XI Jornadas de Economía Crítica

Página 1 de 31

DEUDA ECOLOGICA Y MODELO ENERGETICO: LOS CASOS

DE NIGERIA Y BOLIVIA

ROSA LAGO & IÑAKI BARCENA∗

(UPV-EHU- Ekologistak Martxan)

1- INTRODUCCION: La deuda ecológica como concepto integral para avanzar hacia

ese otro mundo posible. El concepto de deuda ecológica tiene su origen en los movimientos populares del Sur, en

concreto en el Instituto de Ecología Política de Chile, con ocasión de la Cumbre de Río de

Janeiro (1992)1 y se ha ido expandiendo geográficamente como una mancha (propuesta

política ambiental) que aspira a llegar desde los movimientos sociales a los ámbitos

académico, político e institucional.

La deuda ecológica sería la contraída por los países industrializados, por sus empresas y

sus gobiernos en primer lugar pero también por sus sociedades de consumidores, con otros

países a causa del expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos

ambientales exportados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar los

∗ Este articulo lo presentamos en nombre de dos personas pero no hubiera sido posible sin las informaciones, traducciones y escritos de Asume Osuoka (Social Action- Nigeria ), Cristina Saez y Martin Mantxo (Ekologistak Martxan). 1 Global Forum di Rio (1993) Premisa 2: “Considerando la existencia de una deuda ecológica del Norte a nivel planetario, generada esencialmente por las relaciones económicas y comerciales y de los efectos ambientales (intensificación de la erosión y de la desertificación del suelo, destrucción de las selvas tropicales, pérdida de la biodiversidad, creciente disparidad de los modelos de vida) que comportan el deterioro de la exosfera, de la que sobretodo el Norte es responsable”. Premisa 16 “Actuar para el reconocimiento de la deuda ecológica planetaria del Norte en relación al Sur”

Página 2 de 31

residuos. Reflejaría lo que el llamado Norte debe al Sur por ese saqueo que, aunque originado

en la época colonial, ha continuado incrementándose y presenta hoy unas características, no

solo económicas sino sociales y medio ambientales, que lo hacen perfectamente objetivable,

aunque su calculo monetario y su reparto en responsabilidades no sea ni nuestro objetivo

político, ni facil de realizar por el largo plazo transcurrido y la multitud de agentes en lid. . Su

fundamento se basa en la idea de justicia ambiental ya que si todos los habitantes del planeta

tienen derecho a la misma cantidad de recursos y a la misma porción de espacio ambiental, los

que usan más recursos o ocupan más espacio tienen una deuda hacia los otros.

Es la deuda acumulada por los países enriquecidos del Norte hacia los países

empobrecidos del Sur por dos razones. En primer lugar, las exportaciones de productos

primarios a precios muy bajos, es decir, sin incluir los daños ambientales producidos en el lugar

de la extracción y del procesamiento, ni la contaminación en escala global. En segundo lugar,

por la ocupación gratuita o muy barata de espacio ambiental -la atmósfera, el agua, la tierra- al

depositar los residuos productivos. La deuda ecológica no es menos deuda porque no esté

reflejada en contratos. Es a la vez pública y privada y también de cada uno de nosotros por

nuestro consumo desorbitado pero parece más interesante dedicarse a incidir en la deuda

pública, para referirnos a la responsabilidad de nuestros países y gobiernos y de la deuda

adquirida por las compañías transnacionales occidentales. En la

pasada década se han elaborado varias definiciones de deuda ecológica, algunas nacidas en

el movimiento ecologista y otras elaboradas en ámbitos universitarios. Por ejemplo, Aurora

Donoso del grupo ecologista Acción Ecológica de Ecuador define la deuda ecológica como “la

responsabilidad que tienen los países industrializados y sus instituciones, bancos,

corporaciones políticas y económicas por la gradual apropiación y el control sobre los recursos

naturales y por la destrucción del planeta causada por sus modelos de producción y

consumo… Deuda que incluye la apropiación de la capacidad de absorción del planeta y de la

atmósfera, contaminada por sus gases de efecto invernadero” (Foro Popular- Bali, 2002).

Otros autores en busca de una definición amplia, han escrito que la Deuda Ecológica es la

deuda acumulada por los países industrializados del Norte frente los países del Tercer Mundo,

por el saqueo de sus recursos, el comercio injusto, el daño ambiental y la libre ocupación del

espacio ambiental para depositar sus desechos. (Martinez Alier, Simms & Riijnhout, 2002).

Básicamente, se distinguen cuatro componentes de la deuda ecológica:

a) Deuda del Carbono. Los científicos están de acuerdo en que la acumulación de gases

causados por el uso de combustibles fósiles provoca un sobrecalentamiento del planeta, con

consecuencias potencialmente desastrosas, como la subida del nivel del mar, el fundido de los

glaciares, el aumento de las áreas desérticas, la disminución de los rendimientos agrícolas, la

perdida de especies animales y vegetales y el aumento de fenómenos meteorológicos

violentos.

Las causas del efecto invernadero se encuentran principalmente en el gran consumo de

combustibles fósiles por parte de los países ricos. En consecuencia, los países industrializados,

Página 3 de 31

cuyo desarrollo económico y cuyo bienestar se basa en un uso muy intensivo de las fuentes

energéticas responsables de la emisión de gases invernaderos, son deudores de los países del

Sur. Esa parte de la Deuda Ecológica se llama Deuda del Carbono. Es la más fácil de calcular

y tanto a escala mundial internacional (Dillon J., 2000) estatal (para Bélgica, ver Paredis, E. &

otros , 2004) o para el caso vasco (D. Hoyos- 2004) se ha realizado interesantes cálculos.

No debemos olvidar que la lógica subyacente en la base del concepto de deuda ecológica

es diferente de la que inspira el Protocolo de Kyoto. De hecho Kyoto atribuye las cuotas de

reducción de las emisiones partiendo del nivel de emisiones del 1990: quién más contaminaba

en el 1990 tendrá más derecho a contaminar en el futuro. Al contrario, la idea de deuda

ecológica implica que todos los habitantes del planeta tengan derecho a la misma cantidad de

emisiones, independientemente de dónde hayan nacido, así que quien contamina más de la

cuota que le compete, es deudor hacia la humanidad.

b. La biopiratería

Otra parte de la Deuda Ecológica deriva de la apropiación intelectual y de la utilización

privada y comercial de los conocimientos ancestrales relacionados con las semillas, el uso de

plantas medicinales y otros conocimientos campesinos e indígenas sobre los cuales se basan

la biotecnología y la industria agrícola moderna. Se trata de la llamada biopiratería.

Las características de las distintas especies de plantas y animales son el producto de una

historia milenaria de interacción entre ellas, con el entorno físico y con los humanos. Las

comunidades han seleccionado durante miles de años especies para usarlas como alimentos y

medicinas, y mediante esa interacción han modificado las características de las especies

naturales, creando variedades diferentes con propiedades que sólo algunos grupos humanos

conocen. Este conocimiento es precioso para las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y

agrícolas, que lo utilizan para obtener pingües ingresos, aunque en la mayoría de los casos no

pagan o pagan muy poco a las poblaciones locales, los verdaderos propietarios de esos

conocimientos.

Un ejemplo de biopiratería se ha producido sobre el Neem- denunciado por la ecofeminista

india Vandana Shiva (2001). Este árbol se usa desde hace miles de años en India para obtener

productos agroalimentarios, farmacéuticos y cosméticos. Sin embargo, los productos del Neem

y el conocimiento sobre sus muchas propiedades han sido patentados por algunos

investigadores y multinacionales del Norte, que obtienen de ellos muchos ingresos que no

repercuten sobre las poblaciones indias.

c) El tráfico de residuos

Nuestro sistema industrial produce una gran cantidad de residuos, con diferentes grados de

toxicidad. Tratar esos residuos es un proceso muy caro, cuyo precio depende de las

normativas ambientales del país donde se lleve a cabo. Por esa razón, las empresas del Norte

encuentran rentable exportar sus residuos tóxicos hacia países donde la legislación ambiental

Página 4 de 31

es menos severa: gracias a la menor exigencia de medidas de seguridad, deshacerse de los

residuos les resulta más económico.

Un ejemplo es el transporte de residuos eléctricos y electrónicos. En los últimos años,

alrededor del 80% de los aparatos eléctricos y electrónicos recogidos en los EE.UU. para ser

reciclados han sido exportados hacia China, India y Pakistán, donde se tratan en condiciones

muy peligrosas para la salud humana: incineración al aire libre, creación de piscinas de ácidos,

vertidos incontrolados en áreas rurales… Según un estudio de la Agencia de Protección del

Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU es diez veces más económico enviar un ordenador hacia

Asia para que se recicle allí que reciclarlo en los EE.UU.

c. Los pasivos ambientales

En la contabilidad de una empresa el pasivo es el conjunto de deudas y gravámenes que

reducen el activo. Usado en términos ambientales, el vocablo se refiere al conjunto de daños

ambientales no compensados que las empresas transfieren a la colectividad debido a las

afecciones sociales, económicos o ambientales que por causa de accidentes o debido a su

actividad cotidiana. Cuando una empresa causa un daño a la colectividad, la responsabilidad

moral está clara, pero la responsabilidad jurídica depende enteramente del sistema legislativo.

A menudo el permisivo contexto legal de los países del Sur, como veremos en los tres casos

estudiados, favorece que las empresas no consideren como costes –o los consideren muy

bajos- los daños ambientales que producen, así que no están muy incentivadas a reducirlos.

Por eso es necesario crear una legislación internacional sobre responsabilidad ambiental, que

todavía es ampliamente insuficiente.

Aunque existen otros aspectos y contenidos de la deuda ecológica, como por ejemplo la

perdida de soberanía alimentaria, en este artículo nos vamos a centrar fundamentalmente en

este último apartado referido a los pasivos ambientales creados por las actividades de las

empresas, industriales o financieras, en paises exportadores de recursos energéticos (petroleo

o gas) al Estado Español. El objetivo es doble. Por un lado dar luz sobre las actividades de

nuestras empresas energéticas en terceros países y dar voz a las campañas y movimientos

que luchan contra ellas y por otro avanzar en la reflexión tanto social como académica aquí

para generar actividades políticas que hagan posible tanto un cambio de modelo energético

como unas relaciones distintas con los llamados países en vías de desarrollo.

Página 5 de 31

2) NUESTRA DEUDA ECOLOGICA CON NIGERIA

a) Notas sobre la explotación petrolífera en Nigeria

La búsqueda de petróleo en Nigeria se remonta hasta 1913, cuando una empresa de

betunes alemana realizó inspecciones sísmicas en Araromi (hoy en el estado de Ondo) en

busca de petróleo crudo. Aunque no tuvo éxito, aquel esfuerzo fue fundamental en la historia

del desarrollo de la energía petrolífera en Nigeria. Después de la Segunda Guerra Mundial, la

compañía Royal Dutch Shell, bajo el nombre Shell -D’Arcy2 pidió y consiguió el permiso por las

autoridades coloniales británicas para la exploración en búsqueda de crudo en el territorio de

Nigeria. El esfuerzo de la Shell fue focalizar la exploración del oeste del Delta del Níger hasta

Dahomey (República de Benin), mientras Whitehall iba a explorar desde el río Akassa a la

frontera entre Nigeria y Camerún. Para 1953, el esfuerzo de Shell-D’Arcy fue recompensado

con el descubrimiento de una comercialmente atractiva cantidad de petróleo crudo en Oloibiri.

En 1956 el Pozo de Petróleo Oloibiri 1 (hoy en el estado de Bayelsa) se convirtió en la exitosa

historia de la explotación europea de gas y petróleo en Nigeria, levantando el perfil del país

como productor y potencial exportador de crudo.

Bajo disposiciones especiales, el Royal Dutch/Shell Group y el británico British Petroleum

Group invirtieron conjuntamente en un nuevo consorcio de exploración y producción, que se dio

a conocer como British Petroleum (BP). Las dos sociedades tenían la propiedad de la nueva

compañía en iguales términos. Ese acuerdo fue el comienzo de una inversión masiva en el

desarrollo de la energía petrolífera, dirigida a la expansión de la industria del petróleo y el gas

en Nigeria.

Desde los humildes comienzos del hallazgo de Oloibiri, la industria del gas y el petróleo se

ha convertido en el pilar del gobierno de Nigeria. Nuevos descubrimientos de crudo a escala

comercial fueron realizados después del de Oloibiri en Afam, Bomu y Eleme (Estado de Rivers)

y Ugheli, Urhobo (Estado del Delta). Las multinacionales petroleras, desde principios de los 60,

comenzaron a pelear por una porción de la prometedora industria, llevando a la concesión de

nuevas licencias a los múltiples actores dispuestos a comprometer la inversión adecuada y a

comenzar operaciones sísmicas en el país.

2 I. Okonta & O Douglas, Where vultures feast.

Página 6 de 31

A principios de los 60 otras empresas petroleras a las que les fueron concedidas licencias

para realizar prospecciones en la parte baja de la cuenca del delta del Níger habían expandido

el horizonte de la exploración de crudo y consecuentemente la extracción de petróleo con altos

rendimientos en Nigeria. TEXACO y Agip fueron las siguientes en llegar, tras Shell Petroleum

BP. Hoy, unas seis grandes multinacionales están realizando prospecciones intensamente en

el Delta del Níger.

EMPRESAS SOCIOS PRODUCCION ACTIVIDAD ORIGEN

Shell Petroleum

Development

Company (SPDC)

NNPC (55%),

Shell(30%),Total

(10%) Agip(5%).

50% Nigeria

(+ 1 millón bbl/día).

Petroleo y gas Anglo-holandé

Mobil P. Nigeria

Unlimited (ahora

Exxon Mobil)

NNPC (60%)

Exxon-Mobil Oil

(40%).

600,000 bbls/diarios Petróleo del mar. EEUU

Chevron Nigeria

Limited

NNPC (60%),

40%

ChevronTexaco ,

420.000 bbls/día. Petroleo y gas EEUU

Nigerian Agip Oil

Company

(NAOC)

NNPC 60%,

Agip 20%,

Phillips 20%

145.000 bbls/día, Italia Petroleo y gas Italia

Elf Petr. Nigeria

Limited (EPNL)

NNPC (60%)

TotalElfFina(40

%)

125.000 bbls/día Petroleo Francia.

Texaco Overseas

Petroleum

Company

(TOPCON)

NNPC (60%) y

Chevron (20%).

Texaco 20%

473 millones de

barriles desde 1961

Petróleo Estados

Unidos.

Página 7 de 31

La región del Delta del Níger se encuentra en la parte sur de Nigeria. Esta considerado

como el tercer humedal en extensión del planeta, después del Mississipi y el Pantanal

amazónico. Su área geográfica cubre alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados, y está

atravesada a lo largo y ancho por riachuelos, arroyos, canales y corrientes. Los ríos Niger y

Benue contibuyen al régimen de inundaciones de la región; además de las fuertes lluvias de las

tierras bajas tropicales, que se suceden por un espacio de alrededor de ocho meses al año.3

El Delta del Niger representa más del 90% de los ingresos nigerianos de petróleo y gas, la

principal fuente de recursos del gobierno de Nigeria. La gran riqueza del Delta del Níger,

depositado como un legado natural en petróleo y gas, y habiendo sido vigorosamente

explotada desde finales de los 50, no obstante, convirtió la región en un importante escenario

de conflicto. Hoy en día, la violencia en el Delta el Niger se ha convertido en una compleja

amenaza para el Estado nigeriano, las compañías energéticas extranjeras y las naciones como

Euskal Herria, dependientes del gas y el petróleo. La represión estatal de las protestas

comunitarias y las revueltas de la sociedad civil contra la injusticia emanada de la explotación

irresponsable del petróleo y la distribución de la riqueza generada están en el centro de la crisis

de la región del Delta del Níger.

En el año 2007 milicias armadas han llevado la crisis a una nueva dimensión con docenas

de trabajadores extranjeros de los pozos petrolíferos secuestrados por grupos armados. El

gobierno nigeriano, principalmente compuesto por políticos corruptos e ineptos, se muestra

incapaz de afrontar una situación cada vez más deteriorada, es el máximo responsable de la

creciente violencia en la región.

Con el paso los años, la frustración derivada de las expectativas fracasadas y el

decreciente nivel de vida de las poblaciones rurales, que los habitantes locales achacan a las

prospecciones petrolíferas, han llevado a la desilusión, la desviación de conductas y la

hostilidad, particularmente cuando el gobierno no puede garantizar el cumplimiento de la ley,

vías de reparación y justicia para los intereses agraviados. Lamentablemente, de nuevo, la

respuesta política de las autoridades, en lugar de controlar esa tendencia al descontento

violento en la región, la agrava, debido principalmente a sus intentos por suprimir las protestas

comunitarias, como la documentada saga de los Ogoni entre 1990 y 1995.

b) Proyectos de gas natural licuado en Nigeria: La conexión española Pese a todos los problemas descritos a nivel político, económico, social y ambiental en

Nigeria y los graves conflictos que han originado, la principal preocupación del gobierno ha sido

y es como expandir la actividad de las transnacionales gaseras y petroleras para aumentar sus

beneficios. Entre los nuevos proyectos se encuentran la construcción de infraestructuras para

3 http://www.nddconline.org/The_Niger_Delta/

Página 8 de 31

transportar gas natural licuado (GNL), siendo la planta de la Isla Bonny la principal de este tipo.

El gas de esta planta tiene como uno de sus destinos España. En 1995 se consiguió el acuerdo

para construir la planta GNL en Finima, oeste de Isla Bonny, Estado de Rívers. Entre los

accionistas se incluían: NNPC (49%), Shell (25%), Elf (15%) y Agip (10.4%). El proyecto es uno

de los más ambiciosos en su campo con una inversión de 38.000 millones de dólares. Nigeria es uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo, y las

exportaciones de crudo representan más del 95% de los ingresos del gobierno. Tratando de

aumentar esos ingresos, el gobierno federal está incentivando a las empresas petroleras y de

gas extranjeras para que aumenten la explotación, producción y venta. Esa es la razón del

nuevo tratado sobre GNL con las españolas Gas Natural y Repsol YPF.

En relación a las empresas españolas Gas NATURAL es la mayor compradora de gas

licuado (GNL) de la empresa Gas Natural Licuado de Nigeria (NLNG) en Bonny con un tratado

de compra de gas de 22 años, mientras Repsol YPF es un importante importador de crudo

desde Nigeria. Otras empresas energéticas españolas que tienen contratos de larga duración

para comprar gas a la empresa NLNG con base en Bonny, son Iberdrola y Endesa.

La planta de GNLN (NLNG) está construida ( 2,21 km2) en Finima, Isla Bonny. Con 6 trenes

actualmente en operación y otro propuesto. Esta planta tiene una capacidad de unos 18

millones de Tm por año de GLN y 3.4 de gas de petroleo, requiriendo alimentación de gas de

2.8bcf/d feed para la producción. El gas llega de campos que atravesando unas 110

comunidades del Delta del Níger. Consiste en:

-Gaseoductos para transmisión de gas atravesando 110 comunidades

- Tres tanques de almacenamiento de GNL con capacidad de 84.200 m3 cada uno - Dos tanques de de almacenamiento de condensación con capacidad de 36.000 m3

cada uno - Dos nuevos de refrigeración de Gas de Petróleo Licuado de 65.000 m3 ( propano y butano) - Ocho generadores con una capacidad total de 320 Mw. - Dos Jetties de exportación de GNL. - Un Jetty de Gas de Petróleo Licuado y de condensación - 18 barcos de GNL a los servicios de NLNG -J etty de descarga de materiales - Una zona residencial de 2.08 Km2.

Página 9 de 31

Uno de los graves problemas causados por la empresa NLNG es el gran nivel de venteo o

quema de gas (gas flaring) y sus efectos. El proyecto de NLNG se presentó a la sociedad

como una solución al problema del venteo y quema de gas, un proyecto ambicioso y un gran

esfuerzo, para recoger todo el gas desechado y aprovecharlo de forma más positiva. Sin

embargo el NGLN no sólo no ha solucionado ese problema, sino que ha provocado muchos

otros problemas. La planta de NLNG comenzó a exportar gas licuado a finales de 1999 y

principios del 2000. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas oficiales recopiladas en el

Boletín del CBN de 2004 el venteo de gas en el Delta continúo creciendo: “En 1999, 23.192

millones de m3 fueron venteados, 25.592 in 2000, 27.890 en 2001, y 75.773 millones de m3 en el 2002, sin embargó disminuyó a 22796 millones de m3 in 2003, pero aumentó de

nuevo a 24, 577 m3 en 2004”. Pero mientras el proyecto LNG fracasó en solucionar la amenaza del venteo, creó otros

problemas como las afecciones a las actividades económicas de las comunidades locales, la

destrucción de los ecosistemas., la contaminación del agua., la contaminación sonora y ruido,

problemas de salud y el aumento de presión en los servicios y vivienda.

El fraude del proyecto en la Isla de Bonny comenzó con la asignación de un contrato al

consorcio TSKJ. Se pagó a altos cargos del gobierno nigeriano y del proyecto NLNG 180

millones de dólares para que intervinieran e influyeran en la asignación de ese contrato. El

caso de soborno fue hecho público por las autoridades francesas probando las actividades de

ELF, accionista de NLNG. Una investigación de las autoridades estadounidenses a la empresa

Halliburton también indicaba que había realizado pagos con el fin de obtener la concesión del

contrato de GLN y también información de una propuesta del mismo tipo por TSKJ años antes.

El informe francés concluyó con la sugerencia de alejar al consorcio TSKJ y Halliburton de los

nuevos contratos. Sin embargo TSKJ continuó teniendo contratos para otros trenes del

proyecto NLNG.

Página 10 de 31

Pero el escándalo del soborno no fue el único. También se hizo pública la existencia de

salarios por debajo del mínimo contratándolos a través de subcontratas que pagaban menos de

lo prometido. Alteraban la conversión monetaria a la mano de obra extranjera para pagar

menos y aunque los salarios correspondían a 10 horas al día y 26 días por mes, cuando se

trabajaban más de 14 horas al día y 30 días incluidos sábados y domingos. Estas condiciones

provocaron una huelga que fue contestada con represión por parte de agentes de seguridad

contratados por NLNG.

La primera compañía española en entrar en el NLNG fue Gas NATURAL SPG SA.

Iberdrola y Endesa lo hicieron más tarde, para comprar el gas licuado. El NLNG comenzó

primero un contrato con cinco empresas europeas para la venta de gas por un periodo de 22

años y medio: Gas NATURAL SDP SA (España), Enel (Italia), Botas (Turquía), Gas de France

(Francia), y Transgas (Portugal).

El contrato de Gas NATURAL para la compra de 1.6 bcm por año de gas licuado supuso

ser el segundo mayor después del de Enel (3.5 b cm por año). Los barcos de Gas Natural

salen Nigeria para terminar en la terminal de Huelva. Del tercer tren, Gas NATURAL firmó un

contrato de compra de 2.7 bcm por año (de los 3.7 bcm que este tren produce). De los tres

trenes, GAS NATURAL recibiría 4.3 bcm en total convirtiéndose en el mayor cliente del NLNG.

Los metaneros de Gas NATURAL salen de Nigeria para llegar a la terminal de Huelva.

Iberdrola es el mayor comprador del gas de los trenes 4 y 5. El gas de estos trenes sale en

8 barcos, que también lo transportan a los Estados Unidos donde NLNG se ha convertido en el

principal suministrador del mercado de Atlanta. El tren 6 acabado en el 2007 producirá 14 Tm3

por año de GNL para Europa y 8 para los Estados Unidos. El GNL de este tren será

comercializado por tres compañías: Endesa, Total y Shell. Recientemente Gas NATURAL y

Repsol YDF han firmado un contrato para desarrollar un macro proyecto de GNL en Nigeria.

Con este, España se sitúa como uno de los mayores inversores del sector gasero en Nigeria.

Además del gas, España también ha crecido como un comprador de petróleo con Repsol

YPF como principal firma y este a través de su unidad nigeriana Repsol Nig. Ltd. Repsol se

benefició de la subasta de dos bloques por el Presidente Obasanjo (Mayo 2007). Esto ya ha

comenzado a crear fricción pues Shell reclama estos pozos como suyos. Por ello, Shell ha

llevado el caso a la Alta Corte Federal de Nigeria en Abuja para anular ese contrato.

Hasta ahora Gas NATURAL ha sido el mayor comprador de GNL y Repsol YPF el mayor

importador de petróleo de Nigeria. Después de este contrato, STREAM, el aglomerado de

ambas, se sitúa como empresa puntera de gas en el mundo y como inversores a largo plazo en

Nigeria.

Página 11 de 31

Sin embargo este nuevo proyecto de STREAM augura el repetir los mismos problemas que

creó NLNG: provocará grandes éxodos, desplazamientos e impactos en la población local con

implicaciones negativas incluyendo impacto social, degradación ambiental, problemas de salud.

Esto generara protestas que será respondida con violencia, instaurándose una vez más un

régimen de terror y violencia.

C) Impactos sociales y medioambientales de las inversiones españolas en el sector energético nigeriano

1) Compañías españolas y el medio ambiente del Delta del Níger.

La extracción de petróleo en la región del Delta del Níger ha ocasionado más de 50 años

de continua contaminación medioambiental. Los informes de DPR (Directorate of Petroleum

Resources) indican que importantes cantidades de crudo son vertidas y no recuperadas. Es un

secreto a voces que estos importantes volúmenes son la causa de serios riesgos para la salud

de las personas en las comunidades afectadas, y el ecosistema circundante.

Los informes oficiales indican que en la región del delta se produce una media de un

vertido semanal. Según las estimaciones actuales, aproximadamente 2.300 metros cúbicos de

crudo son vertidos anualmente en el entorno del Delta del Níger. Entre 1976 y 1996 un total de

4.835 incidentes de vertido supusieron la descarga de alrededor de2.446.322 barriles de

petróleo crudo, de los cuales el 77% no pudo ser recuperado, y por tanto constituye

contaminación para el entorno natural. Las estadísticas del DPR (Directorate of Petroleum

Resources) también afirman que de 1960 a 1997, más de 1,07 millones de barriles de petróleo

han sido vertidos principalmente en la región del Delta del Níger.

Según las regulaciones internacionales de emisiones de gas (glas flaring), la media

mundial se sitúa en el 4%. Desgraciadamente, Nigeria emite más del 70% del gas asociado

desde su industria de petróleo y gas. Esto sitúa al país con un notable record de emisión de

gas del 25% del total mundial. Esta cifra de emisión de gases en Nigeria es el resultado de las

emisiones que ocurren en alrededor de 150 lugares en el país.

Página 12 de 31

Esta cifra record de emisión de gases en Nigeria resulta en la emisión de gases nocivos

como el metano, monóxido de carbono, etc. Estas emisiones están seriamente ligadas al

cambio climático global. El efecto de las emisiones en el medio inmediato contribuye

claramente a la lluvia ácida y a la contaminación de cuerpos de agua y vegetación, todo lo cual

está infringiendo daño a distintos niveles en el conjunto de la biosfera, y peor aún en la salud

humana.

Más de 6.000 kilómetros de oleoductos atravesando granjas y llevando petróleo crudo y

sus derivados a través de la región del Delta del Níger. Esos oleoductos, que deberían ser

sustituidos cada 15 o 20 años, son abandonados al desgaste y la erosión bajo las duras

condiciones climáticas del delicado delta. El resultado de esta evidente negligencia ha sido una

serie de devastadoras erupciones, explosiones de oleoductos que lanzan al medioambiente

productos inflamables que con frecuencia, llegan a arder, creando grandes llamas que arrasan

bosques, tierras de cultivo y otros recursos.

A menudo, los productos y recursos incendiados son parte de los recursos básicos de los

que las comunidades dependen para su supervivencia. Entonces se convierte en una dolorosa

realidad ver a las comunidades expuestas a los frecuentes incidentes de esas devastadoras

llamas, que no solamente arrasan componentes del ecosistema, sino que suponen también

una gran amenaza de pérdida de la diversidad biológica de la región. En algunos casos, incluso

provocan la pérdida de vidas humanas.

El profesor Anya O. Anya, uno de los académicos económicos más importantes de Nigeria,

ha señalado repetidamente el problema de la desastrosa gestión de la riqueza del petróleo en

Nigeria, lo cual según él significa que la riqueza generada por el petróleo, en una economía

monolítica, incrementa la propensión al gasto que automáticamente dispara la inflación,

llevando a la “Dutch Disease” [“Enfermedad Holandesa” = go dutch es pagar a escote, entre

todos] de la que Nigeria está padeciendo4. Si la enorme riqueza generada por la industria sólo

va a elevar el alto coste de vida por encima del alcance de la mayoría de la población,

podemos imaginar la situación de las comunidades rurales del Delta del Níger, que están al

margen de las riquezas producidas por el petróleo.

2) Luchas y respuestas sociales La historia de resistencia de las comunidades del Delta del Níger viene de muy atrás,

desde la ocupación europea, pues de de el colonialismo y como otros pueblos de Africa

vivieron en su piel la violencia de los invasores. Esta era zona donde el esclavismo se

desarrolló. Cuando este terminó en plena revolución industrial esta fue la zona donde se

4 Anya O.Any. 2001. Rivers State Economic Summit, Port Harcourt, Nigeria.

Página 13 de 31

desarrolló el cultivo de palma de aceite (palma Africana). Este cultivo continuó en los

parámetros del colonialismo o como una continuación del esclavismo, con las compañías

coloniales controlando la producción y comercialización y los locales sin derecho a nada y

objeto de brutalidad. La represión se llevaba a cabo desde barcos con cañones y pueblos

enteros como Brass y Fishtown eran quemados por completo (1895) y murieron más de dos mil

personas.

Viniendo a la era del petróleo y del gas, en 1990 se fundó el Movimiento por la

Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP). Ese año el MOSOP proclamo una carta de

Derechos del pueblo Ogoni, incluyendo entre otros el derecho a autonomía política dentro de la

Federación Nigeriana. La carta alegaba que el pueblo Ogoni no había sido sometido antes del

colonialismo británico por ningún otro grupo étnico existente en la actual Nigeria. Que en los

últimos 30 años la nacionalidad Ogoni había provisto de 40 billones de Nairas (30 billones de

dólares) a las arcas nigerianas y que no habían recibido nada a cambio. Que lenguas Ogoni

como el Gokana y el Khanase encuentran al borde de la extinción mientras que otras son

impuestas. Que como pueblo se les están imponiendo prácticas de esclavitud e incluso

extinción. Que la actividad petrolera ha mermado su acceso a tierra y a comida siendo esta

zona una de las de mayor densidad de Africa (1500 x milla2). Que la supervisión y leyes de

protección del gobierno han convertido su tierra en un desastre ecológico. Que el pueblo Ogoni

carece de educación, salud y servicios. Y que los ogoni quieren dirigir sus vidas.

Coincidiendo con los asesinatos de Ken Saro-Wiwa y otros 8 líderes del MOSOP

(Movement for the Survival of the Ogoni People) que fueron ejecutados por el gobierno militar

del general Sani Abacha, organizaciones políticas y de derechos humanos comienzan a

confluir e plataformas pro-democracia y generando una oposición a la dictadura que provoca la

crisis del régimen de Abacha. En este contexto nació el movimiento Chikoko que se propuso el

crear una coalición de activistas que incluyera a las distintas nacionalidades del Delta para

resolver las crisis nacionales y sociales del país.

El movimiento Chikoko demandó:

• Derecho de autodeterminación para todas las nacionalidades de Nigeria y a ser

reconocida por una nueva constitución – el carácter de la Unión Nigeriana debe ser

reestablecido. La creación de una federación de nacionalidades étnicas

• Conferencia Nacional de Soberanía (SNC) compuesta de representantes

electos de todas las organizaciones incluidas minorías étnicas, estudiantes,

trabajadores, jóvenes, etc.

• Final inmediato a las actividades de las compañías transnacionales que

suponen daño ambiental en el Delta del Níger

• Respeto de los derechos humanos fundamentales y en particular de los de

expresión, asociación y conciencia

Página 14 de 31

• Fin inmediato de la ocupación armada del Delta y prohibición de las policías

empleadas por las compañías transnacionales

Mas tarde en Diciembre de 1998 se proclamó la Declaración de Kaiama y se estableció el

Consejo de Juventud Ijaw (IYC). La Declaración fue desafiante al declarar el incumplimiento y

el no reconocimiento de todos los decretos no-democráticos y exigia la retirada de toda fuerza

militar de ocupación de la región Ijaw, y a declarar enemigas a cualquier petrolera contratando

los servicios militares.

Días después de la declaración jóvenes Ijaw comenzaron a poner en práctica sus

decisiones organizando Ogele marchas en casi todos los pueblos. Pero nuevamente, en 1998

este movimiento civil y pacífico fue detenido por los militares que abrieron fuego contra

activistas y ciudadanos (algunos en sus mismas casas). Mujeres jóvenes y adultas fueron

violadas en presencia de sus familiares y muchos fueron asesinados en Kaiama, Yenagoa y

Mbiama.

El 8 de julio del 2002, las mujeres de la comunidad Ugbodoro cerca de Warri, estado del

Delta, rodearon las instalaciones petroleras de Chevrons, y paralizaron sus operaciones,

incluido el vasto negocio exportador. Como ocurrió en el caso de las protestas de las mujeres

Egi, la multinacional petrolera respondió con promesas de mejorar la vida para las poblaciones

rurales a través del suministro de servicios sociales básicos. Las promesas no fueron

cumplidas.

El 8 de agosto del 2002, mujeres Ilaje, Ijaw e Itsekiri ocuparon la sede central operativa de

la Shell Petroleum Development Company de Nigeria, y la de Chevron. El papel de las mujeres

en la búsqueda de la equidad y la justicia en la distribución de la riqueza petrolera en Nigeria

fue elogiado. Esto fue debido a décadas de abandono de las comunidades poseedoras de

petróleo en Nigeria.

Desde el inicio del 2006 ese malestar tuvo una expresión más radical y activa con ataques

en infraestructura petrolera y gasera. Estas acciones han provocado una disminución de la

producción y exportación petrolera de unos 500 millones barriles (como ¼ de la producción

nigeriana). Al frente de estos movimientos militantes se encuentra el MEND (Movimiento para

la Emancipación del Delta del Níger) que también ha realizado la demanda concreta de

indemnización a las comunidades Ijaw del estado de Bayelsa por Shell de 1,5 billones de $

como se decidió en la Asamblea Nacional del 2004. 3. NLNG y las comunidades nigerianas La mayor comunidad afectada por la planta de NLNG es la de Finima, Isla Bonny (Rivers

State). Bonny Town es otro de los principales pueblos y contaba con 22.989 habitantes en

1991. Hoy Bonny LGA tiene una población total de 76,124 habitantes. En el momento álgido

de la construcción de la planta de NLNG (1998–1999) llegaron a la isla más de 17.500

Página 15 de 31

trabajadores (sin incluir en muchos casos parejas y familias de ellos). Numerosas bidonvilles

han sido construidas por doquier pero con la expansión del proyecto NLNG en sus diferentes

trenes, los bidonvilles van siendo desalojados y destruidos.

La historia de la relación del NLNG con las comunidades aledañas durante estos años ha

sido una relación de conflicto que ha derivado en protestas, denuncias, etc. El 20 de

septiembre de 1999, unos meses antes de comenzar las obras del NLNG, la Federación de

Jóvenes de Bonny lanzó una campaña de quejas contra el entonces recientemente elegido

presidente Olusegun Obasanjo sobre el modo de actuación del NLNG y sus impactos en las

comunidades. Obasanjo acudió a la isla en visita oficial que coincidió con el momento álgido de

las protestas. Entre estas incluían la explosión demográfica que provocó una reducción de

acceso a servicios, aumento del costo de vida, eclosión de enfermedades a través de aire y

agua y accidentes asociados con el aumento de tráfico fluvial.

El 20 de septiembre de 1999 una protesta pacífica organizada en Bonny fue reprimida

salvajemente, después de que un manifestante fuera asesinado con bala por un trabajador

extranjero de la compañía. Entonces la policía antidisturbios también abrió fuego. Otros dos

jóvenes que escapaban sus balas murieron en un accidente de coche.

En el 2000 los Jefes de la isla de Bonny (siguen manteniendo su formas tradicionales y

tribales de gobierno) convocaron una protesta. El gobierno movió ficha rápido y los invito a una

reunión en Port Harcourt (17-9-2000). Esto sucedía al año de la visita presidencial a Bonny. Al

mismo tiempo, el gobierno previendo más protestas fortaleció la seguridad de la planta

proveyendo más cuerpos armados (policía y soldados del ejército). Sin embargo, esta

militarización y las anteriores experiencias no sirvió para que la población se desmovilizara.

Página 16 de 31

El 28 Marzo 2003, los habitantes de Iwoama y Orosikiri iniciaron una protesta pacífica

contra NLNG. NLNG respondió con armas, mediante la policía de la propia compañía y la de

Mobile.

La Sociedad para la Conservación de los Bosques Manglares de Nigeria (MFCSN) recordó

a NLNG que el proyecto comete serias violaciones de los Derechos Humanos y de las leyes del

Medio Ambiente de Nigeria, que hasta el inicio de las obras supusieron ilegalidades (26-9-

2006) como el no implementar las guías de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En mayo

la MFCSN llevó nuevamente a NLNG a los tribunales (Alta Corte Federal) (caso nº

PHC/PC/CS/248/2002). Entre muchas denuncias, MFCSN alegaba que NLNG continúo el tren

3 sin EIA y que pese a ello también dio comienzo a las obras de trenes 4 y 5, también sin EIA.

MFCSN denunció la destrucción masiva de muchos manglares, selvas y otros bosques en un

proyecto que estaba invadiendo directa e indirectamente toda la extensión de la isla, con los

gaseoductos atravesando tierras de forma que impiden cualquier actividad en ella. MFCSN

demandó una moratoria para la continuidad del proyecto, incluyendo la suspensión de trenes 4

y 5. También se exigió al gobierno nigeriano que desmantelara la temida fuerza de seguridad

del NLNG. También se pidió la construcción de una carretera como salida de emergencia en

caso que ocurriera un accidente en la planta, pues la única salida posible era el mar.

La actividad pesquera en el río Bonny, principal actividad económica de esa población, se

ha visto considerablemente afectada por el continuo movimiento de barcos cargueros de gas.

Infraestructuras gaseras también reducen el acceso a la pesca. Las zonas de pesca se ha

reducido a unas pocas que son vigiladas por lanchas patrullas. La pesca no es permitida

cuando se carga el gas en los barcos en el río Bonny. Estas restricciones han conllevado un

aumento de la pobreza en las poblaciones locales. El tráfico de barcos también ha provocado

un aumento de la contaminación del río. Esta contaminación no sólo ha afectado la pesca si no

también los manglares y la vida acuática. El constante tráfico de barcos también es

responsable de grandes olas, que podrían poner en riesgo incluso a la misma isla: la MFCS

alertó de la posibilidad de que la isla Bonny fuera sumergida debido a las grandes olas. Los

trenes de GNL suponen un total de 18 barcos para el transporte de GNL: 7 para trenes 1 y 2, 3

para el tren 3 y 8 para los trenes 4 y 5. Y el calado y potencia de estos barcos hace que el

transporte en barcas (principal forma de transporte) sea muy peligrosa, provocando la pérdida

de vidas y propiedades.

Página 17 de 31

3) REPSOL YPF EN BOLIVIA

La deuda ecológica se genera, entre otros, a partir de los pasivos ambientales que las

actividades industriales provocan en los países empobrecidos, ya que el consumidor final

generalmente habita alguno de los países enriquecidos, o bien porque los impulsores

fundamentales de dichas actividades son entes públicos o privados afincados en países del

Norte.

A lo largo de la cadena que va desde la materia prima hasta el producto final y la persona

consumidora, existen muchos actores con distinto grado de responsabilidad. El caso de la

empresa Repsol YPF operando en Bolivia es paradigmático, ya que en los últimos años ha

evidenciado las relaciones entre actores públicos (gobiernos y sociedades) y privados (la

propia empresa). No se puede asignar la deuda ecológica generada en Bolivia únicamente a

Repsol YPF. Existe una responsabilidad compartida con el gobierno español, que a su vez

recae en las sociedades española y vasca, aún cuando el petróleo y gas extraídos en Bolivia ni

siquiera se consuman en el Estado español, ya que en general se exportan a países limítrofes

con Bolivia.

En primer lugar describiremos el impacto ecológico y social de las actividades de Repsol

YPF en Bolivia, para después analizar la intervención del gobierno español a favor de los

intereses de la empresa y de los intereses de consumo, laborales y económicos sociedad

española, según el propio gobierno, cuando el gobierno boliviano promulgó la Ley de

Nacionalización de Hidrocarburos.

1) Impacto ecológico y social de Repsol YPF en Bolivia

Las actividades de Repsol YPF han dañado dos pilares de las riquezas bolivianas: los

ecosistemas y las culturas. Hay extensa documentación que recoge testimonios y datos

explícitos sobre los daños provocados de las actividades petroleras, pero nos centraremos en

Página 18 de 31

el departamento de Tarija: la afección a los indígenas Guaraníes, habitantes de las Tierras

Comunitarias de Origen (TCO) de Itika Guasu5, en la provincia de O’Connor.

Repsol YPF, tras la aprobación de la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 de 1996, entra a

explotar el Campo Margarita Bloque Kaipipendi, una de las reservas más importantes de gas

seco del continente. En el Parque Nacional de la Serranía del Aguaragüe, el bloque Kaipipendi

invade el TCO Tentayapi, donde viven las comunidades guaraníes que por su inaccesibilidad

han conservado la cultura más pura. Los territorios también son afectados por la construcción

de los gasoductos de hasta 500 km, que transportan el gas chaqueño a Santa Cruz y de ahí a

Brasil. No se realizaron convenientemente los pertinentes Estudios de Impacto Ambiental, ni

se consultó a las poblaciones afectadas, Repsol YPF vulnera su propio RSC (Responsabilidad

Social Corporativa), los principios de precaución y los estándares sociales y ambientales

establecidos por el Banco Mundial y la propia OCDE. Además se violan las leyes nacionales y

convenios internacionales como el nº 169 de la OIT que en el Artículo 6.a insta a “consultar a

los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

susceptibles de afectarles directamente”.

El actual Director General de Medioambiente del Viceministerio Recursos Naturales y

Medio Ambiente Luis Beltrán Reyes, en entrevista concedida a miembros de Ekologistak

Martxan el pasado agosto de 2007, reconoce numerosos incumplimientos legales por parte de

la empresa española Repsol YPF, durante el período en vigor de la Ley de Hidrocarburos Nº

1689 de 1996, entre ellos: la no emisión de informes de monitoreo, presentación de licencias

ambientales ya caducadas o incluso la no presentación de licencias en los proyectos. En

algunos casos se daban permisos de explotación para un pozo en unas coordenadas concretas

y luego la actividad se desarrollaba a varios kilómetros del lugar aprobado. También denuncia

la no consideración, en EIA presentados, de los impactos socio-culturales y ambientales sobre

los guaraníes. A Beltrán, le llama la atención el hecho de que este tipo de irregularidades tan

básicas provengan de una empresa como Repsol YPF, con beneficios de millones de euros, y

con capacidad sobrada para realizar informes de calidad, usar paliativos y/o tecnologías menos

dañinas.

Frente a la inactividad empresarial para prevenir, evaluar, reparar o recuperar los espacios

degradados, o al menos indemnizar en algún grado, a las poblaciones afectadas por su

explotación, la TCO Itika Guasu, se organizó para la realización de un monitoreo Ambiental

5 “Tierras Comunitarias de Origen (TCO).- Son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a los que tradicionalmente han tenido acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Serán consideradas Tierras Comunitarias de Origen aquellas que estén tituladas, aquellas que estén demandadas con Auto de Admisión, aquellas inmovilizadas con Resolución de inmovilización y todas las tradicionalmente reconocidas como tales” Título X, Artículo 138. Ley 3058.

Página 19 de 31

Independiente en el año 20056, que desde la visión interna de los propios afectados recoge

impactos sobre Suelo, Aire, Ruido, Agua y Fauna, que fueron presentados a la empresa y

autoridades ambientales, con la esperanza de que fueran tomados en cuenta y ayudar a

enmendar parte de los daños.

En el informe se hace mención a “procesos de erosión donde se han construido los pozos

petroleros y las planchadas” o desmontes, “deforestación para la habilitación de planchadas y

el tendido del gasoducto y oleoducto. Afectación a la fauna silvestre tanto por la presencia de la

maquinaria, los trabajos de desmonte, el ruido de los helicópteros, las aguas superficiales

contaminadas. Las comunidades indígenas también han sido impactadas por el incremento del

tráfico vehicular que provoca cantidades de polvo considerables y el peligro permanente de

accidentes.” Teniendo en cuenta que estas comunidades obtienen su sustento diario de los

recursos que posee su territorio (“producción agrícola de maíz, caza y pesca, recolección de

frutos silvestres y miel, y el libre acceso a las fuentes de agua”), la afectación ambiental se

traduce directamente en peligro de su propia supervivencia.

En cuanto a la cultura guaraní, se ha visto modificada profundamente en sus principios,

religión y cosmovisión, introduciendo prácticas occidentales sin ningún código de conducta. Los

valores simbólicos de su cultura, han sido alienados, y su forma de entender la naturaleza, de

convivir y hacer un uso sostenible y respetuoso de ella, se ha enfrentado a la aplastante

maquinaria empresarial, que se basa en la intensificación de la explotación, de manera

totalmente insostenible.

La empresa petrolera tampoco ha respetado la forma en la que el pueblo guaraní toma las

decisiones. No existe registro alguno en los EIA de que se hayan propiciado asambleas

comunales. El EIA presenta varias hojas de consulta firmadas por una sola persona o por dos o

tres autoridades regionales. De esta manera impacta negativamente en la integridad cultural de

la TCO.

Los guaraníes también denuncian la falta de código de conducta de los trabajadores:

“Existen muchas mujeres guaraníes en la TCO que hoy son madres solteras y fueron

abandonadas. Para el guaraní la paternidad responsable es un valor importante, que por la

actitud desatinada de los trabajadores de Repsol YPF, hoy este valor está puesto en duda.”

El alcoholismo, la prostitución, que ha provocado la introducción de enfermedades

venéreas, la visión capitalista e individualista así como otras actividades y pensamientos

desconocidos por la cultura guaraní hasta la entrada de Repsol YPF, han desecho y

6 Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios indígenas de Bolivia. Autores: APG. Itika Guasu. Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. CEADES (Colectivo de Estudios Aplicados al Desarrollo Social Juan XXIII). CERDET (Centro Estudios Regionales de Tarija). Informe de diciembre 2005, impreso en Editorial Imprenta El Pais (edpais@cotas.com.bo).

Página 20 de 31

corrompido familias y comunidades enteras, sin ningún tipo de escrúpulo. Las principales afectadas han sido las mujeres de las comunidades con cargas familiares más fuertes, viéndose desamparadas dentro de una sociedad que además, las coloca en posición más vulnerable y de mayor indefensión.

En el resumen ejecutivo final, condenan que Repsol YPF no cuenta con una política

dirigida a salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas, ni que haya actuado con la

rigurosidad científica necesaria para garantizar la falta de contaminación del medio ambiente.

Emplazan a la empresa a revisar los convenios firmados con todos los pueblos indígenas de

Bolivia, y a una compensación justa por los impactos ambientales, sociales y culturales.

En lo que se refiere a la incidencia ambiental y en la salud, Medicus Mundi realizó un

análisis de contaminación petrolera en las aguas próximas a los pozos San Alberto, San

Antonio y Campo Margarita, que son habitualmente utilizadas por las comunidades más

próximas7. Los componentes que se analizaron fueron : hidrocarburos totales de petróleo

(HTP), metales pesados como el plomo, cadmio, niquel y bario etc. y los hidrocarburos

aromáticos policíclicos (HAP), por ser los elementos que según Medicus Mundi son más

adecuados para conocer si existen residuos de petróleo que contaminen el agua y puedan

afectar la salud. El análisis de las 10 muestras de agua tomadas concluye que ninguna de ellas

es adecuada para el consumo humano según la normativa española y europea. No obstante, si

tomamos como referencia la normativa boliviana, observamos que 7 de las 10 muestras

tomadas se mueven en los límites permitidos para el consumo humano. Por poner sólo algunos

ejemplos, en la comunidad de Zapaterambia, los HTP alcanzan 370 microgramos/litro por

encima del límite máximo permitido por la normativa boliviana y 137 veces más de lo permitido

en España. En el río Pilcomayo los niveles de cadmio alcanzan valores de 100

microgramos/litro, 50 veces más que lo permitido en ambas normativas. Y el plomo del Río

Quebrada de los Monos es de 50 microgramos/litro, en el límite de la normativa boliviana pero

cinco veces más de lo tolerado en España8. Esta contaminación conlleva un riesgo mayor de

afectación renal por el cadmio, y en general problemas de salud derivados del plomo y los

HTP.

Las comunidades implicadas y el personal sanitario de los centros públicos de salud

señalan indicios sobre un incremento de enfermedades (como cefaleas, conjuntivitis o

afecciones dermatológicas) en las poblaciones cercanas a los pozos. Se desconocen todas las

afecciones ya que algunas de las empresas petroleras tienen servicios médicos propios, pero

no reportan sus registros a los centros públicos de salud.

7 Repsol YPF en Bolivia, Informe de Intermón Oxfam. Mayo 2004. 8 Real Decreto 1138/1990, BOE nº 226 20/09/90

Página 21 de 31

En definitiva, Repsol YPF comete dos irregularidades simultáneas que sufren los

guaraníes del chaco boliviano: por un lado las propias de una contaminación del agua

provocada por la actividad petrolera que cobra mayor relevancia en tanto que es actualmente

consumida por la población chaqueña, a falta de una fuente hídrica en mejor estado, y por otro,

una normativa legal que discrimina a los bolivianos, e infravalora sus derechos, frente a las

posibles ventajas comparativas que Repsol YPF pudiese obtener al aplicar normativas más

laxas.

Trabajos de remediación por rotura de oleoducto en la Quebrada de

Los Monos,

Chaco, Bolivia. Abril 2006.

(Foto-J. P. Zamora. Técnico de M. Ambiente de la

alcaldía de Villamontes)

2) Nacionalización de Hidrocarburos e intervención del gobierno español

Las empresas petroleras y gaseras han obtenido pingües beneficios en Bolivia. En el año

2002, un representante de Repsol YPF, hacía gala de que “el negocio petrolero en Bolivia era

tan bueno que por un dólar invertido se ganaban 10 dólares”9.

El 17 de Mayo del 2005, se promulga la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, cuyo Artículo 5

dice: “Por mandato soberano del pueblo boliviano, expresado en la respuesta a la pregunta 2

del Referéndum Vinculante de 18 de julio de 2004, y en aplicación del Artículo 139 de la

Constitución Política del Estados, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburos en Boca

de Pozo para el Estado Boliviano. El Estado ejercerá, a través de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos (YPFB), su derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos.”

9 Declaración de Roberto Mallea en el III Congreso Latinoamericano y del Carbie de Gas y Electricidad en Santa Cruz, 2002.

Página 22 de 31

La ley establece además un plazo de 180 días a los Titulares que hubiera suscrito

Contratos de Riesgo Compartido, para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación y

Comercialización, y convertirlos obligatoriamente a las modalidades de contratos establecidos

en la misma ley, que dispone que el Estado retendrá el 50% del valor de la producción de gas y

del petróleo. Esto no se cumplió, de manera que las empresas pierden legitimidad al vulnerar,

la seguridad jurídica que tanto pregonan.

A través de la nueva Ley de los Héroes del Chaco, Nº28701, Bolivia avanza en la

búsqueda del respeto por los derechos humanos y justicia ambiental y social. Consigue

controlar el precio y la comercialización de sus recursos energéticos, la refundación de la

antigua empresa estatal YPFB y obtener un margen de beneficio más equilibrado con respecto

el de las empresas extranjeras. Esto limita la libertad e impunidad de las trasnacionales que

operan en el país, las mismas que desde su entrada abusaron de la posición de poder frente a

una Bolivia debilitada económica y políticamente. Pero no significa una verdadera

nacionalización, todavía existe una injerencia directa por parte de las empresas para imponer

sus condiciones, y mientras sean dueños de los yacimientos y de los bloques de explotación

seguirá ocurriendo, por eso se habla de “proceso” de nacionalización y es un proceso que

requiere de un apoyo y reconocimiento internacional, que el Estado español, a través de sus

representantes políticos, no ha sabido o querido entender.

La empresa petrolera Repsol YPF, recibió la noticia del decreto con “consternación”. A

pesar de tratarse de una de las principales promesas electorales del partido del MAS

(Movimiento al Socialismo), Antonio Brufau, presidente de Repsol YPF, califica la

nacionalización del gas y el petróleo boliviano, como una medida “injusta” porque no cumplió el

“tiempo de negociación” prometido por las autoridades y “porque es un tema que se ha sacado

de la lógica empresarial política que tiene que guiar la relación entre estados y empresas”.

Resultan especialmente alarmantes estas declaraciones, cuando tan solo unos meses

antes, el 17 de febrero de 2006, la Aduana Nacional de Bolivia demanda a Repsol, por

contrabando de 230.000 barriles de petróleo a Chile y Argentina, por valor de más de 9

millones de dólares (7,54 millones de euros). El presidente de Andina (empresa subsidiaria de

Repsol YPF) el español Julio Gavito y el gerente argentino Pedro Sánchez, saldan su delito con

40.000 € cada uno y unas horas en prisión. En contraposición al pretendido respeto por la

independencia judicial que los políticos en España pregonan, el Ministro de Asuntos Exteriores,

Miguel Angel Moratinos señala al respecto: “La acción de la justicia boliviana contra los

directivos de Repsol no favorece al nuevo gobierno boliviano por el mensaje que envía a la

inversión internacional”. Brufau, por su parte, insistió en que la petrolera “española” no incurrió

en delito, pero admitió que había cometido algunos “errores” en la exportación.

Página 23 de 31

No es éste el único caso de fraude que enfrenta Repsol YPF. El 26 de agosto de 2006

Gabriel Camacho, director de la estatal YPFB, denunciaba al ex-gerente de Andina, el español

José María Moreno, junto al director gerente de Petrobras en Bolivia, y el director de Gas y

Energía de la misma empresa, por suscripción de contratos lesivos al Estado boliviano,

conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza con agravante y falsedad de documento

privado, por valor de 171 millones de dólares, al haber fijado precios para la venta de gas a

Brasil muy inferiores al contrato que Bolivia firmó para la provisión del energético al país

vecino. Son numerosos los analistas que opinan la legitimidad de YPFB para el control de

mucho más del 50% más uno de los paquetes accionarios de las capitalizadas, puesto que las

sumas estafadas lo justifican sobradamente.

A pesar de la consternación inicial de Repsol YPF por los cambios introducidos con el

decreto supremo, la empresa firmó los contratos y continúa en Bolivia ya que le resulta

económicamente muy rentable. Según estudios realizados en el 2003, entre 200 empresas que

operan en distintos países, las transnacionales petroleras que operan en Bolivia tienen los

costos de producción más bajos del mundo por barril de petróleo10.

Por otro lado, la táctica adoptada por el Gobierno español fue defender los intereses de la

empresa, dispensando con su actitud, el expolio y destrucción que Repsol ejerce sobre Bolivia,

un país empobrecido, precisamente por esta línea de pensamiento y política neoliberal.

Además, utiliza a la población española para sus propios intereses, puesto que en su nombre

se opone a la Nacionalización de los Hidrocarburos. El Gobierno español, identificándose como

uno de los principales inversores en el sector energético, comunicó a La Paz, que la “posición

española” tras el decreto es de “disconformidad” y también manifestó mostrarse

"profundamente preocupado" por la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. El ministro

de Industria José Montilla dijo: “Evidentemente, no nos gusta y pienso que no es positiva para

Bolivia”. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se expuso nuevamente “la más profunda

preocupación” por la medida adoptada y se propuso un proceso de “auténtica negociación y

diálogo” donde se respetasen “los intereses de uno y de otro”.

El propio presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce un

"problema" en la decisión de Evo Morales, y advierte que tal decisión tendría consecuencias

negativas para la cooperación bilateral humanitaria y política11. Moratinos, además, acuerda

con Morales el envío de una delegación "política y técnica" a Bolivia con el fin de conversar

sobre los “intereses españoles”. Zapatero, insiste en que la posición del Gobierno español,

durante estas conversaciones “será firme en la defensa de los intereses de las empresas

españolas y de los españoles”.

10 El costo del producción promedio a nivel mundial es de 5,6 $, mientras que el estudio señala que para la empresa Andina fue de 1 $ y de 0,97 para la empresa Chaco. (Quiroga, 2006). 11 CET, mayo de 2006 (Ibid.)

Página 24 de 31

En el mismo sentido, el Gobierno español convocó el día después de la nacionalización,

una reunión de urgencia entre los Secretarios de Estado de Exteriores, de Economía, de

Industria y el Asesor del Presidente del Gobierno para Asuntos Económicos, para definir una

batería de medidas de presión contra el Gobierno Boliviano en defensa de los intereses de las

trasnacionales españolas y, especialmente de Repsol YPF.

Por otro lado, el presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, insta a

Zapatero a que exija, a su homólogo boliviano, en Viena, que renuncie a “las medidas de

fuerza impuestas” con su decreto presidencial y reclame ”los derechos y acuerdos con los

españoles y respete nuestros intereses”.

No obstante, dentro del Estado español, también pudieron escucharse posiciones de apoyo

a la nacionalización boliviana tanto desde diferentes organizaciones de la sociedad civil como

por parte de agrupaciones políticas, como Izquierda Unida, que respaldó y felicitó al Gobierno

boliviano, y pidió que “no se confundan los intereses de nuestro país con los de algunas

empresas transnacionales”.

La Comunidad Europea advirtió a los bolivianos que “sufrirían las consecuencias”. Desde

Bruselas, se lamentó que no se hubiera abierto un proceso de consulta y discusión previo a la

firma del decreto. Tony Blair, por entonces el primer ministro británico, instaba a Evo Morales a

que utilizara el poder de manera responsable y Javier Solana, como representante de la

Política Exterior de la Unión Europea, advirtió que la medida creaba “inseguridad jurídica” y

provocaría pérdida de inversiones extranjeras. En este sentido se pronunciaron también desde

EEUU, que advertían vigilar “muy de cerca” el impacto de las decisiones del gobierno boliviano

y el respeto a las obligaciones asumidas en contratos firmados, a través del vocero del

Departamento de Estado, Sean McCormack.

Posturas de apoyo y solidaridad en el ámbito internacional, llegaron por parte del que

ejercía como Presidente de Francia en aquella época, Jacques Chirac, quien expresó a

Morales que había devuelto la honra a su país. El entonces presidente argentino Kirchner,

también reconoció la legitimidad del proceso declarando que Bolivia “… está tratando de

recuperar al país del vaciamiento que sufrió”. Aunque éste se sumó a Lula en la defensa de los

intereses de las empresas. Y en la línea de refuerzo, el Premio Nóbel de Economía 2001,

Joseph Stiglitz, en relación a la Nacionalización de los Hidrocarburos juzga que “el mundo

debería celebrar el hecho de que Bolivia tenga un gobernante electo democráticamente que

intenta representar los intereses de los pobres de su patria. Se trata de un momento histórico”.

Pero salvando estas expresiones de reconocimiento y apoyo al proceso de nacionalización

boliviana, se extendió una mayoritaria preocupación en los ambientes empresariales y

económicos, por la “seguridad jurídica” para Repsol YPF en Bolivia. La empresa cuyos

Página 25 de 31

contratos eran en muchos casos ilegales, acusada de fraude, corrupción, falsedad, estafa,

evasión de impuestos, etc., la misma que había violado las leyes nacionales bolivianas sobre

protección de medioambiente, y los convenios internacionales, aquella cuya inseguridad

jurídica era absoluta, se preocupaba ahora de los efectos que pudiera provocar una mal

llamada inseguridad jurídica, sobre sus propios intereses, cuando los de las mayorías pobres

de Bolivia eran sistemáticamente violados12.

No hay que olvidar, además que en la definición “…el concepto de seguridad jurídica debe

garantizar a los ciudadanos los derechos humanos”13. Por otra parte, no se puede equiparar los

contratos que se firman entre particulares con contratos firmados entre el Estado y las

empresas. En estos últimos, el Estado tiene prevalencia, puesto que es un principio del

derecho que el interés público esté por encima del privado. No puede admitirse que a un

Estado se le obligue a mantener contratos que no benefician a la población14.

Aun así, amparándose en la seguridad jurídica, tanto desde la empresa, como desde los

sectores políticos del Estado español e incluso desde la oligarquía boliviana, se advierte que el

desarrollo de Bolivia peligra si no se favorecen las “inversiones extranjeras”. La preocupación

que muestran estos sectores, por la salud económica boliviana, podría llevar a confusión, si no

se toma a la inversión como lo que realmente es: un instrumento de presión y chantaje al

gobierno boliviano, para que éste apruebe políticas favorables a sus propios intereses

económicos, sin considerar las condiciones desfavorables a las que se relegaría el pueblo

boliviano.

En agosto de 2006 la vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa

Fernández de la Vega, en una gira por Latinoamérica, realiza un encuentro con el presidente

Evo Morales, con el objetivo de estrechar lazos políticos, impulsar los proyectos de

cooperación y apoyar la presencia empresarial española. Es importante saber, que con

respecto a los proyectos de cooperación del Estado español, en el caso de América Latina, por

cada euro destinado sin intereses comerciales, llegan 33,84 en forma de inversión empresarial.

Por este motivo, hay que conseguir que la actuación empresarial no produzca impactos

negativos y no puedan ser considerados perjudiciales desde la perspectiva del desarrollo del

país receptor, de lo contrario, estaríamos hablando de anticooperación15.

La diplomacia española trata de utilizar a las empresas que ocupan funciones esenciales

en determinados países extranjeros, como es el caso de Repsol en Bolivia, en la medida que

12 Juan Hernandez Zubizarreta. “¿Bolivia dividida? Cuanta demagogia”. En respuesta al editorial “Bolivia dividida” de El País del 30 de Noviembre 2007. 13 Valle Labrada Rubio. “La seguridad jurídica” en Jaime Quiroga 2006. Bolivia en la Agenda Mundial. 14 Jaime Quiroga 2006. Bolivia en la Agenda Mundial. 15 David Llistar, La anticooperación. Colección Contraargumentos. Icaria Editorial, 2007 (en preparación).

Página 26 de 31

puede, para conseguir sus propios objetivos. Sin embargo, algunos estudios señalan que la

capacidad de utilización de la administración española del poder de las empresas para ejecutar

las políticas públicas deseadas es limitado, y por el contrario, afirman que las empresas

consiguen en más ocasiones modificar las políticas públicas españolas para defender sus

interese empresariales. No obstante, la diplomacia española se enfrenta en el caso de Repsol

contra el pueblo boliviano en el conflicto de defender los intereses empresariales por un lado, o

los valores de justicia por otro, y el Estado español ha acudido al auxilio de Repsol16.

3) Responsabilidad de la deuda ecológica generada con Bolivia

Delimitar la responsabilidad de cada actor en la deuda ecológica generada es una tarea

que excede los objetivos del presente artículo. Únicamente hemos pretendido destacar las

conexiones. Efectivamente, conocidos los pormenores de las actividades de Repsol YPF en

Bolivia, es evidente que existe una responsabilidad compartida entre la empresa y el gobierno

español, por la afección ambiental y social a las comunidades indígenas. De rebote las

sociedades española y vasca se ven también implicadas, a pesar de que el gas y el petróleo

consumidos en el Estado tienen otro origen.

Se puede argumentar que la ciudadanía conoce bien poco la realidad de la extracción del

petróleo y gas, y que la información nos alcanza muy adulterada. Por otro lado, nuestros

gobiernos se ven presionados por las empresas que tienen su sede social y pagan impuestos

en nuestro territorio, es decir, el beneficio económico de Repsol YPF redunda también en

nuestras arcas aunque se trate de una empresa privada con accionariado repartido por todo el

mundo.

En aras de restituir la deuda ecológica generada, las empresas trasnacionales deben

responder por los daños ecológicos, sociales y culturales directamente producidos en la zona

de operación, personándose ante los tribunales nacionales e internacionales que se estimen en

cada caso, como es el caso de la empresa Texaco enjuiciada en Ecuador en 2003.

Por otro lado, los modelos de producción, transporte y consumo deben cambiar para evitar

que se genere más deuda ecológica. Vistas las consecuencias de un modelo globalizado y la

deuda ecológica ya acumulada por las sociedades de países enriquecidos, el nuevo modelo

debe situar el control directo sobre los recursos, sobre los ciclos de vida, en las personas que

vayan a consumirlos. Abordamos este punto en el último apartado: las alternativas.

16 Miquel Ortega Cerdá 2007. ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales españolas?.

Página 27 de 31

4) ALTERNATIVAS Y CONCLUSIONES: HACIA UN MODELO ENERGÉTICO SOLAR

Las virtudes del concepto de la deuda ecológica no son pocas. Este nuevo concepto

supone la oportunidad de contar con un nuevo instrumento de política económica que resulte

un nexo de unión que aporta soluciones tanto al problema de la deuda externa, como al cambio

climático o a la reestructuración ecológica de nuestras sociedades en busca de su

sostenibilidad. Tratar de observar conjuntamente los flujos energéticos, a la vez que los del

comercio internacional y poder relacionarlos con la cooperación internacional para el desarrollo,

por ejemplo, significa adoptar una nueva mirada que puede inducir a un cambio de

comportamiento social, político y económico.

La deuda ecológica es un instrumento conceptual sintético y eficaz para hablar de la

injusticia en las relaciones Norte- Sur y intentar obtener el reconocimiento del desequilibrio en

el uso de los recursos naturales y en la contaminación producida, la prevención, es decir, una

serie de políticas ambientales y económicas que impidan la producción de nueva deuda, la

reparación, monetaria y política, la compensación (en la medida del posible) de la deuda ya

creada y la abolición de la deuda externa.

Eso significa que sociedades como la vasca, la española o la europea, enormemente

dependiente de las fuentes energéticas fósiles y que han acumulado una deuda ecológica

gigante en países como Bolivia y Nigeria, deben abandonar su modelo energético actual y

encaminarse a la búsqueda de un nuevo modelo “sostenible”.

En esta búsqueda, las primeras respuestas sociales suelen referirse a utilizar a cuestiones

tecnológicas y cambio de hábitos como usar electrodomésticos de alta eficiencia, apagar las

luces innecesarias… medidas de ahorro y eficiencia que también los gobiernos promulgan y

por desgracia son insuficientes para frenar la escalada del consumo energético. El informe

Factor 417 recoge interesantes propuestas que acaban cuestionando el corazón de la

globalización, cuando el autor se acerca a la nevera de su casa y comprueba que sus yogures

provienen de lugares muy alejados del punto de consumo. En el capítulo “Yogur de fresa: los

largos viajes son innecesarios” y posteriores, el autor reflexiona sobre la Organización Mundial

del Comercio y el modelo que impulsa, contrario a la producción local y a la reducción de

importación de productos.

En la misma línea, Hermann Scheer18 autor del libro Economía Solar Global afirma que “un

orden sostenible del mercado mundial debe invalidar todas la reglas del mercado atinentes a 17 Ernst Ulrich von Weizsäcker, Factor 4, 18 Herman Scheer es sociólogo y economista, presidente de Eurosolar, la Asociación europea de Energía Solar. Miembro del partido socialdemócrata alemán, recibió el Premio Nobel Alternativo.

Página 28 de 31

los recursos y limitarlas a los productos técnicos”, es decir, favorecer los recursos de extracción

doméstica frente a los importados (alimentos básicos, energía y materias primas; Scheer deja a

un lado alimentos que no se producen en el propio país y aquellos de “calidad” como vino,

quesos…). En el campo energético, esto implica basarse en las energías renovables. En

definitiva, este modelo se basa en la soberanía energética y alimentaria.

Scheer justifica su propuesta diciendo que “cuanto más hagan depender las economías

nacionales el abastecimiento básico de sus ciudadanos – alimentos, materias primas y energía-

de empresas transnacionales y del mercado mundial, más quedarán a la merced de una

potencia económica contra la cual de nada sirve invocar normas de tipo ecológico, social o

incluso comercial.” Y continua afirmando que estos recursos – alimentación y energía –

dependen de condiciones de producción naturales no manipulables por las personas, por tanto

no pueden aplicárseles las mismas reglas de mercado que a los productos técnicos. A la

propuesta de Scheer se puede añadir que tecnologías como la energía solar fotovoltaica

tampoco deben quedar al albur del mercado mundial, en la medida que satisface necesidades

básicas de energía.

Podemos englobar las propuestas en el Modelo Energético Solar, sistema que tiene en

cuenta las necesidades locales y recursos, donde uno de los principios es que la energía debe

producirse en un lugar próximo al de consumo, evitando al máximo las pérdidas en el

transporte y distribución de energía, reduciendo así la “cadena de la energía”. Este sistema

debe ser descentralizado basado en energías renovables locales, donde la energía solar

pasiva tiene que ser un elemento clave19. Tal y como afirma R. Bermejo20, este sistema aporta

flexibilidad (las fuentes renovables se adaptan mejor por su pequeña escala y modularidad);

minimización del impacto ecológico; eficiencia (mayor descentralización conlleva menos

pérdidas por transporte), y seguridad en base a fiabilidad y no vulnerabilidad frente a “ataques

terroristas” como en el caso de las centrales nucleares. Habría que añadir que las poblaciones

de países como Bolivia, Nigeria o Irak, dueñas de importantes reservas de recursos fósiles,

también se sentirían más seguras si el mundo dependiera menos del petróleo y gas natural, a

la vista de los conflictos bélicos desencadenados por el control de estos recursos.

Las energías renovables han sido la propuesta que numerosos movimientos ecologistas y

sociales en general, hemos defendido ante los graves problemas generados por otras fuentes,

desde los recursos fósiles a la energía nuclear. Iniciando el siglo XXI, cuando los propios

poderes políticos y económicos reconocen la inminente crisis del petróleo y recurren también a

estas alternativas para complementar la alimentación energética del sistema capitalista en su

fase de mayor expansión global y dilapidación de recursos de la Historia, nos vemos obligadas

19Itziar Martínez de Alegría Mancisidor; Pablo Díaz de Basurto; Iñigo Martínez de Alegría Mancisidor y Patxi Ruiz de Arbulu, en Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2008. 20 R. Bermejo, La gran transición hacia la sostenibilidad. Principios y estrategias de economía sostenible, editorial Icaria, ISBN 8483192241.

Página 29 de 31

a revisar nuestras proclamas, y caracterizar mejor bajo qué condiciones las energías conocidas

tradicionalmente como “renovables” efectivamente responden a un modelo sostenible.

Básicamente estas fuentes deben ceñirse estrictamente al Modelo Energético Solar, y

completar su ciclo de vida en el lugar de consumo. Existen diversos estudios sobre la

potencialidad de las renovables21, y sobre la cantidad de energía óptima para favorecer el

desarrollo humano22. La combinación de ambas perspectivas nos permite afirmar que las

fuentes renovables pueden alimentar las necesidades energéticas básicas. Sin embargo, aún

es necesaria una transformación del resto de actividades bajo un modelo de producción y

consumo locales, un modelo que garantice la soberanía y seguridad sobre los recursos

básicos.

Euskal Herria, Febrero del 2008.

BIBLIOGRAFIA

- Anya O.Any. (2001) Rivers State Economic Summit, Port Harcourt, Nigeria.

- Barcena, I. & Lago, R. (cords) (2008) “Nork nori zor? Deuda Ecológica: Energía,

transnacionales y cambio climático. Icaria. (en preparación).

- Barcena, I. (koord) (2004) Euskal Herria nora zoaz? Retos sociales y ambientales para la

sostenibilidad. Ekologistak Martxan. Bilbao.

- Bermejo,R. La gran transición hacia la sostenibilidad. Principios y estrategias de economía

sostenible, editorial Icaria, ISBN 8483192241.

- Crosby, A.W. (1988) Imperialismo ecológico. La expansión biológica de Europa (900-1990)

Crítica, Barcelona.

- Declaración de Roberto Mallea en el III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y

Electricidad en Santa Cruz, 2002.

- Dillon J.(2000) Ecological Debt: South Tells North "Time to Pay Up",

http://www.enredeurope.org

- Ekologistak Martxan (2005) La Deuda ecológica de Euskadi. Nuestro modelo energético y la

Amazonía Ecuatoriana Ekologistak Martxan. Bilbao.

- D. Hoyos- (2004) La Deuda ecológica vasca en Bárcena, I. (koord) (2004) Euskal Herria nora

zoaz? Retos sociales y ambientales para la sostenibilidad. Ekologistak Martxan. Bilbao.

21 Informes “Energías Renovables 2050” y “Renovables %100”, realizados para Greenpeace por Jose Luis García Ortega y Alicia Cantero, Universidad Pontificia de Comillas. 22 I.Barcena & R.Lago (cords) “Nork nori zor? Deuda Ecológica: Energía, transnacionales y cambio climático. Icaria. (en prensa)

Página 30 de 31

- Global Forum di Rio (1993) “ La carta della Terra. Il manifesto dell’ambientalismo planetario.

ISEDI. Turín.

- Encina J. & Bárcena I. (2006) Democracia Ecológica. Formas y experiencias de participación

en la crisis ambiental. UNILCO. Sevilla.

- Greenpeace (2007) Informes “Energías Renovables 2050” y “Renovables %100”, Jose Luis

García Ortega y Alicia Cantero, Universidad Pontificia de Comillas.

- Hernandez Zubizarreta, Juan (2007) “¿Bolivia dividida? Cuanta demagogia”. En respuesta al

editorial “Bolivia dividida” de El País del 30 de Noviembre.

- Itika Guasu (2005) “Impactos ambientales, sociales y culturales de Repsol YPF en territorios

indígenas de Bolivia”. Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu. CEADES y CERDET.

- Llistar, David (2007) La anticooperación. Colección Contraargumentos. Icaria Editorial, (en

preparación).

- Martinez Alier, J. & Simms, A. & Rinjhout, L. (2002) « Poverty, Development, and Ecological

Debt », panfleto.

- Martínez Alier, J. (2004) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de

valoración. Icaria- FLACSO, Barcelona.

- Martínez Alier, J. & Oliveras, A. (2003) ¿Quién debe a quién? Deuda ecológica y Deuda

Externa. Icaria.

- Martínez de Alegría Mancisidor, I.; Díaz de Basurto, P.; Martínez de Alegría Mancisidor, I. y

Ruiz de Arbulu,I. (2008). European Union’s Renewable Energy Sources and Energy

Efficiencies’ Policy Review. “Renewable and Sustainable Energy Reviews”, aceptado para

publicación y accessible en internet desde 30 agosto de 2007.

- Naredo, J.M. (2006) Raiceseconómicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los

dogmas. Siglo XXI, Madrid.

- Naredo, J.M. y Valero, A. (dirs.) (1999) Desarrollo económico y deterioro ecológico.

F.Argentaria y Visor Distrib., Madrid.

- Observatorio de la Deuda en la Globalización. (2003) Deuda ecológica. ¿quién debe a

quién? Colectivo de difusión de la deuda ecológica. ODG. Icaria editorial.

- Okonta, I. & Douglas,O. (2003) “Where vultures feast. Shell, Human rights and Oil” . Verso

ondres..

- Ortega M. (ed.) (2005) La Deuda Ecológica Española. Impactos ecológicos y sociales de la

economía española en el extranjero. Colección Pensamiento Global. Muñoz Moya

Editores.Universidad de Sevilla.

- Ortega Cerdá, Miquel. (2007) ¿Debe el estado ayudar a las transnacionales españolas? Icaria.

Bartcelona.

- Intermón Oxfam (2004)Repsol YPF en Bolivia, Informe de Intermón Oxfam. Mayo.

- Paredis, E. & otros (2004) Elaboration of the concept of ecological debt. Center for

Sustainable Development (CDO) Ghent University.

- Quiroga, Jaime 2006. Bolivia en la Agenda Mundial.

Página 31 de 31

- Reglamentación Técnico Sanitaria española. Real Decreto 1138/1990, BOE nº 226

20/09/90.

- Rowell, A,;Marrito, J.; & Stockman L. (2005) “The next gulf. London Washington and Oil

Conflict in Nigeria” Constable. Londres.

- Sachs, W. & Santarius, T. (2007): “Un futuro justo. Recursos limitados y justicia global”

Icaria. Barcelona

- Shiva, V. (2001) “Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y el conocimiento” Icaria,

Barcelona.

- Scheer, Hermann (2002) The Solar Economy: Renewable Energy for a Sustainable Future.

Earthscan, Londres.

- Simms A. (2005) Ecological Debt. The Health of the Planet & the Wealth of Nations. Pluto

Press. London.

- Spangenberg, J.H. (1995) Towards Sustainable Europe. A Study from the Wuppertal

Institute for Friends of the Earth Europe. Luton-Brussels, FoE Publications Ltd.

- Tierras Comunitarias de Origen. Título X, Artículo 138. Ley 3058 de Bolivia.

- Weizsäcker, E. U. v.; Lovins, A. B.; Lovins, L. H. (1997) “Factor 4, Doubling Wealth - Halving

Resource Use”, Earthscan, London.

- Wackernagel, M y Rees, W. (1996) Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the

Earth. New Society Publishers, Filadelfia.

Páginas web de referencia Naciones Unidas-C.Climático http://www.ipcc.ch/

Convención marco del cambio climático www.unfcc.int

Observatorio Deuda www.observatoriodeuda.org

Ekologistak Martxan www.ekologistakmartxan.org

Ecologistas en Acción www.ecologistasencacion.org

Christian Aid www.christian-aid.org.uk

Solidaridad en red www.solidaridad.net

Convention on Biological Diversity www.biodiv.org/convention/

Oilwatch www.oilwatch.org

Red internacional sobre deuda ecológica www.deudaecológica.org