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"Las incongruencias del modelo comunitario. Repercusiones sobre el sector agroalimentario". Discurso íntegro de Horacio González Alemán en el Curso de Verano UPM “¿Quién decide el precio en los productos agroalimentarios? Elementos para el debate”. 19/07/2011TRANSCRIPT
FIAB
Las incongruencias del modelo comunitario. Repercusiones sobre el sector agroalimentario
Horacio González Alemán Secretario General de FIAB 19/07/2011
Universidad Politécnica de Madrid
La Granja de San Ildefonso
Verano 2011
Las incongruencias del modelo comunitario Repercusiones sobre el sector agroalimentario
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El proceso de construcción europea ha permitido a la Unión Europea situarse en puestos más
que destacados de desarrollo socio económico a nivel global.
La fórmula, en esencia, ha sido bastante simple: “la unión hace la fuerza”, o dicho de otro
modo, la integración económica acercando las economías nacionales y haciéndolas converger
con reglas y normas comunes han sido un factor de éxito.[…] Esta lógica económica y por
supuesto, la existencia y aplicación práctica de una serie de principios como son
la articulación de un mercado único europeo,
la no discriminación en el mercado interior,
la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas.
Esta fórmula que tanto nos ha dado es la que poco a poco parece haberse degradado con el
tiempo hasta el punto de encontrarnos en un modelo desdibujado, con fuertes contradicciones
internas y sometido a tensiones que actúan en contra de nuestros propios intereses (y de
nuestro propio futuro).
Entre las razones que nos han llevado a tal situación yo avanzo tres que a mi juicio son
especialmente significativas y que son
la falta de liderazgo político en la construcción europea,
la relativización de los principios, que en el caso que nos ocupa ha hecho que el
Derecho Comunitario sea más que un sistema una especie de “caja de herramientas”,
la grave y profunda crisis económica y financiera que atravesamos, que en términos
comunitarios implica la vuelta (no es la primera crisis que sufre la Unión) a los
intereses nacionales, el repliegue al interés particular y la desconsideración hacia el
interés común.
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Voy a intentar desgranar a lo largo de mi exposición estos argumentos, apoyándome en una
serie de ejemplos entresacados del devenir político comunitario y que afectan al sector
agroalimentario, para concluir con algunas pistas o ideas que por supuesto podremos
compartir, rebatir o afirmar en el posterior coloquio.
LA UNIÓN EUROPEA, LÍDER COMERCIAL
Con excesiva ligereza se sigue hablando de la “Europa Fortaleza” como un sistema cerrado,
en el que el freno en frontera sigue siendo un elemento clave de su política comercial, cuando
las cifras cantan una realidad que es absolutamente la contraria; digo esto porque durante años
la imagen ha sido esa, alimentada tanto por nuestros “socios” (¿o competidores?) comerciales
como Estados Unidos, Brasil, Argentina o Nueva Zelanda, como desde dentro de la propia
Unión, especialmente, por muchas Organizaciones no Gubernamentales que han sido
especialmente críticas con el modelo agroalimentario europeo.
Pues bien, la realidad nos indica que la Unión es líder mundial en el comercio internacional,
tanto de importación como de exportación.
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Pero si además descendemos al ámbito agroalimentario, nuestras cifras son más evidentes si
cabe. No sólo somos los primeros importadores de producto agroalimentario del mundo, sino
que además somos también los primeros exportadores, destacando precisamente los productos
transformados (con valor añadido sobre las materias primas).
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Esta realidad obedece además a una política decidida de apoyo al comercio, y en especial al
comercio como instrumento de desarrollo económico de los PVD con realidades tan
significativas como
la iniciativa “Todo Menos Armas”, que deja libre de derechos la importación en
Europa de todos los productos agroalimentarios procedentes de los 49 países menos
desarrollados del planeta, o
el Sistema de Preferencias generalizadas, el denominado “SPG+”, que concede
preferencias arancelarias complementarias a aquellos PVD que cumplen con standards
internacionales mínimos en materia de derechos humanos, laborales,
medioambientales y de buen gobierno del que actualmente se benefician 15 países.
Nadie puede decir por tanto, al menos en la situación actual, que mantenemos un modelo
cerrado, que sea discriminatorio, ni mucho menos que sirva de freno al desarrollo de países
menos avanzados que nosotros.
Es más, podemos incluso afirmar que nuestro modelo agroalimentario es fuerte y competitivo
–en parte precisamente a nuestro grado de apertura al exterior – y así nos lo confirman
algunos datos que hemos seleccionado del Competitiveness Report de la recientemente
rebautizada Fooddrinkeurope, antigua CIAA.
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Pero estos mismos datos son los que nos van a situar en un contexto más real al compararnos
con otras potencias mundiales en diferentes indicadores, y con ello abrirnos los ojos a los
cambios (profundos) que se están propiciando en la realidad económica.
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Esta comparativa con nuestros principales competidores no puede sino crearnos una cierta
desazón en la medida en que vemos datos preocupantes que nos alejan de los puestos de
cabeza y plantean serios interrogantes sobre nuestro papel en el contexto global.
Las explicaciones las podemos encontrar en el análisis del marco económico del que se ha
dotado la Unión y seguro que más de uno de los que hoy me acompañan tienen juicio y
criterio más sólido que el mío en este campo. Pero precisamente por ello y porque no es el
objetivo esencial de mi intervención, me voy a centrar en elementos de carácter político para
destacar algunas incongruencias que eso sí, afectan directamente a nuestra competitividad.
Lo primero que hay que resaltar es la falta de visión estratégica de cadena agroalimentaria
que, obstinadamente, sigue manteniendo la Unión.
Un sistema agroalimentario competitivo sólo se concibe cuando sus tres eslabones se alinean
con un objetivo común que es el de servir eficientemente a los mercados, y por tanto al
consumidor. Cualquier consideración política que no se alinee con esta verdad crea
distorsiones, distrae esfuerzos y limita nuestro futuro. Pero igualmente importante es que esa
estrategia de cadena sea concebida de manera que converjan sobre ella coherentemente todas
las políticas que inciden sobre el sector.
Partiendo de estos principios generales – que como digo no se cumplen -, afrontamos una
serie de circunstancias como las que comento a continuación.
1. La política comunitaria en materia de OGM
Difícilmente podremos encontrar un ejemplo más preclaro de cómo consideraciones políticas
(presión de organizaciones medioambientalistas, presunto rechazo de la opinión pública,
supuesto impacto electoral) han servido de freno al desarrollo de la ciencia.
Sonroja ver la resistencia de la UE al desarrollo de los OMG’s desde que iniciaron su
andadura, una resistencia que nos ha llevado a
perder una plaza de líderes mundiales en la investigación en un campo de indudable
futuro, quedándonos detrás de países como China, Inda, Brasil y por supuesto EEUU;
infringir costes a la cadena agroalimentaria (y en especial a la cadena ganadera), y por
tanto a su competitividad, tanto interna como externa;
coadyuvar por omisión a la volatilidad de las materias primas, y a su crecimiento.
Cuando la FAO augura que la producción mundial de alimentos deberá incrementar un 70%
de aquí al 2050 para cubrir las necesidades de alimentos y biomasa en el mundo, y cuando la
FAO, y recientemente el G-20 han puesto en evidencia la necesidad de doblar los esfuerzos en
investigación agraria porque nuestro reto es producir más por el incremento del rendimiento
de los cultivo y no por la extensión de tierras de cultivo.
La UE se empeña en frenar la biotecnología segura y en un ejercicio de debilidad política, la
propia Comisión Europea acaba proponiendo recientemente que cada país adopte las medidas
que considere apropiadas.
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Como botón de muestra, baste reseñar que un reciente estudio presentado en Suecia se
cuantifica en más de 2.250 millones de € la pérdida de renta para la UE que supondría la no
aprobación de tres cultivos OMG: remolacha azucarera, colza de primavera y patata.
Que no se me malinterprete: siempre que estas tecnologías cuenten con la aprobación de las
autoridades y el refrendo de los organismos internacionales, no existe motivo racional para
dejar a Europa en la cola del futuro.
O el cuadro que se recoge a continuación, que demuestra que los costes regulatorios
comunitarios nos dejan bastante detrás frente a otras zonas geográficas del mundo.
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2. El modelo agroalimentario europeo y sus atributos
La Unión Europea viene trazando desde hace años un modelo complejo que va más allá de las
consideraciones tradicionales y que se significa por una serie de disposiciones específicas en
materia de bienestar animal, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y
consideraciones laborales, que nos conforman como un modelo singular a nivel mundial.
Este modelo que se asienta claramente sobre el principio de la sostenibilidad, pocas
objeciones encuentran en el plano teórico, en la medida en que asegura su continuidad y
establece unos sólidos objetivos de largo plazo.
Sin embargo, la aplicación práctica deja mucho que desear ya que se implantan sin considerar
el marco de comercio exterior de la Unión, y de manera constante va minando la propia
competitividad del modelo que queremos preservar a largo plazo.
Tomemos como ejemplo el sector productor de huevos, un sector enmarcado en la Política
Agraria Común, pero que no se beneficia como otros de ayudas a la producción con fondos
comunitarios.
La adopción en los últimos años de una serie de disposiciones en materia de bienestar animal
y de protección medioambiental entre otras, ha ido cargando de costes a un sector cada vez
más abierto a la competencia de países como Brasil, Méjico, India o Estados Unidos, con un
doble efecto de pérdida de competitividad en el mercado comunitario y en los mercados de
exportación.
Así, a partir de Enero del próximo año y según la Directiva 1999/74, toda la producción
avícola europea debe estar alojada en las denominadas jaulas “acondicionadas o
enriquecidas”, lo que está obligando a sustituir las baterías tradicionales con una densidad de
550 cm2/gallina por otras de 750 cm
2/gallina, en pro del bienestar animal.
En materia medioambiental, la plena aplicación de la Directiva 96/61 de prevención y control
integrado de la producción supone para las empresas del sector la necesidad de disponer de
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una Autorización Ambiental Integrada sin la cual no es posible ejercer la actividad
productora, y que implica la elaboración de un plan específico, mejoras en la explotación y la
asunción de nuevos costes continuos que son obligatorios.
En fin, en materia de uso de medicamentos veterinarios, el Reglamento 237/90 es mucho más
estricto que el marco normativo de nuestros competidores, ya que en sustancia en el modelo
comunitario se incrementan los costes de prevención sanitaria – vacunaciones, bioseguridad,
controles – y los de lucha contra las enfermedades - ya que restringe el abanico de alternativas
terapéuticas y desaparecen los genéricos -, mientras que en otros, el régimen es mucho más
flexible.
El cuadro que muestro a continuación resumen perfectamente las conclusiones del estudio
“costes legislativos para el sector productor de huevos” que publicaron Pazos, Licas, García y
Alonso en la revista Mundo Ganadero de Marzo 2010, y de manera elocuente describe y
cuantifica la falla en competitividad.
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En suma, caben hacerse las siguientes preguntas: ¿cabe considerar congruente que tengamos
un sobrecoste de 0,16 € / docena de huevos frente a los productos importados, con los que
tenemos que competir en el mismo mercado?
Sin duda, seremos sostenibles, pero ¿seremos competitivos en terceros mercados?; ¿qué
estamos haciendo con las baterías tradicionales? … se lo digo yo… venderlas en Brasil, uno
de nuestros principales competidores, a precio de saldo…
3. El modelo de seguridad alimentaria
Otro de los puntales del modelo agroalimentario comunitario es el Reglamento 178/2002 que
recoge los principios fundamentales de la legislación alimentaria europea, y entre ellos las
obligaciones del operador europeo en materia de trazabilidad.
Así como la trazabilidad, el análisis de riesgo y otras medidas de control del producto europeo
están perfectamente regulados, en el caso de los productos de fuera de la UE es el importador
el responsable del mismo, y no siempre puede decirse que sus condiciones sean equivalentes a
las que se exigen al operador comunitario.
La UE respeta escrupulosamente los estándares internacionales y los propios, pero no se
atreve a exigir a terceros países las mismas condiciones que a los productos europeos por
temer (una vez más) a ser tachada de proteccionista o de querer erosionar las ventajas
comparativas de otros países, especialmente, los países en desarrollo.
Es el ejemplo opuesto al de los Estados Unidos, que sólo deja traspasar sus fronteras a
aquellos productos que cumplen escrupulosamente la legislación de la FDA no sólo en el
ámbito de la seguridad de los alimentos, sino en otros complementarios como la protección
frente al bioterrorismo, que implican más burocracia y costes añadidos para la exportación a
ese país, con una filosofía más que evidente: “todo lo que se exige al operador norteamericano
se le exige al extranjero”, de forma que todos estén en pie de igualdad dentro de su mercado
interior.
Hasta aquí tres ejemplos creo que significativos de medidas poco congruentes aplicadas al
sector agroalimentario, que ponen en evidencia esa falta de coherencia a la hora de aplicar las
diferentes políticas que afectan al sector.
También podríamos hacer mención a la promoción del I+D+i en el terreno agroalimentario,
cuyo resultados pueden chocar con la barrera regulatoria (dicho de otra manera, parece poco
lógico incentivar la investigación de alimentos con nuevas propiedades si luego resulta que
van a bloquearse con una profusa y compleja legislación de alegaciones que puede acabar
haciendo imposible trasmitir al consumidor las bondades de mi producto).
O porque no, hacer mención al nuevo Reglamento de etiquetado de los alimentos, que
impondrá normas comunes pero que a su vez permitirán esquemas nacionales
complementarios que puede desdecir las normas básicas y lo que es peor, ampliar el comercio
intracomunitario cuando no frenarlo.
Pero todas estas situaciones no hacen sino poner de manifiesto varias inquietudes frente al
modelo actual:
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Primero, que sobre el sector agroalimentario influyen muy diversas políticas
comunitarias – protección del consumidor y salud, medioambiente, comercio exterior,
innovación,…-y que todas ellas deben integrarse con lógica y coherencia, sin solapes
ni tensiones.
Segundo, que la Unión Europea no puede permitirse el lujo de los “dos raseros”: uno
para los europeos, otro para los productos importados. No se trata de romper el
principio de la no aplicación extraterritorial de la Ley, sino de construir sobre el
principio de reciprocidad a través de la revisión de los acuerdos comerciales con
nuestros socios del resto del mundo.
Tercero, que los principios del mercado interior (a saber las 4 libertades básicas)
siguen siendo plenamente vigentes, y que tanto la Comisión como los Estados
miembros deben velar por su cumplimiento a rajatabla.
Por supuesto que estos principios deben aplicarse teniendo en cuenta consideraciones
medioambientales, sociales, de protección al consumidor y otras inquietudes, pero no
hasta el punto de desvirtuarlos… tenemos que sobreponernos al “Derecho líquido”,
tan influyente últimamente.
Cuarto y último, y quizás más importante: que todo ello no hace sino restarnos
competitividad, autoinflingirnos costes y límites que en un mundo globalizado pueden
costarnos el futuro.
Si Europa no reacciona, quizás Goldman Sachs tenga razón y dejemos de disfrutas la posición
privilegiada que hemos mantenido durante tantos años.