Download - Smapa, Pública hasta la última gota
1
Minuta:
“AUGE” de la Ciudad – Ciudad Justa La gran reforma urbana que el país necesita
— Propuesta Programática —
Por Alberto Undurraga V.
Maipú, 8 de abril de 2009.
Se trata de definir un conjunto de estándares con el fin de que cada
barrio, de cada ciudad en Chile, alcance niveles de justicia y prosperidad.
Y así como el “Plan Auge” en el sector salud e implementado por los
gobiernos de la Concertación implicó un mejoramiento en la calidad de vida
de miles de chilenos que vieron “garantizada su atención médica” frente a
determinadas enfermedades definidas por la ley, en el futuro, el Estado deberá
garantizar ciertas medidas mínimas en cada barrio del territorio nacional para
que los vecinos ejerzan su ciudadana, vivan mejor y más felices.
Desarrollo
1. Los urbanistas y sociólogo en general, sostienen que la dinámica urbana
actual (en América Latina, y por tanto en Chile), se caracteriza por su
fragmentación, es decir, por la separación de funciones y elementos
espaciales, ya no -como antes- en una dimensión grande (ciudad rica-
ciudad pobre, zona habitacional-zona industrial), sino en una dimensión
pequeña. Hay urbanizaciones de lujo que se localizan en barrios muy
pobres; hay centros comerciales repartidos por todas partes de la ciudad;
y barrios marginales que entran en los sectores de la clase alta. Por ello,
vemos crecer los muros y cercos, barreras que separan pobreza de la
riqueza y la exclusividad. Todo lo cual no es un fenómeno privativo de
los barrios altos, sino que también de los de clase media y baja, asunto
que se percibe claramente en Maipú, comuna reflejo del Chile grande.
2. Ante esta fragmentación, durante los gobiernos de la Concertación
hemos desarrollado e implementado políticas públicas tendientes a la
recuperación de espacios públicos, y sobre todo focalizadas en el tema
de la prevención y la seguridad ciudadana, restringiendo el fenómeno
2
a un mero tema de protección de la propiedad privada y a evitar hechos
delictuales contra las personas.
3. No obstante, persiste un problema central: que junto con las políticas de
justicia social para los más pobres, toda la ciudadanía (la clase media de
Chile) perciba niveles de mejor calidad de vida y de prosperidad
familiar y comunitaria, concepto que lo ligamos íntimamente con el de
“felicidad social”.
4. Lo anterior implica, por ejemplo, el derecho de los barrios a contar
con la policía necesaria conforme a la cantidad de sus habitantes; que
cada barrio tenga los accesos a la centros de salud y establecimientos de
educación garantizados sin obligar a los vecinos a mayores
desplazamientos con el consecuente problema de transporte; que los
sitios eriazos no se transformen en basurales; que cada comuna aporte
equitativamente a hacer sustentable la ciudad; que cada barrio construya
su identidad sobre forjadores de su propia historia, que las ferias libres
sean un motivo de orgullo y no “un mal necesario”; que las empresas
instaladas en los barrios se hagan cargo de su responsabilidad social,
etc.
5. La mirada ciudadana del barrio en búsqueda de la justicia social, en
términos valóricos y doctrinarios, fruto de nuestra identidad partidaria,
tiene alcances para el desarrollo de un discurso moderno y más
aglutinador, que es el concepto de “prosperidad”, y que en definitiva
no es más que recuperar su significado del latín (“el curso favorable de
las cosas”), que de modo aun más simple podríamos traducirlo como:
“que le vaya bien a todos”.
6. En esta lógica, los barrios se deben constituir en espacios de desarrollo
donde confluyan sinérgicamente diferentes fuerzas o actores sociales
que aporten su respectivo capital para constituir un sistema
multiplicador de felicidad social. El estado, mediante el gobierno
central y los municipios, deben tener un rol protagónico (probablemente
con una eyección especial de recursos frescos), pero también el sector
privado en alianza con el público, y sobre todo con el protagonismo de
las organizaciones, entidades y espacios propios de los vecinos.
7. Así concebida esta propuesta, que podría ser argumentada incluso
teológicamente para ahondar en nuestra raíz cristiana, tiene
3
consecuencias políticas que implican una verdadera oportunidad,
imposible de desechar sobre todo cuando se está ante la posibilidad de
liderar la continuidad en la construcción de país y que la Concertación
ha impulsado en estos últimos casi 20 años.
8. Entre las consecuencias políticas tenemos que:
a. Una reforma de la ciudad en el siglo 21 sólo puede estar a la
altura de la gran reforma educacional de los noventa o de la
reforma procesal penal que le cambió la cara a los tribunales
chilenos. O de la reforma en infraestructura que le siguió, y de la
gran reforma previsional a la que hemos asistido en el último
gobierno, sin olvidar los grandes avances en materia de viviendas
sociales dignas.
b. Una reforma urbana sobre la base de la justicia y la prosperidad
es un elemento movilizador para la ciudadanía actual cuyos
aspectos políticos constitucionales escapan a su intervención más
directa. Dice relación con la equidad de espacios públicos y
privados, con la equidad de género, con la equidad cultural, con
las oportunidades para los jóvenes, para realizar vida sana y
deportiva.
c. Un quinto gobierno de la Concertación que será forjado en
tiempos de Bicentenario (2010-2018), es también una
oportunidad distinta, con una mirada de país puesta en el futuro y
que invita a los gobiernos locales con contenidos y recursos.
d. El enfoque ciudadano de los problemas globales, percibidos en el
barrio (en el mundo local), son también la continuidad de un
acierto político de la Concertación que se reflejó con el triunfo
de Michelle Bachelet y que ahora no puede ser entregado en
bandeja a la derecha.
e. Y finalmente, en la lid de la campaña electoral, la reforma
urbana de los barrios para una ciudad justa y próspera, es una
anticipación con contenidos a la revelación de los intereses
inmobiliarios de Sebastián Piñera.