3NACIONALESMAYO 2014 > sábado 24
Oscar Sánchez Serra
Nuestra población y la opinión pública norteamericana einternacional han recibido en las últimas semanas abundanteinformación sobre las revelaciones que la agencia de prensaestadounidense Associated Press (AP) realizó el pasado 3 deabril acerca de “ZunZuneo”, proyecto ilegal diseñado, financia-do e implementado por el Gobierno de Estados Unidos parasubvertir el orden interno en Cuba.
El artículo de AP titulado “Estados Unidos creó secretamen-te un ‘Twitter cubano’ para provocar inestabilidad”, permitióconfirmar la implicación directa del Gobierno de EstadosUnidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional(USAID), en la planeación, financiamiento y ejecución de esteproyecto clandestino, consistente en la creación de una plata-forma especial de servicios de telecomunicaciones ilícitos haciaCuba desde el exterior, con el objetivo de enviar a usuarioscubanos mensajes de contenido político para influir en susposiciones y alentarlos a actuar en contra del Gobierno.
El carácter secreto de este proyecto quedó en evidencia alconocerse que fue ejecutado a través del empleo de una exten-sa red de contratistas privados, empresas fachada, servidoresinformáticos y cuentas bancarias en varios países, con el pro-pósito deliberado de ocultar la participación activa de agenciasgubernamentales norteamericanas en su consecución.
No hay dudas de que estamos en presencia de una opera-ción encubierta que, según la definición contenida en la legis-lación norteamericana, en particular en la Ley de Autorizaciónde Gastos de Inteligencia de 1991, significa cualquier actividaddel Gobierno de EE.UU., para influir en las condiciones políti-cas, económicas o militares en el exterior, que se realice demanera tal que el papel de ese gobierno no sea evidente o sereconozca públicamente.
Al respecto, llama la atención que este proyecto viola la letrade la legislación norteamericana sobre las operaciones encu-biertas, que establece que el Presidente debe aprobar previa-mente por escrito este tipo de actividades y que las agenciasinvolucradas deben informar íntegramente al Congreso sobresu implementación, algo que no ocurrió en este caso.
La concepción y puesta en práctica de este proyecto, que hatenido una gran repercusión en Estados Unidos y otros países,sobre todo en aquellos cuyos territorios fueron usados sin suanuencia para esta afrenta contra Cuba, constituye una viola-ción flagrante de la soberanía de nuestro país.
Infringe, además, las regulaciones internacionales referidasal uso de mensajes Spam y a la privacidad de la informacióny las comunicaciones personales, al apoyarse en la obtenciónilegal de datos de usuarios cubanos y en el envío de mensajesSMS a sus celulares, sin su conocimiento y consentimientoprevio. El Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales,adoptado en diciembre del 2012, en el marco de la ConferenciaMundial de Telecomunicaciones Internacionales, establece ensu artículo 5B que los estados miembros deben procurar tomarlas medidas necesarias para evitar la propagación de comuni-caciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar susefectos en los servicios internacionales de telecomunicacionesy los alienta a cooperar en este sentido.
Vale señalar que el Gobierno de EE.UU., nunca permitiría laejecución de un proyecto como “ZunZuneo” en su territorio,
sin autorización expresa. Hacer algo así violaría las leyes anti-Spam, que protegen a los usuarios de telefonía móvil de la recep-ción de mensajes no deseados, así como las que prohíben demanera absoluta la realización de actividades políticas, incluyen-do la promoción de material informativo de corte político en fun-ción de los intereses de un Estado o institución extranjera, si lapersona o entidad que pretende realizarlas no se registra ante elDepartamento de Justicia como agente extranjero.
Las informaciones expuestas por la agencia AP sobre“ZunZuneo” confirman las reiteradas denuncias del Gobiernocubano y demuestran, una vez más, que el Gobierno deEstados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivoscontra Cuba, que tienen como objetivo crear situaciones dedesestabilización en el país para provocar cambios en su orde-namiento político, económico y social, y a los cuales continúadestinando presupuestos multimillonarios cada año, quedesde que fueran oficialmente instituidos, en virtud de la sec-ción 109 de la Ley Helms-Burton de 1996, superan la cifra delos 260 millones de dólares, de los cuales, más de 95 milloneshan sido aprobados durante el mandato del presidente BarackObama.
Pero “ZunZuneo” no es el único programa de esta naturale-za que se ha diseñado por el Gobierno de EE.UU., contra Cubaen fecha reciente. Los fondos millonarios del Programa Cubade la USAID han sido destinados para iniciativas similarescomo “Conmotion”, herramienta desarrollada por el Institutode Tecnología Abierta (OTI) de la New America Foundation,con sede en Washington, originalmente para uso militar, y queconsiste en la creación de redes inalámbricas independientesen forma de “malla” para enlazarse con el exterior, fuera decualquier control gubernamental, lo cual permite desinformara los usuarios sobre la situación en su país y convocarlos amanifestaciones.
Otras entidades del Gobierno de EE.UU., como la Oficina deTransmisiones a Cuba, implementan proyectos ilegales como“Piramideo”, que es también una plataforma de comunicaciónque promueve el envío de mensajes masivos a usuarios ennuestro país. A este tipo de iniciativas y a las emisoras Radio yTV “Martí”, le han sido asignados bajo el gobierno de Obama142 millones de dólares del presupuesto federal, y más de 770millones de dólares desde la fecha de su creación.
El Gobierno de EE.UU., brinda igualmente pleno respaldo alproyecto de la bloguera contrarrevolucionaria Yoani Sánchez,de crear un medio de prensa digital, el cual es financiado total-mente con dinero proveniente del exterior y tiene como propó-sito fundamental alimentar las campañas de desinformación ydifamación contra Cuba.
Para justificar la ejecución y promoción de proyectos de estanaturaleza contra Cuba, el Gobierno de EE.UU., argumenta,entre otras razones, su interés en facilitar “el libre flujo de infor-mación al pueblo cubano”, cuando es el propio gobierno y elCongreso de ese país los que a lo largo de los años han pro-mulgado leyes, regulaciones y políticas, que impiden precisa-mente el libre acceso a la información del pueblo de Cuba.
Entre las múltiples restricciones que EE.UU., impone al “libreflujo de la información”, se encuentran las siguientes:
• La política de bloqueo económico, comercial y financieroprohíbe las exportaciones de tecnología y equipamiento detelecomunicaciones.
• La Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996prohíben cualquier tipo de inversión por parte de entidadesestadounidenses en los servicios nacionales de telecomunica-ciones de Cuba.
• El bloqueo también prohíbe a Cuba la adquisición de licen-cias de productos de software y niega el acceso de entidades yciudadanos cubanos a sitios y a servicios en Internet, incluyen-do sitios de información y herramientas técnicas como PCTools y Netbeans; y otras aplicaciones. Nombres reconocidosmundialmente como Microsoft, Mozilla, Adobe, Sourceforge yGoogle, instrumentan desde la Red de redes las prohibiciones delGobierno de Estados Unidos contra Cuba. En el caso de Google,los cubanos no pueden acceder a herramientas como GoogleAnalytic, Google Earth, Google Decktop Search y Google Toolbar.Estas restricciones se hacen extensivas al uso de software libres yde su navegador más popular Sourceforge por parte de Cuba, locual viola las premisas de la Open Source Initiative, organizacióndedicada a la promoción del software libre: la no discriminacióncontra personas o grupos y la no discriminación contra esferasde actividad. Incluso, se impide el acceso desde Cuba a aplica-ciones que son ofrecidas gratuitamente por sus autores enInternet, como son los casos de mathwork.com, ti.com, digi-key.com, microchip.com y wmware.com.
• Cuba no puede conectarse a las decenas de cables subma-rinos de fibra óptica que circundan la Isla, lo cual obliga al paísa buscar alternativas más costosas para incrementar la conec-tividad a Internet. Paradójicamente, el Gobierno de EE.UU., haanunciado sus planes de llevar un cable submarino hasta elterritorio ilegalmente ocupado por la Base Naval enGuantánamo, en franca violación de la soberanía de Cuba.
• En virtud de la política de bloqueo, la Oficina de Controlde Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoroaplica sanciones a empresas de telecomunicaciones estadou-nidenses y extranjeras por prestar servicios a Cuba, como sonlos casos de las compañías LD Telecommunications Inc., deFlorida, multada en el 2010 por 21 671 dólares; y EricssonPanamá, sancionada en el 2012 por 1 750 000 dólares.
• El Gobierno de EE.UU., ha permitido que ETECSA, comosucesora de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba,EMTELCUBA, haya sido despojada de fondos depositados enbancos estadounidenses, resultantes de servicios prestadosentre ambos países, los cuales fueron ilegalmente congeladoscomo parte de la política de bloqueo.
• El Gobierno de EE.UU., es el único en el mundo que pro-híbe a sus ciudadanos visitar Cuba libremente, con lo cualimpide los contactos, los intercambios, la comunicación y “ellibre flujo de información” entre ambos pueblos.
• La Ley Helms-Burton de 1996, en su sección 109, prohíbetodo tipo de asistencia a Cuba, salvo aquella que tenga comopropósito promover la subversión interna.
El Gobierno de EE.UU., debe cesar sus acciones subversivas,injerencistas, ilegales y encubiertas contra Cuba, que atentancontra la estabilidad y el orden constitucional cubano, y respe-tar la soberanía cubana, el Derecho Internacional y los propó-sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Cuba no tolerará ningún tipo de actividad subversiva ni deintromisión en sus asuntos internos y, como país soberano,continuará defendiéndose y denunciando la naturaleza inje-rencista de estos programas.
No solo es ZunZuneo
O. Fonticoba Gener
EL VII Encuentro Internacional Justicia yDerecho mostró el proceso de reforma quesucede en casi todos los países del mundo enaras de una mejor impartición de la justicia. Enello coincidieron los 230 delegados cubanos y115 de otras naciones que intercambiaron expe-riencias durante los tres días de la cita.
En declaraciones a la prensa, el presidente delTribunal Supremo Popular de Cuba (TSP),Rubén Remigio Ferro, comentó que lasexpectativas de los organizadores quedaron
superadas por la calidad y profundidad de lasdiscusiones, las cuales abordaron temas comoel papel de las Constituciones en los estadosmo dernos, los retos de la justicia en el sigloXXI, la protección del medio marítimo, y losdesafíos del derecho procesal penal.
Creo que el prestigio de Cuba, y no solo desu sistema judicial, ha crecido con la realiza-ción de este encuentro, apuntó Ferro. Nuestropaís sigue siendo un ejemplo de desarrollosocial, humanista y de realización de los dere-chos de las personas.
Sobre las transformaciones en el ámbito
jurídico como parte de la actualización del mode-lo económico, refirió que la justicia va adecuandosus procederes y perspectivas de análisis en lasolución de conflictos en la misma medida quese implementan los Lineamientos de la PolíticaEconómica y Social del Partido y la Revolución.
“No marcha a la zaga, dijo, sino que acom-paña el perfeccionamiento hacia las nuevasconquistas de la Revolución y el socialismo”.
En la clausura del cónclave, el TribunalSupremo Popular entregó el Reconocimiento alMérito Judicial —por su destacada trayectoriaen el ámbito jurídico— al presidente de la
Corte Suprema de la República de Chile, Ser -gio Muñoz, y al presidente del Instituto La ti -noamericano de Naciones Unidas para laPrevención del Delito y Tratamiento al Delin -cuente, Elías Carranza.
Asimismo, el TSP confirió reconocimientosespeciales a varios magistrados por su partici-pación y aportes al evento.
Asistieron al cierre del encuentro el secreta-rio del Consejo de Estado, Homero Acosta; laministra de Justicia, María Esther Reus; el Fis -cal General de la República de Cuba, DaríoDelgado, entre otras personalidades.
CONTINUAR EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS JUDICIALES
Un imperativo para el bienestar social
