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DISCURSO DE MANUEL DIEZ CABRAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL

DE LA EMPRESA PRIVADA (CONEP), EN EL ALMUERZO DE LA CÁMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

(25-6-2014) Señor Gustavo Tavares, Primer Vicepresidente, Miembros del Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio, Señores Pasados Presidentes y Miembros del Comité Ejecutivo del CONEP. Señores funcionarios, legisladores, miembros del cuerpo diplomático, empresarios, líderes sindicales, amigos de la Prensa, señoras y señores, amigos todos.

Quiero comenzar agradeciendo la gentil invitación que me dirigiera la CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA para compartir con ustedes en el día de hoy las posiciones del CONEP.

Ernest Hemingway el gran escritor y periodista norteamericano definió el coraje como “la virtud bajo presión”. El coraje ha sido admirado como una virtud desde tiempos inmemoriales por las grandes civilizaciones que han poblado la humanidad, desde los relatos de Homero en la Ilíada y la Odisea en la antigua Grecia, hasta nuestros tiempos en que los jóvenes utilizan las redes sociales para manifestar su inconformidad con el sistema actual. Para John FitzGerald Kennedy el coraje era una “virtud universal”, el cual describió en una obra escrita por él y ganadora de un premio Pulitzer llamada “Perfiles en Coraje”. En ella recoge la historia de nueve senadores que le precedieron representando al Estado de Massachusetts ante el Senado de los Estados Unidos. En este libro el entonces senador y luego Presidente de los Estados Unidos retrata la importancia del coraje para lograr importantes procesos de transformación que requieren las sociedades, y la vocación de los líderes que trascienden de sacrificar su popularidad inmediata y de coyuntura para dejar a sus comunidades o países grandes legados que les permitan colocarse en una posición cimera en la historia y ser recordados por todos los ciudadanos.

El año pasado en este mismo foro presentamos al país una propuesta de Pacto por el Empleo Formal integrado por 9 ejes de acción, todos coherentes con la visión y propósito de nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo. Esta propuesta de Pacto por el Empleo Formal implica grandes reformas estructurales que permitirán a la República Dominicana convertirse en una

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economía más desarrollada y competitiva, que genere prosperidad y bienestar para la mayoría de los dominicanos. Este Pacto se sustenta en nuestra visión de que la mejor política social que puede implementar un gobierno es la de crear condiciones para la generación de empleos formales privados. Es nuestra convicción generar una ética y cultura social del trabajo como valor fundamental. El trabajo formal privado, ya sea como emprendedor o como empleado, es el verdadero generador de libertad e independencia que permite a los hombres y mujeres sentar las bases de su propio proyecto de vida, sin la necesidad de mendigar detrás de un político un puesto en el Estado o una “ayuda” económica. Creemos que la mejor manera de combatir la pobreza es generando riquezas, y esta solo se genera de manera sostenible a través del emprendimiento y el empleo formal privado. Estamos convencidos que la formalización de la economía debe ser una meta fundamental de nuestro país y un compromiso de nuestros gobiernos, pues a través de esta cruzada podremos lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible, pues la economía informal no es transparente, no protege socialmente, ni contribuye con las finanzas públicas en la medida de sus ingresos. La economía informal es un inmenso hoyo negro espacial que atrae con fuerza magnética a su centro a todo cuanto puede, destruyendo valor tanto para el Estado, como para la economía privada, condenando a la oscuridad a aquellos que entran a ella y distorsionando las vías para aquellos que permanecen fuera. La informalidad reduce los ingresos públicos, pues quienes en ella operan no contribuyen directamente al Estado. Estas unidades productivas y personas no pagan Impuestos Sobre la Renta. Esto genera un círculo vicioso pues las rentas del Estado descansan fundamentalmente en impuestos indirectos, y hace que nuestro sistema parezca regresivo, aunque cuando se mira la carga que soportan los actores económicos que pagan, quedan evidenciados los altos gravámenes que deben soportar por sus operaciones. Cuando miramos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés) podemos observar que el 27% de los ingresos de esos Estados provienen de los impuestos que pagan las personas físicas, impuestos que en nuestro país apenas llegan a un 7%, pues de los casi 6 millones de dominicanos que forman parte de la Población Económicamente Activa, menos de 90,000 hacen declaración jurada de ingresos, esto es un 1.5%, por lo que resulta más que evidente que algo anda mal, si se compara esta cifra con la de aquellas personas que poseen certificados de depósito e inversiones.

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Pero lo más triste es que la informalidad también reduce a las condiciones de vida de los seres humanos, al no estar provistos de la garantía que representa la afiliación al Sistema de Seguridad Social, lo que pueden haber ganado en años se esfuma en días ante el trance de una enfermedad personal o de algún miembro de su familia o un accidente. La informalidad representa el 65% del sector privado. En los últimos 10 años por cada empleo formal se generaron 14 en la informalidad. En ese mismo período el 70% del empleo formal lo ha generado el Estado. En ese mismo período se ha destruido el 50% del empleo femenino. A la fecha el desempleo juvenil supera el 32%. Hoy existen más de 680 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, óigase bien, 680 mil jóvenes. El 80% de las MIPYMES en República Dominicana quiebran antes de cumplir los dos años. Hoy el trabajo doméstico y el motoconcho son las dos fuentes de empleos más dinámicas de la economía nacional.

Estas cifras son el resultado de un conjunto de decisiones tomadas por razones coyunturales, que han privilegiado por mucho tiempo las necesidades incesantes de un Estado voraz que ha aumentado sus gastos de forma exorbitante en la última década, y la postergación de un conjunto de medidas estructurales que nos permitan ajustar nuestra economía, también nuestra manera de vivir y hacer negocios y los cambios incesantes que de manera acelerada se han estado produciendo en la escena global. En vez de corregir las causas que han deteriorado la capacidad de las empresas y emprendedores para generar más empleos formales, nuestro Estado se ha concentrado en generar más empleos públicos y aumentar los programas de asistencia social y subsidios. Los tomadores de decisiones públicas han sido más agiles creando nuevos organismos Estatales que promoviendo cambios a las políticas públicas que rigen las áreas más sensibles de nuestra economía. Es por ello que aunque los esquemas comerciales han ido cambiando de forma agresiva, nuestras políticas sectoriales se han mantenido prácticamente estáticas desde la década de los 90´s. En el caso de la política fiscal, los constantes cambios se han generado no por los objetivos estratégicos de los sectores, sino por los constantes desbalances que se produjeron en los presupuestos públicos. La cantidad de reformas tributarias, los presupuestos complementarios a mitad de año, los montos de déficit públicos acumulados y el crecimiento exponencial del endeudamiento público son más que suficientes para demostrarlo.

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Por otro lado, nuestra política monetaria de los últimos años ha penalizado a los sectores productivos, concentrando el crédito en actividades de consumo. También nuestro mercado laboral se ha mantenido bajo reglas rígidas y desfasadas que generan duplicidad de costos a partir del inicio del Sistema Dominicano de Seguridad Social. No hemos definido una política industrial de mediano y largo plazo, y nuestro sistema educativo sigue operando bajo las mismas directrices de mediados del siglo pasado. Como hemos afirmado antes, a pesar de este panorama, es innegable que nuestro país ha avanzado y no reconocerlo sería un acto de ceguera. Lo que sucede es que no hemos avanzado al ritmo que exigen las circunstancias que nos fuerzan a medirnos de frente con nuestros competidores, y muchas de las decisiones que hemos tomado no han ido en el sentido correcto. Durante el pasado reciente las diferencias de visión respecto del modelo de desarrollo y las políticas sectoriales generaron fuertes contradicciones entre el gobierno y los gremios empresariales, lo que afectó de manera significativa los indispensables niveles de colaboración para las reformas. Sin embargo, la pasada campaña electoral sirvió para un reencuentro entre las principales fuerzas políticas y los sectores productivos, que permitió que los principales candidatos incorporaran a sus propuestas programáticas diversos elementos y aspiraciones de los actores económicos del país. Debemos reconocer que el actual gobierno, encabezado por el Presidente Danilo Medina, ha promovido el diálogo y la colaboración público-privada, lo que ha contribuido de manera significativa a elevar la confianza mutua y el trabajo común. En los últimos dos años, ha sido palpable que el gobierno ha colocado en su agenda los temas económicos de mayor importancia para los sectores productivos, habiendo enviado señales positivas en diversas áreas, lo que ha mejorado los niveles de optimismo respecto del futuro cercano de nuestro país. Muestra de ello ha sido el empeño del Presidente y las autoridades por hacer un manejo más prudente del presupuesto, evitando desbordar los topes presupuestarios y manteniendo el déficit dentro de los parámetros presupuestados. A esto se suman los programas y políticas de apoyo a las MIPYMES y a los emprendedores, las políticas de transparencia para la adjudicación de los permisos de importación, el fortalecimiento del Banco de Reservas, la asignación del 4% a la Educación Básica, el impulso y suscripción del Pacto por la Reforma del Sector Educativo establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, la creación de la Mesa de Seguimiento al 2do Congreso de la Industria Dominicana, la creación

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mediante decreto de la Comisión Tripartita para la revisión y actualización del Código de Trabajo, la ampliación a todo el territorio nacional de la Ley de Incentivos al Sector Turismo, y los aprestos para finalmente iniciar la discusión del Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico y luego el Pacto Fiscal, también dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, a pesar de este buen clima son muchos los retos y decisiones pendientes, y el tiempo apremia, pues esta gestión de gobierno se encamina a iniciar su penúltimo año de gestión, lo que implica que tenemos que avanzar con agilidad, pues pronto se intensificará el ambiente electoral, el cual en esta ocasión tiene como elemento adicional la escogencia conjunta del Presidente, los legisladores, alcaldes y regidores de todo el país, es decir de miles de cargos públicos. Como afirmé al inicio de estas palabras, el año pasado presentamos al país una Propuesta de Pacto por el Empleo Formal, integrado por 9 pilares, que constituyen en sí los fundamentos de un cambio de modelo económico y un cambio sustentable de las principales políticas públicas del país, a saber:

1. Una reforma del sistema educativo que lo haga coherente con las

necesidades de nuestro sistema productivo y los objetivos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

2. Una reforma laboral que flexibilice y modernice nuestra legislación, que reduzca los costos del empleo haciéndolo financiable para las empresas, especialmente para las MIPYMES, que promueva la formalidad, que aumente la población cubierta por la Seguridad Social y que cree las condiciones para mejorar los salarios de los trabajadores.

3. Una reforma eléctrica sobre la base de un pacto que cree las líneas de acción para resolver las ineficiencias y altos costos de producción y transmisión, y que establezca compromisos corto, mediano y largo plazo para lograr adecuados niveles de cobro del servicio y el establecimiento de una institucionalidad acorde con la realidad del sector.

4. La suscripción del Pacto Fiscal establecido en la Ley de Estrategia

Nacional de Desarrollo, que permita la ampliación de la población contribuyente, facilite el pago de impuestos, elimine impuestos distorsionantes (anticipos y rentas mínimas presuntas) desgrave el proceso productivo y permita reducir las altas tasas impositivas que existen en nuestro país, así como el establecimiento de reglas y controles de responsabilidad fiscal que se constituyan en los pilares

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de una nueva cultura de la transparencia en la gestión de las finanzas públicas.

5. El rediseño de las bases de nuestra política cambiaria, dejando atrás los modelos que penalizan a los sectores exportadores.

6. Una política crediticia orientada hacia la producción, que permita la dinamización de nuestro mercado de productos locales y el crecimiento económico sustentado en la producción, más que en el consumo.

7. Una estrategia de financiamiento de las exportaciones que

permita el acceso a recursos de bajo costo para los sectores generadores de divisas, esto permitiría el mejoramiento del saldo de nuestra balanza comercial, agregando mayores niveles de sostenibilidad a nuestro crecimiento económico; naturalmente sin fórmulas que impliquen la confiscación regulatoria de los fondos de pensiones de los trabajadores.

8. La transformación de nuestro servicio exterior para adaptarlo a las necesidades estratégicas de nuestra política comercial, eliminando botellas y posiciones clientelistas supernumerarias, y para que nuestras embajadas se conviertan en eficientes y capaces promotores de nuestros productos y servicios. La definición clara y meridana de los intereses nacionales y nuestra política exterior.

9. Mejorar los procedimientos y reducir costos para el inicio de nuevos negocios, especialmente de MIPYMES, así como establecer una nueva legislación de reestructuración mercantil y quiebra, para facilitar el cierre de negocios. Institucionalizar y dar sentido permanente a los programas de apoyo a las MIPYMES, especialmente en el ámbito de formación, capacitación y financiamiento, en particular aquellos con vocación exportadora.

Desde el año pasado, hemos estado trabajando activamente para promover la concreción de estos 9 pilares de reforma, los cuales se han convertido en la carta de ruta de nuestro accionar público. En este sentido, trabajamos intensamente en la organización, discusión y concreción del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, en el marco del cual formamos parte del Comité Técnico de Apoyo, órgano que tuvo a su cargo la rectoría metodológica de dicho acuerdo. A lo interno del sector empresarial trabajamos de la mano con Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), entidad especializada de nuestro

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sector en temas educativos, no sólo en la definición de las propuestas que llevaríamos a las mesas de trabajo, sino en la alineación estratégica de las organizaciones empresariales que participarían en los foros de discusión. Para nosotros la educación es más que una política social, es una inversión fundamental para el crecimiento y desarrollo económico, razón por la cual siempre ha sido parte integral de nuestra agenda institucional. Sabemos que por la forma en que se tomaron las decisiones, este Pacto no contempla todos los compromisos que entendíamos necesarios. Esto debe servirnos de experiencia ante la proximidad de la discusión del Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico. En adición, trabajamos y participamos en la reorganización y restablecimiento del clima de relación con la hermana República de Haití. Participamos en el Foro Empresarial Quisqueya constituido por iniciativa de los gobiernos de los dos países, en donde participaron los más importantes empresarios de República Dominicana y Haití. El CONEP fungió como coordinador del grupo dominicano y secretario ejecutivo. Como resultado de este diálogo fue creado el Consejo Económico Binacional Dominico-Haitiano y nuestro sector fue fundamental para la reactivación de las relaciones y el diálogo entre ambos países. En lo adelante estaremos trabajando intensamente para formalizar el comercio entre ambas naciones, así como elevar la transparencia, formalidad y facilidad de los intercambios comerciales en la frontera. El otro tema que ha ocupado una gran parte de nuestro tiempo y esfuerzos durante este año ha sido la necesaria reforma de nuestro Código de Trabajo. En mi discurso del 26 de junio del año pasado expliqué las razones por las cuales se hace impostergable una reforma laboral, especialmente los efectos perniciosos de la actual legislación respecto de la generación de empleos formales. El Sistema de Seguridad Social y las demás cargas que impone el Código elevan el costo laboral no salarial al 57%, sólo el primer año, llevándolo de manera progresiva con el paso del tiempo hasta un 222%. Esto hace imposible que sea financiable por la mayoría de las empresas de la República Dominicana, que son en un 92% microempresas, según confirman los datos del Estudio “Impacto de la Informalidad en la Economía Dominicana” realizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con los auspicios del CONEP. Ante la gravedad de esta situación y en línea con un compromiso de campaña reiterado en diversos foros, el Presidente de la República mediante el Decreto Presidencial 286-13, creó una comisión tripartita integrada por juristas y economistas seleccionados por el sector gubernamental, laboral y empresarial.

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Dentro de la parte considerativa de este importante Decreto el Presidente Medina explicó de forma meridiana las razones que justifican una reforma laboral. Me permito citar algunas de las fundamentales:

Los cambios jurídicos generados durante los últimos 20 años, entre los que resalta la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010.

La promulgación y puesta en marcha de la Ley de seguridad social No. 87-01, así como la suscripción de los tratados de libre comercio, que invitan a que se de inicio a un proceso de revisión consensuada de la normativa laboral vigente.

La marcada tendencia de la evolución económica hacia el aumento del

desempleo y la informalidad laboral, dejando fuera de la protección laboral a la gran mayoría de la población nacional.

La función inalienable del Estado de propiciar condiciones para garantizar el

acceso a la protección que brindan las leyes laborales y de seguridad social a segmentos cada vez más amplios de los trabajadores.

La creación de empleos formales es un requisito indispensable para generar

desarrollo económico integral, sostenible y equitativo, y es un punto de partida para el ejercicio pleno de la libertad.

A partir de esta decisión el CONEP lideró un amplio y participativo proceso de consultas y consensos a lo interno del sector empresarial para presentar a dicha Comisión nuestra propuesta de modificación del Código Laboral. En este proceso participaron las más de 50 asociaciones empresariales que constituyen el CONEP. ¿Cuáles son los objetivos procurados por nuestra propuesta de reforma?

La generación de estímulos positivos a la formalización de MIPYMES, especialmente micro y pequeñas empresas que constituyen el 90% del tejido empresarial dominicano, reduciendo las duplicidades y sobrecostos que hacen casi imposible que las mismas se formalicen o que causan su quiebra al tener que enfrentar demandas laborales.

Revertir los niveles actuales de informalidad (65% de los privados) que afectan gravemente el mercado laboral y ampliar la cantidad de ciudadanos con protección laboral y de seguridad social. El Código Laboral actual cubre a una minoría de entre un 15 y 20% de los trabajadores dominicanos.

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La creación de mayores y mejores oportunidades de inserción laboral para los jóvenes. El 50% de la población dominicana tiene menos de 25 años. El nivel de desempleo en este segmento es de más de un 32%, y de los pocos que están empleados más del 80% son informales. Existen más de 680 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, ni tienen experiencia para poder conseguir un puesto de trabajo, lo que se propone mitigar con la creación de un Programa Nacional de Pasantías Remuneradas.

Modernizar las disposiciones del Código para ponerlas a tono con los tiempos actuales, en los que es normal que muchos establecimientos como comercios, industrias, hoteles y restaurantes laboren de manera continua, incorporando las necesidades de jornadas flexibles que se adapten a las necesidades de cada sector e incorporando el uso de medios electrónicos para la agilización de los procesos. Esta flexibilidad también posibilitará la inserción de más mujeres al mercado laboral, pues la rigidez de las jornadas actuales actúan como muro de contención.

Reformar un procedimiento que ha demostrado en la práctica que no permite la conciliación de los casos, porque los abogados compran la mayoría de los casos y tienen un interés económico en alargarlos en el tiempo.

Algunos no entienden, o no han querido entender las dimensiones del actual problema de la informalidad y los perniciosos efectos sociales que genera, especialmente para los trabajadores. Con el 65% del empleo privado en la informalidad, significa que más de 2,300,000 dominicanos no están protegidos plenamente por el Código de Trabajo, ni por la seguridad social. Esto equivale a que no disfrutan de los siguientes derechos que están garantizados por la legislación nacional:

Salario mínimo, Pago de vacaciones. Permisos remunerados. Salario de Navidad. Participación en los beneficios sociales. Pago de horas extras. Condiciones de higiene y seguridad. Subsidios de maternidad y lactancia. Seguro de salud para el trabajador y su núcleo familiar. Seguro de riesgos laborales. Subsidios por discapacidad. Pensiones por discapacidad o retiro. Seguro de vida. Entre otros…

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Estos trabajadores son más pobres y más precarios que los formales, como queda demostrado en el Estudio “La Informalidad en el Mercado Laboral Urbano de la República Dominicana”, realizado por un equipo de expertos liderados por Rolando Guzmán y auspiciado por el Banco Central, el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y el Banco Mundial. Este estudio determinó que el ingreso de los trabajadores formales es considerablemente superior al de sus pares informales, pues mientras el ingreso promedio de un trabajador informal es apenas RD$ 8,000, el de los formales asciende a RD$14,000, lo que constituye una abismal diferencia de un 75%. La cifra más alarmante de este estudio lo constituye el hecho de que entre el 35 a 45% de los trabajadores informales (que son la mayoría de la economía) tienen ingresos por debajo del salario mínimo. Estas cifras dejan demostrado de forma abrumadora que la informalidad y la equidad e inclusión social y económica a la que muchos aspiramos no van de la mano. Esto es una bomba de tiempo social que amenaza las bases de nuestra democracia y la estabilidad institucional de nuestro país, y la solución no podemos postergarla. Sin embargo, lamentablemente muchos en vez de resaltar las bondades de los beneficios de un empleo formal, se han dado a la tarea durante años de únicamente despreciarlas, haciendo un flaco servicio a los trabajadores que muchas veces no tienen conciencia de que independientemente de lo que puedan ganar “chiripiando”, no tienen protección de la seguridad social y cualquier percance los dejará en total indefensión, pues lo que consiguen ¡Sólo “e pa’come”! Tomando estas realidades en cuenta ¿Cuáles fueron nuestras principales propuestas para la reforma?

1. Una Jornada laboral más flexible que se ajuste al modelo actual de la economía dominicana, donde hay más comercio, servicios y empresas de funcionamiento continuo. Comercio y servicios lideran la creación de empleos en el país, y requieren de un modelo que, respetando los topes establecidos por la OIT, permita el ajuste al tipo de actividad que desempeñan.

2. Resolver los graves problemas que impiden el desarrollo de un

procedimiento laboral justo y equilibrado.

Nuevo modelo de conciliación. Reducir conflictos.

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Mitigar desbalances y vacíos que provocan la compra de casos y los embargos abusivos.

Reducir las causas de cierre de las MIPYMES y el desbalance del clima de paz social.

El sistema actual permite que los abogados obstaculicen la agilización de los procesos y la búsqueda de la conciliación entre las partes, todo esto en perjuicio de los trabajadores, quienes la mayoría de las veces son desinteresados por sumas ínfimas siendo el beneficio económico de alargar el proceso de sus abogados.

3. Solucionar serios problemas de las cargas laborales y la doble cotización

que actualmente pesa sobre el sector empresarial, estableciendo topes en años y montos que protegen a más del 85% de la población trabajadora, es decir a los más vulnerables. La alta carga laboral impide el crecimiento de los salarios reales de la República Dominicana. Y es que la Ley No. 87-01 agregó una alta carga fija al costo del salario, razón por lo cual disponía la obligación de reestructurar la cesantía en 18 meses, lo que no fue cumplido. Este mandato fue reiterado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Desmontar estas dobles cotizaciones ayudará al crecimiento de los salarios y a la transparencia de los mismos, lo que mejorará la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social y de las futuras pensiones de los trabajadores.

4. La creación de un programa nacional de pasantías remuneradas que contribuya con la inserción de la gran cantidad de jóvenes desempleados, que por falta de experiencia no encuentra trabajo. Esto debe ser un compromiso de todos.

5. Todo esto respetando los derechos que han sido adquiridos por los trabajadores bajo la legislación actual, pero creando un esquema más sostenible a futuro.

Cuando se inició todo este debate hubo mucha confusión en la opinión pública que con el tiempo ha ido aclarándose. Esto sucedió así por la alta sensibilidad que envuelve el tratamiento de este tipo de temas vinculados a derechos sociales y económicos . Sin embargo, hemos logrado que la mayor parte de los líderes de opinión y muchos tomadores de decisiones comprendan el drama de nuestro mercado laboral, los niveles de desprotección existentes, la difícil situación de nuestros jóvenes y por ende, la urgente necesidad de reformar nuestro Código de Trabajo.

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Hemos impulsado este proceso de forma transparente y de cara al sol. Hemos estado en decenas de programas de radio y televisión, hemos celebrado y participado en almuerzos de los principales diarios y con líderes de opinión, nos hemos reunido con los grupos estudiantiles de las principales universidades, hemos participado en paneles y debates académicos, hemos visitado, intercambiado y consultado a los principales líderes políticos del país. Al mismo tiempo, hemos lanzado una campaña de socialización en los medios radiales y televisivos con mensajes que buscan explicar en la forma más llana posible a toda la población la necesidad y beneficios de una reforma laboral. Lo mismo lo hemos hecho por las redes sociales, lo que nos ha permitido conectarnos con miles y miles de dominicanos. Aún no descansamos, seguimos insistiendo en un tema fundamental como este por entender que impacta el desarrollo de la gente, de las empresas y por tanto, de nuestro país. Hoy parece existir consenso entre las voces más autorizadas del análisis económico sobre los perniciosos efectos de la informalidad y su impacto en los negocios y en la vida de las personas, así como de la importancia de la reforma laboral para elevar los niveles de formalidad de nuestra economía. Sobre esto han escrito economistas de la talla de la talla de Eduardo García Michel, Pedro Silverio, Andy Dahuajre, Jaime Aristy Escuder, Ernesto Selman, Fabricio Gómez Mazara, Pavel Isa Contreras, entre otros muy destacados. De igual forma, importantes juristas de la talla del Magistrado Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia por 14 años, Eduardo Jorge Prats, constitucionalista de primer orden y gran prestigio y Carlos Hernández, una de las nuevas estrellas del derecho laboral dominicano, han coincidido en la importancia de la reforma laboral pera mejorar la formalidad y ampliar la población cubiertos por los derechos laborales Por su parte la Comisión Presidencial, luego de meses intensos de discusiones, precedidos de un proceso de consulta pública que se extendió a las tres regiones del país y al Distrito Nacional, consultas sectoriales con los sindicatos y los gremios empresariales agrupados en el CONEP, así como la recepción de propuestas, elaboró un informe preliminar de avances que compartió con los sectores y puso a disposición del público en general. Cabe destacar que hasta la fecha no han habido acuerdos entre los sindicatos y el sector empresarial, lo cual debería producirse a partir del diálogo tripartito que está próximo a iniciar. De ahí debe salir un consenso que permita la introducción por el Presidente de la República de un proyecto de ley de modificación al Código de Trabajo con el respaldo del sector trabajador y empleador. Esperamos que dicho diálogo sea convocado a la brevedad, pues estamos convencidos de que ya las condiciones están dadas para esos fines. Estamos seguros de que nuestro país

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cuenta con un liderazgo maduro y responsable que sabrá tomar las decisiones más acertadas para superar los graves males derivados de la informalidad laboral. Antes finalizar, no puedo dejar de abordar un aspecto, y es el relativo al Pacto por la Reforma del Sector Eléctrico. En las próximas semanas el gobierno estará convocando mediante Decreto Presidencial al Consejo Económico y Social (CES), para la discusión de esta importante pieza. No es el momento para entrar en consideraciones de fondo sobre lo que deberá resultar del mismo, pero si entendemos oportuno señalar públicamente que resulta imperante sugerir al gobierno que elabore un decreto de convocatoria que evite las complicaciones operativas y metodológicas que en su momento atentaron contra el éxito del Pacto por la Reforma Educativa. Resulta también imperante evitar que aquellos que carecen de compromiso con la concertación social y la colaboración entre sectores, reivindicando discursos de confrontación y descalificación se sienten en la mesa de discusión a intentar obstruir y obstaculizar los acuerdos y consensos entre los sectores comprometidos con la solución de este grave problema que limita nuestro desarrollo y que constituye uno de los problemas fundamentales para la competitividad de nuestro país. Es mucho lo que nos queda por trabajar en los próximos meses para lograr la concreción de los 9 ejes del Pacto por el Empleo Formal que hemos reiterado en el día de hoy. Pero confiamos en que así como lo hemos hecho antes, podremos lograrlo gracias a un compromiso firme y un esfuerzo incansable de todo un equipo de hombres y mujeres comprometidos con los mejores intereses de nuestro país. Contamos con un CONEP más ágil, dinámico y proactivo, conectado con la agenda de cada uno de los sectores económicos, equilibrado y participativo en su toma decisiones. Moderno en términos de infraestructura, tecnología y recursos humanos. Conectado con la sociedad y con los diversos sectores del país. Con un equipo técnico del primer nivel. Quiero confesarles que siento un profundo honor por haber formado parte de esa experiencia masiva de contribución con mi sector, pero sobre todo de contribución con el país, con su democracia y con su desarrollo. Muchos son los retos que nos depara el futuro y dependerá de nosotros cuanto podamos avanzar. El mundo cambia aceleradamente y la suscripción del Acuerdo Transpacífico entre Estados Unidos y las 14 economías del sudeste asiático, excluyendo a China, pondrán una importante presión a nuestra política comercial y a nuestra economía en sentido general. Debemos tener confianza en nuestras capacidades y no tener miedo al cambio. Recordemos que la definición de locura más brillante y simple la hizo Albert Einstein cuando afirmó que “locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos”.

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Apelo nuevamente a una cita del Presidente Medina que utilicé en mi discurso anterior “La renovación del modelo de desarrollo se plantea como una necesidad impostergable. Si bien en el pasado reciente el crecimiento ha sido vigoroso, se observan síntomas de tendencias que podrían llevar a tensiones sociales o puramente económicas. El crecimiento económico se ha caracterizado por insuficiente creación de empleo formal y digno, pues los sectores más dinámicos generan poco empleo. Cada año de auge económico registra un incremento significativo del déficit comercial, nuestras exportaciones han venido perdiendo presencia en los mercados internacionales y nuestra posición competitiva en los “ranking” internacionales no se corresponde con nuestro nivel de ingreso promedio....Todo esto señala que es necesario un cambio. Un cambio que mejore el ambiente para hacer negocios, orientado a la generación de mayores niveles de valor agregado.”.

Señoras y señores, quiero cerrar esta participación renovando los votos que ya antes he presentado ante este magno escenario:

“Hoy nos convoca el reto de sentarnos a construir el país que queremos. Es necesario

aprovechar ese deseo de cambio expresado ampliamente por la población en el certamen

electoral pasado y hacer las transformaciones que requerimos. Aprovechemos el

ambiente de confianza y armonía que nos ofrece la esperanza...Hoy, tendemos la mano

amiga del sector empresarial al gobierno...para que juntos rompamos la inercia y

hagamos, nosotros también, lo que nunca se ha hecho para lograr una República

Dominicana más prospera, como lo reclaman los diez millones de dominicanos, que a lo

único que aspiran es a una vida digna. Dejemos de cogerle prestado a las generaciones

futuras para pagar la actualidad y reinventemos nuestro país. Rompamos la inercia...”

¡Muchas gracias!