Download - Corrupcion Mexico 1
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, UNAM
LABORATORIO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA
CORRUPCIÓN
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL
SERVICIO PÚBLICO:
Prácticas y percepciones relativas a los procedimientos de adquisiciones
Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados
Abril de 2005
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOINSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALESUNIDAD DE ESTUDIOS SOBRE LA OPINIÓN
Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Rene Millán Valenzuela
Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción
Dr. Antonio Azuela de la Cueva
Coordinación y Diseño de la Investigación
Mtra. Julia Isabel Flores Dávila
Asistentes de investigación
Mtro. Carlos Silva Forné
Mtro. Mauricio Padrón Innamorato
Mtra. Patricia Román Reyes
Lic. Rebeca Domínguez Cortina
Lic. Jorge Tello Torres
Diseño de la muestra y cálculo de estimadores para la obtención de muestra
Mtra. Yvon Angulo
Análisis estadístico
Act. Guillermo Cuevas Pineda
Act. Luis Calva Sánchez
Act. Enrique Martínez Carpio
Apoyo Técnico
Lic. Horacio Hernández Avilés
Lic. Alberto Romero Beltrán
Lic. Carlos Flores Ruiz
Apoyo de cómputo
Ing. Arturo Mondragón Lule
Apoyo secretarial
Navorina Díaz Pineda
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CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO:
Percepción del ejercicio de la función pública: opiniones, actitudes y valores
Encuesta a funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los
departamentos de adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos
descentralizados
ÍNDICE GENERAL 3
I. INTRODUCCION 7
II. APROXIMACIONES TEORICAS 12
II.1. Acercamientos a la corrupción 12
II.1.1. Definiciones 13
II.1.2. Orígenes de la corrupción 14
II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática 15
II.1.4. Diversos acercamientos metodológicos 17
II.2. La cultura de la transparencia del servicio público 18
II.2.1. La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de
las organizaciones18
III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS 23
III.1. Metodología de la investigación 23
III.2. Variables del estudio 25
III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta” 27
III.4. Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados 33
IV. PERFIL LABRAL DE LA POBLACION ENTREVISTADA 37
IV.1. Funciones desarrolladas por los trabajadores 37
IV.2. Participación en los procesos de adquisiciones 38
IV.3. Condición de actividad 38
IV.4. Características del trabajo 39
IV.5. Trayectorias ocupacionales de los funcionarios 39
IV.6. Prestaciones 40
IV.7. Tipos de contratación 41
IV.8. Integración al servicio civil de carrera 41
3
IV.9. Reclutamiento de personal 42
V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA 45
V.1. Sexo, estado civil y edad 45
V.2. Escolaridad 45
V.3. Nivel de ingresos 46
V.4. Diferencias por género 47
VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS 48
VI.1. Percepción de la situación política del país 48
VI.2. Percepción de la situación económica del país 48
VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 50
VII.1 Evaluación de la administración pública en México 50
VIII. CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 51
VIII.1. Procesos de adquisiciones 51
VIII.2. Adjudicaciones directas y licitaciones restringidas 53
VIII.3. Razones para realizar adjudicaciones directas 58
VIII.4. Evaluación del mecanismo de licitaciones 58
VIII.5. Tiempos de los procesos de adquisición de bienes y servicios 60
IX. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES 63
IX.1. Evaluación de la calidad de los servicios 63
IX.2. Mejoras en el servicio 63
IX.3. Percepción de la relación con los proveedores 73
X. CONOCIMIENTO Y APEGO A LA LEY 79
X.1. Conocimiento de la ley 79
X.2. Excepciones a las licitaciones públicas 80
X.3. Apego a la normatividad 81
XI. MECANISMOS DE EVALUACION Y CONTROL 83
XI.1. Órganos de evaluación interna 83
XI.2. Consultas a los usuarios 84
XI.3. Procesos de evaluación interna y transparencia 85
XI.4. Procesos de evaluación externa y transparencia 86
XI.4.1. Evaluación de la SECODAM 86
4
XI.5. Conocimiento de la contraloría social 91
XI.6. Funciones del contralor ciudadano 92
XI.7. Existencia de otras formas de participación ciudadana en los procesos 94
XI.8. Medidas para mejorar la administración 95
XI.9. Beneficios obtenidos por las propuestas 96
XII. CULTURA Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS 97
XII.1. Reclutamiento de personal 97
XII.2 Desempeño según prácticas administrativas 99
XII.3. Denuncia de conductas ilícitas 101
XII.4. Aplicación de medidas correctivas 102
XIII. PERCEPCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA
ADMINISTRACION PUBLICA103
XIII.1. Valores y actitudes hacia el superior jerárquico 104
XIII.2. Lealtad y confianza 104
XIII.3. Lealtad entre jefes y empleados 107
XIII.4. Lealtad y capacidad 110
XIII.5. Tolerancia hacia conductas de corrupción 113
XIII.6. Cultura de la denuncia 115
XIII.7. Prácticas de corrupción más frecuentes 117
XIII.8. Percepción de la corrupción según niveles de la administración pública 119
XIII.9. Percepción de la corrupción en la acción de la administración en
adquisiciones122
XIII.10 Percepción de niveles de corrupción según Secretarías de Estado 126
XIII.11. Percepción de costos y beneficios de los actos de corrupción 127
XIII.12. Percepción de la penas aplicadas a los actos corruptos 128
XIII.13 Percepción de los tipos de sanciones aplicadas a los funcionarios
corruptos129
XIV. ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y
CORRUPCIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES DE LA REGRESIÓN132
XV. PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LA CORRUCPION 140
XV.1 Origen, causas y responsabilidades frente a la corrupción 140
5
XV.2. Exceso de trámites 140
XV.3. Centralización de los servicios 141
XV.4. Calificación a la corrupción 141
XV.5. Soluciones percibidas frente a la corrupción 143
XVI. CONCLUSIONES 152
XVII. BIBLIOGRAFÍA 161
ANEXOS
ANEXO I. TABLAS CRUZADAS
ANEXO II. CUESTIONARIO
ANEXO III. DISEÑO MUESTRAL
ANEXO IV. LISTADO DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS POR
SECRETARIA
6
I. INTRODUCCION
Este trabajo sintetiza los resultados de la investigación Cultura de la
Transparencia en el Servicio Público: Prácticas y percepciones relativas a
los procedimientos de adquisiciones que consistió en una encuesta a
funcionarios responsables y funcionarios usuarios de los departamentos de
adquisiciones de 17 secretarías de estado y 4 organismos descentralizados
La investigación se orienta a conocer las características de la cultura del servicio
público, mediante el estudio de la relación que existe entre los ciudadanos y las
instituciones a través de las políticas públicas, que se manifiesta en una cultura del
servicio público.
Los objetivos generales de la investigación son los siguientes:
Conocer las percepciones y prácticas relativas a los procedimientos de
adquisiciones
• El apego a una cultura de la legalidad
• Medir la tolerancia a prácticas de corrupción de los funcionarios
responsables, funcionarios usuarios y proveedores del sector de
adquisiciones de 21 dependencias y entidades del Gobierno Federal.
Como objetivos particulares de estudio la investigación se dirigió a:
• Conocer el impacto de la corrupción en sectores seleccionados de áreas
prioritarias en los ámbitos público y privado
• Conocer la percepción sobre la corrupción en el ejercicio de la función
pública
• Conocer el nivel de profesionalización con respecto a la normatividad de los
funcionarios y empleados de los sectores público y privado en materia de
adquisiciones
7
La encuesta fue diseñada por especialistas del laboratorio de Documentación y
Análisis de Corrupción y de la Unidad de Estudios Sobre la Opinión del Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM (UDESO), y levantada por las empresas
BIMSA, Berumen y Consulta-Mitofsky y procesada por la UDESO, para conocer
los factores principales que inciden en las actitudes, opiniones y valores de la
población entrevistada frente a la transparencia, la legalidad y el servicio público.
La investigación se dirige también, a recoger las percepciones del desempeño
institucional y algunos elementos de la cultura del servicio público en México.
En ella se sintetizan los resultados de las percepciones, actitudes, opiniones y
valores de los funcionarios responsables de adquisiciones y de los funcionarios
usuarios de estos servicios, en 17 secretarías de estado y 4 organismos
descentralizados del gobierno federal.
Con el propósito de hacer posible que el estudio sea replicado por otros, se
exponen las nociones teóricas, las consideraciones metodológicas que
fundamentan el trabajo, los resultados de la encuesta en el lugar de trabajo
aplicada a 1641 personas, así como un breve análisis de sus efectos y
significados.
De la investigación se desprende que la cultura de la transparencia aún no ha
arraigado entre los funcionarios y sus proveedores en el país. La desconfianza y el
temor a brindar información se evidenciaron en las negativas de los funcionarios a
ser entrevistados.
Existe una brecha entre las élites responsables y los usuarios del servicio de
adquisiciones. Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones
distintas del servicio público y dos culturas del servicio público distintas. Estas
culturas distintas evidencian dos percepciones distintas del país: entre las élites
responsables y los usuarios
8
El estudio indica la presencia de dos culturas distintas: entre funcionarios con
larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan,
así como entre quienes mencionaron contar con servicio civil de carrera y quienes
dijeron no tenerlo.
La mitad de la población encuestada reconoce no saber si se realizan licitaciones
en las secretarías para la adquisición de bienes, productos o servicios. Los
servicios que realizan licitaciones en más elevada proporción son los relacionados
con la papelería y los servicios de copiado. Mayormente son los funcionarios de la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de
la Seguridad Pública quienes indican que nunca se realizan licitaciones.
Las razones más destacadas aducidas por los funcionarios encuestados para no
llevar a cabo licitaciones son, para cuatro de cada diez encuestados, la dificultad
para lograr la rápida adquisición de los bienes y servicios. Una elevada proporción
de trabajadores de PEMEX sostiene esta opinión
La investigación muestra que existe una gran desconfianza y falta de credibilidad
en las instituciones y los partidos políticos y se observa una amplia gama de
perspectivas y valoraciones, de corte negativo sobre el sistema de impartición de
justicia en el país. Los políticos, los partidos políticos y los sindicatos son las
instituciones reconocidas como las más corruptas por los encuestados en general,
Las medidas que la población encuestada considera son las más necesarias y
eficaces para solucionar el problema de la corrupción son la capacitación al
personal, el mejoramiento de la legislación y el aumento de los controles internos.
Las medidas consideradas menos eficaces son las denuncias anónimas
Finalmente, La presencia de una cultura de transparencia se asocia
principalmente con factores:
9
De índole individual: la escolaridad y la autopercepción
Asociados al sistema político: percepción de corrupción en actores político;
percepción de corrupción en la administración y percepción de impunidad,
costos de incurrir en conductas de corrupción (aprobar un trámite
incorrecto)
Los factores asociados a la trayectoria y el desempeño profesional no son
relevantes para explicar la presencia de una cultura de transparencia: no
importa si se es funcionario responsable o usuario ambos tienen las
mismas posibilidades de participar en actos de corrupción
El conocimiento de la ley no es un factor relevante para la presencia de una
cultura de transparencia
De lo anterior se desprende:
La importancia de educar en una cultura de la transparencia y de apego a la
legalidad
La consolidación efectiva del estado de derecho
Crear condiciones de confianza en las instituciones del sistema político
Homogeneizar y profesionalizar el servicio público
Los apartados en los que se divide este informe son los siguientes: el primer
apartado contiene una introducción al estudio. Las consideraciones teóricas y
metodológicas de la investigación se consignan en un segundo apartado; en el
tercero se presenta un perfil de la población entrevistada por lo que respecta a sus
puestos y trayectorias; en el cuarto apartado se analiza su perfil sociodemográfico;
en un quinto apartado se estudian las percepciones sobre la situación del país que
permiten reconstruir el contexto en el que se enmarcan las diversas opiniones; en
el sexto apartado se abordan las percepciones y evaluación de la administración
publica en México.
10
Un séptimo apartado se dedica a la calidad de los procedimientos administrativos
en el área de adquisiciones; en el octavo, se examinan las percepciones sobre el
sistema judicial de nuestro país; el octavo se hace lo mismo con los resultados de
las adquisiciones. Uno noveno apartado se dirige a estudiar el conocimiento de la
ley de adquisiciones, así como las percepciones de su vinculación con la realidad
actual del país. En un noveno apartado se estudian la disposición hacia la
democracia sus reglas y valores; el décimo apartado se dirige a analizar los
mecanismos de evaluación y control del desempeño de las instituciones.
El apartado undécimo se dedica al examen de la cultura y prácticas
administrativas, mientras que el duodécimo consigna las percepciones de la
transparencia y corrupción en la administración pública . El décimo tercer apartado
se dirige a recoger las percepciones generales sobre la corrupción en el país.
El apartado final incluye un resumen de los resultados de la investigación y
consigna las conclusiones del trabajo.
El documento se acompaña de cuatro anexos que comprenden: el diseño de la
muestra (anexo I), los instrumentos utilizados en la investigación (anexo II) y las
tablas que contienen los cruces básicos para cada pregunta (anexo III). En el
anexo IV, se presentan la metodología utilizada para realizar el trabajo de campo.
Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción
Unidad de Estudios Sobre la Opinión
Instituto de Investigaciones Sociales UNAM
Abril de 2005
11
II. APROXIMACIONES TEORICAS
II.1. Acercamientos a la corrupción
La corrupción es un fenómeno complejo y multifacético con múltiples causas y
efectos y asume varias formas y funciones en distintos contextos. El fenómeno de
corrupción varía desde un acto de pago de un soborno, o un pago contraindicado
por la ley hasta el mal funcionamiento endémico de un sistema político y
económico.
El problema de la corrupción ha sido visto como un tema estructural de política o
economía, o como un problema moral o cultural individual. La definición de
corrupción consecuentemente varía de los términos amplios de “abuso del poder
público” hasta “decaimiento moral” a definiciones legales estrictas como un acto
de soborno que involucra a un servidor público y una transferencia de recursos
tangibles.
En consecuencia, el estudio de la corrupción ha sido multidisciplinario y disperso y
abarca desde la construcción de modelos teóricos hasta descripciones detalladas
de escándalos de corrupción. Se ha estudiado como un problema de subdesarrollo
político, económico, moral o cultural.
La naturaleza compleja de la corrupción ha llevado a la mayoría de los
observadores a estar de acuerdo en que permea varias sociedades y no existen
soluciones fáciles a este problema. Se ha hecho notar también que la corrupción
no desaparece cuando un país se desarrolla, o se moderniza, sino que toma
nuevas formas (Girling: 1997).
12
II.1.1.Definiciones
En una extensa revisión de la literatura sobre el tema Amundsen clasifica los
discursos académicos contemporáneos sobre corrupción de acuerdo a distintas
disciplinas sociales (Amundsen and Fjeldstad 2000). La investigación sobre
corrupción incluye la clasificación de las diversas formas de corrupción con el
propósito de operacionalizar el concepto. Los investigadores han definido a la
corrupción como una relación particular entre el Estado y la sociedad y han
elaborado la distinción entre corrupción política y corrupción burocrática. Otra
distinción analítica amplia ha sido la de corrupción funcional y corrupción
disfuncional, o como un mecanismo de extracción “hacia arriba” o “hacia abajo”.
En otras ocasiones el enfoque se centra en la relación entre la corrupción y otros
fenómenos o procesos, como por ejemplo, en las agendas recientes de la ciencia
política, se ha colocado a la corrupción y la lucha contra la misma en la agenda
más amplia de la democratización1
El papel decisivo del estado se refleja en la mayoría de las definiciones de la
corrupción, que se entiende como una relación particular estado-sociedad. La
corrupción ha sido definida convencionalmente como la apropiación privada de
bienes públicos. Es el abuso de los recursos públicos por servidores públicos para
la obtención de beneficios privados. La definición de corrupción utilizada por
Transparencia Internacional y el Banco Mundial señala que “es el abuso del poder
público para fines (o beneficios) privados”2. Otra definición utilizada con frecuencia
es “una transacción entre actores de los sectores público y privado a través de la
cual los bienes colectivos son ilegítimamente convertidos en beneficios privados.
Este último punto, es enfatizado por Rose-Ackerman3 que señala que la
1 . Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption a Policy Oriented Survey, Final report, December 2000, NORAD Chr. Michelsen Institute (CMI) & Norwegian Institute of International Affairs (NUPI)2 . Transparency International (1998): “Corruption perception index 1998”. http://www.transparency.de/index.html [13.12.00].3 Rose-Ackerman, Rose (1978): Corruption. A Study in Political Economy. London/New York:Academic Press.
13
corrupción existe en la interfase de los sectores públicos y privados, definición que
apunta a la distinción weberiana entre lo público y lo privado como fundamento de
la administración y la política no corruptas4
En la definición clásica de Nye la corrupción es “un comportamiento que se desvía
de los deberes formales de un rol público (por elección o designación) por causas
(personales, familiares o de un grupo) a la búsqueda privada de beneficios de
riqueza o status5. Samuel Huntington señaló que “donde las oportunidades
políticas son escasas, la corrupción ocurre a medida que la gente la utiliza para
obtener poder, y donde las oportunidades económicas son pocas, la corrupción
ocurre cuando el poder político es utilizado para perseguir riquezas”6.
II.1.2.Orígenes de la corrupción
Dadas las definiciones de corrupción como un estado particular de la relación
entre el Estado y la sociedad los orígenes de la corrupción se localizan en los dos
campos de interacción: entre el estado y la sociedad, y más allá de ellos, esto es a
nivel nacional e internacional. Además, tiene lugar dentro del propio Estado, en
sus varios niveles.
En el nivel institucional nacional dentro de los varios niveles y agencias del
Estado, la corrupción puede desarrollarse entre las distintas ramas del gobierno
(ejecutivo, legislativo o judicial) y entre las instituciones políticas y administrativas.
Estas relaciones pueden corromperse por la sobreposición de funciones,
autoridades en conflicto, luchas por el poder político o por acceso a recursos
escasos, flujos manipulados de información y relaciones personales de
dependencia o lealtad.
4 Rose-Ackerman, Susan (1999): Corruption and Government. Causes, Consequences and Reform.Cambridge: Cambridge University Press.5 Nye, J.S. (1967): “Corruption and political development”, American Political Science Review, vol. 61,no. 2, pp. 417-427.6 Huntington, S.P. (1968): “Modernization and corruption”, en Political order in Changing Societies, Samuel P. Huntington, New Haven, Connecticut: Yale University Press. Pp. 59–71.
14
En particular, la débil separación entre el servicio público y los partidos políticos, la
débil profesionalización de la burocracia y la falta de rendición de cuentas y
transparencia administrativa, así como el deficiente control político y de los
mecanismos de auditoría incrementarán la corrupción: “A medida que aumenta la
discrecionalidad de los servidores públicos a través de regulaciones abundantes,
complejas y no transparentes, se incrementará la probabilidad de que aparezca la
corrupción”7
II.1.3. Diferencias entre corrupción política y burocrática
La distinción entre corrupción política y burocrática es ambigua. Depende de la
separación weberiana de la política y la administración, que se ha probado que es
difícil de implantar en los países más pobres y por lo tanto, escasamente
observable. No obstante, dicha distinción es importante en términos analíticos. La
corrupción política es algo más que la desviación de las normas legales formales y
escritas, de los mandatos de las cortes y de los códigos de ética profesionales. La
corrupción política es cuando los gobernantes abusan de las leyes y las
regulaciones o ignorar y arreglan dichas leyes para beneficiar a sus propios
intereses o a intereses privados. Se da cuando las bases legales contra las
cuales son juzgadas y evaluadas las prácticas corruptas son débiles o sujetas a
deformaciones por los líderes. La corrupción política puede ser incidental,
controlada o negociada, como en la mayoría de las democracias consolidadas.
La corrupción política o gran corrupción tiene lugar en los niveles más altos de la
autoridad política, cuando los políticos y tomadores de decisiones quien están
investidos del poder de autorizar e implantar las leyes en el nombre del pueblo son
corruptos. La corrupción política se da cuando la formulación de las políticas
públicas y la legislación se arreglan para beneficiar a los políticos y a los
legisladores.
7 Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 13
15
En forma similar, la corrupción burocrática puede tener lugar en el nivel de
implantación de las políticas públicas sin necesariamente ser parte del sistema
político o que tenga repercusiones políticas. Esto sucede con frecuencia cuando
un gobierno fuerte y transparente ha sido capaz de limpiar los corredores del
poder, pero no cada unidad del servicio público, siendo el caso de que ciertos
servicios o burócratas están todavía comprometidos con prácticas corruptas.
Al mismo tiempo, la corrupción burocrática y la política tienden a desarrollarse en
forma conjunta y a reforzarse una a la otra. La corrupción política está apoyada
generalmente en pirámides burocráticas extendidas, pirámides de extracción
hacia arriba. Y la corrupción en lugares con alto poder es contagiosa a niveles
inferiores, es por esta razón que una definición estricta de la definición de
corrupción como una desviación de las reglas formales y un enfoque particular en
la corrupción burocrática puede estar sesgado.
La corrupción burocrática puede ser controlada y restringida cuando existen
voluntad y capacidad política para implantar las regulaciones necesarias. En
algunas democracias liberales la corrupción ha disminuido a través de auditorías,
legislación y reformas institucionales. La corrupción política es de naturaleza
incidental y ocasional y se relaciona con el sistema político existente por las
reformas, revitalización de las instituciones políticas de rendición de cuentas como
las judiciales, legislativas y administrativas.
En los países son corrupción sistémica política o administrativa, el marco legal del
estado es insuficiente8 como término de referencia para juzgar el problema de la
corrupción. Así los efectos degenerativos de la corrupción política no pueden ser
contratacados sólo por enfoques legalistas o administrativos. Tendrán que
imponerse estándares o metas morales, normativas, éticas y políticas. La
8 Véase: Johnston, Michael (1996): “The search for definitions: The vitality of politics and the issue of corruption.” International Social Science Journal, no. 149, pp. 639-58.
16
corrupción endémica necesita de reformas políticas radicales, un sistema de
rendición de cuentas y una democratización profunda.
II.1.4.Diversos acercamientos metodológicos
Los debates internacionales sobre cómo acercarse al fenómeno de la corrupción
se desarrollan sobre una definición general y ampliamente aceptada que es “el
abuso del servicio público para la obtención de ganancias privadas” (Amundsen
1999, Rose-Ackerman 1996). Esta definición depende de la existencia de un
dominio público que sea reconocible, separado de la esfera privada.
En la ciencia política la concepción del servicio público está fuertemente
influenciada por el tipo ideal de Max Weber de la racionalidad legal. El paradigma
de la racionalidad legal se considera básico para entender la corrupción como la
falta de separación de los ámbitos público y privado. Esta perspectiva de análisis
de la administración pública ha sido cuestionada.
La mayoría de los antropólogos sociales considera que la definición convencional
de corrupción es demasiado estrecha y se orienta demasiado a la ilegalidad de las
prácticas. “Los juicios de las personas sobre los cursos de la acción no emergen
de un juego invariable de normas culturalmente universal que ayude a las
personas a decidir si determinadas acciones podrían ser clasificadas como
corruptas o no. Sino que es necesario ver cómo varían de un país a otro”9. Dadas
tales variaciones es necesario realizar exploraciones de cómo los actores evalúan
por si mismos las prácticas sociales.
Algunas normas sociales y de comportamiento tienden a facilitar la corrupción,
como la “existencia de unas reglas del juego fluidas y siempre negociables,
múltiples sistemas de normas, intermediarios, prácticas de donación de regalos,
cadenas de solidaridad, familias extensas, y formas de autoridad
9 Véase: Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad Research on Corruption, op. cit. p. 165
17
neopatrimonialistas” (Olivier de Sardan 1996). El examen de las lógicas
socioculturales que alimentan las prácticas cotidianas revelará lo que cada quien
considera que es y no es la corrupción y ello es materia de la experiencia social.
II.2. Cultura de la transparencia del servidor público
Es posible situar una de las causas de la corrupción en el modo de relación que
desde hace tiempo se ha establecido entre las instituciones y los ciudadanos. La
falta de transparencia e información en la toma de decisiones, la escasa
participación e involucramiento de los ciudadanos en la elaboración y cambio de
las políticas públicas, a los que se aúna la existencia de normas y
reglamentaciones inadecuadas u obsoletas, propician la transgresión de las
normas y el establecimiento de reglas de juego paralelas basadas en el uso de
mecanismos y acuerdos informales, y con ello, la aparición de conductas de
corrupción.
Lo anterior, ha contribuido a desarrollar una cultura del servicio público, presente
en los diversos ámbitos de acción y que es compartida tanto por los ciudadanos,
como por los servidores públicos. Una de las características de dicha cultura se
muestra en su falta de transparencia, la escasa responsabilidad ciudadana y del
servidor público con respecto al uso de los bienes y servicios públicos -que dada
la lejanía del ciudadano con respecto a la esfera pública, a la que se considera
ajeno-, son considerados como bienes que no pertenecen a nadie en particular, y
por ello, susceptibles de disposición.
II.2.1.La cultura del servicio público: cultura de la transparencia y cultura de
las organizaciones
Cultura de la transparencia del servidor público
La cultura de la transparencia en el servicio público se define como las ideologías,
normas y rutinas orientadas a brindar acceso a la información con oportunidad,
18
visibilidad del trabajo que gobiernan las expectativas y el comportamiento del staff
burocrático así como las relaciones de la organización con su entorno externo.
La creación de una cultura de acceso, significa crear una cultura donde proveer
información sea contemplado como una parte integral y valorada del trabajo de
cada servidor público, no entendido como algo accesorio al trabajo real o como
una molestia adicional. El cambio en esta percepción influenciará la manera en
que es creada la información gubernamental, clasificada y comunicada.
El elemento de transparencia significa que las siguientes metas son
fundamentales para la cultura del servicio público:
Proporcionar al ciudadano la mayor visibilidad del trabajo que está siendo
desarrollado
Proveer información disponible y con oportunidad
Uno de los obstáculos mayores que se presenta para implantar cambios
conducentes a la transparencia es la existencia de una cultura organizacional
fuertemente enraizada, que puede ejerce efectos en el cambio de la organización,
limitando la extensión de las reformas e impidiendo ir más allá de los cambios
estructurales y de reglas formales para romper con los valores e incentivos
subyacentes e incitar a realizar cambios significativos y sustanciales en el
comportamiento organizacional.
En aquellos lugares donde las metas de las reformas son consistentes con los
elementos de la cultura organizacional existente el éxito e dicha implantación ha
sido más evidente. Del mismo modo, en donde las reformas han demandado
cambios a un nivel profundo de las ideologías, normas y rutinas se ha encontrado
con resistencia considerable y en algunos casos, incluso, ha fracasado.
19
Lo que indica la experiencia es que un entendimiento completo de la dinámica
compleja del cambio de y dentro de las organizaciones, debe dirigirse no sólo a los
factores sistémicos que demandan un cambio, sino también, a los factores
internos críticos que moldean la ejecución de las reformas estratégicas y de sus
resultados finales.
Se plantea entonces la necesidad de discernir la relación dinámica entre las
organizaciones y el ambiente, especificar las condiciones bajo las cuales pueden
sobrevivir y alternativamente, como obtienen autonomía de e influencia sobre sus
principales funciones. independencia financiera, y control sobre la información y la
acción experta.
Estos son primeros pasos esenciales en la comprensión de las oportunidades y
condiciones para el comportamiento y el cambio de las organizaciones. No
obstante, sin una teoría social de la organización poco se puede explicar sobre el
contenido de esos comportamientos y la dirección y sentido del cambio. Los
académicos constructivistas de la teoría sociológica de la organización han
ampliado esos modelos para explorar la naturaleza de la acción: la vida social de
los actores organizacionales que explica los resultados de comportamiento y los
procesos de cambio no predecibles por otros métodos. Estos modelos exploran la
interacción de factores internos y externos que generan fuentes de poder
independiente e influencia en las políticas públicas y en las prácticas de las
organizaciones.
El denominador común es la afirmación de que las organizaciones, una vez
pasado el punto de su creación, evolucionan para convertirse en actores sociales
por derecho propio, desarrollando y desplegando intereses y comportamiento que
aseguren su legitimidad y sobrevivencia en los ambientes institucionales externos.
Esta concepción de la acción de las organizaciones está construida sobre la
observación de las organizaciones que buscan alcanzar sus metas en ambientes
20
competitivos y demandantes, no sólo por la adopción de estructuras formales
apropiadas y tecnología, sino también al crear en el tiempo distintas culturas
organizacionales.
Dentro de las organizaciones la cultura naturalmente evoluciona con el tiempo o
es estratégicamente creada por líderes como un medio de enfrentar los
requerimientos externos para su supervivencia y crecimiento, así como para
alcanzar la integración interna que permita realizar operaciones eficientes y
medios de adaptación. Los elementos definitorios de la cultura afectan al
comportamiento de las organizaciones a través de reglas formales y estructuras
informales que moldean las expectativas de los miembros acerca de sus propios
roles e identidades, así como lo que constituyen los pensamientos e ideas
normativa e instrumentalmente apropiadas.
A lo largo del tiempo, es a través de los procesos de socialización en el que los
miembros de la organización internalizan respuestas a los problemas y retos, la
cultura organizacional se enraiza fuertemente y se vuelve resistente al cambio.
Las mismas ideologías, normas, lenguajes y rutinas que ayudan a aliviar la
incertidumbre y proveen estabilidad, también inhiben el aprendizaje organizacional
que conlleva una reflexión acerca de ideologías, valores y metas. En otras
palabras, esta cultura se convierte en un filtro a través del cual las organizaciones
interpretan las señales del ambiente y las traducen en decisiones de la
organización con vistas a agendas selectivas y prácticas de política.
Más aún, esta cultura actúa como un punto de fricción o de tensión y constricción
sobre el cambio llevando a la organización en una trayectoria de múltiples
resultados que van desde la preservación del statu quo hasta diversos grados de
adaptación o aprendizaje.
21
De lo anterior, se desprende que la creación de acciones tendientes a la creación
de nuevas culturas organizacionales en el sector público es un elemento
importante para lograr una cultura de la transparencia en el país.
22
III. APROXIMACIONES METODOLOGICAS
III.1. Metodología de la investigación
Para dar cuenta de las situaciones anteriores, se requiere integrar en un marco
básico de interpretación conocimientos de varias disciplinas: la administración
pública, el derecho, la sociología, demografía y estadística, pero ello requiere
también, de una combinación de metodologías de investigación.
Es necesario, por una parte, identificar los puntos de referencia principales de la
población estudiada, dibujar un mapa inicial de los entrevistados y las
particularidades de su ocupación, trayectoria profesional y de sus características
demográficas, sociales y económicas. Por otra parte, importa conocer la opinión,
valoraciones y percepciones de los entrevistados sobre los procesos de
adquisiciones. Eso sólo es posible mediante el empleo de metodologías
cuantitativas, que permiten obtener representatividad, a la vez que extensión.
En la investigación se recurrió al uso de la encuesta, con este propósito se
diseñaron dos instrumentos: una ficha de registro diseñada para recoger la
información de cada entrevistado, su trayectoria profesional y su entorno; y un
cuestionario de opinión dirigido a recoger las percepciones, actitudes y
valoraciones de los entrevistados sobre el servicio publico, la transparencia en las
adquisiciones y la corrupción en el país y en la administración pública. El
cuestionario consta de preguntas cerradas y abiertas e incluye una sección
sociodemográfica que permite captar datos relativos a las condiciones de vida de
los entrevistados (Véase Anexo II).
Se elaboraron 16 versiones distintas del cuestionario, para su elaboración se
contó con la aportación de distintos sectores: académicos, de la administración
pública y del sector privado. Una vez que se aprobó la versión final se llevó a cabo
una prueba piloto para conocer la respuesta de los entrevistados a su duración y
23
fraseo, así como la pertinencia de las preguntas y se realizaron nuevas
adaptaciones al cuestionario.
Durante los meses de septiembre de 2004 a febrero de 2005, se entrevistó en su
lugar de trabajo a 1641 funcionarios responsables y usuarios de los
departamentos de adquisiciones en 17 secretarías de estado y 4 organismos
decentralizados del gobierno federal. Los detalles relativos al diseño de la muestra
se consignan en el Anexo metodológico I (Véase Anexo I).
Las bases de datos de funcionarios sobre las que se elaboró la muestra fueron
proporcionadas por la propia Secretaría de la Función Pública. Hubo que
rehacerlas varias veces, debido a imprecisiones y desactualizaciones. En esta
tarea colaboró la Secretaría de la Función Pública.
Se presentó una fuerte negativa inicial de los funcionarios a ser entrevistados. Al
mes de noviembre de 2005 se contabilizaron 2800 visitas y 920 rechazos en 19 de
los 21 organismos seleccionados. Dada esta negativa, se solicitó una carta
personalizada a cada funcionario responsable de los departamentos de
adquisiciones de la Secretaría de la Función Pública para que se permitiera
realizar las entrevistas. Se realizaron 3,800 visitas en los 21 organismos
seleccionados. Se dieron 294 rechazos definitivos
24
Cuadro 1Secretarías y organismos públicos visitados SEP SECTUR
STRABAJO PGR SEGOB SSALUD
SREXTERIORES SECONOMÍA SRA SENERGÍA SCT SEDESOL
SAGARPA SEMARNAT SHCP IMSS
CFE COMISIÓN NACIONAL
DEL AGUA PEMEX SFP SRE
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
III.2. Variables del estudio
Las variables consideradas en el estudio fueron las siguientes:
Variables sociodemográficas y socioeconómicas de la población objeto
de estudio: Se tuvieron en cuenta variables como el sexo, la edad, así como
el nivel de escolaridad, la condición de actividad y el ingreso familiar, y las
características de profesionales. Con dichas variables se puede esbozar un
perfil sociodemográfico y de trayectoria en el puesto, sus características
generales y especificidades.
Percepciones sobre la situación del país: Se tienen en cuenta las
percepciones sobre la situación por la que atraviesa México, y las expectativas
para el futuro que posee la población entrevistada.
Evaluación de la administración pública en México: Se tuvieron en cuenta
las valoraciones de la población frente a diversas instituciones de la
administración pública, antes y después del año 2000.
Calidad en los procesos de adquisiciones: Se tuvieron en cuenta los
procesos de adjudicaciones directas y licitaciones restringidas, las
contrataciones de emergencia, la evaluación de los mecanismos de licitación, y
los tiempos y costos de estos procesos.
25
Resultados de las adquisiciones. En este rubro se consideraron el nivel de
satisfacción de los usuarios, la evaluación de la calidad y eficiencia al brindar
los servicios, las mejoras en el servicio, la relación con los proveedores y la
percepción de corrupción en las adquisiciones.
Conocimiento y apego a la ley de adquisiciones. De acuerdo a los objetivos
de la investigación, se le concedió una importancia particular al análisis de las
actitudes, opiniones, percepciones y valores de los encuestados sobre la ley de
adquisiciones, así como de su aplicación y la cultura de la legalidad en
general.
Percepciones sobre los mecanismos de evaluación y auditoría: Se
analizaron las actitudes y percepciones sobre los mecanismos de evaluación
internos y externos: auditorías, SFP y Contraloría ciudadana.
Cultura y prácticas administrativas: las actitudes, percepciones y opiniones
sobre el servicio publico -elementos centrales en el cuestionario- se han
analizado a través de la exploración de las percepciones que posee la
población entrevistada sobre las prácticas más frecuentes n la administración y
los valores que las guían.
Percepciones de la transparencia y corrupción en la administración
pública: De igual forma, se analizó esta esfera a través de las opiniones y
percepciones que posee la población objeto de estudio sobre las prácticas de
corrupción, su origen, causas y evolución, así como las responsabilidades
frente a la corrupción. Se incluyen además variables diseñadas para captar los
focos de corrupción, los costos y beneficios de los actos corruptos, la
percepción de las penas y sanciones aplicadas en esos casos.
Percepciones generales sobre la corrupción. Incluye la calificación de
actores políticos y sociales corruptos, la autocalificación en la escala de
corrupción; las soluciones percibidas a este problema y preguntas para captar
los mecanismos percibidos para solucionarlo.
26
III.3. Análisis de las categorías de las respuestas “no sabe” y “no contesta”
La falta de respuesta por parte de los informantes es uno de los posibles errores
que afectan a una encuesta en la fase de recogida de la información. En este
sentido, nuestra encuesta presentó en muchas preguntas porcentajes muy
elevados de la categoría “no sabe / no contesta”, por lo cual, bajo una primera
mirada, podría suponerse que se está delante de un error del tipo antes
mencionado. Una encuesta que aborda temas sobre corrupción es posible pensar
que obtenga un porcentaje muy elevado de falta de respuesta por la reticencia de
los entrevistados a contestar sobre un tema de alta sensibilidad. Sin embargo, si
desglosamos la categoría entre aquellos informantes que respondieron que no
sabían responder la pregunta y aquellos que directamente no quisieron contestar,
es la primera categoría en la que se concentran casi todas las respuestas siendo
marginal la falta de respuesta en todo el cuestionario.
Igualmente habría que preguntarse acerca de tan altos porcentajes de “no sabe”
en muchas preguntas de la encuesta. La respuesta a esta interrogante es doble:
por un lado preguntas sobre conocimientos muy específicos que muchos
informantes no estaban en posición de conocer, y segundo y más preocupante (y
este es un resultado interesante del estudio), falta de conocimiento sobre temas
que sí deberían conocer funcionarios vinculados en su labores con la temática de
las preguntas.
Si se dirige una rápida mirada a las tablas cruzadas resultantes del estudio se
puede apreciar como los porcentajes de la categoría “no sabe” no alcanzan cifras
muy elevadas en aquellas preguntas sobre información personal del entrevistado,
o en preguntas de opiniones generales que se realizan. Sólo se alcanzan elevados
niveles de no saber contestar en los casos de preguntas sobre conocimientos
específicos sobre el funcionamiento de procesos administrativas de su secretaría.
Un ejemplo claro de esto son las preguntas referidas a los procesos
27
administrativos en el área de adquisiciones. Los porcentajes de la categoría “no
sabe” van elevándose en función del nivel de especificidad de la pregunta en
cuanto a los procedimientos al respecto. Al preguntar sobre la frecuencia con la
que se hacen adquisiciones directas de algunos productos o servicios los
porcentajes de “no sabe” alcanzan a alrededor de un tercio de los entrevistados,
mientras que dichos porcentajes alcanzan a tres de cada cuatro entrevistados al
preguntar sobre el tiempo de anticipación con el que se inician estos procesos.
Ahora bien, podemos apreciar que el comportamiento de ese “no sabe” se
distribuye de forma esperable en función del tipo de funcionario que contesta la
encuesta. Por un lado, los funcionarios de ocupan cargos de personal de base
duplican en la categoría “no sabe” a otros funcionarios de mayor rango tal como
podemos apreciar en el siguiente cuadro para el caso de la adquisición directa de
vehículos:
Cuadro 2¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o servicios?
Vehículos
Cargo SIEMPREA
VECESNUNCA NS NC Total
Mandos Superiores 1.7 7.6 67.1 23.1 0.5 100Mandos Medios 2.0 10.1 55.7 31.4 0.9 100Personal Operativo 17.5 55.0 25.0 2.5 100Personal de Base 1.4 5.1 36.6 56.8 0.2 100NC 100.0 100Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Más marcada es la diferencia en la misma categoría si se considera si el
funcionario tiene o no alguna participación en los procesos de adquisiciones. En
este caso en porcentaje de “no sabe” es más de tres veces más elevado para los
funcionarios que no participan en estos procesos. Nuevamente ejemplificamos con
las adquisiciones directas en el caso de los vehículos:
28
Cuadro 3¿Con qué frecuencia hacen adquisiciones directas de los siguientes productos o servicios?
Vehículos¿Tiene usted
alguna intervención en los procesos de adquisiciones?
SIEMPRE A VECES NUNCA NS NC TotalSI 3.2 20.2 62.8 13.9 100.0NO 1.3 4.8 52.0 41.2 0.7 100.0
Total 1.6 7.7 54.1 36.0 0.5 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
El comportamiento de la categoría “no sabe” es similar para el caso de los otros
productos y servicios sobre los que se consultó (Véanse Tablas 58 – 63). Como
mencionamos anteriormente, los porcentajes son más elevados en las preguntas
de procesos más específicos, por ejemplo los tiempos de anticipación de las
adquisiciones. En este caso el comportamiento de la categoría “no sabe” también
varía dependiendo si se trata de personal de base o de funcionarios de mayor
rango, pero por tratarse de conocimientos más específicos los porcentajes de “no
sabe” continúan siendo muy elevados. Vemos un ejemplo para el caso de los
tiempos de adquisición del material de papelería:
Cuadro 4La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de adquisición?... Material de papelería
Cargo 1 AÑO6
MESES3
MESES
MENOS DE 3
MESESNS NC Total
Mandos Superiores 7.4 5.2 7.3 13.7 65.6 0.8 100.0Mandos Medios 7.5 6.4 4.2 15.8 64.5 1.8 100.0Personal Operativo 7.5 10.0 5.0 2.5 72.5 2.5 100.0Personal de Base 2.9 1.8 1.8 9.4 84.0 0.2 100.0NC 100.0 100.0Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Para el caso de los funcionarios que declararon que participan o no participan en
los procesos de adquisiciones las diferencias de la misma categoría son mucho
más altas. Igualmente, llama la atención el bajo conocimiento sobre dichos
procesos por parte del personal que sí tendría que estar al tanto de dicha
29
información. Nuevamente ejemplifiquemos con el material de papelería, un
servicio que muestra un comportamiento similar al de otros productos o servicios
sobre los que se interrogó:
Cuadro 5La última vez que contrataron los siguientes bienes y servicios en esta dependencia, ¿con que tanta anticipación se iniciaron los procesos de adquisición?... Material de papelería
¿Tiene usted alguna intervención en los
procesos de adquisiciones?
1 AÑO 6 MESES3
MESES
MENOS DE 3
MESESNS NC Total
SI 9.8 12.6 13.9 22.7 41.0 100.0NO 5.1 2.6 2.5 10.3 78.3 1.1 100.0
Total 6.0 4.6 4.7 12.7 71.1 0.9 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Como puede apreciarse, la categoría “no sabe” es el doble para el caso de los
funcionarios que declararon no intervenir en las adquisiciones, sin embargo, el
porcentaje es muy elevado para los que sí participaron. Los porcentajes de “no
sabe” para la pregunta por la suficiencia o insuficiencia de estos tiempos sigue un
comportamiento similar al descrito anteriormente (Véanse Tablas 72 a 78).
La satisfacción con la calidad de los servicios, como sería esperable, ya no
muestra porcentajes tan elevados de “no sabe”. Sin embargo para algunos casos
como la flotilla de vehículos o el servicio de viajes los porcentajes de no saber
responder son mucho más elevados (53.4% para los vehículos y 46.3% para los
servicios de viaje, contra, por ejemplo, 15% en el caso del material de papelería).
Lo que sucede es que los usuarios de los dos primeros servicios son mucho
menos extendidos que los últimos y eso de refleja en los resultados señalados.
Similar es el comportamiento ante las preguntas referidas a la rapidez con que se
brindan esos productos o servicios (Véanse Tablas 85 – 90).
Cuando las preguntas vuelven a referirse a conocimiento más especializado sobre
los procesos de adquisición los porcentajes de la categoría “no sabe” se elevan,
pero nuevamente presentan una importante variación en función de nivel de los
30
funcionarios dentro de la secretaría, tal como se ejemplifica en el siguiente cuadro
para el caso de el servicio de computadoras.
Cuadro 6Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los
siguientes servicios? ComputadorasCargo MUCHO ALGO POCO NADA NS NC Total
Mandos Superiores 9.0 13.6 15.6 34.4 26.5 0.8 100.0Mandos Medios 10.1 14.5 14.7 30.9 29.4 0.4 100.0Personal Operativo 5.0 22.5 12.5 10.0 50.0 100.0Personal de Base 8.2 10.4 8.4 16.6 55.6 0.8 100.0NC 100.0 100.0Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Como es esperable, una diferencia más marcada en esta categoría de respuesta
se presenta en el caso de la división entre funcionarios que participan y que no
participan de los procesos de adquisición. El porcentaje de “no sabe” para el caso
de los funcionarios que sí participan de los procesos de adquisiciones es menos
de la tercera parte del porcentaje que alcanza para el caso no los que no lo hacen.
Igualmente, podría considerarse como falta de conocimiento en la materia que
15% no haya sabido responder a la pregunta. Un comportamiento similar se da en
las preguntas que refieren a los otros servicios (Véanse Tablas 91 – 96).
Cuadro 7Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los siguientes
servicios? Computadoras
¿Tiene usted alguna intervención en los
procesos de adquisiciones?
MUCHOALGOPOCONADA NS NC TotalSI 7.9 17.0 20.2 39.7 14.8 0.3 100.0
NO 9.2 12.1 11.3 24.4 42.2 0.8 100.0Total 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Otras preguntas sobre los procesos de adquisición siguen un comportamiento
similar al descrito hasta el momento, tal como es el caso de las preguntas sobre
31
las quejas que realizan los proveedores (Tablas 97 y 98), la normatividad sobre las
adquisiciones (Tablas 99, 100 y 116)
Las preguntas sobre áreas específicas de las secretarías y sobre el conocimiento
de la ley de adquisiciones también alcanzan porcentajes de la categoría “no sabe”
muy elevados. Para el caso de preguntas sobre áreas o dependencias en las que
existe mayor corrupción la frecuencia de la categoría “no sabe” no solamente es
muy elevada (cerca de la mitad de los funcionarios entrevistados), sino que el
porcentaje no varía en función de los tipos de funcionario. En este caso, el
porcentaje elevado no parece deberse a falta de información específica como era
el caso de muchas de las anteriores preguntas, sino a la temática sensible de la
pregunta y al no querer comprometerse con una respuesta al interior de la misma
secretaría en donde se trabaja cotidianamente (Véase Tabla 142).
Con relación al conocimiento que los funcionarios tienen sobre la ley de
adquisiciones, las diferencias entre funcionarios de distinto tipo vuelven a ser muy
significativas. Pongamos el ejemplo de la pregunta sobre los procesos de
contratación que establece la Ley de Adquisiciones, particularmente de la mención
de la obligación de llamar a una licitación pública. Los porcentajes de la categoría
“no sabe” son diversos para los distintos niveles de funcionarios:
Cuadro 8¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de
Adquisiciones? Licitación pública nacional e internacional
CargoSI
MENCIONNO
MENCIONTotal
Mandos Superiores 71.6 28.4 100.0Mandos Medios 61.4 38.6 100.0Personal Operativo 42.5 57.5 100.0Personal de Base 12.1 87.9 100.0NC 100.0 100.0Total 49.5 50.5 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
La diferencia es aún más marcada para la distinción entre funcionarios que
participan en los procesos de adquisición y aquellos que no lo hacen:
32
Cuadro 9¿Podría decirme los procesos de contratación que establece la Ley de Adquisiciones?
Licitación pública nacional e internacional
¿Tiene usted alguna intervención en los
procesos de adquisiciones?
SI MENCION
NO MENCION
Total
SI 89.9 10.1 100.0NO 39.9 60.1 100.0
Total 49.5 50.5 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Nueve de cada diez funcionarios vinculados a los procesos de adquisición
mencionaron la necesidad de convocar a licitación pública, mientras que sólo lo
hicieron cuatro de cada diez funcionarios que no participan en dichos
procedimientos administrativos. Un comportamiento similar de la categoría “no
sabe” es el que se presenta en las preguntas que refieran a las excepciones a la
ley de adquisiciones, a la realización de auditorias y a la existencia y
funcionamiento de los organismos de contralor ciudadano sobre estos
procedimientos (Véanse Tablas 162 a 184).
III.4 Criterios para la clasificación de los funcionarios entrevistados
La clasificación de tipo de funcionarios se hizo con base a sus facultades y nivel
de decisión señaladas en el articulo 5 la Ley Federal los Trabajadores al Servicio
del Estado, donde describe las funcionarios que desempeñan los funcionarios de
confianza de la administración pública federal:
Según el artículo 5, son trabajadores de confianza, aquellos que desempeñan
funciones que conforme a los catálogos de puestos sean de:
a).- Dirección, que le confieren la representatividad e implican poder de decisión
en el ejercicio del mando a nivel directores generales, directores de área, adjuntos,
subdirectores y jefes de departamento.
b).- Inspección, vigilancia y fiscalización: exclusivamente a nivel de las jefaturas y
sub- jefaturas, cuando estén considerados en el presupuesto de la dependencia o
33
entidad de que se trate, así como el personal técnico que en forma exclusiva y
permanente este desempeñando tales funciones ocupando puestos que a la fecha
son de confianza.
c).- Manejo de fondos o valores, cuando se implique la facultad legal de disponer
de estos, determinando su aplicación o destino. El personal de apoyo queda
excluido.
d).- Auditoria: a nivel de auditores y sub- auditores generales, así como el personal
técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones, siempre
que presupuestalmente dependa de las contralorías o de las áreas de auditoria.
e).- Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la
dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones
sobre las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con
elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente
considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales
características.
f).- En almacenes e inventarios, el responsable de autorizar el ingreso o salida de
bienes o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.
g).- Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar el
sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.
h).- Asesoría o consultaría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes
servicios públicos superiores; secretario, sub- secretario, oficial mayor,
coordinador general y director general en las dependencias del gobierno federal o
sus equivalentes en las entidades.
i).- El personal adscrito presupuestalmente a las secretarias particulares o
ayudantías.
j).- Los secretarios particulares de: secretario, sub- secretario, oficial mayor y
director general de las dependencias del ejecutivo federal o sus equivalentes en
las entidades, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los
funcionarios a que se refiere la fracción i de este articulo.
k).- Los agentes del ministerio publico federal y del distrito.
34
l).- Los agentes de las policías judiciales y los miembros de las policías
preventivas.
Han de considerarse de base todas las categorías que con aquella clasificación
consigne el catalogo de empleos de la federación, para el personal docente de la
secretaria de educación publica.
La clasificación de los puestos de confianza en cada una de las dependencias o
entidades, formara parte de su catalogo de puestos.
iii.- en el poder legislativo; en la cámara de diputados; el oficial mayor el director
general de departamentos y oficinas, el tesorero general, los cajeros de la
tesorería, director general de administración, el oficial mayor de la gran comisión,
el director industrial de la imprenta y encuadernación y el director de la biblioteca
del congreso.
En la contaduría mayor de hacienda: el contador y el subcontador mayor, los
directores y subdirectores, los jefes de departamento, los auditores, los asesores y
los secretarios particulares de los funcionarios mencionados.
En la cámara de senadores: oficial mayor, tesorero y subtesorero;
iv.- en el poder judicial: los secretarios de los ministros de la suprema corte de
justicia de la nación y en el tribunal superior de justicia del distrito federal, los
secretarios del tribunal pleno y de las salas;
El personal de base (personal operativo) comprendidos dentro del articulo anterior.
Estos se subdividen según las funciones que desempeñan en:
Grupos servicios: Personal que se caracteriza por la ejecución de actividades de
apoyo mecanográfico, limpieza, mensajería, transportación de personas y
documentos, almacenamiento de recursos materiales, mantenimiento y vigilancia
de inmuebles, orientación al público
Grupo administrativo: Personal que desempeña funciones tales como: elaborar,
tramitar y controlar documentos, registrar en controles establecidos, actualizar
35
información, operar máquinas de oficina, glosar documentos, realizar actividades
secretariales y de archivo, así como, de cálculo, análisis y clasificación.
Grupo técnico: Personal en cuyos puestos se aplican conocimientos teóricos-
prácticos como el realizar estudios y programas técnicos, sobre diversas materias
de especialización, operar equipos especializados de cómputo y electrónica, etc.
Resolviendo problemas de carácter técnico.
Grupo profesional: Personal que lleva a cabo la aplicación de conocimientos
teórico-científicos, para realizar estudios técnicos y administrativos, que requieren
de investigación o del conocimiento de materias a nivel profesional y que permiten
evaluar situaciones y proporcionar alternativas de solución.
De los funcionarios responsables entrevistados el 68.9% (199) tiene una
intervención directa en los procesos de adquisiciones, el 4.5% son responsables
de administración de recursos humanos, el 5.5% son responsables de la
administración de recursos financieros, el 40.1% son responsables de adquisición
de bienes y contratación de servicios y el 26.0% son responsables de
administración de bienes y recursos materiales
De los funcionarios usuarios entrevistados sólo el 8.7% tiene una intervención
directa en los procesos de adquisiciones. El 39.6% de los entrevistados se
dedican a las siguientes labores; el 6.9% son analistas de información, el 8.8% se
ubican en el asesoramiento y apoyo jurídico, el 7.8% en la auditoria y control, el
10.2% en la elaboración de proyectos y normas y el 47.6% es personal operativo
del departamento.
36
IV. PERFIL LABORAL DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA
De acuerdo con el cargo que los funcionarios ocupan en las secretarías, el 38.0%
respondió que ocupa cargos que se podrían clasificar como de mandos
superiores, el 29.1% de los encuestados indicó que ocupa cargos que
corresponden a la categoría de mandos medios, el 33.0% contestó que ocupa
cargos que se pueden agrupar bajo el rubro de personal operativo (Véase tabla 5).
IV. 1. Funciones desarrolladas por los trabajadores
Es importante destacar en este análisis las funciones que desarrollan los
encuestados en las secretarías en las que trabajan. A este respecto se puede
decir que el 41.8% declaró desarrollar funciones operativas en general, el 9.6% se
ocupa en el área de adquisiciones de bienes y contratación de servicios, el 8.9%
desempeña funciones relacionadas con la elaboración de proyectos y normas, el
7.9% tiene funciones vinculadas con la administración de bienes y recursos
materiales, y el resto de los encuestados desarrolla funciones que van desde el
análisis de la información (6.0%) hasta el seguimiento de programas (1.3%)
(Véase Tabla 1).
Entre los encuestados que declararon ocupar mandos superiores, el 31.5%
desarrolla funciones operativas en general, el 12.4% se encarga de la elaboración
de proyectos y normas y el 11.1% tiene como responsabilidad la adquisición de
bienes y contratación de servicios. Un patrón distinto se observa para los
encuestados que se ubican en mandos medios de los cuales el 34.6% están en
funciones operativas; el 15.1%, en la adquisición de bienes y contratación de
servicios y el 11.1% en la administración de bienes y recursos materiales (Véase
Tabla 1).
La amplia mayoría de los encuestados que se ubica como personal operativo
desarrolla funciones operativas en general (60.1%) (Véase Tabla 1).
37
IV. 2. Participación en los procesos de adquisiciones
Prácticamente ocho de cada diez encuestados (80.7%) indicaron que no participan
del proceso de adquisiciones, mientras que el 19.3% de los encuestados
manifestó que participa de este proceso (Véase tabla 12).
Los encuestados que tienen cargos de mandos medios y superiores participan en
el proceso de adquisiciones en mucho mayor medida (29.5% y 26.2%,
respectivamente) que el personal operativo (1.5%) (Véase Tabla 12).
Casi todos los funcionarios (97.7%) que trabajan en la Comisión Nacional del
Agua y en la Procuraduría General de la República (96.2%) señaló que no
intervienen en los procesos de adquisiciones. Mientras que son los entrevistados
de la Secretaría de Economía (28.3%) y la Secretaría de Desarrollo Social (27.7%)
quienes en mayor proporción señalan tener algún tipo de intervención en los
procesos de adquisiciones (Véase tabla 12).
IV. 3. Condición de actividad
Prácticamente todos los funcionarios de la muestra (93.7%) realizan su trabajo en
cada una de las secretarías de manera exclusiva, sin desarrollar otra actividad
laboral. Quienes tienen otra ocupación se dedican mayormente al comercio o a un
negocio por cuenta propia (32.0%), son profesores (23.3%), tienen oficios varios y
diversos (15.5%) o bien declaran ser consultores (10.7%) (Véase Tabla 196).
Este mismo patrón se observa al hacer el análisis por cargo o puesto ya que tanto
los mandos superiores (93.1%), como los medios (93.9%) y el personal operativo
(94.1%) indicaron no tener otro trabajo (Véase Tabla 196).
Entre los funcionarios que desarrollan otra actividad laboral además de
desempeñarse en las secretarías, destacan los trabajadores de la Secretaría de
energía (12.0%), de la Secretaría de Gobernación (10.5%) y el IMSS (9.5) (Véase
Tabla 196).
38
IV. 4. Características del trabajo
La mayoría de los funcionarios encuestados (68.4%) indican que trabajan de
manera interna, en tanto que el 20.5% de los trabajadores desarrolla su actividad
tanto de forma interna como de cara al público, y uno de cada diez (10.2%) solo
trabaja de cara al público (Véase tabla 4).
Prácticamente la totalidad de la población encuestada manifestó que el
departamento en el que trabaja no cuenta con otras oficinas o centros. Los
trabajadores de la Secretaría de la Función Pública son quienes en mayor medida
señalaron esta situación (94.8%), seguidos de los encuestados en la Secretaría de
Energía (88.0%) y por último los trabajadores de la Secretaría de Gobernación
(87.4%) (Véase Tabla 2).
La amplia mayoría (83.3%) de los encuestados indicó que, en la oficina en la que
trabajan son asistidos por algún tipo de servicio externo para el desarrollo de su
trabajo, mientras que el 15.7% de los encuestados señaló que no reciben
asistencia de ningún tipo (Véase tabla 17).
IV.5. Trayectorias ocupacionales
La mitad de los encuestados (50.1%) señala que ha trabajado siempre en la
administración pública en tanto que el 49.7% no lo había hecho hasta el trabajo en
la actual secretaría (Véase tabla 6).
Mientras que la mayoría de los encuestados con mandos superiores (51.5%) y de
mandos medios (51.2%) señalaron haber trabajado siempre en la administración
pública, esta proporción desciende al 47.5% del personal operativo (Véase tabla
6).
39
Los funcionarios del IMSS son los que en mayor proporción (65.1%) indican que
han trabajado siempre en la administración pública, mientras que los funcionarios
de la Secretaría de Gobernación son quienes en menor medida (40.0%) se han
desarrollado en este nicho laboral (Véase tabla 6).
Si bien no se observaron diferencias significativas en la proporción de
encuestados que siempre trabajaron en la administración pública, se encuentran
diferencias en las respuestas de los encuestados que siempre han trabajado en la
misma secretaría. Casi tres de cada diez encuestados (28.3%) de mandos
superiores han trabajado siempre en la misma secretaría, proporción que aumenta
a cuatro de cada diez (45.9%) de los encuestados de mandos medios y se
incrementa aún más para el personal operativo (75.9%) (Véase tabla 7).
Son los trabajadores de PEMEX los que en la proporción más elevada (71.2%)
manifiestan que siempre han trabajado en esa institución, mientras que en el
extremo opuesto se encuentran los funcionarios de la Secretaría de de Seguridad
Pública (el 85.7% de los encuestados indican que no han trabajado siempre en
esa secretaria) (Véase tabla 7).
Otras instituciones estatales en las que los funcionarios encuestados se han
desenvuelto son el Gobierno Estatal (12.6%), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (6.8%), la Secretaría de Salud (5.8%), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (5.6%) y la Procuraduría General de la
República (4.3%) (Véase tabla 8).
IV.6. Prestaciones
El 57.5% de los encuestados reportó contar con prestaciones del ISSSTE, el
21.0% indicó tener prestaciones del IMSS, el 19.7% de los funcionarios
entrevistados declaró que cuenta con algún seguro médico privado y el 6.0% de
los trabajadores cuentan con prestaciones del hospital de PEMEX (Véase tabla
202).
40
Atendiendo esta situación para cada una de las secretarías se puede observar que
la mayoría de los funcionarios entrevistados cuentan con seguros del ISSSTE,
IMSS o particulares (Véase tabla 202).
IV.7. Tipos de contratación
La mayoría de los encuestados (65.4%) indica que es personal de confianza,
mientras que el 17.1% señaló estar contratado como empleado de base, el 6.2%
de los funcionarios manifestaron que sus contratos son por honorarios; y un 9.8%
de los entrevistados indicó que trabajan como eventuales (Véase tabla 14).
Los encuestados de mandos superiores en un 88.3% son personal de confianza,
los mandos medios en un 76.1% indicaron ser personal de confianza y el personal
operativo, en el 36.8% señaló ser empleado de base (Véase tabla 14).
Las personas que laboran en la Secretaria de Seguridad Pública indicaron
prácticamente en nueve de cada diez casos (87.9%) que son trabajadores de
confianza, mientras que el 21.6% de los trabajadores de la Secretaría de
Educación Pública trabajan por honorarios. Por otra parte el 32.5% de los
entrevistados de las Secretaría de Turismo laboran como empleados de base y el
36.4% de los entrevistados de la Comisión Nacional del Agua respondieron que
tienen trabajo por eventualidad (Véase tabla 14).
IV.8. Integración al servicio civil de carrera
Llama la atención que quienes dijeron pertenecer al servicio civil de carrera
superan en número a los funcionarios que realmente pertenecen al servicio civil de
carrera de la administración pública federal. Un número considerable de los
entrevistados dijo pertenecer al servicio civil de carrera de la administración
pública federal: el 36.6% señaló contar con esta integración, mientras que el
41
56.8% de la población encuestada manifestó no encontrarse integrada al servicio
civil de carrera (Véase tabla 10).
Lo anterior no sólo pone de relieve un desconocimiento de lo que es el servicio
civil de carrera entre los entrevistados, que no conocen en qué consiste dicho
servicio y los requisitos necesarios para pertenecer a él; sino que al mismo tiempo,
manifiesta una carencia en la información y capacitación brindada en las diversas
secretarías y en el servicio público federal.
Si se analizan con cuidado las opiniones de quienes dijeron estar incorporados al
servicio civil de carrera, contrastan fuertemente con las de los funcionarios que
dijeron no pertenecer.
La mayoría de los encuestados de mandos superiores (54.7%) indicó estar
incorporado al servicio civil de carrera. Esta proporción desciende al 41.7% de los
mandos medios y a tan sólo 1 de cada diez encuestados del personal operativo
(10.9%). Es de destacar la alta proporción de personal operativo que indicó no
saber si está incorporado al servicio civil de carrera (11.2%) frente a 4.2% de los
mandos medios y el 2.4% de los mandos superiores (Véase tabla 10).
La mayor proporción de funcionarios (61.7%) que se encuentran incorporados al
servicio civil de carrera son trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y trabajadores de la Secretaría de Gobernación (55.8%). Por otra parte
entre las secretarías con menor proporción de trabajadores incorporados al
servicio civil de carrera se encuentran el IMSS (el 93.7% de los entrevistados
indicó no estar incorporados al servicio civil de carrera) y PEMEX (el 87.5%
respondieron de igual forma) (Véase tabla 10).
IV.9. Reclutamiento de personal
En el cuestionario se incluyó una batería de preguntas que permitieran lograr un
acercamiento al reclutamiento de personal y la relación de éste con prácticas de
corrupción.
42
Una de las preguntas empleadas con este fin fue: Por lo que usted ha visto, ¿las
personas que trabajan en esta oficina, tienen o no tienen parientes trabajando en
esta secretaría? El 2.1% respondió sí, todos tienen parientes aquí; el 12.1%, sí,
muchas personas tienen parientes aquí; el 38.5%, sí, pocas personas tienen
parientes aquí y el 36.5%, no, nadie tiene parientes aquí. El 0.2% dio otra
respuesta. El 10.5% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 101).
Es el personal operativo quien en mayor medida considera que muchas personas
tienen parientes trabajando en la secretaría (21.4%), en comparación con los
mandos superiores y medios (7.1% y 8.0%, respectivamente) (Véase tabla 101).
Por un lado, los encuestados que más señalaron que pocas personas tienen
parientes en esa dependencia fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria
(60.0%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Comisión
Nacional del Agua (11.4%). Por otro lado, los funcionarios que más contestaron
que nadie tiene parientes en esa secretaría fueron los de la Procuraduría General
de la República (61.5%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de
la Secretaría de la Reforma Agraria (11.7%), con lo cual se verifica el dato antes
mencionado (Véase tabla 101). A continuación se señalan los resultados del
análisis con base en el tipo de funcionario.
Se percibe que los responsables contestaron en menor medida que pocas
personas tienen parientes en esa dependencia (31.5%), en comparación con los
usuarios (40.0%). En cuanto a la opción de respuesta no, nadie tiene parientes
aquí, se observa una tendencia opuesta (53.3%, los responsables y 32.9%, los
usuarios) (Véase tabla 101).
El 38.7% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública
ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 38.4% de los no lo
han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor
43
mención, los resultados son los siguientes: 35.2% para los que siempre han
trabajo en la administración pública y 38.0% para los que no (Véase tabla 101).
Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron
en mayor medida que pocas personas tienen parientes en esa dependencia
(42.5%), en comparación con los que no lo han hecho (34.9%). En contraste, los
que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron en menor medida
que nadie tienen parientes ahí (28.6%), en comparación con los que no lo han
hecho (41.6%) (Véase tabla 101).
El 37.7% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
manifestó que pocas personas tienen parientes en esa secretaría, en comparación
con el 38.7% de los que no lo están. Del mismo modo, el 44.7% de los
funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera manifestó que
nadie tienen parientes ahí, en comparación con el 32.4% de los que no lo están
(Véase tabla 101).
También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida nadie tienen parientes en esa
secretaría (46.7%) en comparación con los que no intervienen (34.1%).
Finalmente, los dos tipos de funcionarios respondieron casi con la misma
frecuencia que pocas personas tienen parientes en esa dependencia (34.4% y
39.5%, respectivamente) (Véase tabla 101).
44
V. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN ENTREVISTADA
V.1. Sexo, estado civil y edad
El 54.5% de los funcionarios de secretarias entrevistados fueron hombres y el
45.5% mujeres. El 58.9% de los encuestados están casados, el 28.9% se
declararon solteros, el 3.2% indicaron encontrarse viviendo en unión libre, el 4.1%
se encuentra divorciado, el 2.1% manifiesta ser viudo y el 2.7% reporta estar
separado.
Esta población se distribuye por sexo de acuerdo a los grupos de edades de la
siguiente manera;
Cuadro 10Distribución por sexo según grupos de edad (porcentajes)
Grupos de edad Hombres Mujeres Total18 a 19 años 28.9 71.1 100.020 a 24 años 46.4 53.6 100.025 a 29 años 43.3 56.7 100.030 a 34 años 50.8 49.2 100.035 a 39 años 58.2 41.8 100.045 a 49 años 67.4 32.6 100.050 a 54 años 58.6 41.4 100.0Más de 55 años 67.0 33.0 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
V.2. Escolaridad
Como se puede observar en el siguiente cuadro prácticamente la mayoría de la
población encuestada (46.1%) tiene nivel de estudios de licenciatura, en tanto que
el 14.3% cuenta con estudios a nivel de maestría, y el 7.8% de los funcionarios
declararon haber realizado una carrera comercial.
Tan sólo el 0.7% de los encuestados no han tenido estudios, mientras que una
proporción muy pequeña (2.1%) no ha concluido la primaria. Se trata entonces de
un universo con alta escolaridad (Véase Cuadro 11).
45
Cuadro 11Nivel de estudios
Nivel de estudios PorcentajeNo estudió nada 0.7 Primaria incompleta 2.1 Primaria completa 3.2 Secundaria incompleta 2.0 Secundaria completa 6.1 Carrera comercial 7.8 Carrera técnica 3.8 Preparatoria incompleta 3.2 Preparatoria completa 5.0 Licenciatura incompleta 5.0 Licenciatura completa 46.1 Maestría 14.3 Doctorado 0.7 Total 100.0 Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
V.3. Nivel de ingreso familiar
La mayoría de la población encuestada (62.1%) declaró percibir ingresos
superiores a los diez salarios mínimos, en tanto, tan sólo el 2.0% de los
entrevistados manifestó contar con ingresos de 0 a un salario mínimo. La
distribución de cada uno de estos estratos se presenta en el siguiente cuadro;
Cuadro 12Distribución del ingreso de la población encuestada (Porcentajes)
0 a 1 S.M. 1 a 3 S.M. 3 a 5 S.M. 5 a 7 S.M. 7 a 10 S.M.Más de 10
S.M.2.0 9.6 10.2 5.6 7.8 62.1
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Los funcionarios encuestados de las secretarías de la Procuraduría General de la
República (el 80.8%), de PEMEX (el 80.2%), y de la Secretaría de Educación
Pública (el 68.6%) son los trabajadores que señalaron en mayor medida percibir
remuneraciones superiores a los 10 salarios mínimos. Dentro de los funcionarios
que reportaron percibir los niveles salariales más bajos (de cero a un salario
mínimo) se encuentran los de la Secretaría de medio ambiente y recursos
46
naturales (el 6.8% percibe de 0 a 1 salario mínimo), los trabajadores de la
Secretaría del Trabajo y la Prevención Social (el 6.4% se ubica entre 0 y 1 salario
mínimo) y los funcionarios de la Secretaría de turismo (el 6.3% reporta ingresos de
0 a 1 salario mínimo) (Véase Tabla 198).
V.4. Diferencias por género
A pesar que prácticamente en todas las secretarías predominan los hombres, las
mujeres son mayoría en la Secretaría de turismo (constituyen el 62.8% de los
funcionarios), la Secretaría de la Función Pública (las mujeres representan el
54.2% del total de trabajadores) y la Secretaría de medio ambiente y recursos
naturales (el 51.1% de los funcionarios son mujeres). De los hombres encuestados
el 80.3% se desempeña como responsable frente al 19.7% de mujeres en ese
mismo puesto. Las mujeres son mayormente (51.0%) usuarias frente a un
porcentaje de 49.0% de hombres en esa misma posición. Mientras el 76.0% de los
hombres interviene en el proceso de adquisiciones tan solo el 24.0% integra y
participa de este proceso. Los hombres están incorporados al servicio civil de
carrera en mayor medida (66.0%) que las mujeres (34.0%) (Véase Tabla 193).
Importantes diferencias se encuentran para hombres y mujeres tanto por edad
como por nivel de escolaridad. Los hombres de 18 a 24 años constituyen el
28.9%, en tanto que las mujeres de ese mismo grupo de edad representan el
71.1%. Por su parte mientras que las mujeres mayores de 55 años representan el
33.0%, los hombres de esa edad representan el 67.0% en el grupo de mayores de
55 años. A su vez mientras que los hombres con primaria o menos representan 2
de cada 10 personas encuestadas con ese nivel de escolaridad (23.5%), las
mujeres con este mismo nivel son casi 8 de cada 10 (76.5%). La relación inversa
se observa para el nivel de escolaridad más alto: el 76.4% de los hombres cuentan
con estudios de posgrado, frente a tan solo el 23.6% de las mujeres en esa
situación. También se observa una relación en este sentido al analizar los ingresos
(Véase Tabla 193).
VI. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DEL PAÍS
47
VI.1. Percepción de la situación política del país
Tomando en cuenta las respuestas de los encuestados se puede observar que
una alta proporción de entrevistados (46.6%) percibe como preocupante la
situación política del país con respecto a la del año pasado, mientras que el 24.5%
indica que es muy inestable la situación del país, el 7.4% de la población
encuestada indicó que la situación del país muy estable, el 9.3% señala que es
tranquila y el 8.5% señala que la situación política del país es esperanzadora
(Véase Tabla 44).
Los funcionarios de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (53.9%), la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (53.4%) y la Secretaría de
Relaciones Exteriores (51.3%) son quienes en mayor medida consideran que la
situación política del país es preocupante (Véase Tabla 44).
Los grupos de encuestados que en mayor medida consideraron que la situación
del país es preocupante son: los que tienen primaria o menos (55.1%), aquellos
cuyo ingreso oscila entre 1 a 3 salarios mínimos (51.0%), y los que pertenecen al
grupo de mayor edad. (52.4%) (Véase Tabla 44).
IV.2. Percepción de la situación económica del país
Las opiniones con respecto a la situación económica del país están divididas; por
un lado el 38.0% de la población encuestada considera que la situación
económica del país va a empeorar, y por otra parte el 35.5% opinó que la situación
ha empeorado. El 15.4% de los encuestados manifestó que la situación va a
seguir igual de mal y el 5.4% de los entrevistados opinó que la situación va a
seguir igual de bien (Véase Tabla 45).
Las características sociodemográficas de la población indican que tanto la edad,
como la escolaridad y los ingresos impactan en la percepción de los encuestados,
ya que para los más jóvenes la situación del país va a mejorar en un 22.4% de los
48
casos, proporción que se incrementa en un 34.1% en el caso de los de mayor
edad. Del mismo modo se puede señalar que mientras que los encuestados con
niveles de primaria y menos opinaron que la situación del país mejorará en un
15.3%, para los entrevistados con posgrado esta percepción se incrementa al
35.4%. Finalmente las personas con ingresos más bajos consideran que la
situación del país va a mejorar en menor medida (12.1%) que los entrevistados
con mayores ingresos (28.3%) (Véase Tabla 45).
Las personas que en mayor proporción afirman que la situación del país puede
empeorar son las de 18 a 24 años (44.7%), con estudios de primaria o menos
(54.1%) y que reciben de 1 a 3 salarios mínimos (54.1%), lo que indica que los
entrevistados en situación de mayor vulnerabilidad tienen una expectativa más
pesimista –justificada por las carencias de su realidad personal-, sobre el futuro
del país (Véase Tabla 46).
49
VII. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
VII.1. Evaluación de la administración pública en México
Observando las respuestas de las personas que trabajan en las diferentes
secretarías, se puede decir que una gran parte de los entrevistados opina que la
administración pública en México es más eficiente que en años anteriores (49.8%).
Por otro lado el 26.5% afirma que la administración pública es menos eficiente, el
11.9% dice que es igual de eficiente y el 7.3% asegura que es igual de ineficiente
que en años anteriores (Véase Tabla 48).
Mientras que para la amplia mayoría de los encuestados que ocupan mandos
superiores (88.3%) y medios (80.1%), la administración pública en México es más
transparente desde el año 2001 a la fecha, esta proporción desciende al 53.2% del
personal operativo (Véase Tabla 48).
Entre los funcionarios que consideran que administración pública es mas eficiente
que en años anteriores, destacan los trabajadores de la Procuraduría General de
la República (73.1%), los de la Secretaría de Gobernación (60.0%) y los
funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (57.3%). Los
responsables de los servicios de adquisiciones en las distintas secretarías
opinaron en mayor proporción (56.7%) que es más eficiente la administración
pública en México en comparación con los usuarios (48.3%) (Véase Tabla 48).
Entre los funcionarios que afirman que la administración pública en México es más
transparente sobresalen los entrevistados de la Procuraduría General de la
República (92.3%), la Comisión Federal de Electricidad (87.5%) y la Secretaría de
Seguridad Pública (86.4%) (Véase Tabla 48). Cabe mencionar que las personas
que en mayor proporción contestaron que es más transparente la administración
pública, son personas de 25 a 29 años (88.9%), con un alto nivel de estudios
(postgrado 87.0%) y con más de 10 SM (86.0%) (Véase Tabla 48).
50
VIII. CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
VIII.1. Procesos de adquisiciones
En las dependencias en las que trabajan los funcionarios encuestados las
personas que deciden sobre los bienes que se adquieren fueron identificados de la
siguiente manera; el 46.6% señaló que deciden los encargados de adquisiciones,
el 15.2% indicó que la decisión está en los funcionarios que solicitaron el material,
el 9.7% manifestó que ambos (encargados y funcionarios) toman las decisiones y
el 9.4% reportó que el comité de adquisiciones es quien toma las decisiones
(Véase Tabla 165).
Los encargados de adquisiciones son las personas que en mayor medida deciden
sobre los bienes que se adquieren para los encuestados, tanto de los mandos
superiores (48.3%) como de los mandos medios (50.5%) y el personal operativo
(41.0%). Los funcionarios que solicitaron el material son mencionados por el
14.8% de los mandos superiores, el 16.6% de los mandos medios y el 14.4% del
personal operativo. Prácticamente tres de cada diez (32.9%) encuestados del
personal operativo indicaron no saber quién decide sobre los bienes que se
adquieren frente al 11.1% de los mandos medios y el 9.1% de los mandos
superiores que dio esta respuesta (Véase Tabla 165).
Algunas diferencias interesantes surgen al analizar la toma de decisiones en cada
una de las secretarías. Así por ejemplo, mientras que el 71.7% de los funcionarios
de la SRA indicaron que las decisiones las toman los encargados de
adquisiciones, esta proporción desciende a 24.0% entre los trabajadores de la
Secretaría de la función pública. De la misma manera en tanto que el 28.6% de los
encuestados en el IMSS indican que las decisiones recaen en los funcionarios que
solicitaron el material, tan solo el 3.8% de los trabajadores de la Procuraduría
general de la República dio esta respuesta. Por otra parte el 19.6% de los
funcionarios de la Secretaría de economía señaló que tanto los encargados como
los funcionarios toman la decisión sobre los bienes a adquirir, proporción que
51
desciende a 1.4% en los encuestados de la Secretaría de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación. Finalmente, para el 31.3% de los
funcionarios encuestados de PEMEX las decisiones las toma el comité de
adquisiciones, mientras que no hubo respuestas en esta categoría entre los
trabajadores tanto de la Procuraduría general de la república, como la Secretaría
de gobernación, la Secretaría de energía, la Secretaría de agricultura, ganadería,
desarrollo rural, pesca y alimentación; Secretaría de Seguridad Pública, IMSS y
Comisión federal de electricidad (Véase Tabla 165).
Al considerar las características de los distintos funcionarios encuestados se
puede apreciar que aquellos que intervienen en adquisiciones consideran que los
funcionarios, funcionarios y encargados y el propio comité de adquisiciones toman
las decisiones sobre la compra de bienes, en mayor medida que lo manifestado
por los funcionarios que no intervienen en el proceso de adquisiciones (Véase
Cuadro 13 y Tabla 165).
Cuadro 13Personas que deciden sobre la adquisición de bienes según tipos de funcionario (porcentaje)
TiposEncargados
de adquisiciones
Funcionarios
AmbosComité
adquisicionesNS/NC Total
Interviene en adquisiciones
36.3 27.8 21.5 10.4 4.0 100.0
No interviene en adquisiciones
49.0 12.2 6.9 9.2 22.7
100.0
Usuario 48.4 11.5 8.1 9.5 22.5 100.0Responsable 37.7 32.5 8.1 9.0 12.7 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Del mismo modo se pueden observar diferentes opiniones entre los usuarios y los
responsables; para los responsables los funcionarios tienen mayor poder de
decisión en la compra de bienes que para los usuarios, quienes consideran en
52
mayor medida, que son los encargados de adquisiciones los encargados de
decidir los bienes a comprar (Véase Cuadro y Tabla 165).
De acuerdo al ingreso de los funcionarios encuestados se puede decir que,
mientras que para los trabajadores con ingresos de siete a diez salarios mínimos
son los encargados de adquisiciones los que deciden los bienes a comprar
(53.9%), para los encuestados con menores ingresos en mayor medida (15.2%)
los responsables de la compra de bienes son los funcionarios que solicitaron el
material, mientras que las personas encuestada con ingresos más altos opinaron
en mayor proporción que tanto los funcionarios como los encargados (12.2%) y el
comité de adquisiciones (13.1) son quienes deciden los bienes a comprar (Véase
Tabla 165).
Tanto para los distintos grupos de edad considerados como para las personas
encuestadas con diversos niveles de escolaridad, los responsables de la
adquisición de bienes y servicios se concentraron en los encargados de
adquisiciones y en los funcionarios que solicitaron el material (Véase Tabla 165).
VIII.2. Adjudicaciones directas y licitaciones restringidas
Para prácticamente todos los productos y bienes sobre los que se preguntó, la
mayoría de los funcionarios manifestó que nunca se realizan adquisiciones
directas. En mayor proporción los vehículos y los seguros de vida se encuentran
en esta situación (Véase Tablas 58 a 63).
El análisis de la información permite señalar que la mayoría de los funcionarios
(54.1%) indicaron que su secretaría no realiza adquisiciones directas de vehículos
nunca, en tanto que el 36.0% manifestó no saber sobre el tema, el 7.7% señaló
que algunas veces se realizan licitaciones y el 1.6% de los encuestados afirmó
que siempre se llevan a cabo adquisiciones directas de vehículos (Véase Tabla
58).
53
Es importante tener en cuenta las diferencias que se presentan en el conocimiento
de los procesos y períodos de realización de adquisiciones entre los funcionarios
usuarios y los responsables (Véase Tablas 58 a 63 y Cuadro 14).
Cuadro 14Conocimiento de la frecuencia de realización de adquisiciones directas por tipo de
funcionario según productos y servicios (porcentajes)
ProductosUsuarios Responsables
No sabe No contesta No sabe No contestaVehículos 40.1 0.4 24.8 0.9Servicios de viajes
37.7 0.5 25.0 1.1
Servicios de copiado
36.3 0.6 23.6 0.5
Seguros de vida 37.5 0.6 26.8 0.4Computadoras 36.8 0.6 22.5 0.4Material de papelería
36.2 0.5 22.1 0.9
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
En todos los casos se puede observar que los porcentajes de no sabe son
considerablemente más elevados para los funcionarios usuarios que para los
responsables, lo que responde en gran medida a que los funcionarios que no son
responsables de estos procesos administrativos desconocen asuntos de esta
índole.
Al interior de las diferentes secretarías los funcionarios que señalaron en mayor
proporción no realizar adquisiciones de vehículos nunca fueron los trabajadores de
la Secretaría de Gobernación (100%), la Secretaría de la Función Pública (79.2%)
y la Secretaría de Seguridad Pública (78.8%) (Véase Tabla 58).
Al observar las respuestas se puede apreciar que la mayoría de las personas
encuestadas (50.2%), señala que nunca se llevan a cabo adquisiciones del
servicio de viajes, en oposición con el 7.9% de los entrevistados que señala que
estas adquisiciones se realizan a veces hacen, y el 7.0% de los funcionarios que
54
reportó que siempre se hacen las adquisiciones de servicio de viajes (Véase Tabla
59).
Los funcionarios que en mayor medida reconocen que nunca se llevan a cabo
licitaciones para los servicios de viajes, son los trabajadores de la Secretaría de
Gobernación (98.9%), así como los funcionarios de la Secretaría de Seguridad
Pública (78.8%) y los trabajadores de la Secretaría de la Función Pública (77.1%)
(Véase Tabla 59).
Respecto de los servicios de copiado la mayoría (51.0%) de los encuestados
indicó que nunca se realizan licitaciones de este servicio, mientras que el 32.9%
de los entrevistados manifestó desconocer sobre estas adquisiciones. El 11.4% de
los trabajadores señaló que siempre se hacen estas adquisiciones y el 4.0%
afirmó que se llevan a cabo algunas veces (Véase Tabla 60).
Entre los funcionarios de las secretarías que en mayor medida indicaron que
nunca se realizan adquisiciones de los servicios de copiado, se encuentran los
trabajadores de la Secretaría de Gobernación (97.9%), la Secretaría de Seguridad
Pública (78.8%) y la Secretaría de la Función Pública (78.1%) (Véase Tabla 60).
Los responsables de los servicios de adquisiciones consideran en mayor medida
(58.8%) que los usuarios (49.3%) que nunca se llevan a cabo adquisiciones
directas de servicios de copiado. En tanto que las personas que siempre han
trabajado en esta secretaría consideran en menor medida (44.7%) que los
funcionarios que no han trabajado anteriormente (56.3%) que nunca se realizan
adquisiciones directas de servicios de copiado. Lo mismo ocurre con quienes
están incorporados al servicio civil de carrera (61.5%) en comparación con
quienes no lo están (44.5%), y con las personas que intervienen en el proceso de
adquisiciones (58.4%) y quienes no lo hacen (49.2%) (Véase Tabla 60).
55
La mayoría de las repuestas proporcionadas por las personas que laboran en las
diferentes secretarías evidencia que nunca se realizan adquisiciones directas de
los seguros de vida (53.1%). Por otra parte el 34,6% de los encuestados indica no
saber si se efectúan estas licitaciones o no, el 5.9% afirma que siempre se llevan a
cabo y, finalmente, el 5.8% de los entrevistados reportó que a veces se hacen
adquisiciones directas de los seguros de vida (Véase Tabla 61).
En cuanto a los trabajadores entrevistados al interior de cada una de las
secretarías, los mayores porcentajes de respuesta que señalan que nunca se
realizan adquisiciones directas de los seguros de vida, se encuentran entre los
funcionarios de la Secretaría de Gobernación (98.9%), seguida por la Secretaría
de Seguridad Pública (83.8%) y la Secretaría de la Función pública (79.2%)
(Véase Tabla 61).
De acuerdo al tipo de funcionario encuestado se puede observar que mientras que
los miembros responsables indican que nunca hacen adquisiciones directas en
una amplia mayoría de los casos (61.6%), esta proporción desciende (51.3%)
entre los usuarios. Por otra parte los funcionarios que siempre han trabajado en la
secretaría, perciben en menor proporción (48.2%) que nunca se han realizado
adquisiciones directas de los seguros de vida, en comparación con las personas
que no han trabajado en la secretaría desde siempre (58.7%) (Véase Tabla 61).
También se manifiestan diferencias en las opiniones de las personas que están
incorporados al servicio civil de carrera (el 63.8% indica que nunca se realizan
estas adquisiciones directas) y las que no están incorporadas (el 46.4% manifiesta
que no se llevan a cabo nunca las adquisiciones directas) (Véase Tabla 61).
La mayoría de las personas encuestadas (51.6%) manifiesta que nunca se llevan
a cabo adquisiciones directas de computadores, seguido de las personas que
señalan no saber (33.3%), el 9.1% de los encuestados que opina que a veces se
56
hacen ese tipo de adquisiciones y el 5.7% de las personas que indicó que siempre
se hacen las adquisiciones directas de computadoras (Véase Tabla 62).
Los funcionarios que en mayor medida indicaron que no se realizan nunca
adquisiciones directas de computadoras, fueron los trabajadores de la Secretaría
de Gobernación (100%), así como los funcionarios de la Secretaría de Seguridad
Pública (89.3%) y la Secretaría de la Función Pública (76.0%) (Véase Tabla 62).
De acuerdo con la opinión de los funcionarios responsables, nunca hacen
adquisiciones directas de computadoras (57.4%), mientras que para los usuarios
existe la misma opinión (50.4%). En tanto las personas que siempre han trabajado
en la secretaría consideran en menor medida (45.7%) que quienes no lo han
hecho (56.3%), que nunca se realizan adquisiciones directas con computadoras
(Véase Tabla 62).
Para prácticamente la mayoría de las personas (47.2%) que trabajan en las
diferentes secretarías nunca se realizan adquisiciones directas con el material de
papelería, mientras que el 32.4% indica no contar con información sobre estas
adquisiciones, el 119% de los encuestados manifiesta que siempre se hacen estas
adquisiciones y el 7.9% de los funcionarios afirmó que a veces se llevan a cabo
adquisiciones directas de material de papelería (Véase Tabla 60).
Las proporciones más elevadas de trabajadores que reconocen que en sus
secretarías no se realizan nunca adquisiciones directas para la compra de material
de papelería, son los funcionarios de la Secretaría de Gobernación (96.8%),
seguida por la Secretaría de Seguridad Pública (77.3%) y la Secretaría de la
Función pública (77.1%) (Véase Tabla 61).
57
VIII.3. Razones para realizar adjudicaciones directas
Es de destacar que la mayoría (51.9%) de los encuestados indica desconocer las
razones por las cuales no se realizan licitaciones de los bienes y servicios. Este
alto porcentaje es debido en buena medida a que las respuestas de que nunca se
realizan este tipo de adquisiciones fueron predominantes en las anteriores
preguntas. El 13.5% de los funcionarios afirma que las adjudicaciones se realizan
cuando es urgente obtener cierto material o servicio. Así mismo para el 8.9% de
los encuestados se llevan a cabo adjudicaciones cuando hay un solo proveedor
para el producto, en tanto que el (2.3%) señalo que se efectúan adjudicaciones
cuando se requiere contar con proveedores de mucha confianza (Véase Tabla 64).
El 13.8% de los mandos superiores considera que la principal razón para realizar
adjudicaciones directas es la urgencia para obtener un material o servicio,
mientras que el 18.0% de los mandos medios y el 9.1% del personal operativo
dieron esta respuesta. Casi cuatro de cada diez (41.6%) del personal operativo
indicó no saber o no conocer las razones por las que se llevan a cabo las
adjudicaciones directas frente al 17.6% de los mandos medios y el 12.7% de los
mandos superiores que dieron esta respuesta (Véase Tabla 64).
VIII.4. Evaluación del mecanismo de licitaciones
El 37.9% de los trabajadores encuestados en las diferentes secretarias plantean
que las licitaciones dificultan la adquisición rápida de los bienes y servicios, en
tanto que un 32.4% de los encuestados señaló que las licitaciones facilitan el
proceso de adquisición y un 10.5% de las personas mencionó que las licitaciones
ni dificultan ni facilitan las adquisiciones (Véase Tabla 65).
Los funcionarios de mandos superiores encuestados respondieron en un 45.9%
que las licitaciones dificultan la adquisición rápida de bienes y servicios, el 43.2%
de los mandos medios y el 24.0% del personal operativo comparten esta opinión.
58
En una elevada proporción (38.3%) el personal operativo manifestó no saber si las
licitaciones dificultan o facilitan la adquisición rápida de bienes y servicios frente a
tan sólo el 9.3% de los mandos superiores y el 9.0% de los mandos medios
(Véase Tabla 65).
Al interior de las distintas secretarias, son los trabajadores de PEMEX quienes
manifiestan en mayor medida (57.3%) dificultad para la adquisición rápida de los
bienes y servicios al licitarlos. Por otra parte los trabajadores de la Procuraduría
General de la Republica manifiestan en un 46.2% de los casos que las licitaciones
facilitan las adquisiciones de los bienes y servicios (Véase Tabla 65).
Los usuarios encuestados manifestaron en un 38.3% de los casos que existe
dificultad para la adquisición de los bienes y servicios mediante licitaciones, en
tanto que los responsables manifiestan en un 43.6% la facilidad en la adquisición
de bienes y servicios. Esto puede estar indicando el mayor compromiso y la más
elevada participación en el proceso de adquisición de los responsables en
comparación con los usuarios (Véase Tabla 65).
El nivel de ingresos marca diferencias en la opinión de los entrevistados en este
tema, ya que mientras que los funcionarios encuestados con ingresos superiores a
los diez salarios mínimos manifiestan, en un 45.6% que las licitaciones dificultan
más la adquisición rápida de los bienes y servicios, los funcionarios encuestados
de los grupos más bajos de ingresos sólo lo hicieron en un 12.7% para los de 1 a
3 salarios mínimos, y en 24.2% en el caso de los de 0 a 1 salario mínimo (Véase
Tabla 65).
El nivel escolar constituye una variable importante de analizar ya que distancia las
opiniones de los funcionarios encuestados. Por un lado la mayoría de los
trabajadores con mayor nivel escolar manifestaron que las licitaciones dificultan
adquisición rápida de los bienes y servicios (56.1%), en tanto que los funcionarios
con niveles escolares más bajos dieron esa respuesta en menor medida (12.3%
59
para el caso de secundaria y 14.3% para encuestados con educción primaria). Sin
embargo, no puede dejarse de tomar en cuenta que la opción de no saber
responder o no contestar también varía significativamente en función de la
educación de los encuestados: casi seis de cada diez encuestados con primaria
no supieron o no respondieron esta pregunta (58.2%) contra uno de cada diez de
los entrevistados con educación universitaria (10.2%) (Véase Tabla 65).
Algo similar sucede con el comportamiento de la no respuesta en relación al
ingreso. Igualmente al disminuir la no respuesta va aumentando la opción que
señala que las licitaciones dificultan las adquisiciones rápidas de bienes y
servicios, mientras que la respuesta “la facilita” se mantiene sin grandes
variaciones (Véase Tabla 65).
VIII.5. Tiempos de los procesos de adquisición de bienes y servicios
Se quiso conocer con que tiempo y anticipación se inician los procesos de compra
y adquisición de bienes e insumos. Al respecto hay que destacar el elevadísimo
porcentaje de funcionarios que indicaron desconocer estos tiempos; de 7 a 8 de
cada 10 encuestados manifestó no saber cual es la temporalidad de los procesos
de adquisición de la secretaría en que trabaja (Véanse Tablas 66 a 71). La
explicación a tan alto porcentaje de la categoría “no sabe / no contesta” se
encuentra en el conocimiento sumamente específico que implica la pregunta,
dicho conocimiento puedo no esta al alcance, y en realidad por la encuesta se
puede señalar que no lo está, de la gran mayoría de los funcionarios que hacen
uso de los mencionados productos pero no participan de su adquisición. Por otro
lado, sería esperable que los encuestados que sí están involucrados como
responsables en la adquisición de bienes e insumos para las secretarías, tengan
un buen conocimiento de estos tiempos de compra. Sin embargo, si bien los
porcentajes de no saber o no contestar se reducen a la mitad, los encuestados
responsables de procesos de adquisición de bienes, también desconocen en una
60
importante medida estos tiempos tal como se puede apreciar en el siguiente
cuadro.
Cuadro 15Funcionarios responsables: Tiempos estimados para la adquisición de bienes y servicios
(porcentajes)
Bienes y servicios 1 año 6 meses 3 mesesMenos de 3 meses
NS/NC Total
Vehículos 11.1 12.8 15.9 14.5 45.7 100.0Servicios de viajes 10.7 9.3 14.9 19.0 46.0 100.0Servicios de copiado 12.8 10.4 15.9 20.4 40.5 100.0Seguros de vida 10.4 5.5 11.4 15.2 57.4 100.0Computadoras 11.1 15.2 17.6 15.6 40.4 100.0Material de papelería 9.7 13.5 15.9 21.8 39.1 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Se podría esperar que los tiempos de adquisición fueran más prolongados en
aquellos casos de bienes más caros y de mayor vida útil, sin embargo no existen
importantes variaciones en las respuestas de los encuestados en función del tipo
de bien (apenas una diferencia de 21.8% de respuestas a la opción menos de tres
meses para el cado de material de papelería a 14.5% para el caso de los
vehículos en el misma respuesta).
Al momento de evaluar estos tiempos para la adquisición de distintos bienes y
servicios nuevamente resalta el hecho que la gran mayoría de los encuestados
responsables de los procesos de adquisición desconoce si los períodos son
suficientes o insuficientes, o no responde a esta pregunta. En algunos de estos
casos, los altos porcentajes, incluso para personas cuyo trabajo se relaciona con
los procesos de adquisición de bienes, se deben a no respuestas cuando dichos
bienes no son comprados por alguna secretaría. Igualmente los porcentajes de no
saber o no contestar son demasiado elevados para ser personas responsables de
adquisiciones lo cual denota falta de conocimientos sobre la materia de su propio
trabajo (Véase Tablas 72 a 77 y Cuadro 16).
61
Cuadro 16Funcionarios responsables: Evaluación de los tiempos estimados para la adquisición de
bienes y servicios (porcentajes)
Bienes y serviciosSuficient
eInsuficiente Otra NS/NC Total
Vehículos 51.6 4.2 0.0 44.3 100.0Servicios de viajes 52.6 3.1 0.0 44.3 100.0Servicios de copiado 56.4 4.2 0.0 39.5 100.0Seguros de vida 41.2 4.2 0.0 54.6 100.0Computadoras 53.3 6.9 0.0 39.8 100.0Material de papelería 56.1 4.2 0.3 39.5 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Como se puede apreciar, sin considerar la opción no sabe / no contesta, la
enorme mayoría de los funcionarios responsables encuestados no ve mayor
problema en los tiempos de compra de bienes y servicios los cuales considera
como adecuados o suficientes.
62
IX. RESULTADOS DE LAS ADQUISICIONES
IX.1. Evaluación de la calidad de los servicios
La gran mayoría de los entrevistados señalaron satisfacción con la calidad de
algunos de los principales servicios con que se cuenta en las secretarías. Con
relación a los servicios de fotocopias 76.8% de los funcionarios entrevistados
dijeron estar satisfechos y muy satisfechos, 6.2% solamente dijeron estar
insatisfechos o muy insatisfechos con su calidad, 2.9% dijeron no estar ni
insatisfechos o satisfechos y 14.1% no supieron o no contestaron (Véase Tabla
79).
Un poco más bajo es el porcentaje de “satisfecho y muy satisfecho” (59.5%) para
el caso de el servicio de seguros, pero en este caso hay un menor conocimiento
sobre el mismo ya que la opción “no sabe” alcanza a la cuarta parte de los
entrevistados (25.0%), 6.4% dijeron no estar ni satisfechos ni insatisfechos,
mientras que 8.3% señalaron que están insatisfechos o muy insatisfechos con la
calidad de estos servicios (Véase Tabla 80).
Con relación al servicios de vehículos los niveles de no respuesta son más
elevados aún (53.4%) que en los servicios anteriores, muy posiblemente porque
estos servicios sólo son usados por un sector no mayoritario de los funcionarios
públicos. Un 30.0% de los encuestados declararon estar satisfechos o muy
satisfechos con este servicio, 5.9% declararon que estaban ni satisfechos ni
insatisfechos y uno de cada diez entrevistados señalaron que estaban
insatisfechos o muy insatisfechos (10.6%) (Véase Tabla 81).
Como el servicio de computación es mucho más extendido y usado entre los
funcionarios de las secretarías, 16.6% señaló que no sabían responder sobre su
calidad. La gran mayoría, de forma similar que en el resto de los servicios que se
interrogó, contestó que estaban satisfechos o muy satisfechos con el servicio de
computadoras (67.4%), 3.4% declaró que estaban ni satisfechos ni insatisfechos y
63
12.4% dijeron que estaban insatisfechos o muy insatisfechos con los mismos
(Véase Tabla 82).
También es elevada la satisfacción con el material de papelería (65.7% entre
satisfechos y muy satisfechos), 4.8% señalaron que estaban ni insatisfechos ni
satisfechos, 14.4% entre insatisfechos y muy insatisfechos y 15.0% dijeron no
saber responder o no contestar (Véase Tabla 83). Finalmente, también hay
satisfacción con los servicios de viaje (41.4% dijeron que estaban satisfechos o
muy insatisfechos), 5.2% ni satisfechos ni insatisfechos, 7.0% que estaban
satisfechos o muy satisfechos y nuevamente un elevado porcentaje de no saber
responder o no contestar (46.3%) (Véase Tabla 84).
Posteriormente se preguntó acerca de la rapidez de los mismos servicios. Las
respuestas de los entrevistados tuvieron distribuciones muy similares al caso de la
calidad de los mismos, también llegando a porcentajes elevados de no saber
responder para el caso de los servicios de vehículos y los servicios de viajes
(Véanse Tablas 85 a 90).
IX.2. Mejoras en los servicios
En el cuestionario se incluyó una batería de preguntas para identificar la opinión
de los funcionarios acerca de las posibles formas de mejorar el servicio (Véanse
Tablas 91-96 y Cuadro 17).
64
Cuadro 17Si se cambiara de proveedores, ¿qué tanto cree usted que mejorarían los siguientes
servicios? (porcentajes)Mucho Algo Poco Nada NS NC Total
Las prestaciones en seguros
6.2 12.7 12.6 24.6 43.2 0.7 100.0
El servicio de fotocopiado
5.9 11.5 13.0 32.7 36.3 0.6 100.0
Computadoras 9.0 13.0 13.0 27.4 36.9 0.7 100.0Pasajes aéreos 4.3 8.2 9.8 23.9 52.8 1.0 100.0La flotilla de vehículos
4.8 7.8 7.7 21.5 57.2 1.0 100.0
Material de papelería
9.4 12.4 12.2 28.7 36.8 0.5 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
De los funcionarios encuestados en la Secretaría de Educación Pública, el 39.2%
consideró que no mejorarían en nada las prestaciones en seguros si se cambiara
de proveedores, mientras que el 3.9% afirmó que mejorarían mucho. Esta misma
respuesta la ofrecieron con una frecuencia de 6.5% los encuestados en la
Secretaría de Economía, mientras que el 37.0% respondió que no mejorarían en
nada (Véase tabla 91).
En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron
en mayor medida que las prestaciones en seguros no mejorarían en nada (35.3%),
en comparación con los responsables (22.3%). Los dos tipos de funcionarios
respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho
(6.2%) (Véase tabla 91).
No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la
administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que las
prestaciones en seguros no mejorarán en nada (24.6% y 24.7%, respectivamente).
Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (6.0% y 6.5%, para
cada uno) (Véase tabla 91).
65
Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
respondieron con una frecuencia de 20.6% que no mejorarían en nada estos
servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría
ofrecieron la misma respuesta en el 28.6% (Véase tabla 91). El 6.3% de los
funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría manifestaron que
los servicios analizados aquí mejorarían mucho y el 5.3% de los que no han
trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma (Véase tabla 91).
Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor
medida que las prestaciones en seguros no mejorarían en nada (32.8%), en
comparación con los que no están incorporados (20.0%). Sin embargo, este
patrón se repite en la opción de respuesta mucho (7.3% y 5.3%, respectivamente)
(Véase tabla 91).
De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 36.9%
considera que los servicios no mejorarían en nada con el cambio de proveedores y
el 7.9% considera que mejorarían mucho. De los que no intervienen en el proceso
de adquisiciones, el 21.7% respondió nada y el 5.8%, mucho, a la misma pregunta
(Véase tabla 91).
En cuanto al servicio de fotocopiado, los funcionarios de la Secretaría de
Seguridad Pública fueron los que más opinaron que el servicio mejoraría mucho si
cambiaran de proveedores (12.1%), mientras que los que más contestaron que no
mejoraría nada fueron los de la Secretaría de Gobernación (46.3%). Los que
menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los encuestados en la
Secretaría de Salud (1.5%) y los que menos contestaron que no mejoraría nada
fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (4.8%) (Véase tabla 92).
Con base en el análisis de tipo de funcionario, se observa que el 29.8% de los
usuarios respondió que el cambio en los proveedores no mejoraría nada el
66
servicio de fotocopiado en comparación con el 46.0% de los funcionarios
responsables (Véase tabla 92).
De los encuestados que siempre han trabajado en la administración pública, el
32.4% respondió que los servicios no mejorarían en nada. De esta forma, no se
reportan diferencias con los que no han trabajado siempre en la administración
pública (33.0%) (Véase tabla 92).
Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
respondieron con una frecuencia de 30.7% que no mejorarían en nada estos
servicios con el cambio de proveedores, mientras que los que no han trabajado
siempre en la misma secretaría ofrecieron la misma respuesta en el 34.1% (Véase
tabla 91).
El 6.0% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
manifestó que los servicios analizados aquí mejorarían mucho y el 5.5% de los
que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual forma, con lo
que no se advierten diferencias (Véase tabla 92).
Entre los funcionarios que están incorporados al servicio profesional de carrera, el
porcentaje es más alto en la opción de respuesta nada (40.5%), en comparación
con los que no están incorporados (27.9%). Este misma tendencia se observa
entre los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones (46.4%) y los
que no lo están (29.4%) (Véase tabla 92).
En lo referente a las computadoras, los funcionarios que más respondieron que
este servicio mejoraría mucho si cambiaran de proveedores fueron los de la
Secretaría de Turismo (18.6%), en comparación con el porcentaje más bajo
representado por el 1.4% de los encuestados en la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales. Fue entre los funcionarios de la Comisión Nacional del
67
Agua donde ningún entrevistado contestó que el servicio mejoraría mucho (Véase
tabla 93).
Los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los de la Secretaría de la
Función Pública (45.8%) y los que menos ofrecieron esta respuesta fueron los del
Instituto Mexicano del Seguro Social (3.2%) (Véase tabla 93).
En lo que toca al tipo de funcionario, se observa que los usuarios respondieron en
menor medida que los funcionarios responsables que el servicio de las
computadoras no mejoraría en nada si se cambiara de proveedores (25.6% y
35.6%, respectivamente). Asimismo, el 9.2% de los usuarios respondieron que el
servicio mejoraría mucho y el 8.0% de los responsables opinó igual (Véase tabla
93).
Tanto los funcionarios que siempre han trabajado en la administración pública
como los que no lo han hecho consideraron en la misma frecuencia que el servicio
analizado aquí no mejoraría nada (27.0% y 27.9%, respectivamente) (Véase tabla
93).
Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaria consideran en
menor medida que el servicio no mejoraría en nada (24.1%), en comparación con
los que no han trabajado siempre ahí (30.0%) (Véase tabla 93).
Por otra parte, aquellos que están incorporados al servicio civil de carrera
consideraron en mayor medida que el servicio no mejoraría nada (33.7%), en
comparación con los que no lo están (23.9%) (Véase tabla 93).
Finalmente, los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones
respondieron con mayor frecuencia que el servicio no mejoraría en nada (39.7%),
mientras que el 24.4% de los que no intervienen en el proceso de adquisiciones
ofrecieron la misma respuesta (Véase tabla 93).
68
En cuanto al servicio de pasajes aéreos, los funcionarios de la Procuraduría
General de la República fueron los que más opinaron que el servicio mejoraría
mucho si cambiaran de proveedores (19.2%), mientras que los que más
contestaron que no mejoraría nada fueron los de Petróleos Mexicanos (44.8%)
(Véase tabla 94).
Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los
encuestados en la Secretaría de la Función Pública (1.0%) y los que menos
contestaron que no mejoraría nada fueron los del Instituto Mexicano del Seguro
Social (4.8%) (Véase tabla 94).
En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron
en menor medida que los pasajes aéreos no mejorarían en nada (22.2%), en
comparación con los responsables (32.2%). Los dos tipos de funcionarios
respondieron casi con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho
(4.1% y 5.5%, respectivamente) (Véase tabla 94).
No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la
administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que el
servicio de pasajes aéreos no mejoraría en nada (24.1% y 23.8%,
respectivamente). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho
(3.8% y 4.9%, para cada uno) (Véase tabla 94).
Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
respondieron con una frecuencia de 21.9% que no mejorarían en nada estos
servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría
ofrecieron la misma respuesta en el 26.4% (Véase tabla 94).
El 2.5% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el
69
5.0% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual
forma (Véase tabla 94).
Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor
medida que los pasajes aéreos no mejorarían en nada (30.7%), en comparación
con los que no están incorporados (20.4%). Tanto los funcionarios que están
incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia que estos
servicios mejorarían mucho (4.3% y 4.7%, respectivamente) (Véase tabla 94).
De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 36.6%
considera que el servicio de pasajes aéreos no mejoraría en nada con el cambio
de proveedores y el 5.4% considera que mejoraría mucho. De los que no
intervienen en el proceso de adquisiciones, el 20.9% respondió nada y el 4.1%,
mucho, a la misma pregunta (Véase tabla 94).
Los funcionarios de Procuraduría General de la República fueron los que más
opinaron que la flotilla de vehículos mejoraría mucho si cambiaran de proveedores
(19.2%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría nada fueron los
de Petróleos Mexicanos (34.4%) (Véase tabla 95).
Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los
encuestados en la Secretaría de la Función Pública (1.0%) y los que menos
contestaron que no mejoraría nada fueron los del Comisión Nacional del Agua
(4.5%) (Véase tabla 95).
En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron
en menor medida que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (18.5%), en
comparación con los responsables (35.6%). Los dos tipos de funcionarios
respondieron con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho
(4.7% y 4.8%, respectivamente) (Véase tabla 95).
70
No se observan diferencias entre los funcionarios que siempre han trabajado en la
administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor medida, que la
flotilla de vehículos no mejoraría en nada (21.1% y 22.6%, respectivamente). Esta
tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (4.4% y 5.2%, para cada
uno) (Véase tabla 95).
Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma dependencia
respondieron con una frecuencia de 21.1% que no mejorarían en nada estos
servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría
ofrecieron la misma respuesta en el 22.6% (Véase tabla 95).
El 3.0% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el
5.8% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual
forma (Véase tabla 95).
Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor
medida que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (27.8%), en comparación
con los que no están incorporados (18.1%). Tanto los funcionarios que están
incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia que estos
servicios mejorarían mucho (4.8% y 4.9%, respectivamente) (Véase tabla 95).
De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 35.6%
considera que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada con el cambio de
proveedores y el 4.7% considera que mejoraría mucho. De los que no intervienen
en el proceso de adquisiciones, el 18.1% respondió nada y el 4.8%, mucho, a la
misma pregunta (Véase tabla 95).
Los funcionarios de la Procuraduría General de la República fueron los que más
opinaron que el material de papelería mejoraría mucho si cambiaran de
71
proveedores (23.1%), mientras que los que más contestaron que no mejoraría
nada fueron los de Petróleos Mexicanos (42.7%) (Véase tabla 96).
Los que menos manifestaron que el servicio mejoraría mucho fueron los
encuestados en la Comisión Federal de Electricidad (3.8%) y los que menos
contestaron que no mejoraría nada fueron los del Instituto Mexicano del Seguro
Social (1.6%) (Véase tabla 96).
En relación con los tipos de funcionario se observa que los usuarios respondieron
en menor medida que el material de papelería no mejoraría en nada (26.4%), en
comparación con los responsables (39.4%). Los dos tipos de funcionarios
respondieron casi con la misma frecuencia que estos servicios mejorarían mucho
(9.3% y 9.7%, respectivamente) (Véase tabla 96).
No se observan diferencias significativas entre los funcionarios que siempre han
trabajado en la administración pública y los que no: ambos consideran, en mayor
medida, que la flotilla de vehículos no mejoraría en nada (27.9% y 29.6%, para
cada uno). Esta tendencia se repite para la opción de respuesta mucho (9.6% y
9.2%, respectivamente) (Véase tabla 96).
Aquellos funcionarios que siempre han trabajado en la misma dependencia
respondieron con una frecuencia de 24.4% que no mejorarían en nada estos
servicios, mientras que los que no han trabajado siempre en la misma secretaría
ofrecieron la misma respuesta en el 31.0% (Véase tabla 96).
El 7.8% de los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría
manifestaron que los servicios analizados aquí mejorarían mucho, mientras que el
11.1% de los que no han trabajando siempre en esta dependencia opinó de igual
forma (Véase tabla 96).
72
Los funcionarios incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor
medida que el material de papelería no mejoraría en nada (35.3%), en
comparación con los que no están incorporados (25.2%). Tanto los funcionarios
que están incorporados como los que no respondieron con la misma frecuencia
que estos servicios mejorarían mucho (10.3% y 9.6%, respectivamente) (Véase
tabla 96).
De los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones, el 43.2%
considera que el material de papelería no mejoraría en nada con el cambio de
proveedores y el 10.7% considera que mejoraría mucho. De los que no intervienen
en el proceso de adquisiciones, el 25.2% respondió nada y el 9.1%, mucho, a la
misma pregunta (Véase tabla 96).
Como se puede observar, la mayoría de los servidores públicos encuestados
considera que no mejorarían en nada los servicios si se cambiara de proveedores
(Véanse tablas 91-96).
IX.3. Percepción de la relación con los proveedores
Los funcionarios encuestados en un 29.7% señalan que los proveedores venden
más caro a la Administración Pública que al Sector Privado, mientras que el 9.8%
indica que es igual para ambos compradores. Tres de cada diez encuestados
(32.1%) afirman que se le vende más barato a la Administración Publica (Véase
tabla 78).
Al interior de las distintas secretarías la mayoría de los funcionarios de PEMEX
(60.4%) indican que los proveedores venden más caro a la Administración Pública
que al Sector Privado, mientras que los trabajadores de la secretaria de la Función
Pública son quienes en mayor proporción consideran que los proveedores venden
más barato a la Administración Pública que al Sector Privado (42.7%) (Véase tabla
78).
73
Para saber cómo es la relación con los proveedores se preguntó a los funcionarios
cuáles son las quejas más frecuentes. El 1.3% se refirió a las exigencias de
comisiones de los funcionarios; el 2.6%, denuncias sobre la corrupción en las
licitaciones; 12.3%, la complejidad en las bases de los concursos; el 26%, el
retraso en los pagos y el 6.9%, los tiempos establecidos para cumplir con las
obligaciones. El 0.8% dio otra respuesta. El 0.9% señaló todas las opciones y el
5.4%, ninguna. El 0.1% manifestó que los requisitos son excesivos. El 43.1% no
supo y el 0.6% no contestó (Véase tabla 97).
Los encuestados que más identificaron al retraso en los pagos como la queja más
frecuente de los proveedores fueron los de la Secretaría de Educación Pública
(50%) y los que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (4.2%) (Véase
tabla 97). A continuación se señalan los resultados con base en el análisis de tipo
de funcionario.
El 24.6% de los usuarios respondió que las exigencias de las comisiones de los
funcionarios es la queja principal en relación con los proveedores, en comparación
con el 32.2% de los responsables (Véase tabla 97).
Este patrón se repite para encuestados que siempre han trabajado en la
administración pública y los que no lo han hecho (26.6% y 25.4%,
respectivamente). Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma
secretaría y los que no ofrecieron esta misma respuesta con una frecuencia similar
(25.9% y 27.4%, para cada uno) (Véase tabla 97).
El 27.5% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
identificaron al retraso en los pagos como la principal queja de los proveedores, en
comparación con el 26.7% de los que no lo están (Véase tabla 97).
74
Finalmente, se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida que el retraso en los pagos es la
principal (37.9%) queja de los proveedores en comparación con los que no
intervienen (23.1%) (Véase tabla 97).
También se preguntó cuáles eran las quejas principales con respecto a los
proveedores. El 23.6% manifestó que no entregan los bienes o servicios a tiempo;
el 16.5%, que entregan bienes de mala calidad; el 1.6%, que intentan sobornar a
los funcionarios y el 5.2%, que recurren a altos funcionarios para obtener
contratos. El 1.0% dio otra respuesta. El 0.7% señaló todas las opciones y el
16.0%, ninguna. El 34.8% no supo y el 0.7% no contestó (Véase tabla 98).
Los encuestados que más señalaron como la queja más frecuente de los
proveedores que no entregan los bienes o servicios a tiempo fueron los de la
Secretaría de Educación Pública (37.3%) y los que menos respondieron de esta
forma fueron los de la Comisión Nacional del Agua (4.5%) (Véase tabla 98).
Enseguida se anotan los resultados con base en el análisis de tipo de funcionario.
Se advierte que los responsables respondieron en mayor medida (45.0%) que los
proveedores no entregan los bienes y servicios a tiempo en comparación con los
usuarios (19.1%) (Véase tabla 98).
El 25.3% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública
ofreció la respuesta aquí analizada, mientras que el 22.1% de los no lo han hecho
respondió de la misma forma (Véase tabla 98).
Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría opinan en
menor medida que la principal queja de los proveedores es que no entregan los
bienes y servicios a tiempo (18.8%), en comparación con los que no lo han hecho
(30.8%) (Véase tabla 98).
75
El 26.2% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
identificaron al retraso en la entrega de los bienes y servicios como la principal
queja de los proveedores, en comparación con el 23.2% de los que no lo están
(Véase tabla 98).
Finalmente, se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida que el retraso en la entrega de los
bienes y servicios (45.1%) es la principal queja de los proveedores en
comparación con los que no intervienen (18.5%) (Véase tabla 98).
También se preguntó a qué tipo de proveedores creen los funcionarios que se
benefician más de la normatividad de adquisiciones. El 24.8% afirmó que son los
más clasificados; el 13.7%, los que tienen amigos en la administración; el 31.7%,
los que ofrecen precios más bajos y el 32.0%, los que tienen experiencia con la
administración. El 1.1% dijo que a nadie y el 4.8% dio otra respuesta. El 2.1%
señaló todas las opciones y el 1.5%, ninguna. El 31.3% no supo y el 0.4% no
contestó (Véase tabla 99).
Por un lado, los encuestados que más señalaron que los que tienen experiencia
con la administración son los que se benefician de la normatividad sobre
adquisiciones fueron los de la Secretaría de Economía (55.4%) y los que menos
respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública
(7.6%). Por otro lado, los funcionarios que más señalaron a los que ofrecen
precios más bajos como los que se benefician de la normatividad sobre
adquisiciones fueron los de la Secretaría de Turismo (72.5%) y los que menos
respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría de Gobernación (4.2%)
(Véase tabla 99). Ahora se detallan los resultados del análisis de tipo de
funcionario.
Se percibe que los responsables contestaron en mayor medida (40.5%) que los
que tienen experiencia con la administración son los que se benefician de la
76
normatividad sobre adquisiciones en comparación con los usuarios (30.2%). En
cuanto a la opción de respuesta los que ofrecen los precios más bajos, se observa
el mismo patrón (42.9%, los responsables y 29.4%, los usuarios) (Véase tabla 99).
El 31.9% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública
ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 32.3% de los no lo
han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor
mención, los resultados son los siguientes: 33% para los que siempre han trabajo
en la administración pública y 30.7% para los que no (Véase tabla 99).
Tanto los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría como los
que no lo han hecho así opinan casi con la misma frecuencia que los que tienen
experiencia con la administración son los que se benefician de la normatividad
sobre adquisiciones (30.9% y 33.2%, respectivamente). Igualmente, tanto los
funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría como los que no lo
han hecho consideran casi con la misma frecuencia que los que ofrecen precios
más bajos son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones
(30.7% y 35.3%, para cada uno) (Véase tabla 99).
El 38.2% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
manifestó que los que tienen experiencia con la administración son los que se
benefician de la normatividad sobre adquisiciones, en comparación con el 30.2%
de los que no lo están. Del mismo modo, el 37.2% de los funcionarios que están
incorporados al servicio civil de carrera manifestó que los que ofrecen precios más
bajos son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones, en
comparación con el 30.3% de los que no lo están (Véase tabla 99).
También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida que los que tienen experiencia con
la administración son los que se benefician de la normatividad sobre adquisiciones
(46.7%) en comparación con los que no intervienen (28.5%). Finalmente, esta
77
tendencia se repite para la opción de respuesta los que ofrecen precios más bajos
(42.3% y 29.2%, respectivamente) (Véase tabla 99).
78
X. CONOCIMIENTO Y APEGO A LA LEY
X.1. Conocimiento de la ley
Dentro de los procesos de contratación que establece la ley, la mayoría de la
población encuestada mencionó; la licitación pública nacional e internacional
(50.5%), la invitación a cuando menos tres personas (57.2%) y la adjudicación
directa (56.7%) (Véase Tablas 166 a 169).
Para cada una de las secretarías los distintos mecanismos de contratación tienen
una presencia diferente en la opinión y percepción de los funcionarios
encuestados. Así, mientras que el 72.5% de los funcionarios de la Secretaría de
educación pública reconocen las licitaciones como un mecanismo de contratación
establecido en la ley, tan solo el 25.0% de los trabajadores de la Secretaría de
agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación mencionan esta
opción. Por otra parte si bien el 59.4% de los encuestados tanto en la Secretaría
de la función pública como en PEMEX indicaron la invitación a cuando menos tres
personas como un proceso de contratación incluido en la ley, esta proporción
desciende a 25.3% entre quienes trabajan en la Secretaría de gobernación.
Finalmente la adjudicación directa es un mecanismo reconocido dentro de la ley
de contrataciones para el 60.4% de los trabajadores de PEMEX y tan solo para el
19.2% de los funcionarios de la Procuraduría general de la república (Véase
Tablas 166 a 169).
Algunas diferencias merecen ser destacadas al considerar el tipo de funcionario
encuestado; por ejemplo mientras que prácticamente todos los responsables
(91.7% en el caso de las licitaciones, 91.0% en la invitación a cuando menos tres
personas y 90.3% en la adjudicación directa) señalan los distintos mecanismos
mencionados como procesos integrados a la ley de adquisiciones, menos de la
mitad de los usuarios hace lo propio (40.5% en el caso de las licitaciones, 32.5%
en la invitación a cuando menos tres personas y 33.3% en la adjudicación directa).
79
El mismo tipo de relación se observa al considerar la intervención o no de los
funcionarios en el proceso de adquisiciones (Véase Tablas 166 a 169).
En cuanto a la escolaridad y el ingreso de la población encuestada, la relación es
directamente proporcional; a mayores niveles de escolaridad e ingresos, mayor es
la aceptación que los mecanismos mencionados son procesos de contratación
establecidos por la ley de adquisiciones (Véase Tablas 166 a 169).
X.2. Excepciones a las licitaciones públicas
El conocimiento de la población encuestada sobre las principales excepciones a la
licitación pública arrojó los siguientes datos; el 73.7% de los encuestados
considera que la titularidad de patentes y los derechos de autor no constituyen una
excepción, el 81.0% de los encuestados manifestó que tampoco se realizan
excepciones aunque peligren el orden social, la economía o los servicios. El
84.6% de los funcionarios encuestados opinó que no hay excepciones a la
licitación pública para fines de la armada nacional, lo que fue reforzado por el
79.6% que manifestó que no se realizan excepciones a causa de fuerza mayor.
Así mismo la mayoría (78.1% de los encuestados reconoció que no hay
excepciones a la licitación pública antes marcas determinada, ni ante bienes
perecederos (86.5%), como tampoco se señaló debe haberlos con campesinos o
grupos urbanos o marginados (86.7%) (Véase Tablas 170 a 177).
Si bien como se puede observar la amplia mayoría de los encuestados no
reconoce excepciones a la licitación pública, en algunas secretarías destacan otro
tipo de respuestas. Así, los funcionarios de la Secretaría de educación pública
indicaron en un 55.9% que si deben realizarse excepciones a la licitación pública
en el caso de la titularidad de patentes y derechos de autor, un 33.3% que ante
bienes perecederos también debe haber excepciones y en un 35.3% que los
campesinos o grupos marginados también deben reconocer excepciones en la
aplicación de las licitaciones públicas. Los trabajadores de la Comisión nacional
80
del agua manifestaron en un 40.9% de los casos que ante un peligro en el orden
social, económico o en los servicios debe haber excepciones a las licitaciones
públicas y quienes fueron encuestados en la Secretaría de la función pública
señalaron en un 44.8% se deben realizar excepciones ante marcas determinadas
(Véase Tablas 170 a 177).
Al analizar las características sociodemográficas también se observan algunas
diferencias; mientras que para las personas más jóvenes en prácticamente la
totalidad de los casos no deben realizarse excepciones a la licitación pública bajo
ninguna circunstancia, la población encuestada de mayor edad reconoce la
posibilidad de realizar excepciones en un promedio de 3 personas encuestadas
cada diez. La escolaridad y los ingresos guardan la misma relación; a menor
escolaridad y menores niveles de ingresos menos excepciones se aceptan a la
aplicación de licitaciones públicas (Véase Tablas 170 a 177).
X.3. Apego a la normatividad
En este mismo orden de ideas, se pidió a los encuestados que comentarán, desde
su experiencia, qué frase de las que se señalan a continuación, es la que más se
identifica con el momento de hacer adquisiciones (Véase tabla 116 y cuadro 18):
Cuadro 18Según su experiencia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más cierta al momento de
hacer adquisiciones?Frases Porcentajes
Hay que apegarse estrictamente a la normatividad
56.8
A veces hay que brincarse algo de la normatividad
11.3
No se puede seguir la normatividad 3.0NS 27.4NC 1.5Total 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
81
El 72.7% de los mandos superiores consideran que es necesario apegarse
estrictamente a la normatividad al momento de hacer adquisiciones. El 64.8% de
los mandos medios y el 31.1% del personal operativo comparten esta opinión. Es
de destacar que prácticamente la mitad del personal operativo encuestado
(49.7%) indicó no saber cuáles situaciones son más importantes al momento de
hacer adquisiciones frente al 18.7% de los mandos medios y el 14.8% de los
mandos superiores (Véase tabla 116).
Los funcionarios que más consideran que hay que apegarse estrictamente a la
normatividad son los de la Secretaría de la Función Pública (70.8%); los que
menos, los de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (30.6%) (Véase tabla 116).
En su mayoría, los responsables (83.4%), los que no han trabajado siempre en la
misma secretaría (63.5%), los que están incorporados al servicio civil de carrera
(68.0%) y los que intervienen en el proceso de adquisiciones (81.1%) consideran
que es necesario apegarse estrictamente a la normatividad (Véase tabla 116).
Los funcionarios que más consideran que a veces hay que brincarse algo de la
normatividad son los de la Secretaría de la Reforma Agraria (25.0%); los que
menos, los de la Secretaría de Gobernación. No se reportan diferencias en
relación con los distintos tipos de funcionario (1.1%) (Véase tabla 116).
Los funcionarios que más consideran que no se puede seguir la normatividad son
los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (11.7%); los que menos, los
de la Secretaría de la Función Pública (1.0%), con lo cual se verifican los datos
mencionados líneas arriba. No se observan diferencias significativas a partir del
análisis de los diferentes tipos de funcionario (Véase tabla 116).
82
XI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL
X.1.Órganos de evaluación interna
Dentro de este contexto, la investigación también se planteó conocer si en las
dependencias aquí analizadas existe o no un comité de adquisiciones y, así,
determinar con qué nivel de transparencia se llevan a cabo las licitaciones en la
administración pública en México. Para lograrlo, se realizó la siguiente pregunta:
En esta dependencia, ¿existe o no un comité de adquisiciones?
A esta interrogante, el 69.8% de los funcionarios encuestados respondieron
afirmativamente y el 5.5%, de manera opuesta. El 24.4% no supo y el 0.3% no
contestó (Véase tabla 100).
Los funcionarios que más respondieron afirmativamente a esta pregunta fueron los
de la Comisión Federal de Electricidad (87.5%), en comparación con el 51.5% de
la Secretaría de Salud, que fue el más bajo (Véase tabla 100).
La gran mayoría de los usuarios como los responsables contestó que en la
dependencia en la cual trabajan sí hay un comité de adquisiciones (63.2% y
63.8%, respectivamente) (Véase tabla 100).
Por un lado, aquellos que siempre han trabajado en la administración pública
respondieron a la pregunta aquí analizada en mayor medida (73.8%), en
comparación con los que están en la situación opuesta (65.9%) (Véase tabla 100).
Por otro, los funcionarios que han trabajado siempre en la misma secretaría
respondieron en menor medida de manera afirmativa (66.6%), en comparación
con los que no lo han hecho (80.5%) (Véase tabla 100).
83
En cuanto al servicio civil de carrera se observa que los entrevistados que están
incorporados respondieron en mayor medida que la secretaría en la que laboran sí
tiene un comité de adquisiciones (80.3%), en comparación con los que no están
incorporados (66.1%) (Véase tabla 100).
Finalmente, los funcionarios que intervienen en el proceso de adquisiciones
respondieron en mayor medida que su dependencia sí tiene un comité para este
fin (95.6%), en comparación con los que no intervienen en él (63.6%) (Véase tabla
100).
XI.2. Consultas a los usuarios
La amplia mayoría (81.8%) de los encuestados indicó que en la dependencia en la
que trabajan no se les consulta para conocer su opinión sobre los mejores
proveedores para la adquisición de bienes o la contratación de un servicio. Un
11.6% manifestó que si es consultado para conocer su opinión, y el 3.7% de las
personas encuestadas señaló que se le consulta a veces (Véase Tabla 164).
Es elevada la proporción de los encuestados tanto de mandos superiores (77.7%)
como de mandos medios (77.4%) y de personal operativo (90.6%) que indica no
se ha consultado para conocer su opinión sobre los mejores proveedores para la
adquisición de bienes o contratación de servicios (Véase Tabla 164).
Los funcionarios encuestados que en mayor medida indicaron ser consultados
para saber su opinión en relación con la adquisición de bienes y servicios, fueron
los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria (25.0%), los funcionarios
de la Secretaría de desarrollo social (21.4%) y los trabajadores de la Secretaría de
hacienda y crédito público (15.7%). Por otra parte la población encuestada que
indicó no ser consultada en proporción más elevada fue, los encuestados del
IMSS (93.7%), los funcionarios de la Comisión federal de electricidad (93.2%) y los
trabajadores de secretaría de salud (89.7%) (Véase Tabla 164).
84
Los trabajadores que intervienen en el proceso de adquisiciones declararon ser
consultados sobre los proveedores para la compra de bienes y servicios en un
39.4% de los casos, mientras que los trabajadores que no intervienen en este
proceso indicaron que son consultados en un 5.0% de los casos. Del mismo modo
los funcionarios con servicio civil de carrera indicaron ser más consultados
(10.9%) que quienes no cuentan con este servicio (2.8%), así como los
responsables son más consultados (35.9%) que los usuarios (5.5%) (Tabla 164).
La edad, la escolaridad y el ingreso tienen una relación proporcional con el grado
de consulta; a mayor edad, más altos niveles de escolaridad e ingresos, se
incrementa la solicitud de opinión sobre los proveedores entre la población
encuestada (Véase Tabla 164).
XI.3. Procesos de evaluación interna y transparencia
La mayoría de los funcionarios encuestados (56.1%) indicaron que el área en la
cual trabajan fue sometida a una auditoria el año anterior al levantamiento de la
encuesta, el 29.3% reportó que no se han realizado auditorias, mientras que el
14.6% indicó no contar con esa información. En consonancia con estas
tendencias, la mayoría de los trabajadores de todas las secretarías señalaron que
se han realizado auditorias (Véase Tabla 162).
Del mismo modo un alto porcentaje de la población encuestada (47.2%) indicó que
los resultados de estas auditorias son de carácter público. La mayoría de los
trabajadores de la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación (73.5%), la Secretaría de desarrollo social (68.8%), la Comisión
federal de electricidad (66.7%), la Secretaría de energía (57.1%), la Secretaría de
la función pública (57.1%), el IMSS (56.0%), la Comisión nacional del agua
(55.0%) y la SRA (51.1%) manifestaron que los resultados de las auditorias
constituyen información pública (Véase Tabla 163).
85
Una diferencia importante aparece entre los encuestados que intervienen en el
proceso de adquisiciones y quienes no, ya que mientras que los primeros afirman
en un 61.1% que los resultados de las auditorias son públicas, esta proporción
desciende a 41.9% entre quienes no intervienen en los mecanismos de
adquisiciones. Algo similar se observa entre los usuarios y los responsables; los
usuarios indican que los resultados son públicos en un 42.9%, mientras que los
responsables indican el carácter público de los resultados de las auditorias en un
59.3% de los casos (Véase Tabla 163).
XI.4. Procesos de evaluación externa y transparencia
XI.4.1. Evaluación de la SECODAM
En la experiencia de los encuestados como servidores públicos evaluaron el
funcionamiento de la SECODAM para el mejoramiento de la administración
pública como eficiente en el 37.1% de los casos, nada eficiente en un 15.1%, ni
eficiente ni ineficiente en el 14.3% de los casos y muy ineficiente en el 5.4% de los
casos (Véase Tablas 159).
El 42.4% de los mandos superiores, el 38.6% de los mandos y el 29.6% del
personal operativo consideran que la SECODAM es eficiente en el mejoramiento
de la administración pública. Son los encuestados que se ubican dentro del
personal operativo quienes en mayor medida (31.6%) señalaron no saber cómo
evaluar a la SECODAM frente a tan sólo el 5.0% de los mandos medios y el 2.9%
de los mandos superiores (Véase Tablas 159).
Al interior de las secretarías se observa que mientras que los funcionarios de la
Secretaría de energía son quienes opinan en mayor proporción (12.0%) que la
SECODAM es muy eficiente para el mejoramiento de la administración pública, en
el otro extremo los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social
consideraron en mayor medida (26.6%) que esta institución es nada eficiente para
mejorar la administración pública. Los mayores porcentajes de respuesta para
86
todas las secretarías señalan que la SECODAM es eficiente en el mejoramiento
de la administración pública (Véase Tablas 159).
Quienes intervienen en el proceso de adquisiciones opinaron que la SECODAM es
muy eficiente en mayor medida (10.4%) que quienes no lo hacen (4.2%) y las
personas que se encuentran integradas al servicio civil de carrera lo hicieron en
mayor proporción (6.8%) que quienes no lo están (4.8%). Así mismo para los
encuestados que son los responsables del proceso de adquisiciones la
SECODAM es muy eficiente en mayor medida (11.1%) que para los usuarios
(4.1%). (Véase Tablas 159).
Existe una relación proporcional entre el nivel de escolaridad de los encuestados y
la percepción de la eficiencia de la SECODAM; a medida que se incrementan la
escolaridad también aumenta la eficiencia de esta institución. Así, mientras que
para el 12.2% de las personas encuestadas la SECODAM es eficiente, esta
proporción aumenta al 42.7% entre quienes tienen nivel de posgrado. Por otra
parte y teniendo en cuenta los ingresos se puede decir que quienes perciben
niveles salariales más bajos, de 0 a 1 salario mínimo, consideran en menor
medida (6.1%) que la SECODAM es nada eficiente en comparación con quienes
perciben salarios más elevados (el 16.5% de quienes cuentan con más de 10
salarios mínimos opina que la SECODAM es nada eficiente) (Véase Tabla 159).
Otra dimensión para evaluar el funcionamiento y la calidad del trabajo de la
SECODAM fue considerar el impacto de esta secretaría en la reducción de la
corrupción pública.
Al respecto las personas encuestadas opinaron que la SECODAM es muy
eficiente en la reducción de la corrupción pública en un 3.7% de los casos, que es
eficiente en un 33.4%, 15.2% señaló que es una institución ni eficiente ni
ineficiente, el 25.3% opinó que es ineficiente y el 9.1% de los encuestados
87
manifestó que el trabajo de la SECODAM es nada eficiente en la reducción de la
corrupción pública (Véase Tabla 160).
La eficiencia de la SECODAM en la reducción de la corrupción pública es
señalada por el 37.7% de los mandos superiores, el 37.1% de los mandos medios
y el 25.1% del personal operativo. Nuevamente, la proporción más elevada de no
respuesta está entre el personal operativo (28.8%) (Véase Tabla 160).
Los funcionarios de la Secretaría de energía (8.0%) y los trabajadores de la
Secretaría de la función pública (7.3%) son los encuestados que en mayor medida
opinaron que la SECODAM es muy eficiente en su trabajo para lograr la reducción
de la corrupción pública. En el extremo contrario, entre quienes consideraron que
la SECODAM es nada eficiente para mejorar la corrupción pública, se ubicaron los
trabajadores de la secretaría de salud (19.1%) y los de la Secretaría del Trabajo y
la Previsión Social (17.0%) (Véase Tabla 160).
Para ubicar la evaluación de la SECODAM en cada una de las secretarías, se
plantea el siguiente cuadro resumen, en el cual se ubican todas las secretarías
encuestadas con los dos extremos de la evaluación; muy eficiente y nada
eficiente.
88
Cuadro 19Evaluación de la SECODAM según secretarías*
Secretarías
Mejoramiento administración pública
Reducción corrupción
Muy eficienteNada
eficienteMuy
eficienteNada
eficienteSecretaría de educación pública 2.0 13.7 0.0 11.8Secretaría de turismo 5.0 18.8 1.3 6.3Secretaría del trabajo y la previsión social
7.4 26.6 2.1 17.0
Procuraduría general de la república
3.8 19.2 3.8 11.5
Secretaría de gobernación 11.6 13.7 6.3 16.8Secretaría de salud 2.9 19.1 4.4 19.1Secretaría de relaciones exteriores
0.0 5.1 5.1 5.1
Secretaría de economía 8.7 15.2 6.5 5.4Secretaría de la reforma agraria 5.0 15.0 6.7 10.0Secretaría de energía 12.0 14.0 8.0 6.0Secretaría de desarrollo social 3.6 15.2 0.9 9.8Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación
6.9 18.1 2.8 5.6
Secretaría de medio ambiente y recursos naturales
4.5 17.0 2.3 9.1
Secretaría de la función pública 8.3 1.0 7.3 1.0Secretaría de hacienda y crédito público
0.9 17.4 1.7 4.3
Secretaría de seguridad pública 4.5 15.2 6.1 3.0IMSS 6.3 23.8 4.8 9.5Comisión nacional del agua 4.5 13.6 4.5 11.4Comisión federal de electricidad 6.3 20.0 2.5 16.3PEMEX 5.2 9.4 5.2 7.3Secretaría de comunicaciones y transportes
2.9 8.7 1.9 6.8
Total 100.0 100.0 100.0 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.*Se presentan únicamente los dos extremos de las opciones de respuesta
Como puede observarse en el cuadro, para todas las secretarías la SECODAM es
muy eficiente en bajas proporciones en los dos tipos de actividades evaluadas, y,
por consiguiente, son considerablemente elevadas, también en todas las
89
secretarías las respuestas que consideran que la SECODAM es nada eficiente en
el desarrollo de su trabajo.
Una importante proporción de encuestados (el 41.6%) considera que la Secretaría
de la Función Pública dará mejores resultados que la SECODAM en el combate a
la corrupción. El 27.1% de los funcionarios encuestados opinó que los resultados
serán iguales, el 12.9% de las personas encuestadas señaló que estos resultados
serán mejores solo en parte, mientras que el 6.5% consideró que los resultados
serán peores (Véase Tabla 161).
Para el 49.3% de los mandos superiores, el 41.9% de los mandos medios y el
32.5% del personal operativo la Secretaría de la Función Pública dará mejores
resultados a la corrupción que la SECODAM (Véase Tabla 161).
Al interior de las secretarías se observa que en prácticamente todas las
secretarías los funcionarios consideraron que la Secretaría de la Función Pública
dará mejores resultados que la SECODAM. Entre las proporciones más elevadas
de esta respuesta destacan los trabajadores de la Procuraduría general de la
república (69.2%), los funcionarios de la Secretaría de medio ambiente y recursos
naturales (55.7%), los encuestados que laboran en la Secretaría de relaciones
exteriores (53.8%) y los trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión
Social (53.2%). En la posición contraria, entre quienes opinaron que los resultados
serán peores, las proporciones más altas de respuesta estuvieron entre quienes
trabajan en la Comisión nacional del agua (15.9%), nuevamente los funcionarios
de la Procuraduría general de la república (11.5%) y los trabajadores del IMSS
(11.1%) (Véase Tabla 161).
Quienes intervienen en el proceso de adquisiciones opinaron que la Secretaría de
la Función Pública dará mejores resultados que la SECODAM en un 47.9%,
mientras que quienes no participan de este proceso opinaron lo mismo en un
40.1%. Los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
90
indicaron que los resultados serán mejores en mayor proporción (38.8%) que
quienes no lo están (25.9%). Entre responsables y usuarios del servicio no se
observan diferencias significativas (Véase Tabla 161).
Los más jóvenes de los funcionarios encuestados opinaron que la Secretaría de la
Función Pública dará mejores resultados en menor medida (28.9%) que las
personas mayores de 55 años (40.9%), al igual que los trabajadores de las
distintas secretarías con menores niveles de escolaridad, quienes opinaron que
los resultados serán mejores en menor medida (14.3%) que los encuestados con
niveles de escolaridad más altos (42.7%) (Véase Tabla 161).
XI.5. Conocimiento de la contraloría social
Para el 28.5% de la población encuestada no existe ningún contralor ciudadano en
los procesos de licitación de compras. El 16.1% afirma que existe esta figura y la
mayoría de los encuestados (55.1%) reconoce que no sabe si existe o no esta
figura (Véase Tabla 178).
Posiciones encontradas se observan entre los trabajadores de las distintas
secretarías. Mientras que para los funcionarios de la Comisión federal de
electricidad (47.5%), la Secretaría de energía (44.0%), la Procuraduría general de
la república (26.9%), la Secretaría de turismo (23.8%) y el IMSS (20.6%) existe un
contralor en los procesos de licitación, los trabajadores encuestados en la
Secretaría de educación pública (52.0%), la Secretaría de comunicaciones y
transportes (48.5%), PEMEX (41.7%), la Secretaría de la función pública (39.6%) y
la SRA (38.3%) indican que no existe una figure que controle los procesos
licitatorios (Véase Tabla 178).
También hay posturas disímiles entre los distintos tipos de funcionarios; para la
mayoría de aquellos que intervienen en el proceso de adquisiciones (56.2%) no
91
existe un contralor en las licitaciones, como tampoco existe este contralor para la
mayoría de los responsables (56.1%) encuestados (Véase Tabla 178).
Si bien la edad no pauta diferencias en las respuestas de los encuestados, los
niveles de escolaridad si lo hacen. De tal suerte que mientras que tan solo el 2.0%
de los funcionarios manifiesta que existe un contralor al proceso de licitaciones, el
15.4% de las personas con posgrado reconoce esta figura (Véase Tabla 178).
Prácticamente la mayoría de los encuestados (40.0%) que reconoce la existencia
de un contralor de los procesos de licitación, indica que es solo uno el contralor
ciudadano que participa en este proceso. Esta misma situación se observa entre
los funcionarios de las distintas secretarías con la excepción de los trabajadores
de la Secretaría de la función pública, quienes en un 55.6% indican que más de un
contralor participa en los procesos de licitaciones, y los funcionarios de la SSP,
que dan esta misma respuesta en un 40.0% (Véase Tabla 179).
XI.6. Funciones del contralor ciudadano
Respecto de la naturaleza de este contralor el 38.5% de la población encuestada
opina que solamente es testigo, el 27.2% indica que tiene voz y el 6.0% reconoce
que tiene voto (Véase Tabla 180).
Esta misma tendencia se observa tanto de acuerdo al tipo de funcionario como a
las características sociodemográficas de la población encuestada (Véase Tabla
180).
En la gran mayoría de las secretarías encuestadas se reconoce que el contralor
ciudadano es un ente que participa del proceso licitatorio únicamente como
testigo. Así lo manifestaron el 100.0% de los encuestados de la Comisión nacional
del agua, el 76.9% de los funcionarios de la Secretaría de educación pública, el
58.3% de la población encuestada en la Secretaría de economía, el 55.6% de
92
quienes fueron encuestados en la Secretaría de la función pública, el 52.6% de los
trabajadores de la Secretaría de turismo y el 50.0 de los funcionarios de la
secretaría de salud. Sin embargo el 54.5% de los trabajadores de la Secretaría de
hacienda y crédito público y el 50.0% de los funcionarios de la Secretaría de la
Reforma Agraria reconocieron en el contralor una entidad con voz en el proceso
de licitación (Véase Tabla 180).
La mayoría de la población encuestada (58.5%) no conoce el tiempo de
permanencia en el cargo del contralor ciudadano. Este desconocimiento se
acentúa entre quienes tienen menores niveles de escolaridad (0.0%) en relación
con los encuestados con nivel de posgrado (15.8%), y entre quienes cuentan con
más altos niveles de ingresos (12.8%) en comparación con quienes tienen
ingresos más bajos (16.7%). Es más elevado el desconocimiento entre los
funcionarios que no intervienen en el proceso de adquisiciones en relación con los
que participan de este proceso, así como entre los usuarios en relación con los
responsables (Véase Tabla 181).
Al interior de las secretarías se observa un fuerte desconocimiento en relación con
la permanencia en el cargo del contralor ciudadano para la mayoría de las
funcionarios encuestados (Véase Tabla 181).
Ante el abrumador desconocimiento del tiempo de permanencia en el cargo las
respuestas sobre cual es ese tiempo de permanencia aparecen muy dispersas; el
34.4% opina que la duración en el cargo es de más de 4 años, el 12.5% manifiesta
que es de 3 años, el 9.4% señala dos años y el 9.4% indica que un año es la
duración en el cargo del contralor ciudadano (Véase Tabla 182).
93
XI.7. Existencia de otras formas de participación ciudadana en los procesos
La gran mayoría de los encuestados (60.5%) reconoce no saber si en caso de no
contar con un contralor ciudadano la institución a la que pertenece cuenta con
alguna otra forma de participación ciudadana en sus procesos de adquisiciones. El
28.3% indica que no cuentan con ningún otro mecanismo y el 11.0% señala que si
tienen otro mecanismo al no tener un contralor (Véase Tabla 183).
Al interior de las distintas secretarías predominan dos tipos de situaciones; el
desconocimiento de la existencia de mecanismos de participación distintos al
contralor ciudadano y el afirmar no contar con otro tipo de mecanismos (Véase
Tabla 183).
Las formas de participación alternas a la ausencia de un contralor que se
reconocen son; los mismos proveedores (32.7%), los observadores de la sociedad
(25.8%), Transparencia Mexicana (7.5%), órganos internos de contraloría (7.5%) e
información en Internet (6.3%) entre las más destacadas (Véase Tabla 184).
Para cada una de las secretarías encuestadas la situación que se observa es
diferente. Los mismos proveedores son señalados como mecanismos de
participación en la totalidad de los funcionarios (100.0%) de la Comisión nacional
del agua y en la gran mayoría (80.0%) de los trabajadores de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Por otra parte los observadores de la sociedad se
reconocen como instrumentos de participación ciudadana entre los funcionarios de
la Secretaría de educación pública (50.0%) y de la Secretaría de energía (50.0%),
mientras que transparencia mexicana es mencionada por el 37.5% de los
trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y el 33.3% de quienes laboran
en la secretaría de gobernación (Véase Tabla 184).
El 40.5% de los encuestados manifestó que el hecho de contar con el control
ciudadano es muy importante para el proceso de transparencia, el 37.2% señaló
94
que este control es un elemento importante, el 12.0% indicó que es poco
importante y el 6.1% manifestó que no es nada importante para la transparencia
(Véase Tabla 185).
Mientras que para los funcionarios de la Secretaría de la Seguridad Pública
(62.1%), la Procuraduría general de la república (57.7%), la secretaría de salud
(51.5%) la Comisión federal de electricidad (51.3%), la Secretaría de medio
ambiente y recursos naturales (51.1%), la Secretaría de educación pública
(50.0%) y la Secretaría de energía (50.0%) el contralor es un mecanismo muy
importante para mantener la transparencia, el 25.0% de los trabajadores de la
Secretaría de la Reforma Agraria y el 22.8% de los funcionarios de la Secretaría
de economía consideran que es un instrumento poco importante, mientras el
17.9% de quienes trabajan en la Secretaría de relaciones exteriores opinan que es
un mecanismo nada importante (Véase Tabla 185).
No se destacan diferencias en las respuestas de acuerdo al tipo de funcionario ni
a las características sociodemográficas (Véase Tabla 185).
XI.8. Medidas para el mejoramiento de la administración
La amplia mayoría de los funcionarios encuestados (72.9%) manifestaron no
haber recibido ninguna propuesta de mejora administrativa de parte de los
usuarios de los servicios que ofrece. En contraparte el 24.8% indicaron haber
recibido propuestas y el 2.2% indicó no saber si se han recibido propuestas o no
(Véase Tabla 186).
En todas las secretarías los funcionarios encuestados, en una amplia mayoría
indicaron no haber recibido ningún tipo de propuesta de mejora administrativa
(Véase Tabla 186).
95
Quienes señalaron haber recibido propuestas de mejora en una gran mayoría
(87.9%) indicaron haberlas implementado, situación que también se observa para
todas y cada una de las secretarías (Véase Tabla 186).
XI.9. Beneficios obtenidos por las propuestas
Los beneficios reportados por la implementación de las mejoras propuestas
tuvieron que ver con la simplificación de actividades (40.6%), el mayor ahorro de
tiempo (28.6%) y la reducción de costos administrativos (10.9%). En las
secretarías los beneficios destacados han sido el ahorro de tiempo en la Comisión
nacional del agua (100.0%), la Secretaría de turismo (53.3%) y en la Secretaría de
agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación (50.0%) y la
simplificación de actividades para los funcionarios encuestados en la S (61.5%),
PEMEX (56.5%), la Secretaría de la función pública (53.1%) y la S (52.4%) (Véase
Tabla 186).
96
XII. CULTURA Y PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS
XII.1. Reclutamiento de personal
Para conocer la opinión de los funcionarios en relación con la forma de reclutar al
personal, se incluyó una pregunta de este tipo. El 32.8% respondió que en esa
dependencia, en general, reclutan al personal por buenas referencias; el 20.0%, a
través de contactos personales; el 42.8%, por currículum; el 14.6%, por
recomendación de un compañero; el 9.8%, por recomendación de familiares; el
15.1%, por recomendación de amigos y el 57.4%, a través de un examen o
concurso. El 0.8% respondió que no se recluta personal. El 1.5% dio todas las
respuestas y el 0.1%, ninguna. El 4.1% dio otra respuesta. El 9.8% no supo y el
0.1% no contestó (Véase tabla 108).
Por un lado, los encuestados que más señalaron que reclutan su personal a través
de un examen o concurso fueron los de la Secretaría de Economía (81.5%) y los
que menos respondieron de esta forma fueron los de la Secretaría Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (30.6%). Por otro lado, los
funcionarios que más contestaron que nadie se recluta al personal a partir de su
currículum fueron los de la Secretaría de Energía (72.0%) y los que menos
respondieron de esta forma fueron los de la Comisión Nacional del Agua (22.7%)
(Véase tabla 108). A continuación se señalan los resultados del análisis con base
en el tipo de funcionario.
Se percibe que para los responsables hay una frecuencia de respuesta similar a
los usuarios en relación con la opción a través de un examen o concurso (68.1%),
en comparación con los usuarios (55.1%). En cuanto a la opción de respuesta por
currículum, se observa una tendencia similar (51.6%, los responsables y 40.9%,
los usuarios) (Véase tabla 108).
97
El 59.6% de los funcionarios siempre han trabajado en la administración pública
ofreció la primera respuesta aquí analizada, mientras que el 55.5% de los no lo
han hecho respondió de la misma forma. Para la segunda respuesta con mayor
mención, los resultados son los siguientes: 43.7% para los que siempre han
trabajo en la administración pública y 42.0% para los que no (Véase tabla 108).
Los encuestados que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron
casi en la misma medida el examen o concurso es el método para reclutar
personal (58.8 y 61.1%, respectivamente). Asimismo, los que siempre han
trabajado en la misma secretaría se inclinaron con una frecuencia similar por la
opción de respuesta por currículum (43.5% y 44.2%, para cada uno) (Véase tabla
108).
El 72.5% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
manifestó que en esa dependencia se recluta al personal a través de un examen o
concurso, en comparación con el 50.6% de los que no lo están. En contraste, el
45.0% de los funcionarios que están incorporados al servicio civil de carrera
manifestó que se contrata al personal a partir del currículum, en comparación con
el 43.4% de los que no lo están (Véase tabla 108).
También se advierte que los funcionarios que intervienen en el proceso de
adquisiciones respondieron en mayor medida que en esa secretaría se contrata al
personal a partir de los resultados de un examen o concurso (73.2%) en
comparación con los que no intervienen (53.6%). Finalmente, los dos tipos de
funcionarios respondieron con frecuencia similares que el currículum es el
principal elemento tomado en cuenta para el reclutamiento del personal (49.2% y
41.2%, respectivamente) (Véase tabla 108).
98
XII.2. Desempeño según practicas administrativas
Para conocer el desempeño de los funcionarios en relación con prácticas
administrativas se incluyeron las siguientes preguntas (Véanse tablas 111-115 y
cuadro 20):
Cuadro 20¿A quién acudiría primero si tuviera que hacer las siguientes actividades de su
trabajo…? (porcentajes)
Informar sobre un
procedimiento de
adquisición mal hecho
Recomendar a una persona
que busca empleo en esta área
Solicitar un
aumento salarial
para usted
Informar sobre un servicio
que puede mejorar la
eficacia del área
Informar sobre un caso de
corrupción en su
área
A sus compañeros de trabajo
1.3 3.7 0.1 6.1 0.6
A su sindicato
1.6 9.1 5.1 1.6 3.0
A sus superiores
60.5 54.8 79.4 87.3 66.5
A algún conocido
0.2 4.0 0.1 0.1 0.2
A la SFP 11.1 3.5 0.9 1.0 23.9Al comité de adquisiciones
14.4 0.5 0.1 1.8 0.2
A otros 1.7 9.6 1.5 0.8 3.2A nadie 2.1 12.8 11.5 0.5 1.5NS 6.9 1.9 1.0 0.7 0.9NC 0.2 0.1 0.3 0.1Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Los funcionarios que más opinaron que deben avisar a sus superiores en caso de
enterarse de un procedimiento de adquisición mal hecho fueron los de la
Secretaría de Desarrollo Social (80.4%), los que menos se inclinaron por esta
99
opción de respuesta fueron los encuestados en la Secretaría de Relaciones
Exteriores (51.3%) (Véase tabla 111).
No se observan diferencias significativas en relación con los tipos de funcionario,
ya que la mayoría se inclinan por informar a sus superiores cuando se han
percatado que un procedimiento de adquisición no fue realizado de manera
adecuada (Véase tabla 111).
Los funcionarios que más opinaron que deben consultar con sus superiores para
recomendar a una persona que busca empleo fueron los de la Secretaría de
Energía (74.0%), los que menos se inclinaron por esta (37.5%) (Véase tabla 112).
Se observa una ligera diferencia entre los usuarios y los responsables (56.3%,
para los usuarios y 48.1%, para los responsables). Los funcionarios que no están
incorporados al servicio civil de carrera respondieron en mayor medida que es
necesario consultar con los superiores para recomendar a una persona que busca
empleo (57.7%), en comparación con los que sí están incorporados (48.8%). Este
patrón se repite para los que no intervienen en el proceso de adquisiciones
(57.0%) y los que no lo hacen (45.7%) (Véase tabla 112).
De los funcionarios encuestados, los que más manifestaron que deben acudir a
sus supervisores para solicitar un aumento de sueldo fueron los de la Secretaría
de Energía (94.0%) y los que menos lo hicieron fueron los de la Secretaría de
Turismo (70.0%). No se reportan diferencias significativas respecto al análisis del
tipo de funcionario (Véase tabla 113).
Los funcionarios de la Secretaría de Salud fueron los que más respondieron que
informan primero a sus superiores sobre un servicio que puede mejorar la eficacia
del área (98.5%), mientras que los de Secretaría de la Función Pública fueron los
que menos contestaron de esta manera (74.0%). No se advierten diferencias
significativas respecto al análisis del tipo de funcionario (Véase tabla 114).
100
Los que más respondieron que es necesario informar sobre un caso de corrupción
en su área fueron los entrevistados en la Secretaría de Salud (83.8%) y los que
menos lo hicieron fueron los de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (43.2%). No hay diferencias entre los distintas clasificaciones de
funcionarios (Véase tabla 115).
XII.3. Denuncia de conductas ilícitas
Prácticamente la totalidad de la población encuestada (91.8%) señaló no haber
recibido ninguna denuncia de conductas ilícitas interpuestas por algún usuario de
los servicios que ofrece la dependencia a la que pertenece. El 5.7% reconoció
haber recibido denuncias y un 2.4% señaló desconocer si se habían o no
interpuesto denuncia de algún tipo (Véase Tabla 189).
Los funcionarios encuestados de todas las secretarías, en amplia mayoría,
señalan no haber recibido denuncias de actos ilícitos. Sin embargo entre quienes
en mayor proporción indicaron que habían recibido algún tipo de denuncia, se
encuentran los trabajadores de la Comisión nacional del agua (18.2%), los
funcionarios de la Comisión federal de electricidad (12.5%) y los de la
Procuraduría General de la República (11.5%) (Véase Tabla 189).
No se observan diferencias en las respuestas por tipo de funcionario ni por
condiciones y características sociodemográficas (Véase Tabla 189).
Quienes reconocieron haber recibido denuncias de actos ilícitos señalan que las
mismas fueron resueltas en un 62.4% de los casos, no se resolvieron en un 26.9%
y no se sabe que ocurre con su resolución en un 8.6% (Véase Tabla 190).
Observando las respuestas de los funcionarios de las distintas secretarías se
puede decir que las denuncias interpuestas ante Secretaría de agricultura,
101
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación fueron resueltas en el 100.0% de
los casos, ante la Comisión nacional del agua en un 87.5%, ante PEMEX en un
85.7% y ante la secretaría de salud en un 75.0%. En el otro extremo se
encuentran la Secretaría de energía, cuyos funcionarios encuestados indicaron
que el 100.0% de las denuncias presentadas no fueron resueltas, y la Secretaría
del Trabajo y la Previsión Social que no resolvió las denuncias en un 66.7% de los
casos (Véase Tabla 190).
XII.4. Aplicación de medidas correctivas
Las medidas correctivas más importantes aplicadas a los funcionarios que
cometieron actos ilícitos fueron la inhabilitación del servidor público (48.0%), la
aplicación de una multa administrativa al servidor público (12.0%), la sanción
penal al servidor público (8.0%) y el reintegro económico al patrimonio público
(6.0%) (Véase Tabla 191).
Finalmente es importante considerar los beneficios obtenidos por la aplicación de
las medidas correctivas. Entre los más importantes se destacan; la simplificación
de actividades (23.6%), al reducción de costos administrativos (18.2%) y el mayor
ahorro de tiempo (3.6%) (Véase Tabla 192.
102
XIII. PERCEPCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN EN LA
ADMINSTRACIÓN PÚBLICA
En el análisis de las percepciones y prácticas sobre la corrupción se evaluó la
opinión acerca de actos posiblemente corruptos. El 89.4% de los entrevistados
respondió que aceptaría un viaje pagado por un proveedor, el 4.0% de los
encuestados contestó depende y el 4.3% señaló que no aceptaría, mientras que el
2.3% respondió que no sabía si consideraría la posibilidad o no. Prácticamente la
totalidad de los entrevistados declaró que aceptarían un viaje pagado por un
proveedor, ante una minoría que rechazarían esta “oportunidad” (Véase Tabla
125).
Observando las respuestas al interior de las secretarías se encuentra que las
personas que trabajan en las Secretaría de Salud respondieron en su totalidad
que aceptarían un viaje pagado por un proveedor, seguidos en importancia por los
trabajadores de la Secretaría de Gobernación (97.9%); y por los funcionarios de la
Comisión Nacional del Agua (97.7%). Quienes respondieron en menor medida que
sí aceptarían el viaje, pero igualmente con porcentajes sumamente altos fueron los
encuestados de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (77.8%) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (79.5%) En el
extremo opuesto se ubican los funcionarios que se negaron aceptar este tipo de
acciones. Los que aportaron respuestas en mayor proporción en esta categoría
son los trabajadores de la Secretaría de Economía; en el 15.2% de los casos
declararon que no aceptarían un viaje pagado por un proveedor, y los funcionarios
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el 7.8% respondieron de igual
manera. De estas personas entrevistadas el 93.2% están incorporados al servicio
civil de carrera y el 92.5% no siempre han trabajado en esas secretarías (Véase
Tabla 125).
La aceptación a realizar un viaje pagado por un proveedor es mayor en personas
con edades de 50 a 54 años (93.2%), mientras que las personas de edades más
103
jóvenes disminuye; los entrevistados de entre 18 a 24 años aceptarían esta
propuesta en el 77.6%. La escolaridad también indica diferencias en las opiniones
de los encuestados, ya que mientras que las personas con nivel de posgrado
indicaron que sí aceptarían un viaje pagado por un proveedor en el 93.9% de los
casos, esta proporción desciende a 68.4% entre los funcionarios con primaria o
menos. En relación con los ingresos se puede decir que las personas que
declararon perciben más de 10 salarios mínimos aceptarían esta invitación en
93.7% de los casos, mientras los funcionarios que ganan de 1 a 3 salarios mínimo
respondieron que la aceptarían en una proporción menor (72.0%) (Véase Tabla
125).
XIII.1. Valores y actitudes hacia el superior jerárquico
Respecto del personal se puede decir que la gran mayoría de los encuestados que
labora en las secretarías están en desacuerdo con que lo mas fácil para ascender
es llevarse bien con el jefe (56.7%), mientras que el 3.4% de las personas
encuestadas señaló que están muy de acuerdo con lo que se menciona en la
pregunta, el 16.2% señala que esta de acuerdo, el 4.4% indicó que no esta ni en
acuerdo ni en desacuerdo y finalmente el 18.0% mencionó estar muy de acuerdo
en llevar buenas relaciones con el jefe para poder ascender (Véase Tabla 107).
Los funcionarios que en mayor proporción indicaron estar de acuerdo con que
llevarse bien con el jefe es un mecanismo de ascenso, fueron los funcionarios
Secretaría de Seguridad Pública (69.7%), la Secretaría de Economía (67.4%) y el
Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera (63.9%) (Véase Tabla
107).
XIII.2.Lealtad y confianza
De igual manera, en esta investigación se buscó conocer la opinión de los
funcionarios acerca de diversos comportamientos que derivan en prácticas
104
corruptas, así como de otro tipo de actitudes que, sin caer en la corrupción,
pueden generar productividad. Para ello, se preguntó a los encuestados si están
de acuerdo con las siguientes frases (Véanse tablas 102-106 y Cuadro 21).
Cuadro 21¿Me podría decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las frases que le voy a leer?
(porcentajes)
Muy de acuerd
o
De acuerdo
Ni de acuerdo, ni
en desacuerd
o
En desacuerd
o
Muy en desacuerd
oNS NC Total
El algunas áreas de la administración pública, los sindicatos controlan las plazas
18.1 42.5 4.8 25.2 2.8 6.5 0.1 100.0
La lealtad entre jefes y empleados no es importante para el buen funcionamiento de la administración
4.0 14.6 2.1 58.9 18.3 1.9 0.2 100.0
La mayoría de trabajos del Estado tienen una gran vocación de servicio
4.1 38.1 9.3 41.8 4.3 2.2 0.2 100.0
Es muy importante para la administración contar con personal de confianza
23.9 64.9 2.1 6.7 1.0 1.2 0.2 100.0
Para el servidor público las
15.7 41.7 4.7 31.5 3.8 2.2 0.4 100.0
105
reglas deben estar por encima de las personasLo más fácil para ascender es llevar una buena relación con el jefe
3.4 16.2 4.4 56.7 18.0 1.1 0.2 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase En algunas áreas de
la administración pública, los sindicatos controlan las plazas fueron los de
Petróleos Mexicanos (82.3%), en comparación con los de la Secretaría
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (39.9%). Y los
funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada
fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (53.3%), en comparación con los
de Petróleos Mexicanos (11.5%) (Véase tabla 102).
En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en
cuanto a las percepciones. Por un lado, el 61.0% de los usuarios estuvo de
acuerdo y el 27.7%, en desacuerdo y, por otro, el 59.1% de los responsables
estuvo de acuerdo y el 29.4%, en desacuerdo (Véase tabla 102).
El 59.5% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con la frase En algunas áreas de la administración pública, los sindicatos
controlan las plazas, mientras que el 29.7% no lo está. El 61.5% de los que no han
trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase,
mientras que el 26.3% opinó lo contrario (Véase tabla 102).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 56.8% estuvo de
acuerdo, mientras que el 61.8% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 30.9% estuvo
106
en desacuerdo, mientras que el 28.6% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 102).
Tampoco se observan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al
servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 58.3% de los que
sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase En algunas áreas de la
administración pública, los sindicatos controlan las plazas, mientras que el 29.5%
estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 61.8% estuvo
de acuerdo y, en desacuerdo, el 27.8% (Véase tabla 102).
Finalmente, el 58.4% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 61.1% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 30.9% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 27.3% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como
se pudo observar, la mayoría estuvo de acuerdo con la frase aquí analizada
(Véase tabla 102).
XIII.3. Lealtad entre jefes y empleados
En relación con la frase La lealtad entre jefes y empleados no es importante para
el buen funcionamiento de la administración se percibe lo siguiente: los
funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase fueron los de la
Secretaría de Desarrollo Social (32.2%), en comparación con los de la Secretaría
de la Reforma Agraria (5.0%). Y los funcionarios que más estuvieron en
desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de
Seguridad Pública (87.9%), en comparación con los de la Secretaría de Desarrollo
Social (61.6%) (Véase tabla 103).
En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas
en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 18.1% de los usuarios estuvo de
107
acuerdo y el 77.3%, en desacuerdo y, por otro, el 21.5% de los responsables
estuvo de acuerdo y el 76.5%, en desacuerdo (Véase tabla 103).
El 16.8% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con la frase La lealtad entre jefes y empleados no es importante para el
buen funcionamiento de la administración, mientras que el 78.7% no lo está. El
19.6% de los que no han trabajado siempre en la administración pública están de
acuerdo con la frase, mientras que el 75.8% opinó lo contrario (Véase tabla 103).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 19.6% estuvo de
acuerdo, mientras que el 14.2% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 73.9% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 83.2% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 103).
Se observa una ligera diferencia entre los funcionarios que están incorporados al
servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 13.0% de los que
sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase La lealtad entre jefes y
empleados no es importante para el buen funcionamiento de la administración,
mientras que el 84.8% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación
contraria, el 21.9% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 73.2% (Véase tabla
103).
Finalmente, el 17.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 19.0% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 79.8% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 76.5% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como
se pudo observar, la mayoría estuvo en desacuerdo con la frase aquí analizada
(Véase tabla 103).
108
Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase La mayoría de los
trabajadores del Estado tienen una gran vocación de servicio fueron los de la
Procuraduría General de la República (57.7%), en comparación con los de la
Secretaría de Desarrollo Social (25.9%). Y los funcionarios que más estuvieron en
desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Turismo
(57.5%), en comparación con los de Petróleos Mexicanos (31.3%) (Véase tabla
104).
En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en
cuanto a las percepciones. Por un lado, el 41.7% de los usuarios estuvo de
acuerdo y el 46.5%, en desacuerdo y, por otro, el 44.0% de los responsables
estuvo de acuerdo y el 40.1%, en desacuerdo (Véase tabla 104).
El 45.9% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con la frase La mayoría de los trabajadores del Estado tienen una gran
vocación de servicio, mientras que el 41.6% no lo está. El 37.3% de los que no
han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase,
mientras que el 50.8% opinó lo contrario (Véase tabla 104).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 47.5% estuvo de
acuerdo, mientras que el 46.6% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 38.2% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 44.5% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 104).
Tampoco se observan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al
servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 42.5% de los que
sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase La mayoría de los
trabajadores del Estado tienen una gran vocación de servicio, mientras que el
46.0% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 43.0%
estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 46.1% (Véase tabla 104).
109
Finalmente, el 41.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 42.4% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 46.1% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 46.2% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como
se pudo observar, la opinión está dividida para la frase aquí analizada (Véase
tabla 104).
XIII.4. Lealtad y capacidad
En relación con la frase Es muy importante para la administración contar con
personal de confianza se percibe lo siguiente: los funcionarios que más estuvieron
de acuerdo con la frase fueron los de la Secretaría de Energía (96.0%), en
comparación con los de la Secretaría de Salud (80.8%). Y los funcionarios que
más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la
Secretaría de Salud (16.2%), en comparación con los de la Secretaría de
Desarrollo Social (2.3%) (Véase tabla 105).
En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas
en cuanto a las percepciones. Por un lado, el 88.1% de los usuarios estuvo de
acuerdo y el 8.0%, en desacuerdo y, por otro, el 92.4% de los responsables estuvo
de acuerdo y el 6.2%, en desacuerdo (Véase tabla 105).
El 88.0% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con la frase Es muy importante para la administración contar con personal
de confianza, mientras que el 8.2% no lo está. El 90.1% de los que no han
trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase,
mientras que el 6.8% opinó lo contrario (Véase tabla 105).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 81.4% estuvo de
acuerdo, mientras que el 91.1% de los que no lo han hecho así opinó de igual
110
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 9.8% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 7.0% se inclinó por la misma opción de respuesta
(Véase tabla 105).
No se observan diferencias significativas entre los funcionarios que están
incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el
91.3% de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase Es muy
importante para la administración contar con personal de confianza, mientras que
el 7.2% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 87.7%
estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 7.4% (Véase tabla 105).
Finalmente, el 92.4% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 88.0% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 5.7% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 8.1% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como se
pudo observar, la mayoría estuvo de acuerdo con la frase aquí analizada (Véase
tabla 105).
Los funcionarios que más estuvieron de acuerdo con la frase Para el servidor
público, las reglas deben estar por encima de las personas fueron los de la
Secretaría de Gobernación (72.6%), en comparación con los de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (52.4%). Y los funcionarios que más estuvieron en
desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretaría de Turismo
(52.5%), en comparación con los de la Secretaría de Gobernación (22.1%) (Véase
tabla 106).
En relación con el tipo de funcionario, se reporta que, por un lado, el 53.7% de los
usuarios estuvo de acuerdo y el 38.2%, en desacuerdo y, por otro, el 74.7% de los
responsables estuvo de acuerdo y el 21.1%, en desacuerdo (Véase tabla 106).
111
El 45.9% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con la frase Para el servidor público, las reglas deben estar por encima de
las personas, mientras que el 41.6% no lo está. El 37.3% de los que no han
trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo con la frase,
mientras que el 50.8% opinó lo contrario (Véase tabla 106).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 47.7% estuvo de
acuerdo, mientras que el 67.8% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 43.2% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 26.2% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 106).
Se observa una ligera diferencia entre los funcionarios que están incorporados al
servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 65.0% de los que
sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase Para el servidor público, las
reglas deben estar por encima de las personas, mientras que el 29.9% estuvo en
desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 53.5% estuvo de
acuerdo y, en desacuerdo, el 38.3% (Véase tabla 106).
Finalmente, el 73.5% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 53.6% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 23.1% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 38.1% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como
se pudo observar, la opinión está dividida para la frase aquí analizada (Véase
tabla 106).
En relación con la frase Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación
con el jefe se percibe lo siguiente: los funcionarios que más estuvieron de acuerdo
con la frase fueron los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (29.8%), en
comparación con los de la Secretaría de Salud (7.4%). Y los funcionarios que más
estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la
112
Secretaría de Salud (89.7%), en comparación con los de la Secretaría de la
Función Pública (59.4%) (Véase tabla 107).
En lo concerniente al tipo de funcionario, no se reportan en cuanto a las
percepciones. Por un lado, el 12.3% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 83.4%,
en desacuerdo y, por otro, el 22.3% de los responsables estuvo de acuerdo y el
71.5%, en desacuerdo (Véase tabla 107).
El 24.6% de los que siempre han trabajado en la misma secretaría están de
acuerdo con la frase Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación con
el jefe, mientras que el 68.1% no lo está. El 15.1% de los que no han trabajado
siempre en la misma dependencia están de acuerdo con la frase, mientras que el
80.1% opinó lo contrario (Véase tabla 107).
Finalmente, se observa una ligera diferencia significativa entre los funcionarios
que están incorporados al servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer
lugar, el 11.5 % de los que sí están incorporados estuvo de acuerdo con la frase
Lo más fácil para ascender es llevar una buena relación con el jefe, mientras que
el 83.3% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el
24.2% estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 70.1% (Véase tabla 107).
XIII.5. Tolerancia a conductas de corrupción
Un objetivo más de esta investigación es conocer el nivel de tolerancia de los
funcionarios públicos hacia prácticas corruptas.
Se les preguntó ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que un
funcionario público pueda aprovecharse del puesto si hace bien su trabajo? Los
funcionarios que más estuvieron de acuerdo con esto fueron los de la Secretaría
de Energía (40.0%), en comparación con los de la Secretaría de la Función
Pública (3.1%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la
113
pregunta antes señalada fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública
(98.5%), en comparación con los de la Secretaría de Energía (60.0%) (Véase tabla
109).
En relación con el tipo de funcionario, se reporta que, por un lado, el 7.9% de los
usuarios estuvo de acuerdo y el 86.4%, en desacuerdo y, por otro, el 5.5% de los
responsables estuvo de acuerdo y el 90.6%, en desacuerdo (Véase tabla 109).
El 7.6% de los que siempre han trabajado en la administración pública están de
acuerdo con el hecho de que un funcionario público se aproveche del puesto
porque hace bien su trabajo, mientras que el 87.6% no lo está. El 7.5% de los que
no han trabajado siempre en la administración pública están de acuerdo, mientras
que el 87.1% opinó lo contrario (Véase tabla 109).
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 10.3% estuvo de
acuerdo, mientras que el 5.1% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 84.6% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 90.2% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 109).
No se reportan diferencias entre los funcionarios que están incorporados al
servicio civil de carrera y los que no lo están. En primer lugar, el 7.5% de los que
sí están incorporados estuvo de acuerdo con el hecho de que un funcionario
público se aproveche del puesto porque hace bien su trabajo, mientras que el
87.5% estuvo en desacuerdo. De los que están en la situación contraria, el 7.6%
estuvo de acuerdo y, en desacuerdo, el 86.9% (Véase tabla 109).
Finalmente, el 6.3% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 7.7% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 89.3% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 86.8% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta. Como
114
se pudo observar, la mayoría está en desacuerdo con el hecho de que un
funcionario público se aproveche del puesto porque hace bien su trabajo (Véase
tabla 109).
A la pregunta Según la experiencia, a quién es mejor contratar, ¿a una persona
muy calificada o a una persona de mucha confianza?, el 56.5% respondió a una
persona calificada; el 14.8%, a una persona de confianza; el 25.1%, ambas; el
0.7%, depende; el 0.7% no supo y el 2.1% no contestó. El 0.1% dijo que a ninguna
(Véase tabla 110).
Los funcionarios que más se inclinaron por una persona calificada fueron los de la
Procuraduría General de la República (80.8%), mientras que los que más
respondieron que a una persona calificada fueron los de la Secretaría de Energía
(24.0%). Los de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueron los que más
se inclinaron por ambas opciones de respuesta (45.2%) (Véase tabla 110).
No se observan diferencias significativas en relación con los tipos de funcionario,
ya que la mayoría se inclinan por contratar a una persona calificada en lugar de a
alguien de confianza (Véase tabla 110).
XIII.6. Cultura de la denuncia
A la pregunta Si alguien de su oficina estuviera seguro que un compañero
participa en actos de corrupción, ¿qué debería hacer?, el 15.7% respondió hablar
con él; el 53.0%, informar a sus superiores; el 2.2%, comentarlo con otros
compañeros; el 25.1%, denunciarlo a las autoridades y el 2.4%, nada, no es su
problema. El 0.5% ofreció otra respuesta; el 1.1% no supo y el 0.1% no contestó
(Véase tabla 117).
115
El 55.4% de los mandos superiores, el 57.2% de los mandos medios y el 46.6%
del personal operativo consideran que es necesario informar a los superiores si
alguien de la oficina se involucra con un acto de corrupción (Véase tabla 117).
Los encuestados en la Secretaría de Desarrollo Social son los que más
informarían a sus superiores si estuvieran enterados de actos de corrupción en su
oficina (68.8%); los que menos lo harían así son los de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (37.2%). No se observan diferencias con base en el análisis de
los tipos de funcionario (Véase tabla 117).
Los que más respondieron que lo denunciarían con las autoridades fueron los de
la Secretaría de la Reforma Agraria (36.7%) y el 13.2% de los encuestados en la
Secretaría de Salud no lo harían así. No se perciben diferencias en relación con
los diferentes tipos de funcionario (Véase tabla 117).
Igualmente, se preguntó a los funcionarios Si alguien de su oficina estuviera
seguro que un compañero participa en actos de corrupción, ¿qué debería hacer?
El 17.5% respondió hablar con él; el 49.4%, informar a sus superiores; el 1.3%
comentarlo con otros compañeros; 28.1%, denunciarlo a las autoridades y el 2.8%,
nada, no es su problema. El 0.4% dio otra respuesta; el 0.4% no supo y el 0.1% no
contestó (Véase tabla 118).
Los funcionarios que más informarían sus superiores fueros los de la Secretaría
de Energía (62.0%), en comparación con los de la Secretaría de Turismo (30%).
Los encuestados que más denunciarían los hechos con las autoridades fueron los
de la Secretaría de la Reforma Agraria (46.7%), en comparación con los de la
Secretaría de Turismo (16.3%) (Véase tabla 118).
Los funcionarios que siempre han trabajado en la misma secretaría respondieron
en menor medida que denunciarían los actos de corrupción con los autoridades
116
(21.9%), en comparación con los que no han trabajado siempre en esa
dependencia (31.9%) (Véase tabla 118).
XIII.7. Prácticas de corrupción más frecuentes
Las prácticas más frecuentes de corrupción en la administración pública señaladas
por los encuestados fueron, recibir dinero o sobornos (88.8%), el tráfico de
influencias (33.5%) la adjudicación indebida de contratos y concesiones (15.2%),
la malversación de fondos (13.0%) y la venta de plazas (8.8%) (Véase Tabla 158).
La amplia mayoría de los encuestados tanto de mandos superiores (88.9%) como
de mandos medios (92.9%) y personal operativo (85.0%) consideran que recibir
dinero o sobornos es la práctica más frecuente de corrupción en la administración
pública, en tanto que la venta de plazas es la práctica mencionada en menor
proporción (9.1%, 8.4% y 8.7% respectivamente) (Véase Tabla 158).
Se incluyó una batería de preguntas para conocer la opinión de los servidores
públicos en relación con la corrupción en la administración pública mexicana en
los diferentes niveles de gobierno.
El 54.2% de los funcionarios encuestados considera que hay mucha corrupción en
la administración pública mexicana; el 34.5%, algo de corrupción; el 8.2%, poca
corrupción; el 8.2%, poca corrupción y el 1.2%, nada de corrupción. El 1.8% no
supo y el 0.2% no contestó (Véase tabla 119).
El 40.6% de los mandos superiores considera que en la administración pública
mexicana hay mucha corrupción, proporción que se eleva al 55.1% de los mandos
medios y al 69.1% del personal operativo (Véase tabla 119).
Los que más consideran que hay mucha corrupción son los de la Secretaría de la
Función Pública (69.8%); los que más consideran que hay algo de corrupción, los
117
de la Secretaría de Economía (51.1%); los que más consideran que hay poca
corrupción, los de la Procuraduría General de la República (19.2%) y los que más
consideran que no hay nada de corrupción son los de la Comisión Nacional del
Agua (4.5%) (Véase tabla 119).
Los usuarios consideran en mayor medida que hay mucha corrupción (57.5%),
comparando con los responsables (38.9%). Los que están incorporados al servicio
civil de carrera consideran en menor medida que hay mucha corrupción (44.2%),
en comparación con los que no están incorporados (59.7%). Los funcionarios que
no intervienen en el proceso de adquisiciones respondieron en mayor medida que
hay mucha corrupción (57.3%), en comparación con los que sí intervienen (41.6%)
(Véase tabla 119).
El 28% de los funcionarios encuestados considera que la corrupción en la
administración pública ha aumentado desde el año 2001; el 23.5%, que sigue igual
de mal; el 1.8%, que sigue igual de bien y el 44.3% que ha disminuido. El 2.1% no
supo y el 0.2% no contestó (Véase tabla 120).
Tan sólo uno de cada diez (12.4%) de los mandos superiores considera que la
corrupción en la administración pública ha aumentado, en tanto que esta
proporción se eleva a dos de cada diez (21.6%) encuestados en mandos medios y
a cinco de cada diez (51.6%) del personal operativo (Véase tabla 120).
Los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores son los que más
consideran que la corrupción ha aumentado (51.3%); los del Instituto Mexicano del
Seguro Social, que sigue igual de mal (34.9%); los de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que sigue igual de bien (6.1%) y los de la Secretaría de
Gobernación, que ha disminuido (71.6%) (Véase tabla 120).
Los usuarios (62.3%), los que siempre han trabajo en la misma secretaría (47.6%),
los que están incorporados al servicio civil de carrera (55.2%) y los que intervienen
118
en el proceso de adquisiciones (61.5%) consideran en mayor medida que la
corrupción en la administración pública ha disminuido desde el año 2001 a la
fecha (Véase tabla 120).
El 22.3% opina que hay más corrupción en la administración pública federal; el
16.0%, en la administración estatal y el 18.1%, en la administración municipal. El
36.0% dijo que en todas y el 0.5%, en ninguna. El 5% no supo y el 0.1% no
contestó (Véase tabla 121).
Los funcionarios que más respondieron que hay mayor corrupción en la
administración federal fueron los de la Secretaría de Salud (44.1%); que es en la
administración estatal, los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (34.7%) y los de la Secretaría de Seguridad Pública
comentaron que es en la administración municipal (27.3%) donde hay mayor
corrupción. Los funcionarios que más opinaron que la corrupción está en todos los
niveles de gobierno fueron los de la Comisión Nacional del Agua (56.8%). No se
reportan diferencias en relación con el análisis de los tipos de funcionario (Véase
tabla 121).
XIII.8. Percepción de la corrupción según niveles en la administración
pública
A la pregunta ¿En qué niveles de la administración federal cree usted que existe
mayor corrupción?, el 11.2% dijo que en los niveles bajos; el 14.1%, en los niveles
medios y el 43.3%, en los niveles altos. El 25.8% dijo que en todos y el 1% que en
ninguno. El 4.3% no supo y el 0.3% no contestó (Véase tabla 122).
Los servidores públicos que más se inclinaron por la opción de respuesta en los
niveles bajos fueron los de la Procuraduría General de la República (26.9%); los
del Instituto Mexicano del Seguro Social fueron los que más opinaron que es en
los niveles medios (23.8%); los que más que comentaron que es en los niveles
119
altos fueron los de la Secretaría de Relaciones Exteriores (61.5%); a todos los
niveles de la administración pública federal se refirieron los encuestados en la
Comisión Nacional del Agua (47.7%) y los que más dijeron que en ninguna fueron
los de la Secretaría de Desarrollo Social (4.5%) (Véase tabla 122).
A continuación se muestran los resultados de la evaluación que hicieron los
encuestados de las siguientes frases (Véanse Tablas 132-140 y cuadro 22):
Cuadro 22¿Cree usted que hay corrupción o que no hay corrupción en la administración pública
federal en…? (porcentajes)
SíSí, en parte
No NS NC Total
En las adquisiciones de material
54.7 16.3 10.2 18.4 0.4
En las contrataciones de personal
41.3 17.5 26.1 14.6 0.4
En los concursos público
40.2 17.2 26.4 15.8 0.4
En la adquisición de servicios
44.0 19.3 19.6 16.9 0.4
En la asignación de contratos
46.3 18.5 19.0 15.8 0.4
En el manejo del escalafón
41.0 16.0 23.9 18.6 0.4
En asignación de permisos
39.6 16.9 27.4 15.6 0.4
En la conducción de trámites
46.6 19.0 20.8 13.3 0.4
En el uso de viáticos
34.1 14.8 34.3 16.4 0.4
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Los que más opinaron que sí hay corrupción en las adquisiciones de material
fueron los de la Secretaría de Energía (72.0%); los que respondieron sí en parte,
120
los de la Secretaría de Gobernación (24.2%) y los que más dijeron que no, los de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (17.9%) (Véase tabla 132).
Los que más consideraron que sí hay corrupción en las contrataciones de
personal fueron los de la Secretaría de Energía (66.0%); los que respondieron sí
en parte, los de la Secretaría de Salud (29.4%) y los que más dijeron que no, los
de la Secretaría de Seguridad Pública (53.0%) (Véase tabla 133).
Los que más contestaron que sí hay corrupción en los concursos públicos fueron
los de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (52.1%); los que respondieron sí
en parte, los de la Secretaría de Salud (29.4%) y los que más dijeron que no, los
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (35.9%) (Véase tabla 134).
Los que más expresaron que sí hay corrupción en las adquisiciones de servicios
fueron los del Instituto Mexicano del Seguro Social (58.7%); los que respondieron
sí en parte, los de la Secretaría de Salud (27.9%) y los que más dijeron que no, los
de la Secretaría de Seguridad Pública (34.8%) (Véase tabla 135).
Los que más respondieron que sí hay corrupción en la asignación de contratos
fueron los de la Secretaría de Energía (64.0%); los que respondieron sí en parte,
los de Petróleos Mexicanos (33.3%) y los que más dijeron que no, los de la
Secretaría de la Reforma Agraria (28.3%) (Véase tabla 136).
Los que más manifestaron que sí hay corrupción en el manejo del escalafón
fueron los de la Secretaría de Desarrollo Social (60.0%); los que respondieron sí
en parte, los de la Secretaría de Gobernación (25.3%) y los que más dijeron que
no, los de la Secretaría de Seguridad Pública (43.9%) (Véase tabla 137).
Los que más contestaron que sí hay corrupción en la asignación de permisos
fueron los de la Secretaría de Energía (56.0%); los que respondieron sí en parte,
121
los de la Secretaría de Salud (27.9%) y los que más dijeron que no, los de la
Procuraduría General de la República (46.2%) (Véase tabla 138).
Los que más opinaron que sí hay corrupción en la conducción de trámites fueron
los de la Secretaría de Energía (68.0%); los que respondieron sí en parte, los de la
Secretaría de Gobernación (28.4%) y los que más dijeron que no, los de la
Secretaría de la Reforma Agraria (38.3%) (Véase tabla 139).
Los que más expresaron que sí hay corrupción en el uso de los viáticos fueron los
de la Secretaría de Energía (48.0%); los que respondieron sí en parte, los de la
Secretaría de Economía (23.9%) y los que más dijeron que no, los de la
Procuraduría General de la República (57.7%) (Véase tabla 140).
XIII. 9. Percepción de la corrupción en acciones de la administración de
adquisiciones
Asimismo, se buscó conocer la opinión de los funcionarios acerca de diversas
acciones (Véanse tablas 124-129 y cuadro 23):
122
Cuadro 23¿Cuáles acciones son corruptas y cuáles no lo son? (porcentajes)
SíDepende
(esp)No NS NC Total
Aceptar comisiones
84.5 5.0 8.1 2.1 0.3 100.0
Aceptar un viaje pagado por un proveedor
89.4 4.0 4.3 2.3 100.0
Hacer una adjudicación directa a un proveedor
36.6 21.5 32.7 9.1 0.1 100.0
Solicitar dinero para agilizar un trámite
95.6 0.7 2.4 1.3 100.0
Brincarse la normatividad para agilizar una adquisición
80.6 8.2 5.2 5.9 5.9 100.0
Hacer una licitación restringida
32.5 19.4 36.6 11.3 0.2 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Los funcionarios que más admitieron que aceptar comisiones es una acción
corrupta fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (98.5%), en
comparación con los de la Procuraduría General de la República (39.9%). Y los
funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes mencionada
fueron precisamente los de la Procuraduría General de la República (53.3%), en
comparación con los de la Secretaría de Salud y los de la Secretaría de Seguridad
Pública (1.5%, para ambos casos) (Véase tabla 124).
Por un lado, el 82.5% de los usuarios estuvo de acuerdo y el 9.0%, en desacuerdo
y, por otro, el 94.1% de los responsables estuvo de acuerdo y el 3.8%, en
desacuerdo (Véase tabla 124).
123
El 92.7% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo
y el 82.6% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 3.5% de los que sí
están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la frase y el
9.2% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta (Véase tabla 124).
Los funcionarios que más admitieron que aceptar un viaje pagado por un
proveedor es una acción corrupta fueron los de la Secretaría de Salud (100.0%),
en comparación con los de la Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (77.8%). Y los funcionarios que más estuvieron en
desacuerdo con la frase antes mencionada fueron los de la Secretarías de
Seguridad Pública y del Medio Ambiente y Recursos Naturales con frecuencias
idénticas (12.5%), en comparación con los de Petróleos Mexicanos (1.0%) (Véase
tabla 125).
En relación con el tipo de funcionario, no se reportan diferencias significativas en
cuanto a las percepciones. Por un lado, el 92.4% de los usuarios estuvo de
acuerdo y el 3.8%, en desacuerdo y, por otro, el 88.3% de los responsables estuvo
de acuerdo y el 4.5%, en desacuerdo (Véase tabla 125).
Los funcionarios que más admitieron que hacer una adjudicación directa a un
proveedor es una acción corrupta fueron los de la Secretaría de la Reforma
Agraria (51.7%), en comparación con los de la Secretaría de Educación Pública
(20.6%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes
mencionada fueron los de la Secretaría de Seguridad Pública (45.5%), en
comparación con los de la Comisión Nacional del Agua (11.4%) (Véase tabla 126).
En relación con el tipo de funcionario, se reportan diferencias significativas en
cuanto a las percepciones. Por un lado, el 42.2% de los usuarios estuvo de
acuerdo y el 26.9%, en desacuerdo y, por otro, el 10.7% de los responsables
estuvo de acuerdo y el 59.5%, en desacuerdo (Véase tabla 126).
124
De los que siempre han trabajado en la misma secretaría, el 45.0% estuvo de
acuerdo, mientras que el 27.4% de los que no lo han hecho así opinó de igual
forma. De los que han trabajado siempre en la misma secretaría, el 33.2% estuvo
en desacuerdo, mientras que el 36.8% se inclinó por la misma opción de
respuesta (Véase tabla 126).
Finalmente, el 12.0% de los que intervienen en el proceso de adquisiciones estuvo
de acuerdo y el 56.8% de los que no intervienen opinó de igual forma. El 42.5% de
los que sí están inmersos en el proceso de adquisiciones estuvo de acuerdo con la
frase y el 26.9% de los que no lo hacen se manifestó de manera opuesta (Véase
tabla 126).
Los funcionarios que más admitieron que solicitar dinero para agilizar un trámite es
una acción corrupta fueron los de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría
de Salud con frecuencias idénticas (100.0%), en comparación con los de la
Secretaría Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(87.5%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes
mencionada fueron los de la Procuraduría General de la República (7.7%), en
comparación con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la
Secretaría de la Función Pública con iguales porcentajes (1.0%) (Véase tabla
127).
Los encuestados en la Comisión Nacional del Agua fueron los que en mayor
medida contestaron afirmativamente que brincarse la normatividad para agilizar
una adjudicación es una acción corrupta (93.2%), en comparación con los de la
Secretaría de Desarrollo Social (70.5%). Los que más contestaron de manera
negativa fueron los de la Secretaría de la Reforma Agraria (11.7%), en
comparación con los de la Secretarías de Economía y de Gobernación con
frecuencias idénticas (1.1%) (Véase tabla 128).
125
Los funcionarios que más admitieron que hacer una licitación restringida es una
acción corrupta fueron los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (51.1%),
en comparación con los de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(19.4%). Y los funcionarios que más estuvieron en desacuerdo con la frase antes
mencionada fueron los de la Secretaría de Energía (48.0%), en comparación con
los de la Comisión Nacional del Agua (13.6%) (Véase tabla 129).
Los que más respondieron afirmativamente que hacer una licitación restringida es
una práctica corrupta fueron los usuarios (37.4%); los que no están incorporados
al servicio civil de carrera (36.2%) y los que no intervienen en el proceso de
adquisiciones (37.7%) (Véase tabla 129).
XIII.10. Percepciones de niveles de corrupción según Secretarías de estado
De igual forma, se pidió a los encuestados hicieran una evaluación del nivel de
corrupción que hay en las secretarías, incluso en las que ellos mismos trabajan.
Se van a exponer los datos para los cinco casos más representativos (Véase tabla
141).
Las dependencias que resultaron evaluadas con mayor índice de corrupción son:
la Procuraduría General de la República (44.2%), la Secretaría de Seguridad
Pública (30.2%), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (25.1%), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (20.0%) y la Secretaría de Educación Pública (12.3%)
(Véase tabla 141).
A continuación se presenta la evaluación hecha por las demás dependencias; se
mostrarán los datos de aquellas secretarías que más negativamente calificaron a
las cinco mencionadas arriba (Véase Cuadro 24):
126
Cuadro 24¿En qué secretaría, institución o dependencia gubernamental hay más corrupción?
Dependencia evaluada EvaluaciónPGR PEMEX (61.5%)SSP PEMEX (46.9%)
SHCP SRE (38.5%)IMSS SHCP (29.6%)SEP SAGARPA (20.8%)
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.*Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100.0.
Enseguida se detalla la evaluación que hicieron los propios funcionarios acerca de
las dependencias en las cuáles laboran (Véase cuadro 25:
Cuadro 25¿En qué secretaría, institución o dependencia gubernamental hay más corrupción?
Dependencia evaluada AutoevaluaciónPGR 11.5%SSP 4.5%
SHCP 10.4%IMSS 4.8%SEP 9.8%
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.*Pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100.0.
Es pertinente hacer una acotación respecto a los datos antes señalados: con
excepción de la Secretaría de Educación Pública, el resto de las dependencias
están representadas, cada una, por el nivel más bajo de frecuencia de respuesta,
es decir, cada secretaría fue la que mejor se evaluó respecto a las otras.
XIII.11. Percepción de costos y beneficios de los actos de corrupción
Finalmente, se pidió a los entrevistados que En una escala del 0 al 10, en donde 0
es ningún riesgo y 10 es mucho riesgo, ¿qué tanto arriesga a ser castigado el
funcionario que…? (Véanse tablas 143-146 y Cuadro 26:
Cuadro 26Acción Calificación
127
Acepta una mordida 8.62Contrata a un familiar muy capacitado 7.42Aprueba un trámite incorrecto para que tenga éxito
8.75
Acepta regalos valiosos de los proveedores 8.50Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
XIII.12. Percepción de las penas aplicadas a los actos corruptos
En el análisis de los costos y beneficios que los actos corruptos tienen en las
secretarías de estado uno de los elementos más importantes a considerar es el
tema de las penalizaciones que estos actos reciben.
En relación con la gravedad de las penas que se aplican a la corrupción la opinión
de los entrevistados se polariza en dos posiciones encontradas; por un lado
quienes consideran que estas penas son fuertes (29.3%) y por otra parte quienes
manifiestan que las penas contra la corrupción son débiles (34.4%). En medio de
estas posturas también hay quienes señalan que las penas son muy fuertes
(8.1%) o muy débiles (13.3%) (Véase Tabla 147).
Entre los trabajadores de las secretarías también se polarizan las posiciones, pero
en este caso entre quienes consideran que las penas son débiles o fuertes. Así, y
destacando algunas secretarias, se puede observar que mientras que los
trabajadores del IMSS (49.2%), la Secretaría de Relaciones exteriores (48.7%), la
Secretaría de la Función pública (43.8%), la Secretaría de la Reforma Agraria
(43.3%) y la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (43.3%) son los
que en mayor medida manifiestan que las penas son débiles, los trabajadores de
la Procuraduría general de la república (46.2%), la Secretaría de la Seguridad
Pública (42.4%), la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación (38.9%), la Comisión federal de electricidad (33.8%) y la Secretaría
de turismo (33.8%) son quienes indican en mayor proporción que las penas son
fuertes (Véase Tabla 147).
128
Los responsables de adquisiciones consideran que las penas son muy fuertes
(11.1%) y fuertes (38.8%) en mayor medida que los trabajadores que son usuarios
(7.5% y 27.2% respectivamente). Por otra parte quienes están incorporados al
servicio civil de carrera consideran que las penas son fuertes (34.3%) en mayor
medida que quienes no lo están (26.7%) (Véase Tabla 147).
Al tener en cuenta algunas características sociodemográficas se observa que las
personas con niveles de ingresos más bajos, quienes perciben ingresos de cero a
un salario mínimo, son quienes en mayor medida (21.2%) indican que las penas
aplicadas a los actos de corrupción son muy fuertes. También tienen esta opinión
pero en un porcentaje inferior (7.9%) los entrevistados con más altos niveles de
ingresos. Sin embargo no hay mayores diferencias en las respuestas de los
entrevistados que consideran que las penas son débiles; así el 33.3% de las
personas con menores ingresos y el 32.1% de quienes reportan percibir ingreso
más altos, tienen esta opinión (Véase Tabla 147).
XIII.13.Percepción de los tipos de sanciones aplicadas a los funcionarios
corruptos
La inhabilitación es la sanción más común aplicada los funcionarios que cometen
actos de corrupción (41.6%) de acuerdo con la experiencia de las personas
entrevistadas. La destitución del cargo (27.1%) lo es en menor medida, y medidas
como la amonestación pública (6.6%), la prisión (5.7%) y la sanción económica,
(3.8%) tienen menor presencia como sanciones hacia actos corruptos. Cabe
destacar que el 3.9% de la población entrevistada señaló que normalmente no se
aplican sanciones a los funciones corruptos (Véase Tabla 148).
Dentro de las secretarías, la experiencia de los funcionarios entrevistados sigue la
misma tendencia; las sanciones más aplicadas son la inhabilitación y la destitución
del cargo, como se puede apreciar en el siguiente cuadro;
129
Cuadro 27Principales sanciones aplicadas a funcionarios corruptos por secretaría*
SancionesSecretaría
de turismo
Secretaría de
educación pública
Secretaría de la
Seguridad Pública
Comisión federal de electricida
d
PEMEX
Inhabilitación 66.3 56.9 56.1 53.8 49.0Destitución del cargo
11.3 25.5 19.7 18.8 16.7
Prisión 7.5 2.0 4.5 7.5 4.2Sanción económica
0.0 3.9 0.0 2.5 2.1
Amonestación pública
1.3 2.0 1.5 7.5 7.3
Otras 13.6 9.7 18.2 9.9 22.8Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.*Se presentan únicamente los cinco valores más destacados para la sanción “inhabilitación”
La sanción más utilizada en la experiencia de las personas entrevistadas, de
acuerdo a las secretarías es la siguiente; la amonestación pública es la sanción
más reconocida (13.7%) entre los funcionarios de la Secretaría de gobernación y
la menos utilizada (1.3%) según los trabajadores de la Secretaría de turismo. La
destitución del cargo es el tipo de sanción que manifiestan en mayor medida
(48.9%) los trabajadores de la S en menor proporción (11.3%) los funcionarios que
laboran en la Secretaría de turismo. La inhabilitación es el recurso más reportado
como sanción (66.3%) por los funcionarios de la Secretaría de turismo y menos
señalado (18.2%) por quienes trabajan en la Secretaría de medio ambiente y
recursos naturales. Por otra parte la prisión es señalada en mayor medida (12.5%)
por los funcionarios de la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales y en
menor medida (0.0%) por los trabajadores de la Procuraduría General de la
República. Finalmente la sanción de tipo económico es mencionada por los
trabajadores de la Secretaría de energía en el 10.0%, mientras que los
trabajadores de la Secretaría de turismo, la Procuraduría General de la República,
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Seguridad Pública no
reportan este tipo de sanciones (Véase Tabla 148).
130
Los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores son quienes en mayor
proporción (10.3%) indican que de acuerdo con su experiencia normalmente no se
aplican sanciones a los funcionarios corruptos, mientras que son los funcionarios
de la SECOM, la Secretaría de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y
alimentación y el IMSS los que en menor medida (0.0%) reconocen esta situación
(Véase Tabla 148).
Los trabajadores incorporados al servicio civil de carrera consideran en mayor
medida que quienes no tienen esta incorporación que sanciones como la
inhabilitación, destitución del cargo y la amonestación pública, son las más
utilizadas. Sin embargo otro tipo de sanciones como la prisión y la sanción
económica son reportadas en mayor medida por quienes no cuentan con un
servicio civil de carrera (Véase Tabla 148).
No se observan diferencias significativas al tener en cuenta las variables
sociodemográficas.
131
XIV. ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y
CORRUPCIÓN Y RESULTADOS PRELIMINARES DE ANÁLISIS DE
REGRESIÓN
En la sociedad mexicana en general y en su administración pública en particular,
si bien a nivel discursivo existe una amplia aceptación de los nuevos valores de
transparencia y la legalidad, en las prácticas concretas que se realizan o se
validan cotidianamente la situación es mucho más ambigua. Prácticas que van en
contra del ideal normativo de legalidad y transparencia son naturalizadas y
comúnmente aceptadas. Para dar cuenta de dicha aceptación al interior de la
función pública se operacionalizamos esta dimensión en un conjunto de
indicadores con los cuales se ha intentado construir un índice resumen.
Para construir el índice de aceptación de prácticas de transparencia y corrupción
se realizó un análisis de factores donde se incluyeron, en primer término, las
siguientes preguntas del cuestionario:
P21.Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que un funcionario
público pueda aprovecharse del puesto si hace bien su trabajo?
P31.1 Diría usted que aceptar comisiones es o no es una acción corrupta
P31.2 Diría usted que aceptar un viaje pagado por un proveedor es o no es una
acción corrupta
P31.3 Diría usted que hacer una adjudicación directa a un proveedor es o no es
una acción corrupta
P31.4 Diría usted que solicitar dinero para agilizar un trámite es o no es una
acción corrupta
P31.5 Diría usted que brincarse la normatividad para agilizar una adquisición es o
no es una acción corrupta
P31.6 Diría usted que hacer una licitación restringida es o no es una acción
corrupta
132
Al correr el análisis factorial tres de estas variables presentaban bajas
correlaciones con el resto y no se agrupaban dentro del primer componente, por lo
cual se quitaron del índice original. Estas variables fueron: la P21, P31.3 y P31.6.
En el caso de las dos últimas las opciones no definían con claridad actos de
corrupción ya que bajo ciertas circunstancias dichas acciones son completamente
válidas. Por otro lado, la pregunta 21 se distribuyó casi en su totalidad en las
opciones de desacuerdo y muy desacuerdo (alrededor del 95%), es decir, los
funcionarios contestaron en mayor medida respuestas de deseabilidad social que
no se corresponden necesariamente con las conductas que son legitimadas al
preguntarse sobre prácticas administrativas concretas. Dicho en otros términos, al
nivel abstracto no se avala la corrupción, pero si se interroga sobre
comportamientos específicos las respuestas presentan mayores matices.
¿De que factores depende la aceptación de prácticas de transparencia y
corrupción entre los funcionarios públicos mexicanos?
Hipótesis
Dependería de tres tipos de factores:
Factores de características individuales (sociodemográficos y
autopercepción)
Factores asociados a la trayectoria y desempeño profesional del
funcionario
Factores asociados a la percepción del ambiente político-institucional
Factores de características individuales:
Edad
Sexo
Escolaridad
Ingreso
Autopercepción de corrupción
133
a) Se supondría que los individuos más jóvenes tendrían una mayor cultura de la
transparencia al estar menos expuestos a prácticas tradicionales corruptas
b) Que los más escolarizados tendrían mayor nivel de información y con ello, más
contacto con estímulos hacia la democracia y apertura a ideas sobre el buen
gobierno
c) Que las mujeres son más honestas que los hombres por tener menos
exposición a los espacios públicos y a la socialización en prácticas corruptas
d) Que las personas de menos ingresos en sus hogares estarían más dispuestos a
ser corruptos como una forma de mejorar su economía personal o familiar
Factores asociados a la trayectoria o al desempeño profesional de los
funcionarios:
Tipo de puesto
Permanencia en la administración pública
Permanencia en la secretaría
Pertenencia al servicio civil de carrera
Conocimiento de la ley
Apego a la norma
Se supondría que:
a) El funcionario responsable por la posición estructural que ocupa tiene
mayores posibilidades de practicar un tipo de corrupción de índole política,
caracterizada por ser de mayor tamaño y complejidad, pero también de
mayores costos. A su vez el funcionario responsable está más al tanto de
los discursos propios de buen funcionamiento legal. A su vez el usuario, o
funcionario que no es responsable tendría a su disposición, prácticas de
corrupción burocrática más relacionadas con los procesos administrativos
cotidianos, de menor cuantía y menores costos. Por lo tanto se espera que
los funcionarios responsables acepten menos el tipo de prácticas
frecuentes que se resumen en el índice.
134
b) Los funcionarios con mayor permanencia en la administración pública,
tendrían mayor tiempo de socialización en un ambiente de prácticas
tradicionales de corrupción.
c) Los funcionarios con mayor permanencia en una misma secretaría,
conocerían más detalladamente los procesos y prácticas propias de esa
institución en particular, socializándose en su ambiente más fácilmente.
d) El servicio civil de carrera implica una mayor profesionalización y por ende
un mayor respeto hacia la transparencia y la legalidad.
e) Si bien el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, se
supone que su conocimiento implicaría en mayor medida su aplicación.
f) Un funcionario con apego a la norma tendría menores niveles de
aceptación de prácticas corruptas.
Factores asociados a la percepción del ambiente político-institucional
Percepción del cambio en el nivel de transparencia de la administración
pública
Percepción de los riesgos de cometer actos corruptos
Percepción del nivel de corrupción actual en la administración pública
Percepción del cambio en el nivel de corrupción en la administración pública
Se supondría que:
a) Una percepción de cambio desfavorable en el nivel de transparencia en la
administración pública facilitaría justificar una conducta corrupta como
normal o natural.
b) Al percibir menores riesgos hay más posibilidad de legitimar prácticas
corruptas como normales.
c) Una mayor percepción de corrupción actual en la administración pública
permitiría justificar una conducta corrupta como normal
d) Una percepción de cambio desfavorable en el nivel de corrupción en la
administración pública facilitaría justificar una conducta corrupta como
socialmente aceptada.
135
Variables que explican la variación del índice de aceptación de prácticas de
transparencia y corrupción a partir de regresiones simples con coeficientes
significativos (a nivel de significancia de 0.005)
A mayor escolaridad menor aceptación de prácticas corruptas. Se verifica lo
expuesto en la hipótesis referida a la escolaridad.
Con respecto al ingreso, se presenta la misma relación: a mayor ingreso menor
aceptación de prácticas corruptas.
Al contrario de los esperado, las mujeres presentan mayores niveles de
aceptación de prácticas corruptas en relación a los hombres. Posiblemente, esta
relación se deba a la incidencia de otras variables que no son controladas (por
ejemplo, que las mujeres, en la función pública, tengan menor escolaridad que los
hombres). Como veremos más adelante, al controlar por variables como
escolaridad, la relación entre sexo e índice de aceptación de prácticas corruptas
deja de ser significativa.
Los funcionarios que participan en los procesos de adquisiciones, básicamente
responsables, funcionarios medios y altos, presentan menores niveles de
aceptación de prácticas corruptas que los funcionarios que no participan en tales
procesos (básicamente usuarios y mandos operativos).
Los funcionarios que se autoperciben como corruptos presentan mayores niveles
de aceptación de prácticas corruptas. La categoría de autopercepción como más
o menos corrupto está reflejando valores generales aplicables al resto de la vida
social del funcionario, que también se podrían manifestar en ámbitos más
restringidos de acción.
Los funcionarios que declaran pertenecer al servicio civil de carrera presentan
menores niveles de aceptación de prácticas corruptas tal como se hipotetizaba.
136
Funcionarios con apego a la norma, al ser más respetuosos de los marcos
normativos más allá de sus consecuencias en términos de eficiencia, presentan
menores niveles de aceptación de prácticas corruptas.
Los funcionarios que creen que la administración pública en México es más
transparente desde 2001 presentan menores niveles de aceptación de prácticas
corruptas internalizando el nuevo discurso hegemónico.
Los funcionarios que creen que la administración pública en México es más
corrupta desde 2001 presentan mayores niveles de aceptación de prácticas
corruptas, es decir, mimetizándose con un ambiente que perciben como de alta
corrupción.
Variables que no son estadísticamente significativas para explicar la
variación del índice de aceptación de prácticas corruptas.
La edad no presenta una relación estadísticamente significativa con el índice de
aceptación de prácticas corruptas. Ello se puede deber a que las prácticas y
valores en las que se están socializando los funcionarios más jóvenes no difieren,
en gran medida, de las de sus mayores.
Para los funcionarios que participan en el proceso de adquisiciones, el
conocimiento de la ley en esa materia no es significativo para explicar la variación
en el índice de aceptación de prácticas corruptas. Esto indicaría que la dimensión
cognitiva acerca de las leyes que rigen la administración pública es básicamente
independiente de la creencia en su legitimidad.
Considerar a las penas contra la corrupción, débiles o fuertes, no tiene ninguna
incidencia en el nivel de la aceptación de prácticas corruptas. Esto quiere decir
137
que la evaluación de los costos de las sanciones no mantienen relación alguna
con la validación de prácticas corruptas.
La permanencia en la administración pública desde “siempre” no es
estadísticamente significativa para explicar el nivel de aceptación de prácticas
corruptas como tampoco lo es el trabajar desde siempre en la misma secretaría
para el caso de los que siempre trabajaron en la administración. Podríamos decir
que los “tiempos” al interior de la administración pública o las secretarías no
refuerzan la aceptación de prácticas de corrupción, posiblemente implicando que
la aceptación de este tipo de prácticas excede los confines de la administración
pública y son validadas en otros ámbitos sociales.
La percepción del nivel generalizado de corrupción en la administración pública no
está relacionada con el nivel de aceptación de prácticas corruptas. La evaluación
como corrupta del ambiente de la función pública en general no condiciona como
contexto a las prácticas particularizadas.
La percepción del riesgo de aceptar una mordida, de aprobar un trámite incorrecto
y de aceptar regalos de proveedores no guarda relación con el nivel de aceptación
de prácticas corruptas. Nuevamente la evaluación de los costos por realizar un
acto de corrupción no afecta la legitimidad que éstos tienen para los funcionarios
públicos.
Con las nueve variables que presentaron significancia estadística se corrió una
regresión múltiple para explicar la variación del índice de cultura de la
transparencia. Si bien el modelo no se ha ajustado en función de los presupuestos
implícitos en una técnica de este tipo (multicolinealidad, heterocedasticidad entre
otros), al controlar las variables independientes entre sí, cuatro de ellas perdieron
significancia:
Servicio civil de carrera
Tipo de funcionario
138
Sexo
Percepción del cambio en el nivel de corrupción en la administración pública.
La falta de significancia de servicio civil de carrera y tipo de funcionario, parece
indicar que todo tipo de socialización organizacional no afecta la aceptación de
prácticas corruptas que dependen de variables sociales ajenas a las más
propiamente institucionales. En todo caso, la capacitación en el servicio civil de
carrera o la que se desprende de ocupar puestos de mayor responsabilidad no
obtienen como resultado funcionarios con una mayor cultura de la legalidad y la
transparencia. Los esfuerzos de la propia administración pública por capacitar a su
personal no se reflejan en el nivel normativo valórico de los mismos.
Con el nuevo grupo de variables significativas, los factores que explicarían
parcialmente el comportamiento del índice de aceptación de prácticas ajenas a la
cultura de la legalidad serían: individuales (escolaridad, ingreso y autopercepción
en escala de corrupción), del desempeño profesional (apego a la norma) y
aquellos relacionados con el sistema político (percepción del cambio en el nivel de
transparencia).
Cuadro 28Coeficientes de la regresión
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.BStd. Error Beta
1 (Constant) 3,103 ,201 15,459 ,000Escolaridad -,081 ,031 -,095 -2,571 ,010Ingreso -,043 ,020 -,079 -2,105 ,036auto clasificacion
,147 ,075 ,057 1,974 ,049
apego a la norma
,151 ,039 ,114 3,838 ,000
nivel de transparencia (cambio)
,116 ,067 ,054 1,733 ,083
139
XV. PERCEPCIONES GENERALES SOBRE LA CORRUPCION
XV.1. Origen, causas y responsabilidades frente a la corrupción
El 15.2% de los encuestados afirmó que hay corrupción porque las leyes no son
buenas; el 21.0%, porque la sociedad es corrupta; el 40.2%, porque las reglas no
se aplican; el 8.7%, por desconocimiento de los procedimientos; el 31.9%, porque
los salarios son bajos y el 69.4%, por la falta de valores. El 2.6% ofreció otra
respuesta. El 1.2% dijo que todas las opciones son válidas para la pregunta y el
0.1% que ninguna. El 0.3% no supo y el 0.1% no contestó (Véase tabla 123).
Los que más dijeron que es porque no se aplican los procedimientos fueron los de
la Secretaría de Gobernación (52.6%) y los que menos estuvieron de acuerdo con
esto, los de la Procuraduría General de la República (23.1%) (Véase tabla 123).
Los funcionarios que más opinaron que la causa es la falta de valores fueron los
de la Procuraduría General de la República (84.6%) y los que menos, los de la
Comisión Nacional del Agua (59.1%) (Véase tabla 123).
Los responsables respondieron en mayor medida que el origen de la corrupción
está en la falta de valores (82.4%), al igual que los que están incorporados al
servicio civil de carrera (76.0%) y los que intervienen en el proceso de
adquisiciones (81.4%) (Véase tabla 123).
XV.2. Exceso de trámites
A la pregunta A medida que crece el número de trámites aumenta, ¿aumenta el
nivel de corrupción?, el 81.8% respondió que aumenta; el 7.9%, ni aumenta ni
disminuye y el 6.9%, disminuye. El 1.3% dio otra respuesta. El 1.8% no supo y el
0.2% no contestó (Véase tabla 130).
140
Los funcionarios que más respondieron que aumenta fueron los de la Comisión
Nacional del Agua (95.5%); los de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
fueron los que más opinaron que la corrupción ni aumenta ni disminuye (15.4%) y
los de la Procuraduría General de la República fueron los que más contestaron
que disminuye (19.2%) (Véase tabla 130).
XV.3. Centralización de los servicios
El 28.7% de los funcionarios encuestados considera que la descentralización de
los servicios públicos crea más corrupción y el 44.9%, la centralización. El 0.9%
dio otra respuesta. El 11.5% dijo que ambas opciones de respuesta son válidas y
el 4.6% que ninguna (Véase tabla 131).
Los que más consideraron que la descentralización crea más corrupción fueron los
de la Procuraduría General de la República (53.8%) y los de la Secretaría de
Seguridad Pública fueron los que más opinaron que es la centralización (60.6%).
Los que más contestaron que ambas opciones de respuesta son válidas fueron los
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (23.5%) y los de la Secretaría de
Economía que ninguna (8.7%) (Véase tabla 131).
XV.4. Calificación sobre la corrupción
La calificación sobre la corrupción se realizó a través de la evaluación a varias
personas e instituciones públicas. De esta manera, como se puede observar en el
cuadro que sigue, los partidos políticos y los políticos, son las instituciones que los
entrevistados consideran son más corruptas, seguidos por los sindicatos y el
gobierno. En el extremo opuesto, entre quienes se consideran menos corruptos,
se encuentran los compañeros de trabajo y el propio entrevistado. Es decir que al
momento de tener que identificar las personas o instituciones que comenten más
actos de corrupción, el entorno cercano del entrevistado no fue incluido, mientras
que el sistema político es el más señalado (Véase Cuadro 29).
141
Cuadro 29 ¿Qué tan corruptos cree que son...?
Institución/Persona Mucho Algo Poco Nada NS/NC TotalPolíticos 61.5 28.4 5.1 0.7 4.3 100.0Empleados de base 12.6 29.7 31.9 20.2 5.6 100.0Proveedores 27.4 39.0 15.9 5.0 12.7 100.0Sindicatos 57.5 26.0 6.1 3.4 7.0 100.0Partidos políticos 68.3 22.5 4.9 1.1 3.2 100.0Gobierno 39.4 40.2 14.0 2.8 3.6 100.0Empleados de confianza
11.7 40.3 28.5 14.1 5.4 100.0
Compañeros de trabajo
1.4 8.0 17.1 68.1 5.4 100.0
Entrevistado 0.6 2.1 5.5 90.2 1.6 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
La misma tendencia se puede observar al interior de cada una de las secretarías
consideradas en la investigación. Así, los políticos son considerados los más
corruptos en mayor medida, para los trabajadores de la Secretaría de turismo
(70.0%), y de todas las demás secretarías, mientras que los empleados de base
son los más corruptos (22.9%) en proporción más elevada para los trabajadores
de la Secretaría de la función pública. Los proveedores son los más corruptos
(49.0%) desde la perspectiva de los funcionarios de la Secretaría de la función
pública, en tanto estos mismos trabajadores son los que consideran en mayor
medida que los sindicatos son muy corruptos (75.0%). Por otra parte los
trabajadores de la Comisión nacional del agua consideran que los más corruptos
en mayor medida son, partidos políticos (79.5%) y el gobierno (54.5%). Finalmente
los funcionarios de la Secretaría de turismo manifestaron que los empleados de
confianza son los más corruptos en el 21.3% de los casos (Véase Tablas 149 a
157).
Entre las personas e instituciones que los trabajadores de las distintas secretarías
consideran menos corruptos se destacan; los políticos para los funcionarios de la
secretaría de salud (2.9%), los empleados de base (35.0%) y los empleados de
confianza (21.7%) para los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria
142
(35.0%), los proveedores (10.0%) y los partidos políticos (4.0%) para los
trabajadores de la Secretaría de energía, los sindicatos (11.5%) y el gobierno
(11.5%) desde la perspectiva de los funcionarios de la Procuraduría general de la
república (Véase Tablas 149 a 157).
Los políticos son considerados más corruptos por los más jóvenes, el 77.6% de
los encuestados de 18 a 24 años así lo manifestó, en menor medida que por los
mayores; el 47.6% de los encuestados mayores de 55 años los ubicó en esa
posición. La relación inversa puede observarse por escolaridad; a menor nivel de
escolaridad más corruptos son considerados los políticos. Así los más
escolarizados consideran que los políticos son menos corruptos (así lo manifiestan
un 49.2% de los encuestados con nivel de posgrado) que los encuestados con
menores niveles de escolaridad (el 85.7% de las personas encuestadas con
primaria o menos así lo indicaron). Por ingresos se observa que a mayores niveles
de ingresos menos corruptos son considerados los políticos (Véase Tablas 149 a
157).
El mismo tipo de relación se observa para las demás personas e instituciones,
reflejando que las variables sociodemográficas pautan diferencias en las opiniones
sobre la corrupción entre los individuos encuestados.
XV.5. Soluciones frente a la corrupción
Entre los mecanismos más importantes reconocidos por los encuestados para
mejora el problema de la corrupción se señalaron, la capacitación al personal, el
aumento de los controles internos y el mejoramiento de la ley (Véase Tablas 49 a
57 y Cuadro 30).
143
Cuadro 30¿Qué tanto cree que contribuyen a solucionar la corrupción las siguientes
medidas? (porcentajes)Mecanismos Mucho Algo Poco Nada NS/NC Total
Servicio profesional carrera 45.1 25.3 13.0 9.3 7.3 100.0Controles internos 50.4 24.4 12.4 6.9 5.9 100.0Aumento de salarios 42.5 24.9 15.1 13.4 4.1 100.0Mejoramiento de la ley 50.5 22.7 13.2 9.4 4.2 100.0Vigilancia ciudadana 45.2 22.0 17.2 11.7 3.9 100.0Aumento de castigos 30.4 26.6 21.3 17.6 4.1 100.0Denuncias anónimas 26.6 25.3 20.9 22.7 4.5 100.0Ley de transparencia y acceso a la información
46.7 26.5 13.4 8.8 4.6 100.0
Capacitación del personal 62.4 20.5 8.6 5.1 3.4 100.0Fuente: Laboratorio de Documentación y Análisis de Corrupción. Unidad de Estudios sobre la Opinión, IISUNAM, 2005.
Al observar las respuestas de los encuestados se pude ver que una parte
importante de los trabajadores opina que el servicio profesional de carrera
contribuye mucho (45.1%) a solucionar el problema de la corrupción, mientras que
el 25.3% dice que contribuye algo, el 13.0% indicó que poco y el (9.3%) opinó que
el servicio profesional de carrera no sirve en nada para solucionar el problema de
la corrupción (Véase Tabla 49).
Los funcionarios encuestados que en mayor proporción confían en que el servicio
profesional de carrera puede hacer un cambio y podría ayudar a disminuir el
problema de la corrupción son aquellos que trabajan en la Procuraduría General
de la República (61.5%), la Secretaría de Gobernación (60.0%) y a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (54.4%) (Véase Tabla 49).
En cuanto a las respuestas obtenidas por los usuarios y los responsables de los
servicios de adquisiciones, se puede destacar que los responsables tienen mayor
confianza (55.7%) en el servicio profesional de carrera con respecto a los usuarios
(42.8%). En tanto que no se evidencian diferencias entre las personas que
siempre han trabajado en la administración pública y los que no, así como las
personas que siempre han trabajado en la misma secretaría y los que no. Si se
destacan algunas diferencias entre las personas que están incorporados al
144
servicio civil de carrera (en un 53.0% confían en este servicio profesional) y los
que no están incorporados, cuya confianza desciende al 41.2%) (Véase Tabla 49).
Por otra parte se puede notar que las personas con un alto nivel de estudios
(51.6%), así como un alto nivel de ingresos más de 10 salarios mínimos (51.2%) y
que tienen entre 45 a 49 años (51.3%) son las personas que en mayor proporción
confían en el servicio profesional de carrera como un mecanismo para solucionar
el problema de la corrupción (Véase Tabla 49).
Mediante las respuestas obtenidas por las personas entrevistadas se puede
destacar que la mitad de ellos (50.4%) indica que los controles internos pueden
contribuir a solucionar el problema de la corrupción, mientras que un 24.4% opinó
que solamente contribuiría algo a solucionar este problema. El 12.4% afirma que
ayudaría poco y el 6.9% contestó que los controles internos no ayudarían en nada
a solucionar este problema (Véase Tabla 50).
Son los trabajadores de la Procuraduría General de la República (84.6%),
seguidos por los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (72.7%) y la
Secretaría de Relaciones Exteriores (61.7%), quienes afirman en más elevada
proporción que los controles internos pueden ayudar a solucionar los problemas
de la corrupción. Con respecto a los usuarios y a los responsables se puede decir
que los usuarios afirman en menor medida (47.1%) que los responsables (65.7%),
que los controles internos constituyan una solución al problema de la corrupción
(Véase Tabla50).
Cabe mencionar que de acuerdo a las características sociodemográficas las
personas en mayor proporción consideran que se puede mejorar mucho el
problema de la corrupción mejorando los controles internos, son personas de 55
años o más (55.1%), con alto nivel de estudios (58.1%) y que obtienen mas de 10
salarios mínimos (60.3%) (Véase Tabla 50).
145
El aumento de salarios como medida para contribuir a solucionar el problema de la
corrupción, es considerada como una medida que contribuiría en mucho por
menos de la mitad de los entrevistados (42.5%), en tanto que el 24.9% señaló que
esta medida ayudaría algo, el (15.1%) opinó que contribuiría poco y el 13.4%
contestó que esta medida no ayuda nada para solucionar este problema (Véase
Tabla 51).
Los funcionarios de las secretarías que opinaron que el aumento de los salarios es
una buena medida que puede contribuir a solucionar el problema de la corrupción,
fueron los trabajadores de la Procuraduría General de la República (76.9%),
siguiéndole los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (56.1%), la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (53.4%) y finalmente los
trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (53.3%) (Véase Tabla 51).
Las personas incorporadas al servicio civil de carrera consideran en una
proporción mayor (49.3%) que el aumento de los salarios es una buena medida
para evitar la corrupción, en comparación con los trabajadores que no están
incorporados a este servicio (39.3%) (Véase Tabla 51).
Por otra parte las personas que apoya esta medida de aumentar los salarios para
contribuir a solucionar el problema de la corrupción son mayormente jóvenes de
25 a 29 años (49.0%), personas que estudian o estudiaron los niveles de
preparatoria (42.7%), licenciatura (47.3%) y postgrado (42.3%). Así como las
persona cuyos ingresos son de 7 a 10 SM (42.2%), de 5 a7 SM (45.7%) y mas de
10 SM (47.0%) (Véase Tabla 51).
Mediante las respuestas obtenidas por parte de los encuestados se puede
observar también el acuerdo con la vigilancia ciudadana como medida para
solucionar el problema de la corrupción, ya que el 45.2% de los encuestados
menciona que ayudaría mucho, mientras que el 22.0%) indica que ayudaría algo,
146
el 17.2% opina que ayudaría poco y el 11.7% señaló que esta medida no
contribuiría en nada (Véase Tabla 53).
Observando el porcentaje de las personas encuestadas que señalan que la
vigilancia ciudadana puede contribuir a solucionar el problema de la corrupción,
las mayores proporciones se observan entre los funcionarios de la Secretaría de
Seguridad Pública (65.2%) y la Secretaría de la Reforma Agraria (63.3%) (Véase
Tabla 53).
En cuanto a las respuestas tomadas de las personas que están a favor y que
mencionan que ésta medida contribuye en mucho, destacan los jóvenes de 25 a
29 años (56.9%), los que tienen nivel de escolaridad de licenciatura (54.0%) y
aquellos con mas de 10 SM (53.4%) (Véase Tabla 53).
El aumento de los castigos es una de medidas en las cuales los entrevistados ya
no creen tanto como mecanismo adecuado para enfrentar a la corrupción, ya que
el 30.4% de la población encuestada opinó que esta medida puede contribuir
mucho a solucionar el problema de la corrupción, sin embargo el resto se dividió
entre aquellos que contestaron que esa medida contribuía algo (26.6%), los que
indicaron que serviría poco (21.3%) y los que respondieron que dicha medida no
contribuiría en nada al combate de la corrupción (17.6%) (Véase Tabla 54).
Entre los funcionarios que en mayor medida opinaron que el aumento de los
castigos contribuye a mejorar el problema de la corrupción destacan los
funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (51.3%) y la Secretaría de
la Reforma Agraria (43.3%) (Véase Tabla 54).
Las denuncias anónimas como mecanismo para solucionar el problema de la
corrupción es el mecanismo que obtiene los porcentajes más bajos de apoyo. Un
poco más de la cuarta parte de los entrevistados (26.6%) señala que es una
medida que contribuye en mucho para solucionar la corrupción, pero los restantes
147
encuestados señalan que sólo contribuye en algo (25.3%), en poco con el 20.9%
de las respuestas, y en nada (22.7%). Entre las secretarías destacan los
entrevistados de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes consideran en mayor
medida que los encuestados de otras secretarías, que las denuncias anónimas
pueden ayudar a solucionar el problema de la corrupción (43.9 (Véase Tabla 55).
Mediante las respuestas que se obtuvieron de los trabajadores de las diferentes
secretarías, se puede observar que casi la mitad de ellos (46.7%) opinan que la
ley de transparencia y acceso a la información es una medida que podría ayudar
mucho con el problema de la corrupción. Por otro lado, el 26.5% de los
encuestados manifiestan que esta medida ayudaría algo, el 13.4% señaló que
contribuiría poco y el 8.8% opinó que esta medida no sirve de nada (Véase Tabla
56).
De las personas que trabajan en las diferentes secretarías los encuestados que en
mayor proporción afirmaron que ésta medida contribuiría mucho a solucionar el
problema de la corrupción fueron; los trabajadores de la Procuraduría General de
la República (73.1%), la Secretaría de Gobernación (69.5%) y la Secretaría de
Seguridad Pública (62.1%) (Véase Tabla 56).
Para los responsables de los servicios de adquisición encuestados la ley de
transparencia contribuye a solucionar el problema de la corrupción en mayor
medida (53.3%) de lo que perciben los usuarios (45.3%). Quienes están
incorporados al servicio civil de carrera opinaron que ley de transparencia
contribuye a solucionar el problema de la corrupción en el 54.0% de los casos,
mientras que aquellos que no están incorporados opinaron lo mismo en el 43.1%
de los casos. La misma situación se puede observar entre las personas que
intervienen en el proceso de adquisiciones (53.9% opina que la ley de
transparencia contribuye en mucho) y las que no lo están el (da la misma
respuesta el 44.9% de los encuestados) (Véase Tabla 56).
148
En tanto las personas que en mayor medida opinaron que la ley de transparencia
y acceso a la información contribuye mucho a la solución de la corrupción, son
nuevamente como en casi todas las restantes medidas sugeridas, personas con
altos niveles de estudio posgrado (53.3%), con más de 10 salarios mínimos
(53.7%) y con más de 55 años (55.7%) (Véase Tabla 56).
Al observar las respuestas que los trabajadores de las diferentes secretarías
proporcionan, se puede decir la medida que obtiene el mayor apoyo como
mecanismo para solucionar los problemas de corrupción es la capacitación del
personal. Los encuestados señalaron que contribuye mucho a solucionar la
corrupción en un 62.4%, mientras que el 20.5% manifestó que esa medida solo
contribuiría en algo, el 8.6% señala que contribuye en poco y el 5.1% de los
encuestados afirmó que esa medida no contribuye en nada (Véase Tabla 57).
Tomando en cuenta las respuestas de las personas que laboran en las diferentes
secretarías destacan los trabajadores de la Procuraduría General de la República
(84.6%), la Secretaría de Relaciones Exteriores (76.6%) y la Secretaría de
Gobernación (75.8%), como los que en mayor proporción manifestaron que esa
medida podría ayudar mucho en solucionar el problema de la corrupción. En
cuanto tipo de funcionario encuestado, se aprecia un apoyo mayor para esta
medida entre los responsables (77.2%) que entre los usuarios (59.2%) (Véase
Tabla 57).
Por otra parte, y teniendo en cuenta la trayectoria de trabajo en la secretaría, se
puede decir que los funcionarios que no han trabajado siempre en la secretaría
dan más apoyo (67.5%) a la capacitación del personal como medida para
solucionar los problemas de corrupción, que las personas que han trabajado
siempre (58.0%). Una situación similar se puede apreciar en el análisis de las
respuestas de las personas que están incorporadas al servicio civil de carrera, y
las que no. Esto es así ya que los funcionarios con servicio civil de carrera
consideran en el 72.0% de los casos, que la capacitación es una buena medida en
149
la lucha contra la corrupción, proporción que desciende a 58.4% entre quienes no
están incorporados a este servicio (Véase Tabla 57).
Teniendo en cuenta las características sociodemográficas se puede decir que las
personas que consideran que la medida contribuiría mucho a solucionar el
problema de la corrupción, son mayormente personas con alto nivel de ingresos
mas de 10 SM (71.5%) y con un alto nivel de estudios (postgrado 71.1%) (Véase
Tabla 57).
A partir de las respuestas de los encuestados se puede observar que los
trabajadores se dividen, más o menos de forma pareja, entre aquellos que creen
en mayor medida en las medidas planteadas para solucionar la corrupción y
aquellos que tienden a ser un poco más escépticos. Esto puede reflejarse en las
siguientes respuestas, donde la mitad de los encuestados señalaron que el
mejoramiento de la ley contribuye mucho a solucionar el problema de la corrupción
50.5%. Por otra parte el 22.7% de los encuestados señaló que el mejoramiento de
la ley contribuye algo, el 13.2% indicó que esta medida contribuye poco y
finalmente el 9.4% consideró que mejorar la ley no contribuye en nada a
solucionar el problema de la corrupción (Véase Tabla 52).
Del conjunto de la secretarías se destacan los trabajadores de PEMEX (58.3), de
la Secretaría de Relaciones Exteriores (58.3%) y la Secretaría de la Función
Pública (56.3%), como las mas optimistas con relación a la capacidad que el
mejoramiento de la ley tiene para enfrentar los problemas de corrupción (Véase
Tabla 52).
En contra parte se puede observar que entre los encuestados que creen menos en
esta medida se encuentran los de la Secretaría de Salud (en un 16.2% señalan
que el mejoramiento de la ley no contribuye en nada a solucionar la corrupción), la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (un 13.8% declaró que la ley no mejora la
corrupción en nada) y la Secretaría de Desarrollo Social (el 12.5% indicó que la ley
150
no contribuye nada). Cabe mencionar que la mayor parte de las personas
entrevistadas y que contestaron que si se contribuye mucho son personas con un
alto nivel de estudios (postgrado 59.3 %), mientras que los de primaria o menos
(25.5%) son los de mayor porcentaje al contestar que no cambiaría nada (19.4%).
Esto indica que los funcionarios entrevistados con mayor educación creen más en
la potencialidad de dichas medidas (Véase Tabla 52).
151
XVI. CONCLUSIONES
De la investigación se desprende que la cultura de la transparencia aún no ha
arraigado entre los funcionarios y sus proveedores en el país. La desconfianza y el
temor a brindar información se evidenciaron en las negativas de los funcionarios a
ser entrevistados.
Existe una brecha entre las élites responsables y los usuarios del servicio de
adquisiciones. Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones
distintas del servicio público y dos culturas del servicio público distintas. Estas
culturas distintas evidencian dos percepciones distintas del país: entre las élites
responsables y los usuarios:
PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOSVariables Funcionarios
responsablesFuncionarios usuarios
Nivel de escolaridad promedio
Licenciatura Licenciatura
Promedio de edad 44.66 años 40.66 añosSiempre ha trabajado en el sector público
48.4% 50.4%
Siempre ha trabajado en la secretaría
26.4% 52.9%
Servicio civil de carrera
46.7% 34.4%
Tipo de puesto: confianza
80.6% 62.2%
Esta brecha se refleja también en la existencia de dos visiones distintas del servicio público:
152
PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS ENTREVISTADOSCulturas del servicio público distintas
Funcionarios responsables Funcionarios usuariosMayores niveles de satisfacción con respecto a los procedimientos 37.8% dijo estar satisfecho
Menores niveles de satisfacción con los procedimientos 30.7% dijo estar satisfecho
Mayores niveles de satisfacción con los servicios41.7% dijo estar satisfecho
Menores niveles de satisfacción con los servicios17.7% dijo estar satisfecho
Porcentajes más altos de conocimiento de la ley 22.3% la conoce
Porcentajes menores de conocimiento de la ley 7.1% la conoce
Mayores niveles de apego a la norma 69.8%
Menores niveles de apego a la norma, 52.3%
Menor percepción de impunidad 64.4% perciben que se aplican castigos
Mayor percepción de impunidad 59.2% perciben que se aplican castigos
El estudio indica la presencia de dos culturas distintas: entre funcionarios con
larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan,
así como entre quienes mencionaron contar con servicio civil de carrera y quienes
dijeron no tenerlo.
Los funcionarios responsables tienden a ser más optimistas que los funcionarios
usuarios con respecto a:
Situación del país
Percepciones de la corrupción en el país
Impunidad frente a la corrupción
153
Culturas del servicio público distintas
Funcionarios responsables Funcionarios usuariosNiveles más altos de optimismo con la situación del país 27.5% señala que está mejor
Niveles menores de optimismo con la situación del país 23.5% señala que está mejor
Percepción de menores niveles de corrupción en el país, 49.5%
Percepción de mayores niveles de corrupción en el país, 55.6%
Menor percepción de impunidad 64.4%
Mayor percepción de impunidad, 59.2%
Piensa que las penalidades para delitos de corrupción son fuertes 43.3%
Piensa que las penalidades para delitos de corrupción son fuertes 35.3%
Dos culturas distintas: entre funcionarios con larga permanencia en la administración pública y los nuevos que recién ingresan
Antecedentes en el sector público
Funcionarios con antecedentes en el sector público
Funcionarios sin antecedentes en el sector público
Menor apego a las normas 57.0%
Mayor apego a la norma 57.5%
Porcentajes más altos de conocimiento de la ley 13.8% la conoce
Mayores niveles de conocimiento de la ley, 8.7% la conoce
Mayor percepción de impunidad, 65.3% Menor percepción de impunidad, 55.8%
Determinantes de la cultura de la transparencia en el servicio público entre
funcionarios responsables y usuarios de adquisiciones
Finalmente, La presencia de una cultura de transparencia se asocia
principalmente con factores:
De índole individual: la escolaridad y la autopercepción
Asociados al sistema político: percepción de corrupción en actores político;
percepción de corrupción en la administración y percepción de impunidad,
costos de incurrir en conductas de corrupción (aprobar un trámite
incorrecto)
154
Los factores asociados a la trayectoria y el desempeño profesional no son
relevantes para explicar la presencia de una cultura de transparencia: no
importa si se es funcionario responsable o usuario ambos tienen las
mismas posibilidades de participar en actos de corrupción
El conocimiento de la ley no es un factor relevante para la presencia de una
cultura de transparencia
De lo anterior se desprende:
La importancia de educar en una cultura de la transparencia y de apego a la
legalidad
La necesidad de la consolidación efectiva del estado de derecho
Crear condiciones de confianza en las instituciones del sistema político
Homogeneizar y profesionalizar el servicio público
Crear las condiciones para que favorezcan la consolidación y
profundización de la democracia en el país
Los efectos de la democratización en el combate a la corrupción se han convertido
en un tema debatido; no obstante, en la medida en que la corrupción sea
considerada como una de las varias consecuencias de los sistemas democráticos
deficientes, como una manifestación o síntoma, mas que una causa en si misma,
los mecanismos recomendados para terminar con ella, consecuentemente
tendrían que ser los mismos recomendados para ampliar y profundizar a la
democracia.
Resumen de las principales conclusiones
Perfil sociodemográfico y ocupacional
Prácticamente la misma cantidad de hombres y mujeres desarrollan su
actividad labora en las secretarías de estado, pero con significativas diferencias
tanto en sus edad, como en los niveles de escolaridad e ingresos. Los hombres
son predominantemente mayores frente a las mujeres, pero estas últimas
155
poseen niveles de escolaridad e ingresos muy inferiores a los que detentan los
hombres
Los funcionarios de las secretarías casi en la mayoría de los casos
encuestados, realizan funciones operativas en general. Tan solo uno de cada
diez encuestados se desarrolla en el área de adquisición y adjudicaciones
Permanencia en la administración pública
50.1% ha trabajado siempre en la administración pública
49.9% no lo había hecho anteriormente
el 48.4% de los funcionarios responsables ha trabajado siempre en la
administración pública,
el 50.4% de los funcionarios usuarios ha trabajado siempre en la
administración pública
Permanencia en la secretaría o institución
Del total de los entrevistados el 48.4% ha trabajado siempre en esa secretaría
50.6% no lo había hecho con anterioridad
El 26.4% de los funcionarios responsables ha trabajado siempre en esa
secretaría
El 52.9% de los usuarios ha trabajado siempre en esa secretaría
Quienes no habían trabajado en el sector público con anterioridad
provienen:
32.3% sector empresarial
11.7% del sector bancario
14.7% servicios profesionales
4.3% insuficientemente especificado
4.7% de la práctica de un oficio
156
1.9% de una organización gremial
1.2% de una institución educativa
29.2% No contestó
Los funcionarios responsables provienen:
30.8% del sector empresarial
9.6% del sector bancario
13.7% servicios profesionales
7.6% diversas ocupaciones (sectores educativo, gremial y otros).
38.4% No contestó
Servicio civil de carrera
De los entrevistados, solamente el 36.6% está incorporado al servicio civil de
carrera
46.7% funcionarios responsables
34.4% funcionarios usuarios
El 65.4% de los entrevistados es personal de confianza, 17.1% es personal de
base, el resto recibe ingresos por honorarios
el 80.6% de los funcionarios responsables es empleado de confianza y el
62.2% de los funcionarios usuarios
Reclutamiento de personal
Percepción de la existencia de un mayor número de parientes en :
SEP
CFE
PEMEX
IMSS
SCT
Es en estas secretarías de estado en donde:
157
Más del 50% ha trabajado siempre en la misma secretaría
Más del 50% ha trabajado siempre en el sector público
Percepciones sobre la situación del país
Casi la mitad de la población encuestada percibe de manera preocupante la
situación política del país, a lo que se suma que dos de cada diez indican que el
país atraviesa por una situación política inestable. Esta percepción se acentúa
entre los trabajadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Relaciones Exteriores
Aunada a la percepción política preocupante cuatro de cada diez encuestados
valora que la situación económica va a empeorar y otros cuatro de diez indican
que la situación económica ya empeoró. Datos que indican que entre los
funcionarios se refleja un fuerte pesimismo con respecto a la situación del país
Licitaciones para adquirir bienes y servicios
La mitad de la población encuestada reconoce que nunca se realizan
licitaciones en las secretarías, para la adquisición de bienes, productos o
servicios. Los servicios que realizan licitaciones en más elevada proporción son
los relacionados con la papelería y los servicios de copiado. Mayormente son los
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función
Pública y la Secretaría de la Seguridad Pública quienes indican que nunca se
realizan licitaciones
Las razones más destacadas aducidas por los funcionarios encuestados para
no llevar a cabo licitaciones son para cuatro de cada diez encuestados la
dificultad para lograr la rápida adquisición de los bienes y servicios. Una elevada
proporción de trabajadores de PEMEX sostiene esta opinión
En general los encuestados indicaron que la demora para adquirir bienes y
servicios es menor a tres meses. Las computadoras constituyen el producto que
más tiempo de adquisición requiere. Estos tiempos son evaluados como
158
suficientes por los trabajadores, de los cuales la mayoría está satisfecho con la
calidad de los servicios de adquisición
Son los encargados de adquisiciones quienes mayormente se reconocen como
las personas que deciden sobre la compra y contratación de bienes y servicios
Evaluación de la SECODAM
Casi cuatro de cada diez encuestados reconoce que la SECODAM es eficiente
para mejorar la administración pública, mientras que dos de cada diez
funcionarios entrevistados indica que no es nada eficiente. La consideran más
eficiente los funcionarios de la Secretaría de Energía y menos eficiente los
trabajadores de la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social
Cuatro de cada diez encuestados señaló que la Secretaría de la Función
Pública trabajará mejor y logrará mejores resultados en el combate a la
corrupción que la propia SECODAM. Son los funcionarios de la Procuraduría
General de la República los que en mayo proporción tienen esta percepción
Auditorias y contralores
En la mayoría de los departamentos y oficinas se han realizado auditorias que
se han presentado a la opinión pública
La mayoría de los encuestados indican desconocer su existe una figura que
oficie como contralor ciudadano, así como desconocen sus atributos. Ocho de
cada diez indica además que la contraloría no tiene impacto en sus actividades
cotidianas y que no se les consulta en este tema
Evaluación de la corrupción
Los políticos, los partidos políticos y los sindicatos son las instituciones
reconocidas como las más corruptas por los encuestados en general, excepto
por los funcionarios de la Procuraduría General de la República, quienes los
señalan como los menos corruptos
159
Los funcionarios de la Procuraduría General de la República son también
quienes en mayor proporción reconocen en ellos mismos como funcionarios y en
sus propios compañeros de trabajo, elevados porcentajes de corrupción
Prácticas de corrupción y sanciones
Entre los actos corruptos más importantes reconocidos entre la población
encuestada se encuentran, mantener una buena relación con el jefe para lograr
ascensos y aceptar viajes pagados por los proveedores (prácticamente nueve de
cada diez encuestados así lo indicó). Esta opinión se identifica en mayor
proporción entre los trabajadores de la Secretaría de Salud, la Secretaría de
Gobernación y la Comisión Nacional del agua, y en menor medida en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
La práctica más común de corrupción mencionada por la población encuestada
es recibir dinero o sobornos
Casi cuatro de cada diez encuestados reconoce que las penas aplicadas a los
funcionarios corruptos son débiles. La sanción más aplicada es la inhabilitación
del cargo
Medidas para evitar la corrupción
Las medidas que la población encuestada considerar son las más necesarias y
eficaces para solucionar el problema de la corrupción son la capacitación al
personal, el mejoramiento de la legislación y el aumento de los controles
internos. Los funcionarios que en mayor proporción se inclinan por estas
medidas son los que trabajan en la Procuraduría general de la República, la
Secretaría de la Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las
medidas consideradas menos eficaces son las denuncias anónimas
160
XVII. BIBLIOGRAFIA
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