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Documento de Trabajo Comisión de Trabajo “La Inclusión Social a través del Trabajo” Uniendo un principio central de nuestra doctrina justicialista con las necesidades acuciantes de grandes mayorías populares luego de la crisis del 2001-2002, la creación de fuentes de trabajo dignas fue un objetivo de máxima prioridad desde el primer día de esta nueva etapa histórica -el 25 de mayo del 2003-; conducida primero por el compañero Néstor Kirchner y hoy por nuestra Presidenta Cristina Fernández. Recordemos que las políticas económicas implementadas por la Dictadura Militar en 1976 generaron una matriz productiva y financiera que no fue modificada por los gobiernos democráticos que la sucedieron, cuyo principal resultado fue la exclusión social. Durante la década del '90 y los primeros años del 2000, los lineamientos de esa política económica fueron profundizados y los resultados también fueron más severos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad. El modelo económico que comenzó a consolidarse a fuerza de tanques y metrallas, implicó concentrar los procesos de acumulación productiva en sectores exportadores de alta rentabilidad, mientras que en paralelo se impulsaron procesos de valorización financiera del cual se aprovecharon grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, generando un crecimiento inaudito para la historia argentina en el endeudamiento externo del Estado Nacional. Este modelo implicó la desaparición de miles de empresas, de cadenas de valor íntegras y de millones de puestos de trabajo. Además, como el consumo deja de ser motor del crecimiento, y la inversión productiva brilla por su ausencia (ya que la inversión financiera es mucho más rentable y acapara todos los fondos excedentes), el mercado interno languidece durante décadas, lo que se ve reflejado en la caída del salario. Este proceso es acompañado por políticas de reforma del Estado (“achicar el Estado es agrandar la Nación”, decían durante la dictadura), de privatizaciones y de desregulación laboral que llega a su paroxismo con la aprobación de la Ley Laboral propuesta por el Gobierno de De La Rúa y aplaudida por el FMI, que implicaba debilitar fuertemente las Convenciones Colectivas de Trabajo (institución creada por Perón), creaba los “contratos basura” (sin estabilidad) y reducía los aportes y contribuciones a la seguridad social. Este proceso económico junto con las nefastas políticas neoliberales de flexibilización laboral, llevaron a la más triste realidad laboral y social que sufriera nuestro pueblo, piso que se toca con la caída del gobierno de la Alianza, a fines del año 2001. Así, los niveles de pobreza superiores al 50% y tasas de desempleo superiores al 20% no fueron sólo consecuencia de la crisis económica y financiera del año 2001: fueron resultado de décadas de políticas económicas que fragmentaron el mercado laboral y debilitaron al máximo el mercado interno, atacando en forma continua a las organizaciones sindicales y produciendo exclusión social. Era un país para pocos.

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Recordemos que las políticas económicas implementadas por la Dictadura Militar en 1976 generaron una matriz productiva y financiera que no fue modificada por los gobiernos democráticos que la sucedieron, cuyo principal resultado fue la exclusión social. Durante la década del '90 y los primeros años del 2000, los lineamientos de esa política económica fueron profundizados y los resultados también fueron más severos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad.

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Documento de Trabajo

Comisión de Trabajo

“La Inclusión Social a través del Trabajo”

Uniendo un principio central de nuestra doctrina justicialista con las necesidades acuciantes de grandes mayorías populares luego de la crisis del 2001-2002, la creación de fuentes de trabajo dignas fue un objetivo de máxima prioridad desde el primer día de esta nueva etapa histórica -el 25 de mayo del 2003-; conducida primero por el compañero Néstor Kirchner y hoy por nuestra Presidenta Cristina Fernández.

Recordemos que las políticas económicas implementadas por la Dictadura Militar en 1976 generaron una matriz productiva y financiera que no fue modificada por los gobiernos democráticos que la sucedieron, cuyo principal resultado fue la exclusión social. Durante la década del '90 y los primeros años del 2000, los lineamientos de esa política económica fueron profundizados y los resultados también fueron más severos en términos de desempleo, pobreza y desigualdad.

El modelo económico que comenzó a consolidarse a fuerza de tanques y metrallas, implicó concentrar los procesos de acumulación productiva en sectores exportadores de alta rentabilidad, mientras que en paralelo se impulsaron procesos de valorización financiera del cual se aprovecharon grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, generando un crecimiento inaudito para la historia argentina en el endeudamiento externo del Estado Nacional. Este modelo implicó la desaparición de miles de empresas, de cadenas de valor íntegras y de millones de puestos de trabajo. Además, como el consumo deja de ser motor del crecimiento, y la inversión productiva brilla por su ausencia (ya que la inversión financiera es mucho más rentable y acapara todos los fondos excedentes), el mercado interno languidece durante décadas, lo que se ve reflejado en la caída del salario.

Este proceso es acompañado por políticas de reforma del Estado (“achicar el Estado es agrandar la Nación”, decían durante la dictadura), de privatizaciones y de desregulación laboral que llega a su paroxismo con la aprobación de la Ley Laboral propuesta por el Gobierno de De La Rúa y aplaudida por el FMI, que implicaba debilitar fuertemente las Convenciones Colectivas de Trabajo (institución creada por Perón), creaba los “contratos basura” (sin estabilidad) y reducía los aportes y contribuciones a la seguridad social.

Este proceso económico junto con las nefastas políticas neoliberales de flexibilización laboral, llevaron a la más triste realidad laboral y social que sufriera nuestro pueblo, piso que se toca con la caída del gobierno de la Alianza, a fines del año 2001.

Así, los niveles de pobreza superiores al 50% y tasas de desempleo superiores al 20% no fueron sólo consecuencia de la crisis económica y financiera del año 2001: fueron resultado de décadas de políticas económicas que fragmentaron el mercado laboral y debilitaron al máximo el mercado interno, atacando en forma continua a las organizaciones sindicales y produciendo exclusión social. Era un país para pocos.

 

A partir del año 2003, se hace exactamente lo opuesto a lo que habían sido los últimos 25 años de políticas económicas pensadas para un país con muchos menos habitantes. A partir de un proceso de reconstrucción del mercado interno, de recomposición de los salarios y de generación de puestos trabajo se comienza a transitar el camino de un país para todos y todas. Donde los 40 millones de argentinas y argentinos tengan un lugar, estén incluidos.

Desde el año 2003 se crearon más de 5 millones de puestos de trabajo. Esto tuvo como consecuencia una fuerte baja de la tasa de desempleo (hoy en el 7,1%) y en el nivel de informalidad (que bajó del 49% al 34%). Este proceso fue acompañado por una considerable recomposición del salario, que ha permitido que hoy casi el 50% de la renta nacional corresponda a trabajadores asalariados. La mayor demanda laboral fue clave para asegurar el crecimiento sostenido de los ingresos y para reducir el empleo no registrado.

Una mención especial merece en este párrafo la sanción del nuevo Estatuto del Peón Rural, una parábola del peronismo recuperada por iniciativa de nuestra Presidenta, quien envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación, donde se aprobó esta medida que fija, entre otras cuestiones, ocho horas de trabajo, la edad jubilatoria del peón rural en 57 años y con 25 años de aportes; establece que la remuneración mínima del peón no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil y prohíbe expresamente el trabajo infantil. Cada una de las familias incluidas a través de estas decisiones de Estado son familias donde un padre o una madre tienen un ingreso estable que le permite vivir, planificar y cubrir necesidades, pero sobre todo son argentinas y argentinos con dignidad.

Además, este crecimiento tan fuerte en el empleo registrado financia un sistema de seguridad social que ha crecido en cobertura y ha mejorado el valor de las prestaciones, hasta el punto de que hoy los recursos que administra ANSES implican transferencias a hogares equivalentes al 10% del PBI, niveles impensados hace algunos años. Las reformas de fondo de la seguridad social como fueron la eliminación del sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas, la aprobación de una Ley de Movilidad jubilatoria y la creación de nuevas prestaciones (la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, entre otras) garantizan que estos recursos tengan una clara finalidad: una mayor igualdad y una mayor inclusión social.

Hoy la seguridad social representa un reaseguro para los que tienen trabajo, pero también brinda prestaciones, como la AUH, para aquellos que permanecen desempleados o tienen un empleo no registrado. Las políticas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social también acompañan y ayudan a continuar creando más y mejores trabajos. Un Estado presente que coordina e implementa políticas en los diversos órdenes para asegurar la inclusión social, éste es el camino definitivo. Organizaciones sindicales que aportan a la construcción del Proyecto Nacional y que reflejan la gran capacidad de compromiso y de organización de nuestro movimiento obrero.

Hoy estamos construyendo una Argentina para todas y para todos. ¡Tenemos Patria!

Resistencia, Chaco, 2 de junio de 2012