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DISCURSO DEL DÍA DEL ABOGADO23-6-2012

Román J. Duque Corredor*

* Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

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BOLETÍN DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES N° 151 – ENERO-DICIEMBRE 2012Páginas: 5-12 ISSN: 0798-1457

Ciudadana Presidenta del Colegio de Abogados del Distrito Federal y demás miembros de la Junta Directiva, colegas, amigos.

Una vez más, en el día del abogado, en ésta hermosa y tradicional casona nos reunimos los abogados para dejar un testimonio de nuestra demanda o denuncia en buen derecho y de nuestro reclamo enérgico ante la situación de grave frustración y de mera apariencia de legalidad que vivimos en Venezuela.

Hemos estudiado para servir a la justicia, nos hemos formado para ser defensores de la ley, hemos aprendido derecho para tratar de enderezar entuertos de la sociedad, pero el momento que vivimos exige de nosotros un testimonio de vida y una actitud que no puede quedarse simplemente en la mera retórica o en declaraciones principistas que no guardan relación con la realidad.

El momento en que nos ha tocado vivir y ejercer nuestra profesión exige de nosotros entereza, valentía y la decisión de dar un paso al frente y hacer causa común con el Estado de Derecho y la justicia, que no pueden ser meras entelequias, sino razones de vida encarnadas en los jueces, en los fiscales,enlosabogados,enunapalabra,entodoslosqueformamospartedel sistema de justicia, como lo proclama la Constitución, en el artículo 253, incluidos los ciudadanos llamados a ejercer la función jurisdiccional, ahora excluidos por la reforma espuria del COPP, producto de un decreto-ley que ha puesto la libertad de los ciudadanos en manos del Poder Ejecutivo.

Portodoloexpresado,seimponereflexionarsobreelEstadodeDere-cho y sobre la Justicia en Venezuela, con el propósito de que estos valores cobren vida entre nosotros y sean en verdad percibidos e internalizados por los ciudadanos de a pie.

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DISCURSO DEL DÍA DEL ABOGADO, 23-6-2012

I. EL ESTADO DE DERECHO EN VENEZUELA ¿MITO O REALIDAD?

En Venezuela, leyes en mano y con la “Constitución mejor del mundo”, nos ufanamos de contar con un Estado de Derecho y de Justicia destinado a servir a los intereses del pueblo.

Latradiciónespañolanoshalegado,juntoamuchascosasbuenas,lafalsa creencia de que basta una ley, para que se resuelva un problema so-cial. Es el fetichismo de la ley. Cada gobierno, cada régimen, cada junta de vecinos, lo primero que se propone es redactar una ley, un reglamento, un estatuto o un instructivo que, por arte de magia, deberá resolver el asunto planteado. Esto ocurre ahora con el COPP, producto del decreto presiden-cial del 15 de junio de 2012, que se exhibe ahora como el instrumento que pondráfinalretardoprocesalyalaimpunidad.

Nuestros Libertadores se cuidaron de hacer leyes y códigos. Se pre-ocuparon primero por lograr la independencia y echar las bases de nuevas instituciones,aplicandodurantemásdecincuentaañoslasleyesespañolas.Nuestros primeros códigos se elaboraron en 1863 y los de efectiva vigencia añosmástarde.

Con razón decía Bolívar en 1819 que “Los Códigos, los sistemas, los estatutos,porsabiosqueseansonobrasmuertasquepocoinfluyensobrelas sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados, constituyen las repúblicas”.

Lamentablemente,Señores,somosunpaísenelque la ley importamuy poco, a pesar de que tenemos muchas leyes, siendo, sin duda, el des-precio a la ley consecuencia del exceso de éstas y de su alejamiento de la realidad.

Por ello, la ley o las normas se colocan en primer lugar, se jura sobre ellas, se compromete el honor y la palabra en su aplicación y luego se echan en el cesto de la basura o del olvido, hasta que una circunstancia política hace revivir un artículo o un parágrafo, copiado de una realidad que nada tiene que ver con la nuestra, para ser aplicado al enemigo de turno. Esto, sin duda ocurre con la legislación penal, instrumento por excelencia para aterrorizar, sembrar temor o mantener a raya o en el exilio forzado a los adversarios políticos, orientación del nuevoCOPP, que beneficia a lospresos comunes y se erige en instrumento de máxima represión para los disidentes,muchosdeellosahoradenominadosoficialmente“prófugos”

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ROMáN j. DUqUE CORREDOR

o “contumaces”, condición que los coloca al margen de la ley y bajo la figuraderenunciantesaderechosrenunciables,enfrancoatropelloa laCarta Magna.

La Constitución, es, en teoría, la Ley Fundamental, la ley que contiene el enunciado de todos nuestros derechos, la estructura del Estado, las reglas fundamentales de los Poderes Públicos y su independencia, en una palabra, los principios que sirven de base y sustento a la sociedad, a título de pacto que debe ser observado.

Pero ya un gobernante, en el pasado, dijo que era un librito amarillo queseviolabatodoslosdías,secambiabatodoslosañosyservíaparatodo,-por supuesto- menos para ser aplicado y observado, salvo para conservar el poder o para impedir su ejercicio.

Losderechosciudadanos,sudefinición,extensiónylímitesconstituyenuno de los aspectos básicos de la Constitución. El derecho a la vida es invio-lable, somos uno de los primeros países que abolió la pena de muerte, pero las ejecuciones, ajusticiamientos o pena de muerte de hecho, a cargo de loa “órganosdeinseguridaddelEstado”,estánalaordendeldía,bajolafigurade los enfrentamientos, de la fuga o de la resistencia a la autoridad.

La libertad es, también, la regla, es un derecho inviolable y solo un juezpuededecretarla, salvoelcasodeflagrancia,consagrandoel textoconstitucional el derecho a ser juzgados en libertad, salvo el peligro cierto y evidente de evadir la justicia. Pero, quienes sufren la “medida cautelar de privación de la libertad”, “presumiéndose su inocencia”, sin respetar ellapsodedosaños,yaexcesivo,porquela“gravedaddeloshechos”,el“peligro de fuga”, lo “complejo del asunto” o pretendida dilaciones debi-das al imputado o acusado que nunca pueden ser responsabilidad de éste, sinodelEstadoquetienelosmediosparaquelajusticiasemanifiesteconla debida celeridad, dejan en manos de un juez la aplicación de una pena anticipada, tienen constancia expresa de la inutilidad de una norma, a lo que se une, para hacer de una excepción la regla, una interpretación extensiva enmateriadeflagranciaquesehapropuestocuestionarlaesenciadelainmediatez de la institución y la apreciación de elementos que requieren de una valoración jurídica compleja, no meramente descriptivos ni apreciables porlossentidos,parajustificardetencionescarentesdetodofundamentojurídicoyquesolosirvendeamenazaqueexplicaojustificaladesconfianzaenelsistemadejusticia,quesolofuncionacomoeficazinstrumentodeamedrentamiento y de peligro inminente, no solo para el bien de la libertad,

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sino para la propia vida, en peligro cierto en los antros de reclusión que se denominan internados o establecimientos penitenciarios.

Pero, el mito más importante lo constituye creer que contamos con unpoderjudicialautónomoeindependientequeresolverálosconflictosoestablecerá la culpabilidad de acuerdo con la ley.

Venezuela tiene una deuda extremadamente grande con la justicia, que ha condicionado su pasado, coloca en el más serio peligro su presente y compromete gravemente su futuro.

Nuestros jueces carecen de autonomía y nunca la han tenido. Su desig-nación, promoción y permanencia está condicionada por factores políticos. Y lo más grave es que ello parece natural. Sobre ellos se cierne, permanen-temente, la amenaza de la suspensión o destitución; y los concursos no son más que un mero formalismo que solo garantiza un título precario sujeto apermanenteratificaciónsegúnseaapreciadoporsucomportamientoencasos que afectan intereses del poder.

Jueces honestos y probos que deciden de acuerdo a su conciencia y al derecho se juegan en cada decisión su cargo y su buen nombre. Los hay y merecen el reconocimiento colectivo, constituyendo auténticos actos he-roicos, en muchos casos, el simple cumplimiento del deber y el ejercicio de la función jurisdiccional conforme a lo que pauta la ley.

Este tiempo de crisis institucional y, en particular, de la justicia, nos reta en el presente y en el futuro.

La población cree en la ley y aspira a la justicia, como valores, aunque no tengan sustento en la realidad.

Una madre, cuyo hijo ha muerto a manos del hampa clama por la jus-ticia. Esa justicia no llegará. La impunidad es la regla y se extiende a más del noventa por ciento de los homicidios. Esta es la dura y cruda realidad. Y el más reciente ofrecimiento electorero del pago a las víctimas, poniéndole precio al dolor humano con la exigencia de la anotación en una lista que, sinduda,serviráaotrosfines,seconstituyeasíenunafórmulahumillanteque las victimiza de nuevo, sin que con esto quiere decir que no se debe indemnizar censurando solo la utilización política del sufrimiento ajeno que debió evitarse.

Ni los actos pomposos de una audiencia con jueces togados, ni las declaraciones formales de investigaciones exhaustivas, ni la detención de presuntos culpables, ni la más reciente reforma del COPP devolverá la confianzaenelsistemadejusticia.

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Solo cuando ésta se haga efectiva a través del funcionamiento cabal y eficientedelosórganosencargadosdelaaplicacióndelaley,solocuandose juzgue imparcialmente en breve tiempo y, en caso de condena, se cumpla una pena, respetando la dignidad del penado, estimulando o propiciando su rehabilitación y reinserción social, nos acercaremos al valor de la justicia que implica darle a cada quien lo que le corresponde.

La justicia debe dejar de ser un mito, para convertirse en una realidad. Y ello ocurrirá cuando el venezolano confíe en las instituciones en las que descansa cuando tenga efectivo acceso a los órganos que la administran, cuando sea oído, y cuando tenga una respuesta oportuna en el marco de unaleyquedejeserletramuertaparaconvertirseencompañeradevida.Mientras tanto, la justicia y el Estado de Derecho serán meras ilusiones, cuentos de camino, aspiraciones de viejos y nuevos profesores que, en la formalidad de una Academia, clamarán por su vigencia, distante de una realidadafincadaenelprovechoparticular,enelnegociodelmomento,enlacercaníadelpoder,enel“retirodigno”y,endefinitiva,enelacomodoquenos coloca al margen de los problemas que implica ser consecuentes con lo que se profesa, con lo que se cree y con los principios y valores que sirven de fundamento a una sociedad que debió dejar atrás la venganza privada y la ley del talión para hacer que las normas cobren vida, no solo en su letra, sino, fundamentalmente, en su verdadero sentido y voluntad que responde, endefinitiva,alafrancacreenciaenladignidaddelaspersonas.

Finalmente, en el incierto camino de nuestra justicia, ciega ,sorda y muda ante quienes claman por ella, solo nos queda recurrir ante las instan-ciasinternacionales,alosfinesdeobtenerelreconocimientodenuestrosderechos, sin que ello pueda ser interpretado, en forma alguna, como una acción contra la Patria, siendo así que el Estado venezolano ha asumido esos compromisos en el ámbito de la preservación de los derechos humanos, los cuales no tienen fronteras en un mundo globalizado, en este caso, en arasdereconocerqueseimponelamáseficazcooperacióninternacionalcuando están en juego bienes o valores que sirven de base a la comunidad de naciones. Sin embargo, debemos deplorar que decisiones de tribunales del sistema interamericano de los derechos humanos, como también ha ocurrido en regímenes autoritarios de otros países, simplemente hayan sido desacatadas por nuestro Máximo Tribunal, siendo así que son de obli-gatorio cumplimiento, no pudiendo invocarse normas internas, cuando se impone cumplir con lo pactado en el ámbito de protección de los derechos

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humanos, comprometidos como estamos a ello, a través de instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, prevalecen en el orden interno y responden a la salvaguarda de las bases éticas que constituyen el fundamento de la convivencia en la comunidad de las naciones.

II. EL ABOGADO ANTE LA JUSTICIA

Ante el cuadro descrito antes, se impone reaccionar y, de manera parti-cular, se hace necesario resaltar la tarea que tiene en sus manos el abogado, el hombre de leyes, el jurista, el operador del derecho.

No podemos permanecer impasibles ante la realidad que vivimos, no podemos permanecer impasibles ante la denegación de justicia, ante el ocultamiento de la verdad y ante las revelaciones –nada menos de quien fueraPresidentedelaSaladeCasaciónPenal-sobrelasmiseriaseltráficodeinfluenciasylaprevaricaciónqueenunmomentodadoparecenhaber-se apoderado de algunos representantes del sistema de administración de justicia, tendiendo un manto de sospecha sobre todos los jueces, siendo así –y hay que decirlo- que hay jueces probos, valientes y conocedores de su oficioyqueestándispuestosasacrificarinclusivesulibertadsiguiendoelejemplodeMaríadeLourdesAfiuni,enarasdelcumplimientodeldeber.

Elabogadodebeserfielasucompromisoconelderechoydebeestardispuesto en estos tiempos a correr riesgos y a asumir la responsabilidad por la defensa de las causas a las que presta su patrocinio, con la plena conciencia, inclusive, de que su labor puede exponerlo a la pérdida de su propia libertad, como ha ocurrido en el caso reciente del abogado José Amalio Graterol, quien en ejercicio del derecho a la defensa, que no puede dar lugar a delito alguno, se encuentra sometido a un proceso penal por pretendida obstrucción a la justicia con un régimen de presentación, grave advertencia para todos los abogados y muestra de la utilización de la justicia penal como instrumento para acallar las voces incómodas y críticas ante las violaciones al Estado de Derecho e incontrastable evidencia del atropello al ejercicio libre de nuestra profesión.

El panorama de la justicia que se presenta ante nosotros y al que he hecho referencia antes no debe sumirnos en el pesimismo o en el escepticismo.

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Ciertamente en Venezuela la justicia y el Estado de Derecho están en crisisyelloloreflejael75% de la población que expresa su falta total de confianzaenelPoderJudicial.Asimismolosabogadosqueestánprodu-ciendo nuestras universidades no responden a las exigencias del mundo en el que estamos viviendo requerido de transformaciones profundas y de un ajuste radical a principios éticos, ausentes del entorno social.

En las generaciones que se levantan hay censura y recriminación por el pasadoquehemossoportado;perohaytambiénesperanzayreafirmacióndelafeenunmañanadistinto.

De la pasividad, del canibalismo, del atropello brutal a nuestros dere-chos, tenemos que pasar al reclamo efectivo del cumplimiento de la ley y de los postulados del derecho y de la justicia y denunciar los privilegios, las discriminaciones, las complacencias y la prepotencia de quienes detentan precariamente el poder y en lugar de actuar como servidores públicos lo hacencomodueñosyseñoresdeloscargosconfiados.

Y en este nuevo mundo y en esta nueva perspectiva juega un papel importante el abogado, el hombre de leyes, el hombre del derecho, de lo recto, de lo justo.

Elnuevoabogadoparaestaépocadecambiostienequeafincarseenlos principios éticos universales que rigen su actuación y ajustarse a las exigencias del mundo moderno.

En este contexto, es otra la imagen del abogado que quiere rematar estasreflexionesconmotivodelacelebracióndesudía.Eslaimagendelhombre bueno y recto al servicio del derecho y de la justicia; es la imagen delhombredeleyesparadarluzenlosconflictossociales;eslaimagenaustera del profesional que se mueve en el mundo intrincado de la normativa jurídica para hacer que la ley se abra camino en la sociedad y rija, en verdad, los destinos del ciudadano. Es el profesional que de verdad hace su lema de vida el honeste vivere, neminen laedere, unicuique suum tribuere.

Son más que frases o citas célebres, síntesis de un programa de vida de quienes han hecho del derecho su vida y su profesión.

Vivir honestamente....hacerquelavidadiariadeunabogado,reflejesus convicciones como hombre de la ley, como hombre del derecho, como hombrejusto,conellibrodelasleyesalaalturadelcorazón,desempeñan-do dignamente la profesión escogida, sin prestarse a componendas, trapi-sondas o negociados y sin dejarse utilizar como instrumento en manos de operadores políticos o de caciques que pretenden manejar el poder judicial

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asuantojo,esconsignadeunverdaderoabogadoquedebereflejarensuvida privada el respeto a las normas y debe ser ejemplo de vida recta y de conducta vertical.

No dañar a nadie... o cuidar que, en su actuación profesional, el abogado se apegue siempre a las exigencias de la ética y al primum non nocere de los médicos como norma fundamental del ejercicio que imponga elmáximocuidadoennoperjudicarasupatrocinado,enserfielalclienteque le entrega su causa, es otro postulado de la actuación del abogado cuya regla de vida debe ser la seriedad de los compromisos asumidos y la correctautilizacióndelosrecursosdelderechopararesolverlosconflictosy no propiciarlos.

Dar a cada quien lo suyo y ser verdadero instrumento de la justicia es otra consigna del verdadero abogado, que debe estar consciente de su papelcomoservidordecausas justasycomocelosooficiantequedebeprocurar la correcta actuación de la ley, sin contribuir a que se desvirtúe su verdadero sentido y alcance.

Sonestaslasreflexionesquehaqueridoformularenestedíadelabo-gado, en este Ilustre Colegio que tiene el reto de estar en el frente de la lucha por el derecho, por la justicia y por reivindicar el papel y la misión del verdadero abogado, que no puede, simplemente, por temor o por mie-do, ocultarse y pasar agachado ante los atropellos al ejercicio profesional, esperando tiempos que no serán mejores si nosotros no luchamos por ello a brazo partido y con la clara conciencia de que cumplimos con un deber ysomosfielesaljuramentoquehicimosdedefenderlaConstituciónylasleyes.

Espropicia,finalmente,estaoportunidadpararecordarlafiguraseñe-ra de Cristóbal Mendoza, abogado y primer Presidente de Venezuela, en cuyamemoriasefijólafechadeestacelebración,recordandosunatalicioel día 23 de junio de 1772 y a quien Bolívar llamó “modelo de virtud y de labondadútil”ydequienPáezseñalóque“imponíarespetoporsusaberprobidad y severidad”.

Felicitaciones a todos los abogados que hoy son honrados y distinguidos con esta celebración.

A todos: ¡Ad multos annos!

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