diagnóstico 2008 de energías sostenibles en ecuador. · secundaria de energía (pse) se basa en...

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1 Proyecto “Puentes de Energía. Energías sostenibles para la reducción de la pobreza” Alianza del Clima (Klimabüendnis) -Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) Diagnóstico 2008 de Energías Sostenibles en Ecuador. Por: Víctor López A. MSc. 1 Coordinador Ecuador - Proyecto “Energy Bridges” Quito, 21 abril del 2009 Antecedentes La relación entre desarrollo, energía y entorno plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad en un mundo interdependiente y globalizado, en el cual las soluciones de primera mano se encuentran en los escenarios locales de gestión energética, tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. El Cambio Climático es un fenómeno que desafía a todos los modelos estadísticos de predicción global, a las estrategias nacionales de mitigación planteadas para la reducción de emisiones contaminantes, así como también a las estrategias locales de adaptación para reducir la vulnerabilidad asociada a los efectos del calentamiento global y cambios en el clima. Las más recientes alternativas formuladas para enfrentar las amenazas del CC en todas las escalas, consideran junto con la reducción de las presiones antrópicas sobre el sistema del clima, la impostergable necesidad de cuidar las áreas de mayor riqueza natural, que son a la vez de la mayor pobreza estructural, como se evidencia en el bosque tropical amazónico. El Proyecto Puentes de energía: Energía sustentable para la reducción de la pobreza (“Energy Bridges”) es impulsado por la Alianza del Clima Internacional, una red de 1.300 municipios europeos de 15 países y 50 millones de habitantes, cuyo propósito final es alcanzar la reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en las jurisdicciones de sus municipios miembros, al 10% cada 5 años, a más de apoyar a organizaciones indígenas y locales en áreas de explotación de hidrocarburos. Por medio de este proyecto la Alianza del Clima inicia el tratamiento de nuevos temas en el combate al Cambio Climático, referidos a la situación de las energías renovables y su aporte a la reducción de la pobreza. “Energy Bridges” busca que el ciudadano que vive en las municipalidades de la Alianza del Clima, comprenda y actúe en consistencia sobre la situación actual de las energías renovables, alternativas y/o biocombustibles en los países y subregiones donde se realiza la explotación de hidrocarburos, particularmente en la Amazonía andina (Ecuador, Perú y Bolivia). En Ecuador, el Frente de Defensa de la Amazonía viene desarrollando un proceso emblemático de justicia ambiental y social, al impulsar desde 1994 el juicio contra Texaco-Chevron por contaminar 1 Antropólogo PUCE-Q. Catedrático de FLACSO Sede Ecuador en Estudios Socioambientales y Gobernanza Energética. Funcionario de EcoCiencia y Becario del Programa EFN Russel Train-WWF para el Programa de Doctorado en Desarrollo Sustentable de la U. Bolivariana-Chile 2007-2009.

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Proyecto

“Puentes de Energía. Energías sostenibles para la reducción de la pobreza”

Alianza del Clima (Klimabüendnis) -Frente de Defensa de la Amazonía (FDA)

Diagnóstico 2008 de Energías Sostenibles en Ecuador.

Por: Víctor López A. MSc.1

Coordinador Ecuador - Proyecto “Energy Bridges” Quito, 21 abril del 2009

Antecedentes

La relación entre desarrollo, energía y entorno plantea nuevos desafíos para la sostenibilidad en

un mundo interdependiente y globalizado, en el cual las soluciones de primera mano se

encuentran en los escenarios locales de gestión energética, tanto en los países en desarrollo

como en los industrializados. El Cambio Climático es un fenómeno que desafía a todos los

modelos estadísticos de predicción global, a las estrategias nacionales de mitigación planteadas

para la reducción de emisiones contaminantes, así como también a las estrategias locales de

adaptación para reducir la vulnerabilidad asociada a los efectos del calentamiento global y

cambios en el clima. Las más recientes alternativas formuladas para enfrentar las amenazas del

CC en todas las escalas, consideran junto con la reducción de las presiones antrópicas sobre el

sistema del clima, la impostergable necesidad de cuidar las áreas de mayor riqueza natural, que

son a la vez de la mayor pobreza estructural, como se evidencia en el bosque tropical amazónico.

El Proyecto Puentes de energía: Energía sustentable para la reducción de la pobreza (“Energy

Bridges”) es impulsado por la Alianza del Clima Internacional, una red de 1.300 municipios

europeos de 15 países y 50 millones de habitantes, cuyo propósito final es alcanzar la reducción

de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en las jurisdicciones de sus municipios miembros,

al 10% cada 5 años, a más de apoyar a organizaciones indígenas y locales en áreas de explotación

de hidrocarburos. Por medio de este proyecto la Alianza del Clima inicia el tratamiento de nuevos

temas en el combate al Cambio Climático, referidos a la situación de las energías renovables y su

aporte a la reducción de la pobreza. “Energy Bridges” busca que el ciudadano que vive en las

municipalidades de la Alianza del Clima, comprenda y actúe en consistencia sobre la situación

actual de las energías renovables, alternativas y/o biocombustibles en los países y subregiones

donde se realiza la explotación de hidrocarburos, particularmente en la Amazonía andina

(Ecuador, Perú y Bolivia).

En Ecuador, el Frente de Defensa de la Amazonía viene desarrollando un proceso emblemático de

justicia ambiental y social, al impulsar desde 1994 el juicio contra Texaco-Chevron por contaminar

1 Antropólogo PUCE-Q. Catedrático de FLACSO Sede Ecuador en Estudios Socioambientales y Gobernanza Energética.

Funcionario de EcoCiencia y Becario del Programa EFN Russel Train-WWF para el Programa de Doctorado en Desarrollo

Sustentable de la U. Bolivariana-Chile 2007-2009.

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la subregión nororiental amazónica con la explotación de crudo amazónico (1964-92) en el actual

Distrito Amazónico (operado desde 1992 por la estatal Petroecuador). Para la ejecución del

Proyecto “Energy Bridges” en la Amazonía del Ecuador, FDA es la contraparte de Alianza del Clima

Internacional y las organizaciones proponentes a la Unión Europea. FDA trabaja en procesos de

justicia ambiental con el apoyo de la organización luxemburguesa ASTM (Acción Solidaridad

Tercer Mundo), una de las organizaciones proponentes del proyecto “Energy Bridges”.

Introducción

Cuando se habla de sostenibilidad, normalmente dirigimos nuestra atención a aspectos

ambientales, económicos, sociales o del desarrollo que anhelamos para asegurar el bienestar

presente y de las futuras generaciones. Pero, en pocas ocasiones consideramos que es la energía

el factor del que depende el funcionamiento de todo sistema natural o artificial y que su provisión

y/o gestión es una prioridad impostergable e intransferible, inmediata a la vez que perenne,

individual y colectiva, de conservación ambiental tanto como de desarrollo socioeconómico,

política a la vez que operativa. El sector energético ecuatoriano se encuentra en “un punto de

transición”, como lo afirma el Ministro de Electricidad y Energías Renovables, ya que a pesar de

todos los avances en los preceptos constitucionales sobre gestión y “sustentabilidad” en materia

energética, nuestro sistema de oferta y demanda de energía actualmente no es sostenible, siendo

todavía incipiente la consolidación de las energías renovables en la matriz energética nacional.

Además, con la nueva Constitución 2008 se prevé un cambio paradigmático en la gestión

energética y prestación de servicios públicos, para lo que el país trabajará en la elaboración de un

Ley de empresas públicas. Esta constatación inicial nos conduce a una serie de cuestionamientos

centrales, en relación al diagnóstico de las energías sostenibles en Ecuador, los que orientaron el

levantamiento y análisis de la información presentada en este estudio:

o ¿Qué son y cuál es la situación de las energías sostenibles en el Ecuador?

o ¿Cómo medir la sostenibilidad en el sector energético ecuatoriano?

o ¿Los beneficios de una energía limpia –con menor intensidad de carbono- compensan las

implicaciones del cambio de uso de suelo en la composición de las emisiones de gases de

efecto invernadero en Ecuador?

o ¿Qué elementos de la política energética se asocian a la sostenibilidad ambiental, social o

económica en el país y sus regiones o localidades?

o ¿Cuál es la perspectiva de las energías sostenibles en Ecuador?

o ¿Representan los biocombustibles una opción de sostenibilidad energética para el país;

bajo qué condiciones?

o ¿Qué representa la importación de derivados de petróleo para la atención de una

demanda de energía creciente (no sostenible), superior a las tasas nacionales de

crecimiento económico y poblacional?

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o ¿Pueden las energías renovables aportar de manera significativa al cambio de una matriz

energética dependiente de combustibles fósiles para la oferta total de energía en el

Ecuador contemporáneo?

o ¿Cuáles son las fuentes renovables y las tecnologías limpias con mayor potencial para la

gestión energética del Ecuador del futuro?

Podemos afirmar que bajo las condiciones actuales, el sector energético ecuatoriano no garantiza

autosuficiencia para satisfacer una demanda que crece cada año, ni asegura sostenibilidad en

términos económicos, ambientales o sociales. Este contrasentido -para un país que se define

como “petrolero”- puede explicarse si se considera que la explotación del crudo amazónico se

hace en función de la demanda externa y del sistema internacional de precios, subvalorándolo

como una materia prima más (commodity energético). Aún peor, después de cuatro décadas de

exportación de crudo, el país todavía importa derivados de petróleo para mejorar una producción

nacional de combustibles de mala calidad y abastecer a un mercado de combustibles subsidiados

por el Estado. Esto ha significado para el país un gasto equivalente a la mitad de la deuda externa

en derivados y subsidios durante la última década, a más de los millones de toneladas de CO2

emitidas al ambiente, y la falta de incentivos para un consumo sostenible, por los bajos precios.

El Estado ha implementado políticas sociales para promover el acceso, la redistribución y la

eficiencia en el uso de la energía, a través de una serie de subsidios programados para el consumo

de combustibles fósiles (energías no renovables), asumiendo una metodología de medición de la

pobreza en la que el consumo de energía es uno de los indicadores básicos. Pero, para la

generación de energía a partir de fuentes renovables los incentivos lucen poco consistentes, sin

que tampoco haya claridad sobre la pertinencia o las implicaciones de cualquier tipo de subsidios

para las energías sostenibles. Algunos sectores se oponen a cualquier subsidio en la potencial

producción de biocombustibles, mientras que para otros asociados a la producción de materia

prima, consideran necesario asegurar cultivos con fines energéticos a través de un sistema

predefinido de precios. Esta falta de precisiones puede estar asociada al hecho de que los

instrumentos oficiales que promueven la diversificación energética y el uso de tecnologías

limpias, son tan recientes y no han entrado en fase de implementación, lo cual se evidencia en

una matriz energética con una participación marginal de las energías renovables para la oferta

total de energía (OTE).

Por otra parte, si el crecimiento del consumo total de energía supera al crecimiento económico y

poblacional ecuatoriano, representa el mayor desafío para una gestión energética orientada a la

diversificación de las fuentes de generación, el mejoramiento de la energía específica de los

combustibles, el consumo sostenible y la reducción o mitigación de impactos ambientales con

tecnologías limpias. Desde una perspectiva operativa, mientras no se trabaje por consolidar

normativa, institucionalidad e infraestructura para la generación, transmisión o consumo de

energías renovables, el sector energético no podrá superar sus condiciones actuales, a pesar del

gran potencial que el país tiene en fuentes renovables no combustibles (hidroelectricidad,

geotérmicas, solar y eólica) y renovables combustibles (biomasa, biocombustibles líquidos y gas

natural). En este ámbito, el aporte de iniciativas privadas, universidades, organizaciones sociales y

ONG, con el apoyo de la cooperación al desarrollo, vienen trabajando en la investigación, diseño e

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implementación de sistemas energéticos en base a fuentes renovables zonas rurales de todo el

país.

El presente Diagnóstico sobre la situación de las energías sostenibles en el Ecuador, inicia con una

serie de definiciones básicas sobre los temas que aborda el análisis, para seguir con la descripción

detallada del marco constitucional, normativo, institucional y de políticas públicas referidas a la

eficiencia energética y las energías renovables, así como a las estrategias frente al Cambio

Climático que se desarrollan en el país. Especial atención merece el análisis del nuevo régimen de

planificación nacional del desarrollo y la redefinición del marco institucional y políticas

energéticas bajo la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08), como desafíos para

asegurar sostenibilidad en la gestión energética en el país.

Continúa el Diagnóstico con un análisis de la Eficiencia Energética, en el cual la problemática del

Cambio Climático y las medidas de mitigación y adaptación propuestas para el país, se entienden

mejor si se considera la composición de la emisión de gases de efecto invernadero en América

Latina y El Caribe (ALC) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y su relación con la intensidad

de carbono en la energía y el cambio del uso del suelo como factores de fondo. El diagnóstico

concluye con un análisis detallado de cada uno de los subsectores o fuentes generación de

Energías Renovables en el país. Además, en la medida de lo posible, avanzamos en el diagnóstico

a la situación de las energías sustentables en la región amazónica ecuatoriana (RAE). Acompaña al

estudio, una serie de gráficos e imágenes referidos a temas relevantes para el análisis.

1. Definiciones básicas: energía, sostenibilidad y seguridad humana

La producción primaria de energía (PPE), siguiendo preceptos de la energética ecológica, es la

que corresponde al aprovechamiento por procesos naturales de la energía solar para la

producción de biomasa (generada por fotosíntesis) o geotermal para el sostenimiento de

procesos y funciones ecosistémicas en lugares a los que no alcanza la primera. Además, la PPE

cumple una función crucial para la regulación térmica que permite el mantenimiento de los

procesos, funciones, servicios y productos que aseguran la vida en el planeta. La producción

secundaria de energía (PSE) se basa en el aprovechamiento de la biomasa en grandes

concentraciones, tanto por poblaciones animales como humanas, que dependen para su

supervivencia y desarrollo de la biomasa (Odum y Sarmiento, 2000).

Lotka en 1911 fue el primero en establecer la diferencia entre el uso endosomático de la energía,

al aprovecharla para la alimentación de individuos o poblaciones, del uso exosomático de la

energía, por ejemplo como combustible para cocinar (en Martínez-Alier, 2007; 35). Este tipo de

uso incluye cualquier aprovechamiento con fines civiles o de desarrollo, pero también los fines

militares o de defensa. Desde la energética ecológica, el uso exosomático puede ser visto como

conversión energética, que está asociada al potenciamiento de la producción neta de energía, sea

a través de la agricultura (que incluye el uso endosomático), sea por el desarrollo de tecnologías

para incrementar la energía específica de los combustibles (Odum, op. cit; Kruger, 2006; Byrne et.

al., 2007). Desde una perspectiva económica del sector energético, se establece un balance entre

la producción de energías primarias frente a las energías secundarias, donde éstas son el

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resultado del uso de fuentes primarias, que por medio de un proceso de conversión energética se

dirigen al consumo final de energéticos y no energéticos (OLADE, 2007; MMP 2008).

Las energías sostenibles (sustainable energy) pueden ser definidas, como lo sugiere un estudio del

Banco Interamericano de Desarrollo (IADB, 2006), a partir de la articulación de dos factores clave:

el primero, la Eficiencia Energética (EE), que se comprende a toda fuente de energía, desde la

generación hasta su uso final; el segundo, las Energías Renovables (ER) que son aquellas que se

reponen continuamente por procesos naturales, a través de diferentes fuentes: solar, que incluye

la biomasa, energía eólica e hídrica (y de las olas marinas), y la energía no solar, como la energía

de las mareas (de influencia lunar) y la energía geotermal (Boyle, Everett & Ramage, 2004; 23-ss).

Asociado a la EE se encuentra el análisis de la Intensidad Energética (IE), que expresa la relación

entre el consumo de energía por unidad del producto interno bruto (PIB) y la intensidad de

carbono de la energía, aspecto que para la región latinoamericana y para el Ecuador, en

particular, representa un enorme desafío (de la Torre et al.; 2009, 27).

Un criterio común para la definición de las energías renovables (ER) es contrastarlas frente a las

Energías No Renovables (ENR), que son combustibles fósiles que no se producen o reponen por

ningún medio, por lo que su consumo agota el stock natural y provoca afectaciones ambientales,

entre otras, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La evolución energética se divide

en dos momentos: “Hasta la revolución industrial, las técnicas energéticas se enfocaban

generalmente en la conversión de biomasa en carbohidratos para dar energía al trabajo humano y

animal….Los combustibles hidrocarburados que impulsaron la revolución industrial son el

resultado de la captura de energía en la forma de material vegetal fosilizado del periodo

carbonífero de la era paleozoica” (Byrne et. al., 2007; viii).

Para la clasificación de las ER se han ensayado diferentes tipologías, unas según las fuentes

(renovables o alternativas) de energía y otras según las tecnologías (limpias o adecuadas) de

aprovechamiento. En los inventarios de proyectos de ER con potencial instalable, se detalla la

fuente y el tipo de tecnología a emplear: biomasa a través de vapor o combustión; hídrica por

embalse o agua corriente; solar por uso directo o sistemas fotovoltaicos, etc. Entre las fuentes

renovables de energía, el BID señala que es preciso distinguir a las Renovables No Combustibles,

como son la hidráulica y la hidroelectricidad, la energía geotermal, eólica y fotovoltaica (IDB; op.

cit). Esto nos lleva a considerar que la biomasa o biomateria comprende asimismo, otras fuentes

de Energías Renovables Combustibles como son los sólidos, leña o bagazo, que por capturar CO2

en su producción son renovables a pesar de la emisión de GEI en su combustión; los

biocombustibles líquidos, que a pesar de las afectaciones a la producción alimentaria y un balance

energético inicial negativo, reportan mejoras continuas en la producción neta de energía con

cultivos no comestibles y en la energía específica con los biocombustibles de 2º a 4º generación; y

el biogás que comprende para el sector oficial al gas natural, así como al gas metano por la

descomposición de residuos orgánicos. No hay consenso sobre si la energía nuclear es o no ER.

Un aspecto fundamental de estas tecnologías es que evidencian, en su respectivo nivel, un mismo

objetivo central, para remplazar el uso de fuentes contaminantes o de alto costo económico, en la

atención de una creciente demanda de energía, superior al crecimiento económico y poblacional.

El desarrollo de tecnologías limpias y el consumo de ER se promueven por diversas políticas

sociales o privadas, y se define por procesos de mercado, lo mismo que con las fuentes no

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renovables. Asimismo, los aprovechamientos en base a fuentes renovables de energía, como

cualquier otra actividad humana, generan impactos ambientales, los que pueden ser verificados,

mitigados y remediados con estudios y planes de manejo ambiental para las energías sostenibles

(Boyle, et. al; op cit).

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), entre sus principios para

políticas efectivas, establece los tres principales propósitos o desafíos que deben enfrentar las

ER:

a) Detener al Cambio Climático

b) Detener la degradación del ambiente

c) Seguridad energética

Este planteamiento nos recuerda de alguna manera el “Trilema” que Yoda planteó en 1995,

sobre los tres mayores problemas que amenazan la supervivencia del planeta y que anticipan la

crisis por venir, debido a interferencias entre el Desarrollo económico – el Ambiente – los

Recursos, Energía y Alimentos (citado en Kruger, 2006; 14). Cabe decir que una constante en el

desarrollo de la humanidad es la búsqueda de “energía abundante”, frente a lo cual Kruger

identifica tres axiomas fundamentales:

1. A una tasa de crecimiento poblacional dada, el consumo total de energía crecerá a una tasa mayor

2. Los objetivos fundamentales de la humanidad incluyen el deseo de una energía abundante y un ambiente sano y seguro

3. El desarrollo energético pasado y futuro de la humanidad sigue una vía irreversible y de un solo sentido: incrementar la energía específica de los combustibles, pasando de la energía solar y geotermal, a la leña, carbón, petróleo, gas natural e hidrógeno (químico), hasta llegar a la fisión nuclear, que provee una opción de combustible con 1 millón de veces energía específica más grande que la de la energía solar (Ibíd., p. 8).

Sin embargo, se evidencia en términos globales que el crecimiento poblacional futuro tiende a

desacelerarse, por lo cual este autor sugiere un cuestionamiento central: la búsqueda de una

tecnología para combustibles con mejor energía específica, debería también desacelerarse? Esta

reflexión, aunque adecuada en términos filosóficos, no considera que la distribución actual de la

energía en el planeta se concentra en ciertos lugares por sobre otros –en función de la

concentración poblacional- por lo cual antes de preguntarnos sobre las condiciones futuras,

deberíamos retratar la situación de la distribución y acceso a la energía en el mundo de hoy. Al

respecto, Martinez-Alier (op. cit, 47) identifica una condición planetaria con implicaciones sociales

y ambientales, en la que se verifican dificultades para conseguir alimentos y/o la energía para

prepararlos, situación a la que define como “pobreza energética” (energy poverty). Por su parte,

la concentración de flujos energéticos en los países ricos y en las regiones metropolitanas de los

países en desarrollo para atender una demanda siempre creciente de combustibles fósiles, es lo

que ha provocado o acelerado el calentamiento global y cambio climático (CC), cuyos efectos se

hacen evidentes siempre a nivel local y que incrementan así la vulnerabilidad de sus poblaciones y

de los ecosistemas, incluidos los bienes y servicios ambientales (agua, paisaje, aire puro, etc).

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Frente al CC se escucha decir que las medidas de mitigación que el Ecuador diseñe e implemente

poco aportarían a revertir esta situación a nivel global, aunque a nivel metropolitano es urgente

que así sea, mientras que a nivel rural el cambio del uso del suelo es un factor a dimensionar

adecuadamente y tomar medidas efectivas. Sobre la adaptación al CC se escuchan variantes de un

mismo tema: puesto que es un hecho el CC, lo que nos queda es adaptarnos a los efectos del

calentamiento global y los cambios en el clima, solución que no deja de parecernos una salida

forzada, que por lo demás se hace desde una perspectiva utilitarista de seguridad hídrica u otra

conservacionista para la protección de áreas de interés para la conservación, por sobre una

perspectiva urgente de seguridad humana y vulnerabilidad mutua, como la que venimos

proponiendo hace algunos años (López A. 2008a). Por otro lado, las emisiones sin

“arrepentimiento” de GEI por los países en vías de desarrollo, están visualizadas desde una

perspectiva de carbono en la energía por el Tratado de Kioto, pero quedan pendiente el tema de

la emisión de GEI por cambio de uso de suelo, que concentra cerca de las 2/3 partes de las

emisiones totales en América Latina y Ecuador.

El nivel actual de energía específica contenida en los biocombustibles de 1º generación

representa para el caso del bioetanol, el 68% de la energía contenida en la gasolina y para el caso

del biodiesel, el 86% de la energía del diesel fósil, pero a diferencia del carbono que se libera con

la quema de combustibles fósiles, el carbono liberado por los biocombustibles proviene de la

atmósfera, cuando en la temporada de cultivo fuera capturado por las plantas (Bourne, 2007; 41).

La relación entre una unidad de combustible fósil usado para la producción de biocombustibles

(balance energético), es poco eficiente para la destilación a partir de cultivos alimentarios, como

para el caso del bioetanol a partir de maíz (1,3), para el bioetanol a partir de la caña de azúcar (8)

y para el biodiesel a partir de soya, palma o canola (2,5), pero la reducción de emisiones frente a

los combustibles fósiles es significativa: 22, 56 y 68 por ciento, respectivamente (Ibíd.).

En cambio, si la producción se hace a partir de otras especies no comestibles como la Jatropha sp.

(piñón), que es una especie endémica ecuatoriana, se abren oportunidades para la diversificación

energética frente al agotamiento de las reservas de crudo y para la diversificación económica

frente a la crisis del agro y las afectaciones por el vertiginoso cambio en el sistema del clima. En

nuestro país además, la energía sostenible a partir de fuentes renovables –especialmente hídrica-

representa una opción estratégica para resolver la falta de autosuficiencia energética. Así, frente

a las “interferencias” entre desarrollo-ambiente -energía/alimentos (trilema de Yoda), el Estado

ecuatoriano ha visto la necesidad de diseñar una serie de instrumentos normativos y de política

pública en la última década, pero es con el actual régimen y su compromiso por impulsar las

transformaciones que el país necesita en el orden político, económico y obviamente en lo

energético, que se evidencian acciones operativas en torno a las energías sostenibles, solo a partir

del 2007.

Desde el nuevo marco constitucional, hasta la reforma de la institucionalidad energética y la

implementación de mega proyectos a partir de fuentes renovables, se evidencia una nueva

perspectiva para las energías sostenibles, anclada en la planificación nacional del desarrollo,

donde el Estado es el responsable de la gestión técnica de las políticas energéticas. La

constatación hecha por Mumford en 1934, sobre que la transformación de los sistemas de

energía y economía es coincidente, no sucesiva (citado en Byrne, et. al., 2007; viii), parece que se

8

verifica en el Ecuador contemporáneo. Estas transformaciones buscan incidir en la matriz

energética con el uso de fuentes renovables, aprovechando el enorme potencial hídrico del

Ecuador y su enorme biodiversidad, para mejorar la calidad ambiental local, pero también para la

diversificación de la economía ecuatoriana y revertir la postergación del sector agrícola. Además

se evidencia que antes de estas políticas de Estado, varias iniciativas privadas buscaban reducir la

elevada incidencia de la pobreza en el medio rural, mediante la promoción de cultivos energéticos

(biocombustibles), que permitan crear y diversificar el empleo en el medio rural y mejorar así el

ingreso agrícola, experiencias que incidieron –al parecer- en el actual orden de cosas.

La diversificación del consumo energético para alcanzar un consumo responsable -teóricamente

sostenible- entre la ciudadanía, sector público y empresas, es algo sobre lo que se ha venido

trabajando a gran escala, bajo un esquema de subsidio programado por el Estado (para

reemplazar bombillas incandescentes por unidades de bajo consumo y otras medidas de

eficiencia energética) pero se verá con el tiempo si fuera del esquema se mantiene el consumo

sostenible. Finalmente, para el mejoramiento de la intensidad energética en el país se observan

pocos adelantos e inclusive se podría decir, contrasentidos y retrocesos en la gestión energética,

según se desprende del análisis.

2. El nuevo Marco constitucional e Institucional para las energías sostenibles en Ecuador

Ecuador es un país unitario con un Estado constitucional de derechos y justicia social, con más de

14 millones de habitantes, un PIB per capita de US $ 3.270 a 2007 y una economía que se

caracteriza por su esquema monetario dolarizado desde 2000, además de su bajo crecimiento en

la productividad, como lo evidencia el que la explotación de los recursos naturales alcance un

peso del 58, 1% del PIB, según información del Banco Central del Ecuador (PNUMA-MAE-FLACSO,

2008; 26). Después de una década de inestabilidad del sistema político, sobre todo por el conflicto

entre la función ejecutiva y legislativa, el país ingresó en un profundo proceso de reforma política

y económica con el inicio en enero del 2007 del gobierno presidido por Rafael Correa

(autodefinido como socialismo del siglo XXI), que se plasmó en la instauración de la Asamblea

Nacional Constituyente (ANC) a fines del 2007 y que para julio del 2008 terminó un texto

constitucional que el pueblo aprobó con 2/3 de la votación en septiembre de este mismo año,

dándonos así la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08).

La nueva Constitución considera a “la energía en todas sus formas” como un sector estratégico

(CRE 08, Art. 313), incluido el transporte y refinación de hidrocarburos. La energía eléctrica es

vista como un servicio público cuya provisión se asegurará según principios de obligatoriedad,

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad,

continuidad y calidad (CRE08, Art. 314). Para la gestión de los sectores estratégicos, la prestación

de servicios públicos o el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y bienes

públicos, se ha previsto constituir empresas públicas que funcionarán bajo derecho público y

autonomía (financiera, económica y administrativa) y sus excedentes podrán destinarse a la

inversión o reinversión en la misma empresa, pero en el caso de los excedentes no reinvertidos se

transferirán al Presupuesto General del Estado (Art. 315). Además, en la Transitoria Nº 30 (CRE

08) se establece la desaparición del Fondo de Solidaridad que manejaba las empresas eléctricas,

9

para fijar un plazo de 360 días para la elaboración de Ley de empresas públicas que regule a las

actuales prestadoras de servicio eléctrico, lo que condujo a que en febrero de 2009 se constituya

la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Sin embargo de estos avances en los preceptos

constitucionales, los primeros antecedentes normativos y de política pública, así como para la

gestión de energías sostenibles, eficiencia energética o tecnologías limpias en el Ecuador, los

ubicamos a inicios de la presente década, siendo su consolidación todavía incipiente, salvo en el

sector hidroeléctrico.

En relación a la calidad de los combustibles que se comercializan en el país, en el Art. 67 del

Reglamento Sustitutivo Ambiental para las operaciones hidrocarburíferas, establecido por el

Decreto Ejecutivo No. 1215 (oficializado el 13.02.01) se señala que “…en la producción de

combustibles…la calidad podrá ser mejorada mediante la incorporación de aditivos en refinerías

y/o terminales. Se preferirá y fomentará el uso de aditivos oxigenados como el etanol anhidro a

partir de materia prima renovable.” Además previó la conformación de un Consejo Consultivo de

Biocombustibles. Pero, es con el Decreto Ejecutivo No. 2332 (Registro Oficial 482 del 15 de

diciembre del 2004) que se declara de “interés nacional la producción, comercialización y uso de

los biocombustibles como componente en la formulación de los combustibles que se consumen

en el país.” El 26 de febrero del 2006 el gobierno de transición presidido por Alfredo Palacio,

mediante Resolución 025-DIR-2006, impulsó el “Programa de Formulación y Comercialización de

Gasolina extra con Bioetanol Andhidro”, para el que se definieron dos etapas: en la primera se

implementaría un plan piloto en la ciudad de Guayaquil, que con una demanda de 800 mil litros

diarios de gasolina extra, para que reciba un 5% de etanol anhidro, precisaría un volumen de

40.000 litros diarios de este biocombustible producido a partir de caña de azúcar; en la segunda

fase se preveía llegar a una mezcla del 10% de gasolina extra con bioetanol para la atención de la

demanda a nivel nacional, con lo que se requerirían 590.000 litros diarios de etanol anhidro, lo

que corresponde a 215.000 m3/año de este biocombustible, según información del ex Ministerio

de Energía y Minas al año 2005 citado en el estudio de la CEPAL (Coviello, op. cit.; 60).

Vale decir que la producción nacional de combustibles en las 4 refinerías es insuficiente para

atender la demanda total, por lo que a 2007 se requería importar el 41,5% de naftas de alto

octano (NAO), el 50,6 % de diesel y otro similar de gas licuado de petróleo (GLP), y que para el

periodo 98-2007 (a septiembre), superaron los 166 millones de barriles, por un costo total para el

país mayor a los US$ 8.167 millones

(Presidencia de la República, 2007). Este

último monto se entiende mejor si se

considera que la deuda externa ecuatoriana

para julio del 2007 bordeaba los US $

17.319 millones (BCE en PNUMA, et.al, p.

26), es decir que el país gasto en una

década de importación de combustibles un

monto equivalente al 50% de su deuda

externa. El panorama inclusive es más

dramático, si consideramos que la

proyección de importaciones de derivados

después del 2010 se dispara al doble en

10

NAO, al triple en GLP y en más de 3,5 veces en Diesel hasta el año 2025, de la información oficial

de los 4 ministerios que coordinan acciones en Biocombustibles (Presidencia de la República, op.

cit.).

Reconociendo la importancia del desarrollo de las energías renovables (ER) en el país, el Consejo

Nacional de Electricidad (CONELEC) dictó la Regulación No. 004/04 en el año 2005, dónde el

Consejo aprobó las normas y precios que regulan la operación de las unidades de generación de

energía renovable, especialmente las llamadas No Convencionales: eólicas, fotovoltaicas, biomasa

y biogás, pequeñas centrales hidroeléctricas hasta 5 MW y mayores a 5 MW hasta 10 MW

(Covellio; 2006). En esta normativa se anticipa el desarrollo de ER para la región insular por su

extrema importancia ecológica, señalando lo siguiente: “Para Galápagos la fijación del precio del

kilovatio/hora tiene un esquema particular.” (citado en: Coviello, op. cit; 21). Sin embargo de la

urgencia del país por resolver un problema capital, entre 2005 y 2008 no se avanzó más allá del

papel.

En 2007 , el Presidente Correa creó el Consejo Nacional de Biocombustibles, a través del Decreto

Ejecutivo 146 (oficializado el 12.03.07), con “la misión de definir políticas y aprobar planes,

programas y proyectos relacionados a la producción, manejo, industrialización y comercialización

de biocombustibles” , lo que llevó a la reformulación del Programa de Biocombustibles, a fin de

incorporarlos en la matriz energética nacional para alcanzar una mezcla de gasolinas con

bioetanol anhidro al 10% (E10), y de diesel 2 con biodiesel al 5, 10 y 20%, mediante la siembra de

caña de azúcar en una superficie de 50.000 hectáreas a nivel nacional, y la producción de palma

africana entre 88 mil y 350 mil toneladas de aceite de palma al año (Presidencia de la República,

2007). Este Consejo fue propuesto ya en el proyecto de Ley de Biocombustibles que fue

preparado hasta mediados del 2007 por el ex Congreso Nacional, propuesta que además recibió

críticas del sector ambientalista por una supuesta promoción de monocultivos sobre vegetación

natural y afectación a la seguridad alimentaria, y que quedó archivado por el cierre del ex

Congreso cuando la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a fines del 2007.

Actualmente se conoce que el MEER viene trabajando en un nuevo proyecto de Ley de

Biocombustibles que próximamente lo enviará a la flamante Asamblea Nacional (ex Congreso)

para su debate y aprobación.

Desde el 2007, el gobierno de Correa trabajó por recuperar el rol protagónico del Estado en la

economía nacional, asignándole prioridad a la definición de una institucionalidad y normativa

para la planificación nacional del desarrollo como política de Estado, en torno a la cual se deben

articular la gestión pública (en todos los niveles de gobierno) y la gestión privada (empresarial o

del tercer sector), para lo cual se promovió la participación de organismos gubernamentales y

organizaciones de la sociedad civil en mesas de diálogo para el tratamiento de los temas que

debería considerar el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo. En la primera formulación del PND

no se consideraba al ambiente como un eje transversal, aunque se trataban aspectos ambientales

de manera sectorial, por lo cual se planteó desde organizaciones del movimiento ambiental la

necesidad de abordar lo ambiental en estos dos niveles, incluidos los temas energéticos, por sus

implicaciones sobre la conservación de los ecosistemas, la sostenibilidad de la economía y el

bienestar de la sociedad en su conjunto.

11

Con los antecedentes expuestos, entre el 1º y el 3º trimestre del 2007, bajo la coordinación de la

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y otras secretarias de Estado, como

el Ministerio del Ambiente (MAE) y el ex Ministerio de Energía y Minas (MEM), representantes del

sector público y privado trabajaron en dos instrumentos muy importantes: “Una Agenda

Ambiental para el Ecuador del Futuro” y

el “Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2010”. En la Agenda se define dentro del

eje Articulación con políticas sociales y

económicas, la línea “Participar

activamente con políticas sobre cambio

climático”, y otra para la “Conservación y

manejo de fuentes de agua…como

sustento a las actividades productivas y

desarrollo social”, entre otras. Entre los

planes y programas prioritarios se incluyó

un “Plan de Energías Renovables” y otro

denominado “Plan Verde País”, dentro

del cual se estableció el objetivo de

“vender crudo represado del campo ITT a la comunidad internacional”, aunque sin ninguna

referencia sobre los mecanismos de implementación más adecuados (MDL u otros).

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 (promulgado en el Decreto Ejecutivo Nº 745 el 14 de

noviembre del 2007) se establecieron objetivos y metas estratégicas referidas a la eficiencia

energética (EE) y energías renovables (ER). El Objetivo 4 del PND establece: “Promover un medio

ambiente sano y sustentable y garantizar el acceso seguro al agua, aire y suelo”. Con este

propósito se ha planteado una serie de metas que se verificarán en indicadores de gestión, con

valores por años y fuente de verificación (cuando existen), según se detalla a continuación:

Meta 4.2: Promover la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y la contaminación del

agua y suelo

• Indicador 1: Emisión de toneladas métricas de CO2

Año: Valor:

2004 20.073

Fuente: OLADE

• Indicador 2: Emisión de toneladas métricas de cloroflurocarbonos

Valor: 1.474

Año: 2004

Fuente: OLADE

• Indicador 3: Proporción de partículas contaminantes en el aire en principales ciudades N/D

• Indicador 4: Proporción de pesticidas y elementos contaminantes en el suelo N/D

• Indicador 5: Proporción de agentes contaminantes presentes en fuentes y afluentes de agua. N/D

12

El Objetivo 11 del PND define la necesidad de: “Establecer un sistema económico solidario y sostenible”, para lo cual se han definido en materia energética, una serie de metas e indicadores de gestión:

Meta 11.8: Promover la seguridad del abastecimiento energético

11.8.1: Aumentar la capacidad de generación eléctrica en 2911 WGW al 2012

• Indicador 1. Capacidad de generación de electricidad: megavatios

Valor: 3.998

Año: 2006

Fuente: CONELEC

• Indicador 2: Porcentaje de renta por barril

Valor: 82%

Año: 2006

Fuente: Banco Central del Ecuador

Meta 11.9: Impulsar la eficiencia en los procesos de transformación y usos finales de la energía

• Indicador 1: Factor de utilización capacidad instalada de refinería o plantas de gas

Valor: 86,0% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos

Valor: 41,77% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos

11.9.1: Impulsar el ahorro por eficiencia energética en 1698 GWh

• Indicador 2: Número de lámparas incandescentes utilizadas N/D

11.9.2: Disminuir el porcentaje de pérdidas de distribución de electricidad al 13%

• Indicador 3: Porcentaje de pérdidas de transmisión y distribución de electricidad

11.9.3: Disminuir la intensidad energética en un 12%

• Indicador 4: Uso de energía (equivalente en kilogramos de petróleo) por 1,000 dólares del producto interno bruto

Valor: 198

Año: 2002

Fuente: Organización de las Naciones Unidas

Meta 11.10: Impulsar la diversificación de fuentes y tecnologías energéticas.

• Indicador 1: Porcentaje de utilización de gas natural en usos energéticos en la industria.

Valor: 100% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos

13

Valor: 45% 2006 Dirección Nacional de Hidrocarburos

• Indicador 2: Porcentaje de etanol adicionado a gasolina N/D

• Indicador 3: Porcentaje de biodiesel para uso del transporte N/D

Para mediados del 2007, Correa y Acosta deciden avanzar en reforma de la institucionalidad

energética del país, sobre todo para resolver la severa crisis del sector eléctrico que a fines del

2006 había tocado fondo con el denominado “circulo vicioso del déficit”: en la generación,

transmisión, distribución y recuperación de costos (EcoCiencia, 2006). En julio del 2007 se creó el

Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER), entidad responsable de dictar políticas

para el sector, promover la eficiencia energética, el ahorro en el consumo final y la generación

eléctrica con fuentes renovables de energía, así como de controlar las actividades de los agentes

del sector. En su estructura organizativa el MEER comprende una Dirección Nacional de

Biocombustibles, instancia encargada de coordinar –a fines de ese año- con el MAE, el Ministerio

de Agricultura (MAGAP) y el Ministerio de Minas y Petróleo (MMP), el primer Programa Nacional

de Biocombustibles para la implementación de la Política de Biocombustibles establecida en el

Decreto Ejecutivo No2332.

Por su parte, el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC) con el nuevo régimen recuperó

competencias para la planificación operativa del sector eléctrico (antes solo indicativas) y paso a

ser la instancia responsable de la gestión técnica el marco de la planificación nacional del

desarrollo y que si se orienta a los fines de la sostenibilidad ambiental, económica y social,

podríamos definirla como gestión energética (López A., 2009). Sin embargo, cabe señalar que ya

en 2004 era autoridad ambiental de aplicación para el sector eléctrico, con capacidad plena para

la gestión ambiental del sector a nivel nacional, por haber recibido la transferencia de

competencias del MAE para la certificación de estudios de impacto ambiental de proyectos que

no se ubiquen en áreas protegidas o unidades de conservación. Desde marzo del 2007 el CONELEC

asumió inclusive un rol de promotor de proyectos prioritarios para la nación, en función de

políticas de soberanía y eficiencia energética, dictada desde el ex Ministerio de Energía y Minas

(MEM), encabezado por Alberto Acosta, y que para su implementación complementaba la

inversión de capitales de empresas públicas de los países afines al régimen, como Venezuela,

Brasil o Argentina (Ibíd.).

Con estos antecedentes, la nueva Constitución de la República del Ecuador (CRE 08) fue

oficializada en octubre del 2008, inaugurando el Estado constitucional de derechos y justicia social

en la nación (paradigma neoconstitucional), que redimensiona a esta Constitución como un

mecanismo superior para asegurar garantías y prever procedimientos para el ejercicio de los

derechos fundamentales a favor del pueblo, pero también para los inéditos “Derechos de la

Naturaleza”, en el Título II Derechos, Capítulo segundo. Este es un aspecto con implicaciones

todavía insospechadas para la sostenibilidad, la conservación o la justicia ambiental en el país,

pero también para su relación con el mercado globalizado o el sistema internacional,

especialmente en materia ambiental y el combate a la pobreza por medio de los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, en el cual los aspectos energéticos son virtualmente ignorados.

14

La nueva ley suprema (CRE 08), promueve el uso de tecnologías limpias en su Art. 14, mientras

que en su Art. 15 establece que la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la

soberanía alimentaria ni afectación al derecho al agua, en alusión a la promoción de cultivos

energéticos para la producción de biocombustibles y sus impactos potenciales no deseados sobre

el cambio del uso del suelo. Es preciso señalar que efectivamente los biocombustibles de primera

generación se han producido a partir de cultivos agrícolas de consumo humano (maíz, soya, caña,

palma y otros), con implicaciones sobre los precios y desabastecimiento en los mercados, a más

de tener un muy bajo nivel de energía específica (expresado también en términos de balance

energético negativo), como argumentó el ecologismo ecuatoriano para imputar el proyecto de

Ley, a más de otras consideraciones sobre la mala distribución de beneficios a productores.

Además, la CRE 08 retoma y potencia los preceptos de sostenibilidad planteados en el Plan

Nacional de Desarrollo 2007-2010, particularmente sobre la propuesta de transitar bajo un

modelo de desarrollo sustentable, con tecnologías limpias y energías alternativas (CRE 08, Art.

15). En este marco de transformación constitucional, la CRE 08 establece específicamente para la

EE y las ER, en el Título VII, Capítulo segundo sobre Biodiversidad y recursos naturales, en su

Sección séptima, referida a la Biosfera, ecología urbana y energías renovables, lo siguiente:

Art. 413. “El Estado promoverá la eficiencia energética, el uso de prácticas y tecnologías

ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto

y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el

derecho al agua”

Art. 414. “El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio

climático, mediante la emisión de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la

contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y

protegerá a la población en riesgo”

Finalmente, en medio de este proceso de transformación constitucional e institucional para el

sector energético (que separó a hidrocarburos y minería en el actual Ministerio de Minas y

Petróleos), desde mediados del 2007 el gobierno nacional viene propulsando la implementación

de una política energética basada en la eficiencia y la soberanía energética, especialmente dirigida

a la implementación de todo proyecto de generación hidroeléctrica que cuente con estudios de

factibilidad aprobados, como obras prioritarias para la transformación del sistema nacional de

oferta y demanda de energía, también conocido como matriz energética. El más grande proyecto

hidroeléctrico recuperado por el Estado para su gestión, es el Coca Codo Sinclair, con el que se

pretende transformar la matriz energética al aportar un tercio de la demanda actual de

electricidad, pero que tal como se lo viene llevando a cabo desde el 24 de abril del 2008, tiene

indiscutibles impactos sobre los ecosistemas y poblaciones locales (López A., 2008 y 2009).

15

3. Eficiencia Energética: matriz energética, Cambio Climático y nuevas políticas para un

sector en crisis.

Información sobre la composición de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), muestra

que en América Latina y El Caribe (ALC), apenas una cuarta parte del total de sus emisiones (26%)

están relacionadas con la energía (CO2), lo que se explica por el uso de fuentes renovables de

energía (hidroeléctrica y biocombustibles, sobre todo en Brasil) y evidencia según un estudio

reciente del Banco Mundial, una baja intensidad de carbono en la energía de la región

latinoamericana, en términos generales (de la Torre et. al., 2009). Esto se explica, de manera

complementaria, por una serie de ventajas comparativas de ALC para la generación de energías

renovables en la región: clima, potencial hidroenergético (646.858 MW), cobertura vegetal (un

tercio de los bosques del planeta y dos tercios de los bosques tropicales remanentes a nivel

global) entre otras. Sin

embargo, el cambio en el uso

del suelo, se presenta como la

mayor fuente de emisiones GEI

en ALC, fenómeno

particularmente crítico para la

región, ya que supera en más

de la mitad del nivel de otros

países en desarrollo, en casi 2.5

veces el promedio mundial, y

en casi 30 veces el nivel de los

países industrializados, como

puede observarse en el gráfico

adjunto (de la Torre, et. al.,

2009; p. 24).

La tasa de emisiones de GEI respecto al producto interno bruto, PIB (emisiones por unidad de

producto) de América Latina y El Caribe ha permanecido estable entre 1980 y 2004, con solo un

aumento del 2%, pero para el mismo periodo se registra una reducción del 33% en los países

industrializados, del 48% en China e India, del 9% en otros países en desarrollo, y para los países

de bajos ingresos del 4% (de la Torre, 2009; 25). Las emisiones de energía per capita también “han

sido relativamente estables”, por lo que aunque parezca paradójico, la reducción en la

“intensidad de carbono de la energía” en ALC ha sido “totalmente compensada por un aumento

en el consumo de energía por unidad del PBI”, según el estudio del Banco Mundial (Ibíd., 26). Así,

en términos de “intensidad energética”, subsisten deficiencias notables en ALC, lo que podría

explicarse según el BM, porque los precios de la energía están fuertemente regulados en la

región, por lo que el aumento en los precios internacionales pasa solo parcialmente a los

consumidores “y por tanto no brinda los incentivos adecuados para reducir el consumo” (de la

Torre, 27). Por otro lado, se evidencia que los niveles de emisiones son correlativos al PIB: “Brasil

y México concentran casi el 60%, tanto del total de las emisiones de GEI de la región como de su

PBI. Otro 25% de las emisiones y del PBI de ALC corresponde a Argentina, Colombia, Perú y

Venezuela.” (Ibíd.)

16

Para el Ecuador, este mismo estudio indica que no menos del 60% de las emisiones de GEI se

deben a cambios en el uso del suelo (de la Torre, op. cit.; 28), lo que evidentemente se relaciona

con el modelo económico extractivo que caracteriza a la economía ecuatoriana, basada en la

sobreexplotación de recursos naturales renovables y la extracción de recursos naturales no

renovables y que alcanzan un peso cercano al 60% del PIB a 2006 (PNUMA…op. cit),

constatándose para el caso ecuatoriano una correspondencia entre emisión de GEI y PIB. Podría

ser mejor precisada esta correlación, si se asume que el Ecuador siendo un país exportador

primario de energía, a la par es un país importador secundario de energía, pero que a diferencia

de otros países latinoamericanos con parques industriales consolidados, la economía ecuatoriana

depende de la transformación del uso del suelo para la producción de commodities agrícolas y la

explotación de crudo, lo cual a su vez se relaciona con el bajo crecimiento de la productividad. La

demanda de energía de Ecuador en 2006 se componía así: Petróleo y derivados en 81%;

Hidroenergía y electricidad (que incluye comercio exterior) en 8%; Gas natural 6% y Biomasa 5%

(OLADE, 2007; 104). La producción primaria total de energía alcanzó los 214.731 kBep y la

producción secundaria total, los 65.594 kBep, para este mismo año (Ibid, 90). Las emisiones de

CO2 alcanzaron los 27.911,66 Gg en este mismo año, y para SOx, un total de emisiones de 86,69

Gg (OLADE, op. cit., 111).

A pesar de que se evidencian los efectos del Cambio Climático en los regímenes de precipitación y

escorrentía en todo el país, el potencial hidroeléctrico del Ecuador es del orden de los 23.500 MW

y cuenta con una planificación de alcanzar su aprovechamiento en el 15% (3.535 MW) al 2015 (de

la Torre, 2009; 36), lo cual representa el más grande desafío para la gestión energética en el país

para la reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, llama la atención que según el Índice de

Desempeño Ambiental (EPI, por sus siglas en inglés) el Ecuador con una calificación de 84.4 sobre

100, ocupe entre los países latinoamericanos el tercer puesto, por detrás de Costa Rica (90.5) y

Colombia (88.3), y un 22º lugar entre los 149 países analizados. EPI es una propuesta diseñada por

un equipo científicos de las Universidades de Yale y Columbia, que analiza 25 categorías

ambientales críticas, entre ellas emisiones GEI, para valorar la hospitalidad del ambiente para

poblaciones humanas, de flora y fauna, y en su ranking Ecuador se encuentra por delante de

países ricos como Italia (84.2), Dinamarca (84.0) o Luxemburgo (83.1), así como del gigante

sudamericano Brasil (82.7) y muy por delante del gigante de Centroamérica, México (79.8) que

ocupa el puesto 47 de la lista. (Guterl y Sheridan, 2008; 34 ss).

En Ecuador se viene trabajando desde el gobierno central en la reducción de emisiones, como

medida de mitigación del Cambio Climático (CC), a través del MAE y la Corporación de Desarrollo

Limpio (CORDELIM),así como de otras iniciativas o proyectos del sector privado, incluidos

Mecanismos de Desarrollo Limpio por empresas privadas por proyectos de autogeneración con

fuentes renovables (hidroeléctricas) que certificadamente reemplazan emisiones de GEI

(termoelectricidad). Hasta octubre del 2007 se han presentado a la Junta Directiva del MDL, 8

proyectos de reducción de emsiones por un total de 2.88 millones de toneladas de CO2 (OLADE,

op. cit; 120). De estos, 3 proyectos corresponden al sector agricultura o agroforestería por 0.18

Mton Co2, otros 4 a proyectos hidroeléctricos por 1,93 Mton CO2, y uno para proyectos de gas de

rellenos sanitarios por 0,77 Mton CO2.

17

En cuanto a la participación por sector económico en las emisiones de CO2 en Ecuador, para el

periodo 2005-2006, en el sector transporte se registra un incremento del 3,67 %, en el residencial

un incremento del 7.65%, en el industrial del 5,56%, para la generación eléctrica un sorprendente

17,18%, mientras que solo para la producción y consumo propio de energía en el país se registra

un decrecimiento del -5,26% (OLADE, op. cit., 114 ss). Finalmente, llama la atención que para este

mismo periodo la tasa de crecimiento de consumo de energía creció para el sector residencial en

5,81%, mientras que para el sector industrial decreció en el orden del -6,5% (OLADE, Ibid, 123).

Esto nos indica que en Intensidad Energética (IE) el Ecuador tiene un desafío pendiente, ya que el

crecimiento de su consumo final de energía no está asociado directamente al sector productivo,

cuanto al crecimiento poblacional, a más de que por la naturaleza de su economía

“reprimarizada” por la dolarización, se podría inferir que el cambio de uso de suelo, tiene

implicaciones directas sobre el incremento de emisiones de GEI, quizá más contaminantes que el

mismo CO2. Pero, sobre esto, se debe profundizar la investigación con información de base,

misma que desafortunadamente para Ecuador es muy escaza.

En el país se identifican pocas iniciativas para trabajar en adaptación al CC a nivel local, una de

las cuales ha planteado una entrada a través de una efectiva gobernabilidad del agua en

provincias de la sierra y costa (no para la Amazonía) y que se desarrollo entre 2006 y febrero 2008

bajo responsabilidad del MAE (www.pacc-ecuador.org), según lo definido por el Panel

Intergubernamental (IPCC). Este proyecto facilita herramientas de gestión en línea que permiten

el desarrollo de proyecciones en base a modelos estadísticos para el clima a nivel nacional,

aunque vale decir que la información base a nivel local no permite sustentar las proyecciones a

esta escala, ni es el sentido que persigue. Por lo demás, de una Feria de Proyectos para enfrentar

el CC realizada por el PNUD a fines del 2007, podemos identificar que la inmensa mayoría de

proyectos trabajan en medidas de mitigación, sobre todo para reducción de emisiones de GEI en

diferentes localidades del país, y por las más variadas fuentes de energía renovables (UNDP,

2007).

Finalmente, existe un borrador de “Política y Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático para

el Ecuador”, desarrollada por el MAE y su Dirección de Cambio Climático que está siendo discutida

actualmente y que contiene las políticas propuestas para la gestión del CC, como son el

fortalecimiento de la capacidad científica nacional para la investigación del sistema del clima,

emisiones GEI y vulnerabilidad al CC; la vigilancia del sistema del clima, registro de emisiones de

GEI y análisis de vulnerabilidad al CC; mitigación de emisiones de GEI y adaptación al CC, y

fomento de capacidades institucionales y ciudadanas sobre el CC (MAE, 2008). Hoy se construye

la Política Pública Nacional Ambiental (PPNA) en la que una de sus herramientas operativas es la

Estrategia Nacional de Cambio Climático (MAE, 2009). Se ha previsto culminar la elaboración por

el Ministerio del Ambiente de la PPNA, para fines del mes de abril del 2009.

18

4. Energías Renovables en Ecuador: sostenibilidad, tecnología y perspectivas.

Las Energías Renovables (ER) son aquellas que se reponen continuamente por procesos naturales,

a través de diferentes fuentes: solar, que incluye la biomasa, energía eólica e hídrica (y de las olas

marinas), y la energía no solar, como la energía de las mareas (de influencia lunar) y la energía

geotermal (Boyle, et. al., 2004; 23-ss). El aprovechamiento de las ER se expresa en la búsqueda

permanente de tecnologías eco-eficientes (también llamadas “fuentes alternativas”), con el

menor costo de instalación y mantenimiento posible, a fin de que su aporte a la atención de la

creciente demanda de energía en el país (superior a la tasa de crecimiento poblacional o

económico), se realice de manera sostenible en términos ambientales, económicos y sociales.

Desde una perspectiva de sostenibilidad en sentido amplio, la contribución de las ER va más allá

del esfuerzo perenne de la eficiencia energética (EE) por incrementar la energía específica de los

combustibles o por la satisfacción de una demanda creciente, no sostenible de energía (basta

recordar los impactos de la quema de combustibles fósiles o el debate en torno a la energía

nuclear), para orientarse a la reducción de la intensidad de carbono de los combustibles y al

mejoramiento de la Intensidad Energética (IE), es decir en el consumo de energía por unidad del

producto interno bruto (PIB), aspectos en los que se evidencia la contribución inmediata que

deben hacer las ER para asegurar la sostenibilidad energética del país.

En Ecuador la nueva Constitución de la República (CRE 08) promueve el derecho a un ambiente

sano y ecológicamente equilibrado como garantías de sostenibilidad y el buen vivir de nuestra

población (Art. 14), para lo que además promueve entre el sector público y privado “el uso de

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo

impacto” (Art. 15, CRE 08). En estudios oficiales del Ministerio de Electricidad y Energías

Renovables (MEER) sobre la situación del sistema de demanda y oferta energética en el país

(matriz energética), se refiere de la producción primaria de energía como el conjunto de fuentes

para atender la demanda nacional: crudo, gas natural, biomasa y electricidad, señalando que

excepto la primera, las restantes 3 constituyen fuentes renovables de energía. Según estos

análisis del MEER (2008), las fuentes renovables en Ecuador aportan con apenas el 8% de la

producción primaria de energía en barriles equivalentes de petróleo (BEP) a 2007, la que en su

conjunto se compuso de la siguiente manera:

� Crudo = 92% � Gas natural = 4% � Electricidad = 2% � Biomasa = 2%

Veamos la situación de los países andinos para entender mejor nuestra dependencia del crudo en

términos energéticos. En promedio, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) registró una oferta

total de energía (OTE) al 2002 por combustible fósil del 70,9%, mientras que las fuentes de

energías renovables representaron el 26.4 % de la OTE (Coviello, op. cit., 38), más del triple que

en Ecuador. Debemos señalar que el reducido aporte de las fuentes renovables a la matriz

energética ecuatoriana, evidencia en un muy bajo nivel de desarrollo de infraestructura,

normatividad e inclusive de mercados para las ER en el país. No existen exoneraciones tributarias

para diversificar el consumo energético con fuentes renovable de energía, más allá del esquema

19

de eficiencia energética que promovió durante 2008 el gobierno nacional para el reemplazo de

bombillas incandescentes por 6 millones de focos ahorradores, los mismos que sin subsidio

pueden dejar de reemplazarse entre los sectores más pobres, o que por su contenido de

mercurio, es imprescindible una disposición final adecuada, lo que no siempre se puede asegurar,

especialmente en las zonas urbano marginales y rurales del país.

Aún más, para dimensionar mejor la información del MEER, debemos decir que es muy diferente

el aprovechamiento de gas metano generado en sistemas de procesamiento de desechos

orgánicos, de la explotación de gas natural de yacimiento, así como que las tecnologías de

generación eléctrica difieren radicalmente si se trata del parque termoeléctrico (altamente

costoso y contaminante) frente a una generación hidroeléctrica, la que a su vez varía si se la

realiza con represas o agua corriente, etc. Las cifras oficiales tampoco detallan las condiciones de

aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos y sus implicaciones ambientales,

económicas y sociales. Pero, lo que sí nos presenta la información del MEER (2008) es la

composición de la demanda energética en BEP del país a 2007, según sectores:

� Transporte = 52% � Industria = 21% � Residencial = 19% � Comercial, pública y servicios = 4% � No energética = 2% � Resto economía = 2%

Se evidencia la concentración de más de la mitad de la demanda energética en el sector del

transporte (público y privado), lo cual tiene serias implicaciones para la contaminación

atmosférica por la mala calidad de los combustibles (plomo y aditivos), así como por el

crecimiento desmesurado del parque automotor privado y la falta en todo el país, de sistemas de

transporte público adecuados y eficientes, con la excepción de Quito que cuenta con 3 sistemas

municipales de transporte publico, pero que sufre por su condición de ciudad de altura, de la mala

calidad de los combustibles (gasolina y diesel). Tampoco el país cuenta con sistemas de tren para

el transporte de carga o pasajeros, a excepción de un tramo para actividades turísticas. Sin

embargo, para Guayaquil el gobierno central viene impulsando un Plan a Nivel Nacional de Uso de

Etanol anhidro para la formulación de Gasolina (Presidencia, op. cit.), como se verá adelante.

Es importante considerar algunos indicadores definidos por la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL) para las fuentes de energía renovable, para la identificación de las

condiciones presentes de renovabilidad energética en el país. El Índice de Renovabilidad de Oferta

energética (IRO) se define como “la relación entre la oferta total del conjunto de fuentes

renovables y la oferta total de energía” y que para el conjunto de los países de la CAN (Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú), representa entre el 25 -30% al año 2004 (Coviello, 2007; 42), mientras

que en el Ecuador la relación es tres veces menor que el promedio andino. El Índice de

Sostenibilidad Residencial (ISR) demuestra la relación entre consumo de leña y el consumo de

derivados de petróleo o hidrocarburos secundarios, y para en la CAN se registra para el mismo

periodo, una reducción a casi la mitad, debido al menor uso de leña (Coviello, op. cit., 43-44). El

ICC es el Índice de Consumo Contaminante, que define la relación entre el total de las emisiones

de CO2 en miles de toneladas métricas liberadas a la atmosfera y el consumo final total de

20

energía del país durante el año en cuestión (Ibid, 48). Al 2004 en la CAN, así como en todas las

regiones del planeta, se registro un incremento en la emisión de CO2, atribuido al “aumento

exponencial del parque automotriz” (Covellio, op. cit., 49), como se evidencia en el país.

IGC es el Índice de generación eléctrica contaminante y define el equilibrio “hidro vs. térmico” del

parque de generación utilizado y corresponde a la relación entre la cantidad de CO2 en miles de

toneladas métricas emitidas en el proceso de generación de electricidad en GWh. Si es alto,

producir un GWh mas allá del simple costo técnico operativo…tiene un alto costo ambiental para

el país, tanto por los efectos locales: contaminación directa e indirecta en la zona de las centrales;

como por los globales: emsión de substancia que contribuyen al aumento del efecto de

invernadero” (Ibid, 49). En La CAN este índice es bajo por alta dependencia de hidroelectricidad,

lo mismo que en Ecuador como se verá más adelante.

Por otra parte, se identifican varias iniciativas de desarrollo de ER (del gobierno, ONG y sector

privado) y proyectos de tecnologías limpias para el reemplazo de combustibles fósiles o la

provisión de energía para comunidades de zonas remotas del país, como pueden ser los sistemas

fotovoltaicos o eólicos, proyectos de generación geotérmica, biocombustibles, aprovechamiento

de bagazo, autogeneración hidroeléctrica, etc. De estas iniciativas y proyectos, los de mayor

potencial corresponden a la hidroelectricidad, la energía geotermal, la producción de

biocombustibles con especies no comestibles (con especial atención en especies endémicas),

mientras que la capacidad instalada actual se concentra en micro proyectos, a partir de los

sistemas fotovoltaicos y de uso indirecto de energía solar, así como de energía eólica o hidráulica,

como se detalla a continuación por fuente de energía renovable.

• Energía solar: sistemas fotovoltaicos

El Consejo Nacional de Electricidad presenta en su Catálogo resumen de la generación eléctrica

del año 2005, un acápite referido a los “Sistemas fotovoltaicos instalados en Ecuador. Programa

de Electrificación rural descentralizada”, en que se detallan los aprovechamientos de energía solar

por medio de sistemas fotovoltaicos para las regiones que por su aislamiento geográfico no

cuentan con infraestructura eléctrica del Sistema Nacional Interconectado (SNI), y que medido

según la potencia instalada total en vatios, a agosto del 2003 reporta estas cifras (CONELEC,

2005):

� Total Ecuador: 209.650 W en 158 sistemas fotovoltaicos

� Total Amazonía: 189.740 W en 127 sistemas fotovoltaicos

� Total Galápagos: 6.630 W, en 2 sistemas fotovoltaicos iguales

Por el aislamiento geográfico de las poblaciones insulares o de selva, así como por su baja

concentración poblacional, la provisión de energía solar con sistemas fotovoltaicos luce como una

alternativa frente a la ausencia de redes eléctricas del SNI, especialmente en la región amazónica

ecuatoriana (RAE), que concentra el 90% de la potencia instalada y el 80% de los sistemas

fotovoltaicos instalados a 2003 y que reporta el CONELEC (op. cit).

Más recientemente, la Fundación Ecuatoriana de Tecnología Apropiada, FEDETA reporta al 2009,

haber instalado en 21 comunidades de las áreas en que trabaja (Esmeraldas y Manabí en el litoral

21

y Sucumbíos en la Amazonía), más de 625 sistemas fotovoltaicos. De estas comunidades, 14 se

encuentran en la región amazónica y concentran el 78,56% de las Unidades de Operación y

Generación Energética Sostenible (UOPGES) instaladas (FEDETA; 2008). Las comunidades pagan el

costo de mantenimiento de paneles y baterías, que para el caso amazónico a fines del 2007 era de

US $ 1 por unidad al mes. Además FEDETA viene realizando estudios de biomasa y pequeñas

plantaciones para generación de biocombustibles, especialmente biodiesel y para el 2009, espera

instalar proyectos para bombeo de agua, no solo para la generación de luz en las casas, así como

también en estudios de turbinas de rio para el MEER, como tecnología adecuada para la Amazonía

(Entrevista a Brito, abril 2009).

Otra iniciativa comunal corresponde al proyecto “Instalación de energías renovables en el centro

Yumisin”, filial de la Asociación Mayaik, del pueblo Shuar de la provincia de Motona Santiago en la

Amazonía ecuatoriana. Este proyecto es ejecutado por Fundación Natura y Green Empowerment

con el Consejo de Gobierno Shuar Arutam, para suministro de electricidad con sistemas

fotovoltaicos unifamiliares. La comunidad aporta para mantenimiento del sistema y cada familia

cuida su sistema. (UNDP, 2007)

Para la región insular se identifica el proyecto “Energías Renovables en Galápagos, ERGAL”,

ejecutado por el Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) y la Empresa Eléctrica

ELECGALAPAGOS, por medio del cual se coordina la instalación de sistemas híbridos de

generación eléctrica fotovoltaica y eólica, para reducir el uso de diesel en las islas. Se han

instalado a fines del 2007, sistemas fotovoltaicos en isla Floreana y eólicos en San Cristobal. Se

prevé asimismo, la instalación de sistemas fotovoltaicos en Isabela y eólicos en Baltra. (UNDP,

2007). Este proyecto se ejecuta en el marco del Programa “Cero Combustibles Fósiles en

Galápagos”, que tiene un costo de US $ 32 millones, de los cuales el gobiernos ecuatoriano aporta

con el 40% y la cooperación internacional la diferencia (El Comercio; 04.24.2007). Este programa

fue impulsado por el ex Ministro de Energía, Alberto Acosta y arrancó a fines de abril del 2007,

para la instalación de sistemas fotovoltaicos y eólicos para la generación eléctrica, el uso de

biodiesel en las embarcaciones de pesca y la introducción de automóviles eléctricos, a fin de

asegurar la reducción de emisiones de GEI, reducir los impactos ambientales en la generación de

energía con tecnologías limpias y aportar a la preservación de los ecosistemas de la región insular.

El proyecto Eurosolar (Unión Europea y MEER ) en Ecuador espera implementar en 91

comunidades rurales aisladas del Sistema Nacional Interconectado (SNI), sistemas fotovoltaicos

hasta fines del 2009, de las cuales 66 corresponden a la subregión nororiental y centro sur de la

RAE (Eurosolar, 2008). Para el mes de septiembre del 2009 tienen previsto la culminación de la

instalación de paneles en varias comunidades amazónicas del nororiente (Comunicación personal

de los técnicos del proyecto, sept. 2008).

• Biomasa

La producción de bagazo de caña a 2006 en Ecuador alcanza los 2.246,46 kBep y registra una tasa

de crecimiento de 2005 a 2006 del 2.09% , según información de la Organización Latinoamericana

de Energía y como se ha dicho su aporte a la OTE es marginal, inclusive para las fuentes

renovables y la producción bruta de electricidad (OLADE, 2007; CONELEC 2008). Esto se asocia a la

política de subsidios a los combustibles fósiles que terminó por reemplazar al uso de leña.

22

• Energía Eólica

El aprovechamiento de la energía eólica en Ecuador, según declaraciones del Ministro de

Electricidad y Energías Renovables, es reducido (tanto por la escaza disponibilidad de tecnología,

pero también por un bajo potencial) y se focaliza en ciertas áreas de los Andes del norte

(provincias de Pichincha y Carchi) y en la región insular de Galápagos, donde los impactos

ambientales han sido permanentemente considerados para la instalación de estos sistemas. El

proyecto eólico San Cristóbal, instaló a 2007 un parque eólico de 2,4 MW en la isla San Cristobal

de Galápagos, para reemplazar el 50% de la demanda de diesel para termoelectricidad. (UNDP,

2007).

• Energía Geotérmica

En Ecuador el CONELEC (2005) ha identificado las 17 principales zonas geotérmicas de interés

energético, que se concentran en la subregión norte y central de los Andes (provincias de Carchi,

Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Chimborazo) con extensión a los flancos orientales (Napo y

Cotopaxi) y solo de manera excepcional se encuentran en la región litoral (Guayas) y sur de los

Andes (Azuay, Bolívar). Asimismo, la Dirección de Planificación del CONELEC ha procesado

información de los 3 principales proyectos con potencial geotérmico para la generación eléctrica

(Tufiño, Chachimbiro y Chalupas), identificando una potencia instalable total de 534 MW

(CONELEC, 2005). No se identifican aprovechamientos a la fecha (2008).

• Hidroelectricidad

La hidroelectricidad es una de las más importantes fuentes de energía renovable en el país y la

que más aporta a la matriz energética ecuatoriana, aunque en términos absolutos su peso es

marginal en la oferta total de energía (menos del 2% OTE a 2007). Se identifican proyectos con

un potencial instalable para el aprovechamiento del enorme potencial hidroenergético de la

nación, aunque se identifican problemas de fondo en la gestión energética en este subsector,

sobre todo por la mala construcción de la central San Francisco de 250 MW y malas prácticas en el

Proyecto Coca Sinclair de 1500 MW, el más grande del país (López A. 2008a; 2008b; 2009).

Además, recientemente se advierte un problema estructural del sector eléctrico ecuatoriano y

que tiene que ver con que el Sistema Nacional Interconectado (SNI) no tiene capacidad para

recibir los aportes esperados de la generación hidroeléctrica, debido a la saturación actual de las

redes de transmisión del SIN (Entrevista a Ministro Alecksey Mosquera, marzo 2009).

Para el año 2006 la generación de energía eléctrica en Ecuador se realizo en un 46% con parque

termoeléctrico, es decir con el uso de hidrocarburos (combustibles fósiles y gas natural), mientras

que con energía hidráulica al 43 % y con biomasa al 1% (MEER, 2008). En 2007 el subsector

hidroeléctrico alcanzó una generación total de 8.913 millones de Gigavatios hora/año (GWh), de

los cuales el 95,7% se generó en centrales hidroeléctricas y el restante 4,3% por autoproductores

(MMP, 2008). La composición de la oferta de energía eléctrica para este mismo año, de la

información oficial reportada (MEER, 2008) fue la siguiente:

� Hidráulica = 43 % � Térmica = 34 % � A gas = 12 %

23

� Biomasa = 1% � Importaciones = 10 %

Para el 2008, la producción de energía eléctrica por fuente primaria se evidencia una substancial

diferencia frente al 2006 y un avance a favor de energías renovables de más de casi 11 puntos

porcentuales frente al 2007, ya que de la información oficial preliminar (CONELEC, 2008) la

generación hidroeléctrica paso a representar el 68% de la generación bruta a diciembre 2008,

frente al 46% del 2006 y el 57% del

2007, mientras que la generación

termoeléctrica se redujo del 46 %

para 2006 al 36,6% en 2007 y al

28,2% en 2008. Se observa

asimismo, una reducción en la

oferta por la vía de la

interconexión internacional, que

para 2008 se redujo al 3,1% del

5,6% del 2007 (Ibíd.). En el

siguiente gráfico se observa la

participación actual por fuente

para los dos últimos años.

La energía hidroeléctrica producida en 2008 llegó a los 11.121 GWh, la importación de energía

desde Colombia alcanzó los 509

GWh (aproximados), mientras que

los restantes 4.699 GWh de la

generación bruta se generaron con

centrales termoeléctricas.

(CONELEC. 2008). Adicionalmente, la

potencia instalada en generación

incorporada al Sistema Nacional

Interconectado (SNI) no se

incrementó durante el año 2008,

manteniéndose en 3.958 MW de

capacidad efectiva, en cuyo valor se

incluyen los 340 MW de las

interconexiones internacionales

(CONELEC. 2008).

IDH es el Índice de Dependencia Hidroenergética de la oferta total renovable y define la relación

entre la oferta hidroenergética y la oferta de energía primaria compuesta por las energías

renovables (Coviello, 2007; 45). Para la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el gran aumento de

IDH al 2004, demuestra que la hidroenergía “sigue siendo la única fuente de la categoría

renovable”, mientras que se evidencia la baja de la participación de biomasa, como caña y leña.

En Ecuador, de la información oficial del CONELEC (op. cit., 2008) se constata la conclusión de la

CAN, ya que a 2008 la oferta hidroeléctrica representó el 68% de la producción de energía

Fuente: CONELEC 2008

Fuente: CONELEC 2008

24

eléctrica por fuente primaria, mientras que el aporte de otras fuentes renovables continúa siendo

marginal: biomasa 0,6% y gas natural –según lo considera el MEER- con un 4,7% de la oferta de

energía primaria por energías renovables. De ahí es que el Índice de generación eléctrica

contaminante (IGC), para el Ecuador –así como para la CAN- es bajo.

Por otro lado, los proyectos de generación hidroeléctrica para resolver los problemas de la

dependencia de la matriz energética ecuatoriana de combustibles fósiles (crudo y gas),

concentran la potencia instalable en mega proyectos de generación hidroeléctrica se concentran

(mayores a 100 MW) en más del 77% del total, mientras que el conjunto de proyectos medianos,

pequeños y de microcentrales hidroeléctricas comprenden el restante 22,3% (CONELEC, 2005).

En Ecuador se estima que más del 80% de la energía eléctrica proviene de proyectos

hidroeléctricos que se sustentan en fuentes de agua de la Cordillera Real, en la región Amazónica

Ecuatoriana (Proyecto Cordillera Real Oriental, 2009), como son los proyectos hidroeléctricos

Paute, Agoyán, Abanico o San Francisco

(desde mediados del 2008 fuera de operación

por problemas estructurales asociados a la

mala construcción por la contratista brasileña

Odebrecht). Si se considera que el proyecto

Coca Codo Sinclair prevé aportar un tercio de

la demanda actual de energía eléctrica, para

cuando ingrese su aporte al Sistema Nacional

Interconectado en 2013, la vertiente

amazónica continuará con su enorme aporte

al país para la generación bruta de energía

eléctrica, ya que se tienen previstos otros

mega proyectos de generación hidroeléctrica

en la vertiente del Pacífico.

• Biocombustibles

Son combustibles de origen biológico, según la definición del Ministerio de Electricidad y Energías

Renovables (MEER) que se obtienen de materia prima agrícola y restos orgánicos como fuentes de

energía renovable para el sector automotriz y electricidad (Disponible a abril 2009 en:

www.meer.gov.ec). El MEER considera posible reducir emisiones de GEI por combustibles fósiles

hasta en un 50% con biodiesel y bioetanol. El gobierno central ha definido una Política de

Biocombustibles, que incluye un Programa Nacional de Biocombustibles para la producción,

comercialización y uso de etanol anhidro e hidratado, a partir de caña de azúcar; de biodiesel con

palma, piñón, higuerilla y colza, y de aceite vegetal, a partir del piñón, higuerilla y colza (Ibíd.).

Fuente: CONELEC 2008

25

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su estudio regional para energías

renovables señala que en la Conferencia Mundial de Bonn (2005) se afirmó que nuestros países

“presentan condiciones inmejorables… para incorporación de los biocombustibles en la matriz

energética” (Coviello, op. cit., 51). Brasil es la primera y más grande potencia en esta materia, ya

que a inicios de la década de 1970 inició la investigación y planificación de cultivos para la

producción de biocombustibles, especialmente para etanol anhidro a partir de caña y biodiesel a

partir de soya, siendo hoy el primer productor y exportador del mundo. En Costa Rica el bioetanol

inicio en 1981 para reducir la dependencia energética y diversificar la agroindustria azucarera,

pero luego se considero la

diversificación de las

fuentes de energía,

generación de valor

agregado, mejoramiento

ambiental, sustitución del

MTBE como sustituto del

plomo en la gasolina con

decreto del 2003 (Ibíd., 57).

En Ecuador el desarrollo de

políticas y normativa para

este sector es algo bastante

reciente, como lo es una

producción marginal de

biocombustibles a partir de

caña, palma y piñón, que se

orienta al autoconsumo de

empresas privadas y

excepcionalmente para la

exportación de aceite

vegetal de palma (El

Comercio, 11/30/2005 ).

Para la Amazonía, el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica Ecuatoriana

(ECORAE), culminó en 2008 un estudio regional para la producción de biocombustibles a partir de

la caña de azúcar y entre sus conclusiones se indica que las provincias con potencial son Pastaza y

Sucumbíos, y en esta última la zona de Shushufindi presenta las mejores condiciones (Entrevista a

Villegas, abril 2009). El Gobierno Provincial de Sucumbíos (GPS) atendiendo una demanda de la

Asamblea provincial hecha a fines del 2006, para la generación de empleo y apoyo al sector

agropecuario, inauguró el 13 de febrero del 2008 el Programa de Biocombustibles (PBC), quizá la

primera iniciativa de este tipo en la RAE. Vale mencionar que el GPS decidió aprovechar la

creación en octubre del 2006, del Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e

Hidrocarburífero, FEISEH (suprimido en 2008), para impulsar un programa en energías renovables,

según refiere el Ing. Víctor Chala, promotor de la iniciativa en el GPS (Entrevista a Chala, febrero

2008).

Tomado de El Telégrafo, 29 de junio del 2008.

26

En Sucumbíos alrededor de 500.000

hectáreas están dedicadas al uso

agropecuario, de las cuales el 80% ha

perdido el bosque natural y la vegetación

protectora de los suelos, lo que plantea el

desafío más grande para el PBC a fin de

reconvertir pastizales improductivos y de

bajo rendimiento en lugar de ampliar la

frontera agropecuaria, según lo asevera el

promotor de la iniciativa. Sucumbíos es una

de las mayores provincias petroleras de la

RAE, donde los elevados niveles de pobreza rural (sobre el 80% de la población, especialmente en

Putumayo o Cuyabeno), se asocian a la economía extractiva (que genera menos del 0,5% de

empleos a nivel nacional y menos del 10% a nivel regional), a la baja tasa de productividad que

caracteriza a la región por la mala calidad de sus suelos, pastos y cultivos (en el valle del Quijos-

Coca, la productividad por superficie es de 2 litros de leche al día por hectárea, equivalente a US $

0,64 centavos), o a la sobre-explotación de los recursos naturales no renovables y el bajo nivel de

tecnificación de los productores locales. El PBC pretende resolver problemas de empleo, precio al

productor y diversificación energética, para lo cual contó con el apoyo del Ministerio de

Agricultura y su Sistema de Información Geográfica (SIGAGRO) para la realización de los estudios

de pre-factibilidad (Entrevistas a Chala, 2008 y Yugcha, febrero 2009).

Por otra parte, identificamos una serie de proyectos de intervención y de investigación de

especies endémicas del litoral ecuatoriano (4 especies de Jatropha), con las que Ecuador avanza

hacia biocombustibles de 2º generación, quizá incluso hasta de 3º y 4º generación, con mejores

niveles de energía específica (mejoras en el balance energético), que no compitan con cultivos

alimenticios (en precio o uso del suelo, incluida la perdida de vegetación natural) y que

adicionalmente permita el desarrollo de otras aplicaciones, como la producción de abonos o

insecticidas a partir del manejo de los desechos o para la investigación del mejoramiento genético

de especies y cultivos. Experiencias de este tipo, involucran asocios público-privados, entre el

Estado ecuatoriano (en sus diferentes niveles de gobierno), universidades, ONG y empresas

privadas, como se detallará adelante por cada uno de los cultivos preponderantes en Ecuador

para la potencial producción de biocombustibles.

a) Caña de azúcar

En Ecuador la producción de caña de azúcar al 2005, alcanzó las 462.303 toneladas según datos

de FAOSTAT, con un área cultivada de 74 mil hectáreas. En base a esta información de la FAO, el

estudio de la CEPAL para fuentes renovables de energía consideró que para atender la demanda

de bioetanol E10 (formulación de gasolinas con mezcla al 10% de etanol anhidro), se requeriría

una superficie estimada de 24.500 mil hectáreas, lo que al 2005 correspondía al 33% del área

cultivada de caña y al 0,3% del total de la superficie agrícola del país, que bordea los 8 millones de

hectáreas (Coviello, op. cit.; 64). Esta primera estimación, sin embargo, se quedo corta frente al

desarrollo de iniciativas y proyecciones hechas para el Plan Nacional de Uso de Etanol anhidro en

Foto: Víctor López A.

27

la Formulación de Gasolinas del 2007 y el Programa de Biocombustibles (PBC) del Gobierno

Provincial de Sucumbíos del 2008.

El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables (MEER) y el Ministerio de Agricultura (MAGAP)

son los responsables desde 2008 del actual “Programa Nacional de Formulación de Gasolinas con

Etanol Anhidro” (reformulado a partir del Decreto 146, a inicios del 2008), que se planteó como

objetivo general, “Formular la gasolina que se comercializa en el país con etanol anhidro” y entre

sus objetivos específicos se espera fomentar la agroindustria, generar mano de obra, sustituir

derivados de petróleo importados y mejorar la calidad del aire (MEER-MAGAP, 2008). Como se ha

dicho, este Programa fomentará el cultivo de 50.000 hectáreas de caña de azúcar para la

producción de etanol con fines energéticos, que se reparten así: 66% en la costa; 28% en la sierra

y 6% en la Amazonía. Además generaría un estimado de 17.000 plazas de trabajo, que permitan

producir 1’735.000 barriles/año de etanol, que es lo que se requiere para la formulación de las

gasolinas que demanda el país al año, y que al 2008 alcanzaba los 17’354.996 bbl/año (Ibíd.). Vale

recordar que Ecuador es excedentario en la producción de azúcar a partir de caña. Durante 2008

la implementación del programa la hace Petrocomercial, con una inversión estimada de US $ 3,5

Millones para la planta destiladora en la terminal de combustibles de Pascuales (cerca de

Guayaquil), y un costo total estimado de US$ 15 Millones, para alcanzar una producción de 40.000

litros diarios de bioetanol en el mes de abril del 2009 (El Telégrafo, 29.06.2009).

El PBC de Sucumbíos tiene como antecedente una

iniciativa del Municipio de Nueva Loja en asocio

con el Fondo Ecuatoriano para la Cooperación al

Desarrollo (FECD), para la producción y

comercialización de panela (a partir del cultivo de

caña), producto elaborado que agrega valor a favor

de los productores (Entrevistas a Chala 2008 y

Alcívar, 2008). El programa culminó sus estudios de

prefactibilidad en noviembre del 2008 con el apoyo

técnico del SIGAGRO del Ministerio de Agricultura,

y aunque el MEER fue desde un inicio informado

del Programa, no ha apoyado hasta abril 2009 a

esta iniciativa (Entrevista a Chala, abril 2009).

Los promotores consideran que es posible realizar la producción de caña en una superficie que

puede ir del 10% al 15% de la superficie actual bajo uso agropecuario en la provincia, es decir más

de 40 mil hectáreas durante los próximos 50 años, siguiendo un esquema de agricultura

migratoria no mecanizada por pequeños productores en plantaciones de hasta 5 hectáreas

(Entrevista a Chala, abril 2009). Los objetivos del PBC son la creación de fuentes de trabajo y

apoyo a agricultores, recuperación de pastizales improductivos a usos con fines energéticos,

diversificación energética con bioetanol (reducción de emisiones de CO2) para el mercado de

Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Pichincha, mediante la conformación de una empresa asociativa

entre pequeños productores y GPS, encargada de la transformación y comercialización. Los

estudios para la Planta destiladora sugieren que se la ubique en Shushufindi, donde se encuentra

la refinería Amazonas en cuyas facilidades se realizaría la mezcla (Ibíd.).

Foto: Víctor López A.

28

Al parecer se mantienen las estimaciones iniciales de dar empleo a 10.000 pequeños productores,

a la vez que se evita la ampliación de frontera agrícola sobre la vegetación natural remanente en

las propiedades u otras áreas naturales de Sucumbíos. Los ingresos estimados por familia podrían

bordear los US$ 5.000,oo al año (Entrevista a Chala, feb.08), aunque se considera que los precios

ofrecidos pagar a los productores para que dirijan su producción al PBC, están sobrevalorados con

lo que se afectaría la producción de panela en el proyecto conjunto de Municipio de Nueva Loja y

FECD (Entrevista a Alcívar, mayo 2008). Este Programa se viene ejecutando en el GPS a través del

Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de Sucumbíos (CISAS) y con el apoyo de

SIGAGRO-MAGAP se realizaron el diagnóstico y línea base (Entrevista a Yugcha, feb. 2009). Entre

las conclusiones del responsable en SIGAGRO para estos estudios, se remarca la necesidad de

considerar diferentes especies de caña para diferentes micro-regiones de la provincia; que la

producción inicial se concentraría en 3 parroquias del cantón Shushufindi (Cofanes, Shushufindi y

Limoncocha) en una superficie total de entre 2.000 y 4.000 hectáreas, sobre todo por la calidad

superior de suelos a otras zonas de la provincia.

b) Palma africana

De una consultoría contratada por la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana

(ANCUPA), para la georeferenciación para todas las plantaciones de palma en Ecuador a 2005, se

identificó una superficie total de 210.000 hectáreas de este cultivo en el país, de las cuales 180 mil

cubren la demanda nacional (Entrevista a Yugcha, feb. 2009). En los 3 últimos años se incremento

la superficie a aproximadamente 250 mil hectáreas, sobre todo por los elevados precios que se

registraron hasta fines del 2008 para el aceite rojo: US $ 200,oo por tonelada. Desde enero del

2009 los precios cayeron a menos de 90 dólares/Ton., lo cual incide en el desarrollo de este

cultivo, incluidos los proyectos con fines energéticos, como el Programa de Biocombustibles de

Sucumbíos (Entrevistas a Yugcha y Chala, 2009). Del catastro de ANCUPA se clasificaron las áreas

de producción de palma por bloques, según productividad de los cultivos, variedades y

condiciones ambientales:

� Bloque San Lorenzo (provincia de Esmeraldas) en el Pacífico: 27 a 40 Ton/ha, sobre todo

por plantaciones jóvenes con variedad IRHO y buena calidad de suelo.

� Bloque Central (prov. Esmeraldas, Santo Domingo

y Los Ríos) en litoral: Quininde, Sto Domingo y

Quevedo, con rendimientos de 18 a 22 Ton/ha

IRHO, sobre todo por tratarse de cultivos y palmas

viejas de 20 a 25 años, así como por la cada vez

más frecuente falta de lluvia y periodos de más

frio, quizá asociados al Cambio Climático.

� Bloque Sur (prov. de Guayas y Cañar) litoral y

subtrópico: sector de El Triunfo, con rendimiento

de 18 a 20 Ton/ha.

� Bloque Oriental (RAE): triangulo de Shushufindi en provincia de Sucumbíos, en torno al río

Eno con productividad de 20 a 22 Ton/ha.

Foto: Víctor López A.

29

La producción total de aceite de palma en Ecuador a mediados del 2008 se estimaba en 371.000

toneladas métricas, de las cuales 210.000 TM cubrían el consumo interno y las restantes 160.000

TM eran excedentarias, mientras que las plantaciones de palma para la elaboración de biodiesel

alcanzaban un área estimada de 20.000 hectáreas (El Telégrafo. 29.06.2008). Para ANCUPA la

fijación de un precio idóneo al productor y destilador, depende de respetar el precio internacional

y del cumplimiento por parte del Estado (PNBC) de la forma de pago al productor por litro de

aceite destilado (Ibíd.).

Por su parte, de los estudios de pre-factibilidad el Programa de Biocombustibles de Sucumbíos

considera que el comportamiento del precio del crudo en el mercado internacional, pero también

del precio del aceite vegetal, desincentivan por el momento la promoción de este cultivo, ya que

su transformación es sumamente costosa y no se justificaría por los bajos precios internacionales

del crudo y del aceite vegetal. (Entrevista a Chala, 2009). Sin embargo de que el PBC identifica la

necesidad de estudiar otras especies útiles de palmas e incluso de piñón, el reemplazo del diesel

para la generación termoeléctrica y el consumo de diesel para el transporte, por ser subsidiados y

altamente contaminantes, será un factor que incida en la promoción de biodiesel en el país. Se

registran exportaciones de aceite de palma con fines energéticos a EEUU por la empresa La Fabril

durante 2007 y 2008.

c) Piñón (Jatropha sp.)

El Proyecto “Producción y uso de aceite vegetal del piñón en sustitución

del combustible diesel”, es ejecutado por el DED-IICA, para producción

de aceite vegetal para combustible a través de “reforestación” con

piñón, capacitación a población rural para manejo de recursos naturales

y trabajo organizativo para búsqueda de mercados. (UNDP, 2007).

La Corporación Corredor Ecológico, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca

(MAGAP) y el Consejo provincial de Manabí, mediante un convenio tripartito, promueven desde

inicios del 2008 el cultivo de piñón en esta provincia -de donde es originario- mediante la siembra

de 23.000 hectáreas, a partir de información georeferenciada del MAGAP en 2006 (El Comercio,

23.02.08). Los promotores prevén en un lapso de 60 meses tener sembradas 50.000 hectáreas,

siguiendo un esquema en el que los agricultores tendrán cada uno cinco hectáreas a su cargo y

recibirán US $ 100,oo al mes por el mantenimiento de su respectivo cultivo. Cuando se pueda

certificar la siembra de las 50.000 hectáreas (mediante imagen satelital), el Gobierno de Alemania

pondría a disposición de productores y promotores, un crédito de USD 40 millones para seguir

expandiendo el producto (Ibid). Se estima que una hectárea de piñón genera entre 2.100 y 2.800

litros de aceite y por tratarse de una especie endémica, su aprovechamiento en suelos

degradados en los que solo crece piñón, luce como una alternativa para familias que viven con

menos de un dólar al día.

Se advierte que India

sembrará, desde 2008, 40

millones de hectáreas con

Jatropha.

30

La Escuela Superior Politécnica del Ejercito (ESPE), realiza en coordinación con el Instituto

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias de Quevedo una investigación sobre las

diferentes especies (entre 4 y 6) de Jatropha en Ecuador, para buscar cuáles pueden o no

ser tóxicas (El Comercio, 18.05.08). Para los promotores, se han identificado variedades no tóxicas

que luego del estrujado, con el ‘bagazo’ sobrante, es posible elaborar balanceado para

animales, bioabono, e incluso bioetanol con un hongo. Además concluyen que por su resistencia

al exceso de agua se lo puede sembrar en la Amazonia (Ibid). También la Pontificia Universidad

Católica del Ecuador Sede Ibarra viene trabajando en la implementación de un laboratorio de

aceites y una planta piloto de extracción de oleaginosas, como parte de la implementación del

Centro Iberoamericano de Investigación y Transferencia de Tecnología en Oleaginosas (CIITTOL),

con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), y la coordinación entre

la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales de la PUCE-I y la Universidad Politécnica de Madrid.

(ver: http://www.pucei.edu.ec/puce_informes.php?info=228).

Conclusiones finales y perspectivas

1. A pesar de su reciente desarrollo constitucional, normativo, institucional y empresarial, las

energías sustentables en Ecuador buscan asegurar cuatro aspectos clave:

� La diversificación de la matriz energética del país, con énfasis en mejorar la eficiencia

energética para reducir los elevados costos económicos y ambientales de la actual

producción bruta de energía dependiente de combustibles fósiles

� La diversificación de la economía nacional, regional, local o familiar, a través de una

gestión social del agua o por medio de cultivos energéticos que no afecten la seguridad

alimentaria y promuevan la restauración de áreas degradadas con especies nativas

� La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero con mejoras en la intensidad

de carbono de la energía, a partir de tecnologías limpias y fuentes renovables no

combustibles, fundamentalmente hidroenergía y biocombustibles

� Seguridad energética para poblaciones que por factores geográficos o de mercado

eléctrico, no están atendidos por el sistema nacional interconectado y puedan tener

energía de sistemas fotovoltaicos o minicentrales hidroeléctricas, para apoyar sus

estrategias de desarrollo y superación de la pobreza: educación, saneamiento y

comunicación

2. En relación a la composición de emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio de uso

de suelo (60%) representa un problema mayor a la intensidad de carbono de la energía en

Ecuador, por lo que es imprescindible mejorar el uso potencial del suelo y la calidad de los

combustibles, pero también reducir el consumo no sostenible de energía, sobre todo por el

parque automotriz.

3. Las fuentes renovables no combustibles, fundamentalmente la hidroelectricidad, concentran

el aporte de las energías renovables a la producción bruta de energía en el país, mientras que

31

el aporte de la biomasa y de sistemas fotovoltaicos es marginal en volumen y focalizado a

zonas de difícil cobertura por fuentes convencionales.

4. La promoción de cultivos energéticos se hace en Ecuador a partir de varios aspectos centrales:

� Levantamiento de información georeferenciada de las áreas más adecuadas para la

producción de biocombustibles y de las áreas de recuperación por medio de cultivos

energéticos, que en su conjunto puede alcanzar las 55.000 hectáreas de caña de azúcar y

50.000 ha de piñón a nivel nacional en los próximos años.

� Investigación de especies promisorias, sean endémicas, nativas o adaptadas, a cualquiera

de las regiones del país, para la producción de biocombustibles y aprovechamiento de

sólidos (bagazo) y otros productos asociados (abonos, balanceados o forraje), lo que

evidencia esfuerzos por superar los biocombustibles de 1ª generación.

� Establecimiento de cadenas productivas y de valor para la generación de empleo que

ayude a superar los elevados niveles de pobreza rural y permita redistribuir el valor

agregado de manera más equitativa entre productores primarios.

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Ing. Trajano Yugcha, del Ministerio de Agricultura, Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria,

SIGAGRO-MAGAP (feb. 2009).

Ing. Eduardo Villegas, Secretario técnico del Ecorae Sucumbíos (abr. 2009).

Lic. Sonia Alcívar, Técnica del Fondo Ecuatoriano para la Cooperación al Desarrollo, FECD (oct. 2008).

Ing. Alecksey Mosquera, Ministro de Electricidad y Energías Renovables, marzo 2009 (Entrevista por

EcuadorRadio, 9 de febrero del 2009).

Lic. Mario Brito, Director Ejecutivo de FEDETA, abril 2009 (Entrevista Tv. canal 21, Quito. 26 de abril de

2009).