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I. La garantía de prestaciones definidas.
II. La participación de los empleadores y de los trabajadores en la
administración de los regímenes.
III. La responsabilidad general del Estado en lo que se refiere a las
prestaciones concedidas y a la buena administración de las instituciones.
IV. El financiamiento colectivo de las prestaciones por medio de
cotizaciones o de impuestos.
(49.8 millones) (52.1 millones)
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