Evento: “Secretaría Nacional de la Administración Pública, impulsa Congreso deEmprendimiento, Innovación Tecnológica y Gobierno Electrónico”

Software Libre no es un tipo diferente de software. No es una especie distinta dentro del género de software. Internamente, en su arquitectura, lo que llamamos Software Libre no tiene una sustancia técnica diferente de aquel que llamamos software propietario. El modelo del desarrollo del que llamamos de software libre y de transmisión de derechos sobre él es que son diferentes del software propietario.

La teoría dice que un programa de computador es la expresión de un conjunto organizado de instrucciones en lenguaje natural o codificado, contenido en soporte físico de cualquier naturaleza, de empleo necesario en máquinas automáticas de tratamiento de información, dispositivos, instrumentos o equipos periféricos, basados en técnica digital o análoga, para hacerlos funcionar de modo y para fines determinados. Esa definición no cambia, si el software es libre o propietario.

Lo que hace un software libre para todos y especialmente para el estado, es la forma como los derechos sobre él son adquiridos o transmitidos. Entonces, cuando el estado “adquiere y usa software libre”, él no estará dando preferencia a un tipo de programa o a alguna empresa en específico. Lo que está haciendo es adquiriendo y usando el software de una forma mejor para el ciudadano y para el país, que se benefician de compartir toda la información y conocimiento que existen en el código del programa que permitirá la transparencia sobre innumerosos actos del estado que son practicados con el auxilio de programas de computador.

Que el gobierno tenga acceso al código fuente de su programa (que además paga mucho menos por él) tiene que ver eficiencia, con independencia tecnológica del conocimiento y son soberanía. Que el ciudadano tenga acceso al código del programa de computador que el gobierno usa, tiene que ver con la democracia tecnológica y con ciudadanía. Y que el gobierno consiga utilizar la información de ese programa y crear con base a ellas, tiene que ver con el desarrollo de la economíay de la sociedad. Y todo esto solo pasa a causa de la licencia, licencia que hace que el software sea libre.

El estado se beneficia directamente con la adopción de Software Libre tanto en el aspecto de su estructuración para la atención de las demandas sociales como en su papel de promover desarrollo económico y tecnológico. De esa forma, se torna posible, la integración de las políticas de mejora y modernización administrativa, de inclusión social basadas en tecnologías de información y de desarrollo industrial.

Por esto el planteamiento del gobierno para la implementación del Software Libre tiene un enfoque en la optimización de recursos e inversiones en tecnologías de información, popularización y utilización del Software Libre como base de los programas de inclusión digital, migración gradual de los sistemas propietarios hacia Software Libre con garantía plena de interoperabilidad e insercióndel Software Libre en la Política Nacional de Tecnologías de la Información. En estos términos están siendo elaborados los documentos Planes de Gobierno Electrónico, Software Libre y Estándares Abiertos.

En fin, lo que se debe percibir es que el estado tendrá siempre a su frente dos tipos de software distintos. Una en que el estado y el ciudadano preservan más derechos – derechos inherentes a la democracia del conocimiento – y otra en que el gobierno y el ciudadano se cierran a esos derechos.Son dos modelos distintos. La adopción del primero en nuestro gobierno fue un deber, ya que es un deber el usar el software preservando los valores de libertad y apertura. El estado tiene el deber de

usar software de la forma mejor para el ciudadano.

Así, si se pudiera resumir la política gubernamental en relación a software libre en una frase se dijera: “Software Libre: Un contrato Abierto con el Ciudadano”

“El conocimiento debe ser un bien común de libre acceso que puede transformar las sociedades, conduciéndolas a altos niveles de bienestar, y los Estados deben garantizar su libre y equitativa distribución”.