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TRABAJO FINAL POLITICAS PÚBLICAS Y GESTION SOCIAL
Autor JESUS DAVID CARDONA CUESTA
Docente LUCELLY ARDILA
Electiva complementaria políticas públicas y gestión social
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS Y TECNOLOGIAS PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN ELECTRONICA
ACTIVIDAD ELECTIVA COMPLEMENTARIA 2012
POLITICAS PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ (APROXIMACION EN DIFERENTES CONTEXTOS)
*Universidad del Quindío. Actividad Electiva Complementaria: Políticas Publicas y Gestión social.
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POLITICAS PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ (APROXIMACION EN DIFERENTES CONTEXTOS)
CONTEXTUALIZACION
Para abordar el tema de las políticas publicas en la niñez, debemos partir de los
derechos de la niñez y la juventud y con ellos las convenciones y códigos que han
hecho posible el establecimiento de los derechos fundamentales en este campo, la
aplicación de la legalidad y en especial la propuesta de actividades y acciones
orientadas a abordar las problemáticas que enfrenta la niñez y la juventud, estas
consignadas en políticas publicas.
En primer lugar, la convención de los derechos sobre la niñez y la adolescencia
corresponde a uno de los antecedentes jurídicos internacionales sobre los
derechos de la niñez más importantes, fue aprobada el 20 de noviembre de 1989
por la asamblea general de la ONU entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990.
Se destaca que tiene su antecedente en la Convencion de Ginebra de 1924 primer
declaracion sistematica de los derechos del niño y la que posteriormente, y una vez
revisado y ampliado su texto en 1948 fue la base de la Declaracion de los Derechos
del Niño en 1959 elaborado por el Consejo Economico y Social de las naciones
unidas (ECOSOC) consignando 10 principios fundamentales.
En terminos generales puede decirse que la convencion representa un conjunto de
normas y medidas internacionales cuyo objetivo principal es proteger la niñez,
proporcionando que los Estados adopten progresivamente, en sus respectivas
legislaciones, las acciones y mecanismos conducentes para tal fin. De esta manera
procura tener en cuenta las diferentes realidades politicas, economicas y sociales
de los diversos Estados pero siempre bajo la consideracion del interes superior del
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niño. Asi, guia las acciones y medidas tomadas por las autoridades administraticas,
las instituciones de bienestar social y los tribunales de cada pais respecto a la
niñez.
Respecto a los codigos base para la creacion, implementacion y evaluacion de las
politicas publicas encontramos el Codigo de la Primera Infancia y Adolescencia y el
Codigo del Menor. Por su parte, el primero correspondiente a la Ley 1098/2006,
tiene como finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno
y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, donde prevalecerá
el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. El
segundo conocido también como el Decreto 2737/1989 fue ajustado según la
Convención sobre los Derechos del Niño e intenta reformarse desde 1991 pero
solo se logra hasta el año 2006 con la aprobación del Código de la Infancia y la
Adolescencia.
Según lo anterior tomaremos el Código de la Infancia y la Adolescencia como
documento base para comprender la dimensión de la creación de las políticas
publicas existentes en nuestro país y conocer los derechos y argumentaciones que
permiten la evaluación del impacto de las mismas. Este código tiene como objeto
establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños,
las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades
consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la
Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. A su vez,
menciona como sujetos titulares a todas las personas menores de 18 años
entendiendo como niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años y como
adolescentes a las que se encuentran entre los 12 y 18 años de edad.
Una de las orientaciones claves para la creación de las estrategias de las políticas
publicas es el concepto de la protección integral objeto de este código, definiendo
esta ultima como el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de
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derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza
o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del
principio del interés superior (Articulo 7 del código). Esta protección integral se
materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se
ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.
Otros conceptos claves para la evaluación de las políticas públicas son la
corresponsabilidad definida en el Artículo 10 del mismo código como la
concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, es decir, la familia, la sociedad y
el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La
corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre
todos los sectores e instituciones del Estado. La perspectiva de genero (Articulo 12
del código) es indispensable en la medida que reconoce de las diferencias sociales,
biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad,
la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva
se debe tener en cuenta en la aplicación del Código, en todos los ámbitos en donde
se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad.
En el capito 2 del Código de la Infancia y la Adolescencia se enfatiza en los
derechos y libertades de esta población, el derecho a la vida, a la calidad de vida y a
un ambiente sano (Articulo 17) como medios para alcanzar el desarrollo integral, y
aspectos en los que el estado debe desarrollar políticas publicas para el
fortalecimiento de la primera infancia; el derecho a la integridad personal en
donde se rechaza toda acción que pueda causar la muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico (Articulo 18), aspecto en el que el estado debe asegurar
el tratamiento de la salud física y mental y adelantar procesos judiciales para la
determinación de sanciones; el derecho de protección (Articulo 20) frente a
situaciones como el abandono, la explotación, el consumo y distribución de
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sustancias psicoactivas, la prostitución, el secuestro y venta de menores, las
guerras y el reclutamiento, el desplazamiento y el trabajo forzado etc. Estos entre
muchos otros como la educación, la salud, la alimentación y nutrición, el cuidado, la
restitución de derechos son los derechos que forjan el establecimiento de políticas
publicas como medio para alcanzar los objetivos frente a la niñez en los planes de
desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal.
Teniendo claro lo anterior, podemos dirigirnos específicamente a las políticas
públicas en la infancia y la adolescencia, en cuyo código son definidas como las
acciones adelantadas por el estado para garantizar la protección integral de esta
población. En el artículo 201 del código, se plantean las estrategias generales
adoptadas para las políticas públicas dentro de las cuales se menciona la estrategia
impulsada por la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y la Federación de Departamentos, con el apoyo de UNICEF,
denominada “Municipios y departamentos por la Infancia y la Adolescencia:
Hechos y Derechos” en la que se han definido 9 prioridades obligatorias de trabajo
por los derechos de la niñez que incluyen mortalidad materna y que deben ser
observadas en cada región del país e incluidas en cada uno de los planes de
desarrollo municipales, distritales y departamentales, así como en las políticas
públicas que se estructuren en todo el territorio nacional.
El artículo 202 contiene los objetivos generales de toda política pública, que en el
contexto de infancia y adolescencia corresponden a:
Orientar la acción y los recursos del Estado hacia el logro de condiciones
sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales, que hagan posible
el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de los niños, las niñas y
los adolescentes, como sujetos en ejercicio responsables de sus derechos.
Mantener actualizados los sistemas y las estrategias de información que
permitan fundamentar la toma de decisiones adecuadas y oportunas sobre
la materia.
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Diseñar y poner en marcha acciones para lograr la inclusión de la población
infantil más vulnerable a la vida social en condiciones de igualdad.
Fortalecer la articulación interinstitucional e intersectorial.
A su vez, el establecimiento de estos objetivos van de la mano con unos principios
rectores de las políticas publicas para la infancia y adolescencia contenidos en el
articulo 203 tales como el interés superior del niño, niña o adolescente, la
prevalencia de sus derechos, la protección integral, la equidad, la integridad y
articulación de las políticas publicas, la solidaridad, la participación social, la
prioridad de las políticas publicas en la niñez, la complementariedad, la prioridad
en la inversión social para la niñez y adolescencia y la perspectiva de genero.
Partiendo de esto pueden mencionarse algunos de los actores importantes en la
escala nacional y por ende departamental cuyo deber obedece a contribuir a la
construcción de las políticas públicas y a garantizar el cumplimiento de los
derechos contenidos en el código. En primer lugar se encuentra el Consejo
Nacional de la Política Social ente encargado del diseño de políticas públicas, la
movilización y apropiación de los recursos presupuestales para los derechos y el
aseguramiento de su protección a nivel nacional. En segundo lugar encontramos al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) encargado de articular a las
entidades responsables de la garantía de los derechos a nivel nacional,
departamental, distrital, municipal y en resguardos indígenas. De forma específica
el Consejo Nacional se encuentra integrado por el presidente o vicepresidente, por
los ministros de protección social, de interior y de justicia, de hacienda, de
educación, de ambiente, de vivienda y desarrollo territorial, de cultura y de
comunicaciones, por el director del Departamento Nacional de Planeación o su
subdirector, por el director del ICBF, por un gobernador y un alcalde que
representan a los demás y por una autoridad indígena que represente las
entidades territoriales indígenas. Este Consejo Nacional sesiona 2 veces al año a
diferencia de los Consejos Departamentales y Municipales de Política Social que
sesionan 4 veces al año como mínimo a cargo de los gobernadores y alcaldes y que
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tiene como responsabilidad la articulación funcional entre las Entidades
Nacionales y las Territoriales, deberán tener participación de la sociedad civil
organizada y definirán su propio reglamento y composición. En todo caso deberán
formar parte del Consejo las autoridades competentes para el restablecimiento de
los derechos y el Ministerio Público.
SITUACIÓN ACTUAL Y VULNERACIÓN DE DERECHOS
El conjunto de programas y estrategias adoptadas por el Estado, en las dos últimas
décadas, para incidir sobre el acceso y la calidad de servicios básicos, han sido
insuficientes para garantizar los derechos de la primera infancia. El número de
niños y niñas menores de 6 años, excluidos de la atención en salud, educación
inicial y alimentación, y el de quienes crecen en ambientes insalubres, así como las
situaciones de vulneración de otros derechos, sigue siendo alto, tal como se aprecia
a continuación.
Derecho a la vida
Todos los niños y niñas tienen derecho a sobrevivir y a desarrollarse.
Lamentablemente, la vida de muchos niños y niñas se ve afectada, desde el vientre
materno, junto con la de la madre. El peso de la mortalidad se concentra en
enfermedades prevenibles, como las infecciosas y las lesiones externas que, en
conjunto, explican cerca del 40% de la mortalidad entre las mujeres gestantes,
puérperas y lactantes. Los mayores riesgos se presentan en edades extremas, en
mujeres de las zonas rurales, desplazadas o excluidas dentro de las ciudades. Estos
problemas están condicionados por factores de riesgo biológicos, ambientales,
socioculturales, de comportamiento y de acceso a servicios básicos de educación y
salud. Una de las situaciones que incide en las tasas de mortalidad materna es la
alta tasas de embarazo en adolescentes, con una tendencia creciente entre 1990 y
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2005. Mientras que para 1990 la tasa de fecundidad en mujeres menores de 20
años se estimó en 70 nacimientos por mil mujeres, a 2005 se calcula una tasa de 90
por mil.
Al igual que en otros países, la mortalidad infantil en Colombia ha venido
descendiendo. De una tasa de mortalidad infantil de 41 por mil nacidos vivos en el
quinquenio 1980-1985 se pasó a otra de 19 por mil en el período 2000-2005. Este
descenso está asociado a diversos factores, entre los que se destacan el mejor nivel
educativo de las mujeres, el desarrollo de la salud pública y un mayor acceso a los
servicios de salud y saneamiento básico. Se conservan, sin embargo, diferencias
regionales muy marcadas y factores de riesgo asociados a la pobreza y a la
inequidad.
El derecho a la vida de los menores de 6 años es por tanto, vulnerado. Las causas
que lo explican abarcan desde la pobreza y el analfabetismo, hasta las restricciones
al acceso a la información y a servicios de salud con calidad. Para frenar dicha
vulneración es necesario contar con una política pública, que al comprometer a los
diversos estamentos de la sociedad, garantice a todos los elementos necesarios
para el acceso y disfrute de una vida digna.
Derecho a una vida digna
Un ambiente seguro y confortable, es determinante para que la primera infancia
logre su potencial máximo de desarrollo. Sin embargo, las discapacidades físicas, la
enfermedad, los problemas de aprendizaje y todas las desventajas generadas en la
primera infancia, recaen sobre los niños y niñas pertenecientes a los grupos
socioeconómicos más pobres. Las condiciones físicas, que caracterizan el medio
ambiente propio de las poblaciones en pobreza, ponen en riesgo el desarrollo de la
primera infancia.
En 2005 la población total del país se estimaba en unas 43.608.000 personas, de
las cuales un 12,7%, es decir 5.524.000 son menores de 6 años, donde el 48,9%
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eran niñas. Durante ese año, cuando el 49,2% de la población total del país percibía
un ingreso por debajo de la línea de pobreza, la proporción de menores de 6 años
en condiciones de pobreza alcanzó un 65,1%. Es decir, 6 de cada 10 niños y niñas
son privados de un entorno protector, situación que pone en riesgo el desarrollo.
Estos se concentran en las zonas rurales, no sólo en razón de la mayor pobreza,
sino también de su mayor participación en el total de menores en edad de primera
infancia. En la medida en que buena parte de las oportunidades de bienestar
futuras, se determinan antes de llegar a los 6 años de edad, esos patrones de
pobreza implican su reproducción y por tanto, la presencia de un círculo vicioso
sobre el cual se debe actuar. La falta de acceso a servicios de salud con calidad y a
información relacionada, las barreras geográficas, sociales, económicas y
culturales, constituyen factores de riesgo para el desarrollo de la primera infancia
y pueden conducir a algunos niños y niñas a la muerte.
Derecho a atención en salud
El acceso al cuidado primario, de parte de la madre gestante y del menor de un
año, reduce los riesgos asociados a la mortalidad y morbilidad. Es a partir de ese
cuidado, donde empiezan a marcarse el futuro del niño y de la niña y el bienestar
de la madre. El control prenatal, efectuado mediante visitas regulares al médico
durante la gestación, reduce los riesgos asociados a la morbilidad y mortalidad,
tanto del niño, de la niña, como de la madre. El parto sin asistencia médica está
directamente relacionado con el riesgo de mortalidad neonatal. En el país durante
el año 2005, el 92% de los partos tuvo lugar en un establecimiento de salud, de
ellos 88% correspondió a entidades del sector público y el porcentaje restante a
privadas. Para las mujeres con el nivel de riqueza más bajo, el parto en casa llega a
representar el 26,7% del total, frente a 0,5% para las mujeres que conforman el
grupo de mayor nivel de riqueza. Es en el departamento del Chocó en donde el
parto en casa se da con mayor frecuencia (40% del total de partos).
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Lograr sobrevivir no necesariamente implica contar con las posibilidades para
desarrollarse. En 2005, alrededor del 2% de los niños y niñas menores de 5 años
presentaba algún tipo de discapacidad (para moverse o caminar, usar brazos o
manos, para escuchar, ver a pesar de usar lentes o gafas, entender o aprender,
relacionarse con los demás por problemas psicológicos y emocionales. Los niños y
niñas en edad de primera infancia con algún grado de limitación o discapacidad,
deben tener acceso a procesos educativos, de habilitación y rehabilitación, que les
permitan mejorar sus potencialidades, integrarse a la sociedad y ser ciudadanos
participantes y productivos; situación que demanda la detección temprana de la
discapacidad, así como su atención integral y oportuna. La detección temprana, el
acompañamiento y preparación de la familia, y la oferta adecuada para superar las
barreras planteadas por el entorno, tienen mayor relevancia en la primera infancia.
Derecho a la educación
La atención a la primera infancia en instituciones educativas, corresponde a la
educación preescolar, que tiene como propósito preparar al niño y a la niña para
irrumpir en la institucionalidad educativa formal. Con respecto a la cobertura en
educación inicial, encontramos que los niños de 5 y 6 años son atendidos
mayoritariamente por el sector educativo con tasas de cobertura bruta del 90% en
transición y superiores al 100% en primero. Por su parte, los niños menores de 5
años, que son atendidos, lo están en un 44% por los hogares comunitarios del
ICBF, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2003.
Con relación a la calidad de la educación, las altas tasas de deserción y repitencia
en el grado primero - muy superiores al del resto de los grados - pueden ser un
indicativo de diversos problemas de calidad en la atención a esta población. Lo
anterior podría tener varias explicaciones. De una parte, la atención que reciben
los niños en las diversas modalidades, carece de un componente educativo o si está
presente, no es de la mejor calidad. Por otra parte, se presenta una débil
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articulación entre la educación para la primera infancia y la básica primaria, lo que
dificulta que haya un sistema educativo articulado desde los primeros años de
vida. Otra explicación está relacionada con el hecho de que los niños de las zonas
rurales ingresan directamente a transición o primero sin recibir ningún tipo de
atención educativa previa.
La baja calidad de los servicios está asociada con las condiciones de la
infraestructura, la carencia de materiales pedagógicos, útiles para estimular el
desarrollo, y con la pobre formación de la madre comunitaria. En síntesis, dada su
orientación a la población de escasos recursos, los hogares de bienestar han
tomado la connotación, de ‘programas pobres orientados a los más pobres’,
aumentando así los problemas de inequidad y exclusión.
Los padres comparten la responsabilidad del proceso educativo de los niños y
niñas. Frente a lo que es la concepción tradicional, el papel de los padres en dicho
proceso ha venido avanzando. En la actualidad, se les ha empezado a considerar
como sujetos, como personas, más no como objetos que demandan ser formados
como educadores de sus hijos. En este contexto se hace necesario caminar hacia
una comprensión cabal de parte de las entidades encargadas del cuidado de los
niños y niñas menores de 6 años, respecto de los cambios significativos registrados
en la forma de criar a los niños y niñas, quiénes los crían y en qué consiste dicha
crianza. Estos cambios han sido inducidos por el trabajo de ambos padres, el
aumento en la proporción de familias monoparentales, y el cambio de roles al
interior del hogar, producto de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
POLITICAS PÚBLICAS PARA LA NIÑEZ, OBJETIVOS, ACCIONES Y ESTRATEGIAS
Colombia por la primera infancia: política publica por los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años La construcción de la política pública de infancia en Colombia surge por una
iniciativa importante de actores civiles y políticos los cuales a partir de un
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esfuerzo relevante utilizando la movilización social y motivados por que Colombia
se acoja a los modelos internacionales y fortalezca la generación de oportunidades
de desarrollo para la primera infancia que garanticen el derecho de las niñas y
niños menores de 6 años. Su origen se reporta en el año 2002 año a partir del que
se da la formación de la Alianza por la política pública de infancia y adolescencia,
se integra por ICBF, DABAS, CINDE, UNICEF, en el año 2003 se realiza el foro
denominado “ Primera infancia y desarrollo el desafío de la década” luego en el año
2004 se da una mayor participación de otros actores y estos entran al proceso bajo
la coordinación del Instituto Colombiano de bienestar familiar. Para el año 2005 se
da inicio al programa de apoyo para la formulación de la política de primera
infancia en Colombia, en este mismo año y en apoyo al proceso es realizado el foro
“Movilización por la primera infancia”. Por tanto la generación de la política
publica conto con la creación de 7 comisiones con objetivos y líneas de acción
(Mapeo de investigaciones, Expedición por la primera infancia, Formación de
talento humano, Lectura de la primera infancia, Comunicación y movilización,
Gestión y desarrollo local, Sistema de seguimiento y evaluación). Debido a la
dinámica adoptada para la construcción de la propuesta de primera infancia donde
participaron actores civiles y estatales le otorga la característica de política
pública.
Para todos son conocidas múltiples situaciones en que se ven vulnerados e
irrespetados los derechos de la niñez, esto ha generado que diversos grupos se
interesen por la consecución de la defensa de la primera infancia los adultos,
padres y profesionales de las más diversas disciplinas, son consientes de que
empiezan a reconocer su propia responsabilidad y la necesidad de destinar
esfuerzos y recursos, para favorecer el desarrollo de los niños y las niñas menores
de 6 años, tanto en el mediano como en el largo plazo. Cabe entonces resaltar la
necesidad de impulsar la construcción de una política pública para este grupo
poblacional, a partir de la cual se vislumbren los mecanismos, que posibiliten la
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protección de los derechos de los niños y de las niñas menores de 6 años, en aras
de desarrollar su potencial biológico, psicológico, social y cultural.
Se describen unos argumentos que dan sustento a la generación y creación de la
política pública, estos están relacionados con factores:
Científicos: dada la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo del
ser humano a nivel biológico, psicológico, cultural y social.
Legales y políticos: en la medida en que el país ha adoptado los acuerdos suscritos
en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño Ley 12 de 1991 y sus
dos Protocolos facultativos así como otros Convenios y Tratados Internacionales
de Derechos Humanos para ajustar su legislación a los criterios emanados de ella, y
porque, con el paso del tiempo, se ha ido dejando de lado una política de primera
infancia marcada por un carácter asistencialista o paternalista, para empezar a dar
cabida a otra, en la cual el niño y la niña se conciben como sujetos de derechos.
Económicos: dada la relación existente entre el desarrollo humano y el desarrollo
en la primera infancia.
Sociales y culturales: puesto que la primera infancia crece en una cultura y un
contexto social determinados.
Institucionales y programáticos: pues es necesaria la articulación, la definición de
competencias y responsabilidades de las distintas entidades que intervienen en el
desarrollo de la primera infancia; y, finalmente, argumentos de tipo ético que
priorizan la construcción participativa de una política pública para los niños y las
niñas menores de 6 años.
Antecedentes
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Entre los años 70 y 80 se inicial el interés por la adopción de una política pública
que permita el reconocimiento y respeto de los derechos de la primera infancia.
Concretamente ente 1974 y 1978 se da la creación de una política para la primera
infancia la cual busca “Cerrar la brecha” de pobreza y desatención falta de acceso a
los recursos alimentarios mediante el Plan Nacional de Alimentos y Nutrición
(PAN) acciones para favorecer la población infantil. Posteriormente entre 1978 y
1982 se dio el “Plan de integración social” el cual esta basado en la política
nacional para la atención al menor de 7 años con problemas de salud y
socialización. En el año de 1979 la ley 7 crea el SNBF el cual formula los derechos
fundamentales y orienta el curso de la educación personal, luego en el año de 81 la
ley 28 señala los centros de atención preescolar como parte de SNBF. Durante toda
la década de los 80 se proponen políticas para la supervivencia y el desarrollo
infantil, esto se ve reflejado en el plan de desarrollo denominado “Cambio con
equidad” donde se priorizan los niños en situación de abandono y peligro; para lo
cual primaba la inversión para la niñez y se incluye la perspectiva de género.
A continuación se describen los objetivos metas y estrategias planteados para
dicha política, los cuales se presentan como respuesta a una necesidad inminente
en este caso la protección de los derechos de la niñez en Colombia, por otra parte
su diseño esta fundamentado en el análisis de experiencias previas para evitar que
puedan cometerse los mismos errores.
Objetivo General
Garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y niñas menores de 6 años y de
las madres gestantes y lactantes, en los escenarios familiar, comunitario e
institucional, para lograr su desarrollo y protección integral, contribuyendo así al
logro de la equidad e inclusión social en Colombia.
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Objetivos específicos
Posicionar el tema de primera infancia en los ámbitos gubernamental,
institucional, familiar y comunitario, para sensibilizar y movilizar al país sobre la
importancia crucial de los primeros años de vida en el desarrollo humano y como
factor de progreso y desarrollo de la nación.
Promover la salud, la nutrición y los ambientes sanos desde la gestación
hasta los 6 años, prevenir y atender la enfermedad, e impulsar prácticas de
vida saludable y condiciones de saneamiento básico.
Garantizar prácticas socioculturales y educativas, que potencien el
desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años.
Garantizar la restitución de los derechos que hayan sido vulnerados en
grupos y poblaciones específicas.
Promover la participación de niños y niñas menores de 6 años en la toma
de decisiones, que afectan sus vidas en los espacios de desarrollo social,
familiar e institucional.
Crear canales de participación ciudadana para el diseño, ejecución, control y
evaluación de la política de primera infancia, y los instrumentos de
seguimiento y evaluación necesarios, para que tanto el Estado como la
Sociedad puedan realizar análisis periódicos de los logros alcanzados.
Metas
Involucrar a todos los medios de comunicación, redes y alianzas
interinstitucionales de los diferentes niveles territoriales y en el nivel
nacional, en el posicionamiento del tema de la primera infancia y la
promoción de la corresponsabilidad.
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Establecer, en el plazo de un año, las líneas prioritarias de investigación en
primera infancia y consolidar las respectivas fuentes de financiamiento.
Estrategias
Adelantar procesos de información, comunicación, educación y
movilización a través de los medios masivos y comunitarios de
comunicación, para integrar y articular gobernantes, líderes sociales y de
opinión, instituciones relacionadas con el cumplimiento de la política y
directos cuidadores de los niños y niñas.
Impulsar la operativa de las metas y estrategias de la política pública para la
primera infancia, en los planes de desarrollo, proyectos y programas
municipales, departamentales y de nivel nacional.
Crear una red nacional de investigadores, que genere conocimiento a partir
de la investigación en primera infancia y derechos; primera infancia,
contextos y prácticas; y evaluación, seguimiento y sistematización de
programas y proyectos.
Movilizar recursos de las instituciones gubernamentales) y no
gubernamentales en el ámbito municipal, departamental, nacional e
internacional para investigar los temas de primera infancia, posibilitando la
participación de las universidades y centros de investigación.
Política publica “Hechos y Derechos, 2007-2012”
La política mas bien conocida como “Hechos y Derechos, 2007-2012” pertenece a
la estrategia denominada “Municipios y departamentos por la Infancia y la
Adolescencia: Hechos y Derechos” impulsada por la Procuraduría General de la
Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Federación de
Departamentos, con el apoyo de UNICEF, en la que se han definido 9 prioridades
obligatorias de trabajo por los derechos de la niñez que incluyen mortalidad
materna y que deben ser observadas en cada región del país e incluidas en cada
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uno de los planes de desarrollo municipales, distritales y departamentales, así
como en las políticas públicas (las sociales básicas y las de infancia y adolescencia)
que se estructuren en todo el territorio nacional.
A su vez, esta estrategia esta vinculada con 8 perspectivas que propone la Ley de la
Infancia y la Adolescencia como los son:
Perspectiva poblacional: centrada en el grupo poblacional de los sujetos
niños niñas y adolescentes
Perspectiva territorial: cada departamento y cada municipio del país con
sus propias políticas, identidades institucionales y dinámicas culturales
Perspectiva de derechos: el examen permanente sobre el grado de
cumplimiento del catálogo de los 44 derechos que contiene la Ley, y no del
examen desde lo sectorial
Perspectiva de ciclos vitales: primera infancia 0 a 6, niñez 6 a 12,
adolescencia 12 a 18 y juventud 14 a 26 años
Perspectiva de universalidad con focalización: obedece al objetivo central
que es asegurar la universalidad de los derechos. No obstante, para alcanzar
el objetivo es necesario focalizar los grupos de mayor vulnerabilidad para
emprender en su favor acciones de impulso para que puedan alcanzar una
igualdad real y efectiva en el acceso a sus derechos; de allí que la ley ordene
a cada alcalde y gobernador la tarea de diseñar políticas públicas de
infancia diferenciales, de acuerdo con las prioridades de los derechos
inobservados, amenazados o vulnerados.
Perspectiva de género: políticas diseñadas desde el reconocimiento y
comprensión de las diferencias sociales, culturales y biológicas de cada
género
Perspectiva étnica: políticas que incluyan líneas específicas para aquellos
municipios en los que habitan pueblos indígenas, u otros grupos étnicos o
raizales;
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Perspectiva de la participación: no solamente de las diversas autoridades
públicas responsables, sino de la sociedad en la gestación de políticas,
programas y planes de acción, y por sobre todo la participación con voz y
voto permanente de los niños, niñas y adolescentes en los Consejos de
Política Social y en todos los ámbitos en los que se tomen decisiones en
Plan Nacional de Desarrollo: “Prosperidad para todos”
El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Juan Manuel Santos “Prosperidad
para todos” 2010-2014, que busca el crecimiento económico sostenible y el
desarrollo social integral, tiene como finalidad lograr una sociedad con mas
empleo, menos pobreza y mas seguridad, una sociedad con igualdad de
oportunidades y con movilidad social en donde los Colombianos tengan acceso a
las herramientas fundamentales para labrar su propio destino
independientemente de su genero, etnia, posición social, orientación sexual o lugar
de origen. De manera particular, el capitulo 4 de este plan titulado “Igualdad de
oportunidades para la prosperidad social”, se plantea la necesidad de implementar
políticas publicas para la niñez partiendo de la garantía del funcionamiento del
sistema de seguridad social para disminuir la pobreza y la desigualdad. Este
sistema tiene dentro de sus componentes la promoción social focalizada en la
población más pobre y vulnerable; partiendo de esta, menciona la gran labor de la
Red para la superación de la pobreza extrema “JUNTOS” que promueve la inserción
en servicios sociales, la atención integral, y brinda compañía con herramientas
para una mayor generación de ingresos de manera sostenible, de tal manera que su
objetivo se traduce a la velación por la igualdad de oportunidades y su reto a la
consolidación de un sistema de salud equitativo sostenible y de calidad y una
educación completa que amplíe su cobertura a nivel universal primando la calidad
y la equidad.
Partiendo entonces de la necesidad de promoción social y de creación de políticas
publicas direccionadas a la primera infancia se planta en el Plan Nacional de
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Desarrollo la estrategia “De cero a siempre” como parte de los lineamientos,
acciones y estrategias del plan teniendo como objetivos la garantía en el
cumplimiento de los derechos, la creación de políticas publicas orientadas a la
sostenibilidad técnica y financiera, la garantía en la pertinencia y calidad de la
atención integral y el fortalecimiento de la familia como actor primordial en el
desarrollo infantil.
La estrategia “De cero a siempre” presta una atención dirigida a una población de
los 0 a 5 años comprendiendo diferentes grupos de población para la aplicación de
estrategias diferenciales:
Madres gestantes y lactantes
Niños de 0-2 años
Niños de 3-4 años
Niños de 5 años
Entre estos niveles de población es la familia el grupo prioritario a tratar
fortaleciendo la generación de empleo e ingresos y son tres los niveles
institucionales que permiten alcanzarlo: el institucional, el comunitario y el
familiar, esto respecto a la atención en los hogares comunitarios.
Alianza por la niñez en Colombia
Finalmente consideramos necesario reconocer una organización importante
respecto a la creación e implementación de políticas publicas como lo es Alianza
por la niñez en Colombia, consistente en una red de organizaciones del estado, la
sociedad civil, grupos universitarios y académicos, entidades de cooperación
internacional y de la ONU que adelanta trabajos conjuntos y coordinados a favor de
la niñez por medio de su participación en la construcción, desarrollo y monitoreo
de políticas publicas, la concienciación ciudadana y la promoción de la
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investigación en el campo de la niñez. Esta red tiene como objeto la construcción
de conjuntos de trabajo e intercambio de información para la creación,
implementación y monitoreo de las políticas publicas para la niñez a nivel
nacional, regional y local para la promoción de una cultura que garantice el
ejercicio de los derechos de la niñez como ejes de desarrollo.
CONCLUSIONES
Es necesario fortalecer los esfuerzos para lograr una articulación
interinstitucional, comunitaria e intersectorial que permita trascender las
limitaciones para el desarrollo de acciones conjuntas y optimizar recursos. La
destinación de recursos financieros generosos y sostenibles, especialmente en las
zonas menos favorecidas del país, continúa siendo una tarea que el país debe
asumir de manera urgente.
Las nuevas realidades sociales, a las cuales se viene enfrentando la primera
infancia, los desarrollos conceptuales, los modelos de desarrollo económico y las
tendencias surgidas de los procesos de globalización, modernización del Estado y
descentralización, han marcado transformaciones importantes en la formulación
de las políticas públicas del país y, en particular, de las orientadas a la primera
infancia.
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Departamento Nacional de Planeación. En:
http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx