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Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Trabajo Social
Desarrollo Comunitario y Ciudadanía
Profesora Gabriela Rubilar
Desempleo v/s Seguridad: situación de la familia minera tras el rescate de los 33”
Integrantes:
Trinidad Canessa
Gabriela Aranda
M°Teresa Cavada
Presentación Para realizar nuestra observación, hemos querido centrarnos en un fenómeno de
actualidad y gran relevancia para nuestro país, que es el derrumbe del yacimiento de la
minera San José. Esto porqué ha tenido un sinnúmero de repercusiones para Chile,
como el conocimiento de nuestro país a nivel mundial debido al rescate, además de
dejar en evidencia los graves problemas de seguridad que existían en esta mina, lo cual
desembocó en la creación de una comisión de expertos para la seguridad del trabajo,
creación de la superintendencia de minería y el anuncio de una reforma laboral en éste
tema.
Considerando que la observación es un instrumento central en el desarrollo de
formulaciones que buscan entender o explicar determinados fenómenos, es que
debemos realizar una descripción exhaustiva del fenómeno a estudiar, para así delimitar
los posibles focos de acción en una futura propuesta de intervención social comunitaria,
esto, ya que para intervenir es necesario comprender por qué y para qué se actúa, lo cual
es siempre histórico y contextualmente situado.
Descripción del fenómeno
El día 5 de agosto del año 2010 ocurrió un derrumbe en el yacimiento San José, ubicado
a 45 km al norte de la ciudad chilena de Copiapó y propiedad de la compañía minera
San Esteban, que dejó atrapados a 33 mineros a 700 metros de profundidad.
Las labores de rescate se iniciaron en la mañana del 6 de agosto, y fueron supervisadas
por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Camila Merino, el subsecretario de
Minería, Pablo Wagner, y el director nacional del Servicio Nacional de Geología y
Minería (Sernageomin), Alejandro Vío.5 La Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior (Onemi) confirmó ese mismo día la identidad de los 33 mineros
encerrados en el yacimiento.
Los trabajadores que dejo atrapados el derrumbe son:
Los 33 trabajadores atrapados en la mina son:
� Claudio Acuña Cortés
� Juan Carlos Aguilar Gaete
� Franklin Lobos Ramírez
� Carlos Mamani: el único extranjero
(proveniente de Bolivia).
� Osman Isidro Araya Araya
� Samuel Ávalos Acuña
� Florencio Ávalos Silva
� Renán Anselmo Ávalos Silva :
enfermero aficionado y responsable de
los informes médicos
� Carlos Alberto Barrios Contreras
� Jonny Barrios Rojas
� Carlos Bugueño Alfaro
� Raúl Enrique Bustos Ibáñez
� Pedro Cortez Contreras
� Jorge Galleguillos Orellana
� Mario Gómez Heredia: 63 años, el
mayor de todos.
� José Henríquez González
� Daniel Herrera Campos
� Juan Andrés Illanes Palma
� José Ojeda Vidal
� Edison Peña Villarroel
� Omar Orlando Reigada Rojas
� Esteban Rojas Carrizo
� Pablo Rojas Villacorta
� Jimmy Alejandro Sánchez Lagues, 19
años, el más joven de todos los
mineros.
� Darío Arturo Segovia Rojas
� Víctor Segovia Rojas
� Mario Sepúlveda Espinaze:
� Ariel Ticona Yáñez
� Luis Alberto Urzúa Irribarren: Jefe de
turno y líder del grupo
� Alex Richard Vega Salazar
� Richard Villarroel Godoy
� Claudio Yáñez Lagos
� Víctor Zamora Bugueño
Se optó por efectuar perforaciones sobre la mina dirigidas hacia la zona de refugio
mediante máquinas perforadoras de exploración minera. Este operativo se realizó
utilizando hasta 10 equipos de sondaje de distinta tecnología y eficiencia a fin de
establecer contacto con los mineros aislados. Luego de diversos inconvenientes, como
la desviación de una de las sondas, el domingo 22 de agosto, una sonda logra romper
fondo y el ministro de Minería, Laurence Golborne, saca un testimonio de una de las
barras de acero de la máquina de sondaje que dice: "Estamos bien en el refugio los 33”.
La noticia llenó de esperanzas a los familiares y cercanos a los atrapados, que debido al
fallido trabajo de la primera sonda, ya casi no se creía que se encontrarían con vida los
mineros. Estos familiares habían instalado un campamento alrededor del lugar que se
conoce como Campamento esperanza, lugar en donde esperaron hasta que los mineros
fueran rescatados, donde también se ubico la prensa mientras duró el proceso de rescate
y en donde incluso el ministro de educación Joaquín Lavín, inauguró una sala de clases
con capacidad para 13 alumnos familiares de los mineros.
Luego de que el sondaje llegara al refugio donde se ubicaban los 33 mineros, se hizo
descender una cámara de televisión por donde se pudieron observar imágenes de los
trabajadores, así como también contactarse con familiares y suministrar alimentos a los
mineros a través del reforzamiento del ducto. Además el presidente Piñera pidió la
colaboración internacional para ayudar con el rescate, también destituyó a los directivos
del regulador de la actividad minera y ordena la intervención del organismo.
A penas se instauró la comunicación se supo que los mineros se encontraban bien de
salud, y fueron asesorados directamente por profesionales en cuanto a los medicamentos
para algunos, y una dieta equilibrada que deberían consumir mientras se encontraban
bajo tierra.
Se ponen en marcha 3 planes para rescatar a los mineros. El plan A lo constituye la
perforadora Strata 950, que avanza a una media de 15-20 metros diarios. El plan B está
a cargo de máquina Schramm T-130 que alcanza un taller aledaño al refugio y comienza
a ampliar el diámetro del conducto a 66 centímetros, necesario para evacuar a los
mineros. Finalmente, el plan C está a cargo de una petrolera RIG-421, que cava un
conducto de 66 centímetros.
Luego, el 30 de septiembre, familiares de 27 mineros presentan una demanda contra la
empresa propietaria de la mina y piden una indemnización de 12 millones de dólares,
mientras la justicia procesa a los dueños del yacimiento por un accidente anterior.
Finalmente, el 9 de Octubre la máquina T-130 llega a la galería en que están los mineros
atrapados y comienzan las tareas para su evacuación. Luego de 33 días de excavación,
se completa el túnel de 622 metros por donde emergen los trabajadores.
Ante este amplio acontecimiento, hemos querido centrarnos en el tema laboral ya que,
con este desastre, se ha puesto de relieve la inseguridad en las faenas mineras y en las
condiciones del trabajo en nuestro país, poniendo en evidencia la precariedad en las
condiciones de trabajo y empleo, las faltas de medidas de prevención, de seguridad y de
protección.
El yacimiento de la mina San José posee más de 100 años de antigüedad y previo al
derrumbe de agosto de 2010 bajo la actual administración ya había registrado
accidentes, por lo cual estuvo clausurada desde marzo de 2007 hasta su reapertura
autorizada por Sernageomin el 30 de mayo de 2008. Los accidentes previos con
consecuencias más graves corresponden al ocurrido el día 3 de julio de 2010, sufrido
por el minero Gino Cortés, quien perdió una de sus piernas luego que un
desprendimiento de varias toneladas le cayera encima. Durante el 2006, en la mina San
Antonio (propiedad de los mismos dueños de la mina San José y separada de ésta por
sólo metros), un minero falleció, y en un accidente similar otro minero perdió una de
sus extremidades. Por otro lado, la mina no cumple con el decreto 72 del Reglamento
de Seguridad Minera, que obliga a las minas subterráneas a tener dos vías de acceso. Es
insegura, además, porque ha sido sometida a una sobreexplotación, lo cual ha
damnificado la fortificación del cerro que la alberga.1
En los informes sobre “accidentabilidad minera” para el período de 1990 a 2005 y para
2010, se observa claramente que el principal tipo de accidente en las minas sigue siendo
el “planchón”, semejante al ocurrido con los 33 mineros que, por poco se escaparon del
aplastamiento. De la misma manera, cerca de un cuarto de los accidentados siguen
siendo los mineros. Por todos estos motivos, y tras el accidente de la mina San José, el
14 de septiembre de 2010, los representantes de los sindicatos de la minería San
Esteban, que corresponde a los trabajadores de la mina San José fueron llamados a la
cámara de diputados y confirmaron que, desde 2002 pedían providencias de seguridad
en la mina.
El grupo afectado no fue tan sólo el de los 33 atrapados, también el de los
aproximadamente 250 hombres que quedaron sin trabajo a causa del cierre de la mina.
“Aquí hay 250 trabajadores que no están atrapados, pero que tienen una situación de
incertidumbre laboral, toda vez que están en un proceso complejo, donde hay una
intervención judicial”, señaló el ministro Golborne después de reunirse con el sindicato
en la Intendencia de Copiapó.
Podemos llamar a este grupo de trabajadores una comunidad, ya que “todos los seres
humanos tenemos una base común. Y en este caso las semejanzas se sustentan en el
1 Pagina web elmundo.es (2010): Referencia Electrónica. Recuperado el 23 de noviembre, 2010. En
http://www.elmundo.es/america/2010/08/07/noticias/1281134283.html
hecho de compartir una experiencia humana, que es lo que permite precisamente el
establecimiento de relaciones intersubjetivas”2
Es por esta misma razón que la comunidad a tratar no serán tan sólo los 33 mineros que
quedaron atrapados bajo tierra, sino también los compañeros que no sufrieron el
encierro producto del derrumbe, pero sí sienten incertidumbre por su futuro laboral.
Actores involucrados
Nuestra observación está centrada en el derrumbe ocurrido el jueves 5 de agosto de
2010, que dejó atrapados a 33 mineros a 700 metros de profundidad en el yacimiento
San José, ubicado a 45 km al norte de la ciudad chilena de Copiapó y propiedad de la
compañía minera San Esteban.
En esta observación número dos, además de identificar los actores involucrados en el
desastre, analizaremos las relaciones entre ellos, y daremos cuenta de las características
de estas, tanto de los agentes principales, como de los secundarios y terciarios que
encontremos en nuestro mapa de actores. De esta forma, podremos comprender de
mejor manera, la red que se teje en torno a ellas y analizar posteriormente en la
observación 3, posibles intervenciones a realizar, ya considerando la interacción entre
estos.
2 Power Point sitio web del curso, clase 2; Lunes 9 de agosto del 2010, diapositiva n°8
Análisis mapa de actores:
Este mapa es una “construcción analítica capaz de incluir a todos los sujetos que
influyen en la comunidad”3 y en este caso, al problema que los aqueja, que refiere al
derrumbe.
En primer lugar, los propietarios de la mina, es decir, la Compañía Minera San Esteban
son señalados como los responsables directos del accidente. Sin embargo la empresa
realizó una auditoría interna que determinó que ésta debe declararse en banca rota. Por
su parte, los mineros, representados por sus familiares, piden un total de 10 millones en
concepto de indemnizaciones, mientras que el ministerio público perseguirá a los
dueños por la vía penal. Por otro lado el organismo encargado de la fiscalización de las
condiciones laborales de la mina SERNAGEOMIN, permitió su reapertura en el año
2008, luego de un cierre en 2007, sin tener los elementos mínimos de seguridad para los
trabajadores.
Por lo tanto, el principal conflicto se establece entre estos tres actores centrales. Los 33
mineros, ya fuera de la mina, la compañía minera San Esteban y el gobierno,
principalmente el sector relacionado con la minería, encargado de la fiscalización.
La existencia de esta tensión, se reafirma en el hecho de que el presidente Piñera, haya
comprometido de inmediato tras el accidente, el día 17 de agosto, una amplia reforma
en materia laboral, que contempla tanto la seguridad como una revisión a la legislación
en este tema, basándose en una reestructuración a los organismos encargados de
fiscalizar las condiciones de trabajo. También, el resto de los trabajadores de la minera
San Esteban comenzaron luego del accidente a exigir el correcto pago de sus finiquitos,
por los que estarían disconformes, lo cual ha llevado a diversas movilizaciones en la
ciudad de Copiapó y que intensifica la tensión entre el gobierno y la minera, ya que
estos últimos dicen que el pago en cuotas del finiquito no será negociable a pesar del
descontento de los trabajadores, a lo cual el gobierno se manifiesta diciendo que el pago
no es de su responsabilidad.
Otro efecto directo del derrumbe y que refleja la tensión existente, es que luego del
accidente, las autoridades chilenas decidieron el cierre de dieciocho minas en esa área
geográfica por carecer de condiciones para su explotación: no disponían de refugios, ni
3 Subirats, Joan. “Análisis de Políticas públicas y eficacia de la Administración”. Pág. 119
de túneles de ventilación, tampoco de vías de evacuación, lo que refleja un problema en
cuanto a la legislación que permite establecer que las responsabilidades son
compartidas.
De este modo, y tal como se presenta en nuestro mapa de actores, existe una relación
negativa entre mineros y la minera San Esteban, además de existir una relación negativa
entre la minera y el gobierno, encargado de llevar la investigación y los cuales al
parecer tienen culpas compartidas. Sin embargo, existe una relación positiva entre el
gobierno y los mineros, ya que fueron ellos quienes coordinaron la acción de rescate y
desde un comienzo se preocuparon por solucionar lo ocurrido de la manera más
eficiente posible. De todas maneras, entre los tres existe una interdependencia, ya que lo
que ocurre con una influye directamente a ambos dos. “Si son más de dos los
organismos o agencias implicadas, entonces la situación se complica porque los
acuerdos o las alianzas pueden ser usados como palancas en relación a los demás” 4
En la situación de los mineros, es fundamental la alianza que se genera con el gobierno,
ya que es éste quien desde el día de la tragedia hasta el fin del rescate se empoderó del
problema entregando todos los recursos necesarios, sin escatimar en costos y
haciéndose presente concretamente a través del ministro de minería Golborne, quien
estuvo presente en gran parte del proceso de rescate, supervisando en terreno el trabajo
realizado por los rescatistas y profesionales que se encargaron del bienestar de los 33
mientras duró su encierro, lo cual le entregó una gran popularidad tanto entre los
familiares como en el país y el mundo a través de los medios de comunicación. En este
sentido, cabe destacar la importancia que tuvo en la obtención de excelentes resultados
la participación comprometida y activa del gobierno, al poseer gran poder y con éste
capacidad de gestión rápida y efectiva, además de la disposición de recursos y redes que
cooperaron en el proceso (relaciones internacionales).
Además de la instancia directa del ministerio de minería, quien se hizo cargo de la
coordinación de todo el rescate y supervivencia de los mineros, se encuentran como
agentes secundarios, las municipalidades de Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar,
siendo de fundamental importancia la primera. Esta municipalidad, actuó
principalmente solidarizando con los familiares de los mineros que se encontraban
atrapados, formando lo que se conoce como “campamento esperanza” donde todas las 4 Subirats, Joan. “Análisis de Políticas públicas y eficacia de la Administración”. Pág. 122
familias vivieron durante el periodo en que los 33 permanecieron encerrados en el fondo
de la mina. A partir de este grupo de personas con claros intereses en común, en primer
lugar luchar hasta lograr agotar los medios existentes para recuperar a sus familiares y
en segundo lugar y posterior a esto, “hacer justicia” exigiendo la responsabilización de
los posibles actores culpables de esta tragedia y la millonaria indemnización
correspondiente, es que se crea un mecanismo de participación activo de parte de esta
comunidad. “ La participación puede tener lugar en ámbitos y modalidades muy
diferentes (locus) y que por lo general dan cuenta de las interacciones entre estado y
sociedad civil5”. Son entonces personas civiles que a través de la organización y el
deseo de un objetivo común logran participar como un agente activo y de gran peso, en
conjunto con actores políticos y privados en este proceso post tragedia que busca
prevenir futuros accidentes laborales y por supuesto reivindicar este hecho histórico
ocurrido en octubre del presente año.
En este campamento, la municipalidad de tiene una estrecha relación con los familiares
y colabora como gobierno regional, con el ministerio de minería quien estaba a cargo
del rescate, ya que hizo más placenteras las relaciones Copiapó, asociada con las dos
antes mencionadas, proveía de alimentos, colaciones y otros elementos necesarios para
que los familiares permanecieran en aquel lugar. Por ende, la relación que existe entre
las municipalidades es positiva con todos los agentes, y sobre todo y ayudo a los
familiares en los difíciles momentos desde antes de saber que todos los mineros se
encontraban con vida, hasta el día del rescate.
Otro agente, que si bien es terciario, ya que no se relaciona directamente con el
conflicto, es fundamental en la visión que el país y mundo tienen de éste, es la prensa.
En primera instancia se encuentra la prensa nacional, que es la encargada de difundir el
desastre a los chilenos, y que, finalmente, es la que crea la imagen que los ciudadanos
tendrán del conflicto. Esta se encuentra como agente terciario ya que es un observador
atento al conflicto, pero no interviene de manera directa.
En cuanto a las relaciones que establece con los otros agentes es variable, pero
principalmente positiva, ya que cumple su función de informar a la ciudadanía acerca de
los detalles del conflicto. Pero, de la misma manera en que la prensa nacional establece
5 Power point sitio web del curso, clase 12; miércoles 22 de sept del 2010, diapo n° 1.
aquella relación, también se centró muchas veces en cosas que desagradaron a los
mineros y a sus familiares, como el hablar de la situación amorosa de uno de los 33
atrapados y darle énfasis a aquello. También, los mineros han establecido un pacto de
silencio sobre lo ocurrido en el derrumbe, debido a que quieren conservar su privacidad,
hecho que puede dificultar la relación positiva existente con la prensa. Algunos
miembros de la oposición como Carolina Tohá, han acusado de un aprovechamiento
mediático por parte del gobierno, lo que también puede ser un punto a considerar en
cuanto a las relaciones de la prensa con éste. Sin duda, lo fundamental de los medios
radica en mostrar la realidad minera, crear conciencia sobre las condiciones de
seguridad laboral y también otros efectos secundarios como dar a conocer la región de
atacama y ciudad de Copiapó.
Sin duda, mirando la relación desde más afuera, también los mineros se favorecen
fuertemente del rol ejercido por la prensa, ya que gracias a ella, lograron crear una
imagen que los impulsará, debido al poder que poseen los medios de comunicación, a
concretar las iniciativas que ellos estimen convenientes. Además, la cobertura
internacional del suceso, es algo que beneficia a nuestro país ya que lo pone en el
centro de la discusión mundial y se recalcan por sobretodo, características positivas de
la organización del rescate, las tecnologías utilizadas y la solidaridad Chilena.
Una manifestación de los beneficios de la vinculación de la prensa internacional, y por
lo tanto de su relación positiva, es que los mineros afectados recibirán más de 38.000
dólares en viajes, ropa y donaciones, siendo este uno de los efectos directos, pero que
viene acompañado de un sinnúmero de beneficios de mayor envergadura e importancia.
Como lo hemos mencionado anteriormente, el caso de los 33 mineros abre un espacio
de discusión con respecto al tema de las condiciones laborales en la minería chilena que
sin lugar a dudas, al tratarse de un hito histórico y con el revuelo mediático que generó,
será el punto de partida para lograr cambios sustantivos en lo que respecta a
fiscalización de condiciones laborales de los trabajadores, reformas en cuanto a
seguridad y en cuanto a la legislación existente.
Podemos observar que el rol que cumple la relación entre los tres principales actores: 33
mineros, gobierno de Chile y la minera San Esteban y el papel fundamental que juega la
prensa y a los intereses políticos y económicos de los agentes en cuestión son
fundamentales al pensar en posibles avances en materia de condiciones laborales
esenciales para esta gran comunidad minera que existe en nuestro país.
(mapa de actores adjunto)
Plan de acción
Tras el derrumbe en la mina San José, quedaron en evidencia las precarias condiciones
en las que se trabaja en gran parte de las pequeñas y medianas mineras de nuestro país.
El problema principal hoy, tras el éxito de la operación y haber rescatado con vida a los
33 mineros, es la incertidumbre que enfrentan muchos mineros ante el cierre o posible
cierre de las mineras en donde trabajan.
Durante la elección de la nueva directiva de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami),
dirigentes regionales explicaron que unas 10.000 personas pueden quedar cesantes a
causa de la mayor fiscalización, lo que representa un 50% del empleo que entrega la
pequeña minería.”6
Si bien se valora el hecho de intentar mejorar las condiciones de trabajos en las faenas
mineras, y el hacer respetar las leyes que regulan el trabajo al interior de las minas, esta
acción causa temor debido a la cantidad de pirquineros que pueden quedar sin fuente
laboral tras el cierre de sus lugares de trabajo.
El ministro de minería Laurence Golborne ha señalado que “se debe avanzar en
el cumplimiento de la normativa minera y eso es una materia que está abordando la
Enami para ver cómo se va a ayudar a la pequeña y mediana minería a mejorar su nivel
de seguridad, de manera tal de no tener cierres”7.
El Presidente Sebastián Piñera, ha convocado una Comisión para proponer reformas en
la materia, “tarea difícil para una instancia presidida por una persona que desconoce
la materia, sin participación alguna de los organismos fiscalizadores y con la evidente
ausencia de los trabajadores en la mesa” 8
6 Diario La nación. (2010): Referencia electrónica. Recuperado el 23 de noviembre, 2010, de
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100831/pags/20100831210028.html
7Diario La nación. (2010): Referencia electrónica. Recuperado el 23 de noviembre, 2010, de
http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100831/pags/20100831210028.html 8 Diario La nación. (2010): Referencia electrónica. Recuperado el 23 de noviembre, 2010, de
http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/no-todo-es-un-accidente-
Diversos actores, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Concertación de
Partidos por la Democracia, la coalición centroizquierdista que gobernó Chile entre
1990 y marzo de este año, criticaron la total ausencia de dirigentes sindicales y actores
sociales en esas comisiones. American Psychological Association. (2003). APA style:
Electronic references. Recuperado 21 de febrero, 2008, de
http://www.apastyle.org/elecref.html
Debido a la ausencia de una política pública en el sector de la minería, sólo en el año
2009 se registraron 191.685 accidentes laborales en todo el país y 443 muertos a causa
de ellos. En el primer trimestre este año se reportaron 155 fallecidos.
En una entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el secretario general
del Segundo Sindicato de la Mina San Sebastián, Javier Castillo, afirmo:
"Ante esta situación es necesario contar con un cuerpo fiscalizador que sea capaz de
cubrir más territorio con más personal. Junto con ello reconocer las facultades de los
sindicatos de participar en la fiscalización", quien recuerda que la lucha obrera de los
mineros data del siglo pasado.
Por otro lado se exige por parte de los sindicatos al gobierno la ratificación del
Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y
salud en las minas, adoptado en 1995 y que entró en vigor en 1998. Este instrumento
ratificado en América Latina sólo por Brasil y Perú, obliga a legalizar cuestiones que
fallaron en la mina San José, como la suspensión de las actividades por motivos de
seguridad y la existencia de dos vías de salida independientes en yacimientos
subterráneos.
La ratificación del Convenio 176 no figura hasta ahora dentro del paquete de iniciativas
anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera en respuesta al grave accidente minero,
que es investigado por la justicia.
Estos antecedentes son relevantes al momento de pensar en una intervención para la
comunidad observada que son los mineros de la mina San José, esto ya que, La
solución de los problemas sociales no se da sobre la base de la eliminación de los
déficit sino a partir de la ampliación de los recursos potenciales de la comunidad.9 Por
lo tanto, no se puede pensar una intervención tan sólo centrada en la fiscalización de las
minas y la clausura de éstas, si no que deben considerar a los principales involucrados y
su directa participación en el planteamiento de una posible solución desde sus recursos.
Es por ello que queremos plantear la pregunta de cómo solucionar el dilema entre
mejorar las condiciones de seguridad de las minas sin perjudicar a los mineros, quienes
son los protagonistas de éste problema, ya que la mina es su principal fuente de trabajo
y a la vez un gran riesgo para su seguridad, centrándonos específicamente en los
trabajadores afectados por el derrumbe de la mina San José, no tan sólo en los 33
atrapados, sino que también en el resto de los mineros, quienes también sufrieron las
consecuencias del cierre de la mina.
De esta manera, creemos que la intervención comunitaria es la más adecuada debido a
que es el nivel de intervención social menos ajeno al contexto y que tiene como eje
central el desarrollo de los sujetos en condición de igualdad, como plantea Teresa
Marshall.
La primera alternativa de intervención que se plantea es la más simple, pero también la
que menos respeta la identidad y el rol de actor dentro de la intervención de los mineros.
Sería posible, debido al deseo de algunos mineros y de sus familias, capacitarlos en un
nuevo empleo, que aprendan otro oficio menos riesgoso y se dediquen a él. Pero ¿qué
sucedería con la pequeña y mediana minería si se queda sin mineros? Además, ¿es
realmente una solución que satisface a la totalidad de mineros afectados por el cierre de
la mina? Además de los dos problemas anteriores hay que tener en cuenta lo más
importante, ¿mejora esta intervención la seguridad laboral dentro de las minas chilenas?
El problema de esta alternativa es que no considera, para la resolución del conflicto, un
diálogo que posibilite una salida constructiva y consensuada entre los mineros, la
Minera San Esteban y el Gobierno.
A la hora de intervenir con una comunidad tan especial como la de mineros, que forma
parte de nuestra historia como país, y su trabajo es valorado colectivamente como un
trabajo de sacrificios, que ha traído enormes frutos para todos, es necesario cuidar y
velar por los intereses de esta comunidad.
9 Power Point numero 3 sitio web del curso, miércoles 11 de agosto 2010
De acuerdo a la definición entregada por Mariane Krause Jacob el concepto de
comunidad está compuesto por 3 elementos:
• Pertenencia: Sentirse “parte de”, “perteneciente” a o “identificado con”
• Interrelación: existencia de contacto o comunicación entre sus miembros, y
mutua influencia
• Cultura Común: Existencia de significados compartidos.
Según lo anterior a la hora de intervenir con este grupo, es necesario, para no destruir
esta comunidad, que los mineros sigan sintiéndose parte del grupo en el que estén, y lo
más importante de todo, sigan teniendo una cultura en común, y que esa cultura común
sea respetada y valorizada.
Mario Sepúlveda, uno de los 33 señaló luego de ser rescatado “Yo quiero que me sigan
tratando como el Mario Antonio Sepúlveda Espinaze... trabajador, el minero. Yo quiero
seguir trabajando porque creo que nací para morir amarradito al yugo, como digo yo.”10
En esta dirección estaba orientada la feria de trabajo que se realizó el 13 de septiembre
pasado en Copiapó, organizada por el Ministerio del Trabajo y el Sence. Esta feria
“aseguraba más de 1.000 puestos de trabajo, la cual, sin embargo, fue catalogada como
un “fracaso” por los trabajadores.”11
Esto demuestra que la solución no es cambiarlos de rubro, ni enseñarles otro oficio,
porque ellos se consideran mineros, es parte de ellos, de su historia e identidad.
Una segunda opción sería lograr la indemnización de los mineros, tanto de los 33 que
quedaron atrapados, como de los otros que perdieron su trabajo a causa del cierre de la
mina. El problema aquí es el mismo del caso anterior, ya que la solución al problema es
sólo paliativa y no resuelve el conflicto de fondo, que es mejorar las condiciones
laborales de los mineros sin perjudicar su trabajo.
De acuerdo a lo anterior consideramos que el proceso en el que se busque una solución
o mejora al problema, debe considerar tanto a autoridades del gobierno, como a los
mineros, ya que son ellos quienes se verán directamente afectados por las resoluciones
10
Diario El País. (2010): Referencia electrónica. Recuperado el 25 de noviembre, 2010, de
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chile/conmueve/mundo/rescate/33/mineros/elpepuint/
20101012elpepuint_9/Tes 11
CNN – CHILE. (2010): Referencia electrónica. Recuperado el 27 de noviembre, 2010 de
http://www.cnnchile.com/nacional/2010/09/21/companeros-de-mineros-atrapados-piden-solidaridad-
al-gobierno/
que se tomen. Es importante en los proceso de participación que los objetivos sean
claros y específicos, y además que existan incentivos a participar. La gente sólo
participará si conoce los objetivos y si éstos son claros, si no lo son pueden crear falsas
expectativas. Si no se tienen incentivos a participar, es decir si el tema no es de interés o
si no se considera que su participación influirá, la gente tampoco participa. Es por esto
que es necesario crear una instancia en dónde los mineros expongan sus necesidades, u
que éstas sean no sólo escuchadas, sino también atendidas ¿quiénes nos pueden decir
mejor que ellos, que trabajan al interior de la mina, lo que debe ser corregido? Deben
tener la tranquilidad de que reclamar y exigir un empleo que sea seguro, con las
condiciones laborales mínimas no será causa de despido.
Tal como se plantea en el texto “Camino al Bicentenario. Propuestas para Chile” el
conflicto es una realidad de la vida social y se necesita administrarlo adecuadamente. La
justicia formal no es la primera ni única opción. Es necesario generar procesos que
favorezcan la resolución y gestión colaborativa y restaurativa de los conflictos.
De acuerdo a lo anterior, es primordial mejorar las condiciones en que se trabaja en la
minas, y aumentar la seguridad, pero para esto se debe invertir en tecnología y mano de
obra, no cerrar minas que son fuente de trabajo para miles de hombres. Este trabajo
debe ser sostenido en el tiempo, y fiscalizado por entidades externas a las mineras.
La directora del Instituto de Seguridad Laboral de Copiapó, Lorena Martínez, señaló en
una entrevista concedida al sitio Web de teleSUR que “No existe legislación chilena que
obligue al empleador a destinar un porcentaje de las utilidades en prevención de riesgos
y seguridad. Existe un decreto de seguridad minera que establece las normas básicas
para minería subterránea, a rajo abierto y procesamiento de minerales. Las empresas
deben cumplir, obligatoriamente, con las normas que establece el decreto, sin embargo,
lo que cada empresa destina en recursos a la seguridad depende únicamente del
empleador, el verá cuánto dinero necesita invertir para cumplir con el decreto”, además
agregó que las condiciones no son las óptimas en la pequeña y mediana minería porque
las fiscalizaciones no son adecuadas.
Además es necesario que los mineros cuenten con información y apoyo para recurrir a
instituciones formales cuando las condiciones de trabajo no sean las adecuadas, sin que
esto signifique motivo de despido.
Ahora bien, lo anterior es necesario para todos los trabajadores de la minería chilena, no
sólo para la comunidad de la minera San Esteban.
Específicamente hablando, para nuestra comunidad de mineros, la intervención que
consideramos adecuada sería la de reubicación para aquéllos que no quieran seguir
trabajando en minas, con ofertas de empleo que se adecuen a las necesidades familiares.
Para aquellos que quieran seguir trabajando en el ámbito de la minería, es necesario que
se modifiquen las condiciones de seguridad en las cuales van a trabajar, que éstas sean
las necesarias para prevenir situaciones como las ya ocurridas.
Es importante que todos los mineros cuenten con las mismas oportunidades, ya que
producto de la exposición mediática, los 33 han obtenido muchos beneficios que los
otros compañeros de trabajo no han recibido. Las ofertas laborales, las condiciones
mínimas de seguridad, la oportunidad de decidir si continúan o no trabajando en minas,
deben ser para todos los trabajadores de la mina, no sólo para los 33.
Al ser un área tan importante en nuestro país, la intervención realizada debe ir más allá
de la comunidad que nosotros hemos seleccionado, consideramos que para los mineros
de la mina San Esteban, lo más importante ahora es conseguir un trabajo, ya que la
incertidumbre de la cesantía es lo que más les apremia en estos minutos, al menos a
quienes no han recibido donaciones, ni beneficios de el hecho de haber quedado
atrapados por el derrumbe. Una oferta laboral que se acomode a sus deseos y
necesidades.
A nivel de país es necesario implementar una fiscalización en las medidas de seguridad
con las que se trabaja, sobre todo en la pequeña y mediana minería, que es el sector más
informal del rubro. Estas condiciones de seguridad deben ser estándar, y fiscalizadas.
Una fiscalización que efectivamente reglamente y asegure un lugar de trabajo seguro
para los mineros.
La intervención propuesta es, por lo tanto, conseguir empleos a todos los trabajadores
de la mina que perdieron el trabajo producto del derrumbe, la capacitación en nuevos
oficios si es necesario para aquellos que quieran dejar la minería, y asegurar condiciones
de seguridad para aquellos que quieran seguir en ésta última.
Pero consideramos que este es sólo el primer paso. El derrumbe de la mina sirvió para
debelar las precarias condiciones en las que trabajan miles de chilenos hoy en día, por lo
tanto es necesario hacer frente a esta situación, con sanciones que no signifiquen el
cierre indefinido de minas que son fuente de trabajo, si no con medida que busquen
implementar mejores condiciones laborales y de seguridad al interior de las minas.
Por lo tanto, la intervención con la comunidad seleccionada está enfocada a que cada
uno de los trabajadores que perdió su empleo producto del derrumbe encuentre un
trabajo que pueda asegurarle una buena calidad de vida, a él y a su familia, y
condiciones laborales óptimas para trabajar. Pero el proceso de mejorar la seguridad en
las minas de Chile debe ser sostenido y constante a través del tiempo, debe ser un
compromiso tanto del gobierno como de las empresas privadas. Debe atender las
necesidades y peticiones de los mineros, y debe ser fiscalizado correctamente, para que
irregularidades como las ocurridas en el yacimiento San José no se vuelvan a repetir.
Bibliografía
- Revista sindical Cut
http://www.cuttv.cl/revista/index.php?option=com_content&view=article&id=76:la-
central-unitaria-de-trabajadores-frente-a-la-tragedia-de-mine
-Artículo
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Quien/gana/quien/pierde/crisis/mineros/el
pepuint/20101013elpepuint_6/Tes?print=1
- Análisis de Políticas públicas y eficacia de la Administración, Joan Subirats
-http://www.europapress.es/latam/sociedad/noticia-mineros-piden-respeto-privacidad-
20101016231503.html
