ambiental.net/wp-
content/uploads/2015/12/GudynasApropiacionExtractivismoExtraheccionesOdeD2
013.pdf.
41. Kahhat, F. (2013). Las industrias extractivas y sus implicaciones políticas y
económicas. En Estudios Internacionales,174, 59-77. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/262584721_Las_industrias_extractivas_y
_sus_implicaciones_politicas_y_economicas
45
42. Kvale, S. (2007). The Sage qualitative research kit. Doing interviews. Sage
Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849208963
43. Machado, H. (2016). Ecología política de los regímenes extractivistas. De
reconfiguraciones imperiales y re-ex-sistencias decoloniales en Nuestra América. En
Bajo el Volcán, 23, 11-51. Recuperado de
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/69756
44. Machado, H. (2017). América latina y la ecología política del sur. Luchas de re-
existencia, revolución epistémica y migración. En. Ecologia Politica
Latinoamericana: pensamiento critico, diferencia latinoamericana y rearticulacion
epistemica. Recuperado de
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171030104749/GT_Ecologia_politica_To
mo_II.pdf
45. Martínez Alier, J. (2002). The Environmentalism of the Poor.University of
Witwatersrand, Johannesburg. DRAFT—UNPUBLISHED PAPER. Recuperado de:
http://www.unrisd.org/80256B3C005BCCF9/(httpAuxPages)/5EB03FFBDD19EA9
0C1257664004831BD/$file/MartinezAlier.pdf
46. Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y justicia ambiental. En Papeles,
103, 11-27. Recuperado de https://www.fuhem.es/papeles_articulo/conflictos-
ecologicos-y-justicia-ambiental/
47. Martínez Alier, J. (2011). La justicia ambiental y el decrecimiento económico. Una
alianza entre dos movimientos. En Ecología política. Recuperado de
https://www.ecologiapolitica.info/?p=4233
48. Martínez Alier, J. (2015). Ecología política del extractivismo y justicia socio
ambiental. En Inter disciplina, 7 (3), 57-73. Recuperado de
http://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/article/view/52384/46761. DOI:
10.22201/ceiich.24485705e.2015.7.52384.
49. Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la
investigación científica. En Pensamiento & Gestión, 20, 165-193. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
50. Mesa Cuadros, G., Ortega, G., Choachí, A., Quesada, C. y Sanchéz (2015). Conflictos
ambientales: elementos conceptuales y metodológicos para su análisis. En
46
Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos ambientales. [versión
electrónica]. Recuperado de: https://www.uneditorial.com/conflictividad-ambiental-
y-afectaciones-a-derechos-ambientales-derecho-ambiental.html
51. Mesa Cuadros (2018). Algunos elementos del concepto de justicia ambiental. En Una
idea de justicia ambiental. [versión electrónica]. Recuperado de:
https://www.uneditorial.com/catalog/product/view/id/382552/
52. Mesa Cuadros (2019). Derechos ambientales en perspectiva de integralidad. concepto
y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el "Estado
ambiental de derecho”. (4 ed.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
53. Merlinsky, G. (2015) Justicia ambiental y políticas de reconocimiento en Buenos
Aires. En Perfiles Latinoamericanos, 26(51), 241-263. doi:10.18504/pl2651-010-
2018
54. Merlinsky, G. (2017). Los movimientos de justicia ambiental y la defensa de lo
común en América Latina. cinco tesis en elaboración. En Ecología política
latinoamericana. pensamiento critico, diferencia latinoamericana y rearticulacion
epistemica. 2, 241-264. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20171030104749/GT_Ecologia_politica_To
mo_II.pdf
55. Miller, D. (2001) Principles of Social Justice. Oxford: Oxford University Press.
56. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT (2007).
Resolución 0295 del 2007 “Por la cual se ejerce temporalmente el conocimiento de
asuntos asignados a la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, en
virtud de la facultad selectiva y discrecional consagrada en el numeral 16 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993 y se adoptan otras determinaciones.” Recuperado de:
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2007/46549/r_mav
dt_0295_2007.html
57. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT (2007).
Resolución 0386 del 2007 “Por la cual se clasifican áreas-fuente de contaminación
en la zona carbonifera del Cesar y se adoptan otras determinaciones.” Recuperado
de:
http://www.avancejuridico.com/actualidad/documentosoficiales/2007/46565/r_mav
dt_0386_2007.html
47
58. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. MAVDT (2010).
Resolución 0970 del 2010 “Por medio de la cual se ordena un reasentamiento
involuntario”. Recuperado de https://conflictos-
ambientales.net/oca_bd/media_references/download/672
59. Ministerio de Minas y Energía. (2016). Política Minera Nacional, bases para la
minería del futuro. Bogotá. Recuperado de:
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/698204/Pol%C3%ADtica+Minera
+de+Colombia+final.pdf/c7b3fcad-76da-41ca-8b11-2b82c0671320
60. Muradian, R., Walter, M. y Martínez Alier, J. (2012). Hegemonic transitions and
global shifts in social metabolism: Implications for resource-rich countries.
Introduction to the special section”. En Global environment change, 22(3), 559 - 567.
doi: 10.1016/j.gloenvcha.2012.03.004
61. Pax Christi . (2014). El lado oscuro del carbón. La violencia paramilitar en la zona
minera del Cesar, Colombia. Recuperado de https://paxencolombia.org/wp-
content/uploads/2016/11/PAX-el-lado-oscuro-del-carbon-v3.pdf
62. Perdomo, J. Jaramillo, A y Mendieta, J. (2010). Estimación de la senda óptima de
extracción para un recurso natural no renovable: caso de estudio para la actividad
carbonífera a cielo abierto en el centro del departamento del Cesar, Colombia.
Documentos CEDE 006855. Bogotá: Universidad de los Andes - CEDE. Recuperado
de
https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/dcede2010-
09.pdf
63. Pérez, M. (2014). Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y
análisis. Estudio para 72 casos de injusticia ambiental [Documento de trabajo].
Recuperado de: http://censat.org/apc-aa-
files/3ba8718d4f467249a9a9449394c8bcd6/conflictos-ambientales-col-corto-72-m-
perez-univalle-cinara.pdf
64. Pérez, M. (2014b). “Injusticias ambientales en Colombia: estadísticas y analisis para
95 casos”. En Ambiente y sostenibilidad, 4, 65-78. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/273381329_INJUSTICIAS_AMBIENTA
48
LES_EN_COLOMBIA_ESTADISTICAS_Y_ANALISIS_PARA_95_CASOS_Env
ironmental_Injustice_in_Colombia_Statistics_and_Analysis_for_95_cases
65. PNUD. (2014). Cesar: análisis de las conflictividades y construcción de paz.
Recuperado de https://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-
cesarconflictividades-2015.pdf
66. PNUD. (2015). Perfil productivo de la Jagua de Ibirico. Recuperado de
https://issuu.com/pnudcol/docs/perfil_productivo_la_jagua
67. Ramírez, F. y Zwerg, A. (2012). Metodología de la investigación: más que una receta.
En AD-minister, 20, 91-111. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044261
68. Rawls, J. (2016). Justicia distributiva. Recuperado de:
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183136/rev24_ra
wls.pdf
69. Rodrigues, R. (2014). Estados y regímenes extractivos en América Latina.. En el
estado y la construccion de desigualdades en America Latina” de la 3ª Conferencia
Internacional de desigualdades.net realizada en Berlín, Alemania. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/309760857_Estado_y_Regimenes_Extract
ivos_en_America_Latina
70. Santos, B. (2006). Conocer desde el Sur Para una cultura politica emancipatoria.
[versión electrónica]. Recuperado de
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Conocer%20desde%20el%20Sur_Li
ma_2006.pdf
71. Santos, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. [versión electrónica].
Recuperado de: [versión electrónica].
http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/Descolonizar%20el%20saber_final
%20-%20C%C3%B3pia.pdf
72. Santos, B. (2019). Educación para otro mundo posible. [versión electrónica].
Recuperado de https://cpalsocial.org/documentos/793.pdf
73. Schlosberg, D. (otoño 2004). Reconceiving Environmental Justice: Global
Movements and Political Theories. En Environmental Politics, 3 (13), 517 – 540.
Recuperado de
49
https://www.researchgate.net/publication/228885105_Reconceiving_Environmental
_Justice_Global_Movements_And_Political_Theories. DOI:
10.1080/0964401042000229025.
74. Schlosberg, D. (2007). Justice in Theory and practice. En Defining Environmental
Justice: Theories, Movements, and Nature.
DOI:10.1093/acprof:oso/9780199286294.003.0001
75. Schlosberg, D. (2011). Justicia ambiental y climática: de la equidad al
funcionamiento comunitario”. En Ecología Política, 1, 25-35. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3720217
76. Schlosberg, D. (2013). Theorizing environmental justice: the expanding sphere of a
discourse. Environmental Politics, 1 (22), 37-55. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/263598907_Theorising_Environmental_J
ustice_The_Expanding_Sphere_of_a_Discourse. DOI:
10.1080/09644016.2013.755387
77. Sitio Web official del Municipio de la Jagua de Ibirico. (2019). Recuperado de
http://www.lajaguadeibirico-cesar.gov.co/municipio/resena-historico-del-
municipio-de-la-jagua-de-ibirico
78. Svampa, M. (2013). Consenso de los commodities , giro ecoterritorial y
pensamiento crítico en América Latina. En Movimientos socioambientales en
América Latina, 32, 15 -38. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20120927103642/OSAL32.pdf
79. Svampa, M. y Viale, E. (2014). Pasivos ambientales, maldesarrollo y zonas de
sacrificio. En Maldesarrollo: La Argentina del extractivismo y el despojo. 83 – 129.
Recuperado de: https://maristellasvampa.net/maldesarrollo/
80. Svampa, M. (2019). Conflictos socioambientales y lenguajes de valoración. En: Las
fronteras del neoextractivismo en América Latina. 31-53. Recuperado de
http://calas.lat/sites/default/files/svampa_neoextractivismo.pdf
81. Telediario. (2012). No hay justicia social global sin justicia cognitiva. Recuperado
de https://www.telediariodigital.net/2012/05/comienza-el-encuentro-universidad-
movimientos-sociales-y-nuevos-horizontes-del-pensamiento-critico/
50
82. Tierra Digna. (2015a), Minería de carbón en Colombia ¿Quién gana? y ¿Quién
pierde Centro de Estudios para la Justicia Social. Recuperado de
http://tierradigna.org/pdfs/informe-carbon.pdf
83. Tierra Digna. (2015a). Seguridad y Derechos Humanos ¿Para quién? Voluntariedad
y militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de los
territorios. Colombia. Recuperado de http://tierradigna.org/pdfs/INFORME-
SEGURIDAD-Y-DERECHOS%20HUMANOS-TIERRA%20DIGNA_WEB.pdf
84. Vargas, G: (2013). Industria minera y comunidades en Colombia: problemas y
recomendaciones. Recuperado de
https://www.academia.edu/9224523/Industria_minera_y_comunidades_en_Colombi
a_problemas_y_recomendaciones
85. Yin, R. (2014). Case Study Research Design and Methods. Estados Unidos: Sage.
86. Young, I. (2000). La justicia y la política de la diferencia. Madrid: Cátedra.
51
ANEXO
Mapa del licenciamiento ambiental en la Zona minera del Cesar