GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

Judith Astelarra(coord.)

Irma Arriagada Lourdes BeneríaLuis Mora Juliana MartínezPilar Carrasquer Guillermo MongeMarta Lamas Teresa TornsCristina Gomes Joan SubiratsMartín Hopenhayn María Jesús IzquierdoAna Sojo Patrocinio de las HerasRosario Aguirre Clara JusidmanGuillermo Sunkel María del Carmen Feijoo

Estos materiales están pensados para que tengan lamayor difusión posible y que, de esa forma, contribuyanal conocimiento y al intercambio de ideas. Se autoriza,por tanto, su reproducción, siempre que se cite la fuentey se realice sin ánimo de lucro.

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Primera edición, octubre de 2007© Fundación Carolina - CeALCI

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PRESENTACIÓN ........................................................................................................ VII

EJES DE ANÁLISIS

GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN, JudithAstelarra.............................................................................................................. 3

RESÚMENES DE LOS FOROS

LAS FAMILIAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS MERCADOS, Irma Arriagada....... 15

LOS FLUJOS ENTRE LAS FAMILIAS, EL ESTADO Y EL MERCADO, Luis Mora .... 27

UN PROYECTO POLÍTICO-SOCIAL: DEBATE Y PRINCIPALES LÍNEAS DE CON-CLUSIONES, Pilar Carrasquer ........................................................................... 33

I. GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

1. ALGUNAS REFLEXIONES RELATIVAS AL DERECHO A DECIDIR SOBRE ELPROPIO CUERPO, Marta Lamas ........................................................................ 43

2. TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA: IMPACTO Y DESAFÍ-OS DESDE EL TRABAJO Y LA REPRODUCCIÓN, Cristina Gomes .................. 53

3. COHESIÓN SOCIAL: ENTRE INCLUSIÓN SOCIAL Y SENTIDO DE PERTE-NENCIA, Martín Hopenhayn............................................................................. 63

4. COHESIÓN SOCIAL, GÉNERO Y REGÍMENES DE BIENESTAR EN AMÉRICALATINA Y EL CARIBE: ELEMENTOS PARA LA DISCUSIÓN, Ana Sojo............ 71

II. FAMILIA, MERCADO Y ESTADO

1 LAS FAMILIAS COMO PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE CUIDADOS, RosarioAguirre ................................................................................................................... 83

2. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATI-NA, Guillermo Sunkel ........................................................................................ 95

3. TRABAJO PRODUCTO/REPRODUCTIVO, POBREZA, Y POLÍTICAS DE CON-CILIACIÓN EN AMÉRICA LATINA: CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y PRÁC-TICAS, Lourdes Benería ..................................................................................... 107

ÍNDICE

V

4. POLÍTICAS CON EFECTOS CONCILIATORIOS EN AMÉRICA LATINA: UNAREGIÓN, DISTINTOS ESCENARIOS, Juliana Martínez y Guillermo Monge .. 121

5. POLÍTICAS DE GÉNERO Y BIENESTAR: ¿LA CONCILIACIÓN COMO RES-PUESTA?, Teresa Torns ...................................................................................... 135

III. PROYECTO SOCIOPOLÍTICO DE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ESPACIO CIUDADANO, Joan Subirats ............. 145

2. LA SOLIDARIDAD Y LOS INTERESES EN LA BASE DE LA CIUDADANÍA,María Jesús Izquierdo ........................................................................................ 155

3. CONTRATO SOCIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL NUEVO PACTOENTRE LOS GÉNEROS, Patrocinio de las Heras .............................................. 165

4. LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y LA COHESIÓN SO-CIAL, Clara Jusidman ........................................................................................ 177

5. LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA ¿ES POSIBLE VINCU-LARLAS A LA COHESIÓN SOCIAL? María del Carmen Feijoo ........................ 187

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS............................................................................. 201

RELACIÓN DE AUTORES .......................................................................................... 209

Índice

VI

El tema de la cohesión social ha estadopresente en estos últimos años en elanálisis y las propuestas tanto de Amé-rica Latina como de España y tambiénEuropa. Por ello, se decidió que fuera eltema central para las deliberaciones delos mandatarios de la XVII Cumbre Ibe-roamericana de Jefes de Estado. Los de-bates realizados en esta línea han dadoorigen a varios documentos. Por encar-go de la SEGIB, la CEPAL ha publicadoun documento sobre este tema que re-coge datos y tendencias y que apuntapropuestas sobre los diversos aspectosque conforman la cohesión social.

Parecía interesante vincular la temáticade género con la de cohesión social.Existía ya un antecedente en el seminarioorganizado por UNFPA en México en2005: Es a partir de estos antecedentesque se organizó el seminario: «Género yCohesión Social», en mayo-junio 2007,que contó con el patrocinio de la Funda-ción Carolina y el Instituto de la Mujer deEspaña y la colaboración de UNIFEM,México; UNFPA, Latinoamérica; y CEPAL.

El seminario contó con ponentes exper-tos en género y en cohesión social pro-venientes de América Latina y de Espa-ña. Se buscó que fuera un intercambiode opiniones entre estos diferentes sec-tores. El seminario tuvo dos etapas:

1) Un seminario on line1, organizadoen cuatro foros, en el que se presenta-ron ponencias, se debatió con un grupo

de comentaristas y se invitó a personali-dades a dejar un mensaje audiovisual.Los participantes fueron:

Foro 1 Moderadora: Irma Arriagada (CEPAL).Ponentes: Rosario Aguirre, Ana Sojo, Gui-llermo Sunkel, Joan Subirats.Invitadas/os de Honor: José Luis Machi-nea, María Ángeles Durán y Sonia Montaño.Comentaristas: Gabriel Kessler, ElizabethJelin, Rosalía Camacho, Carmen Alpin, Pe-dro Güell, José Olavaria, José Adelantado yCorina Rodríguez.

Foro 2 Moderador: Luis Mora (UNFPA).Ponentes: Lourdes Benería, Cristina Go-mes, Teresa Torns, Guillermo Monge-Julia-na Martínez.Invitadas/os de Honor: Lourdes Benería,Marcela Suazo y Jeannette Carrillo.Comentaristas: Eleonor Faur, Javier Pine-da, Silvia Vega, Sonia Draibe, Carmen JuliaGómez, Cecilia Menjívar y Lorena Flores.

Foro 3 Moderadora: Pilar Carrasquer (UAB).Ponentes: María Jesús Izquierdo, Patrociniode las Heras, Martín Hopenhayn, Marta Lamas.Invitadas/os de Honor: Enrique Iglesia, Ve-rena Stolcke y Anna Cros.Comentaristas: Pamela Díaz-Romero, En-carna Bodelón, María del Carmen Feijoo,Morgan Quero y Raquel Osborne.

Foro 4 Moderadoras: Haydee Birgin (Asesora),María del Carmen Feijoó (UNFPA) y LourdesMuñoz (Diputada).Invitadas/os de Honor: José Antonio Vie-ra-Gallo (Ministro), Teresa Rodríguez (UNI-FEM) y Rebeca Grynspan (Directora regionalpara América Latina PNUD).

PRESENTACIÓN

VII

1 Pueden consultarse las ponencias, los foros y los vídeos de presentación en: www.e-cofi.net.

2) Un seminario presencial, donde seagregaron nuevas ponencias, específi-camente sobre políticas públicas de gé-nero.

Este libro incorpora todas las ponenciasde los foros on line, un resumen de cadauno de los foros hecho por los modera-dores/as y dos ponencias del seminariopresencial, de Clara Jusidman y Maríadel Carmen Feijoo. Las ponencias sehan agrupado de modo diferente a losforos porque, a partir de los debates, pa-reció interesante una reorganización.

En las primeras páginas del libro, sepresenta un análisis conceptual deltema de género y cohesión social a par-tir de los debates realizados en los fo-ros. Una introducción general de la di-rectora del seminario y un resumen delos principales temas debatidos en losforos hecho por los moderadores/as. Enla primera parte: «Género y cohesiónsocial» se han agrupado las ponenciasque abordan los temas de la corporali-dad y el derecho a decidir sobre el pro-pio cuerpo; los aspectos demográficos yla conceptualización de cohesión social.En la segunda parte: «Familia, Mercadoy Estado» se incorporan las ponenciasque hacen referencia a estas tres institu-ciones y su relación con la cohesión so-cial. Finalmente en la tercera parte:

«Proyecto sociopolítico de género ycohesión social» se abordan los debatesrelativos a los derechos y el nuevo pactosocial entre hombres y mujeres, sus im-plicaciones y efectos sobre el diseño eimplementación de las políticas públi-cas. Por razones de espacio las referen-cias bibliográficas fueron reducidas e in-tegradas en una bibliografía general alfinal del texto.

En la organización del seminario on linese contó con el trabajo de la Comunidadde Foros Iberoamericanos (COFI), dirigi-do por Judith Astelarra (UAB) y JosephMaría Monguet (UPC) y compuesto porJudith Muñoz, Yliana Riveros y la colabo-ración de Rosana Pastor (UNIFEM- Méxi-co). Carla Frías colaboró en el seminariopresencial y la compilación de este libro.

Finalmente, quiero agradecer el espe-cial apoyo brindado por Leire Pajín (se-cretaria de Estado de Cooperación), Te-resa Rodríguez (directora regional deUNIFEM), Rosa Peris (directora del Insti-tuto de la Mujer), Rosa Conde (directorade la Fundación Carolina), Lluís Ferrer(rector de la UAB) y Cristina Durán (ga-binete rectorado UAB).

Judith AstelarraDirectora del Seminario

Barcelona, julio de 2007.

Presentación

VIII

EJES DE ANÁLISIS

El objetivo del seminario sobre Géneroy Cohesión Social fue incorporar la di-mensión de género al análisis sobre lacohesión social. En este sentido se trata-ba de una aplicación del principio de latransversalidad de género. Sin duda, laconceptualización tanto del génerocomo de la cohesión social tienen unalarga tradición teórica y empírica en lasciencias sociales. Pero, de alguna mane-ra, habían discurrido por caminos para-lelos. En ambos casos además, como sepudo apreciar tanto en los debates delos foros virtuales como en el seminariopresencial, no se trata de conceptos teó-ricos con planteamientos homogéneosy compartidos y se prestan no sólo a di-ferentes interpretaciones sino a cuestio-namientos o conflictos. Esto resultómás evidente en el caso de la utilizacióndel concepto de «cohesión social» queen el de género. Por eso parece intere-sante comenzar por un primer enfoquede lo que ambos conceptos indican. Co-menzaré con una definición un poco de-tallada del género, sus niveles y su arti-culación porque aunque es conocidopor quienes trabajan en este campo nolo es tanto fuera de él.

EL SISTEMA DE GÉNERO

La división sexual del trabajo es el con-cepto utilizado para dar cuenta de laexistencia de una peculiaridad social:en todas las sociedades hombres y mu-jeres realizan funciones diferentes.Cada sociedad decide qué tareas son

de competencia de los varones y seránconsideradas actividades masculinas ycuáles corresponden a las mujeres,convirtiéndose en funciones femeni-nas. Los seres humanos son socializa-dos para que aprendan a desempeñarestas tareas y para que acepten este or-den social como «normal». Existennormas que prescriben los comporta-mientos aceptables para unas y otros ymecanismos de sanción y control, paraimpedir que se produzcan desviacionesen las conductas individuales. Esta di-visión de roles cambia a lo largo deltiempo y coexiste con actividades con-sideradas neutras o que pertenecen aambos géneros. El equilibrio entreunas y otras puede ser variable, peroexisten muy pocas sociedades queacepten que existen más de dos géne-ros. Esta organización es independien-te del sexo biológico, aunque en mu-chos casos ha sido la biología elelemento utilizado como legitimadorde su existencia, convirtiéndose, en-tonces, no sólo en un hecho material,sino en una ideología. Las diferenciasbiológicas pasan a ser la base que justi-fica la división sexual del trabajo y elsistema de género.

El género se expresa en cuatro niveles:1) las características biológicas secun-darias; 2) la identidad personal; 3) losroles sociales; 4) los ámbitos sociales.

En cuanto a la relación entre género ybiología, somos una especie de la na-turaleza. Independientemente de dife-rencias y desigualdades, todos los seres

GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

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humanos compartimos el hecho dedesarrollar toda nuestra vida, individualy social, desde un cuerpo marcado pordos momentos inevitables: el nacimien-to y la muerte. Es bueno, por lo tanto, noolvidar en los análisis sociales la exis-tencia de la biología, que aunque no de-termina la organización social, pone loslímites a nuestra vida individual. Si biensomos una especie sexuada en térmi-nos de la reproducción, lo que requierede dos individuos claramente diferen-ciados, la hembra y el macho, las carac-terísticas secundarias de nuestros cuer-pos no son duales pues presentan unamayor variación. Además modelamosnuestros cuerpos a través de procesossociales y culturales, aunque la organi-zación política pone límites a la capaci-dad de decisión individual que tenemosen este proceso.

Nuestra identidad personal, en su nú-cleo básico, ha estado siempre asociadaal género: no somos «personas», somoshombres o mujeres, con rasgos psicoló-gicos, de «feminidad» y «masculini-dad». En algunas sociedades los este-reotipos femeninos y masculinos sontotalmente diferentes; en otras, las mu-jeres y los hombres pueden compartiralgunos rasgos y diferenciarse en otros.La gran variedad de modelos que exis-ten o han existido en las sociedades pre-sentes y pasadas tiene su origen en lasdefiniciones sociales y culturales que ri-gen la conducta de mujeres y hombres yse transmiten de generación en genera-ción, a través de la socialización y laeducación.

Hasta aquí el género actúa sobre nues-tro cuerpo y nuestra identidad personaly subjetividad. Pero el género tambiéndelimita los roles y los ámbitos socia-les. El género no se asigna sólo a laspersonas sino a las actividades mis-mas. De este modo, en cada sociedad,se suelen distinguir entre roles femeni-nos y roles masculinos. Puede haberuna clara dicotomía o pueden existir ro-les neutros que pueden desempeñaruno u otro género. Y cambian mucho alo largo del tiempo en una misma socie-dad o entre diferentes sociedades. Fi-nalmente, las personas con género,desempeñan roles de género en ámbi-tos sociales diferenciados que tambiénpasan a tener género. Así existen ámbi-tos predominantemente masculinos yámbitos predominantemente femeni-nos.

Para que el género social, en sus cuatroniveles se desarrolle, las sociedades hu-manas han creado instituciones y meca-nismos que, en su conjunto, forman elsistema social de género. Las relacionesde género existen en todas las institu-ciones y organizaciones de la sociedad,pero la base del sistema de género es lafamilia. La familia, con tipos muy dife-rentes pero siempre presente, ha regu-lado históricamente las relaciones degénero; lo que sucede allí se proyecta,posteriormente, a otros ámbitos de lavida social, como la economía y la políti-ca. Los roles sexuales también aparecenen estas funciones, cuando las mujeresse incorporan a sus actividades fueradel ámbito doméstico.

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Ahora bien, la existencia de la divisiónsexual del trabajo y su expresión en elsistema de género no necesariamenteimplica que las diferencias en los rolesde mujeres y varones se conviertan endesigualdad entre ambos. Pero, en la rea-lidad, el sistema no se ha caracterizadopor su igualdad. Desde hace varios mi-lenios, la situación social de las mujereses de desigualdad con los varones. Estajerarquización no se produce sólo entrelas personas, sino también en los roles yen los ámbitos donde las personas de-sempeñan estos roles. Se trata de un mo-delo de desigualdad individual y estruc-tural que actúa sobre los cuatro nivelesdel sistema de género que hemos des-crito. La desigualdad de género coexistecon otras formas de desigualdad, en es-pecial con las desigualdades producidaspor la división social del trabajo y laexistencia de clases sociales. Aunqueexiste una dimensión de género especí-fica que afecta a todas las mujeres, tam-bién se producen formas de desigual-dad entre ellas que provienen de estasotras dimensiones.

En la sociedad moderna, industrial yurbana, se acentuó la separación del es-pacio privado (el hogar) destinado alas mujeres, del espacio público, predo-minantemente masculino. El ámbito pú-blico adquirió valor económico, social yde prestigio, mientras que al ámbito pri-vado sólo se le asignó un valor simbóli-co. La participación en uno u otro seconvirtió en la principal fuente de la des-igualdad del sistema de género. El mo-delo familiar de la sociedad moderna es

el denominado male breadwinner: lamujer es ama de casa y el hombre es elproveedor económico. La familia seconvirtió en el espacio social en el quese reproduce a los seres humanos, bio-lógica y socialmente y se les prepara co-tidianamente para las tareas públicas.Desde la perspectiva de las mujeres,esto significó que su participación socialfue restringida al ámbito de la familianuclear y del hogar. El trabajo do-méstico y su rol de esposa y madre seconvirtió en su principal fuente de iden-tidad. En las últimas décadas se hanproducido importantes cambios en estemodelo familiar. Sin embargo, como lasponencias de este seminario analizan, elcuidado sigue siendo casi en exclusivaun rol femenino.

La división sexual del trabajo y la divi-sión en ámbitos públicos y privados dela sociedad moderna comportó un nue-vo modelo de distribución del tiempo.Todas las personas tienen un tiempode vida, entre el nacimiento y la muer-te. Como hemos señalado, es la carac-terística de nuestra especie que noshace iguales a todos los seres huma-nos en todo el mundo. Ahora bien, loque no es igual es la utilización que po-demos hacer con nuestro tiempo entreesos dos momentos y cuáles son lasactividades a que lo vamos a destinar.El tiempo está parcializado: en el tiem-po de vida y en unidades como son losaños, los meses y los días. La distribu-ción de nuestro tiempo viene determi-nada por la división de las tareas socia-les. Entre las tareas productivas, las

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reproductivas, los proyectos colectivosde la sociedad, los proyectos sociocul-turales y las actividades lúdicas o deocio. En esta distribución o posibilidadde asignación de nuestro tiempo devida, las personas no somos iguales.De modo que podemos establecer unvínculo entre los tiempos (la vida, losaños y meses y la cotidianeidad), losrecursos materiales (pagado/no paga-do) y la distribución de actividades(productivo/reproductivo; ciudadanas;socioculturales; lúdicas).

COHESIÓN SOCIAL

La conceptualización sobre lo que es lacohesión social puede llevar al viejo de-bate en la teoría sociológica sobre losalcances del consenso y el conflicto so-cial. Las teorías que ponen el acento enla estructura de la desigualdad que hacaracterizado a las sociedades hanpuesto al conflicto en el centro de lavida social y han sostenido que el con-senso forma parte de las relaciones depoder y en este sentido es socialmenteimpuesto. Las teorías del consenso, sinembargo, señalan que en todas las so-ciedades existen elementos que lasmantienen unidas, con un sentido depertenencia de sus miembros dados porelementos culturales de valores com-partidos. Para estas teorías, la existen-cia de conflictos se aprecia desde dosperspectivas; para algunos es un ele-mento desintegrador de la sociedadmientras que para otros tiene elemen-

tos positivos porque abre las puertas alos cambios. A pesar de estas diferen-cias, no cabe duda que la Sociologíaacepta que el consenso y el conflictoson dos aspectos centrales de las rela-ciones sociales. La pregunta, en todocaso, es cómo se vinculan y cuál es la di-námica de su relación.

En el seminario, este debate apareciócon fuerza. Para algunos participantes,el nuevo énfasis en la cohesión socialque existe a los dos lados del Atlánticose considera una vuelta a teorías con-servadoras, que no toman en cuenta ladesigualdad y que son conceptualmen-te pobres. La respuesta de quienes es-tán trabajando desde la perspectiva dela cohesión social, especialmente losponentes de CEPAL, fue que esto no esasí y reivindicaron la definición que seha hecho de ella en sus documentos.CEPAL en su libro Cohesión Social(mayo 2007), parte de la idea de que elconcepto no resiste una definición uní-voca y señala que no tiene una acepciónclara. Ana Sojo (véase su artículo eneste libro), a partir del trabajo de CEPAL(que ella coordinó) plantea el conceptode cohesión social vinculado a diversasdimensiones. Lo define como la dialécti-ca entre mecanismos instituidos de in-clusión/exclusión sociales y las respues-tas, percepciones y disposiciones de laciudadanía frente al modo en que ellosoperan y que sustentan el sentido depertenencia a la sociedad y moldean laspercepciones y conductas de los indivi-duos frente a una sociedad o comuni-dad en particular.

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Es interesante notar que el renovado in-terés por la cohesión social ha surgido apartir de la constatación de que las des-igualdades en América Latina no handesaparecido sino que se han incremen-tado, a pesar de existir mejores perspec-tivas económicas. Es a partir de la revi-sión de las teorías neoliberales quecaracterizaron a los años noventa del si-glo pasado que la mirada se ha puestootra vez en Europa y su Estado de Bien-estar como un mecanismo corrector dedesigualdades. A partir de allí y con elapoyo europeo se han elaborado mu-chos de los documentos sobre cohesiónsocial. Ahora bien, no se debe olvidarque el modelo de cohesión social euro-peo ligado al Estado de Bienestar tienesu propia historia y está vinculado aldesarrollo de sus instituciones. Muestrapor lo demás cómo conflicto y consensoson las dos caras de la vida social.

Desde la perspectiva analítica la pregun-ta frente a las desigualdades, puestoque toda estructura social conocida tie-ne un componente de desigualdad, es sihay diferencias cualitativas entre dife-rentes modelos de desigualdad o si to-dos son semejantes y las diferenciasson sólo una cuestión de grado. Se tratade una pregunta cuya respuesta tieneconsecuencias políticas. Yo creo que lasdiferencias son cualitativas. No es lomismo la existencia de desigualdadesque garantizan unos niveles mínimos debienestar a su población y que no tienendiferencias extremas, que una sociedaden que las diferencias entre los sectoresaltos y bajos es abismal y una parte de

la población no tiene ni para la supervi-vencia. Esta diferencia cualitativa seasienta justamente en el hecho de queen una sociedad se haya generado elconsenso de que la igualdad es un va-lor; de que es importante que exista lainclusión de sus miembros en ella; y deque se debe garantizar el bienestar mí-nimo de la población y limitar las des-igualdades. Es sobre esta coincidenciavalorativa que es posible impulsar me-didas redistributivas políticas, económi-cas y sociales aceptadas por todos lossectores sociales. Este consenso permi-te también determinar cuáles son lasinstituciones responsables de conseguirel bienestar de la población y limitar lasdesigualdades, y cómo se debe darleslegitimidad para desarrollar su tarea.

En el caso europeo este consenso fueconstruido después de las dos guerrasmundiales del siglo pasado y se decidióque fuera el Estado el responsable delas políticas de bienestar y de las políti-cas fiscales que permiten la redistribu-ción. Esta fue la base de la cohesión so-cial que se buscó en Europa y quemarca hoy no sólo las políticas para laspersonas sino también las políticas en-tre las regiones europeas (de allí losprogramas de los fondos estructurales yde cohesión de la Unión Europea quetanta importancia han tenido en Espa-ña). Por lo tanto cuando se habla de co-hesión social se parte de estos valorescompartidos que se han construido his-tóricamente. Han estado asociados, po-líticamente, al desarrollo de la ciudada-nía y la ampliación de sus derechos para

Género y cohesión social: una primera aproximación

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hacer viables los derechos sociales e,institucionalmente, a la construcción delEstado de Bienestar. Esta es la base delsentido de pertenencia en las socieda-des europeas.

¿Es el modelo de la igualdad la únicaforma de construir la cohesión social?No lo es. También se puede lograr cohe-sión teniendo a la desigualdad comoparte constitutiva de la vida social. Lasdictaduras generan cohesión social através del control que pueden ejercer.Las sociedades estamentales, en que to-dos los estamentos tienen un fuertesentido de pertenencia y aceptan las je-rarquías y desigualdades tienen tam-bién una fuerte cohesión social. Las des-igualdades de género son otro ejemplode estas formas de cohesión. La impor-tancia de la identidad de género, es de-cir, del aspecto subjetivo de la pertenen-cia a un grupo social, en este caso losgéneros, ha hecho que las mujeres y loshombres hayan aceptado durante mu-cho tiempo como algo «natural» la exis-tencia de las jerarquías y las desigualda-des entre ellos.

GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

¿Cómo vinculamos estos dos ejes deanálisis, el sistema de género y la cohe-sión social? El seminario, cuyas ponen-cias y foros de debates presentamos eneste libro ha estado destinado a reflexio-nar sobre ello. Darle la dimensión de gé-nero a la conceptualización de la cohe-

sión social es algo que hasta ahora habíaestado ausente. Todas las aproximacio-nes teóricas y empíricas, aunque fuerancontradictorias entre ellas, sólo han ana-lizado el ámbito público del sistema degénero. La principal fuente de desigual-dad analizada ha sido la de la divisiónsocial del trabajo; la división sexual deltrabajo como origen de las desigualda-des de género nunca había sido una di-mensión que se tomara en cuenta. Mer-cado y Estado han sido los dos ámbitossociales por los que ha discurrido el aná-lisis y las propuestas de los teóricos dela cohesión social. De allí surgieron losanálisis sobre las desigualdades de cla-se, los procesos económicos que habíancontribuido a disminuirlas y el surgi-miento de las políticas sociales y el Esta-do de Bienestar.

En paralelo a estas reflexiones teóricasy políticas discurría el análisis sobre lasdesigualdades de género, incorporadoal quehacer intelectual desde el movi-miento feminista y muchas veces cir-cunscrito a él, tanto en la academiacomo en la vida política. Desde allí se in-sistió en señalar que la vida social tienetambién una tercera institución, la fami-lia, que es donde se producen los bienesy servicios de cuidado. El cuidado es im-prescindible para que haya reproduc-ción humana; para que las personaspuedan vivir y para que puedan des-arrollar la subjetividad y la identidadpersonal. Y estos cuidados requieren depersonas que se hagan cargo de ellos,porque no todo lo podemos hacer ensoledad. Este aporte, que es central para

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la cohesión social, lo han hecho las mu-jeres desde la familia. Es cierto que haydiferentes modelos de familia por lo quees mejor hablar de familias, pero tam-bién lo es que esta función se cumple entodos ellos.

Este fue el objetivo principal del semina-rio: hacer la triangulación entre Estado-Mercado-Familia mostrando las relacio-nes que existen entre los tres ámbitos.Al mismo tiempo se debatió sobrecómo crear un nuevo proyecto político-social que tenga como base un pactoentre los géneros. Ello implica hablar delas condiciones sociales que hacen sur-gir la desigualdad de las mujeres, perotambién mostrar cuánto la sociedad seha beneficiado del aporte del cuidadofemenino que ha posibilitado la base desu cohesión social. El problema es queeste aporte ha sido socialmente invisibi-lizado por la jerarquía y desigualdad es-tructural entre los ámbitos público y pri-vado. Sin embargo, ya no es posibleque este aporte esté determinado por lamarca de género: hombres y mujeresdeben hacerse responsables de esta ac-tividad humana sin la cual la sociedadno existiría. Se trata, por tanto, de anali-zar cómo proponer un nuevo proyectode sociedad, que sea compartido, en elque el sistema de género histórico nosea un condicionante.

Hemos de comenzar por el análisis de ladesigualdad de las mujeres y las pro-puestas que se han hecho para corregir-lo, tanto en las organizaciones interna-cionales como en las nacionales. La

desigualdad no existe en abstracto, sur-ge siempre a partir de una definición so-bre lo que comporta ser desigual encomparación con alguien. La desigual-dad de género implica comparar al gru-po privilegiado, los hombres, con eldesigual, es decir, las mujeres. ¿En tér-minos de qué? De aquello que la socie-dad valora más: en este caso se tratabade las actividades del ámbito público.Hemos descrito el origen de esta des-igualdad en la sociedad moderna. Loimportante es que produjo un sistemade presencias y ausencias de los dos gé-neros: presencia masculina y ausenciafemenina en el ámbito público y a la in-versa en el privado. Las mujeres erandesiguales porque estaban ausentes delas actividades del ámbito público, queera el privilegiado puesto que en él sedistribuían los recursos materiales, sim-bólicos y de poder que la sociedad tie-ne. La ausencia de los hombres del ám-bito privado no producía (ni producehasta el día de hoy) problemas de des-igualdad porque no tiene valor: es el lu-gar de quienes «no trabajan», no produ-ce recursos materiales ni cuenta conprestigio social. Eliminar la desigualdadde las mujeres por lo tanto significabacorregir su ausencia. A partir de esta de-finición se han impulsado políticas pú-blicas para la igualdad entre los génerosy se han movilizado gran cantidad de or-ganizaciones de mujeres, consiguiendoimportantes cambios en la organizaciónde género de la sociedad moderna.

A pesar de los cambios producidos, po-demos decir que en la actualidad las

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mujeres tienen unos ámbitos socialesdonde están presentes y otros dondeestán ausentes. Están presentes en elámbito privado con todas las activida-des que ello comporta. En el ámbito pú-blico se ha producido una incorpora-ción parcial que la podríamos definircomo una presencia condicionada y unaausencia relativa. Las mujeres, algunaso muchas según la sociedad concreta,participan en el trabajo asalariado, enlas actividades políticas, en los puestosde responsabilidad política, en las acti-vidades culturales y en las sociales. Estoes especialmente así en el caso de lasmujeres más jóvenes. Pero no podemosdecir que esta presencia en el mundopúblico esté libre de la dimensión de gé-nero que se expresa en dos rasgosimportantes: en primer lugar, esto lessupone una doble presencia, en el ámbi-to privado y en el público. En segundolugar, la presencia en el ámbito públicoaún no se produce en plena igualdadcon los hombres. Por ello la podemosdescribir como una presencia condicio-nada. Es importante además recordarque también pueden existir grandes di-ferencias entre las mujeres en términosde clase social, raza u otras característi-cas. En cuanto a los hombres se puededecir que tienen una presencia total enel ámbito público y están ausentes delámbito privado con la excepción de al-gunos grupos y sin destinarle más queun porcentaje pequeño de tiempo.

En la búsqueda de la corrección de laausencia de las mujeres del ámbito pú-blico podemos decir que se ha produci-

do una paradoja. La igualdad entre losgéneros se ha planteado como un temadel ámbito público y, en este sentido,se ha definido y delimitado de la mis-ma forma que se ha hecho para la cohe-sión social. Como la dificultad más im-portante para la igualdad de las mujeresen el ámbito público provenía de susactividades domésticas en el ámbito pri-vado (la doble jornada) se consideróque el rol femenino en el ámbito priva-do era un problema. Además, la familiafue considerada como una instituciónpatriarcal porque en ella se producíanlas relaciones de poder entre las muje-res y los hombres. Durante un tiempo,plantear políticas familiares se entendiócomo una forma conservadora de abor-dar la situación social de las mujeres.Todo esto es cierto y el rol en el ámbitoprivado contribuye a la desigualdad enel ámbito público. Pero, al hacer esta va-loración, no se prestó la debida atencióna lo que la presencia de las mujeresaportaba a la vida social, al mercado y alEstado, es decir, a la cohesión social.Esto ha conducido, entre otras cosas, aque las políticas de conciliación labo-ral/familiar sólo han contribuido a quesean las mujeres las que concilien.

Esta evaluación negativa del rol de lasmujeres en el ámbito privado contribu-yó a que surgiera una corriente dentrodel feminismo, la de la diferencia, quese encargó de revalorizar lo que las mu-jeres eran y hacían. El problema fue queambas corrientes, la de la igualdad y lade la diferencia entraron en contradic-ción, sin asumir que lo importante no

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era una u otra. Lo que se requiere teóri-ca y prácticamente es buscar el equili-brio necesario entre la presencia y laausencia de las mujeres como basepara construir un nuevo tipo de socie-dad, que corrija las desigualdades degénero y garantice el cuidado de laspersonas.

Desde las ciencias sociales se ha contri-buido en los últimos años a mostrar enqué consiste la presencia de las mujeresen el ámbito privado. Se trata de la pro-ducción de bienes y servicios ligados alcuidado de las personas. En primer lu-gar, de todas ellas, porque todos y todasrequieren cuidados cotidianos. Pero,muy en especial de las personas depen-dientes, por el ciclo vital (infancia, vejez)o por incapacidades personales. Estacontribución se ha medido desde diver-sos campos: 1) en términos del tiempoque se le destina; 2) en términos del va-lor económico que tendrían si fueran re-tribuidas; 3) en términos de su aportecultural y social. Se ha desarrollado unanueva ética de los cuidados y se analizacómo convertirlos en la base de unanueva generación de derechos ciudada-nos. Se propone también quién y cómodebe ser responsable de asumir los cui-dados, personal y colectivamente, demodo que no sigan recayendo sobre loshombros de las mujeres sin obtener nin-guna compensación por ello.

Es por estas consideraciones que, paracorregir la desigualdad de las mujeres,también es imprescindible mirar lasdos caras de la vida social: los conflic-

tos por los intereses contradictorios delos desiguales y la necesidad de elabo-rar consensos para cambiar la socie-dad. Primero ha sido necesario darlelegitimidad política al discurso de ladesigualdad de las mujeres para que setomen medidas para corregirlas. Pero,esto ha mostrado en el camino que elproblema no es sólo de las mujeres,que se trata de un problema de estruc-tura social que se debe modificar. Y lasociedad no se modifica sólo porquelas personas más conscientes de ungrupo discriminado «luchen en contrade la desigualdad», aunque sea demodo pacífico y con lobbies de intere-ses. Hace falta crear el consenso socialnecesario para producir los cambios ypara que se reconozca que no puedeexistir cohesión social en una sociedaddemocrática, si las actividades de cui-dado que más contribuyen a ella gene-ran desigualdades que se consideran«naturales» o que son invisibles. Esteesfuerzo lo deben hacer la mayoría delos hombres, pero también, las propiasfeministas, que muchas veces no salendel análisis confrontacional, es decir,de la dimensión de conflicto sin plan-tearse cómo se logran los consensos.Es importante poner la desigualdad enel centro del discurso feminista, peropara construir consensos es necesariauna dinámica de actuación que es dife-rente. Porque los pactos requieren delas percepciones de las dos partes. Deallí que el debate sobre la cohesión so-cial, en la medida en que no sólo hagareferencia al ámbito público sino queincluya también al ámbito privado y a

Género y cohesión social: una primera aproximación

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las relaciones entre ambos, es un enfo-que interesante. Permite, además, quese haga un proyecto que incorpore nosólo las desigualdades de género sinolas otras formas de desigualdad (declase, raciales, etc.) que también divi-den a las mujeres. Es decir, hacer unproyecto global de corrección de todaslas desigualdades.

Comenzar un análisis sobre cómo de-sarrollar esta nueva perspectiva de la co-hesión social que contemple tanto el ám-bito privado como el ámbito público delsistema de género, triangulando la Fami-lia, el Estado y el Mercado es lo que pro-ponen las ponencias que se presentan acontinuación y los resúmenes de los de-bates realizados al respecto en los foros.

Judith Astelarra

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RESÚMENES DE LOS FOROS

Resulta difícil articular conceptualmentecuatro nociones complejas y cargadasde ideología, historia y polisemia comoson las de regímenes de bienestar, co-hesión social, género y familia. A estadificultad se agregan los riesgos de tra-tar estos temas obviando sus contradic-ciones y complejidades. Por lo tanto, eneste texto se tratará de plantear algunosaspectos conflictivos de esas interrela-ciones que surgieron en el debate vir-tual del Foro 1, «Las familias y su vincu-lación con el mercado» en el seminariosobre género y cohesión social 1. El tex-to se organiza en cuatro grandes temas:las transformaciones de los regímenesde bienestar; las dificultades para la co-hesión social; los grandes cambios delas familias, del modelo laboral y del sis-tema de género y la necesidad de refle-xionar sobre un nuevo pacto entre fami-lias, sociedad (actores sociales políticosy económicos) y Estado.

I. EL «FAMILISMO» DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR LATINOAMERICANO

Hubo consenso en señalar que durantelas últimas décadas América Latina seha transformado profundamente, la in-

corporación a la economía global ha mo-dificado las formas de trabajo y de em-pleo lo que ha impactado la organiza-ción y distribución de responsabilidadesy derechos en las familias. Asimismo,los cambios demográficos relativos a lareducción de la fecundidad, al aumentode la esperanza de vida y a las migracio-nes están influyendo en el tamaño y enla estructura familiar. El ingreso de lasmujeres al mercado laboral desencade-na transformaciones culturales y subje-tivas que han sido denominadas, porsu alcance, como «la revolución silencio-sa» 2. Sin embargo, en lo que se refiere alpapel en el cuidado que desempeñan lasfamilias y, dentro de ellas, las mujeres,ha permanecido inalterado, y la familiase constituye como un pilar clave de losregímenes de bienestar latinoamerica-nos (Sunkel, 2007).

También se destacó que las reformasestructurales que se implementaronluego de la crisis de los ochenta signifi-caron un cambio radical del paradigmaque organizó la concepción de políticaspúblicas de seguridad social (Uthoff,2002; Pautassi, 2004). Los principios so-bre los que se construyó el sistema deseguridad social —la universalidad, lasolidaridad y la integralidad— fueron

LAS FAMILIAS Y SU VINCULACIÓN CON LOS MERCADOS

Irma Arriagada*

* Funcionaria de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Las opiniones vertidas son de su exclusivaresponsabilidad y no comprometen a la institución.1 Para ello nos basaremos en los trabajos presentados en el Foro 1 sobre familia y cohesión social de Ro-sario Aguirre, Ana Sojo, Joan Subirats y Guillermo Sunkel y en los comentarios realizados por José Ade-lantado, Carmen Alpin, Rosalía Camacho, Elizabeth Jelin, Gabriel Kessler, Pedro Güell, José Olavaria y Co-rina Rodríguez a quienes se agradece su aporte (véase www.e-cofi.net).2 Entre 1990 y 2005 la tasa de participación económica femenina en áreas urbanas de América Latinaaumentó de 45,9% a 58,1%, CEPAL, 2007.

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sustituidos por una visión eminente-mente técnica que se apoyaba en el con-cepto de eficiencia financiera. El nuevosistema se basa en una concepción indi-vidual del sujeto que aporta a su bienes-tar y en el que, sobre la base de susingresos, podrá extender la red de bene-ficios a su familia. Se gesta así un régi-men de bienestar que alcanza a los tra-bajadores del sector formal y a quienes,dependiendo de sus ingresos, puedenacceder a seguros sociales por mediodel mercado. Las mujeres siguen siendoperjudicadas por las características desus trayectorias laborales: menos coti-zaciones, más lagunas previsionales y elcálculo diferencial por su mayor expec-tativa de vida, entre otros factores.

Se sostiene que en el paradigma queemerge en la década de los años noven-ta el Estado pierde protagonismo mien-tras el mercado se constituye en un pilarcentral. Por su parte, se mantiene laorientación familista en tanto el régimenno absorbe el peso de la protección fa-miliar, puesto que la masiva incorpora-ción de la mujer al mercado del trabajose ha producido sin que el Estado hayagenerado las condiciones para el des-arrollo de este proceso (Sunkel, 2007).

En esa fase Jelin plantea una «confluen-cia perversa» entre los impulsos demo-cratizadores y participativos de la ola dela transición postdictatorial y los impe-rativos del Estado mínimo de los man-datos neoliberales dominantes, impul-sados por las instituciones económicasmultilaterales. La confluencia está en

que ambas propuestas requieren una«sociedad civil activa y propositiva». Laperversión reside en que bajo esas pro-posiciones se apunta a reducir el Estadoy transferir el trabajo de la gestión de lapolítica social a manos de la «sociedadcivil». La terminología usada por ambosproyectos políticos (el democratizador yel neoliberal) es la misma: participación,sociedad civil, ciudadanía, democracia.Pero sus sentidos e intencionalidadesson claramente diferentes.

En los países de América Latina coexis-ten variadas realidades socioeconómi-cas y organizaciones del Estado queobedecen a trayectorias históricas dife-rentes, a la existencia de Estados másconsolidados y con mayor continuidadjunto a otros más nuevos y más frágilesen su institucionalidad social y política.Al respecto, parece fundamental reto-mar la distinción entre Estado y regíme-nes de bienestar (Sunkel). El Estado deBienestar fue una construcción socialeuropea específica que implicó una re-definición de la relación entre el ciuda-dano y el Estado. En cambio, los regí-menes de bienestar se distinguen entresí de acuerdo con las responsabilidadesentre el Estado, el mercado y la familia ylas instituciones sin fines de lucro del“tercer sector” (Esping-Andersen, 2001).Por consiguiente, en América Latina noexistió un Estado de Bienestar (Kessler)aunque se observan diversos modelosde regímenes de bienestar definidoscomo liberal-informal (Gough y Wood,Barrientos, 2004) y estatal-productivis-ta, estatal-proteccionista y familiarista

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(Martínez, 2007) que se distinguen porla diferente ingerencia del Estado, delmercado y de las familias en la provi-sión de bienestar.

Los disensos que se plantearon en tornoa este tema remarcaron la diversidad detrayectorias tanto en Europa como enAmérica Latina (Kessler y Jelin), consi-derando el origen histórico diferente delque surgen las actuales democracias(décadas de inestabilidad política, dedemocracias frágiles en muchos casosinterrumpidas por regímenes militaresy por formas de democracia pasadasque, en el mejor de los casos, en el pe-ríodo de sustitución de importaciones,se constituyeron como movimientos na-cionales-populares o populistas y en elpeor, regímenes patrimonialistas oligár-quicos con elevados niveles de exclu-sión económica, política y social, Kess-ler).

II. DIFICULTADES CONCEPTUALES YREALES PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Las profundas transformaciones quesignifican la revolución de las comuni-caciones, la internacionalización de laeconomía, y los efectos de la globaliza-ción en las sociedades en Iberoaméricahan puesto en el primer plano el temade la cohesión social.

La CEPAL (CEPAL-AECI-SEGIB, 2007p. 16) define «cohesión social como ladialéctica entre mecanismos instituidos

de inclusión/exclusión sociales y las res-puestas, percepciones y disposicionesde la ciudadanía frente al modo en queellos operan». Estos mecanismos sus-tentan el sentido de pertenencia a la so-ciedad y moldean las percepciones yconductas de los individuos frente a unasociedad o comunidad en particular(Sojo, 2007).

Es precisamente este sentido de perte-nencia el principal escollo que hoy tie-nen las sociedades latinoamericanaspara el desarrollo de sociedades más in-clusivas. Es un problema que se suma alas desigualdades estructurales: las bre-chas de ingresos, de género, de ubica-ción espacial y de origen étnico y racial,pero que no se reduce a ellas.

Sojo (2007) expone una serie de dimen-siones donde se vinculan la cohesión so-cial con los temas de género, indica quelas transformaciones socioeconómicasimpactan la definición y delimitación delos ámbitos público y privado, las repre-sentaciones sobre género y los espaciosen que se construyen las diferencias en-tre hombres y mujeres. También en la te-mática de derechos, la promoción demayor igualdad y el reconocimiento dela diversidad interrelacionan los concep-tos de cohesión social y género. Encuanto a los factores que erosionan lacohesión, se señalan las brechas socioe-conómicas relacionadas con el género,dimensión en la cual las remuneracionesdel mercado de trabajo se manifiestancomo el principal locus de desigualdaden la región. En relación con las brechas

Las familias y su vinculación con los mercados

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de poder en el ámbito reproductivo, des-taca la distribución del poder en los ho-gares, en el acceso a recursos, los ses-gos de las responsabilidades de cuidadoy fenómenos como la violencia en con-tra de la mujer.

La grave polarización social y económicade la región latinoamericana plantea in-terrogantes para la generación de cohe-sión social en sociedades tan desigualescomo las latinoamericanas; específica-mente cómo enfrentar las desigualdadescruzadas —económicas, de género y et-nia—; cómo se incorporan las demandasde los grupos tradicionalmente exclui-dos que no se sienten partícipes de esosprocesos, que no se sienten ciudadanos;y cómo enfrentar la carencia de recursospara la política social.

Esta última interrogante remite a los te-mas distributivos, aun cuando la regiónlatinoamericana se encuentra en un ni-vel de ingresos medios, los países lati-noamericanos tienen sólo un tercio delPIB per cápita de la Península Ibérica.América Latina muestra la mayor des-igualdad de ingresos del mundo (medi-da por el coeficiente de Gini 3) que es lamanifestación de un conjunto de facto-res (empleo, ingresos, estructura pro-ductiva y otros) que afectan el bienestarde los hogares y de las familias.

En el tema de cohesión social los disen-sos se refirieron al propio concepto, que

según Güell tiene poca tradición en lasciencias sociales, no agrega mucho mása los temas de bienestar y protecciónsocial y sólo ha servido para demarcarla necesidad de pensar los temas de laprotección social y su relación con lapaz social más allá de los términos auto-rregulatorios de las economías neoli-berales. También se indicó que es unconcepto neutro en la medida que noconsidera las estructuras de poder exis-tentes (Adelantado), no incorpora aún elenfoque de género y corre el riesgo deconsiderar a las mujeres como grupo deriesgo (Camacho) y se opone al paradig-ma de conflicto que implica una nociónde ciudadanía y de lucha de poder (Je-lin). Sojo plantea que aunque el concep-to de cohesión social esté en proceso deelaboración, no hay que postergar queel tema de género y de familia sea con-siderado con esa óptica.

III. TRANSFORMACIONES DE LASFAMILIAS Y DE LOS SISTEMAS DE GÉNERO

Funciones de la familia y surelevancia para la cohesión social

Se destacó que —a diferencia de la per-cepción del sentido común— la familia yel mundo doméstico no son lugares ce-rrados sino que se constituyen en tornoal mundo público (los servicios, la legis-

Irma Arriagada

3 Se calcula que el índice de Gini para la Unión Europea es de 0,34, para Estados Unidos de América de0,41 y para América Latina es de 0,54 (CEPAL, SEGIB 2006).

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lación y los mecanismos de control so-cial) así como aspectos simbólicos talescomo las imágenes sociales prevale-cientes sobre la familia y la normalidad,las ideologías, y las instituciones educa-tivas (Jelin, 1994). Es dentro de la fami-lia donde se crean y reproducen las ac-ciones que dan forma a la cohesiónsocial. La formación del sentido de soli-daridad está íntimamente asociada a laformación del sentido de pertenencia.Al respecto, la familia es la proveedorainicial de ese sentido de pertenencia aun grupo, barrio, clase y un estilo devida, un país. La familia se relaciona conla cohesión social por su papel en la re-producción social, biológica y culturalde la población, por el cuidado de lasnuevas generaciones, de las personasdependientes por medio de la solidari-dad y es el aceite que hace fácil el rodajey la transición generacional (Durán,2007).

En América Latina los principales cam-bios en las políticas sociales fueron pro-ducto del desplazamiento de la provi-sión de los recursos institucionalesdesde el Estado hacia el mercado, yprincipalmente hacia las familias y, den-tro de éstas, a las mujeres. Así, la aten-ción de salud, educación y seguridadsocial se ha privatizado, coexistiendo unsector público —habitualmente con re-cursos insuficientes para dar coberturaa la población que los demanda, juntocon un sector privado de altos costos—.En la seguridad social el paso fue desdeun sistema solidario hacia un sistemade ahorro individual o un sistema mixto.

Sin embargo, la baja cobertura de estosservicios para el conjunto de la pobla-ción, finalmente deja en manos de laspersonas y sus familias la búsqueda ysolución a los problemas de enferme-dad, desempleo, incapacidad física ymental y muerte de sus integrantes. Eneste contexto, el trabajo doméstico y decuidado no remunerado que se realizaen los hogares es un recurso tan esen-cial para el bienestar de las sociedadesdesarrolladas, como el trabajo aplicadopara la producción en el mercado (Du-rán, 2006).

Güell argumentó que el arreglo por me-dio del cual las familias se hacen cargode la protección social de sus miem-bros, en sí mismo anómalo, habría lle-gado a la vez a un límite funcional y nor-mativo. Funcional, porque la demandade tiempo y de cuidado necesarios parasatisfacer estas nuevas exigencias, im-pediría, por ejemplo, la adecuada incor-poración de la mujer al trabajo, la nece-saria provisión de los cuidados básicosintrafamiliares y la creación de condicio-nes básicas de convivencia, necesariospara el cumplimiento de las funcionesfamiliares actuales. Normativo, porqueesta situación impediría el cumplimien-to pleno de derechos de los miembrosde la familia, como la igualdad de lasmujeres o el derecho al cuidado de ni-ños y ancianos. No bastaría entoncescon «fortalecer a la familia» para quecumpla mejor la anómala función defundamento de la protección social quedesplaza hacia ella una sociedad en víasde desregulación.

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No obstante, en la región latinoamerica-na se intenta avanzar con una nueva ge-neración de políticas sociales centradaen los derechos ciudadanos 4, lo que im-plica una reestructuración estatal defunciones y presupuestos, una reorien-tación de las políticas públicas para dar-les un carácter integral e intersectorial, yuna mayor participación ciudadana enla definición del tipo y la calidad de losbienes y servicios que requiere. Sin em-bargo, no se cuestiona el modelo globalde desarrollo puesto en marcha, ni tam-poco el enfoque centrado en la asisten-cia —más que en el aumento de la parti-cipación efectiva— y en sistemas decobertura social asociados a la partici-pación en el mercado de trabajo —másque en los derechos de la ciudadanía—.

Según Aguirre (2003) este nuevo enfo-que fundado en los derechos de los ciu-dadanos aportaba las bases para des-arrollar las políticas de género. Sinembargo, la incorporación de las muje-res a la ciudadanía social suscitó un do-ble problema. Por un lado, no se produ-jo simultáneamente una redefinición dela división sexual del trabajo al interiorde la familia, y los vínculos y las respon-sabilidades familiares de las mujeres semantuvieron inalterados. Por otro lado,al otorgárseles características y atribu-tos hasta entonces privativos de los

hombres, como la participación en elempleo, se hizo abstracción de las dife-rencias culturales entre hombres y mu-jeres. De esta forma, los beneficios de laciudadanía social inciden de manera di-ferenciada en hombres y mujeres, debi-do a que las políticas de bienestar secentran en las personas que participanen el mercado y reproducen las relacio-nes de subordinación de la esfera fami-liar.

Principales transformaciones de lasfamilias y de los mercados

En general hubo consenso en relacióncon el diagnóstico de las familias. La fa-milia mantiene su importancia comoinstitución y aparece en el imaginariosocial como central en la valoración delas personas. Sin embargo, ya no es lafamilia fija y estable de antes. Ha cam-biado su estructura y su funcionamien-to. Entre las principales transformacio-nes de hogares y familias en AméricaLatina se cuentan las siguientes (Arria-gada, 2006; Sunkel, 2007): la diversifica-ción de las formas familiares donde co-existen diversas estructuras familiaresmono-biparentales, nucleares, extendi-das, compuestas y recompuestas 5; latransición desde un modelo de familiacon hombre proveedor (male bread-

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4 Con la firma y ratificación de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra las mujeres(CEDAW), Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los derechos de las personas condiscapacidad, entre otras.5 En las áreas urbanas de América Latina, las familias nucleares biparentales se redujeron de 46,3% en1990 a 41,1% en 2005 (Arriagada, 2006).

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winner model) al modelo de familia dedoble ingreso; la tendencia creciente ala constitución de uniones consensua-les y a las familias con jefatura femenina;el aumento de los hogares no familia-res, en especial, los hogares uniperso-nales. Otra tendencia es la reduccióndel tamaño promedio de las familias yhogares.

Estas transformaciones han modificadoel modelo tradicional de hombre prove-edor (male-breadwinner system) con-sistente en una familia nuclear, en laque están presentes ambos padres jun-to con sus hijos, la madre se desempeñacomo ama de casa a tiempo completo yel padre como único proveedor econó-mico. En 2005 este modelo sólo se en-contraba en uno de cada cinco hogareslatinoamericanos urbanos (20,9%) pues-to que una proporción creciente dehogares y familias requieren para so-brevivir más de un ingreso, son mono-parentales o no tienen hijos.

Estas transformaciones en la estructu-ra familiar y en sus funciones planteandificultades para el cumplimiento delas tareas de trabajo doméstico y cui-dado en el hogar. De la misma forma,existen dificultades para redistribuirfunciones al interior del hogar, auncuando la masiva incorporación de lasmujeres al mercado laboral es un pro-ceso de cierta data, no hay un reconoci-miento de los impactos que este hechoprovoca en el plano de las políticas pú-blicas y en el ámbito familiar. Así, Güellindica que la privatización de la protec-

ción social habría conducido a una ma-yor participación de las familias en laproducción de las seguridades, con laconsiguiente demanda adicional detiempo, recursos y tensiones. Otras de-mandas tienen relación con el apoyofamiliar a adultos mayores, a los jóve-nes desempleados y a las madres ado-lescentes (Sunkel, 2007). Esta sobrecar-ga recaería especialmente sobre lasmujeres, las que con sus dobles y tri-ples jornadas serían las verdaderasvariables de ajustes de las moderniza-ciones. Hoy, sin embargo, se estaría ex-perimentando los límites que tiene lafamilia para servir de «fusible» frente alas consecuencias de la privatizaciónde la protección social (Güell).

En relación con las transformacionesdel modelo de trabajo y de empleo seobserva una disociación entre creci-miento y empleo, que tiene varias con-secuencias problemáticas. Subirats(2007) señala que para el mundo euro-peo, el trabajo estable garantizado, unEstado protector y regulador y la movili-dad ascendente en una sociedad abier-ta, configuraron la tríada conceptual eideológica de una gran promesa que,construida sobre la hipótesis de un cre-cimiento-desarrollo ilimitado, se convir-tió en una profecía incumplida y cadavez más difícil de cumplir. Y resalta quedesde un principio contenía importan-tes limitaciones y contradicciones, refe-ridas a las relaciones de dependenciaentre países desarrollados y pobres, ya la carencia de sustentabilidad en eldesarrollo económico.

Las familias y su vinculación con los mercados

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En América Latina la expresión institu-cional más clara de este proceso es laprecarización laboral, vale decir, mode-los de flexibilización con un impactomuy negativo sobre la seguridad y la es-tabilidad laboral 6. En segundo lugar, leplantea problemas al Estado, por cuantoéste debe enfrentar demandas crecien-tes de la masa de desocupados «estruc-turales», y reformular su responsabili-dad para garantizar un piso mínimo deingresos a quienes quedan al margendel aparato productivo. En tercer lugar,la pérdida de centralidad del trabajo enla integración social tiene como sustitu-to el consumo; pero el consumo es mássegregado, vale decir, desintegra a lavez que integra. Y finalmente, la ciuda-danía pierde uno de sus campos privile-giados de participación —su inserciónproductiva—, con lo cual la articulaciónentre lo social y lo político, y entre lo pri-vado y lo público, también tiene que re-construirse sin un centro claro de grave-dad (Hopenhayn, 2007). Se señaló quela condición de asalariado (trabajador)deja de ser el fundamento de la organi-zación del trabajo (Sunkel, Olavaria), loque tiene como consecuencia que la in-clusión social de la familia por mediodel trabajo del asalariado dejó de operarcomo garantía de acceso a derechos ybeneficios sociales y de sustento de lapolítica redistributiva o de garantías so-ciales. La nueva organización del traba-jo sigue sustentada por el orden de gé-

nero, porque el peso de la protección fa-miliar sigue siendo responsabilidad delas mujeres y se mantienen las condicio-nes de discriminación y minusvalía enque participa en el mercado laboral(Olavaria).

En el debate se plantearon los temas delaumento de la desigualdad producto dela privatización de los cuidados (Adelan-tado). Sojo planteó que había que estu-diar si efectivamente se puede hablar dedesplazamientos del cuidado hacia loshogares que sean permanentes ya quela dinámica de la política social ha sidoheterogénea en los países, ha variado alo largo del tiempo y no ha avanzado enuna única dirección.

IV. REFLEXIONAR SOBRE LAS POLÍTICAS

Las transformaciones en los regímenesde bienestar, los efectos de los cicloseconómicos sobre el desempleo y la in-formalidad, la creciente participacióneconómica de las mujeres, los cambiosde las estructuras familiares y demográ-ficas (envejecimiento, reducción de lafecundidad, migraciones, entre otros)plantean nuevos desafíos en el diseño yconcepción de las políticas públicas, lasque continúan operando sin registrarestos cambios.

Irma Arriagada

6 En 2005 sólo el 46% de las mujeres y el 51% de los hombres asalariados urbanos contaba con contratoformal de trabajo. Del total de ocupados sólo el 57% de los hombres y el 56% de las mujeres estaba afilia-do a la seguridad social (CEPAL, 2007).

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En el debate se señaló que toda políticapública se vincula con la reproducciónsocial (Rodríguez) y por tanto es nece-sario diseñar políticas para que el traba-jo doméstico y de cuidado sea compar-tido y redistribuido y para que entreplenamente en las agendas políticas(Aguirre, Camacho, Rodríguez). Al res-pecto se planteó el concepto de se-guridad básica universal que dote dedeterminados estándares de bienestarsocial, de autonomía y de seguridadeconómica en un marco de derechos,que por definición son exigibles (Rodrí-guez). Se precisa financiar, articular yregular una red de instancias públicas,privadas y mixtas que provean la in-fraestructura necesaria para atender lademanda de cuidado de la sociedad(CEPAL-AECI-SEGIB, 2007; Arriagada,2006, Camacho). La adecuada regula-ción para la protección social de las per-sonas dependientes es también unaasignatura pendiente en América Lati-na. En la mayoría de los casos, el cuida-do mediante un contrato implícito recaesobre la denominada «solidaridad fami-liar», careciéndose de una adecuada co-bertura para la atención de los niños enedad preescolar, de adultos mayores ydiscapacitados.

Aguirre indica que el déficit de cuidadoes más notorio en familias donde lasmadres trabajadoras —casadas o sol-teras— no reciben ayuda suficiente de

sus parejas o familiares, constituyendouna fuente de importantes tensiones,especialmente para las mujeres 7. En elámbito público, el déficit de cuidado seaprecia —entre otros indicadores— enla insuficiencia de atención que pres-tan las políticas sociales a la situaciónde las madres de niños pequeños, delos ancianos, de los enfermos, de losimpedidos, y destaca la insuficiencia deinformación sobre la cobertura de losservicios hacia estos sectores.

Otra área de amplio debate giró en tor-no a los temas de conciliación entre fa-milia y trabajo. Se señaló que conciliarsignifica que hay dos partes que nego-cian en igualdad de condiciones y se po-nen de acuerdo pero que las políticas sediseñaron bajo el supuesto de que eranlas mujeres las que debían conciliar porser las responsables del trabajo domés-tico y de cuidado (Camacho y Alpin). Sesubrayó que no se trata de conciliarpara que las mujeres continúen asu-miendo el trabajo doméstico y de cuida-do además de integrarse al mercado detrabajo. Por tanto, más que conciliaciónse trata de responsabilidades comparti-das por toda la sociedad y ello implicapromover cambios profundos tanto enel ámbito familiar como en la actual ló-gica del mercado que, para las mujeres,se ha traducido en un incremento de lademanda de mano de obra bajo condi-ciones que profundizan la desigualdad

Las familias y su vinculación con los mercados

7 En 2005, los hogares con jefatura femenina alcanzaban a más de 30% del total de hogares urbanos en 12de 18 países de América Latina, en El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Uruguay y Paraguay esde 34% y más (CEPAL, 2007).

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de oportunidades y la discriminación degénero (Camacho).

Sojo (2007) plantea que las políticas deconciliación debieran conformar unabatería de políticas destinada a subver-tir la forma tradicional de reparto deltrabajo por género, con efectos en am-bas esferas. En la del trabajo, al promo-ver una inserción laboral más exitosa delas mujeres; en el hogar, modificandolas cargas tradicionales. Sin embargo,modificaciones más radicales no se po-drán atribuir sólo a estas políticas, sinoa transformaciones más profundas quetienen relación con las respectivas iden-tidades sociales de hombres y mujeresy que atañen a otros ámbitos más alláde las políticas de conciliación.

En términos más amplios se indicó queel diseño de políticas públicas en unmarco de derechos plantea ciertos dile-mas y tensiones entre derechos indivi-duales y colectivos; entre igualdad y de-recho a la diferencia; entre derechosuniversales y pluralismo cultural y entreresponsabilidad pública y defensa de laprivacidad y de la intimidad (Jelin), porejemplo, en el ejercicio de los derechossexuales y reproductivos. El diseño delas políticas hacia las familias es com-plejo cuando los intereses de los miem-bros de la familia son heterogéneos y enalgunos casos opuestos. Es posible quelas políticas dirigidas hacia todos losmiembros de la familia beneficien más aalgunos que a otros, puesto que existeuna distribución de poder desigual en elinterior de las familias dado por factores

como aportes económicos, sexo y edadde sus integrantes.

Aguirre subraya que en América Latina,las enormes desigualdades sociales es-tán estrechamente vinculadas con laprovisión desigual de cuidado familiar ysocial conformando un verdadero círcu-lo vicioso. Quienes tienen más recursosdisponen de un mayor acceso a cuida-dos de calidad en situación de tener me-nos miembros del hogar que cuidar.Aquellos que disponen de menores re-cursos para acceder a los cuidados mer-cantiles y que tienen más cargas de cui-dado acumulan desventajas por elmayor peso del trabajo doméstico fami-liar, por las dificultades en el acceso alos escasos servicios públicos y la nece-sidad de recurrir a cuidadoras «informa-les». Por lo tanto aboga por contribuir ala construcción de los cuidados comoproblema público, objeto de políticas(que significa producción de conoci-mientos, debate y difusión de argumen-taciones y propuestas). Sostiene que setrata de «desprivatizar» este tema paraque la cuestión relativa a quien se hacecargo de las personas dependientes for-me parte del análisis académico y políti-co sobre la reorganización de los siste-mas de protección social, la reforma delos sistemas de salud y el desarrollo delos servicios sociales.

La participación de los actores socialesen el diseño de las políticas fue destaca-da por varios expositores y comentaris-tas. Subirats advierte sobre los posiblesdéficits de la democracia representativa,

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que se relacionan con los cambios en elsistema político y en las formas de viday de trabajo. Propone fórmulas más omenos plurales y compartidas de dise-ñar, decidir e implementar las políticaspúblicas, entendiendo el espacio públi-co como responsabilidad compartida.También se destacó la relevancia de losabordajes colectivos para buscar solu-ciones, la necesidad del debate públicoy la creación de consensos. No se tratade diseñar políticas públicas desde arri-ba, sino de promover la construccióndel sujeto de las políticas de cuidado. Laopción por distintas modalidades deprovisión de cuidados está atravesadapor cuestiones económico-financieras ytambién ideológicas (Aguirre).

Hubo debate acerca de si el trabajo re-productivo y de cuidado realizado porlas mujeres se ha convertido en mercan-cía, beneficioso para la acumulación pri-vada, sin reducir las desigualdades degénero, aunque se indicó que los efec-tos sobre las distintas clases sociales noson uniformes (Adelantado). Más quedisensos en esta área hubo sugerenciasde profundizar los análisis relativos a lasrepresentaciones de género y a poneratención en dimensión subjetiva y deconflicto en torno a las responsabilida-des del bienestar (Aguirre, Olavaria) enlos temas de cultura y educación comomecanismos para promover la equidadde género en el cuidado (Aguirre, Olava-ria, Sojo, Sunkel). También se indicó laimportancia de analizar las medidas de

conciliación y las dificultades que éstaspresentan en la práctica, principalmentepara el sector informal donde se basanen la reciprocidad.

En síntesis, el diseño de las políticaspúblicas en sistemas de bienestar de-berá considerar el escenario actual ca-racterizado por una creciente compleji-dad y heterogeneidad de los hogares yfamilias y por el cambio en las relacio-nes entre sus miembros al interior decada familia, debido a procesos de mo-dernización, individuación y democra-tización. Olavaria señaló que el accio-nar del Estado y las políticas públicasdebiera incorporar las transformacio-nes recientes en las familias ligadas alreconocimiento de los derechos huma-nos de las mujeres y los niños, queapuntan a reducir la discrecionalidad yel dominio que ejercen los varones enrelación a mujeres, niños y adultos ma-yores y a modificar las condiciones deltrabajo doméstico, que fortalezca losprocesos de individualización que re-conocen autonomía, empoderamientoy actoría a los distintos miembros delnúcleo familiar.

La transformación de las familias y delmercado en un mundo globalizado ysus consecuencias en la división sexualdel trabajo (remunerado y no remunera-do) sugiere por tanto la construcción deun nuevo pacto social que equilibre demejor forma las tareas de reproducciónsocial entre familia, Estado y sociedad.

Las familias y su vinculación con los mercados

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INTRODUCCIÓN

El Foro 2 se centró en el debate sobre losmodelos de Estado y su impacto en laigualdad de género y la cohesión social através de los siguientes ejes de análisis:

• La importancia de los escenarios de-mográficos en el diseño e implemen-tación de políticas de corresponsa-bilidad entre trabajo productivo yreproductivo en el contexto latinoa-mericano y europeo.

• Las interrelaciones entre división se-xual del trabajo y autonomía económi-ca de las mujeres, con particular aten-ción en el acceso al mercado laboral.

• Las experiencias latinoamericanas yeuropeas en materia de políticas decorresponsabilidad entre trabajo pro-ductivo y reproductivo y su impactoen la igualdad de género y la cohesiónsocial.

Los anteriores ejes de análisis se deba-tieron en base a los escenarios actualesy las proyecciones a futuro de los dife-rentes contextos latinoamericanos yeuropeos. La discusión se orientó a labúsqueda de respuestas de política pú-blica articuladoras de las responsabili-dades compartidas entre las familias, elEstado y el mercado en relación con eltrabajo reproductivo.

El foro contó con la participación de re-presentantes gubernamentales, socie-

dad civil, instituciones académicas yagencias multilaterales de cooperacióninternacional. El diálogo desarrolladopermitió el intercambio de experienciasentre la Unión Europea (UE), particular-mente España, y América Latina, en re-lación con la respuesta de política públi-ca para la superación de la divisiónsexual del trabajo y la corresponsabili-dad social del trabajo reproductivo.

ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS, IGUALDADDE GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

El foro concluyó que América Latinapresenta un escenario general caracteri-zado por una transición demográfica de-finida por una progresiva reducción delas tasas de fecundidad y un proceso deenvejecimiento de la población. Sin em-bargo, persisten importantes rezagosdemográficos, evidenciados en una pro-porción todavía elevada de embarazosno deseados/planificados en determina-dos grupos poblacionales (mujeres ado-lescentes, pobres, indígenas y afrodes-cendientes y mujeres residentes enzonas rurales). La región presenta unaestrecha vinculación entre rezago en latransición demográfica y socioeconómi-co: aquellos países y segmentos pobla-cionales con un patrón más incipientede transición demográfica son los queinvariablemente poseen mayores nive-les de pobreza.

LOS FLUJOS ENTRE LAS FAMILIAS, EL ESTADO Y EL MERCADO

Luis Mora*

* Asesor Regional en Género y Masculinidades. Equipo de Asistencia Técnica para América Latina y Cari-be. Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

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Estas tendencias asociadas con la transi-ción demográfica impactan fuertementeen las estructuras familiares y en la com-posición de los hogares, en la carga detrabajo reproductivo de las mujeres y ensus posibilidades de inserción en el mer-cado laboral. A este respecto, la regiónpresenta dos tendencias generales:

• La progresiva disminución de la tasade dependencia demográfica, es de-cir, la proporción entre la poblaciónmenor de 15 años y mayor de 60 añoscon respecto a la población entre 15 y59 años. Esta situación presenta unescenario de progresiva reducción dela carga de personas dependientes,principalmente menores en este caso,sobre las personas en edad producti-va. Ello se expresa asimismo en unadisminución de la proporción de de-pendientes por mujer en edad pro-ductiva. Entre 1950 y 2005, se observaque la relación porcentual entre el to-tal de dependientes menores y el demujeres en edad productiva se redujodel 68% al 38% y que este porcentajecontinuará disminuyendo hasta me-diados del siglo XXI.

• La segunda tendencia apunta al aumen-to progresivo de la proporción de per-sonas adultas mayores en la pobla-ción total. En consecuencia, una veztranscurrida la primera cuarta partedel siglo XXI, la tasa de dependenciademográfica y de dependientes pormujer en edad productiva empezará acrecer, aunque en esta etapa por el in-cremento del número de dependien-tes adultos mayores.

La primera tendencia general represen-ta un período de «bono demográfico»,etapa en la que disminuye la presión de-mográfica derivada de la población in-fantil y el peso de la proporción de po-blación adulta mayor todavía es bajo, locual abre una ventana de oportunidadespara la inversión en capital humano dela población en edad productiva, la am-pliación de la calidad y cobertura de losservicios públicos y la mejora de la cali-dad de vida de la población. El plenoaprovechamiento de este «bono demo-gráfico» requiere asimismo de la gene-ración de empleos productivos.

Esta etapa conlleva en principio una dis-minución de la carga de trabajo repro-ductivo y de las presiones económicasde las familias y los hogares, y particu-larmente de las mujeres, derivadas deldeclive de la fecundidad. Ello debería re-sultar en mayores oportunidades paralas mujeres en términos educativos y ensu mayor y mejor inserción en el merca-do de trabajo. Sin embargo, el plenoaprovechamiento de las oportunidadesdel «bono demográfico» para las muje-res requerirían de políticas de corres-ponsabilidad social del trabajo repro-ductivo y de cuidado entre familias,Estado y mercado, las cuales son muydébiles o inexistentes en el contexto la-tinoamericano. De no ser así, la partici-pación laboral femenina seguirá susten-tándose en estrategias de precarizacióndel trabajo reproductivo, derivación delcuidado de dependientes hacia las ado-lescentes y adultas mayores y un aumen-to progresivo de la carga total de trabajo

Luis Mora

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para las mujeres. Las necesidades decuidado derivadas del acelerado proce-so de envejecimiento de la poblaciónconllevan una tensión adicional que sedejará sentir cada vez con más fuerza enla región.

Más allá de estas tendencias generales,la transición demográfica presenta tam-bién un alto nivel de heterogeneidadentre países y al interior de diferentesgrupos socioeconómicos, según perte-nencia étnica y edad de la madre. Existeuna relación entre pobreza y altos nive-les de fecundidad, siendo los grupos so-cioeconómicos más pobres los que secaracterizan por una mayor incidenciade fecundidad adolescente. Las tasas al-tas de fecundidad reducen las oportuni-dades laborales de las mujeres, incre-mentan los gastos en educación y saludy aumentan la dificultad para el ahorro.Un mayor ejercicio de los derechos re-productivos de las mujeres incrementasus opciones de inserción social y labo-ral y sus posibilidades de autonomíaeconómica. En general, la alta fecundi-dad en poblaciones con rezago tran-sicional está asociada con una mayorcarga de trabajo reproductivo de lasmujeres, impactando en sus necesida-des y opciones de trabajar de maneraremunerada. En este escenario, el acce-so universal a información, educación yservicios de salud reproductiva es deter-minante.

Con independencia de las característi-cas sociodemográficas de los hogares ylas familias, la debilidad o inexistencia

de una oferta de servicios públicos decuidado de dependientes influye en lasposibilidades de las mujeres para conci-liar trabajo productivo y reproductivo,aunque de manera particular en las op-ciones de generación de ingresos paralas mujeres más pobres.

La migración constituye un elementotransversal en el análisis de la transicióndemográfica y su relación con la corres-ponsabilidad social del cuidado y con lacohesión social en América Latina. Lacreciente migración femenina para in-sertarse al sector laboral del cuidado ydel trabajo reproductivo en países conmayores niveles de desarrollado consti-tuye un fenómeno que presenta múlti-ples perspectivas de análisis. En estesentido, destaca la situación de la UniónEuropea, donde una parte de la respues-ta a la crisis del cuidado se concentra enla importación de mano de obra migran-te. Por su parte, América Latina, una re-gión en desarrollo con un proceso detransición demográfica relativamenteavanzado, exporta mano de obra para elcuidado a los países desarrollados ypresenta una débil respuesta de políticapública ante los propios desafíos queenfrenta la región en materia de cuida-do de dependientes.

Asimismo, el foro planteó la necesidadde considerar, en la formulación de polí-ticas públicas de corresponsabilidad en-tre trabajo productivo y reproductivo,las transformaciones experimentadaspor las familias y los hogares a la luz dela transición demográfica, el aumento

Los flujos entre las familias, el Estado y el mercado

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de la participación femenina en el mer-cado laboral y los procesos de reformadel Estado y privatización de determi-nados servicios sociales, principalmen-te en el ámbito del cuidado, la salud yla educación. La progresiva reduccióndel porcentaje de familias nucleares, elaumento de las jefaturas de hogar fe-meninas, la aparición de nuevos arre-glos familiares o el ciclo de vida de lasfamilias constituyeron también partedel debate.

DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA DE LAS MUJERES

La tasa de participación laboral femeni-na ha aumentado considerablemente enlas últimas décadas en América Latina yCaribe, aunque sigue siendo considera-blemente más baja que la masculina.Los países más pobres, con economíasmás informalizadas y políticas socialesmás débiles, son los que presentan ma-yores tasas de participación laboral fe-menina en la región.

La participación laboral de las mujeres,al contrario de lo que ocurre en el casode los hombres, se encuentra fuerte-mente condicionada por variables talescomo el número y edad de los depen-dientes y la posición de la mujer dentrodel hogar (cónyuge, jefa de hogar, etc.).El trabajo reproductivo constituye, endeterminados contextos, la principal ra-zón de no entrada o de salida de las mu-

jeres del mercado laboral. Así, en paísescomo Brasil y Chile, las mujeres que noparticiparon nunca o decidieron retirar-se del mercado laboral lo hicieron pormotivos relacionados principalmentecon el establecimiento de una unión, lamaternidad y las responsabilidades fa-miliares. En el caso de Chile, por ejem-plo, cuando se analiza este comporta-miento según quintiles de pobreza, elporcentaje de mujeres que no buscabatrabajo por atender las tareas domésti-cas era de un 56%, encontrándose unabrecha de hasta veinte puntos porcen-tuales entre las mujeres pertenecientesal quintil más alto (41%) y las mujeresdel quintil más bajo (61%). Las encues-tas y estudios realizados en la regiónevidencian que el trabajo reproductivorepresenta un importante factor de nointegración de las mujeres al trabajo re-munerado y, en consecuencia, de acce-so a la autonomía económica.

La estructura familiar es otro elementodeterminante para la inserción social yeconómica de las mujeres. Si la presen-cia de hijos/as o dependendientes adul-tos mayores en el hogar no modifica losniveles de participación laboral mascu-lina, en el caso de las mujeres la exis-tencia de dependientes es un factor de-terminante. Este fenómeno presentavariaciones según el estatus de la mujerdentro del hogar. En general, la tenden-cia muestra que la participación laboralde las mujeres jefas de hogar aumentasignificativamente con la presencia deal menos un menor en el hogar, mien-tras que en el caso de las mujeres cón-

Luis Mora

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yuges el incremento es significativa-mente menor. Cuando existe presenciade dos o más menores en el hogar, lasconsecuencias son heterogéneas segúnlos países; sin embargo, en paísescomo Brasil y México, que presentanlas mayores poblaciones de la región,la tendencia es a una disminución de laparticipación laboral de las mujerestanto cónyuges como jefas de hogar,aunque mucho más acentuada en lascónyuges.

En relación con la presencia de adul-tos/as mayores e inserción laboral delas mujeres en América Latina, la princi-pal fuente de atención y cuidado a la po-blación adulta mayor se produce dentrodel hogar, estando principalmente a car-go de las mujeres. Esta situación impac-ta en las posibilidades y modalidades deinserción laboral de las mujeres a cargode adultos mayores. En Brasil, por ejem-plo, se dispone de evidencias que mues-tran que las mujeres de hogares bipa-rentales con presencia de adultosmayores participan menos en el merca-do de trabajo.

Las posibilidades de participación labo-ral de las mujeres pobres, particular-mente de las cónyuges, se han reveladodeterminantes en relación con la proba-bilidad de salir de la pobreza o evitarcaer en ella. Así, estudios realizados porCEPAL evidencian que la posibilidad degeneración de ingresos por parte de lamujer cónyuge de un hogar biparentalproduce una diferencia significativa enlos niveles de pobreza de los hogares,

tanto en las zonas rurales como urba-nas.

En este contexto, la existencia o no deservicios públicos de cuidado de depen-dientes constituye un factor determi-nante para la corresponsabilidad del tra-bajo reproductivo entre familias yEstado, pero también en relación con lapromoción de la igualdad de género, laautonomía económica de las mujeres yla reducción de la pobreza. Un estudiode la OIT realizado en Brasil sobre el im-pacto de los servicios de cuidado infan-til en la participación laboral y la genera-ción de ingresos de las mujeres mostróque tanto en los hogares con niños/asentre 0 y 3 años como en aquellos conmenores entre 4 y 6 años, la asistencia aservicios de guardería o centros de edu-cación preescolar estaba claramente co-rrelacionada con una mejora en las con-diciones de inserción laboral de lasmujeres en edad productiva de esos ho-gares. En los hogares con niños/as entre0 y 3 años, los resultados eran de un in-cremento del 17% en la participación la-boral femenina, así como un aumentodel 24% en el ingreso familiar promedioy del 34% en el ingreso promedio de lasmujeres. Las ventajas en el ingreso pro-medio de las mujeres de los hogaresmás pobres donde había acceso a servi-cios de cuidado infantil eran considera-blemente mayores que para las mujeresde los hogares más ricos.

De igual manera, el foro llamó la aten-ción sobre los efectos perversos de cier-tas medidas consideradas conciliatorias

Los flujos entre las familias, el Estado y el mercado

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entre trabajo productivo y reproductivo,como por ejemplo la flexibilización la-boral, en términos de igualdad de géne-ro y participación femenina en el merca-do laboral.

LAS POLÍTICAS DE CORRESPONSABILIDADENTRE TRABAJO PRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO: IMPACTOS EN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA COHESIÓN SOCIAL

El último eje de discusión del foro secentró en un análisis teórico-conceptual,contextual y de política pública sobre lacorresponsabilidad entre trabajo pro-ductivo y reproductivo en América Lati-na y en la UE. Desde la experiencia euro-pea, se debatió sobre la conciliacióncomo respuesta a las políticas de géneroy bienestar social. En ese sentido, sehizo un recorrido por el origen y la evo-lución de las políticas de conciliación,surgidas como parte de las Estrategiasde Empleo de la UE para alcanzar unatasa de participación laboral femeninadel 60% y vinculadas también a una polí-tica de incentivos a la natalidad, perodesvinculadas de una agenda por laigualdad de género que permita una realredistribución de las tareas domésticasdentro del hogar o de una regulación delos tiempos de trabajo que reduzca lasjornadas laborales de las personas conresponsabilidades familiares y penalicesocialmente la disponibilidad laboral ab-soluta.

Desde la mirada latinoamericana, seplanteó la necesidad de contextualizarlas políticas de corresponsabilidad y co-hesión social en los diferentes modelosde Estado y regímenes de bienestar pre-valecientes en la región. En ese sentido,se llamó la atención sobre la existenciade un conjunto de países con procesosde modernización tardía, Estados conescasa experiencia redistributiva y mer-cados laborales altamente informaliza-dos. En consecuencia, se concluyó queel carácter emergente del debate sobrela corresponsabilidad entre trabajo pro-ductivo y reproductivo y la heterogenei-dad de escenarios regionales requierede un proceso de construcción de «sen-tidos comunes» políticos y técnicos entorno a la definición del problema y a lasrespuestas de política pública, así comoen términos de identificación de actoressociales y políticos promotores de estaagenda.

El foro planteó la necesidad de proseguirel proceso de contextualización de la co-rresponsabilidad al escenario latinoame-ricano, transitando progresivamente deun ejercicio académico y analítico a unapropuesta política y de construcción ciu-dadana para la ampliación de derechos.En este sentido, la experiencia de la Polí-tica Nacional de Equidad e Igualdad deGénero de Costa Rica resultó ilustrativa.Asimismo, se planteó la importancia dearticular propuestas de cambio cultural,políticas públicas orientadas a la corres-ponsabilidad y coaliciones de actorespolíticos y sociales.

Luis Mora

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I. INTRODUCCIÓN: UNA APUESTA POR LO POLÍTICO

El Foro 3 ha tenido como objetivo abor-dar la dimensión más política en la rela-ción entre género y cohesión social. Deahí su título: Un proyecto político-social.Se trataba de incidir en algunas de lascuestiones clave en el debate actual so-bre ciudadanía, haciéndonos eco de lasreflexiones, aportaciones y demandasque, sobre esta cuestión, se han plante-ado desde una perspectiva de género.En un sentido más amplio, se trataba dereflexionar sobre la bondad y la idonei-dad de revisar el concepto de cohesiónsocial en clave de género.

Tal como se planteó en la sesión deapertura del seminario presencial cele-brado en Barcelona, la idea de cohesiónsocial se ubica hoy en el centro del de-bate porque, como ya nos sugería K. Po-lanyi hace algunas décadas, parece difí-cil que el mercado constituya la únicaherramienta de cohesión social, si portal entendemos una sociedad mínima-mente igualitaria, poco polarizada y quepermita generar un cierto sentido depertenencia. En un momento de preemi-nencia del mercado, de cambios socia-les, como la movilidad por razones eco-nómicas, vinculados al fenómeno de laglobalización, entre otros, parecía perti-nente reflexionar sobre aquello que, endefinitiva, permite la vida en sociedad.Además, ampliando el alcance de la«gran transformación» con la que dicho

autor titulaba su obra, podríamos añadirque, en la actualidad, esa gran transfor-mación pasa, a su vez, por la presenciade un nuevo sujeto político, las mujeres,cuyas aportaciones y demandas ponenen cuestión los mimbres sobre los quehabitualmente se ha investigado y cons-truido la cohesión social. Esos son losretos de fondo que han orientado el tra-bajo en este foro.

Como en el resto de foros de debate, seha querido favorecer el diálogo entredistintas realidades (latinoamericana yeuropea, española, en concreto) y entredistintas aproximaciones más o menosexplícitamente sensibles a la dimensiónde género. Mientras que, desde el puntode vista de los contenidos, nos ha inte-resado dar cabida y voz tanto a los as-pectos que parecen suscitar mayor con-senso (la necesidad de reformular elcontrato social entre géneros, por ejem-plo) como aquellos menos visiblescuando se piensa en términos de políti-ca y de políticas (el derecho a decidir so-bre el cuerpo). A nuestro modo de ver,ambas dimensiones conformarían elnúcleo actual de las cuestiones a discu-tir en una hipotética agenda académicay política sobre igualdad entre géneros.Una dimensión ineludible a la hora dedefinir cohesión social. En este sentido,planteamos cuatro grandes líneas temá-ticas:

La primera de ellas justamente tieneque ver con lo que podríamos denomi-

UN PROYECTO POLÍTICO-SOCIAL: DEBATE Y PRINCIPALES LÍNEASDE CONCLUSIONES

Pilar Carrasquer *

* Departamento de Sociología. Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

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nar «nuevos derechos» de ciudadanía,esto es, el derecho a decidir sobre elpropio cuerpo o, desde un prisma másnovedoso, el derecho al cuidado. MartaLamas ha sido la encargada de introdu-cir estos temas, cuyos contenidos handado pie a una interesante discusióncon R. Osborne.

La segunda línea de discusión incideen la cuestión de la solidaridad, comoaspecto nuclear de la ciudadanía. Unaspecto que pretendíamos abordardesde la relectura de lo público y lo pri-vado, haciendo visibles las relacionesde poder en el interior de la familia. Laponencia de María Jesús Izquierdo haplanteado estas cuestiones en clave decómo repensar ese concepto de ciuda-danía. Se entiende que el concepto li-beral de ciudadanía de origen marsha-liano, a pesar de su ampliación a todoun conjunto de derechos sociales, res-ponde a un modelo de sociedad quedescansa sobre las desigualdades degénero.

La tercera recoge la cuestión del contra-to social entre hombres y mujeres y lanecesidad de su replanteamiento. Laponencia de Patrocinio de las Heras nosha permitido discutir sobre ello. Se tratade un contrato implícito, apenas percep-tible socialmente y por lo común acep-tado con mucha más naturalidad queotro tipo de pactos sociales. Se ha queri-do poner encima de la mesa la necesi-dad de ese nuevo contrato y de intentarimaginar sus contenidos.

Finalmente, dejamos una línea de refle-xión abierta en relación a cómo se po-dría definir, o redefinir hoy, la cohesiónsocial en manos de Martín Hopenhayn,responsable de proponernos algunasreflexiones en torno a este tema. La ver-sión inicial de su intervención, expresa-mente «ciega al género», ha servido decontrapunto al resto de planteamientos.

II. LA DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CUERPO

Cabe señalar, de entrada, como una delas principales conclusiones del deba-te, que se empezó discutiendo de pro-yecto político y acabamos centrandonuestra atención en el cuidado. Enefecto, el hilo conductor del debate hasido considerar que las mujeres contri-buyen al bienestar cotidiano y al des-arrollo de y en nuestras sociedades, através de ese trabajo de cuidado, porsupuesto de sí mismas, pero, sobretodo, de cuidado de los demás. Un cui-dado que se extiende desde los aspec-tos ligados a la reproducción biológicahasta aquellos que posibilitan la propiareproducción social. Bajo ese prismase puede hacer visible la decidida con-tribución femenina a la cohesión so-cial. Aunque, con idéntica claridad seconstata que esa contribución es siste-máticamente poco reconocida, cuandono negada, por lo menos en los térmi-nos en los que esas mismas socieda-des aprecian, valoran y, en ciertomodo, retribuyen o premian otro tipode contribuciones.

Pilar Carrasquer

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Cada una a su modo, las distintas apor-taciones y el debate desarrollado en elforo virtual han incidido en alguno delos aspectos que mejor permiten identi-ficar lo negado y proponer aspectos dereflexión y de intervención que puedanderivar en unas nuevas reglas de juegosocial. Esto es, en un nuevo contrato se-xual o entre géneros. Se entiende queesa negación se expresa en los límites ala capacidad de decisión propia, en la in-visibilidad del trabajo femenino, en lainvisibilidad de las mujeres como prota-gonistas de lo político. Asimismo seaprecia cómo las mujeres son capacesde generar discurso, de crear tejido so-cial y político y de proponer actuacionesinclusivas que van más allá de su propiogénero. En definitiva, de generar cohe-sión social.

En ese contexto de debate, el cuerpo seha convertido en una especie de metá-fora a través de la cual se puede darcuenta de esa realidad de aportacionesno siempre ni a menudo reconocidas,así como de las necesidades y deman-das propias y ajenas que ese cuerpoplantea. El derecho al propio cuerpo y elderecho al cuidado se erigen en núcleoen torno al cual se articulan los nuevosderechos de ciudadanía, pero tambiénsobre los que descansan antiguas y re-visitadas servidumbres y solidaridadesentre los géneros y en el interior de cadauno de ellos.

III. EVALUAR LO APRENDIDO COMOHERRAMIENTA DE FUTURO

La discusión ha sido sumamente intere-sante y muestra el saber colectivo acu-mulado en torno al género y a las des-igualdades de género. También en loque se refiere a valorar críticamente elcamino andado hasta ahora, de modoque se puedan mejorar las actuacionesfuturas. A título de ejemplo, vale la penadestacar dos cuestiones que han sidoampliamente debatidas.

La primera de ellas tiene que ver con losposibles modelos de referencia a seguiren el diseño de políticas. Desde el pun-to de vista de la cooperación y del in-tercambio de experiencias, nos hemosinterrogado sobre la viabilidad de pro-puestas y de políticas que tienen senti-do en determinados entornos sociocul-turales o en determinadas estructurassociales pero no en otras, como apunta-ba P. Díaz Romero en el foro virtual. Unaspecto, el del respeto a la heterogenei-dad y a la propia historia, si se quiereexpresar así, que cada vez se reclamacon mayor fuerza a la hora del diseño yla implementación de políticas socialesy, más específicamente, de políticas deigualdad. En particular porque pareceineludible comprender los entornos so-bre los que se opera y las peculiaresconfiguraciones de la relación entre fa-milia, Estado y mercado que se dan encada país o ámbito de intervención. Enningún caso se trataba de revivir el de-bate entre universalismo y particularis-mo, como puntualizaba M. C. Feijoo,

Un proyecto político-social: debate y principales líneas de conclusiones

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sino de insistir en la coherencia y viabili-dad de las iniciativas, así como de lasestrategias para lograr los objetivosque, en cada caso, se pretendan.

La segunda de las cuestiones a destacartiene que ver con la idea de transversali-dad. Se ha considerado que género, po-líticas de género y transversalidad pare-cen formar parte del acervo común deconocimiento y experiencia tanto enEuropa como en Iberoamérica. Perotambién se han abierto interrogantescon respecto a los retos que supone latransversalidad. Una temática retomadacon fuerza en el seminario presencial alabordar el balance de las políticas lleva-das a cabo. En este caso, la incorpora-ción, desde la Conferencia de Pekín, dela transversalidad en la agenda políticapresenta un escenario de luces y som-bras. Luces porque transversalidad sig-nifica el reconocimiento de la centrali-dad de la igualdad de género en eldebate social y en la actuación política.Sombras porque el énfasis en la trans-versalidad parece diluir el empeño y losrecursos específicamente destinados apromover dicha igualdad. Sin duda, setrata de una cuestión que preocupa yque va a centrar la reflexión en el futuroinmediato. A título de ejemplo, vale lapena revisar el monográfico de SocialPolitics: International Studies in Gender,State and Society, publicado en otoñode 2005, alguna de cuyas aportacioneshan sido mencionadas en el debate. Porel momento, parece imponerse la pru-dencia, en el sentido de que se ha consi-derado la necesidad de mantener las

políticas sectoriales junto con el acentoen la transversalidad.

IV. UN DEBATE ABIERTO Y PLURAL

El debate ha sido enriquecedor, además,porque se ha planteado desde posicio-nes institucionales y puntos de vista dis-tintos, de modo que se han producidoencuentros y desencuentros con respec-to a las cuestiones planteadas. Así, hahabido consenso en cuanto a la necesi-dad de:

1. Los nuevos derechos ligados alcuerpo y a la reproducción.

2. La necesidad de abordar el tema delos cuidados como aspecto nuclearen el nuevo contrato sexual.

3. La necesidad de actuar sobre el otrogénero, es decir, sobre el géneromasculino, a tenor de las distintaspolíticas e intervenciones llevadas acabo hasta ahora y de sus límites.

Sin embargo, esos puntos de acuerdono significan la ausencia de desen-cuentros, de matices o, simplemente,de interrogantes abiertos en cuanto alposible alcance de esos derechos y so-bre cómo y qué abordar en forma depolíticas. Sin ánimo de exhaustividad,se podrían destacar las cuatro cuestio-nes siguientes: ¿Cómo abordamos eltema de los derechos en torno al pro-pio cuerpo? ¿Qué incluimos? ¿Hastadónde se avanza como derecho de ciu-dadanía?

Pilar Carrasquer

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Después del conocido lema «lo personales político» que aireó la necesidad dedotar a las mujeres de capacidad de de-cisión sobre su propio cuerpo y, sobretodo, sobre su sexualidad, el desarrolloteórico y las demandas sociales en estecampo han abierto el camino hacia pro-puestas y demandas que van más alláde lo que, quizá, conformaría el campode los análisis sobre la desigualdad degénero. La temática de la transexuali-dad, de la identidad sexual, pero tam-bién el debate en torno a la prostitucióno la apertura de nuevas líneas de inves-tigación ligadas a la reproducción bioló-gica, pivotan sobre el cuerpo.

En relación a todo ello se han planteadodos grandes líneas de reflexión. Por unlado, el cuerpo es, en efecto, algo perso-nal, sobre lo que cada cual debería tenerderecho a decidir; pero, al mismo tiem-po, el cuerpo es político, esto es, algosujeto a discusión y regulación. El cuer-po expresa relaciones de poder. ¿Cómotraducir e incorporar ese conjunto deposibles demandas, a veces, deseos,bajo el paraguas de la ciudadanía?¿Cómo hacer de modo que ese recono-cimiento no genere mayores desigual-dades o reproduzca las ya existentes?En definitiva, como apuntaba M. JesúsIzquierdo en el seminario presencial,¿cómo conjugar los proyectos propiossin poner en duda la cohesión social? Elconcepto de «ciudadanía íntima» dePlummer que recogía R. Osborne, sinte-tiza esa inquietud, a pesar de que conti-núa dejando muchas preguntas sin res-puesta.

Por otro lado, en relación al cuerpo,también se ha reflexionado sobre lasbondades y los inconvenientes del des-arrollo de políticas o de la promulgaciónde normas que van más allá de lo que lasociedad demanda y al revés. Dicho deotro modo, cuál es o cuáles son, en rea-lidad, los sujetos que encarnarían esasdemandas, qué representan y de qué ar-gumentos se dispone para hacerlas va-ler. Son cuestiones que quedan abier-tas.

La solidaridad entre géneros e interge-neracional: el tema del cuidado. ¿Quéentendemos por cuidado? ¿Cómo abor-damos el derecho al cuidado en la vidacotidiana? ¿Quién y cómo se hace cargodel cuidado?

El concepto de solidaridad subyace enla idea de cohesión. Pero solidaridad nosignifica equidad. En cierto modo, elcuidado se inscribe en la lógica de la so-lidaridad básica que permite la repro-ducción de la especie y la reproducciónsocial: cuidamos al mismo tiempo quetransmitimos unas maneras de hacer,unos valores. La división sexual del tra-bajo relega buena parte del cuidado a laesfera doméstica y define al género fe-menino como principal protagonista. Enel marco de esa división sexual del tra-bajo, se explica la valoración positiva detodo lo que tiene que ver con la «esferapública» mientras se minusvalora loque tiene que ver con la «esfera priva-da». La propia construcción de lo públi-co y de lo privado aparece íntimamenterelacionada con la división sexual del

Un proyecto político-social: debate y principales líneas de conclusiones

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trabajo y con las relaciones de género.Pero, cabe añadir de inmediato, quetampoco se trata sólo de una cuestiónde reconocimiento: presencia en la esfe-ra pública significa acceso a los distin-tos recursos y beneficios sociales, in-cluidos aquellos que se inscriben en unalógica de redistribución de los mismos.Si se quiere expresar así, estamos anteuna forma de solidaridad que penalizalas mujeres.

Más aún, ¿cómo lidiar la cuestión de laautonomía personal con la necesariasolidaridad? No hay respuesta fácil. Sinembargo, puesto que no podemos so-brevivir sin cuidados, parece que se im-pone la tarea de hacerlo socialmente vi-sible y de encarar cómo afrontarlo. Elpunto de acuerdo se ha expresado en laobligación de abordar el cuidado comonecesidad social básica. Razón por lacual, ese cuidado debería ser reconoci-do como derecho de ciudadanía yafrontado como tal. De otro modo, secorre el riesgo de que el acceso al cui-dado se convierta, de nuevo, en fuentede desigualdad social, no sólo desde elpunto de vista de género, como habi-tualmente sucede dada la actual divi-sión sexual del trabajo, sino también declase o de etnia. Algo que ya ocurre enla actualidad, especial pero no exclusi-vamente, en los países con un estadode bienestar débil y/o de tradición fami-lista. Sin embargo, el debate permane-ce abierto en lo que concierne tanto a ladefinición de cuidado como al posiblealcance de ese social care. Sea comosea, este parece ser el centro de la cues-

tión pues afecta al reconocimiento debuena parte de la aportación femeninaa la sociedad y constituye uno de los as-pectos nucleares de las desigualdadesde género y de la subordinación feme-nina.

De ahí que el cuidado se convierta en eltema de fondo del nuevo pacto entre gé-neros: ¿cómo afrontarlo?

En este punto, la coincidencia de pare-ceres está en la necesidad de correspon-sabilidad entre géneros. Aunque noparece evidente que esa corresponsabi-lidad pueda darse sin más, ni que por sísola la corresponsabilidad genere un es-cenario social más igualitario. Varias lí-neas de reflexión surgen de esa sospe-cha.

En primer lugar, está la cuestión del mo-delo de sociedad en que esa correspon-sabilidad operaría. Se ha recordado quevivimos en una sociedad desigual orga-nizada en torno a los ritmos y prestigiosque se definen en la arena pública. Sien-do así cabe preguntarse, en segundo lu-gar, por qué quienes mejor parados sa-len de ese estado de cosas deberíanabandonar el privilegio para devenir co-rresponsables de algo que esa mismasociedad ni valora ni prestigia. Las pro-pias políticas de igualdad reflejan esacosmovisión. Cierto es que las políticasde género tienen como objetivo acercara las mujeres a la esfera pública, comomecanismo imprescindible para favore-cer su capacidad de decisión y de actua-ción, como bien se argumenta en la po-

Pilar Carrasquer

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nencia de M. P. de las Heras. Se trata depropiciar el empoderamiento femenino,si se quiere expresar de esta forma.Pero, sin duda, esas políticas son tam-bién un reflejo de la misma jerarquía devalores y prestigios sociales que se pre-tende socavar para lograr una mayorigualdad entre géneros. Nos encontra-mos, pues, ante una contradicción quehace falta afrontar para poder encararmejor el reto de la igualdad y del nuevopacto o contrato sexual.

Desde este punto de vista, no es de ex-trañar que, en tercer lugar, en el debatese hayan planteado las bondades y losinconvenientes que nos depararía eldesarrollo de unas políticas más acor-des con la experiencia de las mujeres.Con otras palabras, se ha discutido so-bre la dimensión diferencia/desigual-dad, o de reconocimiento/redistribu-ción, por emplear la terminología deN. Fraser. En este punto, la controver-sia se ha saldado con un acuerdo demínimos: se trataría de promover for-mas de cohesión social que incorporendicha experiencia, pero que no mitifi-quen el género femenino o el universofemenino y la feminidad, tal como sehan construido socialmente, pues nodejan de ser fruto de esa misma des-igualdad entre géneros que se preten-de paliar. Cabría añadir, a continuación,que esa misma precaución debería pre-sidir la lectura y la valorización del uni-verso masculino y de la definición demasculinidad.

V. FINALMENTE, UNA ÚLTIMA CUESTIÓNA DESTACAR, DE LAS MUCHAS QUESE HAN PROPUESTO: LA CUESTIÓNDE LA EXIGIBILIDAD

El concepto de exigibilidad ha suscitadouna cierta controversia, tanto en el forocomo, sobre todo, en el seminario pre-sencial. Martín Hopenhayn comentabacon acierto, en el foro virtual, que hoydisponemos de todo un bagaje de políti-cas y de actuaciones, incluso algunas deellas orientadas hacia el género mascu-lino, pero que, en muchas ocasiones,esas políticas y esas actuaciones tienenun desarrollo y una aplicación prácticamenor a lo esperado, pues no se prevécómo y de qué manera se va a exigir suaplicación. Sin embargo, esa primera in-quietud ha adquirido mayor amplitud alpreguntarnos qué se quiere expresar, enrealidad, con la idea de exigibilidad.¿Exigibilidad con relación a qué? ¿Aquién?

Sin pretender agotar o cerrar el debate,las posibles respuestas a esos interro-gantes podrían ir en un doble sentido.Exigibilidad en términos de mínimos,esto es, entendiéndola como la posibi-lidad de exigir y hacer cumplir aquelloque ya se tiene (acuerdos, políticas,etc.). Pero también exigibilidad en tér-minos más amplios, relacionada con elobjetivo de promover una redistribu-ción más equitativa de los nuevos de-rechos y deberes o responsabilidadesque conformarían el concepto de ciu-dadanía. Es otro modo de llamar laatención sobre algo que preocupa: el

Un proyecto político-social: debate y principales líneas de conclusiones

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temor a que la dimensión de género,hoy en boga, se quede en una especiede toque de distinción o de correcciónpolítica.

VI. UNA BREVE REFLEXIÓN FINAL

Para concluir, uno de los aspectos a re-saltar del foro es la apreciación del enor-me camino andado hasta ahora, ya seadesde el punto de vista de la reflexiónteórica como en el del desarrollo de po-líticas. Sabemos qué aportan las muje-res, cómo y porqué. Conocemos tam-bién las repercusiones de todo ello entérminos de desigualdades de género.Nos falta avanzar en cómo hacer social-mente visible, reconocida y redistribui-da esa aportación, de forma menos des-

igual desde un punto de vista de gé-nero.

Para ello seguramente va a ser necesa-rio un profundo cambio social y cultural,en el que ambos géneros deberán re-plantearse sus presupuestos y relacio-nes de partida. Y, en este sentido, decara al futuro quizá sea necesario plan-tearse la pregunta de qué estamos dis-puestas a ceder y qué nos parece irre-nunciable en la negociación de esenuevo contrato sexual. Como nos recor-daba una de las jóvenes estudiantes deperiodismo que siguieron el debate vir-tual, nos encontramos ante un procesode cambio que implica, ineludiblemen-te, remover el sustrato cultural y simbó-lico que conforma las actuales relacio-nes de género, si queremos que esenuevo contrato sexual resulte viable.

Pilar Carrasquer

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En la primera sección del libro se pre-sentaron los ejes de análisis que sinte-tizan la discusión de intercambios deideas y reflexiones político-teóricas so-bre género y cohesión social de los fo-ros del seminario on line.

En las ponencias de esta sección seanalizan los temas básicos vinculadosal género y la cohesión social. Partimosde las reflexiones vinculadas a la exis-tencia corporal y a la reproducción delos seres humanos, porque sin perso-nas no hay sociedad ni cohesión social.A continuación se analiza la cohesiónsocial, sus características y sus formasconcretas.

El primer artículo de M. Lamas compar-te algunas reflexiones relativas al dere-cho a decir sobre el propio cuerpo. Separte de lo esencial; la existencia de losseres humanos es corporal, por lo tantoel derecho a tomar decisiones sobre elpropio cuerpo se debe perfilar como underecho básico. Sin embargo, cada so-ciedad elabora simbólicamente su con-cepción del cuerpo a partir de lo cual sedesarrollan una serie de análisis respec-to a los efectos que tiene el uso del cuer-po en los diversos ámbitos de vida y susconsecuencias. Al mismo tiempo estaidea de decidir sobre el propio cuerponos hace reflexionar respecto a temasclaves en el plano de la sexualidad, yaque sí reconocemos que hay nuevasidentidades, la prostitución, inmigra-ción, etc. Por ello es fundamental subra-yar que no basta la titularidad de los de-rechos relativos al derecho a decidir

sobre el propio cuerpo si no existencondiciones sociales de acceso a ellos.Se requiere la creación de un nuevo sis-tema social, y nuevas políticas públicas,con mecanismos claros que garanticenel bienestar colectivo y el respeto a laautonomía personal. Es imprescindibleel bienestar colectivo y autonomía per-sonal.

C. Gomes se encarga de analizar la tran-sición demográfica y las desigualdadessociales en América Latina teniendocomo referente de comparación Europa.Pone especial énfasis en los cambiosdemográficos vinculados a los avancestecnológicos y a la promoción de la divi-sión de las tareas domésticas con loshombres y cómo todo ello ha afectadolas prácticas de las mujeres en cuanto altiempo que ellas necesitan para dedicar-se al trabajo reproductivo y al trabajodoméstico. Para ello analiza las siner-gias entre transición demográfica y des-igualdad social en América Latina, loque inevitablemente afecta fuertementea las mujeres.

Por su parte M. Hopenhayn nos introdu-ce al tema de la cohesión social resca-tando algunos elementos de la visiónclásica de la sociología y proponiendouna mirada dialéctica de cohesión socialentre inclusión social y sentido de perte-nencia. Destaca que para América Lati-na este tema adquiere otros sentidos,asociados a urgencias propias de undesarrollo excluyente y vinculándola ala ciudadanía y el género ya que la pér-dida de cohesión social tiene que ver

I. GÉNERO Y COHESIÓN SOCIAL

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con la ciudadanía vulnerada. Desde laperspectiva de la teoría democrática ydel Estado de Bienestar, plantea que lacohesión social tiene una alta correla-ción con la plena titularidad de derechosciviles, políticos y sociales. En todas es-tas dimensiones hay brechas por géne-ro que colocan a las mujeres en una si-tuación de mayor dependencia material,peor equilibrio entre esfuerzos y reco-nocimientos, menor acceso al poder de-cisorio en los distintos niveles, y menordecisión sobre sus propios cuerpos. Sila cohesión social requiere de una con-dición igualitaria en términos de ciuda-danía, las dimensiones de desigualdady subordinación por género recién plan-teadas claramente atentan contra dichacondición de igualdad.

Finalmente A. Sojo mediante su artícu-lo nos lleva a una interesante revisiónde la temática de cohesión social, géne-ro y regímenes de bienestar en AméricaLatina y el Caribe. Afirma que Estado,Mercado y Familia en tanto haz delbienestar social como objeto de política(en la perspectiva de Esping-Andersen)nos obliga a evaluar entre otras cosaslos efectos de la de-familiarisation, es

decir, analizar la relación de los siste-mas familiares de cuidados y protec-ción, el grado de reducción de la depen-dencia del individuo respecto de lafamilia y en su formulación inversa, elaumento de la capacidad de control delindividuo de recursos económicos, in-dependientemente de las reciprocida-des familiares o conyugales. En estecontexto son indispensables políticasestatales y de responsabilidad social delas empresas, así como cambios en laregulación de la esfera productiva y laorganización laboral, y políticas públi-cas que favorezcan la conciliación entretrabajo y familia. Afirma que los regí-menes de bienestar deben ser conside-rados bisagras que articulan esferas enlas que se asienta la condición subalter-na de la mujer. Pero también, debido aque precisamente esa condición subal-terna genera vulnerabilidades y riesgosespecíficos, deben considerarse políti-cas de conciliación adecuadas en razónde las transformaciones demográficasy familiares. Así se abren posibilidadesinéditas para buscar compatibilizarequidad de género, desafíos demográ-ficos y reformas de los sistemas de pro-tección social.

Género y cohesión social

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1. ¿En qué consiste decidir sobre elpropio cuerpo? En principio, en la posi-bilidad de usar la libertad para tomardecisiones autónomas, algunas conapoyo del Estado. Esto abarca una va-riedad de cuestiones, unas que ya se re-alizan «por la libre», otras que se acep-tan y cuentan con aprobación delEstado, y otras más que todavía son«ilegales».

2. Dado que la existencia de los sereshumanos es corporal, el derecho a to-mar decisiones sobre el propio cuerpose perfila como un derecho básico. Loscuerpos son la síntesis de un procesobiológico, una estructuración psíquica,una producción cultural y un momentohistórico. Cada sociedad elabora sim-bólicamente su concepción del cuerpo.La de la cultura judeocristiana occiden-tal —ligada al individualismo como es-tructura social y a la vigencia de undiscurso racionalista— olvida que elcuerpo alberga al inconsciente. Elcuerpo, que está en el centro de la vidarelacional y política, en el centro delsimbolismo social, igualmente está enel imaginario de la actividad psíquicaindividual. Por eso, al hablar de «cuer-po» no sólo hay que considerar a losprocesos orgánicos y mentales cons-cientes, sino también reconocer losprocesos inconscientes. El cuerpo im-

plica una integralidad orgánica, men-tal y psíquica.

3. El cuerpo es un signo, y emite men-sajes. Por eso sigue siendo el factor porexcelencia de las clasificaciones socia-les básicas; en él están inscritos sexo,edad, etnia, clase social, etc. Además, sepueden matizar esas clasificaciones se-gún la forma, el peso y la condición físi-ca que tenga el cuerpo observado, e in-troducir valoraciones de acuerdo a lasmodificaciones con que cuenta: ciru-gías, tatuajes, etc.

Pero el cuerpo también es una mercan-cía. Estamos rodeados de propuestaspublicitarias asociadas al cuerpo, ple-nas de juventud, salud y belleza, conuna promesa implícita de sexualidadglamorosa. Y, al mismo tiempo, existeun siniestro mercado negro de cuer-pos: tráfico sexual, esclavitud laboral,tráfico de personas indocumentadas,etcétera.

Y pese a que jurídicamente se acepta laposibilidad de disponer de partes delcuerpo, siempre y cuando ello se realicesin obtener un beneficio económico,como donación altruista, la realidad esque también existe un mercado de órga-nos, gametos y servicios corporales devariado signo.

1. ALGUNAS REFLEXIONES RELATIVAS AL DERECHO A DECIDIRSOBRE EL PROPIO CUERPO*

Marta Lamas

* Al agradecimiento por los comentarios críticos que Marta Acevedo, Haydeé Birgin, Pedro MoralesAché y Hortensia Moreno realizaron a la primera versión de este texto sumo mi reconocimiento agradeci-do a las y los comentaristas del Foro 3: Pilar Carrasquer, Pamela Díaz-Romero, María del Carmen Feijoo,Morgan Quero y Raquel Osborne. También me he beneficiado de los ensayos de María Patrocinio de lasHeras, Martín Hopenhayn y María Jesús Izquierdo. Como siempre, los relevo de responsabilidad de loaquí escrito.

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4. La ley permite que se disponga delpropio cuerpo como una mercancía quese puede vender abiertamente. Pero loque resulta aceptable cuando se inter-preta como la venta de la fuerza de tra-bajo de una obrera, empleada o profe-sionista, escandaliza o deprime cuandose interpreta como la venta de sexo.Cuando las trabajadoras sexuales plan-tean la «prostitución» como una moda-lidad de trabajo que escogen volunta-riamente, nos reclaman el respeto a suderecho a «elegir».

La postura contractualista de algunastrabajadoras sexuales se desmarca dedos poderosos estereotipos culturales:el de la pecadora y el de la víctima. Paraquienes reivindican estar voluntaria-mente en el comercio sexual la elecciónes sustancialmente distinta del tráficode personas o la esclavitud sexual, don-de se pierde totalmente la posibilidadde decidir.

5. El uso sexual del cuerpo tiene con-secuencias reproductivas diferenciadasen los cuerpos de las mujeres y loshombres. En la mayoría de los países la-tinoamericanos existe la figura de débi-to conyugal, mediante la cual se fuerzala cópula en contra de la voluntad de lamujer casada. También las legislacionesimponen el deber de la reproducción dela especie como el fin último del matri-monio. Por eso es común que tambiénse prohíba a las mujeres los métodospermanentes de esterilización y la inte-rrupción del embarazo.

En aceptar o no ese deber, que conllevael proceso de gestación y parto, es don-de se juega una de las batallas principa-les por el derecho a decidir de las muje-res. En América Latina la posibilidad deinterrumpir un embarazo no deseadotodavía no es una posibilidad legal.

6. La reproducción asistida ha cimbra-do los supuestos consagrados de la ide-ología occidental respecto de la filiacióny la descendencia, instaurando el víncu-lo simbólico por encima del biológico yelaborando una nueva jurisprudenciaen relación a la maternidad y la pater-nidad. De la donación de gametos (es-permatozoides y óvulos) se pasó a sucomercialización, supuestamente prohi-bida. Luego vino el alquiler de úteros.Lo interesante es cómo lo simbólico halogrado tener un peso mayor que lo bio-lógico.

7. Las técnicas de reproducción asisti-da abrieron un conjunto de interrogan-tes: una persona que vende sus ga-metos, ¿puede eludir el reclamo de lacriatura procreada que desea conocerde dónde viene? ¿Existe el derecho deun ser humano a saber quiénes son susprogenitores? ¿Hay derecho a conocerla propia historia genética, a saber quese es producto de una donación o ventade gametos, o dicha donación o ven-ta tiene derecho a quedar anónima?¿Tienen las criaturas adoptadas el dere-cho a saberlo? ¿Puede el derecho a deci-dir de los padres y las madres soslayarel derecho a saber de las criaturas?

Marta Lamas

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8. El tema del derecho a decidir tam-bién está vinculado con el tema de laidentidad. Si reconocemos que hay nue-vas identidades, ¿no debería haber nue-vos derechos?

Ese es, precisamente, el caso de la tran-sexualidad. La persona transexual, sien-te que nació en un cuerpo equivocado.Esta falta de concordancia entre el sexoy la identidad social de género es otraprueba más de la primacía de lo simbó-lico sobre lo biológico. Las personastransexuales demandan dos nuevos de-rechos, aparentemente contradictorios:a) que el Estado subvencione la opera-ción quirúrgica que haga compatible suconfiguración corporal con su identidadpsíquica; b) que el Estado le otorgue laidentidad a la que siente pertenecer sinnecesidad de operarse.

9. La cirugía a que se someten las per-sonas transexuales es consentida y vo-luntaria, si bien está prohibida en al-gunos países. Otro tipo de mutilacióngenital es la «normalización» quirúrgicaque se aplica a criaturas intersexuadas ohermafroditas. ¿No habría, tal vez, quepostergar dicha operación irreversible,preservando su derecho a decidir cuan-do sean mayores? En ese caso, como enla ablación de clítoris que se inflige a lafuerza sobre las niñas en ciertas comu-nidades islámicas, la decisión la tomanlos progenitores.

10. Hace unos años, la petición decambio de sexo era rechazada con el ar-gumento de que entonces las personas

se iban a poder casar con alguien de sumismo sexo. A medida que la homose-xualidad ha ganado el mismo estatutojurídico que la heterosexualidad, dichoargumento dejó de ser utilizado y seaceleró el proceso de reconocimientolegal de las personas transexuales.

Pero las acciones antidiscriminatoriasno impulsan, por sí mismas, una com-prensión de qué es la sexualidad huma-na, sino la estricta aplicación del princi-pio de igualdad. Aceptar legalmente lahomosexualidad no ha eliminado pre-juicios que subsisten ni ha traído comoconsecuencia que todas las personas laadmitan en su fuero interno.

Al nuevo estatuto jurídico de la homose-xualidad le falta ser aceptado cultural-mente. Bourdieu indica que al simbolizarde manera complementaria la condiciónsexual humana, se produce un sistemanormativo que propicia que se veancomo «naturales» disposiciones cons-truidas culturalmente y se impone laheterosexualidad como el modelo(Bourdieu, 2000). Pero las combinacio-nes posibles de atracción erótica y, porlo tanto, de pareja sexual, son básica-mente tres: mujer/hombre, mujer/mu-jer, hombre/hombre.

11. Negar la realidad del deseo homo-sexual para preservar el modelo repro-ductivo tradicional como paradigma defamilia es flagrantemente ideológico.Además, cada día hay más parejas ho-mosexuales que forman familias, ejer-ciendo su derecho a decidir. Estas accio-

Algunas reflexiones relativas al derecho a decidir sobre el propio cuerpo

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nes ciudadanas han forzado a una defi-nición legal y política, y han convertidola homoparentalidad en un tema crucialen el debate democrático.

La negativa a que parejas homosexua-les formen familias y adopten criaturasse funda en la creencia de que eso pro-vocaría daño psicológico a las criaturas.Se piensa que, al ser criadas en hogareshomoparentales, se harían fantasíasequívocas sobre la diferencia de los se-xos, lo cual afectaría sus posibilidadesfuturas para un encuentro fecundo conpersonas del otro sexo. Desde esta ópti-ca, la parentalidad homosexual compro-metería procesos psíquicos fundamen-tales 1.

Pretender que la biología de quienescrían niños sea requisito indispensablepara la salud mental de las criaturas esuna grave equivocación. Como lo hamostrado el psicoanálisis, no hay unacorrespondencia mecánica en la identi-ficación de las niñas con la madre y losniños con el padre, por lo que ni el sexoni la sexualidad de los padres son ga-rantía en las elecciones sexuales de loshijos. Además, no hay que olvidar quelas familias heterosexuales biparenta-les producen hijos gays e hijas lesbia-

nas. Y que muchos hijos e hijas hetero-sexuales mentalmente enfermos sonproducto de familias tradicionales bipa-rentales.

12. Otro tema que pone en cuestión elderecho a decidir es el uso de drogas 2.Drogarse es una práctica universal. Lassociedades han prohibido ciertas dro-gas y permitido otras, pero la ingestiónde drogas es la regla estadística y no laexcepción. Las motivaciones del uso dedrogas son varias: desde la exploraciónde los límites de la conciencia y la alte-ración de los sentidos y la sensibilidad,hasta la evasión de la realidad y el aliviode la angustia de la existencia. El uso ri-tual de las drogas es una realidad en lagran mayoría de las sociedades, en al-gunas es una búsqueda espiritual y enotras es un acto de sociabilidad.

13. El potencial destructivo que tienenlas drogas también lo tienen el alcoholy ciertos deportes que cobran un altísi-mo número de víctimas, y nadie hablade prohibirlos. Se puede ingerir dro-ga de manera responsable, sin con-secuencias a terceros. La amenaza pú-blica que representan las drogas, loscrímenes que ocasiona, no se debe alos productos en sí, por más tóxicos que

Marta Lamas

1 Existen variadas conclusiones sobre las consecuencias de la crianza en una familia homoparental. Agra-dezco a Raquel Osborne su comentario sobre la importancia intelectual y política de aceptar resultadosque hablan de diferencias en la adquisición de la identidad sexual y el género, y su señalamiento de quediferencias no quiere decir déficit. Remito al ensayo de Stacey y Biblarz que Osborne cita, y que consignoen la bibliografía.2 Agradezco a Martín Hopenhayn haberme señalado la omisión del tema del consumo de drogas en la an-terior versión de este ensayo.

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éstos resulten, sino a la prohibición quepesa sobre ellos.

Lo que es fuente de delitos no son losefectos de la droga, sino su precio. Hayque responsabilizar legal y moralmenteal individuo que realice actos delictivosespecíficos, pero no el mero hecho dedrogarse en sí. Es el negocio de la drogalo que representa un peligro para la so-ciedad. La despenalización, que es laúnica salida viable a ese creciente ycada vez más complejo panorama delmercado negro y el narcotráfico.

14. Otra área de conflicto es la relativaa la decisión de poner fin a la propiavida. El avance tecnológico ha generadouna serie de actitudes paradojales, entreellas, la utilización de cualquier mediopara evitar que las personas mueran,aun al precio de sufrimientos atroces.

Hay muchas maneras de suicidarse, al-gunas muy violentas, otras menos. Peroocurre con frecuencia que cuando unaenfermedad limita las posibilidades deun cuerpo, una persona puede requerirayuda para quitarse la vida. Ahí surge lanecesidad del suicidio asistido, que esuna decisión sobre la propia vida —y so-bre el propio cuerpo— en un momentoen que no existen las condiciones físicaspara ejercerla sin ayuda de terceras per-sonas.

15. Se pueden dejar instrucciones pre-cisas sobre cómo se desea que, en unasituación en que no podamos expresarnuestra voluntad, se tomen las decisio-

nes médicas relativas a nuestra perso-na. En el documento de la «voluntad an-ticipada» se nombra a una personacomo representante, la misma que seráel interlocutor con el equipo médico,que garantizará que se cumpla la volun-tad expresada. En el documento se enu-mera la lista de circunstancias en lasque se desea que no se apliquen medi-das de «soporte vital», o sea, que pro-longuen la supervivencia. Pero el Tes-tamento vital, donde se consigna lavoluntad anticipada por escrito, es unamedida precautoria que no está sufi-cientemente generalizada ni reconocidaen la mayoría de los órdenes jurídicos.

16. Las leyes de suicidio asistido estánpensadas para personas en pleno usode su potestad para reflexionar. Se apli-can cuando la persona tiene una enfer-medad terminal que le causa dolores in-tensos y ante la cual ya no se puedehacer nada. ¿Qué ocurre cuando se tratade menores de edad? Los adolescentesen situación terminal que solicitan eseservicio médico se han topado con queestán excluidos de la ley. Sólo tienen ac-ceso a este servicio si sus progenitoresestán de acuerdo. Pero si hay objecio-nes (con frecuencia religiosas) por partede los padres, el adolescente no puedehacer nada.

17. Lo anterior nos remite a otro as-pecto del derecho a decidir que, en lapráctica, está vedado a personas ado-lescentes por las creencias ideológicaso religiosas de sus progenitores: pese aque pueden consentir tener relaciones

Algunas reflexiones relativas al derecho a decidir sobre el propio cuerpo

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sexuales, no pueden acceder a los servi-cios médicos anticonceptivos o aborti-vos que requieren. Las y los adolescen-tes son titulares plenos de los derechoshumanos que corresponden a cualquierpersona, excepción hecha de los dere-chos políticos, sin embargo, con fre-cuencia el ejercicio de sus derechos se-xuales y reproductivos es limitado porlos padres a través de la patria potestad(Morales Aché, en prensa). La voluntadde los adolescentes en cuestiones se-xuales y reproductivas debería tenerpreponderancia.

18. ¿Cuál es el límite del derecho a de-cidir sobre el propio cuerpo? En el dis-curso político, el derecho a decidir seplantea a partir del eje público o privado.El punto a debatir radica, como siempre,en dónde situemos el límite. ¿Cómo defi-nir qué se considera asunto público oprivado, cuando no existe una fronteranatural, sino que se ha ido configurandohistóricamente? Lo que está en juego enel debate sobre lo público y lo privado esdefinir qué decisiones de los ciudadanosatañen a su exclusiva competencia, aun-que también requieran apoyo del Es-tado.

19. No hay un solo criterio universalde ética o de justicia. Ni siquiera la filo-sofía racionalista, que ha desarrolladoun esfuerzo sostenido para encontrarestándares universales de justicia conbase en la razón, ha logrado definir unmarco adecuado de ideas sobre el com-portamiento moral (Miró Quesada, 1991).Ante la imposibilidad de establecer un

código ético definitivo, los derechos hu-manos se han convertido en la platafor-ma primordial desde la cual construir elderecho a decidir.

20. Tres derechos humanos son fun-damentales: el derecho a la vida, el de-recho a la igualdad y el derecho a la li-bertad. La interpretación del primero esla más controvertida de los tres, puespara muchas personas la vida en abs-tracto no tiene sentido mientras quepara muchas otras, la vida es un don di-vino. Precisamente en las distintas con-cepciones sobre la vida es donde se li-bra el debate bioético más candente:donde se confronta la postura de la fecon la perspectiva de la ciencia.

Una perspectiva científica que plantealos límites y las potencialidades de lasdiferentes etapas del proceso biológico,y que toma la actividad cerebral comoel indicador por excelencia de la vidahumana, formula un nuevo razona-miento ético sobre la vida al distinguirla mera vida vegetativa de la vida real-mente humana. Esta valoración se apli-ca, por ejemplo, en las decisiones relati-vas a los transplantes de órganos y encasos en que familiares han solicitadola eutanasia de un paciente con inactivi-dad cerebral. Dicho indicador tambiénse aplica al aborto de un embrión/fetoque todavía no tenga actividad cere-bral.

21. En relación a los otros dos dere-chos básicos, el derecho a la igualdad seaplica en cuestiones de justicia social y

Marta Lamas

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discriminación como, por ejemplo, elacceso igualitario a las condiciones so-ciales básicas que hacen posible la liber-tad de elegir; mientras que el derecho ala libertad se esgrime en muchas de lascontroversias sobre decisiones autóno-mas. Los principios igualitaristas y libe-rales, inherentes a garantías fundamen-tales como el derecho a la intimidad, ala libertad de conciencia y a la libertadde expresión, han permitido que el de-recho a decidir sea tratado por los ins-trumentos jurídicos tradicionales deprotección de los derechos humanos yde las libertades fundamentales. Hay ju-risprudencia internacional sustantiva alrespecto.

22. El derecho a decidir requiere fun-damentarse en una comprensión de lacondición humana, apuntalada no sólopor información científica sino tambiénacompañada por nuevos razonamientosjurídicos. Pongo un ejemplo. El derechoa decidir sobre el propio cuerpo incluyeuna amplia variedad de cuestiones queafectan de manera distinta a los hom-bres que a las mujeres. Como hoy en díala diferencia sexual se sigue traducien-do en desigualdad social, hay que poneratención al hecho de que, si bien muje-res y hombres somos iguales como se-res humanos, en tanto sexos somos di-ferentes.

Reconocer la diferencia sexual no signi-fica esencializarla, ni otorgarle un senti-do más amplio que el que tiene. Aunquelos seres humanos venimos al mundobásicamente en cuerpo de hombre o en

cuerpo de mujer, no somos el reflejo deuna realidad «natural» sino que somosun producto de una realidad «construi-da». La disparidad del lugar de las muje-res y de los hombres en la vida social noes el producto sólo de lo que somos bio-lógicamente (por mucho que ese datocuente) sino principalmente del signifi-cado que nuestras actividades adquie-ren a través de interacciones socialesconcretas. No obstante, en la vida socialhumana es común hablar de la diferen-cia sexual como una «esencia biológi-ca» de la mujer y del hombre, sin des-arrollar una perspectiva jurídica quetome en consideración las consecuen-cias de esa diferencia.

23. El jurista italiano Luigi Ferrajolisostiene que para subsanar las discrimi-naciones producidas por la diferenciasexual —entre las que destaca la instru-mentación de las mujeres como mediode reproducción— hay que elaborar yponer a punto ciertas garantías sexua-das, que justifiquen tratamientos dife-renciados en todas las ocasiones en queun tratamiento igual penalice al sexofemenino. «La diferencia sexual debetraducirse en derecho desigual o, si sequiere, sexuado» (Ferrajoli, 1999: 85).Para Ferrajoli la existencia de un dere-cho fundamental que corresponde ex-clusivamente a las mujeres —como elde la maternidad voluntaria que implicael aborto— y la instauración de nuevas yespecíficas garantías sexuadas no sonsuficientes para poner en crisis el valordel principio de igualdad, ni para estarfuera del paradigma de la igualdad.

Algunas reflexiones relativas al derecho a decidir sobre el propio cuerpo

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24. El cuerpo no es una máquina previ-sible en el funcionamiento de sus engra-najes. El cuerpo es el lugar del dolor y elplacer, el sufrimiento y el goce, la salud yla enfermedad, la plenitud y la decrepi-tud, la vida y la muerte. El cuerpo es, ensí mismo, una fuente pulsional y un ob-jeto de pulsiones. Sin embargo, las prác-ticas corporales contemporáneas tratande conjurar la sexuación, el envejeci-miento, la enfermedad y la discapacidadsin enfrentar los dilemas que estas con-diciones plantean al derecho a decidir.Estos dilemas requieren la creación delas condiciones materiales y jurídicasque posibiliten la instrumentación delderecho a decidir en relación a la varia-da, compleja y vulnerable realidad cor-pórea existente. Es necesario reformarleyes y diseñar políticas públicas que to-men en cuenta las necesidades concre-tas que enfrentan sujetos con cuerpossexuados, cuerpos viejos, enfermos ocon discapacidades, para poder decidir.

25. Entre los obstáculos que existenpara la construcción de un orden socialdeseado se encuentra la subjetividad delos sujetos, que despliegan disposicio-nes mentales por miedos introyectadosde manera inconsciente. Norbert Lech-ner, que se pregunta: «¿Qué tienen quever mis miedos y anhelos con la políti-ca?», distingue tres tipos de miedos quetienen mucho que ver con la política:

— el miedo al Otro, que suele ser vistocomo un potencial agresor,

— el miedo a la exclusión económica ysocial,

— el miedo al sinsentido, a raíz de unproceso social que parece estar fue-ra de control (Lechner 2006: 509).

26. Interrogarnos sobre la relación en-tre los miedos y la política nos obliga areflexionar sobre el vínculo entre la pro-pia subjetividad y el imaginario social.Ahí, el tema de las diferencias corpora-les y de la pluralidad de identidades co-bra una relevancia crucial, como ha se-ñalado Amartya Sen (2006). La violenciaque despierta el «otro», el «extraño», el«diferente» tiene que ver con un meca-nismo básico, común a todas las cultu-ras, que ante cualquier diferencia clasifi-ca a las personas en dos grupos: las queson iguales a mí y las que son diferen-tes. Y como todo grupo humano buscamantener su cohesión mediante la ex-clusión de lo diferente, de lo raro, entraentonces en acción ese mecanismo porel cual toda diferencia se traduce, en unprimer momento, en antagonismo, re-chazo y/o temor. Ahí se encuentran las«raíces psíquicas del odio» (Castoriadis,2001) que alimentan el fundamentalis-mo, y que generan una actitud irracionalque expresa: el diferente amenaza miexistencia, me invade, me contamina,me pone en riesgo, o simplemente meobliga a reconocer que hay otras formasde ser, lo cual atenta contra mis creen-cias o cuestiona mi idea de mí mismo ydel mundo.

27. Por la hostilidad al otro, inherente ala condición humana, hay una relaciónperversa entre el impulso libertario y laindividualización insolidaria. Hoy en día

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se constata una despiadada indiferenciaante las brutales privaciones y los tratosinhumanos a que se ven sometidos losotros. Aunque la indiferencia es con fre-cuencia una reacción para sobrevivir, ali-menta la alienación individual y colectiva.Entonces ¿cómo impulsar un cambio?

28. Las transformaciones sociales porlas que lucha la ciudadanía participati-va están, antes que nada, en su propioimaginario. Es indispensable «imagi-nar» como posibles determinada «bue-na vida» o cierto nuevo contrato socialpara luchar por ellos. Y como el bienes-tar social se basa en fuerzas extraperso-nales, socioeconómicas y culturales, lu-char por él implica también enfrentarresistencias clasistas, religiosas, sexis-tas, racistas y homófobas.

29. Ya Marx y Freud hicieron el esfuer-zo de pensar por qué los seres humanosse adaptan al estado de irracionalidaddestructiva que está en contradiccióncon sus intereses, y por qué son sen-sibles a lo inmediato y en cambio sonindiferentes a las fuerzas sociales quedefinen ese inmediato. Hoy, cuando lafabricación social de inhumanidad esapabullante hay que recuperar sus refle-xiones, en especial, la de que la subjeti-vidad está estructurada por la mismasociedad que aliena la conciencia. Si no

se comprende el papel de la subjetivi-dad enajenada en una sociedad deshu-manizada, no va a ser fácil impulsar unproyecto político-social que privilegie lacohesión social.

30. En un mundo conflictivo, donde lasrelaciones de poder y dominación pri-man en las relaciones humanas, recla-mar el ejercicio de derechos personalesresulta más fácil que luchar por la des-igualdad social. Si los derechos relativosa decidir sobre el propio cuerpo son pro-clamados como fines en sí mismos, y nose ubican en un contexto donde la liber-tad vaya de la mano de la igualdad, afir-marán el individualismo. Por ello, tal vezhay que hacer el reclamo desde una críti-ca de los privilegios, y exigir un accesoigualitario a soluciones que las personasprivilegiadas ya tienen.

Por eso es fundamental subrayar que nobasta la titularidad de los derechos rela-tivos al derecho a decidir sobre el pro-pio cuerpo si no existen condiciones so-ciales de acceso a ellos. Se requiere lacreación de un nuevo sistema social, ynuevas políticas públicas, con mecanis-mos claros que garanticen el bienestarcolectivo y el respeto a la autonomíapersonal. Es imprescindible esa man-cuerna: bienestar colectivo y autonomíapersonal.

Algunas reflexiones relativas al derecho a decidir sobre el propio cuerpo

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INTRODUCCIÓN

En América Latina, la transición demo-gráfica se puede llamar una verdadera«revolución» demográfica. En unascuantas décadas la esperanza de vidade las poblaciones se duplicó, de 35 a70 años, y la fecundidad promedio seredujo a menos de la mitad, de 6 a me-nos de 3 hijos por mujer. En los añoscincuenta las mujeres tenían muchoshijos pero no les alcanzaba para vivirhasta que ellos se casaran y tuvieran hi-jos. Actualmente viven al mismo tiem-po tres y hasta cuatro generaciones jun-tas, muchas mujeres conocen a susnietos y algunas a los bisnietos. Las po-líticas públicas deben atender a todasestas generaciones al mismo tiempo.Así, estamos hablando de nuevas so-ciedades, con estructuras poblaciona-les y demandas sociales muy distintas alas de cuatro décadas atrás.

Estos cambios poblacionales tan pro-fundos y acelerados trajeron conse-cuencias sobre todos los aspectos de lassociedades latinoamericanas. En la ac-tualidad, prácticamente todos los niñosque nacen sobreviven hasta la etapaadulta y vejez; las mujeres sobrevivenhasta el final de su vida reproductiva,pero tienen menos hijos, y concentranla maternidad en un corto periodo: entre20-29 años de edad (Tuirán, 1998; Go-mes, 2001). Estos resultados de la tran-sición demográfica y de las prácticas delas mujeres redujeron el tiempo queellas necesitan dedicar al trabajo repro-ductivo y al trabajo doméstico. Al mis-

mo tiempo la sobrevivencia hasta la ve-jez permite que los abuelos alcancen aconocer y convivir con sus nietos, lo quepromueve la división del cuidado de losnietos y el apoyo al trabajo domésticode sus hijos e hijas. Todos estos factoresesencialmente demográficos, aunadosa los avances tecnológicos y a la promo-ción de la división de las tareas domésti-cas con los hombres, contribuyen a libe-rar a las mujeres del trabajo reproductivoy a que se vinculen en otras actividades,en especial las laborales, impactando lasrelaciones y roles de género (MacInnes yPérez, 2005).

En la vida individual, las generacionesde mujeres adolescentes, jóvenes yadultas, en la etapa reproductiva y pro-ductiva corresponden al «bono pobla-cional» y son muy numerosas. Todas lo-gran ahora vivir durante toda su vidareproductiva y pueden hacer múltiplesopciones a lo largo de esta extensa tra-yectoria.

La actual etapa de transición de la re-gión se caracteriza por generacionesmuy numerosas de adolescentes y jóve-nes, que en estos momentos están to-mando decisiones sobre su trayectoriade vida futura, así como de adultos enedades activa y reproductiva. Se tratade un perfil poblacional altamente de-mandante de educación y trabajo, perotambién de insumos, servicios y tecno-logías reproductivas, de políticas e insti-tuciones que les permitan conciliar en-tre el trabajo productivo y reproductivode hombres y mujeres.

2. TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA EN AMÉRICA LATINA:IMPACTO Y DESAFÍOS DESDE EL TRABAJO Y LA REPRODUCCIÓN

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La economía, el mercado laboral, las po-líticas sociales y los gobiernos debenadaptarse a una nueva realidad pobla-cional que no se creía posible hace unasdécadas.

MIGRACIÓN Y DESIGUALDADESCOMPLEMENTARIAS

Las poblaciones de los países de origeny receptores de migrantes, más que dis-tintas, son complementarias. La pobla-ción de América Latina tiene numerososjóvenes y adultos jóvenes en edad acti-va, pero con un nivel de escolaridad me-dio, inferior al de España y Estados Uni-dos.

Mientras, Europa tiene una población en-vejecida con carencia de jóvenes en edadproductiva, y los jóvenes europeos, conmayores niveles educativos, y fácil acce-so a tecnología e información, puedenencontrar y elegir empleos en que seaproveche mejor su más alta calificación.

Los jóvenes latinoamericanos, con ba-jos niveles de educación y calificación,comparados a los de Europa y EstadosUnidos, hicieron un esfuerzo por termi-nar la secundaria, pero el sueldo quepueden recibir en América Latina pararealizar trabajos de acuerdo con su nivelde educación es muy bajo. Si migran aEstados Unidos o Europa, aun para rea-lizar trabajos que no requieren su niveleducativo, pueden ganar de cuatro acinco veces más de lo que ganarían en

México en un trabajo más calificado.Por tanto, las desigualdades demográfi-cas, educativas, económicas y de losmercados laborales son más bien com-plementariedades que mueven y pro-mueven la migración. A estos factoresestructurantes se añaden las redes so-ciales y familiares que reinvierten todoslos recursos económicos y sociales en lamigración; y por otro lado el desarrollode verdaderas empresas de envío de re-mesas, transporte e hipotecas, y algu-nas de tráfico de personas.

Ambos países, de origen y destino, des-aprovechan las capacidades educativasde los migrantes. En los países de ori-gen los jóvenes no encuentran un lugaren los bachilleres, y muchos de los queinvierten en sus capacidades educativasno encuentran trabajos y sueldos satis-factorios para sus niveles educativos. Almigrar, en los países de destino aceptantrabajos que desaprovechan sus cualifi-caciones. En ambos países el «bono de-mográfico» concentra numerosas co-hortes de jóvenes que, en su mayoría,están excluidos de los trabajos formalesy mejor remunerados, excluidos de lossistemas de seguridad social que garan-tizarían su jubilación futura. Por tanto, lagran mayoría de los y las jóvenes nocuenta con políticas conciliatorias paraasumir a la vez sus roles productivos yreproductivos.

Estos procesos también han facilitadoque las mujeres latinoamericanas,mayoría en nuestro bono demográfi-co, cada vez con mayores niveles edu-

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cativos y mayores aspiraciones, esténaumentando su participación en los flu-jos migratorios. Antes las mujeres quemigraban de México a Estados Unidosse movían principalmente para reunifi-car a su familia, para acompañar a sumarido que había migrado exitosamen-te algunos años antes. Hoy las mujeresmigran solas, para trabajar. Algunas de-jan sus maridos e hijos y les envían re-mesas para complementar el presu-puesto familiar.

LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina es el continente con ma-yores niveles de desigualdad socioeco-nómica en el mundo (Banco Mundial,2000). En promedio nuestra poblaciónmayor de 15 años de edad tiene tan solo7 años de educación. Mientras la deEuropa tiene en promedio 10 a 11 añosde estudios. Las brechas de género,aunque han disminuido, todavía persis-ten en muchos países.

Como resultado, la transición demográ-fica ocurrió a ritmos diferentes entre ydentro de cada país. Sobreviven menosaños y tienen más hijos las mujeres po-bres, indígenas, con menor nivel educa-tivo. Las poblaciones pobres y ruralesconcentran a muchos niños y muestranuna ausencia de jóvenes, que migran alas ciudades o a otros países. Las perso-nas pobres e indígenas acumulan reza-gos en educación, mayor fecundidad y

mayor mortalidad. La mayoría de lasadolescentes indígenas abandona la es-cuela al terminar la primaria, dificultan-do su acceso a la vida productiva y laconciliación de sus roles productivos yreproductivos.

Al mismo tiempo, la mayor fecundidadde los pobres y grupos indígenas impli-ca un mayor tiempo de trabajo repro-ductivo para las mujeres, en medio amayores carencias institucionales y me-nores oportunidades de trabajo. El tra-bajo reproductivo es intenso y poco efi-ciente, pues nacen, se enferman y semueren muchos niños, y todo este tra-bajo está casi exclusivamente a cargode las mujeres, consumiendo la mayorparte de sus cortas vidas (MacInnes yPérez, 2005).

POBREZA Y DESIGUALDADES EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL

En el mercado laboral, las mujeres es-tán sobrerrepresentadas en el sectorinformal, hecho que lleva a plantear larelación entre precariedad ocupacionaly discriminación de género. Gran partede las mujeres que trabaja en el sectorinformal se encuentra en las etapas dematrimonio y maternidad, y en mu-chos casos se tratan de madres solte-ras, que necesitan trabajar en horariosflexibles.

Los sistemas de seguridad social pre-sentan amplias brechas de género y

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desventajas para las mujeres en térmi-nos de cobertura, y los nuevos planesde pensiones y salud deberían prestarespecial atención a promover la afilia-ción de mujeres a los sistemas de segu-ridad social.

La posibilidad de conciliar los roles pro-ductivos y reproductivos depende delnivel de pobreza de las mujeres. Porejemplo, en México, las mujeres po-bres y unidas con más hijos son las quetrabajan para complementar los ingre-sos domésticos, tal vez su actividadeconómica les permite no vivir en lapobreza extrema. Por otro lado, las mu-jeres que son jefas de hogar y las queson las principales aportantes de ingre-sos en sus hogares no presentan unamayor probabilidad de ser pobres, com-paradas con los hombres responsablespor sus hogares. Las mujeres que soncónyuges trabajan mucho menos quelas jefas, excepto las cónyuges que vi-ven en pobreza extrema. Las mujeresmás pobres que son cónyuges trabajanen mayores proporciones cuando susesposos son trabajadores por cuentapropia y no tienen ingresos regulares.En resumen, la pobreza de las mujeresy también su jornada laboral puedenser mayores cuando éstas combinan elrol de cónyuges, tienen muchos hijos ysus esposos no cuentan con ingresosregulares. Esta combinación de vulne-rabilidades indica que las políticas deconciliación pueden contribuir tambiénpara la reducción de la pobreza de es-tas familias en condiciones más difí-ciles.

DERECHOS, LEGISLACIÓN Y POLÍTICASPARA CONCILIAR EL TRABAJOPRODUCTIVO Y REPRODUCTIVO DE LAS MUJERES

En América Latina la mayoría de las mu-jeres trabaja en la informalidad y, portanto, no tienen garantizados sus dere-chos para conciliar su trabajo producti-vo y reproductivo. Este es el caso de lastrabajadoras domésticas, cuidadoras,trabajadoras eventuales, agricultoras,en la gran mayoría de los países de laregión.

La legislación que garantiza la protec-ción en el periodo de maternidad se res-tringe a las mujeres trabajadoras forma-les. En ALC todos los países cuentancon legislación y en la mayor parte deellos las mujeres trabajadoras cuentancon 12 a 13 semanas de licencia por ma-ternidad. Las legislaciones que permi-ten un paro más extenso son las de Bra-sil, Chile, Costa Rica, Cuba y Venezuela(17 o más semanas).

En la mayor parte de los países se pagael sueldo completo o la mayor parte deéstos a las mujeres con licencia por ma-ternidad. La participación de la emplea-da en su sueldo de licencia por materni-dad varía entre países, desde 100% a50% del valor del sueldo.

En el caso de Colombia, en 2002 se haotorgado el derecho a los padres a com-partir con la mujer ocho días del tiempode su licencia para la reproducción (12semanas). La semana de licencia por pa-

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ternidad también es pagada por la segu-ridad social.

Otro mecanismo de protección de lamujer trabajadora es la legislación queprohíbe el examen de embarazo paracontratar a las mujeres, que no es regla-mentado explícitamente en la mayoríade los países. Sólo en Venezuela existeuna prohibición explícita, mientras enBrasil, Chile y Colombia se han aplicadolimitaciones para el uso de las pruebasde embarazo cuando son usadas con fi-nes de discriminación.

También se prohíbe el despido de lamujer durante la maternidad en Chile,Panamá, Bolivia y Argentina. Asimis-mo, en Chile, en caso de muerte mater-na, el padre adquiere el derecho a noser cesado por un año. El incumpli-miento de estos reglamentos implica elpago de compensaciones por parte delempleador.

Al regresar al trabajo, las legislacionesdeben garantizar también que la mujerasuma el mismo puesto que ocupabaantes del embarazo. En Uruguay todadiscriminación que viole los principiosde igualdad y oportunidades para am-bos sexos o sectores está prohibida. EnColombia cada madre trabajadora cuen-ta con el derecho a contar con un cuartodonde cuidar al bebé mientras labora.

Este conjunto de derechos, aunque es-tablecidos en leyes, no siempre se im-plementan, por lo que deben ser perma-nentemente monitoreados. Asimismo,

en ALC el mayor reto en esta materia esla inclusión de las trabajadoras informa-les a este conjunto de derechos, a travésde esquemas alternativos que les otor-guen las protecciones sociales básicaspara promover la conciliación entre lostrabajos productivo y reproductivo.

TRABAJO FEMENINO Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA

El trabajo femenino es un importantedeterminante de la reducción de la po-breza de los hogares (Gomes, 2006;Adema, 2006). El cuidado infantil generaimportantes tasas de retorno a travésdel aumento de impuestos, de una re-ducción del gasto en prestaciones socia-les y de un mayor desarrollo infantil,pero dicho retorno sólo es tomado encuenta por empresas cuyos empleadosno son fácilmente sustituibles (Adama,2006). En los sectores en que se insertanlas mujeres pobres y la mano de obra esabundante dichos retornos no son tanvisibles, y el costo de la inversión en losniños recae exclusivamente en la fami-lia, quedando en desventaja las familiaspobres. Por ejemplo, en Brasil, de un to-tal de 11,5 millones de niños de cero atres años de edad, sólo 1,5 millones,14% de ellos, tuvieron la oportunidad defrecuentar una guardería infantil y me-nos del 30% de los niños de cuatro a seisaños no cursaban la educación infantil.Las brechas en oportunidades de educa-ción infantil se presentan por niveles deingreso o pobreza. En los hogares con

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Legislación de Maternidad y Trabajo en América Latina y el Caribe

País Tiempo de licencia Porcentaje del sueldo Pagado por Antigua y Barbados 13 semanas 60% Seguridad Social Argentina 90 días 100% Seguridad Social Bahamas 13 semanas 60% Seguro Social/

Empleada Barbados 12 semanas 100% Seguridad Social Belice 14 semanas 80% Seguridad Social Bolivia 12 semanas 100% del mínimo

nacional y 70% del mínimo Seguridad Social

Brasil 120 días 100% Seguridad Social Chile 18 semanas 100% Seguridad Social Colombia 12 semanas 100% Seguridad Social Costa Rica 4 meses 100% Seguridad Social /

Empleada Cuba 18 semanas 100% Seguridad Social Repúbl. Dominicana 12 semanas 100% Seguridad Social /

Empleada Ecuador 12 semanas 100% Seguridad Social /

Empleada El Salvador 12 semanas 75% Seguridad Social Guatemala 84 días 100% Seguridad Social /

Empleada Guyana 13 semanas 70% Seguridad Social Haití 12 semanas 100% por 6 semanas Seguridad Social /

Empleada Honduras 84 días 100% Seguridad Social /

Empleada Jamaica 12 semanas 100% por 8 semanas Seguridad Social /

Empleada México 12 semanas 100% Seguridad Social Nicaragua 12 semanas 60% Seguridad Social Panamá 14 semanas 100% Seguridad Social Paraguay 12 semanas 50% por 9 semanas Seguridad Social Perú 90 días 100% Seguridad Social Trinidad y Tobago 13 semanas 65% Seguridad Social /

Empleada Uruguay 12 semanas 100% Seguridad Social Venezuela 18 semanas 100% Seguridad Social

FUENTE: OIT, Maternity at Work: A Review of National Legislation, 2005.

ingreso menor a una cuarta parte del sa-lario mínimo sólo 8,4% de los niños decero a tres años asistían a una guarde-ría, mientras que el 30,9% de los niñosde familias con ingresos superiores ados salarios mínimos tienen esta opor-tunidad (PNAD, 2004).

Por tanto, las políticas para la reducciónde la pobreza deben incorporar meca-nismos para aliviar el costo del cuidadoinfantil para las mujeres pobres quedeseen trabajar. En ALC se cuenta conalgunos mecanismos de conciliacióndel trabajo productivo y reproductivopara las mujeres pobres en Argentina,Brasil, Chile y Costa Rica, Ecuador, Gua-temala, Honduras y Perú, que facilitan lainserción de las mujeres, particularmen-te las pobres, en actividades produc-tivas.

COMPONENTES CONCILIATORIOS EN LAS ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA

Las principales estrategias para la re-ducción de la pobreza en América Latinason los programas Oportunidades enMéxico, y el programa Bolsa Familia enBrasil, que entregan becas escolares yservicios nutricionales y de salud a lapoblación que vive en pobreza extrema.En el año 2005 Bolsa Familia entregababeneficios a 8,7 millones de personas,correspondientes al 4,7% de la poblacióny al 20% del total de pobres del país;mientras el programa Oportunidades

cubre a 25 millones de personas, 25%de la población total y 100% de los po-bres extremos.

Estos programas adoptan algunos me-canismos para reducir las inequidadesde género. Por ejemplo, el programaOportunidades en México entrega unabeca mayor para las niñas. Después dealgunos años de operación del progra-ma se logró alcanzar la equidad de gé-nero en la educación primaria y secun-daria.

Existen cuestionamientos sobre si lascondiciones que establecen las estrate-gias para la reducción de la pobrezapara entregar los apoyos a las mujerespodrían entrar en conflicto con la conci-liación de los roles productivos y repro-ductivos de las mujeres. Estudios pre-vios mostraron que la mujer inviertemás los recursos disponibles en el bien-estar de los miembros de los hogares(salud, educación, vivienda, etc.), com-paradas con los hombres, que tienden agastar más los recursos fuera del hogar.Por eso se entregan los apoyos a lasmujeres.

Como se trata de mujeres que viven enpobreza extrema, que por lo generalno han tenido un trabajo remunerado,este ingreso promueve su autonomía yempoderamiento. Por otro lado, el ma-yor compromiso femenino con el bien-estar de la familia se vincula con laconstrucción histórica de la división se-xual del trabajo y del rol doméstico dela mujer.

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Por ello se plantean dos tipos de críticasa los programas condicionados de re-ducción de la pobreza. En primer lugar,se supone que el hecho de entregar elbeneficio a las mujeres también estaríagenerando conflictos con su pareja, e in-clusive violencia doméstica. En Méxicose ha analizado que los conflictos y vio-lencia observados en familias beneficia-rias del programa Oportunidades no sehan generado a raíz de que la mujer re-ciba el apoyo económico, sino que laviolencia ya existía previamente.

Una segunda crítica se basa en la hipó-tesis de que el hecho de que la mujersea la receptora del beneficio podríaaumentar la carga de trabajo domésticopara las mujeres pobres, reforzándoseasí su rol doméstico. Por ejemplo, enBrasil y México los programas Bolsa Fa-milia y Oportunidades establecen co-rresponsabilidades para la familia, quecondicionan la continuidad de la entre-ga de las becas. Los niños deben fre-cuentar la escuela, todos los miembrosdel hogar deben acudir a una consultamédica anual, y un miembro del hogardebe asistir a una plática de salud. Elcumplimiento de estas corresponsabili-dades es una precondición para que lafamilia siga recibiendo el apoyo econó-mico.

En el caso de las consultas, éstas sonobligatorias para todos los miembrosdel hogar, y no se establece qué perso-na del hogar debe llevar los niños a laconsulta. Asimismo, en México tam-bién hay charlas educativas de salud,

que son obligatorias, pero puede asistircualquier miembro del hogar.

Con relación a la frecuencia escolar delos niños, la mayoría de ellos ya asistía ala escuela antes de la implementacióndel programa, y no se generan tareasdomésticas adicionales, excepto los ni-ños que no estaban frecuentando la es-cuela. En este caso las familias recibenun incentivo del programa para apoyarel ejercicio de los derechos de los niños.En estos supuestos, se promueven lascondiciones para que una minoría demujeres que viven en la pobreza y de-penden del trabajo infantil de sus hijos,puedan liberarlos de este trabajo. El ob-jetivo de este mecanismo de correspon-sabilidad en la política social es eliminarel trabajo infantil, garantizar que todosniños y adolescentes ejerzan sus dere-chos y aumenten sus capacidades yromper con la reproducción intergenera-cional de la pobreza.

Por otro lado, aunque estos programasno establecen que es función de la mu-jer cumplir con las corresponsabilida-des, se sabe que llevar el niño a la es-cuela o los miembros del hogar a lasconsultas y pláticas de salud son tareasbásicamente femeninas. Es decir, el cum-plimiento de estas corresponsabilida-des depende en gran parte de la mujer,que es la que está involucrada en el pro-grama y acostumbra ser la responsablepor garantizar la educación y salud detodos los miembros de la familia. Eneste caso, la incorporación de mecanis-mos conciliatorios entre las correspon-

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sabilidades podría contribuir a rompercon la división sexual del trabajo y apromover una mayor participación delos hombres tanto en las tareas domés-ticas como en el mismo programa.

Por ejemplo, en las pláticas sobre saludse podría incluir el tema de violencia fa-miliar y de género, así como mecanis-mos para la incorporación de los hom-bres, como parte de una política socialintegral para la reducción de la pobreza.

Sin embargo, un importante reto para lainclusión de los mecanismos conciliato-rios en las estrategias para la reducciónde la pobreza es la realidad en que vivenestas familias. Más de la mitad de lapoblación asistida por este programaacostumbran ser residentes en áreas ru-rales, los hombres son en su gran ma-yoría trabajadores agrícolas en econo-mías de autoconsumo, con jornadaslaborales de diez a doce horas diarias, ymuchas veces las mujeres apoyan tam-bién las labores agrícolas. Asimismo,los hombres o las familias completasacostumbran migrar como jornalerospara trabajar en cosechas agrícolas du-rante largos periodos de tres a seis me-ses en el año.

Sería importante discutir la división se-xual del trabajo en estos contextos deextrema pobreza para proponer meca-nismos de equidad de género y parti-cipación del hombre adaptados a estarealidad. Por ejemplo, la dificultad defrecuentar los servicios de salud podríaser compensada con pláticas con padres

e hijos en los horarios libres del campo,para que los hombres puedan participaral llegar a la casa. Asimismo, dichos me-canismos podrían ser acompañados deindicadores de los cambios de compor-tamientos en los padres, por ejemplo, in-cluyéndose preguntas sobre la relaciónpadre-hijos y hombre-mujer en las en-cuestas de evaluación de los programas.

Las evaluaciones realizadas en Méxicomuestran altos niveles de satisfacciónde los beneficiarios con el programa.Por lo general las mujeres están satisfe-chas en recibir el beneficio. Las evalua-ciones cualitativas indican que los lazosde solidariedad y conflicto entre hom-bres y mujeres y entre generaciones de-penden mucho del tipo y calidad de lasrelaciones de confianza que existen en-tre los miembros de los hogares. Portanto, la evaluación de la incorporaciónde componentes conciliatorios en lasestrategias para la reducción de la po-breza exige la aplicación de métodostriangulados, que permitan vincular in-formación cuantitativa y cualitativa.

Para lograr que estas estrategias incor-poren mecanismos conciliatorios parageneraciones sucesivas se podría gene-rar un mecanismo de extensión de lasbecas de educación preescolar, lo quepodría liberar a las madres de las tareasreproductivas, más demandantes cuan-do tienen niños de menor edad. Al pro-mover que las mujeres tengan mástiempo libre para trabajar, estos me-canismos podrían establecer sinergiastambién con otros programas de pro-

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moción del empleo, como los microcré-ditos y capacitación para el trabajo diri-gidos a mujeres en edad reproductiva.

Por otro lado, las madres jóvenes yadultas presentan un rezago educativoimportante. En América Latina alrede-dor de 40% de las y los adolescentes enedad de cursar la educación secundariaabandonaron la escuela. La mayoría delos países no cuenta con leyes que ga-ranticen la continuidad de los estudiospara las adolescentes embarazadas. Laincorporación de apoyos a las madresde niños en edad preescolar y escolarpara que regresen a los estudios seríanimportantes mecanismos para promo-ver el aumento de las capacidades y em-poderamiento de estas mujeres que vi-ven en pobreza extrema.

Finalmente, las mujeres pobres tienenuna fecundidad mucho más alta que lasno pobres, por lo que el trabajo de crian-za de los hijos ocupa muchos más añosde su vida y una mayor carga de trabajodoméstico. Asimismo, en América Lati-na se registran altos índices de embara-zos no deseados y de demanda insatis-fecha por métodos anticonceptivos, asícomo de mortalidad materna. Por tanto,un componente importante para incor-porar y reforzar en las estrategias parala reducción de la pobreza es la garantíadel acceso a los servicios de salud re-productiva para las mujeres beneficia-rias. La garantía de este derecho podríacontribuir para eliminar las desigualda-des frente a la conciliación de los rolesproductivos y reproductivos entre lasmujeres de la región.

Cristina Gomes

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QUÉ ENTENDER HOY POR COHESIÓNSOCIAL

En la sociología clásica la cohesión so-cial se refiere mucho más a las percep-ciones de pertenencia que a los meca-nismos de integración social. El eje essubjetivo-universal, vale decir, recae enla subjetividad pero supone, precisa-mente, que hay algo en dicha subjetivi-dad en que todos coinciden —un imagi-nario colectivo eficaz para la vida encomún—. En este sentido, también, lacohesión tiene una relación directa conla intensidad de la interacción socialdentro de un grupo determinado, y conuna orientación común respecto del fu-turo de la sociedad a la que se pertene-ce: «sin una imagen colectiva que repre-sente qué somos y hacia dónde vamos,la cohesión social tiene pocas posibili-dades de sobrevivir» (Tironi, 2005).

La noción de cohesión social retornahoy a la agenda política preñada de di-versas connotaciones. Por un lado elConsejo de Europa remite la cohesiónsocial a «la capacidad de una sociedadpara asegurar el bienestar de todos susmiembros, minimizar las disparidades yevitar la polarización: una sociedad co-hesionada es una comunidad de apoyomutuo compuesta por individuos libresque persiguen estos objetivos comunespor medios democráticos» 1. De estemodo el Estado de Bienestar aparececomo el referente que los miembros de

la sociedad valoran lo suficientementecomo para aceptar un pacto social, y unpacto fiscal, en virtud del cual se reali-zan significativas transferencias de losactivos a los pasivos, de los que tienenmás a los que tienen menos, de losadultos a los menores y a los ancianos.

En la actual inflexión latinoamericanala cohesión adquiere otros sentidosasociados a urgencias propias de undesarrollo excluyente: urgencia de go-bernabilidad democrática ante la agudi-zación de brechas salariales y sociales,la dispersión de intereses y demandas,la volatilidad del crecimiento económi-co, la crisis del mundo laboral, y lasconsecuencias de la mayor individua-lización cultural de la nueva fase de mo-dernización. En este escenario, la invo-cación puede ser tanto nostálgica (la«comunidad perdida») como propositi-va («¿qué hacer?»).

En la medida que la cohesión social tie-ne una carga semántica acumulada enque se cruzan el sentido de pertenenciacon la integración social, es posibleaprovechar dicha carga para plantear lacohesión en la dialéctica entre la lógicasistémica y la lógica de los actores. Di-cho de otro modo, la cohesión aludetanto a las disposiciones individualescomo a la oferta de la sociedad para in-cluir a los individuos en la dinámica delprogreso y el bienestar. En la cohesiónse afinca el sentido mismo de la ciuda-

3. COHESIÓN SOCIAL: ENTRE INCLUSIÓN SOCIAL Y SENTIDO DE PERTENENCIA *

Martín Hopenhayn

* Este texto en sus dos primeras partes se basa principalmente en Hopenhayn (2007) y CEPAL (2007).1 Véase www.coe.int, «European Strategy for Social Cohesion».

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danía, como disposición a participar enlos asuntos públicos (dimensión repu-blicana de la ciudadanía) y como accesoa niveles de bienestar propios de un or-den justo (dimensión social de la ciuda-danía); como compromiso con la demo-cracia y el Estado de Derecho, y comoprotección y respeto efectivos desde lademocracia y el Estado hacia todos.

Dada esta carga semántica, refloto aquíla desprestigiada dialéctica para definirla cohesión social como la dialéctica en-tre mecanismos instituidos de inclu-sión/exclusión sociales y las respuestas,percepciones y disposiciones de la ciu-dadanía frente al modo en que ellosoperan. Los mecanismos de integracióne inclusión sociales incluyen, entreotros, el empleo, los sistemas educacio-nales, la titularidad de derechos, y laspolíticas pro-equidad, pro-bienestar yde protección social. Suponen en mayoro menor grado el impacto distributivode la política social y un sistema detransferencias que reduce las disparida-des en oportunidades, capacidades yvulnerabilidad. En el otro lado, los com-portamientos y valoraciones de los suje-tos abarcan ámbitos tan diversos comola confianza en las instituciones, el capi-tal social, el sentido de pertenencia y so-lidaridad, la aceptación de normas deconvivencia, y la disposición a participaren espacios de deliberación y en pro-yectos colectivos. Tratándose de unadialéctica, no se restringe a una relacióncausal-lineal en que mayor bienestargenera mejores disposiciones, sino a larelación en que las dinámicas de inte-

gración/inclusión sociales y las de capi-tal/ética sociales se cruzan entre sí, seabajo la forma de círculos viciosos o círcu-los virtuosos.

Tal concepto permite vincular dimensio-nes heterogéneas en las dinámicas deldesarrollo: la política social y el valor dela solidaridad difundido en la sociedad;las sinergias entre equidad social y la le-gitimidad política; la transmisión dedestrezas y el «empoderamiento» de laciudadanía; la relación entre confianzade la gente y gobernabilidad; el impactode las transformaciones socioeconómi-cas en los cambios en la interacción so-cial (y viceversa); la armonización entremayor igualdad económica y mayor re-conocimiento de la diversidad cultural;y cómo se afectan mutuamente las bre-chas socioeconómicas y el sentido depertenencia.

Así definida la cohesión social, puedeser fin y medio. Como fin, provee conte-nido y sustancia a las políticas sociales,por cuanto éstas apuntan, en sus resul-tados como en su proceso de gestión yaplicación, a reforzar tanto la mayor in-clusión de los excluidos como mayorpresencia de éstos en la política pública.Bienestar, visibilidad y protagonismoconstituyen tres sentidos de la políticasocial «incluyente» en relación a los sec-tores de la sociedad que se sienten me-nos representados y menos beneficia-dos por el mainstream del desarrollo.Y en una inflexión histórica de cambiosprofundos y veloces, precipitados por laglobalización y el nuevo paradigma de

Martín Hopenhayn

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la sociedad de la información (Castells,1999), recrear y garantizar el sentido depertenencia y de inclusión es, en sí mis-mo, un fin. Políticas sociales incluyen-tes, como se ha planteado más arriba,tienen la cohesión como un objetivotanto de procedimiento como de fina-lidad.

Pero la cohesión social también es, envarios sentidos, un medio. Por un lado,sociedades más cohesionadas proveenun mejor marco institucional para elcrecimiento económico, fortalecen lagobernabilidad democrática y operancomo factor de atracción de inversionesal presentar un ambiente de confianza yreglas claras (Ocampo, 2005). Por otrolado, la cohesión social permite avanzaren pactos entre agentes diversos, quese sienten parte de una comunidad polí-tica, para sustentar políticas de largoplazo que aspiran a igualar oportunida-des y darle mayor proyección estratégi-ca al desarrollo. Para eso, los actoresdeben sentirse parte del todo, y con ladisposición a ceder en sus intereses per-sonales en aras del beneficio del con-junto.

LAS MARCHAS ASINCRÓNICAS EN LOS INDICADORES OBJETIVOS DE COHESIÓN

Una asincronía clara de la cohesión so-cial en la región es que mientras losgrandes indicadores de salud, matrículaeducativa y acceso a servicios básicos

mejoran en la región y tienden a acer-carse a los de países desarrollados (me-didas en indicadores muy gruesoscomo aumento de expectativa de vida,mayor tasa de escolaridad, mayor cone-xión a agua, alcantarillado y energíaeléctrica, mayor acceso a medios audio-visuales), la incidencia de la pobreza y laextrema pobreza se mantienen constan-tes y en niveles desproporcionadamen-te altos en relación al producto per cápi-ta. Así, la pobreza difícilmente baja del40% del total de la población, mientrasla extrema pobreza no desciende pordebajo del 15% del total.

Todo ello ocurre en el marco de una mo-dernización centrada en la fuerza inte-gradora del consumo, en la aperturaglobal, en un «ethos aspiracional» y mu-chas expectativas de ascenso social. Loque implica, en suma, un peligro para lacohesión social: grandes expectativassurgidas del consumo simbólico (acce-so masivo a la educación y a la industriacultural) y un acceso restringido al con-sumo material todavía para una granparte de la población. ¿Qué ocurre conla confianza, la solidaridad, la pertenen-cia y el respeto a las normas básicas deconvivencia ampliada, cuando esta bre-cha de expectativas se prolonga en eltiempo?

Lo más corrosivo es que buena parte deesa amplia incidencia de pobreza se re-lacione con una muy mala distribucióndel ingreso, la peor entre todas las re-giones del mundo. Probablemente estoexacerba la percepción de injusticia, y

Cohesión social: entre inclusión social y sentido de pertenencia

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hace que un elevado porcentaje de lapoblación considere que la desigualdadsea el principal obstáculo para satisfa-cer sus necesidades básicas y salir de lapobreza.

Lo anterior se refleja en la dimensiónsubjetiva. La información que provee elLatinobarómetro (LB), si bien limitadametodológicamente, resulta al menosilustrativa y permite algunas conjeturassobre la dimensión subjetiva de la cohe-sión social.

Un primer elemento es la percepciónrespecto de la justicia. Tal percepción serefiere tanto al carácter distributivo de lajusticia (igual para todos) como a su efi-ciencia (funcionamiento efectivo). Alrespecto, las encuestas de Latinobaró-metro (LB) muestran una percepción ne-gativa muy generalizada 2 respecto delsistema judicial, tanto porque discrimi-na como porque carece de eficiencia. Enefecto, sólo poco más de un tercio delos entrevistados en 17 países (36% en2001 y 35% en 2003) señala estar deacuerdo o muy de acuerdo con la afir-mación el sistema judicial castiga a losculpables sin importar quienes son,aunque con grandes diferencias entrelos países.

Un segundo tópico que marca sentidode pertenencia es la confianza o descon-fianza en el empleo, y lo cierto es que

los latinoamericanos tienen temoresmuy fuertes respecto de la posibilidadde quedar cesantes. La preocupaciónpor la eventual pérdida del trabajo al-canzó en la región un máximo de 80%en 2002. El problema de pertenencia re-sulta especialmente grave porque antela ausencia de mecanismos de protec-ción social, la pérdida del empleo essentida como una amenaza de quedar almargen de todos los mecanismos de in-clusión.

Un tercer tópico en la dimensión subje-tiva es la confianza en las instituciones,vale decir, la creencia en que distintosestamentos del Estado y la sociedad ac-tuarán de manera previsible y apropia-da. La confianza es especialmente bajarespecto de las instituciones más direc-tamente ligadas al poder político: el po-der judicial (33%, oscilando entre 52% y15% entre países), el Congreso (28%,con oscilaciones similares) y los parti-dos políticos (19%, en este caso con unaevaluación más homogénea entre paí-ses). Llama la atención que un 13% delos sujetos encuestados expresó des-confianza en todas las personas e insti-tuciones, patrón que se acentúa entrelas personas de origen indígena —aúnmás en las mujeres que en los hom-bres— y las más pobres.

Un cuarto tópico es el de la solidaridadsocial. Si bien en promedio más de la

Martín Hopenhayn

2 LB entrevista a la población de 16 y más años de edad. Las muestras correspondientes a 18 países de laregión buscan ser representativas. Comprenden alrededor de 1.200 entrevistados y se basan en diseñosde muestras que permiten la comparación internacional.

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mitad de la población de los países con-sidera que sus compatriotas tienden aser solidarios, es notorio el mayor por-centaje de personas con percepción ne-gativa en sociedades más afectadas porla pobreza y con presencia de pueblosoriginarios. Por otro lado, también lospaíses donde la población percibe ma-yor solidaridad social de los demás sonaquellos más fortalecidos en la institu-cionalidad de la política social, con unalucha más activa contra la pobreza ydonde se expresa, en general, más con-fianza 3.

Un quinto ejemplo de dimensión subje-tiva de la cohesión se refiere a la valora-ción de la democracia. En base a una ba-tería de indicadores incorporados en laronda 2002 y datos para 1996 de la en-cuesta de LB, se observa una disminu-ción de 61% a 57% en el total de entre-vistados que manifestaron preferir lademocracia respecto de cualquier otrorégimen.

Tanto Latinobarómetro como Eurobaró-metro proveen evidencia de que enAmérica Latina, así como en los paíseseuropeos, no mucho más de la mitad delos ciudadanos manifiestan estar satis-fechos con la democracia de su país.Pero en América Latina ese porcentaje

(el de los satisfechos con la democracia)disminuyó en 10 puntos porcentualesentre 1996-1997 y 2004-2005 (de 62 a52%) mientras que en la UE (15 países)aumentó en ocho puntos porcentuales(de 48 a 56%).

COHESIÓN SOCIAL, CIUDADANÍA Y GÉNERO

La pérdida de cohesión social tiene quever con la sensación de ciudadanía vul-nerada. Desde la perspectiva de la teoríademocrática y del Estado de Bienestar,puede plantearse que la cohesión socialtiene una alta correlación con la plena ti-tularidad de derechos civiles, políticos ysociales. No es, pues, sólo cuestión deprestaciones que las personas recibendel Estado en su calidad de vulnerableso pobres, sino de derechos que se ejer-cen en calidad de ciudadanos. Esta dife-rencia marca toda una diferencia. Por-que el sentido de pertenencia a lasociedad se juega sobre todo en estacondición de ser «un igual» en cuanto aderechos, por el hecho de hacer partede la misma sociedad.

Según Norberto Bobbio, «la razón deser de los derechos sociales como a la

Cohesión social: entre inclusión social y sentido de pertenencia

3 Cabe consignar que en 1997 el PNUD-Chile y el CEP realizaron la Encuesta Nacional sobre Seguridad Hu-mana sobre la base de una muestra representativa de 1.504 personas. De éstas, el 63,8% estuvo de acuer-do con la afirmación «Es difícil que hagan algo por los demás sin esperar algo en cambio», y 76,1% estuvode acuerdo con que «Las personas pasan a llevar con tal de conseguir sus objetivos» (PNUD-Chile, 1998).Tras esto subyace una percepción del alto grado de orientación instrumental de la conducta de los demás,contraria a la gratuidad, la solidaridad.

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educación, el derecho al trabajo, el dere-cho a la salud, es una razón igualitaria»puesto que «tienden a hacer menosgrande la desigualdad entre quienes tie-nen y quienes no tienen, o a poner unnúmero de individuos siempre mayoren condiciones de ser menos desigua-les respecto a individuos más afortuna-dos por nacimiento o condición social»(Bobbio, 1995: 151). Una sociedad deiguales implica una sociedad justa. Nosignifica esto la supresión de toda des-igualdad, sino un ideal de sociedad enque «sus instituciones centrales son ca-paces de encarnar estos principios dejusticia (....) y en la cual sus miembrosson capaces de adherir a estos princi-pios que sostienen las instituciones yde actuar en consecuencia con ellos»(Rawls, 1971 y Salvat, 2004).

Es desde esta noción de pertenenciaque se entiende como derecho ciudada-no el poder disfrutar de mínimos acor-des con niveles de progreso y bienestarmedios de una sociedad. La ciudadaníasocial, vista como pertenencia a una co-munidad, requiere de un freno a las des-igualdades económicas a través de laacción deliberada del Estado. Pues talesdesigualdades, más allá de cierto punto,privan a muchos miembros de la socie-dad a una real pertenencia a la misma.

De este modo, el cruce entre ciudadaníay pertenencia remite al cruce entre dere-chos sociales instituidos y solidaridadsocial internalizada. La cohesión socialllama, pues, a fortalecer la disposiciónde los actores a ceder beneficios, en

aras de reducir la exclusión y la vulnera-bilidad de grupos en peores condicio-nes. No sólo se trata de un valor ético,sino también de un valor práctico, en lamedida que los individuos consideranque se benefician más cuanto más ad-hieren a un «nosotros», y que lo que be-neficia a la comunidad beneficia a los in-dividuos porque les garantiza mayorseguridad y protección a futuro.

Además, una mayor disposición de laciudadanía a apoyar la democracia, aparticipar en asuntos públicos y espa-cios de deliberación, a confiar en las ins-tituciones, y un mayor sentido de perte-nencia a la comunidad y de solidaridadcon los grupos excluidos y vulnerables,facilita el logro de pactos o contratos so-ciales necesarios para respaldar políti-cas pro-equidad y pro-inclusión.

La relación entre cohesión social y gé-nero abre un campo enorme de proble-mas. Coloca la relación entre géneroscomo eje de la cohesión social, y sobretodo la dialéctica entre igualdad y dife-rencia entre géneros como pilar dinámi-co de dicha cohesión. Dimensiones deeste nudo conflictivo abundan, y creoque todos ellos afectan el doble eje de lacohesión, a saber, el de la reducción debrechas (en este caso, de género) y el desentido de pertenencia a la sociedad.

La primera dimensión es la distribuciónde esfuerzos en la llamada economíadel cuidado que se da sobre todo al inte-rior de los hogares, y que secularmenteha llevado a las mujeres a una situación

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tanto de sometimiento como de explo-tación. Replantearse los roles y la distri-bución de trabajo en este campo, y el rolmás activo del Estado (en tanto Estadode Bienestar) como complemento en laeconomía del cuidado, es vital si hemosde considerar la dimensión distributivaen la cohesión social, más aún cuandoel cambio en la pirámide de edades in-cluye el cuidado de los ancianos. Mien-tras esta situación dentro de las familiasse mantenga rígida y asimétrica, las bre-chas por género se reproducen molecu-lar y capilarmente a lo ancho de la socie-dad.

Una segunda dimensión tiene relacióncon lo que ocurre fuera de los hogares.En el mundo laboral, considerado eje deintegración ampliada a la sociedad, departicipación en mecanismos institui-dos de negociación de aportes y retribu-ciones, y de acceso a sistemas de pro-tección social, la asimetría por génerosigue una línea análoga a la de la econo-mía del cuidado. Las tasas de participa-ción de las mujeres siguen siendo me-nores a las de los hombres (aunque labrecha se reduce), los ingresos labora-les de las mujeres son inferiores a los delos hombres (aún con niveles similaresde educación y el mismo tipo de funcio-nes productivas), y las mujeres emplea-das no acceden al mismo nivel de pres-taciones de seguridad social que loshombres (desigualdad que se combinacon la falta de atención a las diferenciasde género, dado el rol reproductivo ymucho más absorbente en la economíadel cuidado por parte de las mujeres).

Así, si el mundo del trabajo es un eje decohesión, allí las diferencias por géneromarcan una reproducción también capi-lar y extensiva de asimetrías.

Una tercera dimensión es el acceso ainstancias deliberativas y de decisión,donde la situación desventajosa e inclu-so subalterna de las mujeres va desdelas relaciones de poder intrafamilia (lamicropolítica) hasta las diferencias deacceso a puestos de toma de decisionesen el campo laboral y en el campo políti-co. Es cierto que en estos dos últimoslas brechas se han reducido de maneraimportante durante los últimos dos de-cenios, pero de manera bastante hetero-génea entre países y aun manteniendo,en todos ellos, mayor acceso a poderdecisorio en todos los niveles para loshombres.

Una cuarta dimensión se relaciona conlos derechos reproductivos, lo que a suvez tiene un sentido más amplio, puesse juega allí la relación con la sexuali-dad y con el propio cuerpo. Al respectollama la atención que si bien las tasasde fecundidad han descendido de ma-nera notable durante las últimas dosdécadas en la región, las tasas de ma-ternidad adolescente no descienden, eincluso aumentan en algunos países,con niveles particularmente altos y per-sistentes en adolescentes mujeres debajo nivel educacional y de hogares debajos ingresos. Por lo mismo, la mater-nidad adolescente está fuertementeasociada a deserción escolar temprana,falta de acceso a empleos e ingresos

Cohesión social: entre inclusión social y sentido de pertenencia

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para salir de la pobreza, hogares unipa-rentales femeninos (en alta frecuencia),todo lo cual convierte en gran medidala maternidad adolescente en un hechoasociado a la reproducción intergenera-cional de la exclusión y la pobreza. Nosignifica esto, claro está, que las ado-lescentes no puedan elegir sus trayec-torias reproductivas cuando sí deseanser madres. Pero sí implica que el acce-so a derechos reproductivos se ve obs-taculizado en gran medida dado que unalto porcentaje de los embarazos ado-lescentes son no elegidos. Falta de in-formación, relaciones forzadas, falta deautonomía de las adolescentes en el ac-ceso a servicios oportunos, prejuiciosmachistas por parte de los varonesfrente a la prevención del embarazo,son parte del mapa explicativo de estasituación.

En todas estas dimensiones encontra-mos brechas por género que colocan alas mujeres en una situación de mayordependencia material, peor equilibrioentre esfuerzos y reconocimientos, me-nor acceso al poder decisorio en los dis-tintos niveles, y menor decisión sobresus propios cuerpos. Si la cohesión so-cial requiere de una condición iguali-taria en términos de ciudadanía, lasdimensiones de desigualdad y subordi-nación por género recién planteadasclaramente atentan contra dicha condi-ción de igualdad. Por otro lado el senti-

do de pertenencia ampliada resulta mu-cho más restringido en circunstanciasen que las mujeres viven de manera co-tidiana situaciones de discriminación enel acceso y condiciones del empleo, me-nor autonomía en la forma de llevar susexualidad, más restricción a los espa-cios deliberativos, y más restringidas alo público por las asimetrías en la eco-nomía del cuidado. Inclusión y perte-nencia, las dos caras de la cohesión so-cial, tienen largo camino que recorrer enuno de sus aspectos fundamentales, elde género.

Finalmente, esto lleva a preguntarse so-bre cómo incorporar la dimensión degénero en un pacto por la cohesión so-cial, que debe traducirse en una relaciónentre ingresos y gastos del Estado, prio-ridades en las prestaciones y políticassociales, redistribución de responsabili-dades y funciones en la economía delcuidado, sistemas más igualitarios deprotección social, mayor democratiza-ción de los espacios de toma de decisio-nes, entre otros. No hay espacio aquípara responder a este interrogante, peroen ningún caso puede prescindirse delmismo en la construcción de un nuevocontrato para la cohesión social. Olvi-darse del tema de la igualdad y de ladiferencia de género es obviar la dimen-sión más rizomática, difundida, cotidia-na y molecular en las brechas de inclu-sión y de pertenencia.

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1. La CEPAL (2007) define cohesión so-cial como la dialéctica entre mecanis-mos instituidos de inclusión/exclusiónsociales y las respuestas, percepcionesy disposiciones de la ciudadanía frenteal modo en que ellos operan y que sus-tentan el sentido de pertenencia a la so-ciedad y moldean las percepciones yconductas de los individuos frente a unasociedad o comunidad en particular.

2. El concepto de cohesión social vin-cula diversas dimensiones. De ellas, sonparticularmente significativas para la te-mática de género: las transformacionessocioeconómicas y su impacto en cuan-to a la definición y delimitación de losámbitos público y privado en que se creany recrean las representaciones sobre gé-nero y los espacios en que se cons-truyen las diferencias, y que conminan ala estructuración y objetivación asimé-trica de la interacción de estos ámbitospara hombres y mujeres. En la temáticade derechos, la promoción de mayorigualdad y el reconocimiento de la di-versidad. En cuanto a los factores queerosionan la cohesión, las brechas so-cioeconómicas relacionadas con el gé-nero, dimensión en la cual las remu-neraciones del mercado de trabajo serevela como el principal locus de des-igualdad en la región. En cuanto a lasbrechas de poder en el ámbito repro-ductivo, también resulta crucial la mi-crofísica del poder en los hogares, en lacual también se asienta la desigualdad

en el acceso a recursos, los sesgos delas responsabilidades de cuidado y fe-nómenos tales como la violencia encontra de la mujer.

3. En términos de cohesión social ygénero, es significativo considerar Esta-do, mercado y familia en tanto haz delbienestar social como objeto de política(en la perspectiva de Esping-Andersen).El bienestar material de los ciudadanosse logra a partir de un complejo ensam-blaje de recursos obtenidos en el mer-cado de trabajo —que es la principalfuente de ingreso de los hogares conprestaciones asociadas con los sistemasde protección social, con las políticassociales y la infraestructura social—. Talensamblaje tiene lugar eminentementeen el seno de la esfera doméstica que, asu vez, genera recursos que se distribu-yen de manera desigual y específica asus miembros en el marco de una divi-sión del trabajo y de la microfísica delpoder domésticas, asociadas con el sis-tema sexo-género. En ese sistema, la fa-milia es una entidad particularmente he-terogénea, en función de las relacionesde sus miembros que están determina-das por las diversas estructuras familia-res, los ciclos de vida de sus integran-tes, y la estabilidad y fluidez de susrelaciones (Sojo, 2006).

4. Estado, mercado y familia son unhaz indisociable a la hora de analizar elbienestar social, perspectiva en la cual

4. COHESIÓN SOCIAL, GÉNERO Y REGÍMENES DE BIENESTAREN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ELEMENTOS PARALA DISCUSIÓN

Ana Sojo *

* Funcionaria de la División Desarrollo Social de la CEPAL, Santiago de Chile. Coordinó el libro CEPAL(2007): Cohesión social, inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.

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Esping-Andersen ha caracterizado alpatrón de previsión social como «elmodo combinado e interdependientecomo el bienestar es producido y distri-buido entre el Estado, el mercado y lafamilia», y en que construye su tipolo-gía de los tres regímenes de bienestarpara países del área de la OCDE, to-mando precisamente en consideraciónlos papeles que cada uno cumple. Lue-go, la combinación institucional de lostres elementos que da como resultadodos procesos de independencia o auto-nomía del bienestar de las familias ypersonas. Por una parte, en relacióncon el mercado de trabajo y afín a losderechos sociales de la ciudadanía, la«desmercantilización» (de-commodifi-cation) denomina el grado en que el Es-tado de Bienestar debilita los vínculosmonetarios, al garantizar derechos alas personas independientes de su par-ticipación en el mercado. Por otra, lade-familiarisation, en relación con lossistemas familiares de cuidados y pro-tección, denomina el grado de reduc-ción de la dependencia del individuorespecto de la familia o, en su formula-ción inversa, el aumento de la capaci-dad de control del individuo de recur-sos económicos, independientementede las reciprocidades familiares o con-yugales.

5. Por implicar una articulación entreel Estado y el mercado, la familia y la co-munidad, el concepto de regímenes debienestar tiene valor heurístico para

pensar las coordenadas de género decohesión social, debido precisamente aque la discriminación de la mujer seasienta en una determinada articulaciónde la esfera productiva —cuya insti-tución central es el mercado— con laesfera reproductiva —cuya institucióncentral es la familia, y en la que algo in-terviene la comunidad—. En ese sentidocabe recordar algunos rasgos de la arti-culación asimétrica de ambas esferasque cimenta la subordinación femenina,ya que «en términos simbólicos, lo pri-vado, lo doméstico, se percibe como lu-gar privilegiado de la individualidad y lopersonal, en contraposición con lo pú-blico, entendido como terreno de la po-lítica. Por esta vía, lo público se valoracomo resultado de las interacciones so-ciales, mientras que lo doméstico se aís-la de lo político y se rodea de un halo denaturalidad. Ello, relacionado con el es-tablecimiento de un sistema sexo-géne-ro con dominio masculino, implica queel espacio doméstico, como campo dela mujer, se naturaliza y se aísla de la po-lítica» (Sojo, 1986: 55). Notable resultaque, si bien han tenido lugar transfor-maciones cruciales en cuanto a la irrup-ción de la mujer en el ámbito público,los cambios respecto de las atribucio-nes de la esfera privada que conformanlo que contemporáneamente se deno-mina «economía del cuidado», y respec-to de la división del trabajo en el senofamiliar, han sido mucho más lentos 1.La lentitud de esos cambios posible-mente se asocia a que el carácter «natu-

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1 Respecto de España véase Durán (2003).

ral» de la segregación doméstica se am-para en valores, creencias y símbolos.Por ello, transformaciones favorables ala equidad de género en ese ámbito de-ben situarse en la mirilla de la cohesiónsocial.

6. Formulando como propuestas la ex-celente síntesis que realizan Draibe yRiesco (2005) de la vertiente feministacrítica respecto del vínculo Estado-mer-cado-familia propuesta por Esping-An-dersen se trata de: a) superar la pola-ridad jerárquica de la manutención acargo de un hombre proveedor y de loscuidados domésticos a cargo de la mu-jer, y el acceso desigual a recursos eco-nómicos y a ciudadanía que ello acarrea;b) en cuanto a la ciudadanía, no conside-rar la «desmercantilización» de los bienesy servicios sociales como fuente primor-dial de los derechos sociales, sino tam-bién la provisión social de las tareas delámbito del cuidado. Debido a las interac-ciones entre familia y políticas públicas,las políticas sociales y laborales que fa-vorecen la participación de la mujer en elmercado de trabajo, o bien su perma-nencia en el hogar, modifican la combi-nación de ambos tipos de actividades,que varían según los tipos, composicióny ciclos de las familias y que determinantareas de cuidado singulares; c) las for-mas de Estado de Bienestar pueden cla-sificarse de acuerdo con los tipos de fa-milias, los grados de autonomía de las

mujeres, las singulares combinacionesentre las tareas de cuidado a cargo delas familias o de entidades del mercadoo públicas, los grados de desigualdad enel mercado de trabajo.

7. En una inflexión histórica de cam-bios profundos y veloces, precipitadospor la globalización y por el nuevo para-digma de la sociedad de la información(Castells, 1999), se pueden ver más tras-tocados aún en América Latina y el Cari-be valores y visiones que inciden en larepresentación de género 2, y que seconjugan con las transiciones demográ-ficas aceleradas, y con transformacio-nes de las familias. Estas dos últimastransformaciones pueden evidenciar,entre otras cosas, la insatisfacción delas mujeres con la reclusión en el ho-gar y con sus arduas incursiones en elmercado y la vida pública, así como lapertinaz lentitud de cambios culturalesrespecto de la división del trabajo do-méstico entre los integrantes de las fa-milias o de la ampliación del apoyo so-cial a tareas del ámbito reproductivo.

8. En la región, destacan entre las trans-formaciones de las familias (Arriagada),la disminución de los hogares biparen-tales en los que el cónyugue no trabajay el aumento de aquellos en que tra-baja y el aumento de los hogares mo-noparentales a cargo de una mujer quetrabaja. Las trayectorias familiares atra-

Cohesión social, género y regímenes de bienestar en América Latina y el Caribe

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2 Respecto de otras latitudes, algunos analistas han advertido incluso que los fundamentalismos religio-sos emergen, en parte, por la irritación que originan las aspiraciones de las mujeres de tomar su destinopropio en sus manos en el mundo occidental (Amis, 2006).

viesan fases muy diversas: pareja sin hi-jos, familia mono-biparental, unión librey otras, con lo cual también difieren lasnecesidades de cuidado de los hogares.Por otra parte, aunque las mujeres tra-bajan menos horas remuneradas, in-vierten más tiempo en actividades noremuneradas y disponen, por tanto, demenos tiempo libre que los hombres(CEPAL, 2007).

9. Teniendo en consideración aquelloselementos, respecto del vínculo géneroy cohesión social, la CEPAL (2007) haplanteado

Articular la ciudadanía también desde laigualdad y el reconocimiento de la diferenciade género, supone que la autonomía y liber-tad de elección en el ámbito de la reproduc-ción y de las actividades de cuidado consti-tuyan una fuente de derechos específicos, enque se deberían socializar los cuidados do-mésticos. Dado el vínculo existente entre Es-tado, mercado, familia y comunidad en elmarco de los distintos tipos de Estado y deregímenes de bienestar, la diversificación delas estructuras familiares refuerza la necesi-dad de un eje de políticas y programas ten-dientes a conciliar familia y trabajo, bajo unenfoque de equidad de género en aras de unacuerdo más equilibrado respecto de las ba-ses del bienestar [p. 125, cursivas añadidas].

Si la provisión social de las tareas del ámbitodel cuidado se constituye en una fuente dederechos sociales, los sistemas de protec-ción social deben considerar la economía delcuidado y la infraestructura de servicios con-comitante para los diversos tramos de edad.Se precisa financiar, articular y regular unared de instancias públicas, privadas y mixtas

que provean la infraestructura necesariapara atender la demanda de cuidado de lasociedad [p. 126].

Si el cuidado es un factor indispensable parala sociedad y una responsabilidad social,hay que promover condiciones laboralesequitativas para mujeres y hombres, en elsentido de que las actividades productivasdeben ser compatibles con el derecho y conla obligación del cuidado. Para ello, son in-dispensables políticas estatales y de respon-sabilidad social de las empresas, cambios enla regulación de la esfera productiva y la or-ganización laboral, políticas públicas que fa-vorezcan la conciliación entre trabajo y fami-lia. No considerarlo de esta forma, soslayalas serias implicaciones fiscales y contributi-vas que tiene el creciente envejecimiento dela población, causado por el aumento de laesperanza de vida y la reducción de la fecun-didad, y su impacto para el financiamiento yla sustentabilidad de los sistemas de protec-ción social. Los países europeos que no lle-varon a cabo políticas conciliatorias entre elámbito productivo y reproductivo enfrentandescarnadamente ese problema [p. 126, cur-sivas añadidas].

10. Por ello, en términos de cohesiónsocial cabe analizar cómo la estructurade producción de riesgos que se asociaa las características de las familias yde las comunidades en los países, asícomo las características de los sistemasde protección social están también in-mersas en la construcción del sistemasexo-género.

11. Desde el punto de vista de la cohe-sión social, una tensión importante seda en torno al eje que tiene en sus extre-

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Cohesión social, género y regímenes de bienestar en América Latina y el Caribe

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Envejecimiento de la población: comparación de algunos países sudamericanos con Europa

Porcentaje de personas de 60 años y más, 2005 y 2025

FUENTE: Guzmán (2005) con proyecciones de población del CELADE.

Envejecimiento de la población

Porcentaje de personas de 60 años y más, 1950-2050. Países de América del Sur

FUENTE: Guzmán (2005) con proyecciones de población del CELADE.

mos «desmercantilización» y «desfami-liarización». La desmercantilización enla región ha estado restringida por el ac-ceso a servicios de salud y sistemas depensiones mediante sistemas contribu-tivos, ya que éstos por su naturaleza re-quieren una inserción formal en el mer-cado de trabajo, o bien una relacióncomo dependiente familiar de alguienformalmente inserto en el mercado detrabajo (CEPAL, 2006). Para las mujeres,esto marca importantes asimetrías, de-bido al acceso desigual al mercado detrabajo, en términos de las segmenta-ciones de este mercado, de remunera-ciones dispares en condiciones de atri-butos semejantes de capital humano, yde sesgos de las trayectorias laboralesque transparentan formas de discrimi-nación para acceder a cargos jerárqui-cos y puestos de poder. Por su parte, ladesfamiliarización está limitada, porqueprevalece aún una comprensión y valo-ración escasa de la esfera del cuidado,que determina que las tareas reproduc-tivas se realizan eminentemente en laesfera doméstica, sin o con escaso apo-yo de instituciones públicas. De allí lanecesidad de una infraestructura socialque apoye la realización de tareas decuidado, o que asuma algunas de ellas.

12. Deben considerarse los regímenesde bienestar en cuanto bisagra que arti-cula esferas en las que se asienta la con-dición subalterna de la mujer. Pero tam-bién debido a que precisamente esacondición subalterna genera vulnerabi-lidades y riesgos específicos. En el casodel género ellos se relacionan con las

brechas de remuneraciones y de protec-ción social, y también con la dependen-cia que sufren las mujeres cuando nocuentan con ingresos propios, cuandolos ingresos propios son muy reducidoso sensiblemente menores que los delperceptor principal de ingresos del ho-gar, o cuando se tiene acceso a las pres-taciones de los sistemas de protecciónsocial en calidad de dependiente delperceptor principal de ingresos que coti-za para regímenes contributivos.

13. Se han señalado importantes facto-res que influyen en una precarización delejercicio del cuidado: el insuficiente re-conocimiento del cuidado como activi-dad central para la sostenibilidad de lavida humana; el resquebrajamiento delmodelo de familia basado en el binomiohombre proveedor/mujer cuidadora; lacaída de la tasa de natalidad y el crecien-te envejecimiento de la población; la ten-sión existente entre la lógica del cuidadoy la lógica del mercado; la inserción la-boral de las mujeres en condiciones ad-versas; la división sexual del trabajo quecontinúa depositando la responsabilidaddel cuidado en las mujeres; la falta de re-conocimiento de los límites económicos,físicos y emocionales que la doble jorna-da de trabajo acarrea para las mujeres;la falta de reconocimiento del trabajo decuidado como trabajo y de las personascuidadoras como beneficiarias del siste-ma de seguridad social; las falencias delos sistemas de protección social; eldebilitamiento de la universalidad y dela solidaridad como principios rectoresde la seguridad social; el fomento de la

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búsqueda de soluciones individualespara la satisfacción de las necesidadeshumanas (Camacho, 2006). De allí quesea pertinente «plantear la precarizacióndel cuidado como riesgo social», comoforma de incluir el cuidado en el debateactual sobre la seguridad social y la pro-tección social y para contribuir que el gé-nero se considere en las políticas debienestar y en la responsabilidad social(Camacho, 2006).

14. Pero justamente en razón de lastransformaciones demográficas y fami-liares, se abren posibilidades inéditaspara buscar compatibilizar equidad degénero, desafíos demográficos y refor-mas de los sistemas de protección so-cial. Como apunta Filgueira para los paí-ses de desarrollo humano alto de laregión (2007):

El otro gran desafío de estos sistemas es in-crementar las tasas de actividad femenina,clave para dar balance intergeneracional asociedades envejecidas. Pero este incremen-to depende de dos cuestiones fundamenta-les: una disminución y/o postergación de lafecundidad en los sectores de menores in-gresos y una arquitectura de servicios socia-les, especialmente educativos, que permitacompatibilizar el incremento de las tasas deactividad femenina con la economía de cui-dado familiar. Para ambos desafíos el siste-ma educativo es la clave. La universalizacióndel sistema de educación inicial, la extensiónde la jornada escolar y la lucha por mayor re-tención y egreso del ciclo medio son todoselementos que apuntan en la misma direc-ción: potenciar la capacidad de la mujer parael mercado laboral en forma más igualitaria

al distribuir mejor las cargas reproductivas yretirar de sus hombros, al colectivizarlo, lacarga de la economía de cuidado familiar dela primera infancia y de los niños.

En el caso de los países de desarrollomedio, afirma el autor,

el ataque a la desigualdad debe empezar porel sistema educativo. A finales de los noventaen México tan sólo el 30% de la población de20 a 25 años había completado la secundaria,en Brasil, aún menos, aproximadamente el20%. Parte de esta exclusión del sistema edu-cativo se gesta tempranamente por las des-igualdades en el sistema primario y aun antespor la ausencia de sistemas de educación ini-cial que igualen oportunidades educativas alinicio del ciclo escolar. Este incremento en laeducación poseería además el efecto positivoya señalado para los países de alto desarrollohumano al contribuir a la convergencia de lafecundidad entre estratos y a la liberaciónaunque sea parcial del tiempo de la mujer de-dicado a la economía del cuidado familiar.

Los países de desarrollo humano me-dio-bajo, por su parte «tienen por delan-te el desafío de construir por primeravez verdaderos estados sociales y [en-carar] los mayores niveles de pobreza ysuperposiciones entre clivajes étnicos yregionales y pobreza. A este complejoescenario lo moderan dos elementospositivos: un bono demográfico todavíaimportante (…). Por la estructura de eda-des, la economía de cuidados familiaresno es tan central como en otros países».Pero la afirmación anterior debe mati-zarse cuando se indaga en la participa-ción de la mujer pobre en el sector infor-

Cohesión social, género y regímenes de bienestar en América Latina y el Caribe

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mal y en las señales que entrega respec-to de formas de protección social quepermitan conjuntamente elevar la inver-sión en capital humano, lograr insercio-nes más exitosas en el mercado laboralpara las mujeres y en países con vastapoblación indígena avanzar en el estre-chamiento de las brechas socioeconó-micas que marcan su exclusión.

15. Cobra creciente importancia, portanto, el análisis de la cantidad de tra-bajo no remunerado que producen loshogares, de los cambios en la distri-bución —quién lo produce, quién lorecibe—, de su contenido —qué tare-as se efectúan—, de la calidad y de lavaloración social del trabajo (Durán,2003: 4). Afortunadamente se cuentaen varios países con encuestas de usodel tiempo, y ya se han emprendidoanálisis, como los de Aguirre.

16. La otra cara de la medalla es elanálisis del mercado de trabajo y de laspolíticas relacionadas con la concilia-ción entre mercado laboral y reproduc-ción. Una exploración del tema sobre laregión de América Latina y el Caribe

afirma que las disposiciones que se en-cuentran más extendidas son las relati-vas al evento de la maternidad: las licen-cias por maternidad y las prestaciones ala seguridad social durante dicha licen-cia. En segundo término, las regulacio-nes que prohíben el despido durante elembarazo, el tiempo para lactancia y laslicencias por enfermedades o complica-ciones del embarazo y parto, seguidaspor las licencias por paternidad y la pro-visión de guarderías. Por otra parte, sonmás débiles y existen en menos paísesdisposiciones de carácter más perma-nente o para períodos de tiempo másextensos y que pueden contribuir a laconciliación, como es el caso de lasguarderías, las licencias por enferme-dad de los hijos y de otros dependien-tes, o la prohibición de la prueba de em-barazo en las empresas (Martínez yCamacho, 2006).

17. Otro aspecto esencial es la discri-minación de la mujer según la morfolo-gía específica de la protección social:sea por el acceso a prestaciones, por se-lección adversa, por sesgos en los siste-mas de financiamiento.

Ana Sojo

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Cohesión social, género y regímenes de bienestar en América Latina y el Caribe

79

PRODUCTIVO

• derecho al trabajo• activos• calificaciones• remuneraciones• calidad del empleo• segmentaciones mercado laboral• protección social• productividad del trabajo• ciclo vida laboral• socialización de tareas productivas

REPRODUCTIVO

relaciones familiares• sexualidad y derechos reproductivos• síndromes demográficos• ciclo de vida integrantes familia• estabilidad / fluidez relaciones familiares• diversidad familias• estructura familiar y diversificación riesgos• ensamblaje de recursos de remuneracio-

nes, prestaciones político-sociales e in-fraestructura social

• ensamblaje recursos estatales heterogé-neos y desiguales (seguro, política fiscal,acceso activos como vivienda)

• división trabajo doméstico• desigualdad uso recursos y activos en la

familia• externalización tareas domésticas• violencia intrafamiliar• reclusión esfera doméstica• regulación mediante leyes (matrimonio,

divorcio, violencia doméstica)

políticas bienestar familiar• servicios sociales que asumen tareas re-

productivas• protección social• contraprestaciones programas con deberes• demográficas

En esta sección se analizan las caracte-rísticas de las familias, se muestran lastendencias del mercado en protecciónsocial y se analiza el rol del Estado encuanto a provisión de servicios de cui-dados. Esta perspectiva permite analizarcon mayor profundidad la articulaciónentre familia, mercado y Estado en tor-no a las políticas de género y cohesiónsocial.

En el primer artículo Rosario Aguirresostiene que los cuidados constituyenun campo propio de las políticas hacialas familias, en tanto conforman un ám-bito de actuación con sus actores y susinstituciones. La preocupación funda-mental es contribuir a la construcciónde los cuidados como problema públicoobjeto de políticas. Aquí la propuesta esde «desprivatizar» el tema, para que lacuestión relativa a quien se hace cargode las personas dependientes formeparte del análisis académico y políticosobre la reorganización de los sistemasde protección social, la reforma de lossistemas de salud y el desarrollo de losservicios sociales.

Por su parte G. Sunkel desarrolla un de-tallado análisis del papel de las familiasen la protección social, destacando queel tema de familia ha estado tradicional-mente ausente de la discusión sobre po-líticas públicas, incorporándose debidoa la crítica feminista y porque la familiase ha vuelto problemática. Menciona lasgrandes transformaciones de las fami-lias (estructura y comportamiento) enAmérica Latina, a partir de la llamada

crisis de la familia patriarcal, los cam-bios no sólo en la noción sino tambiénen el modelo de familia y por ende enlas estrategias de autoprotección de lasmismas. Lo que obliga a conocer las de-mandas de las familias y reflexionar res-pecto a la agenda de políticas familia-res. Se necesitan nuevas opciones depolíticas que recojan no sólo las políti-cas de organización del trabajo sinoademás aquellas que apunten a la eco-nomía del cuidado.

Continuando en esta línea, el artículo deLourdes Benería es un buen aporte alanálisis de las políticas de conciliación,ya que parte de la distinción teórica en-tre trabajo productivo/reproductivo yrealiza una breve revisión histórica de loque han sido las conceptualizaciones te-óricas y consideraciones prácticas res-pecto a este tema. Analiza los impactosdel trabajo remunerado y no remunera-do para el bienestar familiar y social almismo tiempo que plantea que es indis-pensable abordar las desigualdades ypobreza como parte del enfoque de ca-pacidades y de las políticas de concilia-ción en América Latina. Enfatiza que losproblemas de distribución (y tambiénde redistribución) que afectan las capa-cidades de todas las personas y a todaAmérica Latina, limitan la posibilidadefectiva de llegar a una verdadera igual-dad de género.

Por su parte J. Martínez y G. Mongeplantean elementos para la discusión entorno a tres preguntas: ¿cuáles son laspolíticas públicas con efectos conciliato-

II. FAMILIA, MERCADO Y ESTADO

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rios más relevantes para la región?, ¿enqué escenarios se despliegan esas polí-ticas?, y ¿cuáles son algunos de los re-tos a enfrentar para promover el cam-bio? El documento realiza una brevereferencia al origen europeo de la preo-cupación por la conciliación, cómo sur-ge la preocupación por el tema de géne-ro y en particular aborda la noción de«políticas conciliatorias» que se originóen Europa, dentro del ámbito de las po-líticas laborales. Proponen una delimita-ción de las políticas con efectos concilia-torios en América Latina.

Finalmente, el artículo de T. Torns anali-za las políticas de género y bienestar enEuropa y destaca la falta de rigor conque habitualmente se aborda al términoconciliación. Por ello hace una breve re-visión histórica del concepto, para luegorescatar diversas acepciones como la dela OIT, etc. Señala cómo a veces las polí-

ticas de conciliación refuerzan la divi-sión sexual del trabajo en el hogar-fami-lia, aunque, en principio, ése no sea elpropósito de tales políticas. Esos análi-sis ponen en evidencia cómo la concilia-ción entre la vida laboral y familiar nopuede llevarse a cabo, de manera satis-factoria, porque afecta a la centralidadque el tiempo de trabajo, entendido enclave de jornada laboral, tiene en la or-ganización de las sociedades del bienes-tar, de las ciudades y de la vida cotidia-na de las personas. De aquí surge laincapacidad de las políticas de géneropara romper el modelo male breadwin-ner en el que se sustenta el Estado delBienestar, lo que obliga a analizar enprofundidad la situación de desigualdadde partida y a evaluar las políticas detiempo como alternativa a la concilia-ción. Todo lo cual lleva inevitablementea pensar en la renovación del contratosocial entre hombres y mujeres.

Familia, mercado y Estado

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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas la crisis econó-mica en la región latinoamericana, lastransformaciones de los Estados y laorientación de las políticas sociales seencaminaron a privatizar la responsabi-lidad por el bienestar social, transfirien-do a otras esferas —familias, comunida-des y mercado— tareas que en ciertoscasos los Estados dejaron de cumplir.También puede observarse que no lle-gan a constituirse nuevos campos deactuación como respuesta a nuevas ne-cesidades, las que no logran configurar-se como derechos. Estas nuevas necesi-dades se vinculan al aumento de lapoblación dependiente de adultos ma-yores y al aumento generalizado de laactividad económica de las mujeres,particularmente, aunque no exclusiva-mente, de las trabajadoras que son ma-dres, lo cual plantea en nuevos términosla pregunta de las obligaciones y los de-rechos al cuidado de los integrantes delas familias y de las responsabilidadesestatales en este campo.

En esta presentación se sostiene que loscuidados constituye un campo propiode las políticas hacia las familias, en tan-to conforman un ámbito de actuacióncon sus actores y sus instituciones. Lapreocupación fundamental es contribuira la construcción de los cuidados comoproblema público objeto de políticas. Seaspira a que adquieran visibilidad y quesean valorados por su contribución al

bienestar social y al funcionamiento delsistema económico a través de la pro-ducción de conocimientos y de la discu-sión y difusión de argumentaciones ypropuestas.

Se trata de «desprivatizar» este temapara que la cuestión relativa a quién sehace cargo de las personas dependien-tes forme parte del análisis académico ypolítico sobre la reorganización de lossistemas de protección social, la refor-ma de los sistemas de salud y el des-arrollo de los servicios sociales.

Mirado desde la perspectiva de la equi-dad se trata de lograr que disminuya ladesigual e injusta división del trabajosegún sexo en el cumplimiento de lasfunciones familiares a fin de promoverla igualación de oportunidades, el ejer-cicio efectivo de derechos y el logro delbienestar por parte de mujeres y varo-nes de distintas generaciones y estratossociales.

CAMBIOS RECIENTES QUE INCIDEN EN LAS FUNCIONES FAMILIARES DE CUIDADO

La persistente tendencia a la elevaciónde los niveles educativos de la pobla-ción femenina y el aumento de la activi-dad económica de las mujeres, particu-larmente de las madres, fenómenoextendido en nuestros países, contribu-

1. LAS FAMILIAS COMO PROVEEDORAS DE SERVICIOS DE CUIDADOS

Rosario Aguirre *

* Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.

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ye al déficit de cuidados. En todos lospaíses de la región la tasa de actividadde las mujeres entre 20 y 44 años deedad con hijos aumentó en los últimosaños, así como la aspiración de autono-mía económica y de posibilidades dedesarrollo personal. Sin embargo, laprovisión pública de servicios de cuida-do ha tenido escaso desarrollo. Los ser-vicios para los más pequeños sólo es-tán dirigidos a los sectores más pobresde la población, con niveles bajos decobertura, al mismo tiempo que se vadesarrollando una creciente mercantili-zación del cuidado infantil para los sec-tores sociales que pueden pagarlos, si-tuación que es similar en los serviciosdestinados a los adultos dependientes(Aguirre, 2003).

Los cambios demográficos, particular-mente el aumento de la proporción delas personas mayores de 65 años en lapoblación total, fenómeno mundial de-bido a la baja natalidad y al aumento dela esperanza de vida plantean importan-tes dilemas de tipo económico, social ypolítico. Los datos para 2000 revelanque los países del cono sur son los quealcanzan la mayor proporción de adul-tos mayores: el 9,8% en Argentina, el7,2% en Chile y el 12,9% en Uruguay. Esobjeto de preocupación el incrementode los gastos sanitarios y asistenciales yel creciente peso de las personas no in-cluidas en el sistema de seguridad so-cial. Menos atención merece la presiónsobre las familias para la prestación deservicios. Esta presión está en aumentopor el «envejecimiento dentro del enve-

jecimiento» que refiere al aumento delas personas mayores de 75 o de 80años dentro de la población mayor. Estapoblación cuenta cada vez con mayornúmero de población femenina (femini-zación del envejecimiento) debido a lascrecientes diferencias favorables a lasmujeres en la esperanza de vida. Así porejemplo, el índice de feminidad de la po-blación de 80 y más años en el año 2000en los países del cono sur era de 200 enArgentina, 188 en Chile y 197 en Uru-guay (CEPAL, 2005). Frente a las cre-cientes necesidades de cuidados y laausencia de personas disponibles parahacerse cargo gratuitamente de ellos, elsector mercantil de cuidados para niñospequeños, adultos mayores dependien-tes y enfermos han adquirido en la últi-ma década un importante desarrollo.

Diversos autores llaman la atención so-bre los cambios culturales y las disposi-ciones personales por la propagaciónde una visión más individualista de lasrelaciones sociales. Crecientemente lasuniones de las parejas no implican res-ponsabilidad de por vida y los hijos noson la única fuente de realización perso-nal, pero al mismo tiempo existe elmandato cultural hacia la promoción deldesarrollo de los niños en todas sus fa-cetas, que trae consigo nuevos debereslo cual para algunas familias de sectoresmedios y altos se convierte en trabajoreal de gestión de la formación de sushijos (Beck-Gernsheim, 2001). Aunqueno se disponen de evidencias empíricaspara los países de nuestra región, esprobable que el costo de tener un hijo

Rosario Aguirre

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para estos sectores sea crecientementealto.

Otra fuente de tensión con relación a ladisposición hacia la autonomía y auto-rrealización de los miembros de las fa-milias es la dependencia familiar de loshijos adultos jóvenes que viven con suspadres, con lo cual la inversión parentalhacia los hijos tiende a mantenersedurante más tiempo. En Uruguay seencontró que en la última década haaumentado el número de hogares conhijos de 25 a 30 años que continúan vi-viendo con sus padres. Ello puede impli-car la necesidad de cuidar simultánea-mente de los hijos y de los padres y queel período de la vida en que hay que cui-dar de personas dependientes se extien-da más.

En la vida privada, el déficit de cuidadoes más notorio en familias donde lasmadres trabajadoras —casadas o solte-ras— no reciben ayuda suficiente de susparejas o familiares, constituyendo unafuente de importantes tensiones, espe-cialmente para las mujeres. En el ám-bito público, el déficit de cuidado se ve—entre otros indicadores— en la insu-ficiencia de atención que prestan laspolíticas sociales a la situación de lasmadres de niños pequeños, de los an-cianos, de los enfermos, de los impedi-dos. Debe destacarse la insuficiencia deinformación sobre la cobertura de losservicios hacia estos sectores 1.

En América Latina, las enormes des-igualdades sociales están estrechamen-te vinculadas con la provisión desigualde cuidado familiar y social conforman-do un verdadero círculo vicioso. Quie-nes tienen más recursos disponen de unmayor acceso a cuidados de calidad ensituación de tener menos miembros delhogar que cuidar. Aquellos que dispo-nen de menores recursos para acceder alos cuidados mercantiles y que tienenmás cargas de cuidado acumulan des-ventajas por el mayor peso del trabajodoméstico familiar, por las dificultadesen el acceso a los escasos servicios pú-blicos y la necesidad de recurrir a cuida-doras «informales».

EL APORTE DE LA NOCIÓN DE CUIDADO

Hasta el presente en nuestra región losdebates académicos sobre este concep-to han sido incipientes. En los países an-glosajones fueron impulsados por lascorrientes feministas en el campo de lasciencias sociales los cuales se remontana los años setenta. El concepto de cuida-do se fue construyendo progresivamen-te sobre la observación de las prácticascotidianas y mostrando la complejidadde los arreglos que permiten cubrir lasnecesidades de cuidado y bienestar. Hasignificado un avance considerar las ac-tividades de cuidado separadamentedel trabajo doméstico porque define un

Las familias como proveedoras de servicios de cuidados

1 A modo de ejemplo, el indicador sobre cobertura de los servicios de cuidado infantil, sobre todo para losniños de 0 a 3 años, no es calculado en la mayoría de los países latinoamericanos.

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campo de problemas de investigación yde intervención social «con sus actores,sus instituciones, sus formas relaciona-les, un campo que se sitúa en la inter-sección entre las familias y las políticassociales» (Letablier, 2001).

Las investigaciones realizadas principal-mente en los países de la Unión Euro-pea, a partir de experiencias, particular-mente de los países nórdicos y tambiénde Italia y Francia, introdujeron unaaproximación de género en un campoque ignoraba esta dimensión: el de laspolíticas sociales y los Estados de Bien-estar. Se ha mostrado que el carácterdoméstico de los cuidados ha sido labase para la exclusión de las mujeres delos derechos ciudadanos propugnandoun concepto de ciudadanía social quereconozca la importancia de los cuida-dos y las responsabilidades domésticaspara la sociedad (véanse, por ejemplo,Lewis, 1992; Orloff, 1993; Sainsbury,1996, 2000; Saraceno, 1995, 2004).

En términos generales, podemos conce-bir el cuidado como una actividad feme-nina generalmente no remunerada, sinreconocimiento ni valoración social.Comprende tanto el cuidado materialcomo el cuidado inmaterial que implicaun vínculo afectivo, emotivo, sentimen-tal. Supone un vínculo entre el que brin-da el cuidado y el que los recibe. Estábasado en lo relacional y no es sola-mente una obligación jurídica estableci-da por la ley sino que también involucraemociones que se expresan en las rela-ciones familiares, al mismo tiempo que

contribuye a construirlas y mantenerlas.En ese sentido Arlie Russell Hochschild(1990) precisa que:

El cuidado es el resultado de muchos actospequeños y sutiles, conscientes o incons-cientes que no se pueden considerar quesean completamente naturales o sin esfuer-zo (...). Así nosotras ponemos en el cuidadomucho más que naturaleza, ponemos senti-mientos, acciones, conocimiento y tiempo.

Puede ser provisto de forma remunera-da o no remunerada. Pero también fue-ra del marco familiar, el trabajo de cui-dados está marcado por la relación deservicio y de preocupación por losotros. El cuidado puede ser pago o im-pago como consecuencia de eleccionespolíticas, valoraciones culturales com-partidas y el régimen de género impe-rante.

El cuidado puede ser clasificado en dosgrandes tipos: el cuidado proporciona-do a niños, niñas y adolescentes en elque junto a la obligación hay una fuertefuente de gratificación y por otro lado, elcuidado que se dedica a la atención parahacer frente a una enfermedad, crónicao aguda, llamado cuidado asistencial(Murillo, 2003).

En el cuidado infantil hay una fronteradifusa entre actividades de cuidado y lasactividades propias de la educación ini-cial, por lo cual la noción de cuidadospresenta particular interés para ponerde manifiesto actividades que de otraforma permanecerían ocultas.

Rosario Aguirre

86

En el cuidado de las personas mayoresdependientes existen también dificulta-des para que las tareas que integran elcuidado sean reconocidas como talescuando son prestadas de manera infor-mal. Una clave para entender esta situa-ción la proporciona Soledad Murillo (op.cit.) cuando precisa que «el cuidado estáinmerso en la lógica del sacrificio, un sa-crificio que puede entrañar —sin preten-derlo— un grado de reconocimiento so-cial. A pesar de que la enfermedad secronifique, y ésta termine por saquear eltiempo a quien lo prodiga».

La economía del cuidado ha eclosiona-do en los últimos años. Este campo es-tudia la producción de bienes, serviciosy actividades realizadas en los hogaresindispensables para la reproducciónbiológica y el bienestar de las personasy las familias. Incluye también la provi-sión de cuidados que se realiza en laesfera pública y mercantil. Conceptua-lizada de esta forma por las economis-tas feministas ha significado una ruptu-ra epistemológica trascendente con lacorriente principal de la teoría econó-mica. Se interesa por el valor económi-co del cuidado y por la relación entre elsistema económico y la organizacióndel cuidado. Pero el estudio del cuida-do no se reduce a lo económico sinoque integra otras perspectivas discipli-narias (sociología, antropología, psico-

logía social, historia) en donde se hanproducido rupturas epistemológicascon sus respectivos cuerpos teóricos.Si bien es legítimo producir conoci-mientos desde cualesquiera de las Cien-cias Sociales y Humanas, trabajar conuna visión amplia del cuidado requiereintegrar conocimientos, sobre todo sise pretende realizar aportes para colo-car el tema en la agenda pública, pro-porcionar argumentos a las organiza-ciones sociales y estimular la acciónpública.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE EL TRABAJO DE CUIDADO Y LAS PERSONASCUIDADORAS?

La investigación sobre los cuidadosfamiliares desde la óptica de género re-ciente se está configurando en esta últi-ma década como un campo de investi-gación, de forma incipiente en nuestraregión y con mayores desarrollos en lospaíses europeos 2. Sin pretender realizarun análisis del estado del arte en la ma-teria, señalaré algunos trabajos queaportan conocimientos nuevos y útilespara el desarrollo de argumentacionestendientes a mostrar la relevancia de losproblemas planteados por los cuidadosy la necesidad de que se le preste aten-ción por parte de las políticas públicas.

Las familias como proveedoras de servicios de cuidados

2 La Comisión Europea financia un estudio comparativo sobre el estado de la investigación sobre cuidadosocial en el que participan Finlandia, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. El proyecto llamado SOCCAREestudia las posibilidades de que disponen las familias para hacer frente al cuidado combinando de unmodo flexible el cuidado formal e informal (SOCCARE, 2001).

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Las encuestas sobre Uso del Tiempopermiten operacionalizar la noción decuidados familiares a través del tiempoque se dedica a las diferentes activida-des. En los países donde se han realiza-do encuestas de este tipo —todavía nocomparables entre sí— muestran quelas mujeres realizan la mayor parte deltrabajo no remunerado familiar. Así porejemplo, la encuesta sobre Uso delTiempo y Trabajo no Remunerado reali-zada en Montevideo y el área metropoli-tana en el año 2003 muestra que cuandohay niños en el hogar las mujeres sonlas cuidadoras principales en el 90% delos hogares y que las responsables delas tareas no remuneradas en los hoga-res son en un 65% a la vez mujeres querealizan trabajo extradoméstico (Agui-rre y Batthyány, 2005). En este estudiose encontró que el tiempo promedio to-tal dedicado en los hogares a las tareasde cuidado de los menores de 12 añoses de 43 horas semanales, equiparable auna jornada laboral completa. La res-ponsable de las tareas del hogar cumplecon el 63% de esas horas (27 horas),mientras que otros miembros del hogarcumplen el 37% restante (16 horas). Sibien la existencia de niños pequeñosaumenta el número de horas de cuidadollama la atención la cantidad de horasque insume el apoyo a los trabajos do-miciliarios («los deberes») de los escola-res (5 horas semanales promedio) a car-go mayoritariamente de madres quetienen jornadas laborales extradomésti-cas, indicador del sobretrabajo que ge-nera el sistema educativo sobre las ma-dres de los escolares.

Por otra parte, investigaciones sobre laproducción doméstica de salud y sus re-laciones con el sistema institucional pú-blico han dado luz a la necesaria consi-deración de los cuidados domésticos enlas políticas públicas de salud. Se desta-can los trabajos de María Ángeles Durán(1999) y Soledad Murillo (op. cit.) paraEspaña y de Patricia Provoste (2003)para Chile.

Durán (op. cit.) ha desarrollado una lí-nea de investigaciones muy innovado-ras sobre los «costes invisibles» de laenfermedad, sobre todo aportando esti-maciones del tiempo destinado por lapoblación a la atención de la salud enlos hogares y en las instituciones delsistema de salud, así como el análisis delas expectativas de futuro sobre el cui-dado no remunerado, teniendo en cuen-ta los cambios demográficos y las nue-vas tecnologías.

En la región latinoamericana se ha pro-ducido un «descubrimiento» más tardíode las/ los cuidadores», aunque siemprehan existido, su rol se ha hecho másvisible en el marco de los debates acer-ca de las reformas de la salud y de loscambios en los modelos de atención dela salud pública. Provoste (op. cit.) hapuesto la atención en el recargo de tra-bajo que estos cambios producen sobrelas mujeres en el espacio doméstico, enel hospital y en la atención primaria.

Otro aspecto del problema es destacadopor Murillo (op. cit.) quien sostiene quees preciso legislar a favor de quienes se

Rosario Aguirre

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hayan encargado del cuidado prolonga-do, asistencial y afectivo de las perso-nas mayores, o con enfermedades cró-nicas. «Resulta obsceno que aquellossujetos que han obviado su responsabi-lidad, pretendan reivindicar los mismosderechos patrimoniales, conforme a lasleyes adscritas a la legitimidad enarbo-lando su rol de herederos».

También se han encontrado evidenciasde la existencia de supuestos sobre lasolidaridad familiar en la reglamenta-ción establecida para acceder a las pen-siones a la vejez e invalidez. En un estu-dio reciente de las prestaciones nocontributivas a la seguridad social enUruguay, Pugliese (2004) mostró la exis-tencia de la imposición de la «solidari-dad familiar obligatoria» en el caso depensiones a la vejez e invalidez. Regla-mentariamente se establece que paraacceder a las prestaciones se debencomputar los ingresos de todos losmiembros del hogar, los que no debensuperar los tres salarios mínimos. Un lí-mite muy bajo para aquellos hogaresque han adoptado una estrategia deconvivencia en hogares extendidos, quedebido al número de integrantes, pue-den llegar a superar esa suma. Los ca-sos estudiados por esta autora mues-tran las tensiones que genera entre losintegrantes de los hogares (especial-mente a las mujeres cuidadoras de an-cianos) la imposición de la obligatorie-dad de prestación de servicios gratuitos.

Este trabajo coincide con otros que se-ñalan el carácter ambivalente del cuida-

do a este segmento de la población. AsíIzquierdo (2003) señala que el cuidadopuede estar íntimamente unido al mal-trato. En el marco de la realización de undiagnóstico sobre salud y género enUruguay obtuvimos el testimonio deuna enfermera que vive en las proximi-dades de una «casa de salud» en la ciu-dad de Montevideo y que en el pasadotrabajó en ese tipo de servicios: «He tra-bajado en varias instituciones, a las queyo misma las denunciaba por los malostratos, destratan a los pacientes en lascasas que están en regla, así como enlas que no están en regla. Se sabe quelos dueños, por no pagar un sueldocomo la gente, toman una enfermerapor turno y el resto son casi todas muje-res jubiladas o amas de casa, sin una ca-pacitación específica, no todas maltra-tan a sus pacientes, pero sí la mayoría».

DIVISIÓN DEL CUIDADO ENTREDIFERENTES ESFERAS INSTITUCIONALESY MODELOS DE BIENESTAR

Las preguntas acerca de quién asumelos costos del cuidado de las personasdependientes, tiene implicaciones en losniveles macro y micro. En el nivel ma-crosocial se plantea la cuestión de cómoencarar la división del bienestar entreEstado/familias/mercado/ comunidad.En el nivel microsocial se vincula con ladivisión de tareas entre varones y muje-res y entre generaciones y con posiblescambios en los contratos de género yentre generaciones.

Las familias como proveedoras de servicios de cuidados

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El estudio de los regímenes de cuidadotiene en cuenta la división del cuidado deniños, enfermos y mayores dependien-tes entre el Estado, las familias, el mer-cado y la comunidad, en cuanto al traba-jo, la responsabilidad y el costo. Suponeanalizar empíricamente los servicios, lastransferencias de dinero, de bienes y detiempo proporcionados por las distintasesferas y la distribución de la provisiónentre ellas.

Las analistas feministas de los regíme-nes de cuidado (fundamentalmenteSarraceno, 1995 y Sainsbury, 2000) pre-sentan dos modelos: familista y desfa-miliarizador con sus orientaciones y susprincipales dimensiones.

En el régimen familista típico la respon-sabilidad principal del bienestar corres-ponde a las familias y a las mujeres enlas redes de parentesco. Empíricamentepuede suceder que las mujeres trabajenen forma remunerada y desarrollen dis-tintas estrategias para articular trabajo yfamilia. María Ángeles Durán (op. cit.)distingue varias de ellas como la reduc-ción de objetivos tanto en el plano labo-ral como familiar, la delegación queconsiste en interrumpir la producciónde un servicio para trasladarlo a otrapersona y la secuencialización que radi-ca en alternar la producción para la fa-milia y para el mercado que es lo quebuscan las excedencias y las licenciasmaternales. Pueden existir estrategias ymedidas de «conciliación» que en reali-dad contribuyen a mantener la divisiónsexual del trabajo.

En el régimen desfamiliarizador hay unaderivación hacia las instituciones públi-cas y hacia el mercado. Los procesos dedesfamiliarización pueden ser muy va-riados y seguir diferentes ritmos y así hasido históricamente. Dependen estosprocesos del peso que tengan los servi-cios del Estado, de la extensión de losservicios lucrativos y de la implicaciónde las familias y las redes informales.

Los supuestos ideológicos del régimenfamilista son la centralidad de la institu-ción del matrimonio legal y una rígidadivisión sexual del trabajo. Se admitenintervenciones públicas dirigidas a lasfamilias con carácter subsidiario. Encambio, los supuestos ideológicos delrégimen desfamiliarizador es el cuestio-namiento de la separación privado-pú-blico lo cual conduce al planteo de políti-cas activas. La base de la admisión debeneficios en el primer caso es la necesi-dad y se contemplan medidas dirigidas aproteger a las madres solas. En el segun-do la base de admisión de derechos es laciudadanía o la residencia y los benefi-cios se otorgan a los individuos.

El trabajo asistencial de cuidado en elrégimen familista es no remunerado y launidad que recibe los beneficios la fami-lia, mientras que en el desfamiliarizadorel trabajo es remunerado siendo la uni-dad que recibe los beneficios el indivi-duo. El primer modelo es sostenido porsectores conservadores y religiosos y elsegundo por un conjunto de actores en-tre los que se cuentan el movimiento demujeres, feministas, empresas provee-

Rosario Aguirre

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doras de servicios y trabajadores de lasmismas y las organizaciones de autoa-yuda y de familiares de enfermos. En elprimero no se mide el nexo existenteentre familia y bienestar, en el segundomodelo es posible realizar medicionesdirectas o indirectas de la contribuciónde las familias a la economía y a la so-ciedad a través de diferentes indicado-res como la cobertura de los servicios,el uso del tiempo en las actividades decuidado, la demanda potencial y real deservicios.

LOS CUIDADOS COMO PROBLEMAPÚBLICO. DEBATES CON MÚLTIPLESACTORES

Siendo un problema que afecta más alas mujeres que a los hombres existendificultades para que sea consideradocomo un tema relevante y de interés ge-neral, lo cual no es ajeno al hecho deque las mujeres tienen menos poder enlos espacios en que se detenta la repre-sentación política. Se requieren accio-nes específicas para dar impulso al de-bate sobre la socialización de loscuidados y para que las institucionesaumenten su implicación, tanto en elámbito central como territorial.

La reflexión feminista y la acción políti-ca de las mujeres y de la sociedad en suconjunto colocaron en los países latino-americanos el tema de la violencia do-

méstica en la agenda pública (Araujo,Guzmán y Mauro, 2000). Se necesitaríaun esfuerzo similar para colocar los cui-dados como tema de la agenda, tantoen lo referente al reparto del trabajo en-tre los integrantes de las familias, comoen lo referente a la implicación institu-cional directa en los cuidados.

Los argumentos centrales que justificanel tratamiento del tema como problemapúblico refieren a que:

Los hechos relativos al cuidado de losdependientes no son algo propio de laesfera privada, debe formar parte deldebate sobre los derechos de ciudada-nía y sobre la democracia.

La concepción liberal de la democraciaha sostenido la ficción de que el ciuda-dano es autónomo, autosuficiente y es-tablece relaciones contractuales. Lasciudadanas y los ciudadanos son auto-suficientes y dependientes, ambas co-sas a la vez, por más que hay períodosde la vida en que prevalece la autosufi-ciencia y en otros lo que prevalece es ladependencia 3. La consideración del cui-dado y de la dependencia conduce a te-ner en cuenta que dependemos unos deotros y que todas las personas requie-ren de las familias, de la sociedad y de lacomunidad para que le proporcionensoporte a lo largo del curso de vida.

Siendo las mujeres quienes contribuyenen forma desproporcionada al bienes-

Las familias como proveedoras de servicios de cuidados

3 En esta línea argumental se encuentra el trabajo de Izquierdo (op. cit.).

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tar social a través de todos los servi-cios no remunerados, es justo que de-ban considerarse en los presupuestosaquellas partidas que más directamen-te afectan a las mujeres, como es el casodel cuidado de las personas dependien-tes (niños, mayores, enfermos, minus-valías).

La interrogante central a responder escuáles pueden ser las configuracionesposibles para resolver las necesidades yel reparto de los cuidados teniendo encuenta los costos económicos y las pau-tas culturales sobre los cuidados de losdistintos sectores sociales.

Otros núcleos problemáticos a conside-rar son las cuestiones que refieren a lacalidad de los servicios públicos y priva-dos, la devaluación de los trabajos y delas trabajadoras asalariadas que a ellosse dedican y la necesidad de que se ten-gan en cuenta consideraciones científi-cas y profesionales en los mismos, el re-conocimiento y el rol de los sistemas noconvencionales o alternativos.

Por lo tanto, las políticas dirigidas a lasfamilias con relación al cuidado encie-rran una serie de asuntos a debatir en elplano cultural, social y económico yabre un amplio espacio para la búsque-da de alternativas en la que deberán es-tar presentes distintas voces.

En varios países de esta región se estánprocesando reformas sociales dondese plantea una reestructuración de lasprestaciones y de los servicios sociales.

Discutir la combinación de servicios so-ciales universales y focalizados y el«mix» deseable de prestaciones socia-les y servicios sociales es uno de lospuntos que puede provocar intensos de-bates. Es posible que en algunos paíseshaya voluntad política de revisar, am-pliar y coordinar el paquete de cuidadossociales y también —en el marco deprocesos de descentralización— avan-zar hacia el desarrollo de lo que ChiaraSaraceno (2004) llama «una ciudadaníalocalmente específica».

La meta de producir cambios en la divi-sión sexual del trabajo en la esfera do-méstica ha conducido en algunos paísesde la región al planteo de iniciativas pro-activas para aumentar las responsabili-dades masculinas en el cuidado me-diante acciones de sensibilización en losmedios de comunicación y la propuestade licencias parentales. Sería importan-te discutir la experiencia europea y lasdistintas estrategias de los países en lamateria, para ver cómo actúan las cultu-ras y los regímenes de horarios labora-les que se han intensificado en las eco-nomías globalizadas, poniendo barrerasa los hombres para el ejercicio de susderechos a cuidar.

El debate público debería promover laconstrucción de nexos entre quienestrabajan en el ámbito académico yquienes están ubicados en las esferaspolítico-decisorias (funcionarios y res-ponsables políticos), evitando la seg-mentación institucional y sectorial quedificulta los enfoques integrales y la co-

Rosario Aguirre

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ordinación de políticas, sobre todo en loque se refiere al sistema de salud, a laprotección social y a los nuevos servi-cios sociales que habría que crear. La re-flexión conjunta debe contribuir a laconstrucción del «sujeto de las políticas

del cuidado», integrando las voces delas organizaciones de mujeres y femi-nistas, las organizaciones que deman-dan y ofertan servicios de cuidado y lasque luchan contra la enfermedad y porla ayuda a los enfermos.

Las familias como proveedoras de servicios de cuidados

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LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA

El tema de familia —tradicionalmenteausente de la discusión sobre políticaspúblicas— ha entrado al debate no sólodebido a la crítica feminista de la políticasocial sino también porque la propiafamilia se ha vuelto problemática. En elmodelo parsoniano la familia nuclear dela postguerra aparecía como una insti-tución tremendamente estable e imper-meable a los cambios, imagen que seconvirtió en un lugar común durante dé-cadas tanto en las ciencias sociales comoen la cultura política. Sin embargo, en lasúltimas décadas grandes transformacio-nes en su estructura y comportamientohacen que la familia nuclear con hombreproveedor/mujer cuidadora ya no sea elmodelo predominante. En este sentido,se ha planteado que en los países másdesarrollados —pero también en Améri-ca Latina— existe una crisis de la familiapatriarcal. Esta noción hace referencia aldebilitamiento de un modelo de familiabasado en el ejercicio estable de la autori-dad/dominación sobre toda la familia delhombre adulto cabeza de familia.

En América Latina se han desarrolladodiversas tendencias en las últimas déca-das que han generado cambios en la es-tructura y comportamiento de la familia.Entre ellas:

a) La diversificación de las formas fa-miliares. La familia nuclear bipa-

rental con hijos se mantiene comoel modelo predominante (46,3% detodas las formas familiares enAmérica Latina en 1990, 42,8% el2002). Este modelo coexiste con lafamilia extendida (poco menos deun cuarto de todas las familias lati-noamericanas), las familias nuclea-res monoparentales, principalmen-te encabezadas por mujeres (9,7%en 1990 y un 11,3% el año 2002), loshogares unipersonales (6,7% en1990 y 8,4% en 2002), las familiasnucleares sin hijos, los hogares sinnúcleo conyugal y las familias com-puestas.

b) La transformación del «male bread-winner model» (modelo «hombreproveedor»). Corresponde a la con-cepción tradicional de la familia bi-parental con hijos, en la que estánpresentes «ambos padres viviendojuntos con sus hijos matrimoniales,la madre ama de casa a tiempocompleto y el padre ganando elpan». Este modelo ha sufrido unprofundo cambio producto de lamasiva incorporación de la mujer almercado laboral, con lo cual se estátransitando del modelo «hombreproveedor» al dual earner model(familias de doble ingreso). En pro-medio para América Latina, la parti-cipación laboral del cónyuge aumen-ta en diez puntos porcentuales de37% en 1990 a 47,6% en el 2002. Esdecir, actualmente en casi la mitad

2. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA PROTECCIÓN SOCIALEN AMÉRICA LATINA *

Guillermo Sunkel

* Para un mayor desarrollo de los temas que acá se presentan, véase: G. Sunkel (2006): El papel de la fa-milia en la protección social en América Latina, Serie Políticas Sociales, núm. 120, CEPAL, Santiago.

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de las familias nucleares biparenta-les latinoamericanas la mujer hadejado de ser un «ama de casa atiempo completo» para ingresar almercado laboral y constituirse enun nuevo aportante al ingreso fami-liar.

c) La tendencia creciente a las familiascon jefatura femenina. En la décadade los noventa se observa tambiénuna tendencia creciente a las fami-lias con jefatura femenina. La jefa-tura femenina aumenta para el totalde las familias latinoamericanas de24% en 1994 a 28% en el 2002. Esdecir, actualmente más de un cuar-to de las familias en la región estánencabezadas por mujeres (24% en1994 y 28% en 2002). Existe un pre-dominio muy claro de la jefatura fe-menina en las familias nuclearesmonoparentales donde este llegaen promedio al 86% en el año 2002.

d) La reducción del tamaño promediode las familias y hogares. Una cuar-ta tendencia es la reducción del ta-maño promedio de las familias. En-tre 1987 y 1999 esta tendencia seregistra en todos los países latinoa-mericanos aunque con variacionessignificativas. Uruguay es el que re-gistra el menor tamaño promediopor hogar (3,2 personas en 1999)mientras que Honduras y Guatema-la se sitúan en el extremo opuesto(4,8 personas en 1999). Esto se en-cuentra asociado a fenómenos quese interrelacionan entre sí como lacaída de la tasa de fecundidad, el ni-vel socioeconómico y el aumento

de la participación femenina en elmercado de trabajo. También inci-den factores como las uniones mástardías, la postergación de la mater-nidad y el distanciamiento entre loshijos.

Por último, cabe mencionar dos tenden-cias: la migración en tanto estrategiaeconómica familiar que implica siemprela fragmentación de las familias de ma-nera más o menos permanente; y elaumento de las uniones consensuales.

EL «FAMILISMO» DEL RÉGIMEN DE BIENESTAR

Durante las últimas décadas la familiaen América Latina se ha transformadoprofundamente. Sin embargo, a pesarde ello la familia mantiene ciertas fun-ciones. En particular, esta desempeñaroles claves en la protección de susmiembros y la producción del bienestar.Es decir, la familia se constituye comoun pilar clave del régimen de bienestarlatinoamericano. Consideramos, prime-ramente, el «lugar» de la familia en elrégimen de bienestar latinoamericano yla manera en que esta es concebida enlas políticas sociales.

Hacia fines de los noventa el estudio delas reformas del sector público se ex-pandió a la investigación comparativade los estados de bienestar. Inicialmen-te, esos estudios se desarrollaron paraexplicar por qué la expansión del estado

Guillermo Sunkel

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de bienestar era tan profundamente dis-tinta entre países relativamente simila-res. Estas variaciones han sido destaca-das por los influyentes trabajos deEsping-Andersen quien establece unadistinción entre tres regímenes de bien-estar: liberal, socialdemócrata y conser-vador 1. Para el autor estos regímenes«se distinguen entre sí de acuerdo conla distribución de responsabilidades so-ciales entre el Estado, el mercado y la fa-milia (los que constituyen la «tríada delbienestar») y, como elemento residual,las instituciones sin fines de lucro del“tercer sector”» (Esping-Andersen, 2001:207-8). Se diferencian también «en lashipótesis fundamentales sobre las insu-ficiencias del mercado laboral y de la fa-milia» (Esping-Andersen, 2001: 202).

¿Cómo se distribuyen las responsabili-dades sociales entre el Estado, el mer-cado y la familia en el régimen de bien-estar en América Latina? Los sistemasde seguridad social son impulsados enAmérica Latina por el estado desarro-llista el que, junto con el crecimientoeconómico y la industrialización, seplanteó objetivos de mejoramiento so-cial que redundaran en una mejor cali-dad de vida de la población. Basadosen los criterios de universalidad, soli-daridad e integralidad los sistemas deseguridad social tenían un énfasis re-distributivo cumpliendo una funcióncompensatoria de las desigualdadessociales.

Los programas que surgieron de estaconcepción de la seguridad social erande tres tipos: a) Los seguros sociales—sistemas de pensiones de vejez e in-validez, seguros de desempleo, de sa-lud, accidentes, de maternidad, etc.—que fueron la piedra angular del sistemade bienestar social sustentado en elaporte del trabajador/a, el empleador/ay el Estado con una concepción solida-ria; b) La asistencia social —serviciospara superar la pobreza de grupos ca-rentes de recursos, preferentementeprogramas tendientes a promover elpleno empleo o empleo temporal, pro-gramas de alimentación-nutrición, sa-lud, etc.— que eran complementarios alos seguros para la población que notenía acceso a estos por no tener un em-pleo formal; y, c) Las subvenciones so-ciales —subsidios familiares (por car-gas), para la vivienda, educación, etc.—que funcionaban como derechos consa-grados de manera individual.

De esta manera el Estado se transformóen proveedor de servicios sociales quese consideraban estratégicos para eldesarrollo social de la población. Eneste contexto se comienza a desarrollarun régimen de bienestar que buscabagarantizar al total de la población un mí-nimo nivel de vida que se conciliara conel proyecto de desarrollo que se preten-día alcanzar. En este régimen el Estadodebía garantizar el pleno empleo pues,en la sociedad salarial, el empleo es el

El papel de la familia en la protección social en América Latina

1 Para una caracterización de estos regimenes véase Go/sta Esping-Andersen (1999): Social Foundationsof Pos-industrial Economies, Oxford University Press, Inglaterra.

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factor clave de inclusión e integraciónsocial. La condición de trabajador ope-raba como garantía de acceso a los de-rechos y beneficios sociales y era labase de la política redistributiva o de ga-rantías sociales que era implementadamediante asignaciones familiares o se-guros sociales.

La noción de pleno empleo ha sido criti-cada desde la perspectiva feminista, laque señala que este fue un fenómenoeminentemente masculino pues se ten-día a asimilar al varón como proveedory a la mujer como dueña de casa, siendolas mujeres (en tanto establecían unvínculo legal con el trabajador asalaria-do) beneficiarias pasivas e indirectas dela seguridad social (Pautassi, 2004). Almismo tiempo, se fortaleció un tipo deestructura familiar —la familia nuclear—que se presentaba como funcional aldesarrollo.

Se crea de esta manera un modelo deseguridad familiar que, por un lado, fa-vorece a un tipo particular de familia (lafamilia nuclear) y, por otro, discrimina alas mujeres de manera directa a travésde la reproducción de ciertos roles degénero que las deja a cargo del cuidadofamiliar (Rivera, 2005). Las mujeres setransforman en dependientes y subordi-nadas de sus maridos accediendo a laseguridad social de manera indirecta.

Además, el sistema de seguridad socialbasado en la noción de pleno empleodeja afuera a aquellos sectores —princi-palmente a los sectores más pobres—que trabajaban en el sector informal.

En definitiva, hasta fines de los ochentala región mantuvo altos niveles de pro-tección al empleo pero que sólo alcan-zaba a los trabajadores del sector for-mal por lo que el sistema era de muybaja cobertura. Los sistemas de protec-ción social vinculados al empleo supo-nían que el núcleo de la fuerza de tra-bajo era masculino y, en consecuencia,que la familia depende del varón comosu principal proveedor. De esta mane-ra, si bien la universalidad de la cober-tura, la igualdad, la solidaridad y la in-tegralidad de las prestaciones fueronprincipios que estuvieron en la base delos sistemas tradicionales de seguridadsocial, todos ellos estaban condiciona-dos por la seguridad laboral del varón.Este régimen de bienestar podría sercaracterizado como «familista» en elsentido que combina el sesgo de laprotección social hacia el hombre pro-veedor con la centralidad de la familiacomo protectora y responsable últimadel bienestar de sus miembros. El régi-men supone que, asegurado el ingreso,la familia puede hacerse cargo de lamayoría de las funciones relacionadascon el bienestar 2.

Guillermo Sunkel

2 El régimen tiene diferencias con el tipo conservador de Esping-Andersen porque el Estado tenía un fuer-te rol de intervención a través de la política social transformándose en un proveedor de servicios socialesestratégicos. Sin embargo, entre esos servicios no estaban aquellos que incentivarían la incorporación dela mujer al mercado laboral.

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Las reformas estructurales que se im-plementaron luego de la crisis de losaños ochenta significaron un cambio ra-dical del paradigma que organizó laconcepción de políticas públicas de se-guridad social (Uthoff, 2002; Pautassi,2004). En efecto, se produce un cambiodesde un modelo de seguridad socialque disponía de un amplio paquete deprevisiones provistas por el Estado, tan-to en términos de servicios, regulación yfinanciamiento, a una concepción deprotección social que implica una ac-ción más restringida del Estado. Ello seexpresa en la vinculación entre aportesy beneficios, en el descenso de los nive-les de cobertura, en la exclusión de am-plios grupos sociales y en la privatiza-ción de la administración del sistema.La tendencia que prima no apunta a am-pliar la cobertura sino a transferir másriesgos a la esfera individual (Pautassi,2004). Se sigue que se produce un des-plazamiento de las previsiones que anti-guamente proveía el Estado hacia laspersonas, las familias y las redes socia-les para satisfacer la necesidad de pro-tección social.

Los principios sobre los que se constru-yó el sistema de seguridad social —launiversalidad, la solidaridad y la inte-gralidad— son ahora sustituidos poruna visión eminentemente técnica quese apoya en el concepto de eficiencia fi-nanciera. El nuevo sistema se basa enuna concepción individual del sujetoque aporta a su bienestar y en el que, enbase a sus ingresos, podrá extender lared de beneficios a su familia. Se va ges-

tado así un régimen de bienestar quealcanza a los trabajadores del sector for-mal y a quienes, dependiendo de sus in-gresos, pueden acceder a seguros so-ciales a través del mercado.

Por su parte, la política social de los añosnoventa tenía como principal objetivo«la reducción de la pobreza mediante laaceleración del crecimiento económico,el que iba a venir automáticamente trasla adopción de reformas de mercado»;«se orientaba a prestar asistencia a lossegmentos más vulnerables de la pobla-ción (pobres, ancianos, niños, minusvá-lidos) de acuerdo con el principio de lafocalización»; y «el sector privado teníaun papel importante que desempeñaren la prestación de servicios educativos,de salud y de pensiones, como corolarionatural del modelo de desarrollo impul-sado por el mercado en otras áreas de laeconomía» (Solimano, 2005: 48). Ade-más, suponía que las funciones de lapolítica social podían ser separadas yllevadas a cabo por otros sectores comoel mercado o el sector informal. En estesentido, las reformas sociales que se lle-varon a cabo en diversos países de la re-gión tendían a transferir al sector priva-do responsabilidades en la ejecución deciertas etapas de la implementación delas políticas sociales. Así sucede con lasalud previsional donde si bien la legis-lación puede fijar contribuciones obliga-torias a los asalariados, permite queestos elijan aquellas instituciones —pú-blicas o privadas— que administraránesos recursos y las que prestarán laatención de salud en caso necesario.

El papel de la familia en la protección social en América Latina

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También ocurre en materia de pensio-nes donde un sistema regulatorio públi-co, que establece el ahorro obligatorio,permite que sean empresas privadas lasque administren los fondos de pensio-nes.

En definitiva, a diferencia del régimende bienestar que predominó en AméricaLatina hasta los años ochenta donde elEstado tenía un rol protagónico en laprovisión de servicios sociales, en el pa-radigma que emerge en la década de losnoventa el Estado pierde ese protago-nismo mientras el mercado se constitu-ye en un pilar central de la tríada. Por suparte, se mantiene la orientación fami-lista en tanto el régimen no absorbe elpeso de la protección familiar liberandoa la mujer de las responsabilidades fa-miliares y promoviendo su participaciónen el mercado del trabajo. La masiva in-corporación de la mujer al mercado deltrabajo se ha producido sin que el Esta-do haya generado las condiciones parael desarrollo de este proceso. Además,se ha producido un desplazamiento ha-cia las familias de previsiones que an-tiguamente proveía el Estado, lo queconstituye a la familia en el otro pilarcentral de la tríada.

ESTRATEGIAS DE AUTOPROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS POBRES

Las familias han sido consideradascomo objeto de las políticas sociales yen tanto receptoras de beneficios socia-

les. Sin embargo, las familias tambiénhan jugado roles claves en la protecciónde sus miembros y en la producción delbienestar. La teoría de la modernizaciónsostenía que la familia (y la comunidad)eran los principales proveedores delbienestar hasta el surgimiento de la so-ciedad industrial. Pero, según esta vi-sión, uno de los rasgos claves de lastendencias sociales del siglo XX fue lapérdida de funciones de la familia quehabrían sido transferidas total o parcial-mente a otras instituciones especializa-das de la sociedad. Ello se habría mani-festado, en particular, en la declinaciónde las actividades productivas de la uni-dad familiar, en la transferencia de buenaparte de las funciones de socializacióny educación y en un desplazamiento delas responsabilidades en la protecciónde sus miembros y en la produccióndel bienestar. De esta manera, la fami-lia «moderna» —esto es, la familia nu-clear— habría quedado limitada a lasfunciones de integración emocional yconsumo.

Pero, ¿es esa descripción adecuada? Lainvestigación más reciente sobre familiaindica que esa descripción es histórica-mente incorrecta, especialmente enAmérica Latina. La investigación femi-nista ha mostrado que el modelo clásicode familia del período de postguerranunca dejó de ser una unidad producto-ra y proveedora de servicios socialesdebido en gran medida al trabajo de lamujer en el ámbito doméstico. Por otrolado, los estudios sobre redes socialesque se vienen realizando desde los años

Guillermo Sunkel

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setenta «subrayan el papel de las redesfamiliares de solidaridad como formasalternativas o complementarias de losservicios sociales tradicionales. Se tratade un cambio en la tendencia prevale-ciente, ya que desde los años cincuentase había asistido a un período de eclip-samiento del interés por la solidaridadfamiliar. Se suponía que gracias a la di-fusión de las relaciones salariales y de laseguridad social, la familia se iría des-pojando de sus funciones ligadas a lasobrevivencia y sus vínculos se orienta-rían exclusivamente a objetivos de tipoafectivo» (Kaztman y otros, 1999: 75). In-vestigaciones realizadas a partir de losaños setenta relativizan tal pasaje y de-tectan una diversificación de las formasde solidaridad familiar. En el caso latino-americano, «la atención ha estado diri-gida a las redes de subsistencia de lossectores pobres. Se trata de relacionesestablecidas entre familiares, vecinos yamigos, que habitan en la misma áreafísica y comparten la situación de caren-cia. Si en el caso europeo el recurso alas redes de autoayuda aparece comouna alternativa a los servicios sociales,el déficit de políticas públicas lleva aque en América Latina se la haya consi-derado como la única opción que lesquedaba a los marginales para sobrevi-vir» (Kaztman y otros, 1999: 76).

Interesa resaltar —aunque sea breve-mente— algunas de estas formas de so-lidaridad familiar. Desde el enfoque acti-vos/vulnerabilidad se ha realizado ungran número de investigaciones queabordan el siguiente tipo de interrogan-

tes: ¿Qué recursos tienen los hogares/las familias y cómo los movilizan paraenfrentar situaciones de vulnerabilidad?¿Qué estrategias despliegan las familiaspara enfrentar una crisis de pérdida deingresos del jefe/a de hogar? ¿Qué acti-vos movilizan? Se destacan a continua-ción tres modalidades de generación deingresos que se basan en el uso del tra-bajo en tanto activo.

a) El trabajo de la mujer. Diversos es-tudios coinciden en destacar la im-portancia del trabajo como activo,especialmente en las familias po-bres. Cuando disminuye el ingresofamiliar —específicamente, cuandoel jefe de hogar pierde el empleo—la respuesta más común es que lasmujeres ingresen al mercado labo-ral. Esta respuesta de la mujer se daen todos los estratos socioeconó-micos y muy especialmente en losmás pobres. Pero a diferencia de lamujer que ingresa al mercado labo-ral cuando el jefe de hogar está ocu-pado, lo que es un intento por lo-grar mayores niveles de bienestar ypuede contribuir a que las familiassalgan de la pobreza, la mujer quesale a trabajar en respuesta a unasituación de desocupación del jefede hogar constituye más bien unaopción por mantener a la familiafuera de la pobreza y reducir su vul-nerabilidad.

b) El trabajo de los hijos. Para prote-gerse frente a la pérdida de ingresosdel jefe de hogar las familias —ade-más de movilizar el trabajo de la mu-

El papel de la familia en la protección social en América Latina

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jer— buscarán aumentar el númerode trabajadores. En familias bipa-rentales con hijos la movilización defuerza de trabajo adicional esta rela-cionada con el ciclo de vida y la edadde los hijos. Diversos estudios hanmostrado que en las familias máspobres, aquellas donde los trabaja-dores adultos no logran satisfacerlas necesidades básicas de la fami-lia, es común que los niños seanmovilizados para ingresar al merca-do laboral (Moser, 1996). Según unestudio de la OIT, la tasa de ocupa-ción infantil (personas entre 5 y 17años como porcentaje del total depersonas en el grupo de edad) varíaconsiderablemente entre los paísesde la región, desde el menor niveldel 5% que se registra en Chile has-ta el más alto, del 20% observadoen Guatemala (Panorama Laboral2004: 75) 3. Para la OIT, los paísesdeben redoblar los esfuerzos querealizan para erradicar lo que deno-mina «el trabajo infantil por abolir»:este es aquel que «contradice losconvenios internacionales y/o laslegislaciones nacionales en esta ma-teria, porque ponen en peligro suescolaridad, su salud mental y físi-ca, y su desarrollo» (Panorama La-boral, 2004: 75).

c) Los emigrantes. Otra respuestafrente a la pérdida de ingresos, el

empleo precario y las limitadas po-sibilidades de progreso económicoes la emigración de trabajadoreshacia el exterior en busca de mejo-res condiciones económicas paraellos y sus familias. El perfil de losemigrantes de América Latina y elCaribe se caracteriza porque tieneun sesgo masculino en la emigra-ción laboral extrarregional aunqueun rasgo particular de la migraciónintrarregional latinoamericana es elpredominio de las mujeres. Desdeel punto de vista de la composiciónetaria la migración latinoamericanaestá compuesta mayoritariamentepor adultos. Por otro lado, aunqueexisten variaciones en el grado decalificación y las ocupaciones deemigrantes según países, la eviden-cia empírica disponible muestraque la mayor parte de los trabajado-res de la región que emigra a lospaíses desarrollados se inserta enlas franjas menos calificadas de laestructura ocupacional (PanoramaLaboral, 2004).

Además, se ha destacado que los flujosmigratorios se encuentran enraizados enredes de parentesco y relaciones familia-res. En el «nuevo mapa migratorio deAmérica Latina» donde las corrientes sehan diversificado implicando movimien-tos hacia países vecinos en el contexto

Guillermo Sunkel

3 El estudio se basa en encuestas realizadas entre los años 2000 y 2002 en 12 países de América Latina. Enel estudio se considera como ocupados a las personas menores de 18 años que en la entrevista declararonhaber trabajado mínimo una hora durante la semana anterior a la encuesta en la producción de bienes oservicios económicos.

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intrarregional y también movimientosextrarregionales (principalmente haciaEstados Unidos, Europa y en menor me-dida Japón), las relaciones familiaresdesempeñan papeles significativos.«Los flujos migratorios se realizan nor-malmente en etapas. Diferentes miem-bros de la familia migran en distintosmomentos, constituyendo una “cadenamigratoria” y estructurando redes fami-liares multilocales. Pero lo que resultasignificativo es que las responsabilida-des familiares se desligan de la convi-vencia y la interacción cotidianas» (Jelin,2005: 83).

MÁS DEMANDAS SOBRE LA FAMILIA

Además de las estrategias de autopro-tección desplegadas particularmentepor familias pobres, investigaciones re-cientes indican que la individualizacióny la desregulación han provocado en losúltimos años un aumento en la deman-da social a la familia (Güell, 1999) 4. A lainversa de lo que plantea la teoría de lamodernización, esta perspectiva sostie-ne que la familia estaría operando como«amortiguador» o «fusible» de la mo-dernización asumiendo responsabilida-des que antaño asumía el Estado. La hi-pótesis es que mientras por una partesurgen nuevas demandas de la socie-dad hacia la familia, ésta no cuenta connuevos recursos para enfrentarlas, lo

que genera tensiones e incertidumbre alinterior de ella.

A continuación se destacan brevementetres tipos de demandas sobre la familiaque han cobrado particular fuerza en ladécada de los noventa:

a) El apoyo familiar a los adultos ma-yores. Diversos estudios revelanque el envejecimiento de la pobla-ción en América Latina ha tenido unfuerte impacto en la estructura fa-miliar (Panorama Social 1999-2000,CEPAL; Saad, 2003; Rodríguez, 2005;Goldani, 1992). En particular, las fa-milias han debido asumir nuevasresponsabilidades como consecuen-cia de la existencia de sistemas deseguridad social con escaso des-arrollo y el hecho que la mayor par-te de los países de la región no hanlogrado establecer sistemas especí-ficos de protección para adultosmayores que se han vuelto depen-dientes ya sea por razones econó-micas o de salud. Así, se ha dejadoque las familias resuelvan el proble-ma de la protección de los adultosmayores por sí mismas desarrollan-do estrategias de solidaridad inter-generacional que implican una re-definición de la pertenencia a loshogares. Es decir, las familias hanasumido la responsabilidad por laasistencia económica y el cuidadode los adultos mayores mientras el

El papel de la familia en la protección social en América Latina

4 Esta perspectiva ha sido desarrolla en recientes informes del PNUD. Véase PNUD (1998): Desarrollo Hu-mano en Chile. Las paradojas de la modernización, Santiago.

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Estado y las organizaciones de lasociedad civil han jugado un rol se-cundario (Panorama Social, 1999-2000).

b) El apoyo familiar a los jóvenes en la«etapa de salida». Desde el lado delos jóvenes también surgen presio-nes que impactan sobre la estruc-tura familiar. Un estudio recienterealizado por CEPAL-OIJ resalta elfenómeno de prolongación de lapermanencia en la familia de ori-gen, que se ha denominado comoel «síndrome de la autonomía pos-tergada», y que se refiere a la difi-cultad de los jóvenes para indepen-dizarse. Este fenómeno implica queactualmente las familias estaríanalargando el período de protecciónde sus hijos, en circunstancias quela tendencia hace algunas décadasatrás era —por el contrario— quelos hijos adelantaran la edad en quebuscaban autonomizarse respectode sus padres.El impacto del «síndrome de auto-nomía postergada» sobre la estruc-tura familiar se aprecia con claridaden los arreglos familiares de los jó-venes en «etapa de salida». Estoscorresponden a aquellos jóvenesque se encuentran en condicionesde ingresar al mercado laboral y,por tanto, de independizarse tantoeconómica como residencialmente.Se podría considerar que la «etapade salida» comienza con los hijosmayores de 18 años. Sin embargo,teniendo en cuenta las actuales de-mandas por mayor calificación im-

puestas por el mercado laboral la«etapa de salida» tiende a retrasar-se hasta el momento en que finalizala juventud (entre los 25 y 29 años).

c) El apoyo familiar a las madres ado-lescentes. Diversos estudios hanmostrado que las tasas de fecundi-dad en América Latina han caídofuertemente en todas las edades,salvo entre las menores de 20 años.«La evidencia reciente proporciona-da por censos y encuestas especia-lizadas (www.measuredhs.com) su-giere que la fecundidad adolescenteaumentó en los últimos años en lamayoría de los países, en particularentre las menores de 18 años» (Ro-dríguez, 2005).

Esta tendencia también ha tenido unfuerte impacto sobre la estructura fami-liar. Al respecto, cabe destacar que lamaternidad adolescente se asocia muyfuertemente a la cohabitación con pa-dres o suegros y, en menor medida, conotros parientes (principalmente abue-los). En Chile un 63,1% de las madresadolescentes viven con sus padres osuegros. En los restantes países latinoa-mericanos la proporción varía entre33% (Brasil) y 47,1% (Guatemala). Si a lacondición de cohabitación con padres osuegros agregamos aquella de quienesviven con otros parientes se obtiene queen promedio un 52,2% de madres ado-lescentes que no ha logrado formar unhogar autónomo. A su vez, estas madresadolescentes se ven en dificultades paraenfrentar la crianza de manera indepen-diente pues la cohabitación implica aña-

Guillermo Sunkel

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dir un tercer actor en tanto la crianza sedesarrolla al margen del hogar parental.

AGENDA DE POLÍTICAS PARA LA FAMILIA

Los planteamientos anteriores indicanla necesidad de reconocer a la familiacomo una red básica de protección.Pero resaltar que la producción y repro-ducción del bienestar depende en bue-na medida de las capacidades de la fa-milia para hacer uso de los recursos yoportunidades disponibles no implicaen modo alguno centrar la responsabili-dad en quienes padecen situaciones devulnerabilidad. La existencia de des-igualdades en el acceso a las oportuni-dades y a los recursos es un problemade la sociedad en su conjunto que tieneimplicaciones para la política social. Enefecto, es responsabilidad de la socie-dad definir e implementar políticas queaseguren equidad en el acceso a lasoportunidades, asumiendo la existenciade sectores que parten de dotacionesdiferentes y que por tanto requieren deestímulos y de apoyos también dife-rentes para aprovecharlas (Kaztman yotros, 1999).

Las políticas familiares deben ubicarseen este marco tendiente a asegurar laequidad en el acceso a las oportunida-des. Pero se requieren nuevas opcionesde política que: a) superen los modelosde política familiar que han existido tra-dicionalmente en América Latina, b) seadecuen a los cambios en las estructu-

ras familiares y a la diversidad crecientede arreglos familiares y, c) tengan unaorientación amistosa con la familia (fa-mily-friendly) y con la mujer. «Amisto-so» es entendido aquí en el sentido quebuscan apoyar a las familias en sus in-tentos precarios por hacer frente a unaumento creciente de los conflictos y delas demandas sociales.

Para concluir, se relevan dos áreas queson claves en una agenda de políticaspara la familia:

a) Políticas de organización del traba-jo. Estas políticas son claves puespueden aumentar el tiempo dispo-nible de los trabajadores/as para lafamilia (padres o madres), cuestiónque está al centro del conflicto fa-milia-trabajo. Entre estas políticasdestaca la regulación de la jornadalaboral en un rango que permitaconciliar el conflicto familia-trabajoy aspectos relacionados como son:las medidas que dan a los padres elderecho a trabajar a tiempo parcial;las medidas que condicionan el tra-bajo en horarios especiales (tardes,noches, fines de semana); y las re-gulaciones del tiempo de vacacio-nes anuales pagadas. Una segundapolítica de organización del tiempode trabajo se refiere a los permisosfamiliares. Estos permisos se basanen el derecho de los padres —muje-res y hombres— a tomar tiempo deltrabajo para destinarlo a los cuida-dos familiares. Incluyen: el permisomaternal, permiso paternal y otros

El papel de la familia en la protección social en América Latina

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permisos por razones familiares(por ejemplo, disposiciones en casoque un niño esté enfermo).

b) La economía del cuidado. En losúltimos años se ha acuñado el tér-mino «economía del cuidado» parareferirse a ese espacio de activida-des, bienes y servicios necesariospara la reproducción cotidiana delas personas. El «cuidado» se refie-re a los bienes y actividades quepermiten a las personas alimentar-se, educarse, estar sanas y vivir enun hábitat propicio. «Abarca por tan-to al cuidado material que implicaun trabajo, al cuidado económicoque implica un costo y al cuidadopsicológico que implica un vínculoafectivo» (Rodríguez, 2005: 4). Inclu-ye el trabajo no remunerado que re-alizan principalmente las mujeresen el hogar y la provisión extra-ho-gar de servicios de cuidado: la pro-visión pública y mercantil. Abarcaprincipalmente los cuidados inter-generacionales: el cuidado infantil yel de los adultos mayores.

En América Latina «puede decirse queexiste una ausencia absoluta de una

política pública de cuidado. La premisapareciera ser que ésta es una respon-sabilidad fundamentalmente de loshogares, y la provisión pública es sim-plemente un complemento para “ayu-darlos”» (Rodríguez, 2005). En definiti-va, en América Latina se mantiene unaorientación «familista» en el sentidoque el régimen no absorbe el peso dela protección familiar liberando a lamujer de las responsabilidades fami-liares y promoviendo su participaciónen el mercado de trabajo. La incorpo-ración de la mujer al mercado de tra-bajo se ha producido sin que el Estadohaya generado las condiciones para eldesarrollo de este proceso. En particu-lar, sin que haya desarrollado una po-lítica de organización del tiempo detrabajo así como una política de cuida-dos para la infancia y los adultos ma-yores que sea amistosa con la mujer.La ausencia de estas políticas revela elcasi nulo grado de desfamiliarizaciónde los regímenes latinoamericanos.Revela también la concepción aún pre-dominante que, en definitiva, las fami-lias pueden hacerse cargo de la mayo-ría de las funciones relacionadas conel bienestar.

Guillermo Sunkel

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INTRODUCCIÓN

En la década de los setenta, el análisisfeminista se fijó en la importancia de ladistinción entre el trabajo productivo yreproductivo. El objetivo principal era elponer de manifiesto la invisibilidad deltrabajo de las mujeres y su concentra-ción en la esfera reproductiva y no remu-nerada. Otro objetivo era subrayar losefectos que esta concentración tenía so-bre las condiciones en que las mujeresvivían su vida laboral así como sobre lasposibilidades y expectativas con las quese enfrentaban en su ciclo vital. Final-mente era importante contrastar todoello con la concentración de los hombresen la esfera de la producción para elmercado y con sus consecuencias paralas relaciones de género. Una de las ta-reas iniciales que se presentaron fue ladefinición de los conceptos de «produc-ción», «reproducción» y «trabajo». Enparticular, fue importante entender losdistintos aspectos que contribuyen a lareproducción social, incluyendo sobretodo el trabajo doméstico y las tareasen torno al hogar que tradicionalmentehan constituido la concentración prima-ria del trabajo de las mujeres. Por otrolado, el debate sobre el trabajo domésti-co que tuvo lugar sobre todo en los paí-ses anglosajones a mediados de los añossetenta fue interesante para poner demanifiesto su importancia para el fun-cionamiento del sistema económico.

A partir de los años ochenta, el esfuer-zo de aumentar la visibilidad del trabajode las mujeres hizo hincapié en los pro-blemas de su contabilización estadísti-ca. Se puso de manifiesto que las es-tadísticas oficiales excluían el trabajoreproductivo no remunerado tanto delas cuentas de renta nacional como de lasestadísticas sobre la población activa.Históricamente, desde que se inició surecopilación en distinto países, estas se-ries tenían, y en gran medida siguen te-niendo, el objetivo de captar los datosde producción y crecimiento de la eco-nomía, es decir, de los bienes y serviciosproducidos e intercambiados con unprecio a través del mercado. El granconjunto de actividades reproductivas yno remuneradas no asociadas directa-mente con el mercado quedaban exclui-das de la información estadística. Estollevaba a la ignorancia de una gran par-te de la actividad económica realizadamayormente por mujeres.

Este esfuerzo de medición ha ido acom-pañado también por una mayor sofisti-cación teórica y metodológica sobre eltema, mayormente por parte del análi-sis feminista (Picchio, 2003; Benería,2005a). Aunque queda mucho por ha-cer, diversos gobiernos así como algu-nas instituciones internacionales hanpatrocinado encuestas y también la re-copilación de series estadísticas quehan permitido una aproximación más

3. TRABAJO PRODUCTIVO/REPRODUCTIVO, POBREZA,Y POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN EN AMÉRICA LATINA:CONSIDERACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS *

Lourdes Benería **

* Este trabajo ha sido publicado previamente por UNFPA/GTZ (2006): Cohesión social, políticas conciliato-rias y presupuesto público: una mirada de género, México DF, pp. 74-86.** Profesora, Departamento de Planeación Urbana y Regional. Universidad de Cornell, EE UU.

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fiable del trabajo reproductivo no re-munerado. El resultado ha sido un granaumento de la información cuantitativaque nos permite evaluar cada vez conmás precisión las aportaciones del tra-bajo reproductivo y no remunerado.Prácticamente en todos los países exis-ten estimaciones basadas en estudios yencuestas específicas que, aunque nose hagan periódicamente, han aportadomucha luz en la evaluación del trabajototal remunerado como no remuneradode hombres y mujeres. La informaciónsobre el uso del tiempo permite llegar aun análisis más riguroso y detallado delas desigualdades de género que en es-timaciones anteriores, con implicacio-nes importantes para las políticas de re-conciliación y de desarrollo.

Estos avances conceptuales, metodoló-gicos y empíricos se han hecho inclusomás necesarios con las tendencias pre-dominantes de los mercados laboralespuesto que ponen de relieve la necesi-dad de tener información sistemáticasobre el trabajo productivo/reproducti-vo y remunerado/no remunerado. Estastransformaciones incluyen: a) la partici-pación creciente de las mujeres en eltrabajo remunerado, lo cual refuerza laimportancia de conocer el reparto de losdistintos tipos de trabajo, así como delocio, dentro y fuera del hogar; b) tantoen países ricos como en países pobres,las personas desempleadas y margina-das del centro de la vida económicatienen que adoptar estrategias de super-vivencia que incluyen una mayor de-pendencia del trabajo no monetizado o

no incluido en las estadísticas oficiales;c) las crisis económicas, el desempleo ysubempleo, la flexibilización del merca-do laboral y la informatización condu-cen a cambios cíclicos o esporádicosque mantienen fluida la conexión entrelas actividades dentro y fuera del merca-do; y d) a medida que la familia moder-na va evolucionando como resultado detransformaciones demográficas y eco-nómicas, surgen nuevas coordenadaspara el entendimiento de la ecuación deltrabajo productivo/reproductivo. Todosestos factores explican la necesidad deentender y medir el trabajo no remune-rado así como de diseñar políticas queintervengan en la distribución desigualentre mujeres y hombres a fin de cons-truir la igualdad de género.

TRABAJO PRODUCTIVO/REPRODUCTIVO Y TRABAJO REMUNERADO/NOREMUNERADO

A medida que los avances conceptuales,metodológicos y empíricos han ido pro-gresando, la distinción inicial entre eltrabajo productivo y reproductivo a me-nudo se ha ido sustituyendo por otra si-milar refiriéndose al trabajo remuneradoy no remunerado. Aunque es importantemantener también la distinción inicial, lacentralidad de la diferenciación entretrabajo pagado y no pagado se debe avarias razones conceptuales y prácticas:

Primero, a medida que una economía semercantiliza y el ingreso de las familias

Lourdes Benería

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aumenta, una parte creciente del trabajoreproductivo se convierte en trabajo re-munerado. Hay una transferencia, de laesfera doméstica al mercado, de unaparte de las tareas reproductivas comoes el caso de las guarderías infantiles,las lavanderías o la venta de comida enla calle o en restaurantes. Aunque seanlas mujeres las que continúan concen-trándose como trabajadoras en muchosde estos servicios, su trabajo en estecaso es remunerado y estadísticamentevisible, por lo menos en cuanto formaparte del sector formal. Sin embargo,no dejan de ser trabajo «reproductivo»puesto que contribuyen al mantenimien-to de la fuerza de trabajo y a la repro-ducción social.

Segundo, mucho se ha escrito sobre elhecho de que el trabajo reproductivo noremunerado contiene un elemento decuidado y relación emocional entre laspersonas que no tiene paralelo en la es-fera del mercado. Sin embargo, es difícilestablecer una diferenciación tajanteentre estas tareas y, en último término,la distinción entre trabajo remunerado yno remunerado facilita el análisis porser menos ambigua. Por otra parte, amenudo enfatizamos que hay «produc-ción» y «trabajo» en la economía do-méstica, aunque nos refiramos al traba-jo reproductivo, precisamente paracontrarrestar la versión ortodoxa quedefine estos conceptos en relación conel mercado.

Tercero, el trabajo doméstico no es úni-camente reproductivo puesto que tiene

un componente que no lo es, como en elcaso de las familias sin niños donde hay«mantenimiento» de la fuerza de trabajopero no «reproducción» a pesar de queen ambos casos sea no remunerado. Lomismo puede decirse del cuidado de an-cianos dentro del hogar.

Cuarto, hay «producción» que no es re-munerada como en el caso del volunta-riado que contribuye a actividades liga-das a la economía de mercado. Dada lagran extensión del voluntariado en mu-chos países, es importante incluirlo enel trabajo no remunerado, aunque nosea reproductivo, con el mismo objetivode analizar el uso del tiempo y de enten-der las diferencias de género.

Quinto, en casos de simultaneidad dedistintas actividades, a menudo es difícildistinguir o separar claramente el traba-jo productivo del reproductivo. Este esel caso de la madre que vende parte dela comida que cocina y destina otra par-te para el consumo familiar. En estasituación, la distinción entre trabajo re-munerado y no remunerado proporcio-na una información adicional que sim-plifica el análisis.

Finalmente, a pesar de que sean las mu-jeres quienes se concentran en el traba-jo no remunerado, en muchos países seha observado un aumento de este tipode actividades en torno al hogar porparte de los hombres. A medida que unpaís se desarrolla y los salarios aumen-tan, las tareas para las que tradicional-mente muchas familias empleaban a

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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terceras personas resultan más costosas.Como resultado, aumentan las tareastales como de construcción, carpintería,electricidad y mecánica realizadas porhombres. Desde esta perspectiva, es im-portante tener también información so-bre este tipo de trabajo no remunerado,aunque no sea reproductivo.

Todo ello no significa que la distinciónentre producción y reproducción nocontinúe siendo importante. Al contra-rio, es fundamental mantenerla, sobretodo en cuanto a que conceptualmentenos conecta con la naturaleza y el papelde la reproducción social para el siste-ma económico y nos ayuda a pensar laspolíticas conciliatorias. En todo caso, elobjetivo es el de hacer resaltar dos he-chos que la economía tradicional habíaignorado. Uno es la importancia del tra-bajo reproductivo no remunerado parael bienestar familiar y social. En estesentido, las informaciones cuantitativasque permiten medir el trabajo e inclusoestimar su valor han puesto de mani-fiesto las aportaciones del trabajo repro-ductivo y no remunerado. También hanhecho resaltar los muchos aspectos quelo componen, con las implicaciones co-rrespondientes para un gran abanico depolíticas. El segundo objetivo ha sido elmayor entendimiento de la esfera repro-ductiva, lo cual ha enriquecido el análi-sis económico. La economía feminista,por ejemplo, ha sido muy explícita enresaltar lo mucho que el análisis econó-mico ortodoxo ignoraba, o por lo menoslo que no tomaba en consideración. Asíheredamos la pobreza de los modelos

teóricos basados exclusivamente en laracionalidad económica: el feminismoha hecho resaltar la importancia de laeconomía del cuidado, menos basadaen estos supuestos, para el funciona-miento de una sociedad (Ferber y Nel-son, 1993; Folbre, 1994; Benería, 2005).Esto ha llevado al replanteamiento demuchos aspectos del análisis económicoy ha representado una aportación quecambia nuestra visión de sus ejes fun-damentales y además extiende lo queconsideramos ser el campo de lo eco-nómico.

Es interesante notar que este procesode reconceptualización nos está llevan-do a una concepción de la economíamás próxima a la que tenían los grie-gos puesto que se centraba en la esferadoméstica tal como resaltan algunos li-bros de texto para contrastar esta vi-sión con la definición «moderna» orto-doxa. La concepción ampliada de loeconómico lleva también a un enten-dimiento del bienestar individual y so-cial en la que el trabajo no remuneradoconstituye un eje fundamental. Anto-nella Picchio (2003) por ejemplo ha de-finido el bienestar como: «Un procesode reproducción social que requierebienes y productos materiales y servi-cios personales remunerados (proveí-dos por el Estado o por el mercado) ytrabajo no remunerado (en el hogar oen la comunidad). Este proceso tienelugar dentro de un contexto institucio-nal que incluye familias, organismosestatales, empresas, mercados y comu-nidades» (p. 2).

Lourdes Benería

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Esta definición del bienestar social im-plica que un análisis del nivel de vida deun país o de una comunidad tiene queincluir no sólo los bienes y serviciosproducidos a través del mercado sinotambién una clara conceptualización dela contribución aportada por la esferadel trabajo no remunerado. También im-plica, tal como Picchio y otra/os auto-ra/es han argumentado, que el trabajono remunerado tiene que integrarse ple-namente dentro del contexto macroeco-nómico y del mercado de trabajo. Estees el contexto en el que se han ido reali-zando, por ejemplo, los proyectos sobrepresupuestos desde una perspectiva degénero y también las encuestas sobre eluso del tiempo; es en este marco dondedeben emplazarse la política económicay social, incluyendo las políticas públi-cas y las de conciliación entre los distin-tos tipos de trabajo.

POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN

Uno de los efectos positivos de una me-jor conceptualización y contabilizacióndel trabajo reproductivo y no remunera-do es que facilita su conciliación con eluso del tiempo en el mercado laboral.Actualmente el debate sobre las políti-cas de conciliación está muy vivo en lospaíses de la UE porque el objetivo decompaginar el trabajo remunerado y eldoméstico se ha convertido en un pro-blema urgente para las mujeres perotambién para muchas familias. En todocaso es evidente que, a medida que la

participación de las mujeres en el mer-cado de trabajo aumenta y el serviciodoméstico se encarece, la importanciade estas políticas también se incremen-ta en cualquier país o región. Se trata defacilitar la compaginación del trabajodoméstico y familiar con las distintasactividades remuneradas, y esto implicadiversas avenidas de acción como porejemplo: a) la flexibilización de horarios,tanto de las empresas donde se trabajacomo de otras instituciones que afectanla vida cotidiana (centros de docencia,comercios, lugares de ocio, institucio-nes bancarias y financieras, transportes,etc.); b) ayudas a las escuelas y centrosrecreativos para que amplíen los pro-gramas que ayudan a las familias a con-ciliar el uso del tiempo (posibilidad dealmorzar en las escuelas, diseño de acti-vidades que amplían el día escolar, etc.);c) creación de guarderías donde no exis-tan y aumento de la oferta de plazaspara poder atender al aumento de lademanda; y d) programas que facilitenla mayor participación de los hombresen las responsabilidades domésticas,como el permiso de paternidad al nacerlos hijos; e) distintos tipos de ayudas alas familias para el cuidado de niño/as yancianos; f) otros programas que pue-den ser específicos para cada localidady región.

En América Latina, el diseño de estaspolíticas quizás parezca menos urgenteque en los países más ricos porque esmás fácil recurrir al servicio doméstico.Sin embargo, es muy probable que, amedida que se haga menos accesible

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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para una proporción mayor de la po-blación, la tendencia será parecida a laexperimentada actualmente por otrospaíses con costos laborales más altos.Por otro lado, como se argumenta másadelante, la emigración femenina estácambiando las coordenadas de la orga-nización familiar y del trabajo repro-ductivo.

DESARROLLO HUMANO: EL ENFOQUE DE CAPACIDADES Y LAS POLÍTICASDE CONCILIACIÓN

Una visión socioeconómica que integreel trabajo productivo y reproductivo o elremunerado y no remunerado requiereun esfuerzo muy compatible con el en-foque del desarrollo humano que fueintroducido por el PNUD en su primerInforme sobre el Desarrollo Humano en1990. Inicialmente formulado por Amar-tya Sen y conocido más específicamen-te como el enfoque de las capacidades,su clara relevancia para conceptuar lasdesigualdades de género ha dado lugara una abundante literatura con implica-ciones para la política económica y so-cial (Sen, 1999; PNUD, 1990 y 1995).

Sen partió de la idea de que el desarro-llo se debería conceptualizar y medir nosólo en términos económicos sino encuanto a su capacidad de transformarlos horizontes del desarrollo de las per-sonas. Aunque esta idea no era nueva,Sen le dio una base conceptual y teóri-ca muy sólida, fundada en su crítica de

la teoría económica ortodoxa moderna—incluyendo la teoría del bienestar— yde su falta de conexión entre la economíay la ética. Sen y también la filósofa nor-teamericana Martha Nussbaum (2003)han señalado que el enfoque de las ca-pacidades se parece mucho al de los de-rechos humanos. Sin embargo, indicaNussbaum, los derechos humanos sonmás abstractos y «universales» mien-tras que las capacidades son más con-cretas, individualizadas y específicas enrelación con distintos contextos y nece-sidades; es por esta razón que Nuss-baum opta por este enfoque por sermuy útil para desarrollar una teoría dejusticia de género y aplicarla al caso es-pecífico de las mujeres en su entornocultural y social, a parte de que el dis-curso de las capacidades tiene una rele-vancia muy directa para el desarrollohumano.

Nussbaum ha criticado a Sen por no serlo suficientemente específico en la defi-nición de las capacidades, ni tan sólolas que puedan considerarse básicas.Entre los autores y autoras que han tra-bajado este tema, la economista belgaIngrid Robeyns (2003) también ha ela-borado una lista con el propósito de fa-cilitar el análisis de la desigualdad degénero en el caso concreto de socieda-des occidentales postindustriales. Eneste caso, llegó a una lista de catorcecapacidades, luego comparó la lista ob-tenida con otras y las discutió con otraspersonas interesadas. Esta metodolo-gía le permitió llegar a un nivel de espe-cificación que reflejaba las necesidades

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y la visión de una sociedad postindus-trial. Entre las catorce capacidades seencuentra las que se incluyen a conti-nuación y pueden proporcionar un con-texto conceptual no sólo para analizarlas desigualdades de género sino tam-bién para pensar las políticas de conci-liación: (a) «poder cuidar de los hijos yde otras personas», refiriéndose a la ca-pacidad que tradicionalmente ha sido laconcentración primaria de las mujeres;(b) «poder trabajar en el mercado labo-ral [remunerado] o realizar proyectos,incluso proyectos artísticos»; (c) «podermoverse», por ejemplo entre distintosespacios y lugares, tanto públicos comoprivados; (d) «poder disfrutar de tiem-pos de ocio»; y (e) «poder ejercer auto-nomía en el uso del tiempo».

Mi argumento aquí es que los distintosaspectos de estas capacidades puedenayudar a analizar la diferencia de géneroy ofrecer un marco conceptual para pen-sar las políticas públicas, incluidas lasde conciliación. Al análisis de Robeynsle podemos añadir que la conciliacióndebe tener lugar en varias direccionesque se refiere a: a) distintos tipos de tra-bajo remunerado y no remunerado; b)trabajo y ocio; c) trabajo, ocio y movili-dad; d) trabajos que permiten distintosniveles de autonomía en el uso del tiem-po. Las diferencias de género que pue-dan existir en cada caso deben tenerseen cuenta para elaborar estas políticaspara sociedades concretas. Por ejemplo,el hecho de que las mujeres tengan me-nos libertad de moverse cuando quierano a donde quieran es un dato importante

a tener en cuenta y que puede variar en-tre distintas culturas, países y regiones.De este modo las políticas de concilia-ción pueden verse como un instrumentoimportante para facilitar el «funciona-miento» de las capacidades y de exten-der el abanico de posibilidades para lasmujeres, y también para los hombres, almismo tiempo de llevar a una mayorigualdad de género.

EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA:INFORMALIZACIÓN DEL TRABAJOREMUNERADO, POBREZA Y GLOBALIZACIÓN

Podemos preguntarnos hasta qué puntola lista de capacidades elaborada porRobeyns sería distinta para los paíseslatinoamericanos. La tesis de esta po-nencia es que las mayores diferenciasentre América Latina y los países delNorte en cuanto a las necesidades deconciliación del uso del tiempo se en-cuentran en el predominio de la econo-mía informalizada y de la pobreza en laregión latinoamericana pero también enlas consecuencias del fenómeno de laemigración en muchos países. El objeti-vo es preguntarse cómo pensar las polí-ticas de conciliación dentro de una reali-dad en la que, primero, una gran partede la producción escapa del alcance delas políticas públicas. Segundo, tanto laproducción como la reproducción sehan ido globalizando, transfiriendo par-te de su control a niveles que transcien-den la esfera nacional.

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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INFORMALIZACIÓN Y POBREZA

El enorme crecimiento de la economíainformalizada desde los años ochentaen América Latina es un fenómeno bienconocido. En contra de las previsionesdel análisis del «sector informal» de losaños setenta, el sector «moderno» nosólo no ha absorbido la fuerza laboralque se hallaba a sus márgenes sino quesu dependencia y utilización de estafuerza laboral ha ido aumentando, locual ha llevado a una fusión crecienteentre lo que podamos considerar for-mal/informal. Es por ello que, en la reu-nión anual de la OIT del año 2002, seempezó a utilizar el término de «econo-mía informal» para referirnos al predo-minio de la informalización dentro de laeconomía en muchos países. Este pro-ceso ha sido intensificado por la globali-zación que ha llevado a la fuerte compe-tencia de los mercados globales asícomo por las políticas neoliberales quehan impuesto una reestructuración eco-nómica profunda desde la década de losochenta y han recalcado la importanciadel mercado en la regulación de los pro-cesos económicos y de la distribución.Tal como ha argumentado Pérez-Sainz(2005), en una primera etapa de las polí-ticas neoliberales, el mercado informa-lizado absorbió una gran cantidad detrabajo que jugó un papel importanteen la generación y descentralización dela producción de bienes y servicios. Sinembargo, en una segunda etapa de mer-cados ya más saturados, esta absorciónha sido más limitada, generando el fenó-meno de «los pobres produciendo para

los pobres» en condiciones muy preca-rias y ligadas a la persistencia de la po-breza entre un sector de la población.Esto ha sucedido incluso en casos demejora en los indicadores macroeconó-micos, lo cual indica que el empleo y ladistribución de los recursos está estruc-turado de modo que el crecimiento eco-nómico no se transmite automática-mente a todas las capas sociales talcomo presupone la teoría económicaneoliberal.

Para ilustrar con el caso de Bolivia yEcuador, la proporción de la poblacióntrabajadora considerada «informal» haido creciendo desde los años ochentahasta llegar a niveles muy por encimadel 50% y sobrepasando el 65% en elcaso de Bolivia. Igualmente la pobrezase ha mantenido en torno al 50% de lapoblación —con oscilaciones depen-diendo de la coyuntura económica—mientras que la pobreza extrema sobre-pasaba el 20% en el 2002 (Benería y Flo-ro, 2005). En los dos países, el creci-miento de la economía informal hatenido lugar en el contexto de un altogrado de desigualdad social, de modoque tanto la informalidad como la des-igualdad constituyen el trasfondo de lastensiones sociales y de la emigraciónque han caracterizado a ambos países.Con unas tasas de desempleo y subem-pleo altas —especialmente pero no ex-clusivamente en periodos de crisis— lasituación fiscal precaria y las políticasneoliberales han llevado a minimizar elrol de las políticas públicas. El resultadoha sido que, incluso en periodos de cre-

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cimiento económico, la capacidad de laseconomías de la región para generarempleo ha sido insuficiente para absor-ber la fuerza de trabajo existente.

Aún cuando Bolivia y Ecuador constitu-yen un caso especial típico de los paísesandinos, otros países latinoamericanossufren problemas similares. En AméricaCentral, por ejemplo, las industrias ma-quiladoras y la producción para la expor-tación han contribuido a la generaciónde empleo y de divisas pero, como ya estípico y bien sabido, bajo unas condicio-nes muy precarias para el trabajo queintegra una proporción elevada de muje-res. La falta de observación de los dere-chos laborales es común y afecta a lastrabajadoras tanto en su vida laboralcomo en su vida cotidiana (Benería,2005b). Pensar en políticas de concilia-ción bajo estas condiciones de informali-dad, pobreza y desempleo o subempleoes complicado porque los patrones se-guidos en las economías del Norte refle-jan una realidad social distinta. En elcaso de América Latina deben tenerseen cuenta diversas características paraque estas políticas puedan ser efectivas:

En primer lugar, y a diferencia de la si-tuación en las economías postindus-triales o incluso en el caso del trabajoformalizado en América Latina, la «fle-xibilización» de la producción patroci-nada en los países postindustriales (encuanto al aumento del abanico de posi-bilidades en contratos laborales, hora-rios, etc.) es relevante sólo para el sec-tor más formalizado. La gran mayoría

de las mujeres trabajadoras se hallan enlas condiciones descritas de informali-dad y pobreza, lo cual significa que laproducción en realidad está muy flexibi-lizada pero sin ninguna normativa quelas conecte con las políticas públicasque podrían aliviar los problemas deconciliación.

Segundo, el gran aumento de la partici-pación de las mujeres en el trabajo re-munerado durante las dos últimas déca-das en América Latina ha implicadomuchos cambios en la situación laboralde las mujeres así como en las construc-ciones de género (Piras, comp., 2004).Esto ha llevado a un aumento de la im-portancia de las mujeres en la economíafamiliar y a cambios considerables enlos roles de género. Tal como muestraun estudio de hogares urbanos pobres ycon trabajo a domicilio realizado en2002-2003 (Benería y Floro, 2005) tantohombres como mujeres son conscien-tes de que la importancia de las mujeresen la generación de ingreso familiar hacrecido considerablemente; esto incluyela percepción de que a ellas les resultamás fácil encontrar trabajo que a loshombres. Sin embargo, la responsabili-dad de las mujeres en el trabajo domés-tico y de reproducción no parece quehaya disminuido de un modo paralelo,lo cual implica que para ellas la necesi-dad de conciliar los distintos tipos detrabajo ha ido aumentando. Sin embar-go, en América Latina esta necesidadpuede ser muy distinta para distintosgrupos sociales. Para las mujeres declase media y alta, el acceso y costos del

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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servicio doméstico mediatizan el gradode urgencia que puedan sentir mientrasque las mujeres pobres tienen que so-lucionar la conciliación sin estos re-cursos.

Tercero, en la economía informalizadaexiste una gran heterogeneidad en los ti-pos de trabajo realizados así como en lasdistintas combinaciones de trabajo for-mal/informal entre los distintos miem-bros de un hogar. A fin de analizar estaheterogeneidad, en el estudio citado deBolivia y Ecuador distinguimos entretres grados de informalidad —baja, me-diana y alta— y encontramos que la granmayoría (el 70%) de los hogares en lamuestra se hallaba dentro del grado me-dio, con una proporción algo superior demujeres (71%) que de hombres (70%).Igualmente, el porcentaje de mujerescon un alto grado de informalidad eratambién algo superior al de los hombres(16% y 15% respectivamente) mientrasque el grado bajo estaba compuestosólo por hombres. En todo caso, el altogrado de heterogeneidad complica laposibilidad de diseñar las políticas deconciliación puesto que no hay patronescomunes en cuanto al trabajo.

Cuarto, además de esta heterogenei-dad, existe una gran fluidez entre el tra-bajo remunerado y no remunerado, so-bre todo para las mujeres, y entre losdistintos tipos de trabajo. Esto va acom-pañado de una alta variabilidad del in-greso familiar, incluso en casos dondeel ingreso promedio se centra por enci-ma de la línea de la pobreza. En algunos

casos, la variabilidad es predecible por-que el tipo de trabajo tiene periodos dealtos y bajos, como en el caso de la ven-ta de juguetes y artesanías en la calledurante el periodo navideño en compa-ración al resto del año, pero en otros ca-sos la variación no puede anticiparse, locual significa un alto nivel de riesgo e in-seguridad para el presupuesto familiar.En este sentido, es importante distinguirentre pobreza y vulnerabilidad puestoque, estadísticamente y como prome-dio, algunos hogares pueden no parecertan pobres; sin embargo tienen que en-frentarse con un alto nivel de riesgo,deudas y la carga de sus pagos, y losproblemas con el mantenimiento de unconsumo mínimo en periodos de bajosingresos.

Finalmente, existe una gran fluidez en-tre la economía informalizada y la for-malizada, tanto en el sector públicocomo el privado, y entre el trabajo re-munerado y no remunerado como con-secuencia de los cambios coyunturales.En épocas de crisis económica se con-trae la economía de mercado, disminu-ye el empleo y los hogares tienen quecompensar la disminución de su ingre-so con estrategias de sobrevivencia.Durante las dos últimas décadas la lite-ratura feminista ha puesto de manifies-to las implicaciones de las crisis econó-micas para el trabajo de las mujeres,tanto en América Latina como en otrasregiones (González de la Rocha, 2000),especialmente en periodos de ajusteestructural.

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Ante estas circunstancias tan inestablesy de mucha fluidez intersectorial para eltrabajo de los hogares urbanos, las po-líticas de conciliación deben adaptarsea las necesidades de estas situacionescambiantes. Las políticas diseñadasbajo condiciones laborales formaliza-das no pueden ser muy útiles cuando eltrabajo es inestable y sumamente hete-rogéneo. Lo único permanente es eltrabajo no remunerado en la esfera do-méstica. Deben buscarse políticas queno vayan ligadas a un trabajo fijo y porlo tanto sean compatibles con la infor-malidad, el trabajo no remunerado y lainestabilidad de las relaciones de pro-ducción descrita en el caso de la po-breza urbana. Veamos varias posibili-dades.

En primer lugar, el denominador máscomún para facilitar la conciliación en-tre los distintos tipos de trabajo podríaser cualquier política que asuma res-ponsabilidad en el cuidado de los hijos.Esto apunta hacia la importancia de lacreación y promoción de guarderías in-fantiles, el acceso a las escuelas, y elaumento de programas que extiendenla posibilidad de que las familias en ge-neral y las mujeres en particular puedanutilizar los centros escolares de primariay secundaria durante las horas de traba-jo. Dada la concentración de las mujeresen el trabajo doméstico, es lógico espe-rar que estos programas las puedan be-neficiar de un modo especial. Segundo,lo mismo puede decirse en cuanto alárea de salud: cualquier aumento en lacantidad y calidad de los servicios de sa-

lud ayuda a incrementar el bienestar fa-miliar pero además ahorra tiempo y dis-minuye la ansiedad creada por las difi-cultades de conciliar los distintos tiposde trabajo. Tercero, los servicios comu-nitarios dirigidos a niños y familias —ta-les como los espacios deportivos y dejuegos— y las organizaciones de muje-res o de barrios —como en el caso delos comedores populares— pueden sertambién una ayuda que facilite la con-ciliación de distintos tipos del uso deltiempo. Cuarto, otras intervencionestambién pueden facilitar el ahorro deltiempo por parte de las familias, porejemplo a través de diversas políticasurbanas como la promoción de untransporte público o privado eficiente,mejoras de infraestructura tales como elaumento del acceso al servicio telefóni-co y la pavimentación de calles que faci-liten el transporte y la limpieza en tiem-pos de lluvia. Finalmente, no deberíansubestimarse las campañas publicitariasde todo tipo que promuevan la igualdadde responsabilidades entre hombres ymujeres en la división del trabajo do-méstico y responsabilidades familiares.

LA GLOBALIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN

Una gran parte de la literatura y de losdebates sobre la globalización a partirde los años setenta se ha centrado en lafragmentación a nivel internacional delos procesos productivos y en sus múlti-

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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ples efectos sobre la competencia glo-bal, la relocalización de la producción, ladesindustrialización en algunos casose industrialización en otros, las trans-formaciones en los mercados de traba-jo, la feminización y precarización delempleo, los efectos maquila en AméricaLatina, los cambios generados por elcreciente dominio de las economías asiá-ticas, etc. Por otra parte, sobre todo apartir de la década de los noventa, tam-bién hemos presenciado la globaliza-ción de procesos conectados con la re-producción. El creciente aumento de laemigración del Sur al Norte y en particu-lar la feminización de la emigración res-ponde en gran parte a factores que es-tán afectando enormemente el modo enque las familias se organizan en ambasregiones, incluyendo el cuidado y la re-producción.

Estos procesos ya son bien conocidos yaquí sólo voy a mencionarlos. Por ellado de los países más ricos, la llamadacrisis del cuidado viene determinadapor una variedad de factores demográfi-cos que incluyen: a) la alta participaciónde las mujeres en la actividad económi-ca remunerada lo cual ha creado la de-manda creciente de servicio doméstico,incluyendo el cuidado de niños y ancia-nos; y b) más específicamente en Euro-pa, las bajas tasas de natalidad y el in-cremento de la esperanza de vida hancontribuido al envejecimiento de la po-blación y a la escasez relativa de manode obra dedicada al cuidado. Como con-secuencia, las mujeres del Sur encuen-tran fácilmente trabajo en el sector ser-

vicios y en las economías domésticas dela gran mayoría de los países del Norte.

Por parte de los países emigrantes, lascrisis económicas en muchos países yespecialmente el desempleo o subem-pleo, la persistencia de la pobreza, y eldeterioro del nivel de vida (aunque seasólo relativo al de los países más ricos)llevan a la emigración que, en muchospaíses como Bolivia, Ecuador, las Filipi-nas, México y Centroamérica, se ha con-vertido en una de sus principales fuen-tes de divisas. En el caso de Filipinas, porejemplo, se ha estimado que 2/3 partesde los emigrantes son mujeres, muchasde las cuales dejan a sus hijos en supaís, ya bajo el cuidado del padre o conmás frecuencia de otras mujeres, nor-malmente familiares (Parrenas, 2002).Esto ha generado el intenso debate quetiende a culpar a las mujeres emigrantesdel abandono de sus familias a pesar desu gran esfuerzo para ayudarlas, espe-cialmente con las remesas. En el Nortela crisis del cuidado se resuelve, por lomenos parcialmente, con la «importa-ción» de mano de obra inmigrante. Así,parte del aumento de la participación la-boral de las mujeres del Norte se haceposible al ser reemplazadas por los ser-vicios de las mujeres inmigrantes lascuales pasan de realizar trabajo repro-ductivo no remunerado en sus hogaresde origen al relativamente remuneradoen el país de llegada.

Naturalmente que esta sustitución, en elcaso del trabajo doméstico, tiene lugarsólo en hogares que pueden financiar

Lourdes Benería

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estos servicios, es decir, que beneficia aun sector específico de la población. Porotro lado, la transferencia del trabajo deservicios del Sur al Norte no disminuyelas necesidades de las tareas reproduc-tivas en el Sur. Esto implica una intensi-ficación del trabajo por parte de las per-sonas que quedan a cargo de estastareas lo cual puede significar un dete-rioro del cuidado, sobre todo al pasar dela madre a otras personas. Por otra par-te el debate en torno a los efectos nega-tivos de la emigración de las madrespara los hijos apunta hacia múltiples re-percusiones, a menudo contradictoriasy no muy fáciles de evaluar (Parrenas,2002).

Es evidente que la globalización de la re-producción tiene implicaciones queapenas empezamos a entender, inclui-das las consecuencias para las políticasde conciliación. Por ejemplo, la transfe-rencia del trabajo reproductivo del Sural Norte puede cambiar las coordenadasen las que esta reconciliación tiene quehacerse. Una mujer del Sur que deja sufamilia para realizar tareas domésticasen un hogar del Norte no se enfrentacon idénticas presiones de tiempo; poruna parte ha dejado sus propias tareasdomésticas en manos de otras personasmientras que, por otra parte, debe en-frentarse con las exigencias, normas ycondiciones legales/ilegales del país dellegada. Es probable que las políticas deconciliación en el Norte no beneficiendirectamente a la empleada inmigrantepuesto que están diseñadas para las ne-cesidades de un hogar medio. Por otra

parte, en el Sur estas políticas tienenque tener en cuenta las nuevas presio-nes que afectan el uso del tiempo de laspersonas que sustituyen el trabajo de laemigrante.

CONSIDERACIONES FINALES

Este artículo ha delineado algunas dife-rencias entre los países latinoamerica-nos y los postindustriales en cuanto asus implicaciones para el desarrollo hu-mano de las mujeres y las políticas deconciliación entre los distintos usos deltiempo. Se ha argumentado que el altogrado de informalización de las econo-mías latinoamericanas así como la per-sistencia de la pobreza y el fenómenocreciente de la emigración constituyenlos factores básicos de diferenciaciónque estas políticas tienen que tener encuenta en el caso de América Latina.Desde la perspectiva del enfoque de lascapacidades, la pobreza y la informaliza-ción afectan el desarrollo humano pues-to que reducen los horizontes de unaproporción alta de la población. En estesentido, las políticas de conciliación de-ben verse como un modo de fomentarla igualdad de género así como tambiénel desarrollo humano de las mujeres.Sin embargo sólo he mencionado bre-vemente el trasfondo de estos proble-mas: la alta desigualdad económica ydiferenciación social que predominanen el continente y en el mundo globali-zado. Ello es el resultado no sólo de ladesigualdad histórica en la distribución

Trabajo productivo/reproductivo, pobreza y políticas de conciliación en América Latina

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de los recursos en América Latina sinotambién del progreso tecnológico y delas tendencias actuales a nivel mundialderivadas de la globalización y del pre-dominio del mercado en la distribuciónde los recursos.

Uno de los problemas fundamentaleses la gran capacidad de las nuevas tec-nologías de crear riqueza sin generarsuficiente empleo para la fuerza de tra-bajo existente, un problema que tam-bién se observa en el corazón de laseconomías más avanzadas. Esto seañade al predominio del sector finan-ciero en las economías modernas y al«triunfo» que la globalización neolibe-

ral ha representado para el capital enrelación con el trabajo. El resultado hasido el aumento de la concentración deriqueza y por lo tanto de las desigual-dades ya existentes. Este es el contex-to en el que discutimos las políticasde conciliación: buscamos solucionesdentro de las coordenadas económi-cas y sociales existentes pero sin tocar eltrasfondo. Sin embargo, para los efec-tos de este artículo parece importantemencionar estos problemas tan funda-mentales de distribución (y también deredistribución) que afectan no sólo lascapacidades de todas las personas sinola posibilidad de llegar a una verdaderaigualdad de género.

Lourdes Benería

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América Latina es una región de mar-cados contrastes. No sólo tiene la ma-yor desigualdad del planeta sino queestá conformada por países con varia-dos desarrollos económicos, sociales ypolítico-institucionales. Por eso, las op-ciones y vías para avanzar en la conci-liación entre trabajo y vida familiar sontambién diversas. Por un lado intervie-nen legados históricos que se reflejanen las interacciones entre mercados la-borales, familias y políticas públicas.Por otro lado estas interacciones estánmoldeadas por la transición demográ-fica y los cambios en la producción ylos mercados laborales, asociados a laglobalización. Las opciones de promo-ver la conciliación 1 como asunto públi-co, también dependen de las fuerzaspolíticas y sociales que actúen en cadapaís.

El objetivo de este artículo es plantearelementos para la discusión en torno atres preguntas: ¿cuáles son las políti-cas públicas con efectos conciliatoriosmás relevantes para la región?, ¿enqué escenarios se despliegan esas po-líticas?, y ¿cuáles son algunos de losretos a enfrentar para promover elcambio? Para cumplir ese cometido,nos basamos principalmente en tra-bajos que ambos realizamos previa-mente.

GÉNERO Y CONCILIACIÓN TRABAJO-FAMILIA: LOS PLANTEAMIENTOSEUROPEOS

La noción de «políticas conciliatorias»se originó en Europa, dentro del ámbi-to de las políticas laborales. Las pro-puestas sobre políticas conciliatoriasprocedentes del movimiento feministaeuropeo surgieron de la crítica al ses-go productivista y androcéntrico de laorganización laboral. Una vez que sehizo resultó evidente que «el principalobstáculo de las mujeres para la igual-dad laboral, era la responsabilidad delos trabajos de cuidado en el ámbitodoméstico», surgió «la necesidad dediseñar otro tipo de políticas de géne-ro que abordaran el problema de losservicios domésticos y de cuidado queproducen las mujeres en el hogar» (As-telarra, 2005). Esas son las políticasconciliatorias con sentido de igualdadde género y entre sus ámbitos de inter-vención se encuentran cuidado infan-til, licencias laborales, extensión delhorario escolar, promoción del trabajoa tiempo parcial, y flexibilización tem-poral y espacial del trabajo (véanse,p. ej., Consejo Europeo, 1999; OCDE,2002 y Sorj, 2004).

En Durán (2004) se proponen estrate-gias conciliatorias desde la perspectivade género. Las categorías que ahí se

4. POLÍTICAS CON EFECTOS CONCILIATORIOS EN AMÉRICALATINA: UNA REGIÓN, DISTINTOS ESCENARIOS *

Juliana Martínez y Guillermo Monge

* Artículo elaborado para el Seminario «Género y Cohesión Social» organizado por la Universidad deBarcelona con el apoyo de AECI y Fundación Carolina.1 En adelante, se utiliza el término «conciliación» para referir a la conciliación entre trabajo productivo ytrabajo reproductivo en una sociedad determinada.

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proponen son tres. La primera es la de«secuencialización», y apunta hacia lamodificación de las secuencias de traba-jo productivo y reproductivo de las mu-jeres para reducir las tensiones y cho-ques entre ambos tipos de actividades.Incluye las licencias laborales de distin-tos tipos, la promoción de la jornadaparcial, y la flexibilización temporal y es-pacial del trabajo. La segunda estrategiaes la «derivativa», y se orienta a la tras-lación hacia el mercado y los serviciosestatales de tareas reproductivas queoriginalmente se realizan en el ámbitofamiliar. Incluye los subsidios para com-pra de servicios privados de cuidado, laprestación subsidiada de servicios esta-tales de cuidado, la prolongación delhorario escolar, y los servicios subsidia-dos de transporte escolar, entre otrasmedidas. La tercera estrategia es la deredistribución de roles productivos y re-productivos entre mujeres y hombres, eimplica promover cambios culturalesdurante la educación básica o en el ám-bito familiar, así como transformacionesdel mercado laboral para que admita al-ternativas al modelo de «proveedormasculino» (p. ej., las licencia de pater-nidad). El elemento central que orientala clasificación de Durán (2004) es el usodel tiempo. Se trata de estrategias paravariar las mezclas de tiempos de trabajoproductivo y reproductivo, para propi-ciar mayores grados de equidad de gé-nero.

LA DELIMITACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONIMPACTO CONCILIATORIO EN AMÉRICALATINA: ALGUNAS CONSIDERACIONESMETODOLÓGICAS

A la luz de la bibliografía especializadaen torno a la relación entre mercados la-borales, política pública, familia, igual-dad de género y pobreza en América La-tina, es claro que los problemas y retosde la región en materia de conciliacióntrabajo-familia son muy distintos a losque se plantean en los países desarro-llados 2.

Con las siguientes consideraciones decorte metodológico se busca orientar ladelimitación conceptual de las políticaslatinoamericanas con efectos conciliato-rios. En primer lugar, conviene tenerpresente la distinción entre a) la conci-liación entre lo productivo y lo repro-ductivo como resultado objetivo de laspolíticas públicas y de las dinámicas delos mercados y las familias, b) los efec-tos (positivos o negativos) que unagama amplia de políticas estatales tie-nen (por acción u omisión) en las inter-acciones entre los ámbitos productivo yreproductivo, y c) las políticas públicascon objetivos explícitamente conciliato-rios (Monge, 2006b).

En ciertos casos, las políticas sin objeti-vos conciliatorios explícitos podrían ge-nerar efectos positivos mayores que lasque fueron diseñadas a partir de tales

Juliana Martínez y Guillermo Monge

2 Un análisis de los contrastes entre la concepción de políticas conciliatorias en los países desarrollados ylas necesidades de conciliación en América Latina se encuentra en Monge (2006b).

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objetivos. Por ejemplo, en países congrandes brechas de educación básica, laampliación de la cobertura educativapuede tener un efecto conciliatorio ma-yor que la creación de guarderías. Estadistinción lleva a distinguir en las polí-ticas que aquí llamamos «con efectosconciliatorios positivos» y las políticasque en una sociedad determinada seanconsideradas «conciliatorias» a partir dedecisiones políticas explícitas. Las pri-meras comprenden una gama amplia depolíticas públicas ubicadas en diversossectores de actividad estatal. Las segun-das son un subconjunto de las primeras.

Si se aplica la distinción antes mencio-nada a la realidad europea, se llega aobservar que las «políticas conciliato-rias» europeas mencionadas en los do-cumentos especializados son en reali-dad un subconjunto reducido de ungrupo amplio de políticas públicas quegeneran impactos favorables en laconciliación entre los ámbitos produc-tivo y reproductivo dentro de esa re-gión. Las políticas reconocidas como«conciliatorias» en la bibliografía euro-pea son el resultado de procesos detoma de decisiones políticas, y estánlejos de ser el producto de análisis aca-démicos puros.

Considerando lo expuesto, los autoresde este trabajo no aspiramos a ofreceraquí una definición de «políticas conci-liatorias». A esa definición se podría lle-gar como resultado de procesos especí-ficos de formación de políticas públicas.Hay que tener presente que en América

Latina no estamos aún en el momentoen que los gobiernos opten por integrarel tema de la conciliación en sus agen-das de políticas prioritarias.

Adicionalmente, es preciso tomar encuenta que la gran diversidad en las ca-racterísticas de los mercados, los esta-dos y las familias de los países de la re-gión hace que la pretensión de construiruna definición única de «políticas conci-liatorias» para toda la región carezca desentido académico y político. Por tanto,en este trabajo nos hemos restringido aproponer algunos criterios de corte me-todológico para la delimitación de laspolíticas con efectos conciliatorios y es-pecialmente, de aquellas con efectospositivos.

EL UNIVERSO DE LAS POLÍTICASCONCILIATORIAS EN AMÉRICA LATINA

El análisis de los retos de la «concilia-ción» en América Latina lleva a identifi-car un universo de políticas que no ne-cesariamente encajan en la definiciónde políticas conciliatorias de los paísesdesarrollados, pero que tienen repercu-siones en la reducción de las tensionesentre los ámbitos productivo y repro-ductivo. La delimitación de ese universoes necesaria para adaptar su conceptua-lización inicial —de origen europeo— alas peculiaridades de la región, y puedeser útil como referente para definir prio-ridades en las agendas políticas pro-conciliación (véase más adelante).

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

123

La delimitación del conjunto de políticasconciliatorias que aquí se propone es re-sultado de tres ejercicios analíticos: a) laredefinición de los objetivos de las po-líticas contempladas en Europa; b) laampliación del conjunto de políticas de-rivativas y secuenciales que ha sido de-finido para los países desarrollados; yc) la creación de categorías adicionalesa las que se proponen en Durán (2004).En esos tres ejercicios, hemos puesto elénfasis en el objetivo de reducir las ten-siones entre los ámbitos productivo yreproductivo de las poblaciones pobreso vulnerables de la región 3.

A continuación expresamos algunas su-gerencias de replanteamiento de los ob-jetivos conciliatorios de las políticas de-rivativas tipificadas en Durán (2004). Enlas políticas secuenciadoras, algunosobjetivos a considerar son los siguien-tes: a) la reducción de las brechas de co-bertura en la educación preescolar, pri-maria y secundaria de muchos países dela región, b) la prolongación del horarioescolar para hacerlo más compatiblecon los horarios laborales; c) la amplia-ción del acceso a los servicios públicosde cuidado infantil, los cuales aún sonescasos y centrados en la población máspobre; y d) la ampliación de los serviciossubsidiados de transporte escolar.

A la vez, es preciso fortalecer ciertas po-líticas secuenciales que sí están contem-

pladas en Durán (2004). Considérese,por ejemplo, que: a) las licencias labora-les son de escaso alcance pues sólo cu-bren a personas asalariadas del sectorformal y su cobertura se ha reducido enel marco de la privatización de los regí-menes de seguridad social; b) la promo-ción de la jornada parcial es necesariaen el marco del trabajo formal, y no sólocomo estrategia de autoempleo o evi-dencia de subempleo; c) la flexibiliza-ción temporal y espacial del trabajodebe ser promovida, teniendo en cuentaque la conciliación exige flexibilizaciónde la jornada y no solamente de la se-mana laboral.

La necesidad de ampliar el conjunto delas políticas conciliatorias secuencialesconsideradas en la bibliografía europease muestra, por ejemplo, en el caso delos seguros públicos de salud. Las trans-ferencias de dinero mediante licenciaspor incapacidad aseguran un ingreso ala población asalariada, mientras seatienden sus problemas de salud o losde sus dependientes. En cuanto a las de-rivativas, se propone que su ampliaciónabarque —entre otras— las siguientes:la eliminación de las discriminacioneslaborales presentes en la legislación so-bre trabajo doméstico remunerado 4, elfortalecimiento de los seguros de vejezque permitan financiar los gastos decuidado de las personas jubiladas y asíreducir presiones sobre el trabajo repro-

Juliana Martínez y Guillermo Monge

3 Esas categorías adicionales son una reelaboración de las que se proponen en Monge, 2006b.4 Principal mecanismo de conciliación de las mujeres de ingresos medios y altos (Sorj, 2004). Paradójica-mente, opera a costa del trato laboral discriminatorio para las empleadas domésticas.

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ductivo de las familias; y los seguros desalud que permitan desplazar los cuida-dos de las personas asalariadas enfer-mas, de la familia hacia el sistema desalud.

La importancia en América Latina de laspolíticas de redistribución de tareas difí-cilmente se puede sobrevalorar. Priori-tariamente, deben estar enfocadas enlas nuevas generaciones de ciudada-nos/as, que tienen mayores posibilida-des de efectuar cambios en valores, ac-titudes y prácticas con respecto a ladivisión sexual del trabajo.

Proponemos a continuación varias es-trategias de conciliación adicionales alas de Durán (2004). Desde la teoría degénero, pueden ser clasificadas en dosgrandes categorías: las que inciden di-rectamente en la división sexual del tra-bajo —a las cuales pertenecen las pro-puestas por Durán (2004)— y las queinciden directamente sobre los meca-nismos de control de la capacidad re-productiva de las mujeres y que a partirde esos efectos, generan otros de tipoindirecto sobre la división sexual del tra-bajo. En la primera categoría, se propo-ne incluir dos tipos adicionales de estra-tegias:

a) De ampliación del acceso de lasmujeres al trabajo productivo noprecario. Se incluyen las de crea-ción de empleo digno para las mu-jeres más pobres y vulnerables, y

las de capacitación laboral y des-arrollo de actitudes favorables paradesempeñar actividades laborales.Esta estrategia incide directamenteen las combinaciones de trabajoproductivo y reproductivo de laspersonas.

b) De reducción del trabajo reproducti-vo excesivo o precario, medianteacciones que impacten en la provi-sión de servicios básicos en el ho-gar o su entorno que afectan lascondiciones del trabajo reproducti-vo. Incluyen las acciones para am-pliar el acceso a los servicios deagua intradomiciliaria, electricidady telecomunicaciones, las políticasde vivienda de interés social 5, y lasde reducción de impuestos a ciertosbienes electrodomésticos. El propó-sito de esa estrategia es reducir lasobrecarga de trabajo reproductivoy mejorar las condiciones en queeste se realiza. Su aplicación no ne-cesariamente genera cambios in-mediatos en las mezclas de trabajoproductivo y reproductivo de lasmujeres, salvo cuando las mujeresrealizan actividades productivas in-formales en sus hogares.

En la segunda categoría general inclui-mos estrategias orientadas a superarobstáculos para la reducción de las ten-siones entre los ámbitos productivo yreproductivo, originados en los meca-nismos de control de la capacidad re-productiva de las mujeres. La remoción

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

5 Un análisis de los efectos conciliatorios de las políticas de vivienda se encuentra en Monge, 2006a.

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de esos obstáculos incide de manera in-directa pero contundente en la variaciónde las combinaciones de trabajo pro-ductivo y reproductivo de mujeres yhombres. Dentro de estas estrategias seubican dos políticas públicas: las de re-ducción de la violencia intrafamiliar pro-vocada por factores de género y las desalud sexual y reproductiva. Las prime-ras tienen que ver con las limitacionesderivadas de la dominación machista,que impiden a muchas mujeres asistir acentros de educación o formación pro-fesional, o realizar trabajos remunera-dos. Las segundas son vitales para re-ducir las condiciones inadecuadas detrabajo reproductivo y las restriccionesde inserción laboral que pesan sobremuchas mujeres —especialmente, mu-

jeres pobres, socialmente vulnerables oadolescentes— debido a la alta fecundi-dad.

En el diagrama 1 se ilustran las relacio-nes de los tipos de estrategias propues-tos con los dos ejes de igualdad de gé-nero alrededor de los cuales se articulan,y se hace referencia a sus impactos di-rectos o indirectos en los cambios en eluso del tiempo.

No todas las políticas con efectos conci-liatorios corresponden con las que tradi-cionalmente han sido consideradas «deigualdad o equidad de género» en Amé-rica Latina. Sin embargo, todas ellaspueden tener repercusiones positivasen la reducción de las inequidades de

Juliana Martínez y Guillermo Monge

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DIAGRAMA 1. Posibles estrategias de conciliación adicionales a las propuestas por Durán(2004)

Ejes estructuralesde desigualdad

de género

División sexualdel trabajo

Control sobrela capacidadreproductiva

de las mujeres

Las de Durán (2004):• Secuenciadoras• Derivativas• Redistributivas Inciden directamente en la mezcla de

tiempo de trabajo productivo/reproductivo

Inciden almenos en lacalidad del

trabajoreproductivo

Incidenindirectamenteen el uso del

tiempo

• De ampliación delacceso a trabajoproductivo noprecario

• De reducción deltrabajo rreproductivoexcesivo precario

De acceso a serviciosresidenciales básicosy vivienda

De salud sexual yreproductiva

Sobre violencia degénero

• De superación deobstáculos paraefectuar cambios enel uso del tiempo

género. El método de análisis medianteel cual se llega a identificar y caracterizartales políticas es similar al que se em-plea en los análisis de mainstreamingde género, mediante los cuales se buscaidentificar efectos positivos o negativosen la equidad de género en todo tipo depolítica pública.

ALCANCES Y LIMITACIONES DE ALGUNASPOLÍTICAS CONCILIATORIAS EN LA REGIÓN

A continuación, nos referimos a la situa-ción actual de algunas políticas pro-con-ciliación en América Latina. Nos basa-mos en Camacho y Martínez (2006) yMonge (2006b) 6.

Políticas derivativas:

a. Servicios de cuidado infantil. Enlos 5 países analizados en Monge(2006b), las tasas brutas de escolari-dad preescolar variaban entre 50%(Chile) y 80% (México) en el 2003 7.En esos mismos países, los servi-cios de guardería infantil tienen ba-

jas coberturas. Chile es el únicodonde la cobertura de esos servi-cios representa un porcentaje altode la cobertura de preescolar (66%).En otro extremo estaban Méxicoy Panamá, con un 10%. Otras limi-taciones frecuentes en los serviciosestatales de cuidado infantil en paí-ses latinoamericanos, desde la pers-pectiva de la conciliación, son las si-guientes: la excesiva focalización enfamilias pobres penaliza a las queson vulnerables a la pobreza; de-mandas excesivas de trabajo volun-tario a las madres; barreras al acce-so a partir de demanda de copagos;y ausencia de vinculación con pro-gramas para la inserción laboral fe-menina.

b. Sistemas de pensiones de sa-lud y para la vejez. A partir de1980 las reformas en los sistemasde pensiones de América Latinaprovocaron el alejamiento de losesquemas de reparto o capitaliza-ción colectiva y la adopción de es-quemas de capitalización indivi-dual, para pensiones de vejez ysalud. La capitalización individualha implicado retrocesos en el fi-nanciamiento colectivo de riesgos

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

6 En Camacho y Martínez (2006) y Martínez y Camacho (2007) se analizaron 7 países: Argentina, Brasil,Chile, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay; en Monge (2006b), 5 países: Brasil, Chile, Costa Rica, Mé-xico y Panamá. Exceptuando El Salvador, los países analizados se encuentran entre los que cuentan conmayor desarrollo del estado en la región. Son países con modernización temprana que establecieron polí-tica pública de cara a demandas urbanas, muy temprano en el siglo pasado. Cuando esto no fue así (comoen Costa Rica), dicha modernización fue tardía pero excepcionalmente rápida.7 En todos los niveles de desarrollo social de la población brasileña, el cuidado de niños(as) pequeños(as)en guarderías o educación preescolar tiene impactos positivos en la inserción laboral de las mujeres. Losmayores impactos son en los hogares más pobres (Sorj, 2004).

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como la enfermedad y las incapa-cidades (incluyendo las licenciaspor maternidad) 8. En consecuen-cia, esos regímenes han reducidosu cobertura y no cubren al sectorinformal, en el que hay una acele-rada feminización (Martínez y Ca-macho, 2006). En los seguros desalud con esquemas de financia-miento individual, se ha producidola llamada «selección adversa»: losproveedores buscan atender a lapoblación con menores riesgos desalud o aumentar las cotizacionespara esa población. Esta tendenciatiene efectos negativos para laequidad de género y la conciliación(recuérdese, por ejemplo, a losprogramas «con o sin útero» enChile). Los únicos sistemas de sa-lud de la región que siguen siendouniversales en cobertura y servi-cios y que, por lo tanto, no limitanlos tipos de servicios ni los cobrana quienes los requieren, son losde Cuba y Costa Rica (Camacho yMartínez, 2006).

c. Trabajo doméstico remunerado.Esta ocupación es tal vez el recursomás extendido entre las familias declase media y alta de América La-tina para compatibilizar las obliga-ciones propias de lo familiar y lolaboral (Sorj, 2004). Pero a la vezpresenta altos niveles de violaciónde derechos laborales de las muje-res que lo desempeñan. En las le-

gislaciones laborales de los cincopaíses analizados en Monge (2006b)persisten regímenes especiales quelegitiman la discriminación en eltrabajo doméstico remunerado.Así, las debilidades de las políticaspúblicas conciliatorias y las tensio-nes estructurales entre lo laboral ylo familiar son compensadas me-diante la legitimación del trato dis-criminatorio de grandes contingen-tes de mujeres pobres (Monge,2006b).

Políticas de control de la propiasalud sexual y reproductiva (SSR):

En la región, la proporción de mujeressin acceso a anticonceptivos modernoses alta. En los países considerados enMonge (2006b), oscilaban entre el 20% yel 40%. Se sabe, además, que a menornivel de instrucción de las mujeres, ma-yor es la fecundidad no deseada; es de-cir, que las fallas en las políticas de SSRgolpean más a las mujeres más pobres(Monge, 2006b). Las altas tasas de fe-cundidad en la adolescencia tambiénexpresan fallas de las políticas de SSRdirigidas a esa población: coberturasmuy bajas, reducida capacidad institu-cional, modelos de atención poco efecti-vos, ausencia de enfoque de género, yuna eficaz oposición de grupos religio-sos a los servicios de educación sexual(Monge, 2006b).

Juliana Martínez y Guillermo Monge

8 Estos regímenes varían según sean sustitutivos de los sistemas de capitalización colectiva previos (Chi-le, México y El Salvador); paralelos (Perú y Colombia); o mixtos (Argentina, Costa Rica y Uruguay).

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Políticas secuenciales:

a. Normas de protección fami-liar. Las licencias por maternidady las medidas asociadas con elparto, el embarazo y la lactanciason las normas más frecuentes deprotección familiar (Camacho yMartínez, 2006 y Monge, 2006b).Abarcan a las madres trabajadorascon empleos formales y cotizantesde algún régimen de seguridad so-cial, y a sus niños(a) recién naci-dos(as), durante el embarazo ydespués de este. Quedan por fueralas mujeres no empleadas o con tra-bajos informales 9. Con las refor-mas en los sistemas de pensiones,la cobertura de las licencias pormaternidad se viene reduciendo,dado que los sistemas de pensio-nes solidarios son cada vez menos,y cubren proporciones decrecien-tes de la PEA (Camacho y Martí-nez, 2006).

b. Flexibilización laboral. En los paí-ses analizados en Monge (2006b)proliferan los arreglos de flexibili-zación de horarios y remuneracio-nes, diseñados para favorecer larentabilidad y la competitividad de

las empresas, y a pesar de sus efec-tos negativos sobre las condicio-nes laborales y de conciliación dela población ocupada. En algunospaíses es factible promover esque-mas de flexibilización laboral quefavorezcan la conciliación 10.

De reducción del trabajoreproductivo precario

Dentro de esta categoría están los pro-gramas de asistencia y promoción so-cial, incluyendo los de transferenciasmonetarias condicionadas. El aumentodel ingreso de las familias pobres provo-cado por esos programas puede reducirlos niveles de sobrecarga y precariedaddel trabajo reproductivo en esas fami-lias. Además, se han registrado efectospositivos en el empoderamiento de lasmujeres beneficiarias (Monge, 2006b).Pero también se ha notado que son lasmujeres las que deben emplear su tiempopara cumplir los compromisos de las fa-milias que son condición para las transfe-rencias (Serrano, 2005: 24). Podrían sinembargo, ser rediseñados para ampliarsus efectos positivos en la conciliación yen los patrones de género 11.

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

9 En Uruguay y Costa Rica, el seguro de enfermedad cubre también a trabajadores(as) por cuenta pro-pia; y en Costa Rica, a las cónyuges y familiares de trabajadores(as) asegurados (Martínez y Camacho,2005).10 La flexibilización laboral con sentido conciliatorio facilita la conciliación de los tiempos productivos yreproductivos de las mujeres, más no la de los hombres (Astelarra, 2005).11 Uno de los apoyos a las familias beneficiarias del programa Chile Solidario es la inclusión de los(as) ni-ños(as) en edad temprana en los Jardines Infantiles de la JUNJI (Valdez, 2005 en Monge, 2006b). Este esun buen ejemplo de vinculación entre políticas de alivio de la pobreza y políticas conciliatorias.

129

De acceso al mercado laboral

En la región siguen siendo débiles las po-líticas para la inserción de las mujeres enel mercado laboral y de la población labo-ral en general. Las mejores políticas degeneración de empleo han sido las deatracción de inversiones, liberalización demercados, y promoción de exportacio-nes. A lo más, se ha avanzado en promo-ver la empleabilidad. Pero hay un vacíoen generación de empleo de calidad. EnCamacho y Martínez (2006) se mencionala existencia de programas de capacita-ción para el empleo de mujeres pobres enArgentina, Brasil, Chile y Costa Rica, y deincentivos y crédito para la contrataciónde jefas de hogar en Argentina y Brasil.

Regímenes de bienestary conciliación en América Latina

Las políticas públicas conciliatorias seinsertan en una institucionalidad dada,y bajo cierto tipo de relaciones entre es-tados, mercados y familias. Esas rela-ciones se tipifican acá mediante la no-ción de régimen de bienestar, la cual seubica en un nivel intermedio entre loscasos nacionales y la región en su con-junto. En la tipología de regímenes debienestar desarrollada por MartínezFranzoni (2007a y 2007b) a partir de 18países de la región, se identifican tres ti-pos principales. Dos tienen estado fuer-te y uno, estado débil.

Los países con régimen de bienestarestatal tienen en común una moderniza-

ción temprana y una transición demo-gráfica completa o avanzada. Compren-de a países como Argentina, Chile, Bra-sil, Uruguay, México, Costa Rica (uncaso de modernización tardía pero muyrápida) y Panamá (un caso peculiar porsu relación tan alta con los Estados Uni-dos). El ajuste de las economías y laredefinición del papel del Estado que tu-vieron lugar en los años ochenta y no-venta diferenció la manera en que se ar-ticulan los estados, mercados y familiasen estos países (Filgueira y MartínezFranzoni, 2002). Algunos países hicieronese cambio de manera rápida y radical(Argentina y Chile, p. ej.). Otros, comoCosta Rica, Brasil y Uruguay, hicieronajustes más heterodoxos y reticentes.

Actualmente, Argentina y Chile tienenun manejo de riesgos (como la salud, laenfermedad, la vejez) con mayor prota-gonismo del gasto de bolsillo que paí-ses como Uruguay o Costa Rica. Confor-man un régimen estatal-productivistaen el que la intervención del Estado estáfuertemente orientada a la formación decapital humano. Es bajo esta lógica quepodría profundizarse la política públicaconciliatoria. En cambio, Brasil, Uru-guay y Costa Rica, entre otros, tienen unmayor manejo colectivo de riesgos y lapolítica pública aún da prioridad a laprotección social.

En ambos grupos de países el trabajoformal sigue siendo predominante anteel informal. Los mercados laborales sonprincipalmente internos y el nivel de in-gresos es alto o medio alto. Además, el

Juliana Martínez y Guillermo Monge

130

Estado tiene capacidades instituciona-les y técnicas altas en comparación conlos otros países de la región.

Los países con régimen informal-fami-liarista tienen en común una moderniza-ción tardía o trunca así como una transi-ción demográfica reciente. Tienen unahistoria política autoritaria, escasa expe-riencia con un Estado redistribuidor, yuna institucionalidad muy débil. Losprogramas sociales tienen una alta de-pendencia de financiamiento externo,

son inestables, y tienen escaso alcancepara la magnitud de los retos que en-frentan. Los mercados laborales estánaltamente transnacionalizados y lasremesas son esenciales para suplir in-gresos y para permitir a la poblaciónresponder a imprevistos. Véase el cua-dro 1.

El escenario para la política conciliato-ria varía mucho entre los dos primerosregímenes y el tercero, tanto en la insti-tucionalidad pública como en las es-

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

131

CUADRO 1. Tipos de regímenes de bienestar en América Latina

Estatal- Estatal- Informal-productivista proteccionista familiarista

Altamente formales y domésticos Altamente informales Mercados y trasnacionaleslaborales Baja proporción de independientes Alta proporción de

no calificados independientes no calificados

Baja proporción cónyuges con trabajo Alta proporción cónyuges remunerado (excepto Uruguay) con trabajo remunerado

Alta proporción de

Familiasfamilias extensas o

Baja proporción de familias extensas compuestas y o compuestas reorganización de roles

que haga frente a alta proporción de emigrantes

Desarrollada y con Desarrollada y con Poco desarrollada y con gasto por habitante gasto alto por gasto muy bajo por muy alto habitante habitante

Política pública Centralidad de Centralidad de Centralidad de manejo manejo individual manejo colectivo de familiar de riesgosde riesgos riesgos (excepto

México)Institucionalidad Fuerte Fuerte Débil

FUENTE: Juliana Martínez Franzoni (2007a): Regímenes de bienestar en América Latina. Madrid: FundaciónCarolina.

tructuras sociales y los mercados labo-rales. Entre el primer y el segundo régi-men también varía en el tipo de políti-cas públicas viables, en función de losdistintos énfasis en sus perfiles de polí-tica.

Los países que enfrentan mayorestensiones entre lo productivo y lo re-productivo (aquellos pertenecientes alrégimen informal-familiarista) son pre-cisamente los que cuentan con menosopciones (vía estado o vía mercado)para reducirlas. Un objetivo conciliato-rio que conviene mantener es el de des-familiarizar y desfeminizar el cuidadode dependientes. En este sentido, sepuede avanzar por dos vías: primero,dentro de las tímidas políticas socialesexistentes, en particular la educativa; y,segundo, promoviendo redes socialesfuertemente basadas en relaciones co-munitarias.

En los países estatal-productivistas yproteccionistas, los márgenes para am-pliar el ámbito de la política pro-con-ciliación son mucho mayores, pues sepuede aprovechar una institucionalidadsectorial y de combate a la pobreza rela-tivamente extendida.

Para profundizar la política pública conefectos conciliatorios, los tres regíme-nes de bienestar plantean «pisos» dis-tintos en materia de:

a) programas focalizados destinado ala población de escasos recursos,que en los países con régimen in-

formal-familiarista son la principalpolítica social aunque tienen carác-ter residual en términos de tipo deservicios, nivel de financiamiento, ypapel del Estado frente a demandassobre familias y comunidades;

b) disponibilidad de infraestructurasocial básica de agua, salud, edu-cación, vivienda, etc., la cual es re-lativamente buena en países conrégimen estatal aunque en paísesde tamaño grande como México yBrasil presentan grandes variacio-nes entre los ámbitos rural y urba-no; y

c) existencia de sistemas de seguridadsocial: estos están privatizados ytienen muy escasa cobertura en paí-ses con régimen informal-familia-rista; y son privatizados, mixtos opúblicos con cobertura relativa-mente alta en países con régimenestatal-productivista o proteccio-nista.

Los «techos» de las aspiraciones via-bles en materia de políticas con efectosconciliatorios también varían según ré-gimen. En los países con régimen esta-tal la política pública puede plantearse,aunque con dificultad, objetivos de co-hesión e integración social. Esa metaes más viable en los países con régi-men estatal-proteccionista, donde haymayor valoración de la importancia delmanejo colectivo de riesgos. En los paí-ses con régimen informal-familiarista,la reducción de la pobreza es la metamayor que los gobiernos suelen plan-tearse.

Juliana Martínez y Guillermo Monge

132

TENDENCIAS DEMOGRÁFICASY ECONÓMICAS QUE AFECTANLAS CONDICIONES DE CONCILIACIÓN 12

El proceso de transición demográficaestá generando impactos contradicto-rios sobre las condiciones de concilia-ción. Por una parte, la reducción de laproporción entre niños(as) y mujeresque resulta de la reducción sostenida enla fecundidad, y la disminución por va-rias décadas de la proporción de depen-dientes por mujer activa que se derivadel fenómeno del «bono demográfico»(CEPAL, 2004), apuntan en el sentido dereducir el tiempo de trabajo reproducti-vo y de favorecer la incorporación labo-ral de las mujeres. Por otra parte, es sa-bido que al finalizar la primera cuartaparte del siglo XXI en los países que es-tán en una fase de transición demográfi-ca avanzada se superpondrá la tenden-cia al envejecimiento poblacional con elrepunte de la tasa de dependencia de-mográfica. En ese momento las oportu-nidades económicas y sociales que ofre-ce el «bono demográfico» empezarán acaducar; a la vez, tenderá a aumentar eltrabajo reproductivo doméstico relacio-nado con el cuidado de personas adul-tas mayores.

Los cambios en las estructuras produc-tivas y los mercados laborales asocia-dos a la globalización económica tam-

bién causan impactos en las opcionesde conciliación de las mujeres (Guzmány Todaro, 2002). Varios de esos impac-tos tienden a elevar las tensiones entrelos ámbitos productivo y reproductivo.Por ejemplo, un número creciente deempresas está aplicando estrategias deflexibilización laboral para disminuircostos y aumentar su competitividad 13.Es frecuente que estas estrategias noestén diseñadas para compatibilizar lasresponsabilidades familiares con las la-borales, y que más bien generen obs-táculos para el trabajo productivo de lasmujeres o lo precaricen. Por otra parte,los costos sociales de los procesos deajuste estructural en las economías lati-noamericanas han sido absorbidos enbuena medida por las mujeres, las cua-les deben aumentar sus cargas de tra-bajo reproductivo para hacer rendir losingresos cada vez más limitados (Be-nería, 2005). A la vez, la globalizaciónproductiva ha aumentado las oportuni-dades laborales de las mujeres latinoa-mericanas. Por ejemplo, grandes con-tingentes de mujeres de las zonasrurales han podido romper con modostradicionales de reproducción para in-sertarse en agroindustrias rurales o enempresas manufactureras para la ex-portación, y de esta forma acceder aformas de vida más favorables a laigualdad de género (Benería, 2005; Guz-mán y Todaro, 2002).

Políticas con efectos conciliatorios en América Latina

12 Esta sección está basada en Monge (2006b).13 Sobre las tendencias a la flexibilización sin conciliación en Brasil, Chile, Panamá y México, véanse Pau-tassi, Faur y Gherardi (2004); Monge y González (2005) para Costa Rica; Yáñez, Medem y Díaz (2001) paraChile; Sorj (2004) para Brasil; De León y Atencio (2005) para Panamá; y Matarazzo (2005) para México.

133

DISEÑO DE POLÍTICAS Y ACTORES QUE LAS PROMUEVAN

Para el diseño de intervenciones estata-les dirigidas a mejorar las condicionesde conciliación, es conveniente distin-guir entre las políticas conciliatorias ais-ladas y las estrategias políticas que in-cluyen conjuntos de políticas diversas.Algunas políticas podrían no reunir re-quisitos para ser consideradas concilia-torias, pero pueden ser esenciales parael éxito de una estrategia de concilia-ción. Además, la integración de distin-tas políticas en estrategias unificadaspuede ayudar a contrarrestar efectos nodeseados de ciertas políticas aisladas.14.En su formulación más ambiciosa, lasestrategias de conciliación trabajo-fami-lia deberían apuntar hacia modelos dedesarrollo humano en los que la igual-dad de género ocupe un lugar priorita-rio (Benería, 2004).

¿Cuáles serían las coaliciones de acto-res que podrían promover la concilia-ción? Con respecto a las organizacionesde mujeres, en Martínez y Camacho(2007) se señala que una limitación paraque esas agrupaciones impulsen políti-cas pro-conciliación es que el tema deltrabajo reproductivo —a diferencia de

otros, como la participación política—tiende a atomizar a las mujeres segúnsu condición socioeconómica. Nótesepor ejemplo que aún en países donde elmovimiento feminista ha incidido a fa-vor de los derechos de las trabajadorasdomésticas, los logros han sido muy li-mitados 15. Además, las mujeres organi-zadas en América Latina han puestomás énfasis en incorporarse a la vidapública que en reposicionar la privada(Sonia Álvarez et al., 2002).

¿Qué otros actores podrían promoverpolíticas pro-conciliación?; ¿es posibleaspirar a una economía política favora-ble al cambio? A favor de esa aspiraciónestá el hecho de que el tema de la conci-liación favorece la confluencia entre dis-cursos justificativos de distintas proce-dencias: el de la competitividad y laproductividad, el de la igualdad de gé-nero, el de los derechos de la niñez o losadultos mayores, etc. Pero además, espreciso lograr que actores que no nece-sariamente están preocupados por laconciliación vean ganancias en las polí-ticas que la promueven. Por ejemplo,que los empresarios vean una oportuni-dad para elevar la productividad en laampliación de las opciones de cuidadode los hijos/as de sus trabajadores/as.

Juliana Martínez y Guillermo Monge

14 Por ejemplo, el impulso simultáneo de políticas de ampliación del empleo femenino y de reduccionesen los servicios estatales de cuidado infantil, como ocurrió en Brasil durante la crisis económica de 1998(Benería y Rosenberg, 1999).15 En Brasil, la presión política de varios actores sociales (entre ellos, el Sindicato de Empleadas Domésti-cas, el movimiento feminista y el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer) fue esencial para que enla Constitución Federal de 1988 se corrigieran algunas de las discriminaciones contra las servidoras do-mésticas. Sin embargo, importantes discriminaciones con respecto a la legislación laboral general se-guían vigentes en el año 2004 (Sorj, 2004, citado por Monge, 2006b).

134

INTRODUCCIÓN

Manifestar extrañeza ante la actual po-pularidad del término conciliación de lavida laboral y familiar así como descon-fianza ante las correspondientes reco-mendaciones y políticas impulsadasdesde la Unión Europea suele crear reac-ciones de rechazo e incluso animosidad.Pero lo cierto es que aunque muchasson las voces que intervienen en el de-bate, el rigor conceptual empleado entorno al término conciliación no sueleser tan abundante, algo demasiado habi-tual en el ámbito de las ciencias sociales.Las especialistas que revisaron histó-ricamente el concepto de conciliaciónconstituyen una de las excepciones a lanorma. Desde su perspectiva, ese con-cepto aparece en el siglo XIV bajo laacepción de acercamiento de mundoscontrarios y ha llegado hasta nuestrosdías en su dimensión jurídica y laboralamparado, incluso, por la OIT 1. Las auto-ras proponen el rechazo del término ensu acepción actual. El motivo de unapropuesta tan radical es el que, en buenamedida, orienta los argumentos y refle-xiones planteados en este texto que tie-ne como objetivo cuestionar las políticaseuropeas de conciliación. Unas actuacio-nes cuyo éxito puede y debe ser revisa-do a pesar de la corrección política de la

solución ideada. Porque las voces quereclaman o se apuntan a la estela exitosasuelen olvidar que las políticas de conci-liación de la vida laboral y familiar noson más que estrategias laborales paraaumentar la presencia de las mujereseuropeas en el mercado de trabajo.Siendo precisamente esa estricta orien-tación la que ensombrece el éxito o per-mite su cuestionamiento.

Tales planteamientos se basan en análi-sis capaces de mostrar cómo las políti-cas de conciliación refuerzan la divisiónsexual del trabajo en el hogar-familia,aunque, en principio, ése no sea el pro-pósito de tales políticas. Esos análisisponen en evidencia cómo la conciliaciónentre la vida laboral y familiar no puedellevarse a cabo, de manera satisfactoria,porque afecta a la centralidad que eltiempo de trabajo, entendido en clave dejornada laboral, tiene en la organizaciónde las sociedades del bienestar, de lasciudades y de la vida cotidiana de laspersonas. Tal argumentación encuentrasus referentes en los balances de las ac-tuales políticas de regulación y reorde-nación de la jornada laboral en Europa,(Torns, Miguélez y otros, 2006). En losanálisis que evalúan el impacto de laspolíticas europeas de igualdad de opor-tunidades en el mercado de trabajo (Ru-

5. POLÍTICAS DE GÉNERO Y BIENESTAR: ¿LA CONCILIACIÓNCOMO RESPUESTA?

Teresa Torns *

* teresa.torns@uab.cat, Departamento de Sociología- UAB.1 Véase la recomendación nº 123 de la OIT en 1965, sobre el trabajo y la incidencia de las responsabilida-des familiares en la débil participación laboral femenina. Asimismo véase A. Junter-Loiseau y C. Tobler(1999): «Reconciliation of domestic and care work with paid work. Approaches in international legislationand policy instruments and in the scientific discours», en O. Hufton e Y. Kravaritou (1999): Gender and theuse of time, La Haya, Kluwer Law Int., como ejemplo de especialistas que revisaron históricamente el con-cepto de conciliación.

135

bery y otros, 2004). Y, como no, en aque-llos estudios que ponen de manifiesto laincapacidad de las políticas de géneropor romper el modelo male breadwinneren el que se sustenta el Estado del Bien-estar, vigente en Europa desde 1945.

Las políticas de tiempo suelen plantear-se como alternativas a las actuales polí-ticas de conciliación. Son, a criterio dequienes las defienden (Torns, Borrás yotros, 2006) uno de los retos para repen-sar las políticas de bienestar en clave decotidianidad y sincronía. Dos caracterís-ticas ineludibles para lograr que la con-ciliación sea viable. La renovación de uncontrato social entre hombres y mujeresque hoy en día convierte a las mujeresen principales cuando no en únicas des-

tinatarias de las políticas de conciliaciónes también un elemento irrenunciableen este nuevo escenario.

UNA SITUACIÓN DESIGUAL DE PARTIDA

En España, al igual que en el resto de lospaíses europeos, la desigual distribu-ción de la carga total de trabajo entrehombres y mujeres es una realidad queaumenta a medida que crece el empleofemenino. Una realidad que han hechoevidentes los datos de las encuestas deluso del tiempo, a pesar de las dificulta-des de medición que plantean. Y que,hoy en día, tras la reciente homologa-ción europea (EUROSTAT), incluso per-miten precisar cómo las españolas 2 sonlas mujeres que más tiempo dedican altrabajo doméstico, junto a las italianas.En la posición opuesta, tal como puedecomprobarse en el cuadro 2, se sitúanlos hombres españoles que, de nuevojunto a los italianos, son los que dedicanmenos tiempo a ese tipo de trabajo.

Las razones de tal situación son diversas,si bien pueden sintetizarse puntualizandoque la doble presencia es uno de los ras-gos fundamentales de la manera de viviry pensar en femenino en las sociedadesindustrializadas y urbanas donde las mu-jeres asumen, a la vez, la actividad pro-ductiva y reproductiva. Esta doble dimen-

Teresa Torns

2 Los datos de la encuesta española corresponden a 2001, año en que por primera vez el INE promueveuna encuesta de este tipo. Con anterioridad, los estudios de M. A. Durán desde el CSIC han sido pioneros,siendo los del cuadro 1 una muestra de los más recientes.

136

CUADRO 1. Uso de tiempo dedicadoa crianza de hijos/as entrehombres y mujeres en España

Período horas- Génerosminutos/día

laborables 0,37 hombres1,56 mujeres

sábados 0,56 hombres1,52 mujeres

domingos 0,63 hombres1,45 mujeres

tiempo semanal 3,03 hombres10,78 mujeres

tiempo anual 157,76 hombres561,97 mujeres

FUENTE: CSIC (2005).

sión debe ser tenida en cuenta para com-prender tanto las condiciones materialesde existencias como los imaginarios co-lectivos que presiden la vida cotidiana dehombres y mujeres. Un escenario en elque el trabajo de cuidado de personas es-tablece diferencias y desigualdades degénero muy significativas. En este punto,debe recordarse, además, que tales ima-ginarios sólo suelen apelar al cuidado delos hijos e hijas y eluden el aumento delas necesidades de cuidado de las perso-nas mayores dependientes, especialmen-te notorias en España y en otros paíseseuropeos. Un olvido que, como no podía

ser de otro modo, tiene amplias conse-cuencias en la aceptación y viabilidad delas políticas de conciliación.

En cualquier caso, España es un excelen-te ejemplo de las dificultades que plan-tean las políticas de conciliación de lavida laboral y familiar. Porque la mayorparticipación laboral femenina no ha idoacompañada por el aumento de la pre-sencia masculina en el trabajo domésti-co-familiar. Asimismo, el debate sobre eldeclive del modelo familiar male bread-winner que las especialistas británicassostienen 3 se traduce de manera clara

Políticas de género y bienestar: ¿la conciliación como respuesta?

3 Véanse las últimas aportaciones de Rose Mary Crompton y Jane Lewis.

137

CUADRO 2. Uso del tiempo entre hombres y mujeres (20-74 años) en algunos paíseseuropeos en horas y minutos por día

Mujeres Bélgica Italia Francia Finland. Suecia Reino EspañaUnido

Trabajo pagado, estudios 2:07 2:06 2:31 2:49 3:12 2:33 2:26Trabajo doméstico 4:32 5:20 4:30 3:56 3:42 4:15 4:55Trayectos, viajes 1:19 1:14 0:54 1:07 1:23 1:25 1:05Dormir 8:29 8:19 8:55 8:32 8:11 8:27 8:32Comidas/cuidados personales 2:43 2:53 3:02 2:06 2:28 2:16 2:33Tiempo libre 4:50 4:08 4:08 5:30 5:04 5:04 4:29Total 24 24 24 24 24 24 24

Hombres Bélgica Italia Francia Finland. Suecia Reino EspañaUnido

Trabajo pagado, estudios 3:30 4:26 4:03 4:01 4:25 4:18 4:39Trabajo doméstico 2:38 1:35 2:22 2:16 2:29 2:18 1:37Trayectos, viajes 1:35 1:35 1:03 1:12 1:30 1:30 1:16Dormir 8:15 8:17 8:45 8:22 8:01 8:18 8:36Comidas/ cuidados personales 2:40 2:59 3:01 2:01 2:11 2:04 2:35Tiempo libre 5:22 5:08 4:46 6:08 5:24 5:32 5:17Total 24 24 24 24 24 24 24

FUENTE: Encuestas nacionales usos del tiempo, Aliaga-EUROSTAT (2006).

en España. Ya que la tradición de la fami-lia patriarcal persiste, por un aumentode la doble presencia femenina, sin queapenas aumente la doble presencia mas-culina. Probablemente porque acabarcon este absentismo masculino de lastareas domésticas y familiares es unacuestión que no depende solamente dela voluntad individual ni pueda resolver-se únicamente desde el ámbito privado.De ahí que la conciliación no sea viableporque difícilmente atiende la necesidadde que existan unas políticas públicasorientadas a conseguir un reparto másequilibrado de la carga global de trabajoentre hombres y mujeres.

LAS POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN

Como es sobradamente conocido, lasactuales políticas de conciliación de lavida laboral y familiar surgen como re-sultado de las Estrategias Europeas deEmpleo, dentro del apartado destinadoa las Políticas de Igualdad (4º pilar). Esasactuaciones reconocen que la Unión Eu-ropea (UE) debe afrontar una nueva es-trategia en sus políticas de empleo, parael siglo XXI, en las que se cabe hacer unesfuerzo especial para conseguir laigualdad entre hombres y mujeres en elmercado de trabajo. Y, en consecuencia,garantizar una mejor conciliación entrela vida familiar y laboral. Según estoscriterios, queda claro que las actualespolíticas de conciliación en la UE nacenpara promover el empleo y, en concreto,el empleo femenino. Son, por lo tanto,

medidas deudoras de una lógica pro-ductivista, como tantas otras medidaslaborales de equidad de género (Ru-bery, Figueiredo y otros, 2004). Actua-ciones que, aun antes de la conciliación,han tratado de aumentar el empleo fe-menino sin tomar en consideración ni lalógica segregadora y discriminadora delmercado de trabajo femenino ni la des-igual distribución de la carga global detrabajo entre hombres y mujeres. Sonpolíticas que por ello no contemplancomo debieran la importancia de la divi-sión sexual del trabajo en el hogar-fami-lia o si se prefiere la existencia del trabajodoméstico-familiar. Y, en consecuencia,lejos de evitar que las mujeres acumu-len una mayor carga total de trabajo, di-fícilmente redundan en favorecer laigualdad de oportunidades entre muje-res y hombres (Stratigaki, 2004).

Por lo general, las principales medidasque contemplan las actuaciones a favorde la conciliación, en España al igualque el resto de las medidas europeas, sebasan en la ampliación de los permisoslaborales, principalmente los de mater-nidad y en la promoción de servicios deatención a la vida diaria (SAD). En reali-dad, tales actuaciones se orientan, pri-mordialmente, hacia el aumento de ladisponibilidad laboral de la poblaciónocupada priorizando las necesidades decompetitividad de las empresas, por en-cima de las necesidades de esa pobla-ción. En consecuencia, son actuacionesque no cuestionan la centralidad que eltiempo de trabajo remunerado tiene enla organización social de la vida cotidia-

Teresa Torns

138

na de las personas, de las empresas yde las ciudades. De igual modo, los servi-cios de atención a la vida diaria, cuandoexisten, suelen ser planteados y recla-mados como si sólo fuesen una necesi-dad de las madres trabajadoras y/o delas familias y no como derivados de losderechos de ciudadanía con carácteruniversal e individualizado 4.

De hecho, puede afirmarse que uno delos principales inconvenientes de laspolíticas de conciliación es que única-mente permiten afrontar períodos detiempo laboral que tienen un carácterexcepcional. O, dicho de otro modo, lospermisos laborales que la conciliaciónpermite atender tienen que ver con perí-odos que quedan fuera de la cotidiani-dad y normalidad de la vida laboral delas personas. En concreto, son permisosde maternidad y/o de cuidados de per-sonas mayores dependientes que sonutilizados casi exclusivamente por mu-jeres. En España, al igual que otros paí-ses europeos aunque existe un permisode paternidad 5, al no tener carácter obli-gatorio por ley, como sucede en los paí-ses escandinavos, apenas incide en lapoblación masculina, tal como puedeverse en el cuadro 3. Este carácter labo-ral de los permisos de conciliación es

una de las razones por las que no suelensolucionar los problemas cotidianos de-rivados de las tareas del cuidado de laspersonas, en particular, del relacionadocon el cuidado de las personas mayoresdependientes. Este tipo de problemascotidianos requieren, por el contrario, lareducción de la jornada laboral en clavesincrónica y cotidiana para todo el mun-do y no sólo para las mujeres. Ya que sisólo se confía en las políticas de conci-

Políticas de género y bienestar: ¿la conciliación como respuesta?

139

4 La ley de autonomía personal y dependencia española (diciembre 2006) permite abrigar algunas espe-ranzas dado que plantea el desarrollo de servicios universales e individualizados, aunque las expectativascreadas corren el riesgo de verse frustradas por la insuficiente dotación presupuestaria que parece acom-pañarla.5 La reciente ley de igualdad española (marzo 2007), prevé un permiso de paternidad, no obligado por ley,de 15 días. La actual ley de conciliación, vigente desde noviembre de 1999, sólo permite que el padre tomeese permiso si la madre renuncia a una parte del permiso de maternidad. Una medida que, además, redu-ce el permiso de paternidad a los casos en que la madre tiene actividad laboral.

CUADRO 3. Permisos de maternidad/paternidad en España

Ambos sexosAños (Datos % Madres

absolutos)1996 127.739 —1997 146.971 —1998 148.751 —1999 165.946 —2000 192.422 99,032001 208.695 98,692002 224.419 98,522003 239.858 98,462004* 282.080 98,372005* 299.605 98,24

* Los datos están referidos a noviembre.

FUENTE: Instituto de la Mujer, a partir de los datosde la Seguridad Social.

liación, se corre el riesgo de reforzar lasdesigualdades entre hombres y mujeresy de crear desigualdades de etnia, talcomo sucede en España y en los paísescon modelos de bienestar mediterráneo.Unos países donde, tal como señalanlas especialistas (Bettio, Bonazzi y Villa,2004), los escasos y caros servicios deatención a las personas dependientesconsagran la existencia de un modelofamilista de bienestar al que se le añadeuna mujer emigrada, por lo general, ensituación de economía informal.

LAS POLÍTICAS DE TIEMPO COMOALTERNATIVA A LA CONCILIACIÓN

El debate sobre las políticas de tiempoha abierto un camino alternativo paraencontrar soluciones a las dificultadesque plantea la conciliación. Asimismo,otras voces reclaman afrontar esas difi-cultades revisando el actual contrato so-cial entre hombres y mujeres, en parti-cular las especialistas que analizan elEstado del Bienestar desde la perspecti-va de género. En ese contexto, la necesi-dad de organizar socialmente el cuida-do, traducción de lo que los británicosdenominan social care, parece ser unapieza clave para lograr una mayor equi-dad democrática en las sociedades con-temporáneas. Solidarias con esa de-manda aparecen algunas de las vocespartidarias de unas políticas de tiempocentradas en revisar la actual relaciónentre el tiempo y el trabajo (entendidocomo carga global de trabajo). Unas po-

líticas de tiempo que, de manera priori-taria e ineludible, reclaman la negocia-ción colectiva de la actual flexibilizacióny desregulación de la jornada laboral.Esas mismas políticas se quieren, asi-mismo, orientadas hacia un horizontedonde el tiempo de vida y la sostenibili-dad sean el objetivo a alcanzar a largoplazo y el bienestar cotidiano la finali-dad más inmediata.

Unos balances efectuados en torno alas políticas de tiempo (Torns, Borràs yotros, 2006), permiten dibujar los prin-cipales rasgos que las definen. La hipó-tesis sobre su aparición fija una doblevía. La primera, tiene a Italia como paísde origen, finales de la década de losaños ochenta del siglo XX como fechade inicio y el anteproyecto italiano co-nocido como «ley del tiempo» como elesbozo de las primeras propuestas. Lasegunda vía, que sin reconocerlas con-solida las políticas de tiempo, se des-arrolla durante estos últimos veinte añosde la mano de los especialistas y políti-cos que tratan de afrontar la crisis delempleo industrial, en Europa, reorgani-zando el tiempo de trabajo, desregulan-do la jornada laboral y convirtiendo laflexibilidad en palabra clave. El núcleocentral de las políticas de tiempo queexisten realmente, en la actualidad, tra-tan de girar en torno a los tres ejes queconformaron el proyecto italiano quenunca fue ley pero que marcó los pun-tos fundamentales que deben tomarseen consideración. Como es preciso re-cordar, el primer eje pretendía regularla jornada laboral reclamando su reduc-

Teresa Torns

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ción diaria para todo el mundo; el se-gundo pretendía fijar una serie de pro-puestas capaces de regular el tiempo alo largo del ciclo de vida, y, el últimoideaba actuaciones para ordenar y re-gular el tiempo de la ciudad. Este últi-mo apartado es el único que ha facilita-do el desarrollo de actuaciones que sonreconocidas como políticas de tiempo,siendo numerosas y diversas las ciuda-des europeas que, en la actualidad, lle-van a cabo actuaciones de este tipo.A pesar de esa heterogeneidad, pare-cen dibujarse dos grandes grupos depolíticas de tiempo de la ciudad. En pri-mer lugar, las políticas urbanas de tiem-po o políticas que consideran la ciudadcomo espacio material donde poderplanificar, regular y ordenar los múlti-ples usos sociales del tiempo en el terri-torio urbano. En segundo lugar, las po-líticas de tiempo que se orientan afacilitar el bienestar de la ciudadanía yque toman la vida cotidiana como esce-nario de actuación. Por último, este pri-mer balance sobre las políticas de tiem-po recoge la idea de que sea el que seasu enfoque o el contenido concreto detales actuaciones, las únicas que resul-tan prioritarias para configurar alterna-tivas son las políticas en torno al tiem-po de trabajo (remunerado). Dicho deotro modo, no pueden planearse políti-cas de tiempo que no contemplen lacentralidad del tiempo de trabajo en laorganización social y en la vida cotidia-na de las personas.

Tal argumentación supone que en un fu-turo inmediato, debe pensarse en la

conveniencia de aumentar los permisoslaborales permitidos por la conciliación(de atención y cuidado a las personasdependientes) y luchar (a través de lanegociación colectiva) para obtenerotros permisos (de formación, sabáti-cos, de libre disposición personal, etc.),para que todas las personas ocupadas yno sólo las capas más privilegiadas pue-dan alcanzarlos. Ya que si las políticasde tiempo deben tener algún sentidocomo promotoras del bienestar cotidia-no, es necesario arbitrarse jornadas la-borales que tengan como horizonte elintercambio de tiempo por tiempo y node tiempo por dinero (salario). Este ob-jetivo que, en la actualidad, sólo los másprivilegiados pueden alcanzar está en labase del cambio de una sociedad sala-rial anclada todavía en una época dora-da del empleo industrial que parece difí-cil recuperar. Nadie duda de que eseobjetivo no sólo dependa de las políti-cas de tiempo pero parece posible quetales actuaciones pueden contribuir a al-canzarlo.

LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO SOCIALENTRE HOMBRES Y MUJERES

En la tesitura, sin lugar a dudas utópica,de pensar que las políticas de tiempopueden plantear alternativas a las políti-cas de conciliación es preciso reclamar,además, la renovación del contrato so-cial entre hombres y mujeres. Son,como ya se ha citado, numerosas las vo-ces que proponen el cambio de las pau-

Políticas de género y bienestar: ¿la conciliación como respuesta?

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tas socioculturales vigentes en torno almodelo familiar male breadwinner queha hecho posible la existencia del Esta-do del Bienestar en Europa. Ya que sibien es cierto que la mayor presencia delas mujeres en el mercado de trabajo halaminado ese modelo familiar, el pesosimbólico del mismo cuestiona su decli-ve y convierte en perentorio la revisióndel pacto. Otrosí, simples cuestionesdemográficas ampliamente probadaspermiten abundar en la idea de que lasmujeres europeas difícilmente van acontinuar al frente de las tareas del cui-dado del hogar y de las personas de lafamilia, aun sintiéndose obligadas mo-ralmente a ello, por la merma de efecti-vos en la generación de «mujeres sand-wich» 6. En este escenario, no parecepues tan descabellado demandar que elEstado del Bienestar organice social-mente el cuidado. Y revisar, de paso, losconsensos y legitimidades sociales entorno a los conceptos de autonomía ydependencia, más allá de los criterioseconómicos que hasta ahora los han de-finido. España es un ejemplo inmejora-ble de la persistencia del contrato socialentre hombres y mujeres, aunque sólosea a nivel simbólico, si se analizan las

dificultades culturales con las que tro-pieza la conciliación.

El desarrollo de unos servicios SAD demanera universal e individualizada, aligual que se ha logrado en la sanidad ola enseñanza, pueden y deben ser elinstrumento más inmediato para lograr,a corto plazo, una conciliación viablepara toda la población ocupada. Consti-tuyen, además, según las estudiosasdel Estado del Bienestar, uno de los ele-mentos fundamentales para lograr laequidad entre géneros. Por otra parte,no sólo constituyen la diferencia prin-cipal entre los Estados del Bienestareuropeos del norte y el sur sino queademás explican las diferencias en elvolumen de empleo femenino existenteen cada uno de esos países. Su deman-da es la base de la coincidencia de lo sa-berse y las prácticas de las mujeres delnorte y del sur. Y un elemento clave deesa coincidencia son las voces críticasante la conciliación que postulan la ne-cesidad de renovación del contrato so-cial entre hombres y mujeres. Llegadosa este punto, el optimismo aunque mo-derado parece no sólo posible sino obli-gado.

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6 Esa denominación alude a las mujeres entre 45 y 65 años que, especialmente en los países del sur de Eu-ropa, tienen a su cargo el cuidado de los hijos e hijas y además afrontan simultáneamente, el cuidado delas personas mayores dependientes.

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En esta última sección se intenta reco-ger todas aquellas reflexiones y debatesque apuntan a la construcción de unproyecto sociopolítico de género y co-hesión social.

Desde este punto de vista J. Subiratsnos lleva a un debate fundamental res-pecto a la «Participación política y espa-cio ciudadano», es decir, discutir sobrela dimensión política de esos cambiosy, en particular, sobre el papel en quequeda la ciudadanía, la gente y sus or-ganizaciones, en la arena política a laluz de estas transformaciones. No esposible entender este tipo de cambiospolíticos sin intentar al menos una mi-rada más global sobre el conjunto delos cambios sociales. Por ende se debeanalizar la cohesión social desde diver-sos planos y en el complejo contextoactual ya que donde antes había un Es-tado-nación regulador y redistribuidor,ahora tenemos un Estado desregula-dor, dependiente y reactivo a los dic-tados de la globalización económica,etc. La participación ciudadana, trans-formación social y espacio ciudadanoson temas que deben entenderse enel contexto actual, en donde la polí-tica y la democracia deben ser vistascomo algo colectivo, comunitario, no es-trictamente individual y representativo,y tampoco estrictamente vinculado aunas reglas de juego. Recuperar la fuer-za transformadora de la democracia im-plica recuperar su sentido deliberativo,de construcción social de problemasy de soluciones.

En esta perspectiva M. J. izquierdo ensu artículo «La solidaridad y los intere-ses en la base de la ciudadanía» nospropone una revisión del concepto deciudadanía. El ideal de libertad, la ausen-cia de trabas o limitaciones para quecada persona diseñe su propio plan devida se ha impuesto a los principios delas sociedades tradicionales. La asocia-ción de ciudadanos libres se apoya en elinterés o si se prefiere el deseo. Aquí laindividualidad queda absorbida por lafunción que se desempeña. Cuando seimpone la división del trabajo, en con-creto la sexual, la consecuencia es unasobrevaloración de las contribucionespropias a la par que se infravaloran lasajenas, expresión de la resistencia a re-nunciar al propio yo —renuncia con-substancial al ejercicio de una función,que regresa por la puerta trasera, sobre-dimensionando la importancia de lafunción que se desempaña respecto delresto de funciones—. En el caso de lafunción mujer se traduce en resistirse aque las tareas de cuidado se desembo-quen en el desarrollo de la autonomíade las personas a las que se atiende.A partir de esto se pregunta ¿Cuál es lanueva esfera imaginaria que lo hace po-sible? ¿Es compatible ese nuevo imagi-nario con la cohesión social? Por lo querecoge conceptos claves como la solida-ridad; voluntario; relaciones de poder,etc. Esto es importante pues el grado desolidaridad de una sociedad se eviden-cia en la existencia de servicios sociales,asistencia sanitaria y educación de al-cance universal.

III. PROYECTO SOCIOPOLÍTICO DE GÉNERO Y COHESIÓNSOCIAL

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Por su parte el tercer artículo sobre«Contrato social entre hombres y muje-res» de Patrocinio de las Heras planteael desafío de cómo debe ser abordado elproceso de construcción social de la ciu-dadanía y de la lucha de las mujeresfrente a la exclusión, destacando la legi-timidad de las mujeres para promoverun nuevo contrato social mujeres-hom-bres. Finaliza con una breve propuestade los contenidos que debe abordar esenuevo contrato social, entre los que seencuentra el compartir responsabilida-des familiares, empleo y poder, al igualque promover condiciones que posibi-liten una sociedad compartida y másjusta.

El cuarto artículo, «las políticas de géne-ro en América Latina y la cohesión so-cial» de C. Jusidman, está centrado enuna revisión de las políticas de géneroen América Latina considerando el des-arrollo social, económico y político de laregión desde los últimos 70 años. Apun-ta a una reflexión sobre: 1) La forma enque las políticas de igualdad de las mu-jeres y el reconocimiento de sus dere-chos económicos, sociales y culturales,incidieron en una primera etapa, en suintegración social a los beneficios deldesarrollo, contribuyendo a cerrar lasbrechas entre los sexos. 2) Cómo en unasegunda etapa, a partir de los años no-venta, en la que la teoría del género seincorporó en las discusiones del femi-

nismo en América Latina, se pasó a ha-blar de políticas de género relacionadasmás con la reivindicación de derechosciviles y políticos y las relaciones de po-der, sobre las que se habían construidoesos espacios, normas y proyectos. Eneste contexto, examina la experienciade América Latina en la construcción deEstados de Bienestar y el diseño e ins-trumentación de políticas de género.

Por último, el artículo de M. Feijoo sobre«Políticas de género en América Latina»propone una mirada crítica sobre las di-versas políticas en la región y realiza unminucioso análisis de las políticas degénero y los procesos de desarrollo enAmérica Latina y las posibles relacionesexistentes entre ambos. Este artículotiene por objetivo explorar la idea de sies posible formular un modelo de análi-sis que relacione las condiciones devida concretas de las sociedades latino-americanas, la acción de los Estados enmateria de políticas públicas, su impac-to sobre la cohesión social y la relaciónque estos tres procesos han tenido so-bre la posición de la mujer en la región.Propone un modelo de análisis de cohe-sión sensible a la dimensión de géneroque, en el marco de la experiencia his-tórica, articula la combinación de dosvariables (cohesión y dimensión de gé-nero) formulando una tipología que per-mite avanzar en dar respuesta a la pre-gunta inicial.

Proyecto sociopolítico de género y cohesión social

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Que estamos viviendo un periodo deprofundos cambios sociales, econó-micos y políticos parece bastante in-cuestionable. A pesar de ello, seguimosfuncionando mentalmente con los ima-ginarios del bienestar que se utilizaronen Europa entre mediados de las déca-das de 1940 y 1970. Hace más de 30años de esos 30 años. Tiempo suficientecomo para poder observar más allá dela intuición las líneas maestras de mu-chas de esas transformaciones en todoslos planos de la vida social. Y tiempo su-ficiente asimismo como para poder sos-tener que más que una época de cam-bios lo que estamos viviendo es uncambio de época. Con todo, convienetambién señalar que no podemos trazarcon nitidez y precisión el dibujo definiti-vo de las nuevas sociedades que se es-tán construyendo, al menos en todoslos órdenes de la vida social, y que, ade-más, persisten con fuerza todavía ele-mentos no marginales de la época ante-rior, pues los cambios sociales no seconstruyen súbitamente, de un pluma-zo. Son más bien el resultado de la inter-acción entre el funcionamiento estable-cido y lo nuevo que se quiere establecer,para lo cual, además, muchas cosas delpasado pueden resultar funcionales ynadie pugna por cambiarlas.

El objetivo de estas páginas es discutirsobre la dimensión política de esoscambios y, en particular, sobre el papelen que queda la ciudadanía, la gente ysus organizaciones, en la arena política

a la luz de estas transformaciones. Pien-so, con todo, que no es posible entendercabalmente ese tipo de cambios políti-cos sin intentar al menos una miradamás global sobre el conjunto de loscambios sociales.

¿DE DÓNDE VENIMOS?

Muy esquemáticamente, y generalizan-do de un modo seguramente poco rigu-roso, pues en países distintos los proce-sos se han concretado de modo diverso,podríamos caracterizar la época anteriorcon unas pocas y gruesas pinceladas.

Desde un punto de vista económico es-taríamos hablando de economías na-cionales y comercio y cooperación in-ternacional, en una fase expansiva delcapitalismo en América del Norte yEuropa. De la implantación de los mo-delos productivos fordistas a través dela instalación en grandes empresas conprocesos productivos integrados; y deun mercado de trabajo caracterizadopor la existencia de pleno empleo paralos hombres cabeza de familia.

Desde un punto de vista político estaría-mos hablando del protagonismo del Es-tado-nación en el diseño e implantaciónde las políticas tanto económicas (inver-sionistas, monetarias y fiscales) comosociales (redistributivas). Estaríamoshablando también de los partidos de

1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ESPACIO CIUDADANO

Joan Subirats *

* Institut de Govern i Politiques Públiques (IGOP-UAB).

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masas como el instrumento político porexcelencia para conectar a la sociedadcon el Estado y acceder al control delgobierno. Muy especialmente, estaría-mos hablando del gran periodo de la in-clusión política de la clase obrera a tra-vés del sufragio universal y de losgrandes partidos y sindicatos socialde-mócratas y comunistas.

Socialmente, la historia nos remite a unperiodo caracterizado por una estructu-ra social con un fuerte componente declase, tanto en lo material y laboralcomo en lo identitario, y no sólo por loque se refiere a la clase obrera. Las clasemedias se encontraban en proceso deexpansión gracias al funcionamiento delos mecanismos de movilidad social as-cendente y al crecimiento económico; laclase obrera, por su parte, gracias al in-dustrialismo fordista de gran empresa ya los modelos sociales de consumo demasas, se caracteriza por una sólida ten-dencia de homogeneización en las con-diciones de trabajo y en los estilos devida.

En este periodo el conflicto sociopolíti-co se gestiona a través de las grandesorganizaciones sindicales y políticas,sea en la empresa, en el sector producti-vo o en el territorio, y el Estado ejerce,con legitimidad y recursos, un papel deárbitro de la contienda claramente esco-rado hacia la salvaguarda de los meca-nismos básicos de funcionamiento delsistema (capitalista de bienestar). A estoayuda que el capital sea nacional y estérelativamente basado en organizacio-

nes que representan sus intereses; yque las inversiones internacionales seproduzcan básicamente a través de em-presas multinacionales que producenbienes o servicios, instalan plantas yequipos productivos y, de esta manera,se conectan funcionalmente con laseconomías productivas nacionales.

El Estado (o los poderes públicos en ge-neral) tiene en la época anterior unagran preponderancia y protagonismo.Ejerciendo el papel de árbitro e impul-sor de grandes acuerdos socioeconó-micos de corte neocorporatista entre or-ganizaciones patronales y sindicales.Dirigiendo con la política económica eldevenir de los aparatos productivos.Asegurando la prestación de serviciosbásicos a la ciudadanía y, en definitiva,siendo el garante de lo que podríamosdenominar como «la gran promesa»,promesa que se fundamenta en cuatroideas principales: (1) la idea de un creci-miento ilimitado de los recursos y la ri-queza —que se sintetiza en el conceptode desarrollo—; (2) la idea de que, a tra-vés del trabajo y la familia, la prácticatotalidad de la población podrá accedera una cuota suficiente, y por supuestocreciente, de ese desarrollo ilimitado;(3) la idea de que el Estado se ocuparásiempre de que eso sea así y, también,de tapar agujeros, completar el bienes-tar con salarios sociales o diferidos, ycubrir a los —pocos— que no pudiesenhacer valer su capacidad de trabajo (oles fallase la familia). Y, finalmente, (4) laidea de una sociedad abierta en la quees posible la movilidad social sobre fun-

Joan Subirats

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damentos meritocráticos (a través delesfuerzo en la educación y la carreraprofesional básicamente). Trabajo esta-ble garantizado, estado protector y re-gulador, y movilidad ascendente en unasociedad abierta, configuran la tríadaconceptual e ideológica de una granpromesa que, construida sobre la hipó-tesis de un crecimiento-desarrollo ilimi-tado, ha acabado por convertirse en unaprofecía incumplida y cada vez más difí-cil de cumplir. Y es importante resaltar,que ya desde un principio contenía im-portantes limitaciones y contradiccio-nes. Pues esa «promesa», para los habi-tantes de los países ricos del centro delcapitalismo, necesitaba, para ser real,de la pobreza y la dependencia de losotros países del sistema de economíade mercado. Aquellos países, tambiéncapitalistas, pero pobres y periféricos.Y todo ello con una visión corto placistade los recursos naturales que no teníaen cuenta la sustentabilidad del des-arrollo económico tal y como se plan-teaba.

Pasados más de 30 años de aquellos 30años podemos ver cómo muchas cosashan cambiado de forma radical, pero so-bre todo, se observan cambios que afec-tan a las ideas y los procesos sociales,políticos y económicos que eran funda-mentales en el esquema de la época an-terior. No estamos hablando, pues, decambios anecdóticos.

Donde antes había un estado-nación re-gulador y redistribuidor, ahora tenemosun estado desregulador, dependiente y

reactivo a los dictados de la globaliza-ción económica. La política económicanacional tiende a desaparecer, conser-vándose vestigios en los departamentosinversores en infraestructuras de los go-biernos. El capital internacional es aho-ra básicamente financiero-especulativo.Las empresas multinacionales siguenexistiendo, pero su actividad productivaes una parte muy pequeña de lo que semueve a escala global en términos deflujos monetarios, bonos, divisas, etc.Lo que se ha denominado la economíade los símbolos frente a la de los bienesy servicios.

Si nos fijamos en el mercado de trabajovemos cómo la tendencia que hoy do-mina es la de la precariedad, tanto des-de el punto de vista de las condicionesde acceso al empleo, como por lo que serefiere a las condiciones de manteni-miento y salida del mismo. Frente a laestandarización fordista y la integraciónde procesos productivos, el conceptoreinante hoy en día, y desde hace ya al-gún tiempo, es el de «flexibilidad» aso-ciada a descentralización de procesosproductivos y gestión de una mano deobra que trabaja en condiciones de pre-cariedad.

Se han roto las continuidades forma-ción-empleo para los jóvenes y la pro-moción laboral dentro de la empresa oel sector de actividad. La carrera profe-sional se hace inconcebible como pro-yecto para una gran cantidad de tra-bajadores que a base de cambiar deempresa, sector y actividad tiene difícil

Participación política y espacio ciudadano

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llegar a consolidar un oficio, no diga-mos ya una carrera.

Finalmente, en el plano sociopolítico,donde antes teníamos fuertes identida-des de clase, homogeneización de laclase obrera, sindicatos con fuerte im-plantación y partidos de masas; hoy te-nemos una eclosión de identidades di-versas junto a la desconfiguración delas tradiciones de clase como resultadode los procesos de fragmentación de laestructura social: segmentaciones delmercado de trabajo, infraclases y sub-clases, incremento de los colectivos ensituación de vulnerabilidad y exclusiónsocial, crecimiento exponencial de losprocesos migratorios sur-norte y unfuerte freno a las expectativas de movili-dad social.

Tenemos en consecuencia unos sindica-tos minorizados, que en buena parte, sededican a la defensa de los intereses delos trabajadores con empleo estable.Y tenemos, finalmente, unos partidospolíticos que en su casi totalidad tien-den a ser máquinas electorales e instru-mentos más o menos eficaces al servi-cio de sus afiliados.

Conviene decir, y subrayar, que todosestos cambios son el fruto de combina-ciones diversas entre transformacionestecnológicas muy significativas, y deestrategias de las grandes empresastransnacionales. En ese proceso, hancolaborado las nuevas políticas neolibe-rales que han ayudado a esas estrate-gias. El cambio social es el resultado de

procesos sociales protagonizados poractores sociales concretos: los agentesdel cambio; que si bien pueden no dibu-jar en un papel todos y cada uno de loscambios que van a provocar, sí tienenclara una estrategia a seguir que, en elcaso de los países centrales del capita-lismo, ha tenido por objetivo lo que enlenguaje tradicional podríamos llamar«recomposición de fuerzas». O dicho deotro modo, que la fuerte inclusión políti-ca de la clase obrera hasta mediados delsiglo XX provocó una relación de fuerzasentre el capital y el trabajo dentro del ca-pitalismo que «era necesario corregir»,pues una parte creciente de la riquezanacional se venía desviando hacia sala-rios y beneficios sociales en vez de ga-nancias empresariales en los últimosaños de la «época gloriosa», y ello fueespecialmente facilitado por las nuevascondiciones productivas y tecnológicasde final de siglo XX.

Este cambio de época ha supuesto,como venimos diciendo, una serie detransformaciones sociales de hondo ca-lado que viene afectando a todos losórdenes de la vida social: ¿Cómo traba-jamos? ¿Cómo nos educamos y apren-demos? ¿En qué estructuras familiaresvivimos? ¿Quiénes son ahora nuestrosvecinos? ¿Qué expectativas de vidaconstruimos? ¿De qué tiempos dispone-mos? Y muchos más, por supuesto. Noobstante, al objeto de los intereses y latemática de este evento, y dadas tam-bién mis propias limitaciones, centrarélo que queda de mi argumento en inten-tar apuntar algunas reflexiones que me

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parecen pertinentes en relación a la par-ticipación política de la ciudadanía enesta nueva época

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Ese conjunto de cambios y de profun-das transformaciones en las esferasproductiva, social y familiar no han en-contrado a los poderes públicos en sumejor momento. El mercado y el podereconómico subyacente se han globa-lizado, mientras las instituciones po-líticas, y el poder que de ellas emana,sigue en buena parte anclado al terri-torio. Y es en ese territorio donde losproblemas que genera la mundializa-ción económica y los procesos de indi-vidualización se manifiestan diaria-mente. La fragmentación institucionalaumenta, perdiendo peso el Estado ha-cia arriba (instituciones supraestata-les), hacia abajo (procesos de descen-tralización, devolution, etc.), y hacialos lados (con un gran incremento delos paternariados públicos-privados,con gestión privada de servicios públi-cos, y con presencia cada vez mayorde organizaciones sin ánimo de lucroen el escenario público). Al mismotiempo, la lógica jerárquica que ha ca-racterizado siempre el ejercicio del po-der, no sirve hoy para entender los pro-cesos de decisión pública, basadoscada vez más en lógicas de interdepen-dencia, de capacidad de influencia, depoder relacional, y cada vez menos en

estatuto orgánico o en ejercicio de je-rarquía formal.

Es en ese nuevo contexto en el que he-mos de situar el debate sobre los posi-bles déficits de la democracia representa-tiva. Relacionando cambios en el sistemapolítico con cambios en las formas devida y de trabajo. Y ello no se acostumbraa hacer. Se discute de la salud de la de-mocracia, de su vitalidad y capacidadpara recoger el sentir popular, como si lademocracia fuera un acquis indiscutido eindiscutible desde cualquier ámbito terri-torial o colectivo. Y más aún: como si to-dos entendieran lo mismo cuando ha-blan de democracia, cuando lo cierto esque unos ponen el énfasis en los valoresde la democracia y otros insisten en sal-vaguardar las reglas de un funcionamien-to considerado democrático.

Lo que ha ocurrido en los últimos años,el gran cambio de época al que asisti-mos, está provocando un vaciamientocreciente de nuestra capacidad de influiren la acción de gobierno.

Y ello es así a pesar de que formalmentemantengamos más o menos intactosmuchos de los elementos formales denuestra condición de ciudadanos que vi-ven y ejercen sus derechos en un Estadocon sus reglas de funcionamiento de-mocrático plenamente actuantes. Y conese creciente desapoderamiento de lacapacidad popular de influir y condicio-nar las decisiones, se pierde buena par-te de la legitimidad de una democraciaque sólo mantiene abiertas las puertas

Participación política y espacio ciudadano

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de los ritos formales e institucionales.Dice Hirschman 1 que un régimen demo-crático consigue legitimidad cuando susdecisiones emanan de una completa yabierta deliberación entre sus grupos,órganos y representantes. Pero eso escada vez menos cierto para los ciudada-nos y lo es cada vez más para entes, cor-poraciones y lobbies económicos queescapan de la lógica Estado-mercado-soberanía, y aprovechan sus nuevascapacidades de movilidad global. Lospoderes públicos tienen menos instru-mentos para condicionar la actividadeconómico-empresarial, y en cambiolas corporaciones siguen influyendo ypresionando a unas instituciones queno disponen de los mismos mecanis-mos para equilibrar ese juego de losque disponían antes 2.

La propia evolución de los regímenes li-beral-democráticos ha mantenido siem-pre fuera del sistema político a sectoressociales que no disponían de las míni-mas capacidades y condiciones vitalespara poder ejercer con plenitud su ciu-dadanía. Esa exclusión política la reali-zaba normativamente (asignando los yamencionados umbrales de renta queconvertían el sufragio y la vida políticaen cosa de unos cuantos; manipulandolos distritos electorales; dejando fuera alos jóvenes, a las mujeres o a los quevagaban por el país buscando trabajo,prohibiendo la existencia de ciertos par-tidos o dificultando su funcionamien-

to,...); o por la vía de los hechos, despre-ocupándose de los que pudiendo hacer-lo, no usan sus derechos políticos, preo-cupados como están por temas másurgentes desde el punto de vista vital.Lo que está ocurriendo es que ese sec-tor de excluidos políticos crece. Porquecrecen las situaciones de exclusión so-cial (que conlleva siempre procesos dereducción del ejercicio de ciudadanía), yporque crece la sensación de inutilidaddel ejercicio democrático-institucionalen esa «democracia de baja intensi-dad», al aumentar la conciencia sobrelas limitaciones de las capacidades rea-les de gobierno de las instituciones en elnuevo escenario de mundialización eco-nómica, o porque los actores político-institucionales están cada vez más ence-rrados en su universo autosuficiente. Lareserva de legitimidad de la democraciase va agotando, justo cuando su aparen-te hegemonía como «único» sistemaviable y aceptable de gobierno parecemayor que nunca.

Y ello es así porque ese conjunto detransformaciones y cambios a los quehemos ido aludiendo han contribuido aque la democracia sea hoy una palabra,una expresión, un término que «expli-ca» menos. El uso y abuso del vocablo,su aparente inatacabilidad, lo convierteen más redundante, menos política-mente definitorio. Los grandes orga-nismos internacionales, las grandes po-tencias mundiales, cualquier estado y

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1 A. O. Hirschman (1991): The Rethoric of Reaction, Harvard, Belknap, p. 169.2 C. Crouch (2004): Posdemocracia, Madrid, Taurus.

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cualquier actor político en cualquier lu-gar, usa el término y lo esgrime parajustificar lo que se hace o para criticar loque no se hace. Y lo cierto es que si tra-tamos de recuperar su sentido primige-nio y complejo, la democracia y su ple-no ejercicio no es precisamente algoque pueda asumirse por ese enorme yvariopinto conjunto de actores e institu-ciones de manera pacífica y sin contra-dicciones.

Los actores institucionales, y con elloslos partidos políticos y las grandes orga-nizaciones sindicales, cada vez más in-extricablemente insertos en el tejidoinstitucional-estatal, si bien detectan lasseñales de desconexión y de desafec-ción de la ciudadanía, tratan de acomo-darse a la nueva situación, buscandocon mayor o menor énfasis nuevas víasde supervivencia, en un juego que pue-de llegar a ser perverso con los mediosde comunicación como gran receptácu-lo de interacción extra e intra institucio-nal. Los movimientos sociales o bienvan estrechando sus vínculos clientela-res con la estructura institucional, o bientratan de buscar alternativas que inme-diatamente les alejan del juego políticoconvencional. La ciudadanía aumentasu escepticismo-cinismo en relación a laactividad político-institucional, y podría-mos afirmar que simplemente ha «des-contado» la existencia del sistema de re-presentación política como una cargamás que ha de soportarse en socieda-des donde vivir es cada vez más com-plejo. Y en esa línea. La relación con po-líticos e instituciones tiene a volverse

más utilitaria, más de usar y tirar, conpocas esperanzas de influencia o deinteracción «auténtica».

Pero, ante ese conjunto de problemas yconstataciones, ¿cómo avanzar? La de-mocracia sigue siendo la respuesta. Loque deberíamos recobrar es nuestra ca-pacidad de replantear la pregunta.

TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ESPACIOCIUDADANO

Conviene ante todo entender la políticay la democracia como algo colectivo,comunitario, no estrictamente indivi-dual y representativo, y tampoco estric-tamente vinculado a unas reglas de jue-go. Recuperar la fuerza transformadorade la democracia implica recuperar susentido deliberativo, de construcciónsocial de problemas y de soluciones. Pa-sar de las políticas para la gente a laspolíticas con la gente, del espacio públi-co entendido como ámbito propio y casiexclusivo de los poderes públicos, a ám-bito de apropiación colectiva, de defini-ción conjunta de los intereses generalesy de búsqueda compartida de los inevi-tables conflictos que implica la convi-vencia (véase cuadro 1).

Por otro lado, explorar y potenciar for-mas de organización social que favorez-can la reconstrucción de vínculos, la ar-ticulación de sentidos colectivos depertenencia respetuosos con la autono-mía individual. En ese sentido el reforza-

Participación política y espacio ciudadano

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miento de las aproximaciones y expe-riencias comunitarias en los procesosde formulación y puesta en práctica depolíticas públicas es algo sin duda aseguir y consolidar. Así como tambiénla articulación de entramados y plata-

formas que permitan vincular marcoslocales de experimentación entre sí,permitiendo fertilizaciones cruzadas yreflexiones sobre las prácticas llevadasa cabo en distintos lugares. Recuperan-do el sentido político y transformador

Joan Subirats

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CUADRO 1. Diversas maneras y etapas de entender la relación poderes públicos/ciudadanía

Nueva legalidad Hacia nuevosViejo sistema democrática modelos

de relaciónCaracterísticas delsistema de gobiernoRelacionesciudadanía ypolíticasÉnfasis en laparticipación

Tipo de poder

Concepción delespacio público

CentralizaciónjerárquicaPolíticas sin la gente

No preocupación porla participación

Quien manda,manda (conozco elproblema, conozcola solución)

Intereses generalesdefinidosautoritariamenteNo idea de espaciopúblicoPatrimonializaciónprivada

No al conflicto

RepresentacióndemocráticaPolíticas para lagente

De la participacióngenérica a lainformación

Participación yeficiencia nocoincidenQuien manda,explica (conozco elproblema, conozcola solución, meesfuerzo enexplicarla)

Intereses generalesdefinidos legalmente

Espacio públicocomoresponsabilidad delos poderes públicos

Miedo al conflicto,consenso

Participación en lagobernanzaPolíticas con la gente

Aprenderparticipando

Muchas veces másparticipación implicamás eficiencia¿Quién manda?(¿qué problema?,¿qué soluciones?)

Intereses generalesconstruidoscolectivamenteEspacio públicocomoresponsabilidadcolectiva

Conflicto inevitable,fuente de renovación

de muchas experiencias sociales queparecen hoy simplemente «curiosas» oresistentes a la individualización domi-nante. Entendiendo que hay mucha«política» en lo que aparentemente po-drían simplemente definirse como«nuevas dinámicas sociales» o creaciónde «espacios de ciudadanía».

Desde un punto de vista más estricta-mente político, lo primero es entenderque la política no se acaba en las institu-ciones. Y lo segundo es que políticaquiere decir capacidad de dar respuestaa problemas colectivos. Por tanto, pare-ce importante avanzar en nuevas for-mas de participación colectiva y deinnovación democrática que no se des-vinculen del cambio concreto de lascondiciones de vida de la gente. No tie-ne demasiado sentido seguir hablandode democracia participativa, de nuevasformas de participación política, si noslimitamos a trabajar en el estrecho cam-po institucional, o en cómo mejoramoslos canales de relación-interacción entreinstituciones político-representativas ysociedad.

Finalmente, quisiera destacar otros ele-mentos desde mi punto de vista signifi-cativo. La tradición en la que se inscribela izquierda occidental ha tendido a co-nectar los procesos de transformaciónsocial con procesos de cambio que bási-camente ocurren desde «arriba», y apartir de los recursos y conocimientosde «los que saben». En estos momen-tos, esas dos perspectivas son clara-mente limitadoras en la perspectiva de

democratización igualitaria en la que es-tamos reflexionando. La perspectiva«estatocéntrica» ha presidido la idea decambio a lo largo de mucho tiempo. Elproblema a dirimir era «quién» ocupabael poder institucional. Esa variable era ladecisiva. Si el partido o las fuerzas polí-ticas que lideraban las instituciones po-líticas tenían una perspectiva de trans-formación social y política, y poseían unapoyo electoral potente, el cambio erainevitable. Y por otro lado, el cambio es-taba pensado y delimitado desde una vi-sión ilustrada que aseguraba la «cali-dad» suficiente de las alternativas adesarrollar. Esa combinación es hoy tre-mendamente restrictiva y explica enbuena parte el gran distanciamiento crí-tico de buena parte de la ciudadaníaante un juego político-institucional en elque lo único que parece estar en juegoes quién ocupa el poder, y quién se ocu-pa de administrar los recursos técnicosy el know-how que esas institucionesatesoran. Lo que se apunta es que, lacomplejidad de las situaciones socialeshoy requieren abordajes colectivos paradefinir los problemas y para buscar so-luciones a los mismos. Lo relevante noes tanto diseñar buenas políticas pararesolver los problemas de la gente des-de una posición jerárquica de poder, co-nocimiento y expertise, sino implicar ala gente en la definición de los puntosproblemáticos y en el desarrollo de lasalternativas que puedan buscarse, acep-tando que el conocimiento es plural ylas políticas deben compartirse desdesus momentos iniciales para que seanefectivas.

Participación política y espacio ciudadano

153

En ese nuevo contexto, las políticas pú-blicas que fueron concretando la filoso-fía del Estado del Bienestar, se han idovolviendo poco operativas poco capa-ces de incorporar las nuevas demandas,las nuevas sensibilidades, o tienen unaposición débil ante nuevos problemas.Las políticas de bienestar se construye-ron desde lógicas de respuesta a de-mandas que se presumían homogéneasy diferenciadas, y se gestionaron de ma-nera rígida y burocrática. Mientras hoytenemos un escenario en el que las de-mandas, por las razones apuntadas másarriba, son cada vez más heterogéneas,pero al mismo tiempo llenas de multipli-cidad en su forma de presentarse, y sólo

pueden ser abordadas desde lógicas po-líticas de nueva ciudadanía y con for-mas de gestión flexibles y desburocrati-zadas (véase cuadro 2).

Evidentemente, la opción por una uotra provisión de las políticas públicas,entendidas desde esta lógica plural, noes en absoluto neutral. No estamospues hablando de «soluciones técni-cas» o de mejores respuestas «geren-ciales». Estamos refiriéndonos a fór-mulas más o menos plurales ycompartidas de diseñar, decidir e im-plementar las políticas públicas, enten-diendo el espacio público como res-ponsabilidad compartida.

Joan Subirats

154

CUADRO 2. Pluralidad en las políticas públicas

Mercados

FamiliasPolíticas Públicas

Gobernanza

Familiarizar

Desfamiliarizar

Redes Sociales

Poderes Públicos

Comunitarizar

Descomunitarizar

Mercantilizar

Desmercantilizar

Estatalizar

Desestatalizar

El moderno concepto de ciudadanía sur-ge como la expresión política de un ciertoorden económico, el capitalista, sistemaque impulsa a aumentar la productivi-dad de las personas, y no a mejorar lascondiciones en que son producidas y eldesarrollo de sus cualidades. Y ese or-den se apuntala en un sistema de rela-ciones entre los sexos de carácter pa-triarcal. La lógica de esas relacioneseconómicas de producción sujeta lassubjetividades hasta tal punto que la in-dividualidad queda aplastada por lasposiciones estructurales que se ocupan.Al mismo tiempo, la moderna concep-ción de la ciudadanía oscurece el carác-ter estructural de las relaciones entre laspersonas, construyendo un imaginariode autonomía y libertad, donde la orien-tación de la conducta, en última instan-cia determinada por las restriccionesestructurales, es tomada como la expre-sión de autonomía y libertad.

El principal mentor de la concepcióndominante de ciudadanía es Marshall(1998 [1950]), quien la entiende como elestatuto que se concede a los miem-bros de pleno derecho de una comuni-dad. Se expresa en tres dimensiones.Cronológicamente la primera es la civil,consistente en el derecho a la libertadindividual, uno de cuyos componentesprincipales es la capacidad de estable-cer contratos. La segunda dimensión esla política, como el derecho a la partici-pación en el ejercicio del poder. La ter-cera es la social, cuyo aspecto más sig-

nificativo es el derecho a una vida deser civilizado según los estándares pre-dominantes en la sociedad. El ideariopolítico que sustenta esta concepciónde la ciudadanía se articula en torno alprincipio de libertad de elección, enten-diendo que sólo se puede ejercer cuan-do se adquiere la capacidad de elec-ción, exigencia que sin rechazar lasdesigualdades sociales les pone lími-tes, éstas no pueden ser de tal magni-tud que imposibiliten la capacidad deelección. La ciudadanía social tienecomo función primordial compensarlas desigualdades que superen estos lí-mites.

La concepción de Marshall recoge la vi-sión propia de las teorías contractualis-tas de un pacto fundacional entre indivi-duos autónomos que acuerdan reglasde juego universales para la gestión dela vida en común. Este pacto ha sido ob-jeto de críticas, desde la perspectiva fe-minista la más conocida es la de CarolePateman (1995). Para esta autora, elpacto originario, además de un contratosocial, es un pacto patriarcal en el senti-do que establece el orden de acceso delos hombres al cuerpo de las mujeres.Así es como la libertad se convierte enun atributo masculino. De hecho, la ex-clusión de las mujeres más que una ca-racterística del pacto de ciudadanía, esuna condición de posibilidad.

Autoras como Sheila Benhabib, IrisYoung o Nancy Fraser, critican las con-

2. LA SOLIDARIDAD Y LOS INTERESES EN LA BASE DE LA CIUDADANÍA

María Jesús Izquierdo *

* Universitat Autònoma de Barcelona.

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cepciones liberales de la ciudadanía asícomo la posición de Habermas sobreuna democracia del diálogo entre indivi-duos, en el que se pongan al margen lasrelaciones de poder. Por una parte, com-porta la exclusión de colectivos como laspersonas inmigradas, las cuales no par-ticipan de los derechos de ciudadanía,principalmente los políticos. De la otra,contiene un imaginario de individuosautónomos, y por tanto insensible a lasdesigualdades y diferencias sociales. Laconcepción de una ciudadanía universaly excluyente implica que sean hombresadultos, con un nivel socioeconómicorelativamente elevado los que asumanla autoridad, convirtiéndose en la voz delconjunto de la ciudadanía.

En tiempos recientes el debate gira entorno a una nueva concepción de la ciu-dadanía sensible al proceso de globali-zación. Muchas feministas, entre las quese encuentran Nancy Fraser y la men-cionada Iris Young rechazan el marcodel estadoterritorial. Constatan que lasdecisiones tomadas por un estado terri-torial, particularmente los Estados Uni-dos, impactan las vidas de las mujeresmás allá de sus fronteras. Conscientesde la vulnerabilidad de las mujeres a lasfuerzas transnacionales, entienden queno es posible cuestionar la injusticia degénero en el marco de la ciudadaníapropio de los estados, ya que no permi-te afrontar fuentes de injusticia quesuperen sus límites territoriales.

Los planteamientos de las autoras men-cionadas ponen sobre el tapete las difi-

cultades de girar la atención de la des-igualdad a la cohesión social, o fuerzana considerar la igualdad como un pre-rrequisito para la cohesión.

En los países occidentales, regidos porregímenes democráticos se ha impuestoesta concepción liberal de la ciudadanía,en que no se cuestiona la desigualdadsocial, sino los niveles de desigualdadque son compatibles con la democracia.La sociedad ya no se concibe apoyándo-se en la tradición, se supone que las rela-ciones sociales se organizan según unpacto constituyente entre ciudadanos.Por tanto, los derechos y los deberes quecomporta vivir juntos no vienen dados,impuestos por la tradición o una volun-tad superior, sino que se presentan comofruto de un acuerdo entre ciudadanos.Ser ciudadano conlleva participar en ladefinición de las reglas de juego, de for-ma indirecta, mediante los representan-tes de la voluntad popular. El ciudadano,por otra parte, se perfila como un indivi-duo adulto, autónomo, que coopera conotras personas de las mismas caracterís-ticas. Al margen de los ciudadanos hayotras posiciones posibles, las personasdefinidas como dependientes, y ahoralas personas inmigrantes, cada vez másnumerosas. Se trata de una concepciónen que no se presta la debida atención auno de los fenómenos más significativosfruto del proceso de globalización: lasfronteras del territorio político ya nocoinciden con las del territorio social.

La moderna concepción de una ciuda-danía de individuos libres ha reemplaza-

María Jesús Izquierdo

156

do la noción de comunidad. El ideal delibertad, la ausencia de trabas o limita-ciones para que cada persona diseñe supropio plan de vida se ha impuesto a losprincipios de las sociedades tradiciona-les. La asociación de ciudadanos libresse apoya en el interés o si se prefiere eldeseo. Sin embargo, según lo presentaAnna Jónasdóttir, el móvil de los intere-ses como base del orden social es parti-cularista, porque «cada parte de una co-munidad o asociación se esfuerza porasegurar su autonomía en ella y porquesu voz se oiga en los procesos políticosque conforman la comunidad como untodo» (1993: 250). En consecuencia, de-fine un clima de contraposiciones y con-flictos, sea entre individuos siguiendo laconcepción liberal o entre grupos, si-guiendo la de Young (1996) entre otrasautoras.

A diferencia de la asociación libre, la«asociación con», los vínculos de caráctercomunitario orientan a «pertenecer a»,por tanto, su objetivo primero es la co-hesión social. Se forma parte de una co-munidad que no se ha elegido, se cuen-ta con que una/o no se hace a sí mismao a sí mismo, que no es protagonista desu vida, más bien es la comunidadquien hace de cada persona lo que es,aquello o lo que se dedica y la vida quevivirá. Cada uno forma parte orgánicadel entorno en el que ha nacido y en elque transcurrirá su vida en línea de con-tinuidad con las generaciones prece-dentes. La persona no es nada si nopertenece a un entorno al que ha derendir tributo de fidelidad, no es nada si

no forma parte de una comunidad, a lacual está unida por vínculos de respon-sabilidad recíproca. En este caso no esel interés el que nutre la cohesión so-cial, sino la necesidad, que requiere unsentimiento de pertenencia. Mientras laasociación democrática se representacomo la expresión de libertad, la vidacomunitaria se define por los deberes yresponsabilidades donde cada personaestá al servicio del conjunto, y su bien-estar depende de la cohesión del con-junto.

Ahora bien, es abusivo suponer queunas sociedades son puramente indivi-dualistas y las otras únicamente cohe-sionadas por lazos de solidaridad, nu-tridos por un sentimiento de mutuadependencia, en el que no tiene sentidohablar de individuos e intereses indivi-duales. Ambas son más bien modos deresolver el ajuste entre la autonomía yla dependencia. Para empezar, una so-ciedad autoconstituida por individuoses ficticia, un mito, como la pretendidaautonomía y autosuficiencia del ciuda-dano. El individuo y la pretendida auto-nomía sólo son viables en tanto hayaun espacio regido por la solidaridad ypor el compromiso. La dependencia, lanecesidad de los demás, quedan reco-gidas en las relaciones familiares. Lanoción actual de ciudadano no sería po-sible sin división sexual del trabajo. Elhombre adquiere la cualidad de indivi-duo en la medida en que disponga deuna infraestructura de soporte que sehaga cargo de los dependientes, que loatienda a él mismo y a las criaturas, los

La solidaridad y los intereses en la base de la ciudadanía

157

enfermos y viejos bajo su responsabili-dad. En realidad, el ciudadano no es unindividuo aislado y autónomo, sino elcabeza de una supuesta comunidad or-gánica, la familia. Dispone de infraes-tructura de soporte que le permite ejer-cer la ciudadanía en la misma medidaen que asume deberes respecto de lasdemás personas, situadas en posiciónde dependencia por razón de lazos fami-liares. La ficción de que el individuo esautónomo depende de la consistenciade dos figuras: el hombre en tanto quecabeza de familia y proveedor de me-dios de vida, y la mujer en tanto queama de casa, cuidadora de las personasdependientes y de las personas quedesarrollan su trabajo fuera de casa.

La individualidad queda absorbida porla función que se desempeña y al mis-mo tiempo, la subjetividad se alimentade sentimientos de omnipotencia quellegan a dañar la función que se ocupa.Cuando se impone la división del tra-bajo, en concreto la sexual, la conse-cuencia es una sobrevaloración de lascontribuciones propias a la par que seinfravaloran las ajenas, expresión dela resistencia a renunciar al propio yo—renuncia consubstancial al ejerciciode una función— que regresa por lapuerta trasera, sobredimensionandola importancia de la función que sedesempaña respecto del resto de fun-ciones. En el caso de la función mujerse traduce en resistirse a que las tareasde cuidado se desemboquen en el des-arrollo de la autonomía de las personasa las que se atiende. Del lado de las

personas cuidadas, la respuesta emo-cional es desvalorizar los cuidados re-cibidos, como un modo ilusorio de ne-gar la relación de dependencia: cuandono se reconoce la vulnerabilidad nohay sitio para la gratitud, sino para elresentimiento. Esa resistencia emocio-nal a reconocer la dependencia, se ma-nifiesta en la desvalorización social delcuidado, y replica la lógica económicacapitalista. En el caso de la funciónhombre, la medida del propio valor, elregreso del yo propio cuando se ejerci-ta la función social asignada, se mani-fiesta en la desatención a las conse-cuencias negativas de las actividadesproductivas sobre el bienestar de laspersonas. De este modo, la comunidadfamiliar es el sustrato del que se ali-menta un individualismo posesivo. Porañadidura, cuando una sociedad no seorienta a la producción de las perso-nas, sino a la producción de cosas, yésta a la acumulación de capital, lameta de la acumulación de capital ad-quiere un valor sustantivo y las perso-nas un valor instrumental.

El desplazamiento de los vínculos co-munitarios de la sociedad a la familia sedebilita a medida que se vuelve másproblemática la atribución de las llama-das responsabilidades domésticas, par-ticularmente en la medida en que lasmujeres se incorporan al trabajo remu-nerado y no lo abandonan cuando se ca-san. Es entonces cuando las necesida-des de las personas dependientes saltana la esfera pública, forzando a recuperarlos lazos de carácter comunitario que se

María Jesús Izquierdo

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fundamentan en la necesidad y la res-ponsabilidad. Ejemplo de esta reapro-piación por lo público de lo que previa-mente se trasladó a la esfera privada esla recientemente aprobada Ley de De-pendencia.

Sin embargo, la democracia continúaconcibiéndose con un carácter marca-damente contractualista. Cuando seplantean reformas sociales profundas,como las que se imponen ante la vo-luntad de las mujeres de participar delestatuto de ciudadanas, el proceso seacostumbra a representar como la ela-boración de un nuevo contrato social,donde el interés fundamental es el inte-rés propio, como individuo o como gru-po. Síntoma de esta concepción con-tractualista es el hecho de que cuandose producen cambios en las relacioneshombre/mujer, se hace referencia entérminos de un nuevo contrato social,en este caso, sexual. ¿En qué imaginariose enmarca el contrato? ¿Cuál es la nue-va esfera imaginaria 1 que lo hace posi-ble? ¿Es compatible ese nuevo imagina-rio con la cohesión social?

Por otra parte, no hay que olvidar quetanto la solidaridad como el contractua-lismo son ficciones de realidad. En todarelación hay un elemento voluntario, re-ferido al interés, de donde no se sigueque los términos en que se establece larelación sean el resultado de un contra-to, sino más bien el resultado de relacio-nes de poder, más que pactados son im-

puestos. Al mismo tiempo, tampoco sepuede afirmar de una manera contun-dente que la sociedad haya quedadodespojada de vínculos solidarios. Evi-dencia el grado de solidaridad de unasociedad la existencia de servicios so-ciales, asistencia sanitaria y educaciónde alcance universal.

Todavía hoy, las personas dependienteslo son en primera instancia de su familiay en virtud de la división sexual del tra-bajo, del hombre en tanto que provisory de la mujer en calidad de cuidadora ynutriz. El individualismo es una ficciónque sólo sostiene mediante el desplaza-miento a la familia de la responsabilidadrespecto de las personas dependientes,asignando a los hombres el deber de laprovisión y de la protección y a las mu-jeres el del cuidado y la nutrición. Estanto como decir que no desaparecenlos vínculos comunitarios, caracteriza-dos por el deber y la responsabilidad,donde las necesidades del grupo se im-ponen a los intereses particulares. Poresta razón la aspiración de las mujeres aparticipar de los derechos de ciudadaníay la reivindicación de sus intereses abrela puerta a la eliminación de cualquiertraza de comunitarismo en la vida so-cial. Uno de los indicios más recientesde la individualización de los derechoses la reforma de la Ley del Divorcio, enel sentido de posibilitar la disolucióndel vínculo conyugal en tres meses enel caso de consentimiento de los dosmiembros de la pareja, o el reciente-

La solidaridad y los intereses en la base de la ciudadanía

1 Tomo la expresión de Drucilla Cornell (2001).

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mente aprobado acceso de las parejasde homosexuales al matrimonio. Otroindicio es la tendencia a la mercantiliza-ción de las actividades de atención a laspersonas dependientes, ya que indicaque no las han de cuidar necesariamen-te los miembros de la familia, particu-larmente la mujer. En cambio, se mani-fiestan tendencias opuestas en la yamencionada Ley de Dependencia.

Tanto en las sociedades unidas por la-zos de carácter comunitario como enlas caracterizadas por relaciones deasociación, una amenaza planea sobrelas condiciones de relación con los de-más: se trata de la dificultad para adqui-rir conciencia de la precariedad huma-na, y muy particularmente para asumirla propia dependencia. En las primerasporque se traslada del individuo a la co-munidad en su conjunto la pretensiónde autosuficiencia e invulnerabilidad.En las segundas porque se confunde laaspiración a la autonomía con su reali-zación práctica. Cuando una sociedadfracasa en el desarrollo de la concienciade la propia precariedad, de la indis-pensable necesidad del otro para so-brevivir, sea el otro sociedades o indi-viduos, se facilita la posibilidad de laopresión. El otro no es necesario, entanto que individuo o colectivo, alguiendel que depende nuestra realización,sea individual o colectiva, por el contra-rio, se convierte en un instrumento o un

obstáculo a la realización de los propiosfines.

La deliberación, y el debate racional per-miten resolver el desacuerdo y favoreceel acercamiento político, económico acondición de compartir una esfera ima-ginaria, tan pequeña que autorice obje-tivos diversos, incluso opuestos, y tangrande como sea necesario para con-servar el sentido de comunidad. Se tratade una nueva concepción del ciudada-no, como ese ser dependiente que aspi-ra a la autonomía personal. Tal concep-ción comporta un compromiso cívicoentre mujeres y hombres, y entre losdistintos públicos que configuran la es-fera pública. Cuando el cuidado de laprecariedad humana se separa de losdeberes de ciudadanía, se conformauna orientación ética que favorece laopresión de las mujeres y el abandonode las personas en estado de dependen-cia. Es precisamente la atribución de lastareas de cuidado a las mujeres, la queimpide la configuración de un imagina-rio político incluyente. Por eso, el cuida-do se sitúa en el centro del debate sobrela necesidad de redefinir la ciudadanía 2.

El diálogo con el otro favorece que dife-renciemos nuestras proyecciones ima-ginarias con las que definimos hombre,del otro con el que dialogamos, cuyascaracterísticas y aspiraciones no tienenpor que corresponderse con nuestra

María Jesús Izquierdo

2 Selma Sevenhuijsen (2003) se refiere a esa nueva concepción de la ciudadanía con la expresión caringcitizenship, proponiendo un compromiso cívico que incluya el trabajo de cuidado, politizándolo, y defien-den una nueva ética para la esfera pública.

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proyección. Para Chantal Mouffe, es ne-cesario situar la cuestión del poder ydel antagonismo en el centro mismo delo político teniendo en cuenta que: «elpoder no debería ser concebido comouna relación externa que tiene lugar en-tre dos identidades ya construidas, sinomás bien como el elemento que consti-tuye las propias identidades. Dado quecualquier orden político es la expresiónde una hegemonía, de una pauta espe-cífica de relaciones de poder, la prácticapolítica no puede ser concebida comoalgo que simplemente representa losintereses de unas identidades previa-mente constituidas, al contrario, se tie-ne que entender como algo que cons-tituye las propias identidades y queademás lo hace en un terreno precario,y siempre vulnerable» (2003: 112-113).Ahora bien, qué tienen en común losdialogantes que hace posible estable-cer el diálogo y buscar soluciones co-munes. Ese es el mínimo común deno-minador de la ciudadanía que resuelvela oposición entre mujeres y hombres,y permite una ciudadanía incluyente dealcance global. La fragilidad humana, laimpredecibilidad del futuro, el hecho deque son los demás quienes hacen posi-ble o imposible nuestras vidas, hace deldiálogo y del vínculo comunitario unanecesidad.

En este caso, la oposición política llevaparejo un cierto imaginario de organiza-ción de la vida social. No se lucha por te-ner espacios en la vida económica, polí-tica, científica, en los términos en quetienen acceso los hombres. Se lucha por

estar en posición de definir qué se en-tiende como necesario y qué como su-perfluo, cómo se jerarquizan las necesi-dades, de qué medios cabe dotarse parasu satisfacción. O lo que es lo mismo, selucha por tener el poder de determinaren qué actividades se va a consumir lapropia vida, qué es lo que se va a poneren primer término dado que los recur-sos son limitados, qué formas va aadoptar la riqueza. Este modo de abor-dar la situación social de la mujer con-duce a llevar la definición de lo que es labuena vida, al ámbito político, incluyen-do a las mujeres en ese debate. Pero nocomo sujetos individuales, ni como su-jeto colectivo resultado de la agregaciónde entidades definidas a priori, sinocomo sujeto colectivo constituido comoparte de una estrategia política de trans-formación social y a su vez dotado deestrategia política.

La democracia no es la Nueva Arcadia,un país imaginario en que contratar unapóliza de garantía para la felicidad.Comporta no tener miedo al conflicto,ni a la resistencia, ni a la oposición deintereses. Implica atreverse a discre-par, soportar el eventual rechazo de losdemás, y algo tan complejo y duro dellevar como establecer prioridades ycomprometerse con ellas. Atreverse aintransigir con el sexismo es lo que per-mite la democracia entendida comoacudir-al-encuentro-del-otro, los hom-bres, sin perder de vista el objetivo delas mujeres como sujeto colectivo, nootro que la eliminación del sexismo ysus secuelas.

La solidaridad y los intereses en la base de la ciudadanía

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La búsqueda del punto de encuentro, dela similitud que favorece el debate de-mocrático y construye comunidad, re-quiere un común denominador. La de-mocracia liberal tomó como comúndenominador el mito de individuosautónomos, siendo la autonomía indivi-dual la condición de participación en laesfera pública que se define por la de-fensa de la libertad, y careciendo al mis-mo tiempo de una autorrepresentaciónde la fragilidad y la dependencia.

Las mujeres, en tanto que sujeto colecti-vo, podemos hacer una contribución de-cisiva a la creación de un nuevo imagi-nario político y social. Podemos ydebemos desplazar del foro político laautonomía y la libertad para poner en elcentro un nuevo imaginario donde re-presentar nuestra dependencia y nece-sidad. Podemos hacerlo desde la expe-riencia reflexiva de nuestra condiciónsocial de mujeres. Esa condición socialespecífica nos ayuda a diseñar el pun-to de encuentro para el debate público.Sabemos cuál es la similitud mínima ne-cesaria para hacer posible el diálogo de-mocrático, porque somos quienes esta-mos en contacto con el sufrimiento, ladependencia y la necesidad, por la fun-ción de cuidadoras que nos ha sidoasignada, y como objeto de cuidadosdado que nuestras vidas son más largasy precarias que las de los hombres. Si loque todos y todas tenemos en común esnuestra condición de seres dependien-

tes, sufrientes, carentes y precarios, elvínculo social ya no es de libertad, sinode necesidad. En consecuencia, ya no setrata de constituir una comunidad comoacto supremo de libertad, sino como ex-presión de necesidad. Todos los ciuda-danos necesitan cuidados en algún mo-mento de su vida (Herd y Meyer, 2000:681) y la conciencia de esa necesidad esuna sólida base para la reconfiguraciónde la comunidad, o si se prefiere, para lacohesión social. Al mismo tiempo, esaconciencia de fragilidad que nos unificapone en cuestión la inadecuada equipa-ración entre el territorio político y el so-cial, y fuerza a concebir una ciudadaníasupranacional.

El ideal de libertad y autonomía alimen-ta el declive del compromiso cívico, laconfianza en que pese a la fragilidadconstitutiva del ser humano nuestravida es viable alimenta ese compromi-so 3. Ahora bien, para que la actividadcívica sea definida como compromisocivil, no puede ser impuesta, sino quedebe ser voluntaria (Putnam, 2001) y laconciencia de la precariedad, que hacede los otros una necesidad recíproca, nopuede sino alimentar el compromiso ci-vil. Por eso, crear una esfera imaginariaen que se defina a los seres humanoscomo precarios y necesitados, favorecelas virtudes y el compromiso cívico a lavez que combate los supuestos sobrelos que se construye la noción de ciuda-dano.

María Jesús Izquierdo

3 P. Herd y M. H. Meyer (2002) proponen un compromiso cívico que incluya el trabajo de cuidado, politi-zándolo, y defienden una nueva ética para la esfera pública.

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Queramos o no vivir con los demás,soportar su peculiaridades y neutrali-zar sus pretensiones cuando se opo-nen a las nuestras, lo que no tienevuelta de hoja es que nuestra vidaes inviable si no es una vida en co-

mún porque no somos autosuficien-tes, sino precarios y dependientes y elsexismo y particularmente la divisiónsexual del trabajo, no sólo nos oprime,sino que contribuye a oscurecer esehecho.

La solidaridad y los intereses en la base de la ciudadanía

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EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SOCIALDE LA CIUDADANÍA Y LA LUCHA DE LASMUJERES FRENTE A LA EXCLUSIÓN

Los principios de igualdad, libertad, soli-daridad…, con la consecuente universa-lidad de los derechos humanos, inclui-dos los derechos civiles, políticos,sociales, económicos y culturales, sinexclusiones por «razón» de sexo, raza,condición social…, constituyen la garan-tía de cohesión social en la convivenciahumana. Dichos principios y derechos,que en las Constituciones de los paísessustentan la condición de ciudadanía, nofueron aplicados a las mujeres, ni en elmarco del contrato social surgido con laRevolución Francesa, ni en el pacto socialoriginario del Estado de Bienestar. Quie-nes defendieron que el individuo libre esel sujeto de derechos, el ciudadano, yproclamaron la universalidad de losprincipios y valores constitucionalesaplicados a las personas como derechosde ciudadanía, negaron a las mujeres suindividualidad y por tanto la titularidadde los mismos derechos. Así la mujerfue excluida del derecho al voto, del ac-ceso a la educación, especialmente a laeducación universitaria, del acceso a lapropiedad, al poder... En todas las esfe-ras de lo público la ciudadanía se esta-bleció tomando como referente de uni-versalidad al género masculino.

En lo que respecta al ámbito de los dere-chos sociales, éstos fueron aplicados alas mujeres como derechos «derivados»de su condición de esposas, madres o hi-jas de los ciudadanos varones; hoy toda-

vía perdura, en la mayoría de los países,esta consideración en los sistemas fis-cales y de seguridad social, que no reco-nocen la ciudadanía social de las muje-res, y se remiten, en el tratamiento delos derechos de las mujeres, a su condi-ción familiar.

Igualmente en el nivel cultural, la exclu-sión de la mujer se consolidó cultural-mente, aplicando el lenguaje como ins-trumento de invisibilidad de las mujeresen las relaciones sociales e instituciona-les. Hoy todavía sigue siendo prácticahabitual en muchos organismos públi-cos de la mayoría de países, utilizar elgénero masculino como referencial uni-versal en las relaciones de la ciudadaníacon los poderes públicos. Las mujereshan de dirigirse a las administracionespúblicas firmando en documentos ofi-ciales como «el solicitante», «el que sus-cribe», «el conductor», «el funciona-rio»…

Desde que Olimpia de Gouges, en la«Declaración de los derechos de la mu-jer y de la ciudadana» propusiera «laforma del contrato social del hombre yla mujer», hasta nuestros días, en la lar-ga historia de la lucha de las mujeresestá presente la exigencia de ser consi-deradas como ciudadanas, en igualdadde derechos que los hombres. Histórica-mente, las mujeres han venido hacien-do frente a la exclusión de los derechosciviles, sociales y culturales que han pa-decido. Mujeres abolicionistas, sufragis-tas, revolucionarias obreras, etc. hansido referente de la lucha por el derecho

3. CONTRATO SOCIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. EL NUEVOPACTO ENTRE LOS GÉNEROS

Patrocinio de las Heras

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de las mujeres para participar en condi-ciones de igualdad respecto a los hom-bres.

Aunque la mujer ha logrado grandesconquistas en los países más avanza-dos, especialmente el derecho al voto, ala formación universitaria, a la propie-dad, a la participación en el poder..., laindividualización de derechos no ha lo-grado todavía su implantación inclusoen los países más desarrollados.

La lucha actual de las mujeres por unnuevo modelo económico, social y cul-tural que modifique las viejas estructu-ras patriarcales en las que se asienta lacondición de la mujer aporta estrategiasde cambio estructural, que conducen aun nuevo modelo de organización socialque tuvo su expresión internacional enPekín, en 1995, en donde determinadasorganizaciones de mujeres plantearonla iniciativa de trabajar por un nuevocontrato social, como expresión de unaciudadanía mundial que asiente la igual-dad de derechos y oportunidades entrehombres y mujeres.

En palabras de Butros Gali: «La igualdadde derechos entre el hombre y la mujeres el mayor proyecto político del siglo,porque da una nueva universalidad y le-gitimidad a la comunidad mundial».

El nuevo contrato social que se expone,aborda la propuesta presentada y publi-

cada por la Federación de Mujeres Pro-gresistas 1. A partir de la realidad de lasituación de las mujeres españolas. Noobstante, se parte de la verificación lle-vada a cabo por expertas en estudios degénero que vienen a esclarecer la reali-dad social de la exclusión de las muje-res asentada en las estructuras socialestanto en países desarrollados como enpaíses en vías de desarrollo. La situa-ción de las mujeres en el mundo, ex-puesta año tras año en los Informes deDesarrollo Humano del PNUD demues-tra la exclusión y discriminación de gé-nero en que se asientan nuestras socie-dades, en las que permanece presenteel clásico o moderno patriarcado, queentraña una concepción radicalmenteinjusta para las mujeres.

Construir la ciudadanía desde la igual-dad de derechos y deberes de todas laspersonas exige remover los obstáculosque impiden la igualdad de oportunida-des entre mujeres y hombres. Este es ungran objetivo político y social que yamuchos países han incorporados a susConstituciones, pero que para hacerloefectivo requiere reformas estructuralesque han de dar respuestas a los desafíosy retos de las sociedades actuales in-mersas en una interdependencia mun-dial que afecta a los diversos modelosde organización económica y social delos diferentes países, en todos los cua-les, la discriminación de las mujeres semantiene como una constante histórica

Patrocinio de las Heras

1 M.ª P. de las Heras Pinilla (coord.) (1997): Nuevo contrato social mujeres-hombres: para compartir res-ponsabilidades familiares, trabajo y poder, Madrid, Federación Mujeres Progresistas.

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contraria a los principios, valores, y de-rechos humanos universales.

Por ello se hace necesaria la solidaridadinternacional de las mujeres en la formu-lación de sus intereses a nivel mundial yen cada país, elaborando su propio mo-delo de nuevo contrato social entrehombres y mujeres, nuevo pacto entrelos géneros para compartir responsabili-dades familiares, trabajo y poder.

LEGITIMIDAD DE LAS MUJERES PARAPROMOVER UN NUEVO CONTRATOSOCIAL MUJERES-HOMBRES

A pesar de la lucha feminista y de latoma de posición de los organismos in-ternacionales a favor de una mayorigualdad de oportunidades para las mu-jeres, que supone un indudable avance,éste es contradictorio porque a su vez sedesarrolla acompañado de un avancepatente de las desigualdades y la duali-dad social de género, por cuanto que nose pone en cuestión los modelos y es-tructuras dominantes, pensados en fun-ción de un orden masculino que se haplasmado con carácter estructural. Lasestructuras tradicionales, dominadaspor los varones, las instituciones de po-der y de decisión no reflejan las preocu-paciones y valores de las mujeres; antesal contrario, son un continuo obstáculopara la participación de éstas.

No es sólo la experiencia histórica o losdéficits sociales actuales los que revelan

la necesidad de la participación de lasmujeres y la configuración de un nuevocontrato social. También es preciso quela participación de las mujeres sea efec-tiva para que se garantice la defensa y laconsolidación de los avances socialesalcanzados por las mujeres en las últi-mas décadas, ya que en tanto las estruc-turas y los mecanismos de poder realobedezcan a criterios e intereses estric-tamente androcéntricos permanecerá elriesgo de una vuelta atrás. Basta dirigiruna mirada en derredor para comprobarque sobre la realidad cotidiana de lasmujeres, penden amenazas serias querefuerzan la exigencia de unas reglas dejuego que tengan en cuenta los intere-ses de las mujeres.

El avance de los integrismos, sean de ín-dole religiosa o política, apuntan en lamisma dirección. Se constata la tenden-cia de movimientos sociales conserva-dores, que propugnan resolver las crisiseconómicas o sociales, con una vueltaatrás, impulsando un integrismo políti-co que, por un lado, cuestiona la aplica-ción efectiva de los derechos humanosa las mujeres, y por otro, favorece el re-torno de éstas al hogar, a través de me-didas que refuerzan su estatus estricta-mente familiar, consolidando los rolesde la sociedad patriarcal.

Lo que los integrismos radicales comba-ten son las teorías de progreso que hanpermitido conquistar y hacer avanzarlas libertades, los derechos sociales y eldesarrollo humano. La amenaza que en-trañan estos movimientos no es sólo

Contrato social entre hombres y mujeres. El nuevo pacto entre los géneros

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contra las mujeres, aunque ellas seansus primeras víctimas, sino contra todala sociedad en la que arraigan, puestoque conducen a un modelo social sin sa-lida posible.

Las mujeres están legitimadas para de-mandar y protagonizar el cambio es-tructural y promover un nuevo contratosocial mujeres-hombres, por legitimi-dad ético-jurídica, porque configuran uncuerpo electoral, y por su capacidadcomo agentes del desarrollo humano,social y económico.

Legitimidad ético-jurídica

A las mujeres les asiste una legitimidadético-jurídica que emana de la justicia yque es la base de la democracia. Ade-más las mujeres constituyen más de lamitad de la población mundial, por loque, el no reconocimiento de los dere-chos de las mujeres cuestiona la demo-cracia en sí misma. El principio de igual-dad es uno de los pilares fundamentalesque sustentan las normas de conviven-cia en las sociedades democráticas. Lalucha feminista por la igualdad desdesus comienzos como movimiento socialy político, se ha ido extendiendo desdeel derecho al voto hasta la consagra-ción, en las Constituciones de los paí-ses, del principio de la igualdad de lossexos, en todos los ámbitos.

La igualdad jurídica, no obstante, no seacompaña con la igualdad de hecho, yaque, muchos de los derechos reconoci-

dos a las mujeres están vinculados a de-terminadas condiciones familiares, cul-turales, laborales… que los hacen in-aplicables a las mujeres, impidiendo suacceso a los mismos. Por ello la idea deun nuevo contrato social mujeres-hom-bres, basada en el principio de universa-lidad, en la individualización, en la igual-dad formal y real, es decisiva para lasmujeres, y comporta el desarrollo deuna etapa de luchas legítimas por alcan-zar la justicia en todos los ámbitos de lavida social, política y económica.

Por otra parte, las mujeres configuranun cuerpo electoral con intereses defini-dos, que atraviesa todas las capas y cla-ses sociales, que puede movilizarse enlos procesos electorales y definir sus re-sultados, de acuerdo a la identificacióndel voto de las mujeres con los progra-mas electorales en función del reflejo desus propuestas e intereses.

Las mujeres como agentes deldesarrollo humano, social yeconómico

Una legitimidad reforzada por constituirun potencial intelectual y económico deprimer orden. La sociedad no puedeprescindir de la aportación económica ydel potencial de inteligencia de la mitadde la población. Los cambios legislativosa favor de la igualdad de los sexos, y es-pecialmente el acceso de las mujeres, engeneral, a la educación, han contribuidonotablemente a la incorporación de lasmujeres en numerosos espacios públi-

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cos en los que antiguamente sólo esta-ban presentes los hombres.

Por otra parte, el feminismo ha penetradocomo discurso de transversalidad las di-versas áreas de los espacios de lo públicoy ha alcanzado reconocimiento institucio-nal y académico por su capacidad de aná-lisis e investigación desde las universida-des. En muchos países los institutos deinvestigaciones feministas constituyenun referencial básico en la identificaciónde los intereses de las mujeres.

El avance de las mujeres en el ámbitodel empleo, y especialmente el que sus-tenta los sistemas públicos de bienestarsocial, así como el autoempleo genera-do por el trabajo de las mujeres en laproducción de bienes y servicios, haceque las mujeres participen como agen-tes de desarrollo social, intelectual yeconómico de los países. No obstantelas estructuras y el poder económico es-tán bajo el control de los varones. Lasmujeres están ausentes de la toma dedecisiones económicas y del diseño delas políticas financieras, monetarias ycomerciales, así como del control de lossistemas fiscales y de los pactos socia-les que regulan las relaciones laboralesy el empleo.

Sin embargo, las transformaciones socia-les necesarias para la continuación delcrecimiento económico y para el mante-nimiento de la cohesión social, sólo lo-grarán sus objetivos si las mujeres estánen condiciones de desempeñar el papelque les corresponde en la dirección del

cambio estructural con una mayor partici-pación en la economía, el empleo y en latoma de decisiones. Asimismo, su partici-pación es un factor de desarrollo econó-mico y cohesión social. Ésta no es sola-mente una reivindicación de las mujeressino una constatación compartida por losorganismos internacionales, especial-mente por Naciones Unidas. Para hacerefectiva esta participación, es necesarioque el acceso al empleo de las mujeres serealice en términos de igualdad, que eltrabajo que se realice en el ámbito do-méstico deje de ser invisible, que sea per-cibido como riqueza nacional en la conta-bilidad de los países y que del mismo seextraigan futuros yacimientos de empleo.

El aumento de la militancia de las muje-res en los partidos políticos, en los sin-dicatos y en las asociaciones permitedefinir estrategias que identifiquen laspropuestas políticas de las mujeres yorientar el voto hacia sus propios intere-ses. Asimismo, se han creado redes deONG de ámbito supranacional cuya efi-cacia se ha puesto de relieve en los di-versos foros internacionales.

CONTENIDOS DE LA PROPUESTA DELNUEVO CONTRATO SOCIAL MUJERES-HOMBRES: COMPARTIRRESPONSABILIDADES FAMILIARES,EMPLEO Y PODER

Resulta evidente la necesidad de unnuevo contrato social mujeres-hom-bres que sustituya el principio de la

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exclusión por el de participación, ladesigualdad por la igualdad de oportu-nidades y en el que las obligaciones fa-miliares, el trabajo y el poder sean com-partidos, devolviendo a las mujeres susplenos derechos de ciudadanía.

La igualdad entre hombres y mujeres,para que sea efectiva, debe llevar a lasustitución del viejo contrato social poruno nuevo, en el que las mujeres alcan-cen las mismas oportunidades de reali-zación personal y social y mediante elcual hombres y mujeres asuman com-partir las responsabilidades familiares,el trabajo y el poder, superando los ro-les sexistas, en una sociedad donde mu-jeres y hombres puedan desarrollar suscapacidades y se enriquezcan en la vidafamiliar y social. En suma, compartir lagestión de lo privado, el trabajo y lasresponsabilidades públicas. Este impul-so supone el salto cualitativo de las rei-vindicaciones históricas de las mujeres,hacia un proyecto político en la socie-dad y en los gobiernos. Para conseguireste objetivo es preciso diseñar una es-trategia distinta de género y negociarcolectivamente las condiciones de unnuevo contrato social. Transformar lasactitudes y valores sociales que condi-cionan la imagen de la mujer construidaa través de la educación, del lenguaje yde los medios de comunicación es unatarea prioritaria para lograr el cambio.Dada la educación sexista de siglos, y ellenguaje que aún refleja esa realidad,sólo en parte superada, es necesarioque el cambio tenga muy en cuenta laimportancia de fomentar una imagen de

la mujer acorde con su nuevo papel so-cial y una erradicación de los estereoti-pos sexistas en la educación, la publici-dad, el lenguaje y los medios decomunicación social.

Considerando el gran impacto que losmedios de comunicación más moder-nos tienen sobre las mentalidades, lasactitudes y el comportamiento de la so-ciedad, es preciso trabajar activamentecomo elemento fundamental del cam-bio estructural, en una nueva culturaque incorpore los valores del nuevo mo-delo de sociedad y que se refleje en losinstrumentos que conforman la sociali-zación de la colectividad. Todo ello re-quiere el protagonismo de las mujeresen el acceso a las nuevas tecnologías dela información y de la comunicación ysu intervención paritaria en la toma dedecisiones como un paso imprescindi-ble para promover las condiciones delcambio.

Objetivos y estrategias del NuevoContrato Social Mujeres-Hombres

La formulación concreta del «NuevoContrato Social Mujeres-Hombres», queaquí se expone, como ya se ha comen-tado, refleja la propuesta de la Federa-ción de Mujeres Progresistas de España,desarrollando la iniciativa del Lobby Eu-ropeo de Mujeres difundida en el marcode los trabajos de la Conferencia de Pe-kín sobre la Mujer, de Naciones Unidas,1995: «Han de desarrollarse mecanis-mos que permitan a mujeres y hombres

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actuar conjuntamente en la búsquedade la paz y la democracia de la socie-dad. Que sean compañeros en la tomade decisiones, en la justicia, en el des-arrollo, en la ciencia y sobre todo en laconstrucción de un futuro común bajoforma de un nuevo contrato mujeres-hombres».

Este nuevo pacto entre géneros plantea:

— Compartir responsabilidades fami-liares.

— Compartir el trabajo.— Compartir el poder.— Promover las condiciones que posi-

biliten una sociedad compartida.

El nuevo contrato social abordará eldesarrollo de estos objetivos promo-viendo medidas encaminadas a su con-secución.

● Compartir responsabilidadesfamiliares

La idea de familia ha variado sustancial-mente en España y hoy puede ampararconcepciones mucho más amplias quelas previstas tradicionalmente, indepen-dientemente del vínculo legal existente,e incluso sin la existencia de tal vínculo.Desde el punto de vista jurídico, la apro-bación de la Constitución de 1978 y enespecial, las recientes reformas del Có-digo Civil, garantizan el reconocimientode los distintos modelos y formas de fa-milias, incluido el derecho al matrimo-nio entre personas del mismo sexo.

Cualquiera que sea la fórmula elegida,las familias deben contemplarse comoexpresión y vehículo democrático de lasociedad. Ello implica incorporar a lavida cotidiana y a los comportamientosindividuales realidades como la de justi-cia social y cualidades básicas como lasde solidaridad, igualdad, responsabili-dad, libertad y tolerancia. Conjugándo-se derechos y valores porque unos yotros exigen del individuo una actitud yuna conducta personal consecuentes,sin las cuales toda aspiración quedaríareducida a simple retórica.

Desde un concepto progresista, las fa-milias deben basarse en una relaciónde igualdad entre los miembros de lapareja. Las familias y los hogares seperfilan básicamente como lugares deencuentro y realización personal de to-dos sus miembros. Es fundamental quelas tareas domésticas sean asumidascomo un trabajo importante de la ac-tividad cotidiana, repartido equitati-vamente entre los miembros de la fa-milia.

La maternidad debe ser una opción asu-mida libre y voluntariamente para queno se convierta en una carga que recaesobre las mujeres, sino en algo deseadoy compartido por los miembros de lapareja.

Las medidas orientadas al desarrollo deeste objetivo han de contribuir a remo-ver los obstáculos derivados de una so-cialización sexista. Se trata de superar lacultura derivada de la división de roles,

Contrato social entre hombres y mujeres. El nuevo pacto entre los géneros

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no sólo desde la perspectiva de la vo-luntad personal entre hombres y muje-res para compartir las responsabilida-des familiares, sino también desde laperspectiva de la voluntad social parapromover un nuevo marco de conviven-cia basado en un modelo de familia es-cuela de democracia.

Objetivos y estrategias:

— Propiciar los cambios en la idea defamilia, reconociendo la pluralidadde modelos de familias que hoy coe-xisten en nuestra sociedad.

— Potenciar las relaciones de igualdaden el seno de las familias.

— Considerar el trabajo de los cuidadosy de la atención en el seno de la fa-milia como valor social y potenciarsu revalorización.

— Defender la maternidad como unaelección libre.

— Fomentar todas las acciones encami-nadas a superar la división de rolesen razón del sexo.

— Reelaborar el contenido de lo do-méstico. No sólo señalando su im-portancia para que la sociedad fun-cione, sino formulando las tareas enpositivo para concienciar a los hom-bres en las responsabilidades fami-liares.

— Exigir desde los movimientos ciuda-danos que se organicen los tiemposde la vida pública para hacerlos com-patibles con la privada; horarios decomercio, escolares, transporte, reu-niones políticas…

● Compartir el trabajo

No cabe ignorar, aunque sea insistir enla histórica presencia invisible de lasmujeres, que siempre y en todas lassociedades, ha habido trabajadorasagrícolas, artesanas obreras o desem-peñando servicios de muy diversa cuali-ficación. Pero desde una perspectiva degénero, el primer reto histórico, y unade las mayores y más recientes conquis-tas de las mujeres, ha sido conseguir elreconocimiento del derecho a acceder acualquier tipo de trabajo remunerado.Ahora bien, este trascendental avancesocial se produce en una etapa de crisisdel modelo social de los países indus-trializados derivado, entre otras razo-nes, de la profundidad del cambio tec-nológico que ha destruido miles depuestos de trabajo en sectores tradicio-nalmente proveedores de empleo.

Este proceso, unido a la demanda gene-ralizada (hombres y mujeres) de em-pleo, convierte este último en un bienescaso que hay que repartir. Por otraparte, la incorporación de las mujeres altrabajo fuera del hogar, sin llevar apare-jados cambios profundos en la organi-zación social, da lugar a que muchasmujeres tengan que soportar la doblejornada de trabajo, y a su vez, el déficitde servicios sociales genera disfuncio-nes relacionadas con la atención de losniños, mayores y enfermos.

El reto es mejorar al mismo tiempo lacalidad de vida de las personas, la com-petitividad de las empresas y aumentar

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los niveles de empleo. Cuando las mu-jeres plantean compartir el trabajo noestán reivindicando sólo un repartodel trabajo remunerado disponible,sino que también se asume el reto deaumentar los niveles de empleo, orga-nizar el trabajo realmente existente deotra manera y fomentar nuevas activi-dades que pueden desarrollarse a tra-vés de nuevos empleos remunerados.Por otro lado, debería empezar a tomar-se en consideración que una buena par-te de las actividades realizadas tradicio-nalmente por las mujeres pueden serafloradas al mercado laboral constitu-yendo importantes yacimientos de nue-vos empleos junto con actividades deocio y ocupación del nuevo tiempo libredisponible. Su desarrollo, además deconseguir el objetivo de aumentar losniveles de empleo, contribuiría a liberara las mujeres de responsabilidades yocupaciones en el ámbito familiar y fa-cilitaría a todos una mejora en las con-diciones y calidad de vida de las per-sonas.

Objetivos y estrategias:

— Defender la igualdad de trato y opor-tunidades y erradicar las discrimina-ciones en razón de sexo.

— Desarrollar propuestas para aflorarla riqueza y el trabajo en el ámbitodoméstico y familiar como conside-ración de nuevos yacimientos deempleo.

— Favorecer las licencias, permisos yreducciones voluntarias de jornada.

— Exigir igual retribución por trabajode igual valor, para hombres y muje-res, recurriendo en su caso legal-mente.

— Solicitar acciones positivas para pro-mocionar a las mujeres a puestos dedirección.

— Promocionar a las mujeres en lasnuevas tecnologías.

— Adecuar la orientación profesionalpara satisfacer las actuales eleccio-nes profesionales de los jóvenes ylas jóvenes.

— Formular y aplicar métodos para de-terminar el valor cuantitativo del tra-bajo no remunerado en el ámbitodoméstico, mediante cuentas satéli-tes acordes con las cuentas naciona-les básicas.

— Avanzar en la búsqueda de nuevosyacimientos de empleos y promo-ver iniciativas de empresa y de eco-nomía social vinculadas a nuevasactividades como el medio ambien-te, la mejora de las condiciones devida en las ciudades, la atenciónde las personas (empleos de pro-ximidad), ampliando las iniciativastendentes a trasladar al mercado la-boral actividades realizadas tradicio-nalmente en el ámbito familiar y do-méstico...

● Compartir el poder

Otro reto igualmente esencial es lograrque las mujeres participen en la toma dedecisiones. En la actualidad, las decisio-nes colectivas se toman por autoridades

Contrato social entre hombres y mujeres. El nuevo pacto entre los géneros

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y grupos con predominio masculino. Enconsecuencia, tienden a reflejar los va-lores, experiencia y puntos de vista desus autores, resintiéndose de la faltade contribución de las mujeres.

Compartir las responsabilidades públi-cas es, efectivamente, uno de los térmi-nos del nuevo contrato social, pero estambién la condición indispensablepara lograrlo. Hasta tanto no se consigauna representación equilibrada de lasmujeres en la toma de decisiones, la so-ciedad seguirá adoleciendo de déficitdemocrático. Así quedó proclamado enla cumbre europea de Mujeres en el Po-der (Atenas, 1992). Más recientemente yen el espacio más amplio de NacionesUnidas, la Plataforma de Acción defien-de que el «fortalecimiento de las muje-res y su plena participación en condicio-nes de igualdad en todas las esferas dela sociedad, incluyendo la participaciónen los procesos de toma de decisiones yel acceso al poder, son fundamentalespara el logro de la igualdad, el desarro-llo y la paz».

La democracia paritaria en el ámbito dela actividad política debería ir acompa-ñada de medidas que incentiven tam-bién el reparto del poder económico.En este punto es preciso profundizaren la reflexión acerca del papel quedesempeñan los poderes económicos(bancos, empresas multinacionales),no sometidos a elección ni control de-mocrático y que llegan a actuar al mar-gen de la legislación y con la conniven-cia de los Estados. Es necesario que las

mujeres ocupen también esos podereseconómicos que son el último reductomasculino de difícil acceso pero degran importancia en tanto en cuantoposeen los recursos económicos y fi-nancieros básicos para poder introdu-cir los cambios que demanda el nuevocontrato social.

Objetivos y estrategias:

— Reformar la legislación electoral parahacer cumplir las exigencias de lademocracia paritaria: ningún sexodebe estar representado por más del60% ni por menos del 40%, pararesolver el déficit democrático y lahiperrepresentación masculina, sen-tando las bases de una democraciasin exclusiones de género.

— Propiciar la presencia de las mujeresen el ámbito de la actividad econó-mica en sus niveles superiores deresponsabilidad.

— Introducir la paridad en todas lasinstancias de representación y deci-sión para crear un movimiento as-cendente e imparable: institucionespúblicas, partidos, colegios profe-sionales, sindicatos, universidades ycualquier otro tipo de organizaciónsocial.

— Garantizar también la igualdad detrato y la igualdad de oportunida-des entre mujeres y hombres, a lahora de renovar las listas electora-les y los organismos de representa-ción…

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● Promover condiciones queposibiliten una sociedadcompartida

Alcanzar los objetivos anteriormente se-ñalados requiere remover los obstácu-los que impiden su realización. Por ello,son objetivos básicos para promover lascondiciones que posibiliten una socie-dad compartida:

— Fomentar nuevos valores sociales.La enseñanza, junto con los mediosde comunicación, el lenguaje y la pu-blicidad se revelan como herramien-tas imprescindibles para impulsaresos nuevos valores y erradicar losestereotipos sexistas.

— Defender la universalidad de dere-chos sociales y los sistemas públicosde bienestar social que garantizanel desarrollo humano básico: edu-cación, salud, servicios sociales deapoyo a la convivencia, pensiones yrentas básicas ante situaciones denecesidad social…

— Desarrollar políticas integradoras,desde la perspectiva de género, querecuperen el espacio de la ciudad ylos pueblos para la convivencia: ur-banismo, transportes, vivienda, me-dio ambiente...

— Desarrollar Planes de Igualdad conmedidas de acción positiva, trans-versales a todas las áreas, específi-camente orientadas a superar los dé-ficits de igualdad en la situación delas mujeres.

— Crear un nuevo marco legislativoque modifique las relaciones de gé-

nero, removiendo los obstáculosque dificultan la igualdad en el con-junto de áreas y sectores sociales.

La ley es un instrumento privilegiadopara dar cobertura y garantía a los cam-bios sociales, por la obligatoriedad queimpone para determinadas actuacionesy por la pedagogía que desarrolla entorno a situaciones nuevas.

Las normas jurídicas que históricamen-te han servido para amparar la sociedadpatriarcal, y que se han ido modificandopara incluir el derecho a la igualdad, hoydeben orientarse para servir al nuevocontrato social y a los cambios que im-plicará la nueva situación. La Ley Orgá-nica de Igualdad Efectiva entre mujeresy hombres, recientemente aprobada enEspaña es un excelente modelo de bue-nas prácticas para el logro de eliminar ladiscriminación de género en los diferen-tes ámbitos. La Ley se plantea como ob-jetivos fundamentales hacer efectivo elprincipio de igualdad de trato y eliminartoda discriminación por razón de sexo.La Ley nace además con la vocación deerigirse en ley-código de la igualdad en-tre hombres y mujeres. La Ley estableceuna amplísima batería de medidas parala igualdad en todos los ámbitos, espe-cialmente en el empleo, la corresponsa-bilidad en las tareas familiares, la parti-cipación en la toma de decisiones, laeducación en la igualdad, las políticaspúblicas, el acceso a nuevas tecnolo-gías, o la situación de la mujer en el me-dio rural…

Contrato social entre hombres y mujeres. El nuevo pacto entre los géneros

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Como marco para analizar las políticasde género en América Latina y su rela-ción con la cohesión social, partiría dedos definiciones de cohesión social in-cluidas en la reciente publicación pro-ducto de una colaboración entre CEPAL,la Agencia Española de Cooperación In-ternacional y la Secretaría General Ibe-roamericana:

La cohesión social se refiere tanto a la efica-cia de los mecanismos instituidos de la in-clusión social como a los comportamientosy valoraciones de los sujetos que formanparte de la sociedad. Los mecanismos inclu-yen, entre otros, el empleo, los sistemaseducacionales, la titularidad de derechos ypolíticas de fomentos de la equidad, el bien-estar y la protección social. Los comporta-mientos y valoraciones de los sujetos abar-can ámbitos tan diversos como la confianzaen las instituciones, el capital social, el senti-do de pertenencia y solidaridad, la acepta-ción de normas de convivencia y la disposi-ción a participar en espacios de deliberacióny en proyectos colectivos 1.

La cohesión social se define como la dialécti-ca entre mecanismos instituidos de inclu-sión y exclusión sociales y las respuestas,percepciones y disposiciones de la ciudada-nía frente al modo en que ellos operan 2.

Por políticas de género podríamos en-tender las intervenciones que procuranmodificar las relaciones asimétricas depoder entre hombres y mujeres, que ge-

neran violaciones a los derechos de es-tas últimas y situaciones de subordina-ción y falta de equidad. Bajo estas de-finiciones dos son el tipo de políticaspúblicas que intervienen en la relaciónentre género y cohesión social: por unaparte las políticas sociales y económi-cas, principalmente las dirigidas a ge-nerar integración social e igualdad deoportunidades y capacidades entre laspersonas y por otra, las políticas de gé-nero dirigidas a enfrentar las asimetríasespecíficas entre los sexos. Las políticasculturales y la construcción de Estadosde Derecho influyen también de maneraimportante en el desarrollo de identida-des y sentidos de pertenencia a una co-munidad definida, particularmente en elmundo de las percepciones.

En este contexto, parece importanteexaminar la experiencia de América La-tina en la construcción de estados debienestar y el diseño e instrumentaciónde políticas de género.

América Latina es una región muy hete-rogénea por lo que resulta muy difícilhacer generalizaciones en ambos as-pectos. Ello en razón de que en la re-gión se puede encontrar un espectroamplio de situaciones que van desdepaíses donde las estructuras de gobier-no han sido históricamente débiles,esencialmente controladas por gruposde familias o económicos poderosos y

4. LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA Y LA COHESIÓN SOCIAL 1

Clara Jusidman *

* INCIDE Social, A. C. México.1 CEPAL (2007): Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, p. 15.2 Ibid., p. 16.

177

que a lo largo de la historia poco o nadahan hecho en materia de política social.En el otro extremo se ubican aquellospaíses que en algún momento de suhistoria lograron alcanzar coberturascasi universales de protección socialcomo son los casos de Argentina y Uru-guay.

Las diversas clasificaciones del nivel dedesarrollo que lograron los estados debienestar en la región reflejan el de-sarrollo diferenciado de los gobiernosen América Latina y el compromiso consu colectividad 3.

De la misma manera sólo se pueden se-ñalar grandes tendencias y grandes in-fluencias en materia de políticas de gé-nero en América Latina.

Desde finales de la Segunda GuerraMundial hasta la imposición del llama-do Consenso de Washington en la re-gión latinoamericana a principios de ladécada de los ochenta, es decir, por unperiodo de alrededor de 35 años Ar-gentina, Uruguay, Chile, Brasil, México,Costa Rica y posiblemente Perú, busca-ron desarrollar sistemas de protecciónsocial tendentes a garantizar los dere-chos sociales y económicos de su po-blación, a construir ciudadanía social ycon ello, sociedades más integradas. Ar-gentina y Uruguay con experienciasprevias de protección colectiva deriva-das de las fuertes migraciones europeas

de principios del siglo, y de su exitosocrecimiento económico a partir de eco-nomías de grano y carne, fueron los paí-ses que mayor éxito alcanzaron en lacreación de estructuras formales de em-pleo y a partir de ello de coberturas uni-versales de sus sistemas de seguridadsocial y de educación y salud públicos.Costa Rica es el otro país de la región,que se asemeja a los dos primeros porla cobertura y calidad que alcanzaronsus sistemas de protección social. Sóloesos tres países llegaron a generar po-blaciones más homogéneas y con me-nores niveles de desigualdad.

No hay que olvidar sin embargo, quelos países del Cono Sur aplicaron unapolítica de exterminio y exclusión delos grupos indígenas originarios, porlo que eliminaron violentamente la ne-cesidad de construir sistemas de bien-estar que consideraran la diversidadétnica.

Brasil y México, por su parte, se enca-minaron por el desarrollo de sistemasduales de bienestar donde una propor-ción importante de la población fueprotegida por los sistemas de segu-ridad social, pero otra igualmente im-portante, integrada por población ruralprimero y posteriormente, por traba-jadores del sector informal, quedóexcluida. Este dualismo y posteriorsegmentación de los sistemas de segu-ridad social, que también fue apare-

Clara Jusidman

3 Filgueiras, Fernando; «La nueva arena de las Políticas Sociales: vectores internacionales y mediacióndoméstica en la reforma del sector social en América Latina».

178

ciendo en los servicios educativos y losde salud, se fue agudizando ante la fal-ta de crecimiento de esos países. Nin-guno de los dos logró acompasar uncrecimiento económico con suficientegeneración de empleo formal y des-arrollo de las protecciones sociales decarácter universal.

Más recientemente Brasil ha dado unpaso importante, al universalizar el ac-ceso a ciertos servicios de educacióny salud. México ha ido ampliando lacobertura obligatoria de servicios deeducación preescolar y básica, peromantiene servicios sociales profunda-mente segmentados que contribuyen ala desigualdad y a la desintegraciónsocial.

Con la crisis de la deuda experimentadapor la región latinoamericana a princi-pios de los años ochenta, se hizo evi-dente que si bien se habían realizadoesfuerzos importantes en algunos paí-ses, para incluir a toda su población aun sistema de protección social uni-versal, persistían grandes grupos depoblación en la pobreza y los indicado-res de desigualdad eran los más altos,comparativamente con otras regionesdel mundo.

Desde esa óptica, las políticas públicasdesatadas en América Latina desde losaños setenta del siglo pasado, dirigi-das a incorporar a las mujeres al des-arrollo, como se les denominaba en-tonces, buscaron fundamentalmentela inclusión social y económica de las

mujeres en los avances alcanzados.Las principales demandas se centra-ban en la igualdad de acceso al em-pleo, a la educación, a la seguridad so-cial, a la salud, a la vivienda, a la tierray a los apoyos para la producción. Elmovimiento amplio de mujeres pugna-ba por que éstas pudieran acceder porpropio derecho, a lo que se entendíacomo beneficios del desarrollo, enigualdad de condiciones que los varo-nes y no por la mediación de estoscomo sus parejas o familiares.

Fue entonces una lucha concentrada delas mujeres por garantizar la realizaciónde sus derechos económicos, sociales yculturales, enmarcada en el desarrolloindustrial sustitutivo de importaciones yen los esfuerzos por construir Estadosde Bienestar que dominaban las estrate-gias económicas y sociales de variospaíses.

Los logros de las mujeres latinoameri-canas fueron en general y comparativa-mente con otras regiones, notables. Par-ticularmente en materia de equidadeducativa América Latina puede contaruna historia de éxito vista desde los pro-medios nacionales, aunque persistendesigualdades en el acceso y la calidadde la educación para las mujeres indíge-nas, y entre las distintas regiones alinterior de los países, por ejemplo; enMéxico las mujeres se beneficiarongrandemente a partir de los planes ycompromisos del gobierno de propor-cionar educación pública, gratuita y lai-ca a todos los niños y las niñas. En tal si-

Las políticas de género en América Latina y la cohesión social

179

tuación las familias no tenían que tomardecisiones entre enviar a los niños pre-ferentemente al sistema escolar y rele-gar el acceso de las niñas, dado que elcosto directo para ellas en la educación

de los hijos e hijas, era inexistente omuy bajo.

Igualmente, en materia de acceso al em-pleo, las tasas de participación de las

Clara Jusidman

4 Los datos disponibles para algunos países de la región de lo ocurrido entre 1990 y el 2005 en materia detasas de participación en la actividad económica de las mujeres de 15 años y más muestran todavíaaumentos notables. Por ejemplo en Gran Buenos Aires pasaron del 38% en 1990 a 51% en 2005; para losmismos años los aumentos observados en Bolivia son de 47% a 59%, en Brasil de 45% a 57%; Costa Ricade 39% a 48%; México de 33% a 47%. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobrela base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.

180

Argentina Chile

MéxicoBrasil

FUENTE: Elaboración propia INCIDE Social A. C. 4.

mujeres en la fuerza de trabajo, al me-nos se duplicaron entre 1970 y 2005 5.

Contribuyeron a ello tanto los mayoresniveles educativos alcanzados por lasmujeres en la región como un procesoemancipatorio para definir y controlarsus propias vidas. Parte del aumento dela incorporación de las mujeres al traba-jo extradoméstico también deriva delcreciente deterioro del empleo formal yde los ingresos derivados del mismo,que obliga a las familias a enviar a unmayor número de sus miembros a la rea-lización de actividades generadoras deingreso fuera de las actividades domés-ticas.

Surgieron asimismo políticas y progra-mas de salud que han ido atacando losproblemas específicos de las mujeres yse desarrollaron capacidades para aten-der los problemas de salud reproductivay ampliar la disponibilidad de métodosde control natal.

Se fueron también eliminando las res-tricciones legales para que las mujerestuvieran acceso a la tierra, a los créditosy apoyos productivos, a la vivienda y ala seguridad social.

Sin embargo, personalmente consideroque las mujeres de la región que logra-ron esa integración social, lo hicieron

precisamente en etapas de la historiasocial y económica de América Latinaen la que se empiezan a deteriorar yposteriormente desarticular los servi-cios sociales que se habían montado enlas mejores épocas del desarrollo indus-trial de la región. Las décadas de losaños setenta y ochenta fueron décadasperdidas para muchos países de la re-gión por la presencia de regímenes mili-tares y por la crisis de la deuda. De estemodo, las mujeres acceden masivamen-te a servicios educativos, de salud y deseguridad social en etapas donde estosse deterioran y pierden calidad; asimis-mo acceden al empleo cuando el em-pleo formal empieza un proceso de pre-carización, aparece el sector de maquilacon alto uso de mano de obra femeninaen condiciones de gran flexibilizaciónde las normas laborales y emerge laeconomía informal, donde una propor-ción creciente de mujeres se ocupa.

La década de los noventa introduce enla región la teoría del género y los enfo-ques de género en las políticas públicas.Las mujeres latinoamericanas llegan ala Conferencia de Pekín con un discursoque agrega a la centralidad de las reivin-dicaciones en materia de derechos se-xuales y reproductivos, la defensa desus derechos civiles y políticos. Los te-mas que más ocupan sus intervencio-nes se refieren a derechos sexuales y re-

Las políticas de género en América Latina y la cohesión social

5 Elaborado con datos de: 1) Jürgen Weller, Los mercados laborales en América Latina: su evolución en ellargo plazo y sus tendencias recientes, CEPAL; 2) Rossana Mostajo, Gasto social y distribución del ingreso:caracterización e impacto redistributivo en países seleccionados de América Latina y el Caribe, CEPAL,2000 y 3) CEPAL, Panorama social de América Latina, 2006.

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productivos y al acceso equitativo a po-siciones de poder político y de decisión.Los programas de reestructuración eco-nómica aplicados en la región bajo la re-ceta del Consenso de Washington, colo-can el tema del empobrecimiento de lasmujeres y el reconocimiento de susaportes al bienestar como otros dos te-mas importantes de su agenda. Se plan-tea la necesidad de reconocer que fue-ron las mujeres y la infancia las quepagaron los más altos costos de los pro-gramas de reestructuración económicay que deben existir programas de com-pensación específicos.

A su vez, en materia de política social, laregión pasa de una política basada en laprotección y realización de derechos so-ciales hacia los programas focalizadosen pobreza que en muchos países setradujeron en los llamados Fondos deInversión Social y posteriormente, enprogramas de transferencia directa deingresos como los de becas escolares,apoyos para alimentación, salud y edu-cación, apoyos monetarios a familiasmonoparentales, con adultos mayores ocon personas con discapacidad. Hay lu-ces y sombras en esta etapa de la políti-ca social de América Latina respecto delos beneficios que les genera a las muje-res. Dos ejemplos de México: la crea-ción de 150.000 comités del Programade Solidaridad que obliga a las mujeresdel medio rural y de las zonas margina-das urbanas a salir al espacio público aparticipar en la toma de decisiones dediversas actividades del programa y elotorgamiento de las transferencias mo-

netarias a las familias a través de lasmujeres, acciones que indudablementelas empodera. Sin embargo, son tam-bién ellas las que tienen que asumir lacorresponsabilidad exigida en los pro-gramas.

En esa etapa se abandona el modelo desustitución de importaciones y los paí-ses de la región empiezan a concertartratados de libre comercio y a abrir suseconomías a los mercados de bienes yservicios y de capitales.

En este contexto y como resultado delos temas tratados en Pekín las mujeresde la región se abocan a:

1. Promover la creación de mecanis-mos para el adelanto de la mujercentrados en incorporar en formatrasversal, la perspectiva de géneroprimero en los órganos de planifica-ción y de política sectorial y des-pués, en los presupuestos y los me-canismos de control y rendición decuentas.

2. El desarrollo de metodologías yprogramas de formación y capacita-ción para incorporar la perspectivade género en diversos ámbitos delejercicio de funciones públicas yprivadas.

3. El diseño, instrumentación y eva-luación de Planes de Igualdad deOportunidades, planes de acción oprogramas nacionales para las mu-jeres.

4. El desarrollo de legislación y políti-cas para garantizar el derecho de

Clara Jusidman

182

las personas a la planificación fami-liar, respetando la libre decisión so-bre el número y el espaciamientode los hijos.

5. El desarrollo de legislación, políti-cas y programas y capacidades ins-titucionales para prevenir, detectary eliminar la violencia doméstica yposteriormente, lo que se ha llama-do violencia de género.

6. Algunos avances en el reconoci-miento de la carga doméstica de lasmujeres, en la importancia de me-dirla y contabilizarla y de la necesi-dad de facilitar licencias parentalesy servicios y medios que ayuden aarmonizar familia y trabajo.

7. La promoción de la participaciónpolítica de las mujeres mediantemedidas afirmativas fijando cuotasen candidaturas a cargos electivos yde decisión.

8. Más recientemente la promoción deLeyes de Igualdad, de sociedadesde convivencia y de despenaliza-ción del aborto y de modelos parapromover la democracia al interiorde las familias.

Estas medidas están buscando incidiren cambios culturales que afectan lasrelaciones de poder y de subordinación,procuran modificar normas y creenciasmuy arraigadas en la población y hangenerado problemas de tensión y con-flicto. Afectan en una primera etapa a lacohesión social sustentada en relacio-nes asimétricas y subordinadas entregénero, generaciones y clases sociales yque derivan en ciudadanías diferencia-

das y conculcan derechos humanos deamplios grupos de la población.

Las tensiones no son despreciables puesse dan con instituciones y estructurasmuy poderosas como son los partidospolíticos conservadores en los que mili-tan muchos de los hombres de mayorpoder económico de la región y con lasiglesias, principalmente la católica, quedesde el Vaticano ha logrado en los últi-mos 25 años, combatir y destruir en laregión a las corrientes de la iglesia másprogresistas y comprometidas con lajusticia social y con los pobres. Asimis-mo, como lo hemos visto por aconteci-mientos recientes en Venezuela y enMéxico, un instrumento poderoso de lamodernidad como son los medios decomunicación electrónica también es-tán en manos de hombres ricos y con-servadores.

Los gobiernos de izquierda o los popu-listas tampoco son una garantía para ladefensa de los derechos humanos delas mujeres en América Latina, particu-larmente en los temas de mayor contro-versia. Suele ocurrir que líderes avan-zados en materia de reivindicacionessociales son moralmente muy conser-vadores.

La mercantilización internacional deltrabajo y de las personas nos colocaante problemas emergentes que si bienno son nuevos, sí demandan de políti-cas y acuerdos globales por el tamañoque están alcanzando como son la tratade personas, el comercio sexual y la

Las políticas de género en América Latina y la cohesión social

183

pornografía donde son las mujeres lasque sufren la mayor explotación.

Los derechos de los migrantes, con uncomponente creciente de mujeres, tam-bién exigen un replanteamiento sobre laliberación del tránsito de personas y/o lacreación de fondos de compensaciónpara las regiones y personas que se venafectadas por el comercio internacionalen América Latina.

Por ello, en la era de la globalización esmuy valioso intercambiar información

sobre políticas exitosas para modificarlas bases culturales de las asimetrías degénero y dentro de ello, las relacionesentre trabajo productivo, vida domésti-ca y vida personal y trascender las fron-teras nacionales, a fin de establecercompromisos internacionales que pro-fundicen y actualicen los alcanzados enlos convenios y pactos internacionalesen materia de derechos humanos y nodiscriminación.

Los elevados números de emigrantesque se observan en la actualidad en mu-

Clara Jusidman

184

Posicionamiento de las políticas y temas de equidad de género en México

• Familia «natural»

• Educado envalores

• Educaciónreligiosa en lasescuelas públicas

• Violenciaintrafamiliar

• Divorcio yseparación

• Acceso aeducación

• Acceso al trabajo

• Acceso a laseguridad social

• Acceso aservicios para laproducción

• Acceso a lavivienda

• Acceso aservicios de saludproductiva

• Trata de personas

• Equidad en lasremuneraciones yoportunidades deascenso

• Participaciónpolítica enpuestos deelección y deadministraciónpública

• Anticonceptivosdispositivosdiversos

• Educación sexualen las escuelas

• Feticidios y suscausas

• Distribuciónequitativa decargas de trabajodoméstico yextradoméstico

• Anticoncepciónde emergencia

• Sociedades deconvivencia

• Legislación sobreaborto

• Prevencióny atención del VIH-sida (uso de condón)

• Reconocimientode las familiasdiversas

Posición menosprogresista

(conservadurismocultural)

Posición másprogresista(feminismo)

chos países de América Latina eviden-cian graves deficiencias en materia decohesión social en la región pues pocoslograron construir sistemas de protec-ción que aseguraran a toda su pobla-ción el derecho a la subsistencia y a laseguridad humana, así como replantearproyectos de país que brindaran espe-ranza en el futuro. La desigualdad, ladiscriminación, la pobreza y la extremavulnerabilidad son los problemas socia-les que agobian a muchos países de laregión y sobre esas bases es difícil pen-sar en una cohesión social sustentadaen la equidad, la justicia y en democra-cias sustantivas como diría Ferrajoli.

Los temas actuales de la política de gé-nero en la región como la incorporación

de métodos de contracepción de emer-gencia, la aprobación de sociedades deconvivencia, la legalización del aborto,el reconocimiento de la diversidad defamilias, la armonización entre familia ytrabajo, la violencia sistémica de géne-ro se contraponen a los temas promo-vidos por los sectores conservadorescomo la educación en valores, la educa-ción religiosa en las escuelas públicas yla aceptación de la familia «natural»como el modelo ideal de relaciones.Son campos en los que difícilmente sealcanzan consensos y que por el contra-rio, tensan las relaciones sociales puesrefieren a asuntos profundamente en-raizados en patrones culturales y se re-lacionan con la falta de equidad social yeconómica.

Las políticas de género en América Latina y la cohesión social

185

El título del artículo, entre signos de inte-rrogación, nos plantea preguntas rele-vantes tanto en relación con las políticasde género como en relación con los pro-cesos de desarrollo y las posibles rela-ciones existentes entre ambos. Son esosprocesos de desarrollo, que han tenidomayor o menor capacidad de generarprocesos de cohesión social, los que hancaracterizado la forma en que se confi-guraron las sociedades nacionales y losprocesos de satisfacción de la atención alas necesidades básicas en América Lati-na. Sin embargo, se destaca la pertinen-cia de la pregunta que se formula. Frentea ella, existe una tentación de contestarrápidamente de manera afirmativasobre la existencia de una relación posi-tiva entre ambos componentes. Soste-nerla requiere, cuando menos, el análi-sis en una perspectiva histórica. Puesconceder la enunciación de formular unarelación virtuosa entre ambas es muytentador, aunque para defenderla se re-quiera, cuando menos, de la revisión dela evidencia existente acerca de las polí-ticas públicas en general y las sociales—en particular, las de género— en tér-minos de su capacidad de generar cohe-sión. Debemos preguntarnos entonces,qué es la cohesión, de qué se tratan laspolíticas de género y cuál es la relaciónque existe entre ambas.

Este artículo tiene por objetivo explorarla idea de si es posible formular un mo-

delo de análisis que relacione las condi-ciones de vida concretas de las socieda-des latinoamericanas, la acción de los es-tados en materia de políticas públicas, suimpacto sobre la cohesión social y la re-lación que estos tres procesos han tenidosobre la posición de la mujer en la re-gión, las relaciones de género y el marcode acción para avanzar hacia un modeloque rearticule estos elementos pensandoen un modelo de cohesión sensible a ladimensión de género. Se trata, por lotanto, de formular un modelo de análisisque, en el marco de la experiencia histó-rica, articule la combinación de dos va-riables (cohesión y dimensión de género)formulando una tipología que nos permi-ta avanzar en dar respuesta a esa pre-gunta. Como todo intento de modelizaren el contexto de una realidad tan diver-sa como la de América Latina, podemosanticipar de antemano, que la formula-ción del modelo será insuficiente paracaracterizar globalmente tanto la regióncomo a cada subregión en particular. Sinpoder evitarlo, su anclaje en la experien-cia personal de la autora lo marca clara-mente como una reflexión centrada en larealidad conosureña.

LOS TEMAS DE LA COHESIÓN SOCIAL

El tema de la cohesión social ha sido unproblema que ha llegado al debate so-

5. LAS POLÍTICAS DE GÉNERO EN AMÉRICA LATINA. ¿ES POSIBLE VINCULARLAS A LA COHESIÓN SOCIAL? *

María del Carmen Feijoo **

* Agradezco la colaboración de Annika Dalén, asistente de UNFPA, por el apoyo en la tarea de recolecciónde información para este trabajo.** Oficial de Enlace. UNFPA — Fondo de Población de las Naciones Unidas, Argentina.

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cial a partir de su ausencia. Esto es, noshemos preocupado por el tema a partirdel momento en que estuvo ausente yregistramos esa carencia, vía el recono-cimiento de formas de vida de distintossectores que manifiestan la ausencia deintegración a la sociedad global. Es, si sequiere, un concepto que surge por de-fault. Tomado recientemente como temade diseño de políticas en la Unión Euro-pea, hay consenso acerca de la defini-ción establecida por el Consejo de Euro-pa en términos de considerarla como la«capacidad de una sociedad para asegu-rar el bienestar de todos sus miembros,minimizar las disparidades y evitar la po-larización» (Council of Europe: «Strategyfor Social Cohesion», 2000). A partir deesta línea de trabajo, establecida a partirde la segunda mitad de los noventa,pues la Social Cohesion DevelopmentDivision se formó en 1998, y el primerStrategy for Social Cohesion se redactóen 2000 (Council of Europe), se ha llama-do la atención a la comunidad interna-cional sobre la relevancia de desarrollarpolíticas dirigidas a ese objetivo. EnAmérica Latina, en cambio, la preocupa-ción por la cohesión social surgió comoel resultado acumulado de los cambiosproducidos por el Consenso de Was-hington, traducidos en desempleo, po-breza y desintegración social. Así comoEuropa parece estar preocupada por unmodelo de desarrollo que no sólo garan-tice el bienestar, disminuya las diferen-

cias y evite la polarización, a diferenciade Europa, en la región la perspectivaparece ser bastante más modesta ya queen lugar de cohesión la preocupación secentró más bien en el problema de lainclusión social. Podríamos decir quedonde la Unión Europea se plantea unarelación de calidad en el perfil de incor-poración social y ciudadana, AméricaLatina está todavía planteándose la di-mensión cuantitativa, la garantía de quepor lo menos; todos estén dentro de laestructura social, esto es, como hemosseñalado, la cuestión de la inclusión.Pero además del impacto del neolibera-lismo, también ha llevado a una revisiónde los efectos de los diversos modelosde desarrollo aplicados en la región, asícomo de las políticas públicas diseñadasen cada momento histórico, en términosde su capacidad efectiva de generar unpiso de acceso a derechos que permitie-ra que toda la ciudadanía se encontraradentro.

El interés que despiertan los temas decohesión social se expresa en la recien-te proactividad de la CEPAL en relacióncon la investigación sobre el tema asícomo el compromiso de la próximaCumbre Iberoamericana de Nacionescuya agenda principal es justamente elde la cohesión social. La iniciativa deeste Foro Iberoamericano COFI formaparte de la reciente preocupación al res-pecto 1.

María del Carmen Feijoo

1 Véanse por ejemplo las recientes publicaciones de CEPAL: Víctor E. Tokmán (2007): Informalidad, inseguri-dad y cohesión social en América Latina, Santiago de Chile; Juan Carlos Gómez-Sabaini (2006): Cohesión so-cial, equidad y tributación. Análisis y pers-

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LOS TEMAS DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

Ha sido a la luz de esta revisión que seabordaron los temas de la desigualdadde género y su impacto en la construc-ción de esos modelos de cohesión. Estemomento es entonces muy adecuadopara formularnos preguntas y diseñarrespuestas acerca del establecimientode una agenda de género en el marcode los temas de la cohesión social queaparezca desde el modelo, como parteintegrante de la misma. La racionalidadde la propuesta es obvia: parece imposi-ble pensar políticas de cohesión si no setienen en cuenta la situación, los de-seos, las necesidades y las expectativasde la mitad de la población cuyos intere-ses no pueden esperarse como automá-ticamente representados en el debate yproyecto de la cohesión. Va de suyo queel hecho de que América Latina sea laregión económicamente más desigualdel mundo nos ha obligado a poner rei-teradamente el foco sobre los temas dela distribución del ingreso. Sin embar-go, este abordaje macrosocial centradoen los efectos del acceso a los recursos—y traducido en montos cambiantes dedesigualdad, pobreza e indigencia— nonos puede hacer olvidar el hecho de queesos pobres tienen sexo, edad, perte-nencias culturales y generacionales es-pecíficas que establecen cruces perma-

nentes entre la desigualdad social yotras características particulares, pro-pias de los sistemas de determinaciónde identidades.

Los estudios sobre género, que cuentanya con unas largas tres décadas de fe-cunda producción, han enfatizado quecon el término sexo nos estamos refi-riendo a las diferencias biológicas entremujeres y hombres mientras que el en-foque de género se concentra en el con-junto de características culturalmenteespecíficas que identifican el compor-tamiento social esperado de mujeresy hombres y la relación entre ellos. Setrata de la existencia de sistemas desexo/género que basados en las diferen-cias biológicas implantan modelos dife-renciados de comportamientos, jerar-quizados y asimétricos que determinanlas probabilidades de desarrollo quehombres y mujeres tienen en las diver-sas sociedades. Visto desde esta pers-pectiva, las sociedades son construccio-nes cuyas bases están impregnadas porestas diferencias de comportamiento apartir de las cuales se define general-mente el destino de sus integrantes.Dado que la ideología tiende a naturali-zar estas diferencias, sobre todo en elcaso de las diferencias entre hombres ymujeres, resulta necesario siempre lle-var a cabo el antipático proceso de des-guazarlas para ponerlas a la vista. Esto

Las políticas de género en América Latina

pectivas para América Latina, Santiago de Chile; y el libro preparado por CEPAL para la XXVII Cumbre Ibe-roamericana: Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe, 2007, Na-ciones Unidas, Santiago de Chile.

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es lo que queremos hacer en relacióncon el género y la cohesión social demodo de ver cómo un proyecto que sedirija en esa dirección debe articularsecon la perspectiva de género, en el mo-mento mismo de su formulación y nocomo un mecanismo correctivo de lasdeficiencias del modelo después de ha-ber sido formulado. Este punto abre eldebate, que no podremos desarrollaraquí, sobre qué son las políticas de gé-nero (Arriagada, 2005). De hecho, tam-bién es necesario plantear que aún en elcontexto de los modelos de desarrollomás tradicionales, existieron políticasque tuvieron que ver con el sistema desexo/género y que produjeron cambiosimportantes en la vida de las mujeres:nos referimos, especialmente, a aque-llas que tuvieron relación con códigosciviles y de familia, así como las que con-dujeron a la ciudadanía política. Se trata,por ejemplo, de la igualdad civil, de la ca-pacidad de disponer de sus bienes, delacceso a los bienes gananciales en elmatrimonio, y del derecho a sufragio,procesos que en la región se desarrolla-ron entre los años veinte y sesenta delsiglo XX y los que sin haber sido defini-dos ni pensados como políticas de gé-nero —categoría aún inexistente— tu-vieron un impacto sustancial en lascondiciones de vida de las mujeres.

EL GÉNERO Y EL ESTADO DE BIENESTAR

Esta obcecación proviene del hecho dehaber aprendido a reconocer el impacto

de los distintos regímenes de bienestar(o de malestar, como los denominan al-gunos autores) que se implementaronen la región a lo largo del siglo XX y delefecto que los mismos tuvieron en tér-minos diferenciales sobre la posiciónde hombres y mujeres y la forma enque estos efectos retroalimentaron lossistemas de sexo/género. Con el trazogrueso sólo posible en este ejercicio,podemos mencionar que se han des-arrollado estados de bienestar imper-fectos, denominados de distinta formapor los investigadores. En su análisis dela relación entre género y regímenes debienestar, Maxine Molyneux (2006) losdenomina como Estado social y los ca-racteriza como fundamentalmente liga-dos con el mundo del trabajo y la figurasocial del trabajador. Aunque de inspi-ración universalista, estos intentosfueron limitados en sus alcances, cu-briendo generalmente tan sólo a la po-blación urbana de las áreas más des-arrolladas y a sectores medios y detrabajadores organizados, con mayorpoder de presión. Los sectores más po-bres, rurales, indígenas, en situación deautoempleo e informalidad, sólo margi-nalmente accedieron a los beneficiosde esos modelos. Fuera de las limitacio-nes en términos de su cobertura efecti-va, tuvieron el atractivo fundamental deque, maduros o no, se convirtieran enun «deber ser» para millones de traba-jadores que luchaban por alcanzar unestatus de derechos ligado con su posi-ción en el mundo del trabajo y constitu-yeran el basamento de sus reivindica-ciones. Era un modelo de incorporación

María del Carmen Feijoo

190

centrado en la figura del trabajadormasculino.

Es importante señalar que, en ese con-texto, el acceso de las mujeres a lasofertas del bienestar se encontrabamediatizado por su relación con el jefede familia breadwinner por cuyo inter-medio se accedía a los beneficios ex-tensivos a los integrantes del núcleofamiliar. Las mujeres que no trabaja-ban, típicamente, «esposas y madres»eran tal como los denominaba la le-gislación previsional «dependientes».Mientras tanto, las que trabajaban enposiciones formales de la economía ac-cedían a beneficios casi siempre equi-parables a los de los hombres y la esca-la de esas prestaciones estaba másdeterminada por las características delempleador y el tipo de dependenciaque por la naturaleza de la actividaddesarrollada. Con el trabajo domésticoy la doble jornada, unas y otras, cum-plían con los roles establecidos por elsistema de sexo/género, en el marcode una cultura que según algunos auto-res (Chaney, 1979) comenzó siendo«marianista» por el mito de la VirgenMaría extrapolado al conjunto de lasmujeres, que habría tenido un fuertearraigo identitario en el desempeño dela maternidad como destino principalde las mujeres. Ese mito matriarcal sehabría expandido más tardíamente asu intervención en el mundo públicodel barrio sobre la base del sacrificiofemenino (Barrig, 1988). En fin, desem-peño de roles vicarios legitimado en elobjetivo de garantizar la sobrevivencia

de sus familias, y con baja probabili-dad de iniciar caminos de reconoci-miento de sus intereses específicos,tanto personales como de género. Pro-ceso que, sin embargo, resultó en mu-chos casos inevitable como parte de ladimensión de autonomía que muchosde esos experimentos sociales genera-ron, a pesar de ellos (Feijoo, 1991).

EL GÉNERO Y EL ESTADO NEOLIBERAL

Ese Estado social limitado, de baja co-bertura, prestaciones deficientes, difícilde financiar, confrontado con la crisis fis-cal de los Estados relacionada con ladeuda externa, tocó a su fin con los ini-cios del Consejo de Washington. Con-vertido el Estado —según las palabrasde Octavio Paz— en el «ogro filantrópi-co» que les sacaba a los pobres para dar-les a los ricos, fue perdiendo su vocaciónuniversalista, por incapacidad tanto deexpandirse como de seguir garantizan-do la cobertura a los que lo tenían. Quefuera posible este proceso de retrocesosocial que caracterizó a los años noven-ta, resultó del nivel de deterioro de susprestaciones, acosadas por la crisis delos Estados, la mala calidad de las mis-mas, y la formación de mercados dualesque fueron definitivamente establecien-do un modelo de satisfacción de las ne-cesidades básicas mercantilizado paralos no pobres y uno estatal para los po-bres. En un sentido, el modelo se impu-so porque los más pobres renunciaban alo que ya no tenían o a servicios públicos

Las políticas de género en América Latina

191

insatisfactorios por su mala calidad. Así,educación, salud, previsión, seguridad,fueron paulatinamente desdibujándosecomo derechos y reconociéndose comomercancías. El ajuste estructural prime-ro, el Consenso de Washington después,abrieron camino para el desmantela-miento de la institucionalidad existente,achicando el tamaño del Estado y priva-tizando las empresas prestadoras de ser-vicios básicos, sustituyendo los siste-mas previsionales de reparto por fondosde pensión y pasando del universalismoa la focalización, no como complementoconcentrado de oferta de políticas paragrupos con problemas sino, en muchoscasos, «en lugar de».

Este escenario se complejizó por el cre-cimiento de la pobreza en la región cuyo

desempeño fue desigual desde los añosochenta hasta la fecha (cuadro 1).

Y la nueva generación de políticas quese dispuso a abordarla se centró en mo-delos de transferencia de ingresos, ge-neralmente en cabeza de mujer, que semovían del modelo de los derechos y dela justicia social al de protección social ymanejo de riesgos, imponiendo el des-empeño de contraprestaciones consis-tentes justamente en la satisfacción deesos derechos que el debilitamiento delEstado hacía cada vez más inalcanza-bles. Si en el otro modelo las mujereseran «beneficiarias», en este habíansido titularizadas en base a la confianzaque emanaba de esa tradición del sacri-ficio y dedicación a la maternidad, loque las convertía de manera plena en

María del Carmen Feijoo

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CUADRO 1. Evolución de la pobreza en América Latina

América Latina: Incidencia de la pobreza y la indigencia, 1980-2005Porcentaje de

Pobres IndigentesTotal Urbana Rural Total Urbana Rural

1980 40,5 29,8 59,9 18,6 10,6 32,71986 43,3 35,5 59,9 20,7 13,5 36,01990 48,3 41,4 65,4 22,5 15,3 40,41994 45,7 38,7 65,1 20,8 13,6 40,81997 43,5 36,5 63,0 19,0 12,3 37,61999 43,8 37,1 63,7 18,5 11,9 38,32000 42,5 35,9 62,5 18,1 11,7 37,82001 43,2 37,0 62,3 18,5 12,2 38,02002 44,0 38,4 61,8 19,4 13,5 37,92003 44,2 39,0 61,1 19,1 13,7 36,42004 42,0 36,9 58,7 16,9 12,0 33,12005 39,8 34,1 58,8 15,4 10,3 32,5

FUENTE: Panorama Social de América Latina 2006, CEPAL y CEPALSTAT.

garantes de la ahora llamada «inversiónen capital humano» en sus hijos. Así, lanovedad en materia de diseño de políti-cas fue el de las de asignaciones focali-zadas a grupos de personas pobres quereunían características determinadas; latransferencia a la mujer, en lugar dela del jefe de familia breadwinner delmodelo anterior, se basaba en la hi-pótesis de su capacidad de invertir enel bienestar de la familia. Veinticincomillones de personas en el ProgramaOportunidades de México, doce millo-nes en el Bolsa Familia de Brasil, seis-cientas mil mujeres en el ProgramaFamilias en Argentina, doscientos vein-ticinco mil en el Programa Puente y Chi-le Solidario en ese país, un millón enEcuador, dan la pauta del alcance de es-tos programas y de la problemática so-cial a resolver. Desde el punto de vistadel género, salvo pequeñas excepcio-nes en que se dirigen prestaciones tam-bién a mujeres, sobre todo en saludsexual y reproductiva, la misma racio-nalidad del diseño refuerza el rol admi-nistrador de la mujer de los recursos dela familia y, por lo tanto, su posición tra-dicional en la misma. Pese a ello, no hayque dejar de contemplar la virtualidadempoderadora que tiene el hecho deque ellas sean las titulares del recurso,independientemente de los grados de li-bertad que tengan para la asignacióndel mismo.

Estos programas han sido objeto degrandes debates: las preguntas giran al-rededor de si el hecho de convertir a lasmujeres en receptoras de esas transfe-

rencias implican también un proceso deempoderamiento y de fortalecimientode su condición de sujetos de derechoso si, simplemente, se las utiliza comovariables intervinientes en la optimiza-ción de las condiciones de vida de susfamilias. También se ha indagado lacuestión del impacto de ellos sobre lavaloración de la maternidad, la femini-zación de la responsabilidad y obliga-ción en el manejo de la pobreza y unaredefinición de lo público y lo privado.En fin, desde el punto de vista de estamesa, se trata de discutir si estos pro-gramas permiten sostener crecientesgrados de autonomía como sujetos dederechos permitiendo conciliar sus inte-reses específicos con los de la sociedadglobal (Serrano, 2005).

UN MODELO QUE ARTICULE EL ANÁLISISDE COHESIÓN Y POSICIÓN DE LA MUJER

Intentaremos ahora establecer un mode-lo que articule ambas dimensiones deanálisis. Cabe preguntarse qué relaciónexistió entre estas políticas y la cohesiónsocial y, especialmente la dimensión desubordinación/emancipación de género.Para ello, plantearemos que la cohesiónsocial es un atributo de las sociedadesque puede estar ausente o presente; y enrelación con el sistema de sexo/género,postulamos que puede haber socieda-des con subordinación y con emancipa-ción y trataremos de establecer un mo-delo o tipología entre estas dos variablesy sus atributos. Este modelo no supone

Las políticas de género en América Latina

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la existencia de circulación obligada poretapas, ni, necesariamente, un sentidode progreso sino que es una foto de lascombinaciones de elementos que se die-ron en la región. Pensamos que, hastaahora, la hipótesis sobre la relación en-tre ambas y el propio título de este pa-nel, se puede plantear de dos maneras:la economicista tradicional, que hacetributarias a las variables blandas deldesarrollo de las duras; la segunda, lanuestra, que se plantea de qué maneralas variables blandas pueden modificarlos valores de las duras. En el primercaso, la igualdad de género o la disminu-ción de la subordinación provendríandel progreso económico; en el segundo,la mejora sobre la variable género ten-dría impactos positivos sobre el mismoprogreso económico. Es decir, la igual-dad de género tendría un fin en sí mismapara la cohesión social, formulado comouno de los elementos necesarios paraasegurar el bienestar de todos sus miem-bros, minimizar las disparidades y evitarla polarización, tal como la define el Con-sejo de Europa, arriba citado.

Se define así un modelo con cuatro ti-pos en su interior:

Modelo I: Sociedades desigualesy patriarcales

Sociedades desiguales y patriarcales.Ese modelo correspondería a las socie-dades agrarias tradicionales, con estruc-turas productivas de enclave, continui-dad entre lugar de familia y lugar detrabajo, autoridad masculina incuestio-nada, relaciones serviles, ausencia dederechos. Agregación de un conjuntode unidades productivas, bajo la formade explotaciones extensivas.

Carece de cohesión en tanto las unida-des productivas tienen bajo grado de ar-ticulación entre ellas y funcionan haciasu interior, como pequeños estados.Combinan, probablemente, niveles decohesión al interior de dichas unidades,fundados en relaciones de dependenciay baja cohesión global. El conjunto de lasociedad surge de la sumatoria de unconjunto de propietarios con dominioabsoluto sobre la vida de sus trabajado-res y relaciones de competencia o cola-boración entre ellos. La posición de lamujer es subordinada aunque puedenencontrarse casos excepcionales de ma-triarcas que en todo caso son la versión

María del Carmen Feijoo

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SOCIEDADSIN COHESIÓN CON COHESIÓN

SUBORDINACIÓN I: Sociedades desiguales y II: Modelo de cohesión patriarcales sistémica con subordinación

IGUALDAD III: Grados decrecientes de IV: Lo que buscamos: cohesión y crecientes sociedades cohesionadas de demanda de igualdad respetando la equidad

de género

GÉNERO

femenina del poder patriarcal. Es proba-blemente la literatura la que nos ha brin-dado más ejemplos del modelo.

Modelo II: Modelo de cohesiónsistémica con subordinación

Se trata del modelo que combina socie-dades cohesionadas con subordinaciónde género y que se refiere al modelo delEstado social cuyas características yahemos señalado anteriormente. Es unmodelo más contemporáneo. Visto des-de la perspectiva de los países de des-arrollo temprano, básicamente los delCono Sur, implica varios subperíodos.En todo caso, se trata de un modelo decohesión sistémica y subordinación es-trechamente ligado con el diseño delmodelo de Estado social al que nos he-mos referido anteriormente.

Formulamos así la hipótesis de la exis-tencia de una fase, que denominamos«modelo de cohesión sistémica consubordinación»: se trata de la resultantedel funcionamiento en el máximo nivelalcanzado del modelo de Estado social,garantizando niveles de vida relativa-mente aceptables para el momento dedesarrollo en el que se despliega, y unmodelo de cohesión surgido de la arti-culación de los mismos. Ese modelo,como hemos dicho, relega el rol de lamujer a la reproducción de las condicio-nes de vida cotidianas en su carácter deejecutora del recurso salarial contribui-do por el marido y de desarrolladora dealternativas de producción doméstica

que reemplazan la insuficiencia del sala-rio, cuando esto es necesario. CarolineMoser se refirió al tema en sus pionerostrabajos cuando aludía a los múltiplesroles de las mujeres (Moser, 1993). Des-de el punto de vista de la articulación yel género, la característica más impor-tante de esta fase sería la existencia deuna depositación masiva de los intere-ses de las mujeres en los del núcleo fa-miliar. No habría diferencia entre intere-ses de la mujer e intereses de la familia.Aunque, por supuesto, este modelo in-cuba en resistencias microcotidianas laapertura de la fase siguiente, con mayoridentificación de intereses de los sujetosfrente al colectivo familiar.

Modelo III: Grados decrecientes decohesión y crecientes de demandade igualdad

El Modelo III puede verse también comouna ruptura del Modelo II: se relacionacon las crisis de los estados de bienes-tar y tiene, por lo tanto, diferente crono-logía según el grado de madurez subre-gional de los mismos. En un sentido,éste surge del desdibujamiento de laacción del Estado cuyas insuficienciasgeneran un resquebrajamiento de la co-hesión social, en tanto ciertos procesosde bienestar se hacen cada vez más di-fíciles de alcanzar y, como consecuen-cia, se pierde cierta direccionalidad queel progreso y la movilidad asignabanal desarrollo de las familias populares,con sus consecuencias de desestruc-turación subjetiva y social. Es en este

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contexto en el que, como resultado delos procesos de modernización, se pro-duce también un proceso de legitima-ción de las diferencias entre los miem-bros de la familia, que en el plano delproceso de formación de identidadestiende a operar menos como un agre-gado aunque la necesidad económicala obligue a fortalecerse en términos deolla común. Nos hemos referido a elloen un artículo en el que destacábamoslas tendencias centrífugas y centrípe-tas en el marco de la crisis en los añosochenta (Feijoo, 1993). Surge aquí la di-ferenciación de intereses por género ygeneración que antes había quedadosubordinada a la autoridad de quien erael proveedor de ingresos pero tambiénpater familiae. Paradójica situación deruptura de la cohesión y tendencias ha-cia la emancipación, contenido centraldel Modelo III, de sociedades con gra-dos decrecientes de cohesión y gradoscrecientes de demanda de igualdad yde reconocimiento de los intereses es-pecíficos. Pésimo momento para la di-fusión del pliego de peticiones de unfeminismo contemporáneo que, antelos ojos de la opinión pública conserva-dora, requería más subordinación parasuperar la creciente pérdida de la cohe-sión —resultante de la crisis económi-ca— y crecientemente imputaba a estadiferenciación de intereses la crisis dela estructura familiar, el incrementode los hogares con jefatura femenina,las separaciones legales y de hecho y ladesorientación de jóvenes y adoles-centes en un contexto económico queles cerraba oportunidades de vida a la

vez que, crecientemente, los reconocíacomo sujetos autónomos.

Modelo IV: Lo que buscamos:sociedades cohesionadasrespetando la equidad de género

En la búsqueda de abordar los proble-mas sociales de la región, en la eta-pa postneoliberal se han abordado laspolíticas que hemos mencionado parapaliar los efectos más críticos sobre losllamados «grupos vulnerables» del re-sultado de la reconversión neoliberal.Independientemente de la racionalidadque las inspira, no hay duda de que par-te del diseño de esas políticas intenta di-rigirse a paliar los problemas ligadoscon el debilitamiento de la inclusión.Los modelos de transferencia de recur-sos, monetarios y no monetarios, a launidad doméstica implican la voluntadde generar un colchón de tiempo mien-tras se espera el nuevo despliegueproductivo de nuestras sociedades. Dehecho, los indicadores económicos dedesempeño de las economías regiona-les dan cuenta del inicio de una nuevafase productiva, orientada al mercadoexterno, y basada en la exportación deproductos del sector primario con dife-rentes niveles de valor agregado. Estastransformaciones que han ayudado apaliar la crisis económica y a mejorarlos niveles de pobreza no han permitidotodavía recuperar los niveles de bienes-tar de las sociedades. Adicionalmente,se han configurado en ellas grupos quesufren especialmente esas privaciones y

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que comienzan a convertirse en indica-dores de ausencia de cohesión social,entre ellos, adolescentes y jóvenes queno trabajan ni estudian, trabajadores deedades medias que atraviesan situacio-nes permanentes de desempleo, nivelessalariales bajos que se sostienen enbase al mantenimiento de tasas de des-empleo importantes, hogares con jefa-tura femenina y baja dotación de capitalhumano.

Este es el contexto en el que la cuestiónde la cohesión surge como una deman-da relevante. Lo que ya no está hoy encuestión —en tanto se ha producido unverdadero cambio de época— es que elrol de la mujer no puede constituirsesólo en la variable interviniente para me-jorar las condiciones de vida de la fami-lia trabajadora y de sectores populares.El creciente reconocimiento legal a algu-nos contenidos de una agenda de géne-ro llama notablemente la atención, pesea la presión que ejercen grupos conser-vadores para frenar su desarrollo. El re-ciente reconocimiento de la ciudad deMéxico al derecho al aborto, el debateimperante en varios países de la regiónsobre el tema, entre ellos, Brasil, Uru-guay y Argentina, dan cuenta de la con-solidación de esa agenda. El reconoci-miento a los diferentes, como en el casode la unión civil que incluye a personasdel mismo sexo en la ciudad de BuenosAires, la disminución de la hostilidad ha-cia los diferentes, la fuerza del movi-miento gay&lesbian, son todos indica-dores de una creciente apertura hacia latolerancia y el reconocimiento de los de-

rechos de los otros. Existe entonces unescenario muy favorable para repensarlos temas de cohesión social y género,incluso para proveer una respuesta posi-tiva a la pregunta del panel. No sólo esposible vincular las políticas de género ala cohesión social, sino que hacerlo esuna condición sine qua non. Estricta-mente, no sería posible pensar políticasde cohesión sin incorporar simultánea-mente la perspectiva de género.

Ahora, ¿cómo se diseñan políticas decohesión que fortalezcan la igualdadde género? y, viceversa, ¿cómo se dise-ñan políticas de género que incremen-ten la cohesión?

CONCLUSIONES

El diseño de políticas de cohesión so-cial sensibles a la dimensión de eman-cipación de género implica una reinge-niería del conjunto. En tanto la mismaafecta intereses establecidos alrededordel sistema de sexo/género vigentes,no resulta fácil avanzar en ese caminopor el peso que impone la misma vi-gencia de otros modelos. Esa búsquedaserá seguramente resultante de las ac-ciones de debate teórico, formulaciónde políticas y acciones del movimientosocial de mujeres, dirigidas a hacer visi-bles sus demandas. Estas demandas,por otra parte, suelen ser a veces másreivindicativas de derechos que opera-tivas y esto hace que el avance sea aúnmás lento.

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En primer lugar, es necesaria una redefi-nición del espacio público y privado y laruptura de la atribución tradicional deresponsabilidades a hombres y mujeresen cada uno de ellos. Dicha ruptura im-plica también una revisión de la divisiónsexual del trabajo, con implicacionesen términos de la división social del tra-bajo, y mayor atención e inversión enservicios públicos que puedan ir apro-piándose crecientemente de tareas rea-lizadas en el ámbito privado de la fami-lia y atribuidas a las mujeres. En estaredefinición de lo público y lo privado seincluye una reingeniería del uso deltiempo, tal como se ha señalado reitera-damente en el debate de COFI y en lasobras recientes de María Ángeles Durán(2007) y Rosiska de Oliveira (2003). Eltiempo y el acceso a un uso más demo-crático del mismo desde la perspectivade género se vislumbra como una piezaclave en sociedades más cohesionadasy respetuosas de los intereses específi-cos de hombres y mujeres. En fin, se tra-ta de la agenda de la conciliación.

Esa transformación incluye también in-corporar los recientes avances tecnoló-gicos a la realización de tareas que tie-nen componentes de trabajo objetivo yotros de cuidado y que, con la actual di-visión sexual del trabajo, se conviertenen su conjunto en tareas de cuidado,por supuesto, de responsabilidad feme-nina. Decía hace más de veinte años lafeminista cubano-argentina Isabel Lar-guía (1972) que en el cuidado infantil eranecesario separar el componente de tra-bajo —lavado de pañales— del de cui-

dado —socialización y afecto— puesuna máquina podía hacer el primero ysólo desde el rol de madre —biológica osustituta— podía hacer el segundo.¿Cuánto deberíamos revisar de las tareasde reproducción para desgajar lo que estrabajo que se puede tercerizar y cuida-do que hay que incentivar o reforzar? Eldesarrollo de ofertas de servicios colec-tivos es crucial en este campo. Esta se-paración del contenido de las tareastambién permitiría una especializaciónde las familias en el afecto más que enla realización de la materialidad de lastareas reproductivas. Esta es la sendatambién para pensar las transformacio-nes en términos de género y no sólo enrelación con la cambiante posición de lamujer.

Esa centralidad nos lleva a la cuestiónde las políticas de los estados, con fre-cuencia inerciales frente a los aspectosque estamos planteando. Buenos servi-cios de cuidado infantil, escuelas de do-ble jornada, regímenes laborales flexi-bles a elección de los trabajadores/as,sistemas de licencias optativas para ma-dres y padres, son caminos que debenexplorarse sistemáticamente sin subor-dinarse a las disponibilidades finan-cieras del Estado o del mercado. Estedesarrollo de «lo que queremos» se en-cuentra muchas veces opacado hastapor la misma probabilidad de pensarlo.

Por último, esta redefinición de lo públi-co y lo privado, pasa centralmente porpolíticas referidas a los derechos perso-nalísimos al cuerpo y a la construcción

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de identidades. Es central en este aspec-to el tema del acceso a los derechos enmateria de salud sexual y reproductiva,verdadero punto de articulación concre-ta entre privado y público. Hay un largodebate en las páginas del foro, acerca dela necesidad de reflexionar y generar de-rechos alrededor de las nuevas realida-des de sexo/género, muy separadas yade la original constitución binaria hom-bre/mujer. Aquí, el desarrollo de nuevastecnologías reproductivas nos abre un

escenario de gran complejidad, legal,ética y política, al que también será ne-cesario responder. Probablemente, partede los problemas de la cohesión social li-gadas con nuevas identidades de géneroserá parte de esta agenda.

¿Cómo podrán las políticas de los esta-dos abordar estas nuevas realidades?Es parte de la discusión a la que este do-cumento intentó establecer un pequeñoaporte.

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Rosario Aguirre

Uruguaya, socióloga y profesora titularde Sociología en la Facultad de CienciasSociales de la Universidad de la Repúbli-ca. Ha sido directora del Departamentode Sociología y es responsable del Áreade Sociología de Género de ese departa-mento. Ha sido fundadora del Área Mu-jer y Desarrollo del Centro Interdiscipli-nario de Estudios sobre el Desarrollo deUruguay. Desde hace más de dos déca-das investiga acerca de la participacióneconómica de las mujeres, familia y gé-nero y, más recientemente sobre la arti-culación entre trabajo y familia.

Irma Arriagada

Socióloga, egresada del doctorado deEstudios Americanos con mención enHistoria Económica y Social de la Uni-versidad de Santiago, Chile y con estu-dios en Sociología del Desarrollo en laUniversidad de Londres (L.S.E.). Oficialde Asuntos Sociales de la Comisión Eco-nómica para América Latina (CEPAL) enSantiago. Escribe habitualmente en elanuario de CEPAL, Panorama Social deAmérica Latina sobre temas de género,políticas sociales, mercado laboral, fami-lia e integración social. Ha dictado cur-sos sobre temas sociales para estudian-tes de postgrado en Argentina, Bolivia,Chile, España, Perú y Uruguay, ha publi-cado libros y artículos en revistas acadé-micas sobre familia, capital social, géne-ro, mercado laboral y políticas sociales.

Judith Astelarra

Es profesora de Sociología en la Univer-sidad Autónoma de Barcelona (UAB).Fue decana de la Facultad de CienciasPolíticas y Sociología de la UAB (1992-1997). Ex miembro del Consejo Rectordel Instituto de la Mujer, España (1983-1990). Desde 2004 es miembro del Con-sejo Asesor de la Fundación Carolina yexperta del Consejo de Cooperaciónpara el Desarrollo. En 2006 recibió lamedalla President Macià de la Generali-tat de Catalunya, por la dedicación,constancia y espíritu de iniciativa en suactuación laboral. Entre sus publicacio-nes recientes se encuentran: Participa-ción de mujeres y hombres en la tomade decisiones. Un análisis de cinco or-ganizaciones europeas (Proyecto LIBRA,Diputación de Barcelona, 2005). Veinteaños de política de igualdad en España(Editorial Cátedra, 2005). Políticas de gé-nero en la Unión Europea y algunosapuntes sobre América Latina (CEPAL,Serie Mujer y Desarrollo, 2004). ¿Librese iguales? Sociedad y política desde elfeminismo (Santiago de Chile, CEM edi-ciones, 2003).

Lourdes Benería

Licenciada en Economía (Universidadde Barcelona), M.Ph. (Columbia Univer-sity) y Doctora en Economía (ColumbiaUniversity). Actualmente es profesorade la Universidad de Cornell. Dirigió es-tudios internacionales en el programa

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de planeamiento, el programa latinoa-mericano de estudios de género y elprograma global del cambio. Sirvió enel comité consultivo internacional parael informe de UNIFEM sobre Progresosde las mujeres del mundo (2000) y esmiembro del Consejo consultivo inter-nacional para el programa global de laOIT sobre seguridad socioeconómica.Ha sido miembro del Consejo consulti-vo de investigación del Instituto en Was-hington, y del Consejo consultivo de po-lítica económica, y es miembro actualdel directorio del PNUD de expertos de-signados en pobreza en América Latinay el Caribe. Hoy su trabajo se centra enla informalización del mercado de traba-jo, la pobreza y el cambio urbano enAmérica Latina.

Pilar Carrasquer

Es profesora titular del Departamento deSociología de la Universidad Autónomade Barcelona (UAB). Desarrolla su activi-dad investigadora sobre los trabajos delas mujeres y las desigualdades de géne-ro en el marco del QUIT (GRup d’EstudisSociològics sobre Vida Quotidiana i Tre-ball) del citado departamento. He reali-zado investigaciones sobre el perfil so-ciolaboral del paro femenino en España(1994); la situación de las trabajadorasen el sector financiero español (1995);cambios en las relaciones de género: in-dicadores sociales y políticas de igual-dad de oportunidades (1997); las impli-caciones del reparto del trabajo sobre el

empleo y la vida cotidiana (2001); el es-tudio de la doble presencia: una apuestapor la conciliación de la vida laboral y fa-miliar (2002); el tiempo de trabajo en lanegociación colectiva y sus efectos so-ciales (2004). Es autora del libro Mujer ytrabajo en España, 1985. Coautora de li-bros y capítulos de libros: El empleo delas jóvenes; El treball i l’ocupació a Cata-lunya entre 1988-1998, entre otros.

Patrocinio de las Heras

Diputada del Grupo Parlamentario So-cialista de la Asamblea de Madrid en laVI Legislatura. Diplomada en Trabajo So-cial y Magisterio. Licenciada en CienciasPolíticas y Sociología. Funcionaria de ca-rrera del Cuerpo de Asistentes Socialesde la Seguridad Social. Ha publicado di-versos libros, ponencias y artículos so-bre políticas sociales, cooperación aldesarrollo, igualdad entre mujeres yhombres, y familia. Ha sido Concejaladel Ayuntamiento de Madrid, DirectoraGeneral de Acción Social de los Ministe-rios de Trabajo y Seguridad Social y deAsuntos Sociales y Delegada Federal deAsuntos Sociales del PSOE. Ha sido, en-tre otros cargos, Presidenta de la Federa-ción Española de Mujeres Progresistas.

María del Carmen Feijoo

Es Oficial de Enlace del Fondo de Pobla-ción de Naciones Unidas en la Argenti-

Relación de autores

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na, socióloga, egresada de la Universi-dad de Buenos Aires. Fue consultora dediversos organismos internacionales,Convencional Constituyente en la Refor-ma Constitucional de 1994, SecretariaEjecutiva del Consejo Nacional de Coor-dinación de Políticas Sociales, Subse-cretaria de Equidad y Calidad Educativadel Ministerio de Educación de la Na-ción, Subsecretaria de Educación de laProvincia de Buenos Aires. Es autora denumerosos libros y artículos. Sus últi-mos libros son: Argentina. Escuela y Po-breza. Desafíos educativos en dos esce-narios del Gran Buenos Aires. BuenosAires, IIPE-UNESCO, octubre 2004 (encolaboración con Silvina Corbetta); yNuevo País, nueva pobreza. Buenos Ai-res, 2° edición ampliada, Fondo de Cul-tura Económica, Colección Breve, 2003.

Cristina Gomes

Es médica, graduada en la UniversidadFederal de Rio de Janeiro y cuenta conun Doctorado en Estudios de Poblaciónen el Colegio de México. Sus especiali-dades son el envejecimiento poblacio-nal, familia, pobreza y salud, con énfasisen el diagnóstico, diseño, monitoreo yla evaluación de políticas orientadas agrupos que viven en pobreza o en re-giones marginadas. En estos temas hadesarrollado consultorías a nivel guber-namental en Brasil y México y para or-ganismos internacionales como el Po-pulation Council, la Fundación Ford y elUNFPA EAT. Durante ocho años ha sido

profesora e investigadora de FLACSO-México. En la actualidad es Asesora enPoblación y Desarrollo en el Equipo deApoyo Técnico para América Latina y elCaribe CST LAC.

Martín Hopenhayn

Master en Filosofía de la Universidad deParís VIII bajo la dirección de Gilles De-leuze. Desde 1984 publica artículos y li-bros en temas vinculados con el des-arrollo social latinoamericano, aspectosculturales de la globalización y crisis delos paradigmas de la modernidad. Des-de 1989 es investigador de la Divisiónde Desarrollo Social de la CEPAL. Hasido profesor de filosofía en la Universi-dad de Chile (1980-1985, 1993 y 1998) yUniversidad Diego Portales (1983-1988).Entre sus libros destacan: Ni apocalípti-cos ni integrados: aventuras de la mo-dernidad en América Latina (Santiago yMéxico, FCE, 1994 y 1996); Después delnihilismo: de Nietzsche a Foucault (Bar-celona y Santiago, Ed. Andrés Bello,1997 y 2005); y América Latina, desigualy descentrada (Buenos Aires, Norma,2005).

María Jesús Izquierdo

Profesora de la Universidad Autónomade Barcelona y Directora del Observato-rio para la Igualdad de esta misma uni-versidad. Autora entre otras obras de

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El malestar en la desigualdad (Ed. Cáte-dra), Cuando los amores matan. Conflic-to y cambio en las relaciones de edad yde género (Ed. Libertarias), Sin vueltade hoja. Sexismo: poder, placer y tra-bajo (Ed. Bellaterra).

Clara Jusidman

Es economista por la Universidad Na-cional Autónoma de México y fue in-vestigadora de El Colegio de México.Es especialista en desarrollo y políticasocial, mercados de trabajo y equidadde género. Ha trabajado durante 20años en el Gobierno Federal. Actual-mente es Presidenta Honoraria de INCI-DE Social A. C., una organización civilque trabaja proyectos de democracia,diálogo social, desarrollo social y dere-chos humanos. Es miembro del Conse-jo Asesor de la UNICEF y del Informe deDesarrollo Humano del PNUD en Méxi-co, y consejera de la Comisión de Dere-chos Humanos del D.F. Ha publicadovarios artículos y libros sobre empleo,sector informal, desarrollo y política so-cial, derechos económicos, sociales yculturales, equidad de género, partici-pación ciudadana y desarrollo de la so-ciedad civil.

Marta Lamas

Etnóloga, con una maestría en CienciasAntropológicas por la Universidad Na-

cional Autónoma de México. Profesoradel departamento de Ciencia Política delInstituto Tecnológico Autónomo de Mé-xico. Directora de la revista Debate Fe-minista. Activista feminista, integrantede varias asociaciones civiles. Su libromás reciente es: Feminismo: transmi-siones y retransmisiones. México, Tau-rus, 2006.

Juliana Martínez

Doctora en Sociología egresada de laUniversidad de Pittsburg. Es investiga-dora del Instituto de Investigaciones So-ciales de la Universidad de Costa Rica;docente de la Escuela y Maestría deCiencias Políticas de esta misma univer-sidad: y consultora para organizacionescomo UNRISD y OIT. Integra el equipotécnico que apoya la elaboración de lapolítica de igualdad y equidad de géne-ro para Costa Rica 2007-2017. Ha publi-cado diversos artículos y tiene actual-mente dos libros en prensa sobreregímenes de bienestar en América Lati-na, el papel de las políticas sociales y delas políticas conciliatorias.

Guillermo Monge

Ingeniero civil y Magíster en CienciasPolíticas de la Universidad de CostaRica. Es consultor independiente. Susáreas de especialidad son: política so-cial, estrategias de gestión estatal, y

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evaluación de programas. En los últi-mos años ha realizado trabajos de in-vestigación, docencia y asesoría sobreequidad de género y políticas públicasen varios países de América Latina.

Luis Mora

Es Asesor Regional en Género y Mascu-linidades para América Latina y Caribedel Equipo de Asistencia Técnica (EAT)del Fondo de Población de las NacionesUnidas (UNFPA), con sede en México.Anteriormente, se desempeñó en dife-rentes cargos en el Alto Comisionado deNaciones Unidas para los Refugiados(ACNUR), Programa de Naciones Uni-das para el Desarrollo (PNUD) y Fondode Desarrollo de Naciones Unidas parala Mujer (UNIFEM) en África Central,Haití y México, respectivamente. Hasido profesor en la Universidad Popularde Oslo (Noruega), en la Universidad deYaundé (Camerún), y profesor invitadoen el Instituto de Desarrollo y Coopera-ción (IUDC-UCM) y en el Instituto Com-plutense de Estudios Internacionales deEspaña. Ha sido co-coordinador de lapublicación Cohesión social, políticasconciliatorias y presupuestos públicos:Una mirada de género (2006) y de la se-rie de los estudios de caso sobre Géne-ro, corresponsabilidad entre trabajoproductivo y reproductivo y presupues-tos públicos (2007) en Colombia, CostaRica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua,Panamá y República Dominicana.

Ana Sojo

Costarricense, funcionaria de la Divisiónde Desarrollo Social de CEPAL en San-tiago de Chile. Doctorado en CienciasEconómicas y Sociales y Master en So-ciología, Universidad Libre de Berlín. In-vestigadora y asesora técnica en políti-cas contra la pobreza; reformas desalud; riesgo social y políticas de asegu-ramiento; cohesión social; reformas degestión en política social. Fue profesorade pregrado y postgrado en la Universi-dad de Costa Rica y en la UniversidadNacional de Costa Rica e Investigadoraen el Instituto de investigaciones enCiencias Económicas de la Universidadde Costa Rica, y consultora de CRIES,ICADIS, UNITAR y UNESCO. Vasta expe-riencia internacional como conferencis-ta. Ha publicado numerosos artículosespecializados y dos libros; coautora deun libro y coeditora de dos. Colaborado-ra en varias publicaciones especializa-das de CEPAL, coordinó el libro de CE-PAL (2007): Cohesión social: inclusión ysentido de pertenencia en América Lati-na y el Caribe.

Joan Subirats

Dr. en Ciencias Económicas, Catedráticode Ciencia Política y Director del Institu-to de Gobierno y Políticas Públicas en laUniversidad Autónoma de Barcelona.Especialista en temas de gobernanza,gestión pública y en el análisis de políti-cas públicas y exclusión social, así

Relación de autores

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como en problemas de innovación de-mocrática, y sociedad civil. Colabora ha-bitualmente en el diario El País y otrosmedios de comunicación.

Guillermo Sunkel

Sociólogo, PhD por la Universidad deBirmingham, Inglaterra. Ha sido profe-sor de la Universidad de Chile y consul-tor de diversos organismos estatales einternacionales. Ha publicado artículosy libros en temas de cultura y comunica-ción. Actualmente, se desempeña comoconsultor de la División de DesarrolloSocial de la CEPAL donde trabaja en te-mas de juventud, familia, capital social y

nuevas tecnologías de la comunicaciónen la educación.

Teresa Torns

Doctora en Sociología, es profesora ti-tular del Departamento de Sociologíaen la Universitat Autònoma de Barce-lona (UAB). El tema nuclear de sus in-vestigaciones ha sido los trabajos delas mujeres. En el último período, haampliado el enfoque hacia la cuestióndel tiempo, analizando las dificultadesde la conciliación de la vida laboral y fa-miliar, y los vínculos entre el trabajo y elbienestar en las sociedades contempo-ráneas.

Relación de autores

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PRESENTACIÓN

La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para lapromoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científicaentre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como conotros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos.

Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única enel sistema español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la ComunidadIberoamericana de Naciones.

ACTIVIDADES

Programa de Formación

Tiene como objeto facilitar la ampliación de estudios en España de titulados universita-rios, profesores, investigadores profesionales iberoamericanos, a través de tres modali-dades de becas:

– Postgrado – Doctorado y Estancias Cortas– Formación Permanente

Se convocan anualmente alrededor de 1.500 becas y ayudas.

Programa de Investigación

Se realiza a través del Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Interna-cional (CeALCI) mediante investigaciones directas, una convocatoria anual de Ayudas a laInvestigación y el desarrollo de líneas de investigación concertadas con diferentes cen-tros europeos y latinoamericanos. El Programa se articula en torno a cuatro grandes te-mas: estudios sobre América Latina, relaciones económicas internacionales, políticas pú-blicas y calidad de la ayuda al desarrollo.

Programa Internacional de Visitantes

Se dirige a personas y grupos relevantes y con proyección de futuro en sus respectivospaíses con el fin de conocer la realidad española y establecer contactos con personalida-des e instituciones españolas de su ámbito de interés. Existen programas específicoscomo Becas Líder, Líderes Hispanos de Estados Unidos, Jóvenes Políticos Iberoamerica-nos o Mujeres Líderes Iberoamericanas.

Programa de Responsabilidad Social de las Empresas

Su objetivo es sensibilizar sobre la importancia de establecer mecanismos de concerta-ción en los modelos de gestión e incorporar perspectivas de justicia, igualdad y solidari-dad, para contribuir a un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, socialy medioambiental.

PUBLICACIONES

La Fundación Carolina, a través de su Centro de Estudios para América Latina y la Coo-peración Internacional (CeALCI), ha iniciado una serie de publicaciones que reflejan lasnuevas orientaciones del centro y sus actividades. La Fundación pretende así servir deplataforma de difusión de libros que respondan a los criterios de excelencia y relevanciaque definen las actuaciones del CeALCI.

Libros

Los libros son compilaciones de trabajos o monografías, tanto aquellas que hayan sidoelaboradas con apoyo de la Fundación como aquellas otras que por su interés y concu-rrencia con sus objetivos así se decida. Los criterios de calidad científica de los materia-les y de su coincidencia con las prioridades del Centro son por tanto los que determinanla aceptación de los proyectos. El primer título de esta colección es “Las Cumbres Ibero-americanas (1991-2005). Logros y desafíos”. La obra, elaborada por especialistas espa-ñoles e iberoamericanos bajo la coordinación del profesor Celestino del Arenal, recogela historia, los logros y el futuro de las Cumbres, y ha sido editada en coedición conSiglo XXI de España.

Documentos de Trabajo

Bajo la denominación Documentos de Trabajo se publican los informes finales de losproyectos de investigación así como otros trabajos científicos y/o académicos que sepropongan y se consideren que tienen la suficiente calidad e interés para los objetivosdel Centro.

Con un formato ligero y con carácter divulgativo, son el instrumento que sirve para di-fundir las investigaciones realizadas y promovidas por el CeALCI, específicamente laspropias investigaciones y las resultantes de las ayudas a la investigación. Además, pue-den ser publicados como Documentos de Trabajo todos aquellos estudios que reúnanunos requisitos de calidad establecidos y un formato determinado, previa aceptaciónpor el Consejo de Redacción.

Avances de Investigación (Edición electrónica)

Se editan en formato pdf, para su distribución electrónica y su acceso libre desde laspáginas web, aquellos Avances de Investigación que, a juicio del centro y con el vistobueno del investigador, se considera oportuno con el fin de presentar algunos de los re-sultados iniciales de las investigaciones para conocimiento por la comunidad científi-ca, de tal forma que el autor o autores puedan tener reacciones y comentarios a sus tra-bajos.

Estos Avances permiten también al CeALCI conocer los logros y dificultades en los pro-yectos de investigación y modificar o reorientar, si fuera necesario, sus objetivos. Enprincipio se consideran susceptibles de edición electrónica en este formato aquellosavances de investigación de proyectos que hayan sido objeto de financiación a través dela Convocatoria de Ayudas a la Investigación, Becas de Estancias Cortas o informes rea-lizados por encargo directo.