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LA VIOLENCIA SEXUAL EN COLOMBIA TAMBIEN ES UNA PRACTICA PERPETRADA POR REPRESENTANTES DE LA SEGURIDAD NACIONAL
EL DOMINGO 8 DE MARZO EL PERIODICO EL HERALDO, HIZO PUBLICO LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA VEREDA NUEVA ESPERANZA DEL CORREGIMIENTO DE GAMBOTE, ARJONA, EN LOS QUE UN SOLDADO DE LA INFANTERIA DE MARINA, VIOLENTO SEXUALMENTE A UNA MUJER.
En el actual contexto de lucha contra la impunidad alrededor de los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado y fuera de él, es fundamental abrir la discusión acerca de lo que representa para una sociedad en transición de la guerra a la paz, el hecho que miembros de la seguridad nacional, encargados de garantizar los derechos de la ciudadanía, sean responsables de la perpetración de abusos sexuales en contra de mujeres, niñas y jóvenes, abusando de su poder y autoridad en los territorios.
El pasado 27 de febrero, en Gambote, una mujer fue víctima de violencia sexual por parte de un miembro de la Infantería de Marina, quien irrumpe en su vivienda gritando: “salga marica que la guerrilla mato a mis compañeros” El infante accedió carnalmente a la víctima, mientras ordenaba a su esposo ser testigo de la violación. El compañero de la víctima, quien logra persuadir al agresor de no presenciar el hecho y esperar en la sala, logra pedir ayuda a los compañeros del soldado, los cuales reaccionan luego de que los hechos fueron perpetrados (Recuperado de Diario el Heraldo, 8 de marzo de 2015).
En lo que se refiere a la fuerza pública Colombiana, es importante recordar que el auto 092 señala que la violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano, así como lo son la explotación y el abuso sexuales, por parte de todos los grupos armados ilegales Enfrentados y, en algunos casos, por parte de agentes individuales de la Fuerza Pública
Al respecto, primera Encuesta de Prevalencia de la Violencia Sexual en el contexto del conflicto armado de Intermon Oxfam y realizada por la Corporación Casa de la Mujer en una investigación realizada sobre “la prevalencia de la violencia sexual en el marco del conflicto armado entre el periodo de 2001 y 2009 en Colombia”, identifica que tan solo en dicho periodo, 498,670 mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual en los departamentos con presencia de los actores armados. Sin embargo, la Unidad par a la atención y reparación de las víctimas, a la fecha, solo tiene registradas 8.152 víctimas de este delito y tan solo las 96 han sido confesadas por los paramilitares en sus versiones libres en el marco de la Ley 975 del 2005.De igual forma, en el informe de la centro de memoria histórica “Basta ya” se registra que:
“(…) miembros del Ejército Nacional fueron señalados como presuntos responsables en cuatro casos de violación sexual en el Magdalena, a lo que se suma un suceso que las víctimas describieron como realizado en conjunción con un grupo paramilitar. En dos
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casos, se trató de violaciones ejercidas contra poblaciones estigmatizadas como guerrilleras y las violaciones se combinaron con tratos humillantes y degradantes. En otros dos, los militares, abusando de la ventaja que ofrecen las armas, violaron a dos jóvenes: a una durante una fiesta para celebrar la Navidad y a otra en un camino veredal” (pág. 83)
Los motivos que están tras la violencia sexual son variados, la estigmatización de las comunidades, la intensión de humillar a miembros de bandos enemigos, o de castigar conductas inapropiadas según los actores armados, o simplemente, el contexto de oportunidad, se convierten en motivos para la ocurrencia de la violencia sexual.
En la coyuntura actual, el mantenimiento del conflicto, la impunidad y la falta de garantías de no repetición, son obstáculos que tienen que ser superados para garantizar una real reparación integral a las víctimas. Es necesario que el Estado atienda las causas estructurales del conflicto armado, desde estrategias distintas a la militarización, que permitan, transformaciones culturales, económicas y sociales que generen rechazo social por la violencia sexual, así como la judicialización de los responsables independientemente de si son actores armados legales o ilegales.
De igual forma, es fundamental que se atiendan a los daños que han generado en las comunidades la militarización de la vida cotidiana, a través de la cual ha exacerbado la reproducción de las tradicionales formas de relación de subordinación por parte de los hombres hacia las mujeres, y a propendido a la exaltación de la masculinidad hegemónica, guerrerista y violenta. En Colombia las mujeres no son quienes deben protegerse de los hombres, son los hombres quienes deben desaprender sus formas de relacionamiento violento con las mujeres.
Para ello, hay que avanzar claramente en la reducción de la impunidad, pero también en la consolidación de universos simbólicos compartidos que transformen las prácticas y creencias que legitiman la violencia sexual, para poder así garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
La Casa de la Mujer, expresa su solidaridad con la víctima, y exige al Estado Colombiano, actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción del responsable, así como en la atención y reparación integral a la víctima.
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