Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad en el Centro Sur de la Amazonía Pedro Páez P. Sigrid Vásconez D. FUNDACIÓN PACHAMAMA Versión Preliminar. Se agradecen comentarios. Copyright © Grupo FARO, ISBN. El Proyecto “Ciudadanizando la Política” es una iniciativa de Grupo FARO con el apoyo de Alianza Equidad, Infodesarrollo, CIESPAL y Participación Ciudadana” con el apoyo de NED, IDRC y UNICEF. Grupo FARO no comparte necesariamente las opiniones vertidas en la presente publicación, que son responsabilidad exclusiva de su autor (a).

PRESENTACIÓN DOCUMENTOS DE POLITICAS PÚBLICAS El presente documento es parte del proyecto “Ciudadanizando la Política: Aportes de Políticas Públicas para el Debate Nacional Ecuador 2006”. Esta es una iniciativa de Grupo FARO, en alianza con otras instituciones, para contribuir con el enriquecimiento del debate electoral proponiendo políticas públicas desde la sociedad civil. En el marco de esta iniciativa, Grupo FARO ha promovido la elaboración de propuestas de políticas públicas en siete temas que creemos deben ser enfrentados en el próximo gobierno: - Ambiente - Educación - Género - Finanzas Públicas - Modernización del Estado - Productividad de las Pymes - Programas Sociales Cada documento incluye un breve diagnostico de la situación del sector en el cual se enmarca la propuesta. A continuación, describe las diferentes alternativas de políticas que se podrían implementar para solucionar la problemática descrita así como los costos y beneficios asociados a la implementación de cada alternativa. A continuación, cada autor (a) desarrolla la alternativa de política que, a su parecer, tiene mas impacto y factibilidad de contribuir con el mejoramiento del sector y de la sociedad en general. Dada nuestra convicción que la sociedad civil puede contribuir con propuestas concretas para mejorar la calidad de las políticas publicas, cada documento propone una hoja de ruta que incluye las medidas concretas a implementar en los primeros cien días, 1 ano y 4 anos del próximo gobierno. El proyecto “Ciudadanizando la política” propone devolver la política a los ciudadanos. Creemos que esa es la única manera que la deliberación y las políticas públicas respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo del país. En esa medida, se propone superar la visión que la sociedad civil se define como tal en la medida que se distancia de la política. Por ello, durante la iniciativa se realizaran reuniones con los equipos de planes de gobierno de diferentes candidatos a la presidencia de republica para presentar los documentos y contribuir con la elaboración de sus propuestas de gobierno. Adicionalmente, las propuestas serán difundidas en diferentes medios de comunicación y, buscando descentralizar el debate electoral, presentadas en foros en cinco provincias del Ecuador. En tiempos donde la política es percibida como el espacio de la confrontación y el antagonismo, el Proyecto busca generar espacios para un dialogo de amplia cobertura e ideológicamente incluyente. Respondiendo a la diversidad del Ecuador, las organizaciones y autores que presentan sus propuestas en esta iniciativa provienen de diferentes trayectorias, experiencias y posiciones ideológicas. Sin embargo, sus propuestas tienen en común la promoción y protección del derecho que tenemos la ciudadanía a vivir en una sociedad mas desarrollada, equitativa, productiva y justa. De esta manera esta iniciativa muestra el importante rol que podemos tener los ciudadanos promoviendo consensos sobre las políticas publicas que nuestro país requiere para un desarrollo con igualdad de oportunidades.

A nombre de quienes hacemos la Fundación para el Avance de las Reformas y las Oportunidades – Grupo FARO queremos agradecer a Pedro Páez y a Sigrid Vásconez por la calidad de este documento, su compromiso con la iniciativa y su disposición para presentarlo en una diversidad de foros que exigieron pluralidad y apertura intelectual para enriquecerlo con los comentarios y sugerencias dados por los equipos de planes de gobierno y la ciudadanía en general. De igual forma queremos agradecer a las organizaciones aliadas de esta iniciativa: Alianza Equidad, CIESPAL, Infodesarrollo y Participación Ciudadana. Su aporte y compromiso han sido claves para el desarrollo de este Proyecto. Además, queremos reconocer el valioso apoyo del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales (CIES) del Perú cuya experiencia en “Elecciones 2006: Aportes para el gobierno peruano 2006-2011” fueron claves para esta iniciativa. Finalmente, queremos reconocer el aporte de las organizaciones cuya cooperación hizo posible la implementación de la iniciativa: Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en ingles), Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en ingles). Quito, septiembre de 2006 Orazio J. Bellettini Director Ejecutivo Grupo FARO

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RESUMEN EJECUTIVO La siguiente propuesta delinea una iniciativa que a partir de garantizar el desarrollo sustentable, los derechos colectivos de los habitantes, y la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), particularmente en la zona Centro Sur (Provincias de Pastaza y Morona Santiago), abrirá para el país una oportunidad de desarrollo distinto al que venimos enfrentando. Esta opción parte de la necesidad de revertir los graves impactos macro económicos, socio-ambientales y políticos que se han generado por la excesiva dependencia en la explotación petrolera. El eje articulador de la propuesta es un alto a la expansión de la frontera petrolera hacia el Centro-Sur de la Amazonía Ecuatoriana y plantea opciones construidas desde un enfoque ambiental pero a la vez tienen una incidencia estratégica en el sector petrolero y en el desempeño macro-económico, bajo la comprensión de que las acciones por el bienestar nacional deben incorporar visiones y prácticas multisectoriales e interinstitucionales. Procurar que en el Centro Sur de la Amazonía no se desarrollen actividades extractivas de alto impacto, garantizará la conservación natural y la protección cultural y le permitirá al país obtener recursos financieros innovadores e impulsar un desarrollo económico verdaderamente sustentable. Hoy en día, cuando el mundo entero está siendo afectado por el cambio climático, la crisis energética – propiciada por los altos precios en el petróleo y un visible agotamiento de las reservas hidrocarburíferas– la noción de garantizar la protección de los bosques húmedos tropicales como un bien común estratégico para el futuro tiene mucha resonancia. El país tiene, en ese sentido, una oportunidad y ventaja inigualable mientras cuenta con su “capital natural” bien protegido. Es importante aclarar que esta propuesta no pretende abarcar el conjunto de las políticas ambientales que se deben impulsar para atender la compleja problemática ambiental que el país esta atravesando. Nos concentramos en aquellas que deberán ser operacionalizadas para la RAE, donde se evidencian los graves efectos de las contradicciones entre un desarrollo económico que privilegia el crecimiento frente a la conservación de la biodiversidad y el respeto a los derechos colectivos. Las recomendaciones políticas se circunscriben a la región Amazónica, y particularmente en el Centro Sur - Pastaza y Morona Santiago-, pues ésta es una de las regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad continental (MAE, EcoCiencia, TNC y CI, 2006). El concentrarnos en esta región, aparte de fortalecer la requerida política ambiental pretende generar encadenamientos positivos en el resto de la gestión ambiental del país y eventualmente replicar la experiencia en otras zonas del país, con las adecuaciones requeridas. Al mismo tiempo, incursionar en las opciones aquí propuestas obliga a repensar el futuro no petrolero del país desde una perspectiva estratégica que permita avanzar a un nuevo esquema de desarrollo, más influyente y sustentable.

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Desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad en el Centro Sur de la Amazonía

1. DIAGNÓSTICO 1.1. La problemática ambiental en el país El Ecuador, cuenta con una gran riqueza natural. Posee más de 46 tipos de ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas, distribuidos en sus cuatro regiones naturales (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos). Esta gran diversidad ecosistémica, ha posicionado al país entre los 17 países más ricos en biodiversidad (megadiversos)1. En contraste a lo anterior, el Ecuador está atravesando graves problemas ambientales. Para 1996, Sierra, et.al (1999) reportó que el país habría perdido: 68.4% de los bosques originales de la Costa; 42.7% de los bosques en la Sierra y el 15.7% de los bosques de la Amazonía; de un total nacional de 40.9%. El Informe Nacional de Biodiversidad (MAE et al, 2001) puntualiza que las principales amenazas que inciden directa o indirectamente en los ecosistemas terrestres, son las actividades agroindustriales, la colonización, la apertura de vías, la demanda de la industria forestal, la presión demográfica y los desastres naturales. Adicionalmente, la superposición de actividades extractivas como la petrolera y la minera en ecosistemas muy frágiles la Amazonía; la sobreexplotación de recursos forestales y marinos; el inadecuado manejo del suelo y el recurso hídrico; y los efectos de la contaminación petrolera, minera e industrial, completan el panorama de grave deterioro ambiental que atraviesa el país. En múltiples estudios desarrollados para el sector ambiental, existe un acuerdo sobre la debilidad jurídica e institucional de la gestión ambiental y de la biodiversidad en el país. Si bien el país cuenta con instrumentos de políticas y estrategias que podrían propiciar un desarrollo sustentable, estas carecen de fuerza de implementación. La dispersión y superposición de competencias entre los distintos entes responsables de la gestión ambiental, debilita la capacidad del Ministerio del Ambiente (MAE) en su desempeño como autoridad ambiental nacional. El MAE tiene escasa fuerza coercitiva (para hacer cumplir la ley), poder político y recursos financieros y técnicos2. La problemática ambiental en la Región Amazónica y su vínculo con la actividad petrolera La región Amazónica constituye un ejemplo de la ausencia de una política ambiental coherente.

1 Ser ricos en biodiversidad significa que tenemos las más variadas formas de vida expresadas en nuestra flora, fauna y microorganismos, su diversidad genética, y una significativa variedad de ecosistemas que se forman gracias a nuestras particulares condiciones geográficas de ubicación, relieve y clima (MAE, 2001). 2 En el 2003, el presupuesto para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado no llegó a ser el 0,0004 % del Presupuesto General del Estado (PGE) a pesar de cubrir un contener el 18% del territorio nacional (Análisis de las Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, MAE 2005). No obstante, la reciente reorientación de los ingresos petroleros plantean un horizonte –temporalmente- más auspicioso para el área.

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La contraposición de actividades de alto y extensivo impacto en una región caracterizada por su fragilidad y complejidad ecosistémica ha traído consigo un legado nefasto de impactos ambientales y sociales. Varios análisis cuantifican el impacto en el cambio de cobertura vegetal ocasionando directa e indirectamente por la explotación petrolera, el mismo que bordea las 700,000 a 850,000 hectáreas3. Además de la deforestación, la actividad petrolera ha traído consigo otra serie de impactos que se expresan en una ocupación desordenada del territorio, donde se contrastan altos niveles de crecimiento poblacional, y al mismo tiempo niveles muy altos de pobreza y de ausencia de infraestructura social. La Amazonía Centro Sur (Provincias de Pastaza y Morona Santiago) Cada vez las áreas de bosque en el país que permiten una conservación efectiva de la biodiversidad4 se están reduciendo. Las grandes superficies de bosque continuo, fuera de aquel que se encuentra en el interior de las áreas protegidas del Estado (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), comúnmente denominado Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP), se concentran en el norte occidente de la costa (provincia de Esmeraldas principalmente) y en la Amazonía, especialmente hacia el centro sur. Los bosques húmedos tropicales del centro sur de la Amazonía (provincias de Pastaza y Morona Santiago) mantienen por sobre el 80% de su cobertura vegetal original. Por su excelente estado de conservación, los bosques del Centro Sur han sido reconocidos como áreas prioritarias de intervención para la política ambiental. El Centro Sur es considerada como un área irremplazable, en extrema vulnerabilidad a los factores socio-económicos y por ende una prioridad crítica para la conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica (MAE, Ecociencia, TNC y CI, 2006 en publicación). 5 Por otra parte el Centro Sur, tiene una enorme trascendencia para la supervivencia y desarrollo de las nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar y Zápara que habitan en el área. Más de 2 millones de hectáreas están bajo manejo de estas nacionalidades y hoy en día se encuentran en procesos inéditos de ordenamiento territorial. La presencia ancestral de las nacionalidades indígenas y el excelente estado de conservación de la región, son factores que hacen de esta área un sitio óptimo para el desarrollo de una política integral de desarrollo sustentable. 1.2. Racionalización energética y desempeño macroeconómico Los ingresos petroleros han constituido un eje central del manejo presupuestario en el país desde hace décadas, permitiendo que la carga tributaria sea una de las más bajas del continente. La

3 No existe consenso sobre el monto exacto de deforestación en la región. 4 Para conservar la biodiversidad a sus distintos niveles, desde la biología de la conservación se plantean varios parámetros para asegurar la integridad ecosistémica, entre esos el tamaño del polígono (superficie del área con cobertura vegetal en buen estado de conservación), la fragmentación y aislamiento del polígono (posibilidades de conectividad para el flujo de especies y genes) y la forma del polígono (para evitar los efectos de borde). En este caso, se trabaja sobre superficies de mayor a 50,000 hectáreas de bosque continuo. 5 De acuerdo al estudio, la variable irremplazable se define como un área que concentra especies en distintos niveles de vulnerabilidad y en peligro de extinción.

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complicación de la gestión fiscal por efecto de los poderes fácticos ha postergado la inversión social y en infraestructura productiva que ha afectado seriamente la legitimidad de la acción estatal, debilitando aún más la efectividad de la recaudación tributaria y la perspectiva de la sustentabilidad fiscal. Se ha establecido una “adicción” macroeconómica que, especialmente bajo dolarización, incluye al desempeño del sector externo y a la solidez del sistema de pagos. Tanto en la Constitución de 1978 como en la de 1998 se establece que los recursos naturales no renovables son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado, sin embargo, la falta de una política energética coherente en defensa del interés nacional ha definido una presión cada vez mayor sobre los recursos, generando una explotación básicamente extensiva con secuelas de conflictividad social y ambiental crecientes. El horizonte económico, social y político que el actual modelo de desarrollo plantea para las provincias de la Amazonía, a juzgar por la experiencia histórica de la zona Norte que concentra la explotación del crudo desde hace décadas, deja mucho que desear en términos de superación de la pobreza, construcción de ciudadanía y sustentabilidad socio-económica. La falta de un marco contractual transparente y adecuado, el debilitamiento de la empresa estatal y, en general, de la institucionalidad en el área energética y la creciente contaminación de la corrupción y el manejo politiquero en el sector, han hecho necesario un volumen creciente de extracción de crudo, en condiciones marginales más desventajosas, para saciar los requerimientos fiscales. Durante los últimos años del boom del precio de los hidrocarburos, el país ha debido más bien sufrir los efectos adversos de la importación de combustibles bajo el esquema que los grupos de presión han impuesto. Los recientes cambios en la política petrolera han mostrado que los recursos fiscales de origen petrolero pueden mejorar sin necesidad de mayor extracción de crudo. Queda abierta allí una puerta importante para la redefinición de políticas energéticas y macroeconómicas que se sintoniza muy bien con el tenor de esta propuesta. Una racionalización de la política de subsidios en los combustibles, inversiones estratégicas en la infraestructura energética que elimine rentas de situación de determinados grupos empresariales, una política de comercialización menos dependiente de intereses creados y un manejo eficiente y transparente de la empresa estatal pueden suplir con creces los eventuales ingresos petroleros no realizados por efectos de esta propuesta. Más aún, hay toda una gama de opciones tecnológicas para mejorar la explotación y el cuidado ambiental en las áreas petroleras actualmente ya intervenidas que elevarían el flujo neto de recursos para el país, una vez internalizados los costos de los pasivos sociales y ambientales que el manejo empresarial endosa al resto de la sociedad. 2. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS 2.1. Consolidación de una política ambiental Del manejo sustentable de la biodiversidad y los recursos naturales depende el futuro de nuestra economía en una vorágine globalizadota que redefine permanentemente los nichos exitosos de la inserción internacional. Por ende garantizar el mantenimiento de nuestras riquezas naturales

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(tanto en cantidad y calidad) nos debe convocar a una reflexión profunda del porqué debemos establecer una política ambiental sólida que garantice el desarrollo sustentable del país. Por otra parte, no solo que se debe considerar que las reservas ecuatorianas de crudo no son ilimitadas, sino que a nivel global la búsqueda de la autosuficiencia energética está siendo ensayada por varios países6, respuesta que se genera en gran medida por los graves riesgos y efectos del calentamiento global y también por el alza sostenida en el precio del petróleo y su previsible agotamiento. Esta tendencia internacional, nos plantea un enorme desafío interno, pues en un futuro no muy lejano tendremos que empezar a modificar nuestra “oferta” país. El Ecuador podría aprovechar de manera inteligente las oportunidades que se están abriendo a partir de la puesta en marcha del debate global sobre la escasez de los recursos naturales, especialmente el petróleo. Existen un sinnúmero de mecanismos y estructuras institucionales que le apuestan de manera innovadora a esfuerzos para la protección de los “bienes y servicios globales comunes”, como lo son bosques tropicales amazónicos. Los bosques Amazónicos, son reservorios clave tanto para la industria farmacéutica como para la captura de los gases invernadero (especialmente CO2) cuya liberación incrementa el efecto del calentamiento global7. El diseño y puesta en marcha de una intervención estatal coherente en el Centro Sur de la Amazonía, que procure la no expansión de la frontera petrolera hacia esa región, estará dando una señal clara que inaugure un quehacer público distinto. Los efectos positivos del fortalecimiento de una política ambiental que ordene y gestione el territorio de manera sustentable son varios. El Ecuador, tendrá mayores posibilidades de capitalizar de manera realista tanto los beneficios inmediatos (por ejemplo: la creación de fuentes de empleo local en actividades productivas que están ligadas a los recursos naturales: ecoturismo, productos no maderables del bosque (artesanías, semillas, plantas medicinales), investigación científica, etc.) y futuros (por ejemplo: posicionamiento en la negociación internacional de mecanismos para reducir los efectos del cambio climático, inserción en mercados financieros “verdes” que apuntalan iniciativas de conservación a gran escala, atracción de inversiones sostenibles en distintos ámbitos debido a los réditos políticos de una nueva imagen presentada por el país frente al mundo) que se atraerán por la conservación del Centro-Sur. 2.2. Establecimiento de una política petrolera más eficiente y menos depredadora Para garantizar el desarrollo sustentable y la conservación de la diversidad biológica y cultural del Centro Sur de la Amazonía es necesario un profundo ordenamiento de la actividad petrolera actual. Una política petrolera más eficiente y menos depredadora, no tiene solamente un

6 Un reporte especial de la Revista Time (2 de Abril 2006) detalla una serie de iniciativas que están tomando los países para lograr la suficiencia energética. 7 Si bien en la actualidad el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL, en vigencia a partir del Protocolo de Kyoto, solo libera recursos para reforestación en áreas deforestadas previo a 1990, existe un intenso cabildeo de las naciones tropicales para que en el 2010 la Convención incorpore “a la deforestación evitada” como parte del mecanismo. Esta posibilidad, que ahora está solo considerada a nivel de la Convención pero no a nivel del Protocolo podría significar la incorporación de áreas con bosque en pie como reservorios y en ese sentido puedan recibir recursos por secuestro de carbono. El Ecuador es parte del grupo que está negociando esta inclusión.

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fundamento socio-ambiental pero también es una condición para asegurar la sostenibilidad del sector hidrocarburífero. La débil aplicación de estándares de producción y medidas de sanción efectivas para mitigar los impactos socio-ambientales de la actividad petrolera en el Nororiente Amazónico no deben ser replicados en el Centro Sur. Es indispensable que el Estado Ecuatoriano ejerza un efectivo poder de regulación y sanción que no permita que la situación que atraviesa el Nororiente se traslade al Centro Sur, con lo cuál se incrementarían los pasivos ambientales para el país. Por otra parte, el continuar una política petrolera de expansión sin transformaciones fundamentales incrementará la conflictividad social y la resistencia de las nacionalidades indígenas en el Centro Sur. Desde hace más de 10 años las nacionalidades indígenas y comunidades locales en el Centro Sur han ejercido un proceso de franca resistencia a la actividad petrolera, desde la reinvidicación de sus derechos territoriales y de autoderminación. Al no garantizar el cumplimiento de los mecanismos de consentimiento informado previo y de consulta con las poblaciones locales, estaremos hipotecando incluso la calidad de las inversiones petroleras que se pretende atraer al sector. Las empresas transnacionales que dominan el mercado petrolero buscan inversiones rentables y de largo plazo, y son cada vez más renuentes a incursionar en sitios con alta conflictividad social. En ese sentido, se puede anticipar que si el Estado Ecuatoriano no ordena su sector petrolero, las empresas que se arriesgarán a inversiones en el Centro Sur serán empresas oportunistas volcadas a inversiones especulativas y no de larga duración. Finalmente, la decisión de seguir con una expansión de la frontera petrolera hacia el Centro Sur de la Amazonía debe tomar en cuenta que se requerirán importantes y costosas inversiones para que la actividad en esta región sea rentable. Se puede anticipar que la instalación de infraestructura productiva para el desarrollo petrolero en la región generará impactos sociales y ambientales altamente negativos. Ubicando los costos y beneficios en una balanza, la expansión no planificada de la frontera petrolera indiscutiblemente no plantea un escenario positivo tanto financiero como socio-ambiental. 2.3. Una política macroeconómica menos dependiente del petróleo El proponer límites a la expansión de la actividad hidrocarburífera podría suscitar temores sobre la sustentabilidad de la economía dado su papel primordial en el desempeño de la macroeconomía ecuatoriana. Sin embargo, nuestro punto es mostrar, los límites y los vicios de ese patrón de crecimiento, y señalar que con una adecuada racionalización de la política energética, se puede proveer el financiamiento necesario para la economía en otra perspectiva de desarrollo. Más allá de los efectos multiplicadores y los encadenamientos de la actividad petrolera, la mera contribución de las tasas de crecimiento del PIB de las ramas petroleras tiene un peso desproporcionado en la evolución del crecimiento. A pesar de una relativa mejoría del PIB de las ramas no petroleras en los últimos años, las tasas de crecimiento son muy modestas, definiéndose una categórica reducción del PIB per cápita no petrolero en los últimos 25 años.

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Los signos relativamente alentadores de los últimos años presentan, no obstante serios interrogantes respecto a su duración. El PIB per cápita, los salarios reales y las tasas de subempleo y desempleo se han recuperado respecto a la desastrosa crisis provocada por la banca y que estalló en 1998-9, pero solo para alcanzar rangos similares a los anteriores a la crisis. Muchos sectores productivos muestran poca vitalidad frente a la competencia y la oportunidad de las importaciones, presentando una insuficiencia dinámica para absorber empleo cada vez más evidente. Los efectos de la llamada “enfermedad holandesa” sobre el aparato productivo son complejos y no necesariamente fatales. Si los recursos adicionales del boom petrolero que estamos experimentando son manejados conforme al interés nacional, puede, en efecto, “sembrarse el petróleo” y conseguir fuentes alternativas de divisas y de ingresos fiscales. Hacia allá es lo que apunta la presente propuesta. Por otro lado, la debilidad estructural de la balanza comercial ha sido básicamente compensada por las exportaciones petroleras, pero la creciente dependencia de importaciones de combustibles debido a una política energética irracional e insostenible, hace que el soporte del crudo sea cada vez más insuficiente. Más aún, esas dificultades ponen en cuestión la capacidad de los ingresos petroleros para solventar el servicio de la deuda pública, rol implícitamente asignado luego de la crisis latinoamericana a la producción petrolera en el manejo fiscal y macroeconómico en general. Todo ello, a pesar que las exportaciones petroleras han pasado de 789 millones de dólares en 1998 a 5397 millones en el año 2005. Para estructurar un sector externo sustentable, resulta crucial, entonces, una alternativa de desarrollo basada en una renegociación de la inserción internacional, que reduzca la dependencia en la exportación del crudo. La provisión de divisas vía servicios ambientales, diversos tipos de turismo y de recuperación y despliegue de los valores culturales y de biodiversidad del país puede ser un vector central en esa alternativa. Bajo dolarización oficial, las circunstancias de estrangulamiento que provoca el servicio de la deuda externa se ven exacerbadas, en la medida en que esto implica no solo una eliminación de la política cambiaria y una mutilación casi total de la política monetaria sino también una restricción fundamental sobre la restante política fiscal. Actualmente, el país se juega un albur al apostar al precio del petróleo sus posibilidades de acabar cada año fiscal sin moratoria y la sustentabilidad misma del fisco, en un plazo mayor, está definida por la más acelerada extracción de un recurso natural no renovable. No solo que esa dependencia fiscal puede reducirse como se ha probado en los últimos años, sino que con el mismo nivel de explotación del crudo pueden reportar recursos fiscales suficientes para la inversión social y productiva para cambiar las condiciones de vida y de competitividad del país si se cambia una política petrolera excesivamente favorable a las contratistas transnacionales, que no ha permitido que el país se beneficie adecuadamente ni durante el boom de los precios del petróleo de los últimos 5 años, al menos. El panorama cambiaría significativamente con la adecuada aplicación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y el manejo estatal de los campos manejados anteriormente por la compañía Occidental.

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3. Los beneficios previstos con la puesta en marcha de las medidas políticas Con la Declaratoria de una moratoria a la expansión petrolera hacia el Centro Sur de la Amazonía y la Conformación de una Comisión de alto nivel e intersectorial entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y representantes de las organizaciones indígenas que habitan en la zona, se anticipan una serie de beneficios económicos, sociales, ambientales y políticos:

• Se contará con una zonificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad del Centro Sur de la Amazonía producto de un proceso de participación amplia

• Se contará con recursos financieros y técnicos para garantizar la intangibilidad de la zona

núcleo a partir de la negociación de alto nivel con gobiernos y organismos de cooperación internacional. Con estos recursos se podrán iniciar actividades coherentes con un desarrollo económico sustentable de la región. Se pondrán en marcha emprendimientos productivos ligadas a la conservación de la biodiversidad: ecoturismo, turismo de naturaleza, producción de productos no maderables, manejo forestal sustentable y provisión de servicios ambientales (agua y secuestro de carbono).

• La puesta en marcha de esta iniciativa habrá reducido la conflictividad social vigente en

la RAE, con lo cuál el gobierno podrá atender los temas de fondo (o estructurales) a diferencia de atender las demandas coyunturales. Los procesos de generación de tejido social, empoderamiento de las comunidades locales y construcción de ciudadanía que las alternativas de desarrollo limpio provoquen, constituirán un activo en el fortalecimiento de la democracia no solo domésticamente sino a nivel continental.

• El país estará posicionado internacionalmente como pionero en la búsqueda de un

desarrollo sustentable y equitativo. Este posicionamiento le permitirá al gobierno capitalizar su imagen para atraer inversiones y relaciones de cooperación bilateral y multilateral en condiciones favorables para su desarrollo soberano y de largo aliento.

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1. INTRODUCCIÓN La siguiente propuesta tiene como objetivo la puesta en marcha de una iniciativa que garantice el desarrollo sustentable, los derechos colectivos de los habitantes, y la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE), particularmente en la zona Centro Sur (Provincias de Pastaza y Morona Santiago). Para esto, la propuesta define una serie de opciones de políticas públicas que desde el sector ambiental, sustenten la búsqueda de alternativas distintas al modelo de desarrollo vigente en la Amazonía y revierta los graves impactos macro económicos y socio ambientales generados por la excesiva dependencia en la explotación petrolera en la región. La definición de políticas públicas para garantizar que en el Centro Sur de la Amazonía no se desarrollen actividades extractivas de alto impacto, le permitirá al país obtener recursos financieros innovadores e impulsar un desarrollo económico verdaderamente sustentable. Es importante iniciar con una aclaración del alcance de la propuesta de políticas públicas a ser desarrollada. En primer lugar, ésta no pretende abarcar el conjunto de las políticas ambientales que se deben impulsar para atender la compleja problemática ambiental que el país esta atravesando. Del sinnúmero de prioridades de gestión ambiental, la propuesta se centra en aquellas que deberán ser operacionalizadas para la Región Amazónica, territorio donde se evidencian los graves efectos de las contradicciones entre un desarrollo económico que privilegia el crecimiento frente a la conservación de la biodiversidad y el respeto a los derechos colectivos. Ahora, si bien la propuesta se circunscribe a la región Amazónica, se enfoca particularmente en el centro sur -circunscrita en las provincias de Pastaza y Morona Santiago-, pues desde la óptica ambiental esta es una de las regiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad continental (MAE, EcoCiencia, TNC y CI, 2006). El concentrarnos en esta región, aparte de fortalecer la requerida política ambiental del país pretende generar encadenamientos positivos en el resto de la gestión ambiental del país y abre la puerta para replicar, con las modificaciones del caso, experiencias de desarrollo limpio en otras zonas del país. Por otra parte, la siguiente propuesta parte de la comprensión de que todo esfuerzo en torno a la gestión para el desarrollo sustentable requiere la armonización de estrategias en los sectores sociales, económicos y políticos. Por ello, la puesta en marcha de esta iniciativa requerirá un ordenamiento, definición y establecimiento de políticas de largo alcance en otros ámbitos de la gestión estatal, específicamente en torno al sector petrolero y al manejo macroeconómico y fiscal. Sin embargo, el presente análisis no pretende ser exhaustivo en la discusión de las medidas y estrategias que el Estado Ecuatoriano tomar en estos ámbitos, pues este ejercicio requeriría un proceso de mayor profundidad. Sin embargo, atendiendo a la conceptualización integral del desarrollo sustentable, si se procura delinear prioridades y estrategias para ordenar la política petrolera actual, a partir de la optimización de la infraestructura existente, el manejo ambiental y social responsable y cumpliendo con estándares óptimos para la prevención, mitigación y manejo de impactos La construcción inteligente de una política petrolera sostenible, implica necesariamente que la actividad petrolera se concentre en el Nororiente de la Amazonía y no expanda su frontera de producción. Esta constituye una condición necesaria para garantizar el desarrollo sustentable del Centro Sur Amazónico.

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Adicionalmente, la presente propuesta apunta a consolidar una política macroeconómica menos vulnerable a la dependencia del petróleo. Al garantizar la conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica y cultural contenida en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, las posibilidades de lograr apoyo internacional (tanto financiero como de cooperación técnica) se expanden, lo que permitirá una diversificación de la base productiva del país y generará beneficios tangibles e intangibles asociados. En el centro de lo propuesto está la necesidad de provocar un compromiso nacional e internacional para establecer y garantizar en la Amazonía Centro Sur un desarrollo y ordenamiento territorial sustentable. Esto significará establecer un núcleo básico de “intangibilidad”8 que se complemente por una serie de áreas de uso y aprovechamiento (o zonas de amortiguamiento) con grados distintos de actividad humana. El planteamiento es muy ambicioso en tanto convocaría para su implementación a un esfuerzo del Estado Ecuatoriano que iría mucho más allá del Ministerio del Ambiente y de otras instituciones públicas. El esfuerzo requerirá de la presencia activa de ONG e instancias académicas nacionales y extranjeras, que eventualmente demandaría definiciones de organismos multilaterales y que, sobre todo, exigiría una participación categórica de los actores sociales y económicos locales y sus representaciones políticas. Sin embargo, a pesar de lucir ambiciosa, la propuesta recomienda medidas de políticas públicas que han sido rezagadas en el país, y que hoy en día lucen inevitables. La necesidad de plantear una política de desarrollo humano sustentable en la Amazonía es indispensable desde la perspectiva del futuro ambiental, social y económico de la región. Incluso puede argumentarse que por afectar el paradigma depredador implícito en la profundización de esta globalización polarizadora que vivimos, la propuesta puede encontrar ecos y aliados a nivel mundial. En esa perspectiva, es necesario reconocer desde sus inicios la dimensión internacional y, básicamente, la importancia que una propuesta así tendría en el ámbito del manejo de la Cuenca Amazónica en su conjunto. Este documento está organizado en cuatro secciones básicas. La primera sección de diagnóstico realiza un breve análisis de los problemas ambientales en el país concentrando su atención en la Región Amazónica. Luego analiza la situación en el Centro Sur de la Amazonía (Provincias de Pastaza y Morona Santiago) como una región de extrema prioridad para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. En la segunda sección se elaboran las propuestas de políticas públicas, donde se desarrolla la argumentación en tres ámbitos: a) consolidación de la política ambiental, b) apuntalar una política petrolera más eficiente y no depredadora de los recursos naturales y del tejido social y c) generar la diversificación de la política macroeconómica y así evitar la dependencia petrolera. La tercera sección desarrolla el análisis de actores sociales que podrían tener ventajas y/o desventajas con la implementación de la propuesta y finalmente la cuarta sección sugiere una hoja de ruta para el nuevo gobierno. 8 Es importante aclarar que el núcleo básico de intangibilidad se refiere a áreas en las que no se desarrollen actividades extractivas petroleras y mineras, o aquellas que modifiquen sustancialmente las funciones ecológicas del ecosistema. Sin embargo, la intangibilidad propuesta incluye el manejo sustentable de los recursos maderables considerando que éstos son la base del sustento para la población que habita en estos ecosistemas, esto es caza, pesca, recolección y otros usos del bosque y de la biodiversidad.

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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: Los problemas ambientales en el país y la región Amazónica El Ecuador, posee más de 46 tipos de ecosistemas terrestres, marinos y dulceacuícolas, distribuidos en sus cuatro regiones naturales (Costa, Sierra, Oriente y Galápagos). La gran diversidad ecosistémica, ha posicionado al país entre los 17 países más ricos en biodiversidad (megadiversos)9 . Considerando su superficie (256.370 Km2) el Ecuador mantiene primeros lugares en lo que respecta a especies taxonómicas por 1000 Km2 y cuarto lugar a nivel mundial en diversidad de vertebrados y aves (Sáenz, 2004) A continuación el Cuadro 1 resume la diversidad de especies encontradas en el Ecuador: Cuadro 1: Información nacional sobre número y porcentaje de especies reportadas Indicadores Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Plantas

Vasculares # de especies reportadas

369 1616 379 458 15.306

# y porcentaje de especies endémicas

30 (8.1)

52 (3.2)

114 (30.1)

138 (33)

4.173 (27.3)

% sobre el nivel mundial

7.7 16.2 4.8 8.4 1.7

Fuentes: Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2001 Políticas y Estrategia Nacional de Biodiversidad 2001-2010; Saénz, 2004 En contraste a lo anterior, el Ecuador está atravesando graves problemas ambientales. Para 1996, Sierra, et.al (1999) reportó que el país habría perdido: 68.4% de los bosques originales de la Costa; 42.7% de los bosques en la Sierra y el 15.7% de los bosques de la Amazonía; de un total nacional de 40.9%.

9 Ser ricos en biodiversidad significa que tenemos las más variadas formas de vida expresadas en nuestra flora, fauna y microorganismos, su diversidad genética, y una significativa variedad de ecosistemas que se forman gracias a nuestras particulares condiciones geográficas de ubicación, relieve y clima (MAE, 2001).

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Gráfico 1: Mapa de Vegetación remanente en las tres regiones naturales del Ecuador continental

Fuente: Sierra, 1999 Varios estudios muestran la vocación forestal del Ecuador10 sin embargo, este potencial está siendo rápidamente desmantelado. La modificación en la cobertura vegetal ha resultado en la pérdida de especies de fauna y flora. De acuerdo a las Listas Rojas elaboradas por la UICN para el 2000, existen al menos 39 especies de mamíferos amenazados o extintos, un 6% de las aves están en peligro de extinción, el 10% de los anfibios están amenazados y un 6% de los reptiles se encuentran en peligro (Cuvi, et al 2000). En el caso de las plantas vasculares, de las especies endémicas al menos el 83% tienen algún grado de amenaza (Valencia, et al 2000). El Ministerio del Ambiente se refiere a la diversidad biológica como “un recurso estratégico, cuyo aprovechamiento sustentable permitiría mejorar la calidad de vida de la población y

10 Cerca del 60% del territorio nacional posee un potencial forestal, sin embargo solamente unas 600,000 hectáreas de bosque nativo presentan condiciones económicas para su explotación pero la superficie para ser reforestada supera las 3’000.000 de hectáreas (Informe Nacional de Biodiversidad, MAE: 2001).

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potenciar los beneficios sociales, culturales y económicos asociados” (MAE, 2001: 31). Sin embargo, el grave deterioro ambiental que atraviesa el país y la correspondiente pérdida de este recurso estratégico resalta como el Estado Ecuatoriano no ha asumido e implementado políticas que garanticen su sostenimiento. Los problemas que afectan a la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales en el país han sido enumerados y analizados en varios documentos desde hace más de treinta años. En términos generales, las diferentes fuentes coinciden en las áreas de conflicto, así como en las necesidades de intervención y acción en el ámbito de los distintos niveles que comprende la biodiversidad11: ecosistemas, especies y genes. Un esfuerzo para caracterizar las amenazas a los distintos componentes de la biodiversidad fue desarrollado en el Informe Nacional de Biodiversidad (MAE et al, 2001). En este reporte se recuentan las principales amenazas que inciden directa o indirectamente en los ecosistemas terrestres, transformándolos, fragmentándolos o destruyéndolos: actividades agroindustriales, la colonización, la apertura de vías, la demanda de la industria forestal, la presión demográfica y los desastres naturales. Por otra parte, otra serie de amenazas a la riqueza biológica del país reside en la superposición de actividades extractivas como la petrolera y minera en ecosistemas muy frágiles como los es el bosque húmedo tropical de la Amazonía. Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos forestales y marinos; el inadecuado manejo del suelo y el recurso hídrico; y los efectos de la contaminación petrolera, minera e industrial, completan el panorama de grave deterioro ambiental que atraviesa el país. Las amenazas a la riqueza natural de nuestro país, residen en gran medida en un intensivo y desregulado cambio en el uso del suelo, en donde se proyecta una pérdida anual de alrededor de 200,000 hectáreas de bosque al año, y posicionan al país con la segunda tasa más alta de deforestación en América Latina (MAE, 2006). Es evidente que la problemática ambiental del país se da en el marco de una débil (ausente) política de planificación y de desarrollo territorial sustentable a nivel nacional, regional y local. La ausencia de un marco de ordenamiento territorial le provoca al país millonarias pérdidas económicas, sociales y ambientales y socava las posibilidades de un desarrollo sustentable. En los múltiples estudios y propuestas de políticas desarrolladas para el sector ambiental en las últimas décadas, existe un acuerdo sobre la debilidad jurídica e institucional de la gestión ambiental y de la biodiversidad en el país. Si bien el país cuenta con instrumentos de Políticas y Estrategias para la Conservación de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable, estas carecen de fuerza de implementación porque no tienen una reglamentación efectiva. Además, el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental tiene escasa fuerza coercitiva (para hacer cumplir la ley), poder político y recursos financieros y técnicos12.

11 El término biodiversidad abarca todo lo relativo a la diversidad de la vida, tanto en lo que se refiere a la diversidad de las formas de vida (diversidad sistemática) como en lo referido a la diversidad y complejidad interna de los ecosistemas (diversidad ecológica). 12 En el 2003, el presupuesto para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado no llegó a ser el 0,0004 % del Presupuesto General del Estado (PGE) a pesar de cubrir un contener el 18% del territorio nacional (Análisis de las Necesidades de Financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, MAE 2005). No obstante, la reciente reorientación de los ingresos petroleros plantean un horizonte –temporalmente- más auspicioso para el área.

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La débil articulación de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Biodiversidad (MAE, 2001) y la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal Sustentable (MAE, 2000) en las decisiones de planificación y desarrollo económico provocan que los conflictos entre el desarrollo y la conservación sean cada vez más graves. Además, considerando que nuestra economía depende de la explotación de sus recursos naturales, las tendencias del deterioro de las riquezas naturales nos presentan serias disyuntivas sobre las opciones y viabilidad de un desarrollo sustentable para el país. La debilidad y dispersión institucional en la gestión ambiental muestran la grave inconsistencia entre las políticas públicas. Esta inconsistencia no permite al Estado Ecuatoriano propiciar una política de largo aliento que propicie un verdadero desarrollo sustentable. La sobreposición de funciones y muchas veces la contradicción entre los ámbitos de acción contribuyen a limitar el accionar del Ministerio del Ambiente. La problemática ambiental en la Región Amazónica y su vínculo con la actividad petrolera La región Amazónica constituye un ejemplo de la ausencia de una política ambiental coherente que propicie el desarrollo sustentable. La contraposición de actividades de alto y extensivo impacto en una región caracterizada por su fragilidad y complejidad ecosistémica ha traído consigo un legado nefasto de impactos ambientales y sociales. El legado de la explotación petrolera en el Nororiente de la Amazonía Ecuatoriana es visible. Varios análisis cuantifican el impacto en el cambio de cobertura vegetal ocasionando directa e indirectamente por la explotación petrolera, el mismo que bordea las 700,000 a 850,000 hectáreas13. Además de la deforestación, la actividad petrolera ha traído consigo otra serie de impactos que se expresan en una ocupación desordenada del territorio, donde se contrastan altos niveles de crecimiento poblacional, y al mismo tiempo niveles muy altos de pobreza y de ausencia de infraestructura social. Como se destaca en el Mapa 2, la Región Amazónica concentra niveles de pobreza extremadamente altos, donde a través del cálculo del Índice de pobreza por ingreso, la gran parte de la población se ubica en los rangos entre 77 a 97% de pobreza (Color marrón en el mapa) y 74 a 77% (Color amarillo naranja en el mapa). Vale destacar la correspondencia de la concentración de la extrema pobreza en las áreas donde existe actividad hidrocarburífera en plena producción, y en algunos casos, actividad sostenida por décadas que no ha redundado en mejora de las localidades intervenidas.

13 No existe consenso sobre el monto exacto de deforestación en la región.

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Mapa 2: Índice de Pobreza por Ingreso y Bloques Petroleros en la Región Amazónica Ecuatoriana

Elaboración: EcoCiencia, 2006. Escala 1:2.500.000. Fuentes:Bloques Petroleros: Directorio Energético Nacional, 2004; Áreas Prioritarias de Conservación: F.Cuesta et al, 2006. Identificación de Vacíos y Prioridades de Conservación en el Ecuador Continental; Índice de Pobreza: EcoCiencia, 2002. Monitoreo Socio-Ambiental. La Amazonía Centro Sur La actual distribución de las áreas de bosque en el país que permiten una conservación efectiva de la biodiversidad14, denota que el país tiene un alto grado de fragmentación ecosistémica. Las grandes superficies de bosque continuo, fuera de aquel que se encuentra en el interior de las áreas protegidas del Estado (Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE), comúnmente denominado Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNAP), se concentran en el norte occidente de la costa (provincia de Esmeraldas principalmente) y en la Amazonía, especialmente hacia el 14 Para conservar la biodiversidad a sus distintos niveles, desde la biología de la conservación se plantean varios parámetros para asegurar la integridad ecosistémica, entre esos el tamaño del polígono (superficie del área con cobertura vegetal en buen estado de conservación), la fragmentación y aislamiento del polígono (posibilidades de conectividad para el flujo de especies y genes) y la forma del polígono (para evitar los efectos de borde). En este caso, se trabaja sobre superficies de mayor a 50,000 hectáreas de bosque continuo.

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centro sur. Los bosques húmedos tropicales del centro sur de la Amazonía (provincias de Pastaza y Morona Santiago) ofrecen esta posibilidad ya que mantienen por sobre el 80% de su cobertura vegetal original. En contraposición, en el resto del territorio la política ambiental debería apuntalar esfuerzos hacia un manejo de los bosques remanentes propiciando su conectividad, restauración y rehabilitación ecológica (a través de reforestación y enriquecimiento). Cabe destacar sin embargo, que desde un análisis de costos, la inversión en conservación (o prevención de la deforestación) es mucho menor que los de reforestación, rehabilitación y restauración. Para establecer y mantener 1 (una) hectárea de bosque (incorporando especies nativas y de alto valor maderable) se estima un costo de USD 2,500 por año. Considerando que el país pierde al año 200,000 hectáreas al año, solo en árboles se está perdiendo USD 500 millones de dólares/año, si a esto se le suman los servicios ambientales del agua y la biodiversidad pérdida ésta cifra fácilmente puede duplicarse. En contraste, una aproximación al costo estimado para el manejo y administración básica15 de un área natural protegida podría estar por el orden de USD 15 a 30 dólares por hectárea/año, lo que representa entre USD 3 a 6 millones por año. El apuntalar una política de conservación y manejo sustentable de la biodiversidad en el centro sur de la amazonía ecuatoriana tiene enorme coherencia con los resultados del reciente “Análisis de vacíos y prioridades de Conservación de la Biodiversidad Terrestre en el Ecuador continental” (MAE, Ecociencia, TNC y CI, 2006 en publicación). En este análisis se reconoce, a pesar del gran vacío de investigación científica existente en el área, que ésta es un área irremplazable, en extrema vulnerabilidad a los factores socio-económicos y por ende una prioridad crítica para la conservación y manejo sustentable de la diversidad biológica. 16 En otras palabras, el Centro Sur de la Amazonía (Provincias de Pastaza y Morona Santiago) constituye la región con mayor viabilidad de establecer una política ambiental de desarrollo y ordenamiento territorial sustentable.

15 Esta estimación básica solo se refiere a los costos mínimos de control y vigilancia y de acuerdo a la complejidad ecosistémica (i.e. geografía, relieve, condiciones climáticas) puede variar. 16 De acuerdo al estudio, la variable irremplazable se define como un área que concentra especies en distintos niveles de vulnerabilidad y en peligro de extinción.

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Mapa 3: Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador continental y vías de Acceso en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago

Elaboración: EcoCiencia, 2006. Escala 1:2.500.000. Fuentes: Áreas Prioritarias de Conservación: F.Cuesta et al, 2006. Identificación de Vacíos y Prioridades de Conservación en el Ecuador Continental En el Mapa 3 se observa la concentración de áreas prioritarias de conservación en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago. Las áreas remarcadas en color rosado se clasifican como de muy alta prioridad de conservación, y las amarillas/naranjas son aquellas con alta prioridad. Vale resaltar que este análisis definió prioridades de conservación basándose en el estado actual del estado de conservación de la biodiversidad, que luego proyectados en modelos predictivos determinaron aquellas áreas que por criterios de áreas irremplazables y vulnerables resultaron prioritarias (Cuesta, F. et al. 2006 en publicación). Debe subrayarse, sin embargo, que el mapa no es exhaustivo y hay áreas que pueden ser prioritaria que no están señaladas por falta de información. La identificación de tal concentración de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en las Provincias de Pastaza y Morona Santiago tiene una correspondencia lógica en el estado actual de la cobertura vegetal presente en éstas. Al menos el 80% de la cobertura

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vegetal se mantiene en excelente estado en el Centro Sur, como lo muestra el siguiente Mapa 4 que superpone las áreas prioritarias de conservación con el Uso Actual del Suelo. En el mapa también se observa que las áreas de color más oscuro son las intervenidas y se concentran a lo largo de las vías. Mapa 4: Áreas Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad y Uso Actual del Suelo

Elaboración: EcoCiencia, 2006. Escala 1:2.500.000. Fuentes: Áreas Prioritarias de Conservación: F.Cuesta et al, 2006. Identificación de Vacíos y Prioridades de Conservación en el Ecuador Continental; Uso del Suelo: EcoCiencia, 2002. Monitoreo Socio-Ambiental Otro aspecto fundamental de la región Centro Sur de la Amazonía que debe resaltarse es que ésta tiene una enorme trascendencia del Centro Sur para la supervivencia y desarrollo territorial de las

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nacionalidades Shuar, Achuar, Kichwa, Shiwiar y Zápara que habitan en el área. Más de 2 millones de hectáreas están bajo manejo de estas nacionalidades y hoy en día se encuentran en procesos inéditos de ordenamiento territorial. En el siguiente mapa se resaltan los Territorios de las Nacionalidades Indígenas principalmente en la Provincia de Pastaza, dado que en la provincia de Morona el proceso de delimitación está aún en curso y no se cuenta con información cartográfica actualizada. A pesar de esta visión parcial, se observa que los territorios indígenas se superponen con las áreas prioritarias de conservación, demostrando la gran correlación que existe diversidad biológica y diversidad cultural. El manejo ancestral que las nacionalidades indígenas han desarrollado en ésta región ha contribuido significativamente al mantenimiento de la cobertura vegetal y la conservación de la biodiversidad en general. Mapa 5: Áreas Prioritarias de Conservación y Territorios Indígenas en la Provincias de Pastaza y Morona Santiago

Elaboración: EcoCiencia, 2006. Escala 1:2.500.000. Fuentes: Áreas Prioritarias de Conservación: F.Cuesta et al, 2006. Identificación de Vacíos y Prioridades de Conservación en el Ecuador Continental; Territorios Indígenas: Amazanga – Comunidec, 2000.l

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3. PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS El establecimiento de una política de estado para el desarrollo sustentable de la Amazonía requiere una visión sistémica, en donde los distintos ángulos sectoriales que intervienen: ambiental, social, económico deben guardar coherencia. Ahora bien, como se ha discutido anteriormente, la consolidación de una política ambiental para el desarrollo sustentable de la Región Amazónica del Ecuador (RAE), a partir de la puesta en marcha del ensayo de una estrategia de desarrollo excluyente de actividades extractivas de alto impacto en el Centro Sur, es el eje central de las opciones de políticas públicas descritas en el presente documento. Sin embargo, guardando una perspectiva integral al seleccionar esta opción de política, el Estado Ecuatoriano deberá ordenar y consolidar políticas complementarias específicamente en los ámbitos petroleros y económicos. Sin este engranaje, el enfoque sectorial previsto tendrá serias limitaciones de sostenerse en el tiempo. Aún más, desde una perspectiva de desarrollo sustentable, es indispensable alinear a los distintos ámbitos de la actividad social y productiva en la región Amazónica para garantizar que las metas de equidad en el acceso, distribución y mantenimiento de los recursos naturales para las futuras generaciones se logren. En esta sección se describen los tres ámbitos en los cuales el establecimiento de opciones de políticas públicas coherentes y de largo plazo son necesarias de activar: 1. Ambiental, 2. Petrolero y 3. Económico. 3.1. Consolidación de una política ambiental “Si me dedico, por ejemplo, a depredar totalmente un recurso natural, mi economía crece mientras lo hago, pero a costa de terminar más pobres. En realidad la gente no se percata de la aberración de la macroeconomía convencional que contabiliza la pérdida del patrimonio como aumento de ingreso. Detrás de toda cifra de crecimiento hay una historia humana y una historia natural. Si esas historias son positivas, bien venido sea el crecimiento, porque es preferible crecer poco pero crecer bien, que crecer mucho pero mal” (Carta abierta del Economista Manfred Max-Neef al Ministro de Economía de Chile, 4 de Diciembre 2001). La cita anterior debería generar una reflexión profunda del porqué debemos establecer una política ambiental sólida que garantice el desarrollo sustentable del país. La biodiversidad y los recursos naturales son la base de toda nuestra economía, y de su mantenimiento (tanto en calidad y calidad) depende la reproducción social y productiva de la sociedad. Ahora bien, siendo el petróleo un recurso natural no renovable lo que significa que tiene un plazo previsto de agotamiento, es indispensable que el Estado Ecuatoriano no se obstine en adoptar una estrategia sustentada únicamente en extraer la mayor cantidad de petróleo en el corto plazo. En su lugar es preciso que se oriente a administrar el recurso de manera inteligente, procurando obtener el mayor beneficio posible en cada barril extraído, antes que maximizar el volumen de extracción. Es preciso manejar el petróleo como una reserva energética para el futuro, a ser

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extraída posteriormente, siempre que existan suficientes garantías para no poner en riesgo las principales riquezas de la Amazonía: su diversidad biológica y su diversidad cultural. Sin embargo, como destacamos en la actualidad, es necesario considerar al Centro Sur de la Amazonía como una reserva de riqueza natural, por lo que una pausa en la expansión de la actividad petrolera es indispensable. El replantearnos un modelo económico sustentado más allá de la explotación de la extracción petrolera no es algo irrealizable en los momentos geopolíticos actuales. A nivel global la búsqueda de la autosuficiencia energética está siendo ensayada por varios países17, respuesta que se genera en gran medida por los graves riesgos y efectos que se están presentando por el calentamiento global y también por la sostenida alza en el precio del petróleo. Esta tendencia geopolítica, nos plantea un enorme desafío interno, pues en un futuro no muy lejano tendremos que empezar a modificar nuestra oferta país. Como lo destaca Acosta (2006) en el 2001, el Gobierno de Chile estableció su política energética basándose en un análisis del escenario energético global: “ en 2025 el petróleo y el gas natural serán las fuentes de energía primaria más usadas en el mundo. Probablemente el petróleo mantenga leve preponderancia, pero no será significativa. Ambas fuentes responderán por más de dos tercios de la matriz energética mundial. Detrás de ellas se situarán el carbón, la energía nuclear y las fuentes renovables de energía (principalmente la hidroelectricidad)” . Otros países han tomado este tipo de escenarios energéticos para plantearse sus estrategias de desarrollo. El Ecuador debería hacerlo también. Actualmente, existe una fuente importante de recursos financieros y técnicos para aquellos países que sostienen políticas hacia el desarrollo sustentable. El Ecuador podría aprovechar de manera inteligente las oportunidades que se están abriendo a partir de la puesta en marcha del debate global sobre la escasez de los recursos naturales, especialmente el petróleo. Existen un sinnúmero de mecanismos y estructuras institucionales que le apuestan de manera innovadora a esfuerzos para la protección de los “bienes y servicios globales comunes”, como por ejemplo los bosques tropicales amazónicos. Los bosques tropicales de la Amazonía, son reservorios clave tanto para la industria farmacéutica como para la captura de los gases invernadero (especialmente CO2) cuya liberación incrementa el efecto del calentamiento global18. En las actuales condiciones de alerta climática internacional, el mantener y proteger los bosques tropicales se ha convertido en una actividad crítica. El actual Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), en vigencia a partir del Protocolo de Kyoto, permite la liberación de recursos financieros para la puesta en marcha de iniciativas de conservación a gran escala. Cabe destacar que en febrero del año pasado cuando entró en vigencia el Protocolo de Kyoto, la tonelada de CO2 se cotizaba en USD 8 hoy en día está por el orden de USD 15. El incremento en el precio revela el dinamismo de este mercado y se anticipa un incremento aún

17 Un reporte especial de la Revista Time (2 de Abril 2006) detalla una serie de iniciativas que están tomando los países para lograr la suficiencia energética. 18 Si bien en la actualidad el MDL solo libera recursos para reforestación en áreas deforestadas previo a 1990, existe un intenso cabildeo de las naciones tropicales para que en el 2010 la Convención incorpore “a la deforestación evitada” como parte del mecanismo. Esta posibilidad, que ahora está solo considerada a nivel de la Convención pero no a nivel del Protocolo podría significar la incorporación de áreas con bosque en pie como reservorios y en ese sentido puedan recibir recursos por secuestro de carbono. El Ecuador es parte del grupo que está negociando esta inclusión.

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mayor en el precio del bono de CO2, pues en países como Japón las industrias deben pagar una multa equivalente a USD 30 por tonelada de CO2 adicional al cupo establecido. Al garantizar la conservación de la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales en el Centro Sur, será una señal muy positiva a nivel internacional, lo que permitirá la liberación de este tipo recursos. Sin embargo, apuntalar la conservación a gran escala como la propuesta requiere de la voluntad política de consolidar a lo ambiental como una política de estado. El Ministerio del Ambiente ya cuenta, como se ha señalado anteriormente con una serie de instrumentos políticos y estrategias que denotan la importancia de conservar la biodiversidad en el Centro Sur de la Amazonía, sin embargo existen serios cuellos de botella para la implementación efectiva de éstas. Por un lado la base jurídica ambiental del país requiere ser fortalecida. La Ley de Gestión Ambiental, expedida en 1999 un año después de creado el Ministerio del Ambiente (MAE) carece en gran medida de aplicación por la falta de reglamentación apropiada. La propuesta de Ley Especial para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad sigue a la espera del segundo debate por parte del Congreso desde hace más de dos años. Lo mismo sucede con la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable. Para solventar de manera parcial la imposibilidad de contar con un marco jurídico y regulatorio eficiente y moderno19 esta debilidad jurídica la Autoridad Ambiental ha tenido que innovar mecanismos para viabilizar los mandatos constitucionales como un camino alternativo ante la dificultad de que los poderes legislativo y ejecutivo aprueben proyectos como el de la Ley Especial de Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad o el Proyecto de Ley de Desarrollo Forestal. A través de la publicación del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, en el 2003, el MAE incorpora innovaciones a la Ley Forestal vigente que data de 1981, a la Ley de Gestión Ambiental e impulsa aspectos en torno a la biodiversidad. Sin embargo, es en esta esfera (de la biodiversidad y áreas protegidas) los cambios introducidos a través de la reglamentación secundaria aún no permiten potenciar las opciones que su adecuado aprovechamiento brindaría para el desarrollo del país. Los avances para establecer instrumentos jurídicos que incorporen conceptos y mecanismos de vanguardia no han podido ser puestos en práctica. Si en la década de los noventa el país se destacó por esfuerzos para ordenar su política ambiental a partir de la suscripción del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) en 1993 que tiene vigencia “supralegal”20. Sin embargo, el impulso de la década pasada no ha podido ser retomado. En el “Perfil Temático sobre Biodiversidad: Auto evaluación de capacidades para la implementación del Convenio de Diversidad Biológica” (NCSA- Nacional Capacity Self-Assessment) a parte de la notoria debilidad institucional del MAE se identifica la debilidad en

19 Aquí me refiero a un marco regulatorio que incorpore el sinnúmero de innovaciones para la conservación, manejo, uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad; así como mecanismos para su incentivo y financiamiento, puestos en marcha a partir del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 1992. 20 La inclusión del artículo 163 en la actual Constitución Política de la República fortaleció la jerarquía y obligatoriedad de la aplicación de los instrumentos internacionales celebrados por el Ecuador, asumiéndolos como partes integrantes de la legislación nacional.En gran medida, sigue siendo el CBD y otras Convenciones Internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) , Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitats de Aves Acuáticas (RAMSAR) entre otras, que han permitido incorporar herramientas de políticas públicas en el ámbito de la gestión ambiental y de la biodiversidad del país.

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otras instituciones públicas y privadas. En la gestión pública es recurrente la escasa preocupación para hacer cumplir las disposiciones políticas y legales, los bajos niveles de coordinación internos; y la baja capacidad de gestión y el limitado impacto de las intervenciones, la atomización, dispersión y desarticulación de los esfuerzos desarrollados por ONG y la cooperación”. (REGAL-EcoCiencia, 2004) La incongruencia entre las políticas públicas se observa claramente en la Región Amazónica, zona caracterizada por extrema fragilidad y enorme riqueza de biodiversidad. Aquí se desarrollan actividades de extracción de recursos naturales no renovables (como el petróleo, los minerales metálicos y no metálicos) autorizadas por la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) en lugar del MAE. Esta superposición de competencias se desató a partir de la expedición del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (2001). Con este reglamento, evidentemente se ha socavado la capacidad de la MAE de ejercer control sobre el patrimonio natural. Otro ejemplo de incoherencia jurídica e institucional se evidencia en proliferación de actividades petroleras y mineras al interior de las áreas protegidas del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas (comúnmente conocido como Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SNAP). A pesar que la Constitución de la República establece “que el país tendrá un sistema nacional de áreas naturales protegidas que garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos” (ENCB: 2001: 32), hoy en día de las 33 áreas que conforman el Sistema, 5 áreas tienen bloques petroleros en su interior y en otras 6 el sistema de transportación de crudo (i.e. SOTE y OCP) generan impactos recurrentes. A pesar de la debilidad jurídico-institucional existente, existen una serie de oportunidades singulares para llevar adelante una propuesta coherente de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales en el Centro Sur de la Amazonía. Estas oportunidades parten por el hecho que varios documentos estratégicos nacionales recuperan cada vez con más fuerza las temáticas ambientales. En la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y Plan Plurianual, la biodiversidad constituye un elemento relevante. Como hemos reiterado anteriormente, en el contexto internacional destacan como oportunidades la disponibilidad de recursos para apoyar asuntos relacionados con biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades necesarias para asumir su conservación y manejo sustentable, así como de nichos de mercado cada vez más inclinados a productos naturales. Por otra parte, la puesta en marcha de esta estrategia permitirá al país posicionar su liderazgo en el ámbito de financiamiento de la conservación a gran escala. El acceso a inversiones en el ámbito de la conservación (i.e. fondos patrimoniales, canjes de deuda, condonaciones, etc.) y la posibilidad de entrar con fuerza en la negociación de mecanismos para la captura de carbono de bosque en pie (i.e. mecanismo de desarrollo limpio para el sector forestal) supondrá una articulación con fuentes financieras frescas no atadas a actividades extractivas petroleras. A través del diseño y puesta en marcha de una intervención Estatal coherente en la región Amazónica, que inaugure una quehacer público distinto al implementado hasta el momento. En la RAE el Estado Ecuatoriano ha implementado políticas contradictorias – orientadas

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básicamente a la extracción insostenible de los recursos naturales no renovables (petróleo y minería)- las mismas que han generado enormes pérdidas ambientales y sociales. El principal eje de desarrollo en la Amazonía ha sido el petrolero, lo que ha traído consigo: deforestación, colonización desregulada, cambio en el uso del suelo (expansión de la frontera agrícola y ganadera), contaminación hídrica y del suelo, pérdida de biodiversidad (animales y plantas) y deterioro del tejido cultural. Finalmente, la puesta en marcha de políticas coherentes de planificación del desarrollo en la RAE contribuiría al enriquecimiento social y cultural, la superación de la pobreza y el sostenimiento de largo plazo de nuestro desarrollo económico. El turismo de naturaleza y ecoturismo, por ejemplo son actividades que a nivel global están creciendo pero que requieren de espacios naturales de calidad21 . Sin embargo, al superponer actividades extractivas de alto impacto (i.e. petróleo y minería) en parques nacionales como el Yasuní socavan gravemente la posibilidad de este tipo de inversiones en el país. Tomemos otra vez el ejemplo de Costa Rica. Al emprender su política de desarrollo ecoturístico, ese país optó por zonificar y regular sobre su territorio, en miras de alojar dinámicas productivas alternativas. El efecto de esta decisión es visible en el caso costarricense, es un destino turístico de alto nivel, lo que a nivel interno le ha traído réditos en lo laboral y distribución de riqueza. Se ha demostrado que el ecoturismo (y en general un turismo manejado de manera sustentable) es una de las formas más importantes de generación de encadenamientos productivos exitosos para el crecimiento equitativo de economías rurales. En el país debemos ver estos ejemplos en Mindo (Noroccidente de Pichincha), Vilcabamba (Loja), Baños (Tungurahua). En estos sitios, los niveles de empleo y reducción de pobreza son visibles. Esta propuesta procuraría la generación de esta dinámica que desde el punto de vista local generaría incidencia en la reducción de pobreza. Ahora bien, a los encadenamientos productivos sustentados en el ecoturismo se complementarían otros vinculados al manejo racional del bosque tropical. Por ejemplo, la extracción de productos no maderables (como semillas, hierbas medicinales) y manejo de fauna y flora silvestre (en zoocriaderos o jardines forestales para su aprovechamiento y comercialización local) permitirá la diversificación de ingresos por parte de la población local. Esto redundará también en la mejora de condiciones de vulnerabilidad social como lo es la seguridad alimentaria (graves niveles de desnutrición materno-infantil) en el que se encuentra la población de la RAE. En el ámbito nacional, la puesta en marcha de esta iniciativa abriría el camino para que el Estado Ecuatoriano sea recipiente efectivo de apoyos internacionales para el desarrollo sustentable. Existen una serie de mecanismos financieros internacionales que apoyan este tipo de iniciativas a nivel mundial. Ejemplos de varias áreas protegidas o zonas de manejo sustentable de los recursos naturales en India, Nepal, Paraguay, Madagascar, Brasil son ejemplos a seguir. En estos países, áreas constituidas a partir de procesos participativos con las poblaciones locales, han recibido financiamiento a perpetuidad (a través de fondos patrimoniales o fiduciarios) para su sostenimiento. Este podría ser el caso del Centro-Sur de la Amazonía. A esto se debe sumar que hoy en día con la amenaza del cambio climático, el Centro Sur de la Amazonía Ecuatoriana se 21 Considerando que el Turismo genera $2.3 mil millones cada año, y la mayoría de turistas visitan áreas protegidas, el turismo de naturaleza y ecoturismo es una opción económicamente muy viable.

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convierte en sitio mucho más atractivo. La puerta para acceder y negociar de manera inteligente estos activos naturales críticos para la estabilidad climática mundial, dependerá sin embargo en la eficacia con la que el Estado Ecuatoriana garantice su desarrollo sustentable y conservación. En resumen, la propuesta planteada exige una política ambiental que ordene desarrollo de la RAE, entendiendo que en ésta no puede existir solamente una estrategia extractiva de los recursos naturales pero que se debe dar cabida a una estrategia de conservación y manejo racional de los recursos naturales. Si el Estado Ecuatoriano propone un ordenamiento territorial sustentable en la RAE los efectos para el resto del país serán positivos:

• Se generará la posibilidad de capitalizar de manera realista tanto los beneficios inmediatos (por ejemplo: la creación de fuentes de empleo local en actividades productivas que están ligadas a los recursos naturales: ecoturismo, productos no maderables del bosque (artesanías, semillas, plantas medicinales, investigación científica, etc.) y futuros (por ejemplo: posicionamiento en la negociación internacional de mecanismos para reducir los efectos del cambio climático, inserción en mercados financieros “verdes” que apuntalan iniciativas de conservación a gran escala)

• Se reducirán los conflictos socio-ambientales en la región, posibilitando que el Estado Ecuatoriano se concentre en atender los problemas de fondo y no solamente tenga que actuar como bombero – o con intervenciones cortoplacistas- frente a las demandas de la RAE.

• Renovaría la posibilidad de encontrar acuerdos con los actores sociales de la RAE, y en ese sentido contribuiría a inaugurar una política de diálogo democrático.

• Fortalecería el rol del Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental, que hasta el momento se halla marginalizado de las decisiones de desarrollo del país, y estaría afirmando lo propuesto por instrumentos de políticas: Políticas Básicas Ambientales y Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, las mismas que señalan la importancia de la RAE para el futuro ambiental del país.

3.2. Establecimiento de una política petrolera más eficiente y menos depredadora Para garantizar el desarrollo sustentable y la conservación de la diversidad biológica y cultural del Centro Sur de la Amazonía es necesario un profundo ordenamiento de la actividad petrolera actual, concentrada en la región Nororiental de la Amazonía. La necesidad de establecer una política petrolera más eficiente y menos depredadora, no tiene solamente un fundamento socio-ambiental pero también es una condición para asegurar la sostenibilidad del sector hidrocarburífero y con esto la mejora sustancial de la mejora sustancial de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, minimizando los impactos ambientales y sociales que genera la actividad. Hay una serie de argumentos que sustentan la necesidad de que el Estado Ecuatoriano establezca una política inteligente para el manejo de la actividad hidrocarburífera. A continuación se elaboran algunos de estos elementos:

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o La débil aplicación de estándares de producción y medidas de sanción efectivas para mitigar los impactos ambientales y en la salud de la población replicaría el mismo modelo en el Centro Sur de la Amazonía Oficialmente, y dado el manejo discrecional y hasta especulativo de este tipo de cifras, se las debe tomar solo como referencia, el Ecuador tiene reservas probadas de crudo de alrededor de 4.3 miles de millones de barriles, 56% de sus reservas originales de 7.7 miles de millones, la mayoría descubiertas hasta 1984. De acuerdo a Echeverría (2006:116) los últimos contratos exploratorios que han dado frutos fueron firmados hasta 1988, año en el cuál se inicia una carrera de insostenibilidad petrolera, pues el país está consumiendo sus reservas sin optimizar el factor de recobro. Ahora bien, una opción para incrementar las reservas consistiría en la ampliación de la frontera de prospección y exploración en nuevas áreas. Frente a esto, algunos expertos estiman que la zona Centro Sur de la Amazonía podría incrementar unos 3.3 miles de millones de barriles de reservas. No obstante, los resultados de los trabajos realizados tanto en la parte ecuatoriana como en la prolongación peruana de la misma formación geológica no son muy auspiciosos, al punto de que el oleoducto peruano nunca pudo trabajar a su máxima capacidad y aún ahora tiene una gran capacidad ociosa que está siendo ofrecida al Ecuador para eventualmente evacuar las reservas de la zona Centro Sur. De las estimaciones preliminares de Petroecuador se desprende, sin embargo que menos de un 30% de las reservas en el Centro Sur pueden ser considerados crudos livianos. Aunque el horizonte tecnológico en el manejo de crudos pesados está cambiando muy dinámicamente a nivel mundial, el reto de su explotación, y manejo en superficie del crudo y otros subproductos es bastante problemático. Estos 15 años de experiencia con crudos pesado en Ecuador, básicamente a manos de empresas transnacionales supuestamente más ágiles en su acceso a tecnologías de punta, apunta a tasas de recuperación que no alcanzarían a un 30%, con lo cual las esperanzas de incrementar reservas se ven seriamente mermadas. Por otra parte, vale destacar que en comparación los costos de producción del crudo pesado son significativamente más altos, incluso si solo se considera la parte que las empresas privadas realmente internalizan. La tendencia histórica en la producción del Oriente ecuatoriano muestra curva de agua sube rápidamente hasta llegar a extremos de tener entre 4 y 9 barriles de agua por cada barril de petróleo en ciertos pozos, asfixiando las posibilidades de rentabilidad de los pozos por un lado, y externalizando, de manera exponencial, los pasivos ambientales que luego el país, y sobre todo las poblaciones locales deberán afrontar. Obviamente, las condiciones naturales específicas de cada pozo definirán una diversidad de situaciones, dependiendo de las tasas de producción, las características hidrodinámicas de los yacimientos y a la diferencia de viscosidades entre el petróleo y el agua. Agua y crudo se ponen en competencia, y dado que la velocidad de movimiento del agua de formación es hasta 100 veces mayor que el crudo, se forma un cono que impide que el crudo fluya. El agua de formación de desecho contiene altas concentraciones de elementos tóxicos de rápido efecto una vez llevada a superficie al tomar contacto con los terrenos y fuentes de agua dulce de los alrededores, debido a sus propiedades de escurrimiento y percolación en los suelos y su mezcla

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en ambientes acuáticos o napas subterráneas. Muchas de las aguas de formación son particularmente ricas en cloruros, y esto incrementa la solubilidad de otros elementos de la roca madre, entre los que podrían presumirse incluso elementos radioactivos. Además, es común en el agua desechada la presencia de partículas de hidrocarburos solubles, los químicos que son usados para facilitar su separación del petróleo y proteger las instalaciones, como los antiemulsionantes, antiparafìnicos, biocidas y otros, que son riesgosos para la salud humana y el ambiente. A pesar de que estándares mundiales llaman la atención sobre el cuidado en el manejo de esas aguas de desecho desde hace décadas, la práctica de muchas transnacionales como Texaco fue la de descargarlos directamente al medioambiente (ríos, suelos, etc.), a pesar de que su propia operación en otras partes del mundo exigía tomar otras precauciones. Desgraciadamente CEPE-Petroecuador tuvo la misma práctica también por décadas. La presión pública ha hecho que el tratamiento común ahora incluya distintos tipos de gastos de confinamiento del agua producida, sea en piscinas artificiales o a través de su reinyección en estratos permeables de las formaciones subterráneas como Orteguaza y Tiyuyacu, Napo y Hollín. Sin embargo, este procedimiento no presenta garantías porque hay probabilidades de migración del agua de desecho hacia estratos superiores, con peligro de polución de los acuíferos subterráneos o superficiales, ya que los sellos lutíticos y arcillosos de baja permeabilidad presentes pueden ser volumétrica y estructuralmente discontinuos y/o tener fallas, o bien puede ser que el volumen y la presión de la reinyección rebasa las capacidades efectivas de confinamiento de las formaciones. La descripción anterior releva los riesgos ambientales y para la salud que trae consigo una explotación petrolera sin consideración de tecnologías y estándares óptimos. Si bien esta situación podría cambiar significativamente, es indispensable que el Estado Ecuatoriano ejerza un efectivo poder de regulación y sanción. Sin embargo, considerando la fragilidad del estado en su función fiscalizadora, es previsible que la situación descrita se traslade al Centro Sur de la Amazonía, con lo cuál se incrementarían los pasivos ambientales dejados por la explotación petrolera en la Amazonía Norte. En ese sentido, se observa indispensable aplicar el principio de precaución y prevención de los impactos socio-ambientales en el Centro Sur. Mientras el Estado no establezca reglas firmes y mecanismos de control efectivos, el riesgo es sumamente alto.

o La expansión de la frontera petrolera sin una clara presencia de políticas públicas erosionará el tejido social y profundizará la resistencia hacia el modelo experimentado La notoria ausencia de políticas públicas coherentes en la región amazónica ha generado distorsiones enormes. Hoy en día las petroleras se relacionan directamente con las poblaciones amazónicas, asumiendo el papel de suministradores de todo tipo de servicios y de constructores de obras públicas (Acosta, 2006: 106). La creciente conflictividad social en la Amazonía son evidencias claras de la necesidad de cambios en el papel del estado en la región, y como muchos autores destacan muestran que la principal política de Estado en la región se ha caracterizado por su ausencia. El vacío dejado por el Estado ha redundado en la generalización de prácticas clientelares e irresponsables, en la demanda de recursos atomizada, sin contraparte y sin rendición de cuentas de parte de la población ya sea al Estado o a las compañías

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individualmente. Los recientes paros petroleros, denotan el creciente polvorín que se está gestando en la región debido a décadas de frustración y abandono. Al panorama de creciente conflictividad social en la región amazónica, se deben sumar el efecto del Plan Colombia. La elevación del conflicto Colombiano tiene serias repercusiones en la seguridad fronteriza y en las dinámicas socio-económicas de la región Amazónica y en general del país. El incremento de poblaciones desplazadas, la creciente inseguridad (secuestros, crímenes) denotan un grave deterioro del tejido social en la región. Sin embargo, más allá de los esfuerzos emprendidos, se deben considerar ciertas dinámicas de gravísimas dimensiones. La gran concentración de los cultivos ilícitos frente a la frontera amazónica y en comparación a la presencia de éstos cultivos frente al resto de las provincias fronterizas (Esmeraldas, Carchi), debería generar una reflexión profunda. Hay serios indicios que los enclaves de producción del narcotráfico en la región del Putumayo Colombiano se estarían abasteciendo de precursores químicos (gasolina blanca, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, hidróxido de sodio, permanganato de potasio) utilizados en la actividad hidrocarburífera. Al ampliar la frontera petrolera, se estaría ampliando el espectro de esta cadena de abastecimiento, lo que elevaría la tensión más allá de la zona Norte de la Amazonía ecuatoriana. Otro elemento fundamental que debe considerarse si la expansión de la frontera petrolera se propicia desde una óptica similar a la actual constituye el escenario de resistencia organizada por las nacionalidades indígenas presentes en el Centro Sur. Desde hace más de 10 años las nacionalidades indígenas y comunidades locales han ejercido un proceso de franca resistencia a la actividad petrolera, desde la reinvidicación de sus derechos territoriales y de autoderminación. Este frente de resistencia se ha alimentado por la constatación de que el modelo de producción petrolera en el Nororiente ha traído consigo más costes sociales y ambientales que beneficios para la población local. Por otra parte, la resistencia se ha dado desde un elemento gravitante: los derechos territoriales y a la autodeterminación. Estas demandas tienen su sustento en el hecho que el país ha ratificado el Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también por el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrado en la Constitución Política de 1998. Por otra parte, el Estado Ecuatoriano ha otorgado los derechos territoriales a estas nacionalidades a través de la legalización de vastas extensiones de tierras, como se destaca en el Cuadro 2 a continuación: Cuadro 2: Territorios de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía Centro Sur # Nacionalidad Provincias Superficie

Legalizada en hectáreas (ha)

Superficie no Legalizada en hectáreas (ha)

Total (ha)

1 Quichua Pastaza 1’102.000 498.000 1’500.000 2 Huaorani Napo, Orellana y

Pastaza 612.215 197.000 809.215

3 Shuar Pastaza, Morona 727.615 160.000 887.615

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Santiago y Zamora 4 Achuar Pastaza y Morona

Santiago 428.000 50.000 478.000

5 Zápara Pastaza 255.000 43.000 298.000 6 Andoas Pastaza 30.000 30.000 7 Shiwiar Pastaza 68.320 101.000 169.000 Totales: 3’223.150 1’049.000 4’172.150 Fuente: “Mapa de mosaico de territorios indígenas de la Amazonía Ecuatoriana”, OPIP, 2002 Las acciones de resistencia que han ejercido las nacionalidades frente a las empresas CGC en el bloque 23 y frente a la Burlington en el bloque 24, bloques que constituyen la puerta de entrada a los bloques del Sur Oriente, muestran cómo el viejo estilo de actuar con los indígenas en el ámbito petrolero con una estrategia de “hechos consumados”, es cada vez más difícil de aplicar en un contexto en el que las organizaciones están cada vez más concientes de sus derechos y de la posibilidad de exigirlos (Melo, 2006). Las consecuencias de esta resistencia a la entrada de las empresas ha impedido que en estos bloques no se hayan desarrollado actividades de explotación, situación que ha perneado en la fallida licitación del resto de los bloques que constituyen la 10ma Ronda. En definitiva, estas experiencias demuestran que la ampliación de la frontera petrolera sin ninguna consideración a los derechos territoriales de las nacionalidades indígenas resulta en un mal negocio, y hoy en día el accionar de las empresas y del Estado Ecuatoriano está siendo interpelado a nivel internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este escenario de creciente conflictividad, es evidente que la expansión petrolera solo va a generar una mayor profundización de ésta. Los resultados de licitaciones en regiones como la del Centro Sur resultarán en bloques dibujados pero sin real actividad, lo que contribuirá a caotizar aún más la actividad hidrocarburífera. Al no garantizar el cumplimiento de los mecanismos de consentimiento informado previo y de consulta con las poblaciones locales, el Estado Ecuatoriano está hipotecando la calidad de las inversiones petroleras que pretende atraer al sector. Las empresas transnacionales que dominan el mercado petrolero buscan inversiones rentables y de largo plazo, y son cada vez más renuentes a incursionar en sitios con alta conflictividad social. Para muchas de estas empresas la responsabilidad corporativa es un gran activo que no desean arriesgar tan fácilmente. En ese sentido, se puede anticipar que dado el escenario socio-cultural en el Centro Sur, las empresas que se arriesgarán constituirán empresas oportunistas volcadas a inversiones especulativas y no de larga duración. Obviamente, la calidad de este tipo de empresas también redundará en los criterios ambientales con los que se manejen, los mismos que probablemente serán muy laxos. Tanto las empresas CGC y Burlington son ejemplos de este tipo de empresas cuyo comportamiento exacerban la conflicitivad en el Centro-Sur.

o El costo de inversión de infraestructura adecuada para la actividad hidrocarburífera en el Centro Sur se anticipa como un serio limitante La decisión de seguir con una expansión de la frontera petrolera hacia el Centro Sur de la Amazonía debe traer consigo un análisis de las inversiones necesarias para que ésta sea rentable. Al momento, la infraestructura petrolera (carreteras y vías, instalaciones de almacenamiento y refinamiento, instalaciones para el transporte del crudo) se concentran en el Nororiente de la

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Amazonía. Además, la inversión en infraestructura necesaria a parte de los costos que ésta representa traerá consigo innumerables efectos sociales, ambientales y políticos. Con la apertura de vías se estará abriendo la puerta a patrones de asentamiento y de uso de suelo completamente insustentables y por ende no adecuados para el territorio amazónico. En la actualidad, el Centro Sur carece de una red vial y de la infraestructura productiva requerida para llevar adelante este tipo de actividades. Desde esta perspectiva, entonces será necesaria una inversión significativa ya sea por parte del Estado Ecuatoriano o por las empresas interesadas, lo que redundaría en los costos reales de la actividad prevista. Como se ha señalado en otras secciones del presente documento, es de anticipar que la instalación de este tipo de infraestructura en la región generarán impactos sociales y ambientales altamente negativos. Como lo señala Echeverría (2006) desde un enfoque pragmático, las inversiones en el sector petrolero deberían orientarse a fijar una meta de producción estable, la misma que se debería definir por la capacidad de los dos ductos existentes (producción límite) es decir aproximadamente 750,000 - 800,000 barriles/diarios. Adicionalmente, el Estado debería invertir intensivamente en la infraestructura petrolera de almacenamiento de gas y derivados, un Terminal de exportación e importación 22 y refinación, pues hoy en día la importación de combustibles (alrededor de 1,500 millones de dólares previstos para el 2006) es incomprensible para un país petrolero. De acuerdo a Baquero Tenezaca (2006), la instalación de una nueva refinería de alta conversión con capacidad de 200,000 b/d. permitiría una optimización en la calidad y mejores rendimientos de productos que alimentan a las unidades. Además se podrán procesar crudos más pesados, cumpliendo con las especificaciones futuras de producción. También se debería construir nuevas unidades de azufre y para el tratamiento de amina y soda, a fin de garantizar la recuperación de los contaminantes derivados de los combustibles. Por otra parte, la optimización de la infraestructura existente también debe ir de la mano de un mejor aprovechamiento de los campos (bloques) petroleros actuales. Petroecuador posee el 74% de las reservas probadas del país, las cuales en su mayoría corresponde a crudos livianos de alta calidad. La explotación de estas reservas tiene un menor impacto ambiental, ya que se realizaría dentro de los campos actualmente en explotación, sin una ampliación del área petrolera. Además, el Estado apropiaría la gran mayoría del excedente (Larrea, 2006). La decisión de una política petrolera inteligente también requerirá que se realicen inversiones para lograr mayores niveles de recuperación de crudo de los campos en explotación (a través de la aplicación de tecnologías de punta) y propicie que en estos se cumplan efectivamente estándares de producción ambiental y socialmente responsable y transparente. La propuesta: la mejora de la condiciones de participación del Estado Ecuatoriano en la renta petrolera y la modernización del sector La definición estratégica de una política petrolera se ha postergado varias décadas ya. A pesar que la explotación petrolera ha tenido un gravitante efecto en la economía ecuatoriana, la 22 En la actualidad se sigue utilizando el TEPRE o Terminal provisional por más de 30 años.

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situación socio-económica que a traviesa el país hoy en día, contrasta radicalmente a lo experimentado con el “boom” petrolero de la primera década de explotación (1972-1982). En esa década el petróleo contribuyó significativamente al crecimiento económico, y a mejoras considerables en la salud y educación de la población. Sin embargo, hoy en día “se observa que a pesar de los elevados volúmenes exportados y precios favorables, el sector petrolero ha debilitado significativamente su vinculación con la economía nacional, adquiriendo en parte características semejantes a una economía de enclave” (Larrea, 2006:63). Para Larrea (2006), esta configuración se observa con claridad a partir del 2000 y surge por una serie de factores endógenos y exógenos. A partir del 2000, se observa una tendencia ascendente en los precios internacionales del petróleo, movida por una creciente demanda de producción que no puede ser respondida eficazmente con la capacidad de producción internacional - que se encuentra muy cerca de su punto máximo, y donde la incorporación futura de nuevas reservas es improbable- (Larrea, 2006; Echeverría, 2006). Por otra parte a partir del 2000 se inicia un período de apertura a las empresas petroleras privadas. El siguiente gráfico muestra esta incorporación, lo que ha significado una gradual pero consistente reducción de la dependencia petrolera en el Presupuesto del Estado durante los últimos años. Vale destacar que esta apertura no ha permitido que se dispongan de recursos adicionales para la inversión social y productiva, pues los porcentajes de participación del Estado en la renta petrolera han sido en extremo desfavorables. Gráfico 1: Participación de privada y estatal en la producción de crudo

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

MIL

ES D

E B

AR

RIL

ES

PETROECUADOR COMPAÑIAS

Fuente: Petroecuador A esta situación se suma que a partir de 1993, la producción estatal de crudo liviano empieza a declinar gran parte debido a una limitada reinversión de Petroecuador en recuperación secundaria y terciaria en campos antiguos. Otro elemento es la limitada capacidad de refinación y el crecimiento de la demanda interna de combustbles, que han conducido a la importación creciente

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de productos refinados a costos elevados. Esta situación es el resultado de la mínima inversión en el sector eléctrico (y la correspondiente inversión en fuentes renovables de generación) que han obligado al desperdicio de combustibles en la generación térmica (Larrea, 2006: 66). El gráfico siguiente muestra el exiguo aporte de las empresas privadas al fisco en contraste con el aumento de su participación en la explotación. El panorama y la tendencia cambiarían significativamente con la adecuada aplicación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y el manejo estatal de los campos manejados anteriormente por la compañía Occidental. Se estima que en 2006 ingresarían entre 800 y 900 millones de dólares netos inicialmente no presupuestados y a partir del 2007 entre 1200 y 1500 de recursos adicionales respecto a la tendencia histórica, dependiendo de los precios del petróleo en dólares de 2006. Gráfico 2: Proporción de la contribución de las compañías petroleras privadas al fisco.

INGRESOS PETROLEROS PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL

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200

400

600

800

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1200

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1600

2000 2001 2002 2003 2004

AÑOS

MIL

LON

ES D

E D

OLA

RES

Petroecuador Compañías Privadas Fuente: Banco Central del Ecuador La participación de la compañía estatal, que mayor porcentaje de sus ingresos destina al estado, ha venido declinando desde la Ley de Presupuesto de 1992 que establecía una situación de asfixia financiera estructural. De persistir el reciente cambio de rumbo en la política petrolera, la tendencia se revertiría, debido a los 110 mil barriles diarios que manejaba la compañía Occidental. El diseño responsable de una política petrolera eficiente y responsable puede mostrarse no solo suficiente para sostener las “tareas” que el modelo económico vigente le ha encomendado, sino también puede convertirse en una palanca para buscar un desarrollo alternativo para la región amazónica. En el caso que el Estado Ecuatoriano propicie de manera miope (es decir sin atender a un principio de precaución básico) una expansión de la frontera petrolera en el Centro Sur de la Amazonía, se puede anticipar que las inversiones que se van a atraer no serán aquellas de mejor calidad. Hoy en día, las grandes empresas transnacionales que dominan el mercado petrolero y que se orientan hacia negocios sólidos y de largo aliento, son cada vez más renuentes a

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incursionar en sitios con alta conflictividad social. Para muchas, la imagen de responsabilidad social y ambiental representa un gran activo y sobre el cuál capitalizan constantemente. En ese sentido, se puede anticipar que dado que el escenario socio-cultural en el Centro Sur, aquellas que se arriesgarán constituirán empresas oportunistas que buscarán solo la especulación de la concesión sin consideración alguna de mecanismos de consulta y participación social real, y la internalización de los costes sociales y ambientales. Esta afirmación tiene un reflejo en la situación actual del Centro Sur de la Amazonía, donde las empresas CGC y Burlington han querido imponer su actividad a toda costa, constituyen ejemplos claros del tipo de inversiones que se atraerían. Desde la perspectiva de la composición de las inversiones petroleras que requiere el país, el atraer inversionistas “piratas” no es lo más óptimo y fomentaría aún más el caos en el sector hidrocarburífero, que de por si es altamente volátil. En este escenario es indispensable reorientar la política petrolera. Uno de los puntos centrales de esa reorientación debe incluir la planificación del horizonte petrolero ecuatoriano, internalizando todos los costos sociales y ambientales que hasta ahora han podido ser mantenidos con relativo éxito como externalidades por parte de las compañías, pero que le van a significar al país pasivos cuya magnitud y duración aún no se termina de vislumbrar. El papel regulador del Estado es central en este empeño. Así se podría auspiciar sólidas inversiones y no un manejo especulativo como el que parece empezar a difundirse a falta de una política petrolera sustentable y legitimada por la sociedad. Hay que concentrar los esfuerzos en las zonas ya intervenidas, incorporando las tecnologías de punta tanto en la exploración y explotación de nuevos pozos como en la recuperación mejorada, la remediación y la prevención ambiental. La posible reducción de ingresos petroleros ya discutida en secciones anteriores podría ser compensada con creces con un manejo más racional del recurso a través de un fortalecimiento de Petroecuador en adecuada simbiosis con el sector privado. 3.3. Una política macroeconómica menos dependiente del petróleo En su sabiduría profética, varias culturas primigenias veían al demonio detrás del petróleo, mucho tiempo antes que esta sociedad consumista con un paradigma tecnológico adicto a los hidrocarburos haga patente la magnitud de esos efectos malignos. Contaminación, guerras, corrupción, desintegración social, enfermedad y muerte aparecen como una constante en las zonas ligadas a la explotación hidrocarburífera, que, no obstante, representa pingües ganancias en bolsillos de otros. Cuando algunas de esas culturas llaman al petróleo, por ejemplo, “excremento del diablo”, talvez prefiguraban lo que en la literatura especializada se conoce como la “maldición de los recursos naturales”. Ciertos economistas en particular creen ver una regularidad histórica en la alta correspondencia entre abundancia de recursos naturales y subdesarrollo y desinstitucionalización. La riqueza fácil, exenta de la disciplina del ahorro, la inversión, la

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innovación y el trabajo, daría lugar a la constitución de redes más de tipo mafioso para definir su disputa. Otros economistas e historiadores, como el Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, por ejemplo, sin desmerecer el peso del argumento lo califican, mostrando excepciones muy decidoras como el caso de los países nórdicos y el de los propios Estados Unidos. Dentro de la trágica experiencia del continente africano, han aparecido incluso un par de casos paradigmáticos con trayectorias tan disímiles: Sierra Leona y Botswana. Ambos países exportadores de diamantes, pero con experiencias coloniales y societales distintas que han llevado al primero al estancamiento y a la degradación político-social y al otro a exhibir tasas de crecimiento promedio de más del 9% durante ya tres décadas y en un ambiente institucional crecientemente estable. En la gran mayoría de casos, la misma discusión es prisionera de una trampa recurrente en otras temáticas: la de confundir crecimiento con desarrollo. La confusión tiene una larga tradición entre economistas, especialmente, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial cuando las economías tanto del Norte como del Sur efectivamente crecían. Los aspectos más cualitativos ligados a la noción de desarrollo, supuestamente acompañarían al proceso, en la más optimista de las visiones presentes a la época. No obstante, en ese entrampamiento no se quería ver ni los reclamos en torno a la justicia, la equidad y /o la calidad de vida de sectores críticos de diverso horizonte, ni el referente teórico de la propia economía convencional dominante que en el más simple de sus modelos, al menos liga y contrapone el crecimiento del consumo material a la opción del descanso. Pero de esos años dorados en los que el crecimiento (así, crudo y duro) era más o menos la norma, hemos pasado a lo que autores como Paul Krugman definen como la “era de las expectativas disminuídas”. En efecto, durante las últimas décadas los años auspiciosos, de por sí escasos y efímeros, registran tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que no son sino la mitad o un tercio de la tasa común en la era de las políticas “keynesianas” y del estado de bienestar en los países industrializados y de su versión tercermundista -ligada a la industrialización sustitutiva de importaciones- en algunos países de América Latina. Circunstancias éstas que han llevado a muchos analistas a priorizar implícita o explícitamente las metas de la estabilización frente a las del por sí unidimensional crecimiento. Pese al prestigio de otro Nóbel de Economía, Amartya Sen, y de sus colegas, sus ideas mucho más integrales en torno al desarrollo, definiendo el despliegue de las capacidades y de la libertad como fines y al crecimiento solo como instrumental en ese proceso distan mucho de ser las predominantes en el diseño de las políticas económicas. En los hechos, cuando no está desplazada totalmente por la obsesión por la estabilización, la preocupación por el crecimiento del PIB está en el centro del diseño de las políticas públicas. Por ello es muy importante subrayar las limitaciones del indicador como medida de la producción y/o del consumo de una sociedad. Temas como la no valoración del trabajo familiar (atravesado o no por condiciones de género), la valoración relativa a la estructura de mercado de la producción de servicios, el crecimiento de los llamados “gastos defensivos” (gastos en seguridad personal o colectiva, remediación ambiental y social, etc), el tratamiento de la producción de medios de destrucción, el tratamiento de las actividades básicamente extractivas, etc., definen un ineludible

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cuestionamiento del propio indicador y de aspectos axiológicos y epistemológicos más profundos en la macroeconomía. Pese a los matices señalados, nuestra discusión seguirá teniendo como referente el crecimiento del PIB en tanto esa puede ser una preocupación fundamental de los contradictores de esta propuesta. En efecto, proponer límites a la expansión de la actividad hidrocarburífera podría suscitar temores sobre la sustentabilidad de la economía dado su papel primordial en el desempeño de la macroeconomía ecuatoriana. Nuestro punto es mostrar, por un lado, los límites y los vicios de ese patrón de crecimiento, y, por otro lado, señalar que con una adecuada racionalización de la política energética, se puede proveer el financiamiento necesario para la economía en otra perspectiva de desarrollo. Como puede observarse en el gráfico siguiente (Gráfico 3), más allá de los efectos multiplicadores y los encadenamientos hacia delante y hacia atrás de la actividad petrolera, la mera contribución de las tasas de crecimiento del PIB de las ramas petroleras tiene un peso desproporcionado en la evolución del crecimiento. A pesar de una relativa mejoría del PIB de las ramas no petroleras en los últimos años, las tasas de crecimiento son muy modestas, definiéndose una categórica reducción del PIB per cápita no petrolero en los últimos 25 años. Gráfico 3: Comparación de las tasas de variación del PIB de las ramas petroleras y no petroleras.

VARIACION DEL PIB TRIMESTRAL

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-15

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-5

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5

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.III

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.I

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.I

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.I

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.I

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.I

2004

.II

2004

.III

2004

.IV

PIB Petrolero PIB No Petrolero Fuente: Banco Central del Ecuador Los signos relativamente alentadores de los últimos años presentan, no obstante serios interrogantes respecto a su duración. El PIB per cápita, los salarios reales y las tasas de subempleo y desempleo se han recuperado respecto a la desastrosa crisis provocada por la banca y que estalló en 1998-9, pero solo para alcanzar rangos similares a los anteriores a la crisis y muchos sectores productivos muestran poca vitalidad frente a la competencia y la oportunidad de las importaciones, presentando una insuficiencia dinámica para absorber empleo cada vez más evidente. Inclusive, hay sectores que empiezan ya a enfrentar problemas de deflación en

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condiciones en que el crédito sigue segmentado, caro y de difícil acceso, con un mercado interno cada vez más polarizado y raquítico y un mercado externo incierto aunque no exento de buenas oportunidades. Es necesario apuntar hacia un nuevo tipo de desarrollo, más diversificado, más inclusivo, más sustentable. Los efectos de la llamada “enfermedad holandesa” sobre el aparato productivo son complejos y no necesariamente fatales. Si los recursos adicionales del boom petrolero son manejados conforme al interés nacional, puede, en efecto, “sembrarse el petróleo” y conseguir fuentes alternativas de divisas y de ingresos fiscales. Hacia allá es lo que apunta la presente propuesta. Aparte de su contribución bruta al PIB, la extracción petrolera constituye el eje que sostiene la balanza de pagos del país. Desde la época de una tardía industrialización por sustitución de importaciones, la economía ecuatoriana muestra una adicción creciente a las importaciones. El progresivo desmantelamiento de ese esquema y el patrón de polarización social resultante han ido elevando el peso proporcional del crecimiento de los bienes de consumo duradero y no duradero en la canasta de importaciones, con propensiones marginales a importar mayores que la unidad, sobre todo en los estratos de ingresos medios y altos. La debilidad estructural de la balanza comercial ha sido básicamente compensada por las exportaciones petroleras, pero la creciente dependencia de importaciones de combustibles debido a una política energética irracional e insostenible, hace que el soporte del crudo sea cada vez más insuficiente, como puede apreciarse en el gráfico (Gráfico 4) siguiente. Gráfico 4: Evolución de la balanza comercial ecuatoriana.

6 50

16 50 18 2 3 18 74

3 2 3 9

4 13 6

2 18 7

12 8 0117816 2 7

59 8

- 3 2

- 3 0 2

178 2 8 4

- 9 6 9

14 5816 6 5

- 9 9 5

119 3

-5000-4000-3000-2000-1000

010002000300040005000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-1500

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2000

Petrolera No Petrolera Total

Fuente: Banco Central del Ecuador Más aún, esas dificultades en la balanza comercial ponen en cuestión la capacidad de los ingresos petroleros para solventar el servicio de la deuda pública, rol implícitamente asignado luego de la crisis latinoamericana a la producción petrolera en el manejo fiscal y macroeconómico en general. Todo ello, a pesar que las exportaciones petroleras han pasado de 789 millones de dólares en 1998 a 5397 millones en el año 2005. Para estructurar un sector externo sustentable, también resulta crucial, entonces, una alternativa de desarrollo basada en una renegociación de la inserción internacional, que reduzca la dependencia en la exportación del

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crudo. La provisión de divisas vía servicios ambientales, diversos tipos de turismo y de recuperación y despliegue de los valores culturales y de biodiversidad del país puede ser un vector central en esa alternativa. Como signo alentador, de todas maneras, debe señalarse que luego del agudo proceso devaluatorio que colocó la relación deuda externa/PIB a fines de 1999 en más del 100%, la recuperación de los últimos años ha marcado una mejoría hasta niveles mucho más manejables de alrededor del 40%. De cualquier modo, la gravitación de la deuda externa sobre la economía sigue siendo insostenible, en tanto compromete la inversión estratégica en capital físico y en desarrollo del talento humano. El peso de la amortización de la deuda sobre el PIB que ha fluctuado entre el 9 y el 11% en los últimos años, tiene como contraparte una presencia agobiante en el Presupuesto General del Estado, que va entre un tercio y casi la mitad. Bajo dolarización oficial, las circunstancias de estrangulamiento que provoca el servicio de la deuda externa se ven exacerbadas, en la medida en que el régimen implica no solo una eliminación de la política cambiaria y una mutilación casi total de la política monetaria sino también una restricción fundamental sobre la restante política fiscal. La presión por lograr superávits fiscales altos para pagar la deuda externa se convierte en la columna vertebral de toda política económica (el Gobierno Central ha logrado superávits de entre el 8.1 y el 3% del PIB en cada uno de estos últimos años), minimizando las posibilidades de una política soberana en torno a las grandes prioridades nacionales. Gracias a las rentas petroleras, la carga tributaria que enfrenta el sector privado en el Ecuador es una de las más bajas del continente, entre el 11 y el 14%, muy lejos del 27-30% de países de ostensible credo liberal como Chile, por ejemplo. Actualmente, el país se juega un albur al apostar al precio del petróleo sus posibilidades de acabar cada año fiscal sin moratoria y la sustentabilidad misma del fisco, en un plazo mayor, está definida por la más acelerada extracción de un recurso natural no renovable. El gráfico siguiente (Gráfico 5) muestra la gradual pero consistente reducción de la dependencia petrolera en el Presupuesto del Estado, pasando, por ejemplo de 43 al 26% solo entre 2000 y 2005.

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Gráfico 5: Participación de los ingresos petroleros y de los tributarios en el Presupuesto.

35.0%

27.5%

54.7% 55.1%

25.9%

30.1%32.7%

29.8%

33.3%

43.0%

37.0%

45.9%

38.3%

41.2%43.7%

45.8%

61.9%

50.0%

60.1%61.6%

58.5%

61.8%61.1%

50.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Petroleros Tributarios

Fuente: Banco Central del Ecuador No solo que esa dependencia fiscal puede reducirse como se ha probado en los últimos años, sino que con el mismo nivel de explotación del crudo pueden reportar recursos fiscales suficientes para la inversión social y productiva para cambiar las condiciones de vida y de competitividad del país si se cambia una política petrolera excesivamente favorable a las contratistas transnacionales, que no ha permitido que el país se beneficie adecuadamente ni durante el boom de los precios del petróleo de los últimos 5 años, al menos. El panorama cambiaría significativamente con la adecuada aplicación de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y el manejo estatal de los campos manejados anteriormente por la compañía Occidental. Este modelo de crecimiento, sin duda que ha dejado satisfechos a ciertos sectores, minoritarios, de la sociedad. No obstante las condiciones de agudizamiento de la pobreza y la desigualdad, a pesar de mejoras coyunturales, anidan situaciones muy riesgosas para amplios segmentos de la población. Como muestra el gráfico 6, al presentar la evolución de las condiciones de pobreza y extrema pobreza calculadas según el método del consumo, incluso durante pleno boom petrolero, la región productora del crudo en las zonas rurales de la Amazonía entre 2001 y 2003 experimentan un agravamiento, si bien, las nuevas disposiciones de descentralización de los recursos fiscales parecen haber logrado un efecto a nivel de las áreas urbanas de la región. Se puede complementar y precisar territorialmente esta aseveración al retornar al mapa 2 y asociar las zonas más pobres de la Amazonía rural ecuatoriana con las áreas petroleras en producción.

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Gráfico 6: Evolución de la pobreza y la indigencia en las regiones del Ecuador POBREZA E INDIGENCIA EN ECUADOR

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30

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2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003 2000 2001 2003

COSTA SIERRA AMAZONIA COSTA SIERRA AMAZONIA

RURAL RURAL RURAL URBANA URBANA URBANA

INDIGENTES POBRES NO INDIGENTES

AREA RURAL AREA URBANA

Fuente: SIISE De cualquier manera, las reservas petroleras tienen un límite y dada la estructura de incentivos para su explotación privada, a las tasas históricas de producción, el horizonte petrolero ecuatoriano es bastante limitado, aunque las áreas manejadas por Petroecuador pueden tener una vida productiva bastante mayor. El país debe prepararse para transitar a una economía post-petrolera y en esa perspectiva debe cuidar sus opciones, sobre todo en lo que tiene que ver con la preservación y valoración de sus riquezas sociales y naturales. 4. ANÁLISIS DE ACTORES SOCIALES, ALIANZAS Y OBSTÁCULOS Como se ha procurado destacar a lo largo del presente documento, el escenario es propicio para construir una estrategia de conservación y manejo sustentable a gran escala en el Centro Sur de la Amazonía. Sin embargo, existe la clara necesidad de generar la voluntad política necesaria para embarcar este desafío. Existen ventajas de no expandir la explotación petrolera hacia el Centro Sur y propiciar ahí otra estrategia de desarrollo, que deben ser analizadas con mayor profundidad. Sin embargo, entre éstas se destacan:

• Al conservar esta parte importante de bosque húmedo tropical, el país y el mundo se beneficiaría por los servicios ambientales que brinda (la fijación de carbono, el balance climático y diversidad biológica). Experiencias previas de canje y donación en hotspots (o puntos calientes de biodiversidad) como la región Centro Sur constituyen ejemplos inspiradores.

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• Para las poblaciones locales y comunidades indígenas queda abierta la esperanza de una propuesta de desarrollo sustentable y participativo, basado en sus propios planes de vida y que mejora en todo escenario su situación actual y la perspectiva de la explotación del crudo al estilo del Nororiente ecuatoriano.

• Para el Estado Ecuatoriano se liberarían recursos que podrían ser utilizados en tareas de

legitimación y bienestar social. Además el ingreso de nuevos recursos no provenientes de los ingresos petroleros diversificaría la base productiva del país lo que redundaría en menor vulnerabilidad macroeconómica.

• Se evitarían graves costos ambientales (pasivos) generados por la actividad petrolera.

Esto afianzaría una estrategia de desarrollo basada en el principio de precaución. Sólo considerando la contaminación y deforestación causadas por la industria petrolera en el norte de la Amazonía, las cifras son significativas: $600 millones para reinyectar el agua de formación (desechos tóxicos que salen con el crudo), mas de $720 en deforestación (entre 1990-97, valorizando cada hectárea en $600), por un total de $1,320 millones.23

• Se evitarían serios incrementos en la conflictividad social de la RAE, dinámica que día a

día aumenta en la región. Al tomar la decisión política de garantizar el desarrollo sustentable de la Región, el Estado Ecuatoriano podrá inaugurar una nueva etapa de conciliación y diálogo con los sectores sociales de la región y propiciar así mejoras sustanciales en la gobernabilidad democrática.

• Se consolidaría la política ambiental en el país, pues se estará priorizando la conservación

una de las áreas irremplazables para la biodiversidad del país. En el contexto internacional esta decisión será acogida de manera positiva. El Ecuador afincaría su imagen pionera con la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo, lo que le generaría beneficios en su posicionamiento a nivel global.

• Se propiciaría el ordenamiento de la política petrolera actual, priorizando la necesidad de

optimizar y mejorar la producción a partir de la infraestructura existente y estableciendo reglas claras para que la participación del Estado en las rentas petroleras signifiquen verdaderos réditos para el desarrollo del país. Este ordenamiento permitirá la sostenibilidad de la actividad petrolera en el largo plazo, tema crucial considerando un escenario global de creciente demanda energética y el agotamiento de este recurso natural no renovable.

• El Estado Ecuatoriano estará tomando una decisión visionaria, pues estará protegiendo un

recurso estratégico para la estabilidad climática global: los bosques húmedos tropicales. Considerando el escenario global del cambio climático, los bosques húmedos tropicales pronto constituirán sitios de excepcional importancia en el mercado del secuestro de carbono. Tomando la decisión de conservar el Centro Sur con su bosque en pie constituirá en ese sentido una decisión altamente provechosa en un futuro no muy lejano.

23 C. Koons (1995); NRDC (1994); Southgate & Whitaker (1994), citados por Páez, P (2004).

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• Se fomentaría la creación de tejido social con importantes efectos sobre los procesos de construcción de ciudadanía en la región.

De todos estos beneficios, es muy importante destacar que ésta propuesta tiene amplia legitimación a nivel internacional. A nivel global, tanto organismos internacionales como gobiernos están clamando (demandando) que países como el nuestro (con una riqueza natural enorme) tomen medidas sólidas para la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. El Ecuador, sin embargo está dando señales negativas. Los efectos de la ausencia de una voluntad política de hacer realidad un desarrollo sustentable en el país se están evidenciando: el país pierde anualmente unas 200,000 hectáreas de bosque, está en el 2do puesto a nivel de Latinoamérica en cuanto a la tasa de deforestación, los desastres naturales (sequías, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos) se agravan por la falta de un ordenamiento territorial que organice el desarrollo urbano, rural y productivo adecuadamente. En ese sentido, el Ecuador se muestra contrario frente a las tendencias internacionales. Al poner en marcha una iniciativa de conservación y desarrollo sustentable en la Amazonía Ecuatoriana, el país estará reposicionando su imagen a nivel global. Los réditos políticos de este posicionamiento serán muy positivos pues organizaciones de cooperación y gobiernos internacionales reconsiderarán al país como un sitio apto y sólido para la inversión ambiental. Cabe destacar que en la última década la inversión en el sector ambiental se ha reducido significativamente, justamente porque el Ecuador ha dejado que su institucionalidad ambiental (que tuvo un repunte entre 1992-2000 luego de la Cumbre de Río) no ha logrado un apoyo efectivo (tanto en recursos como en su articulación en las decisiones de política nacional). Un ejemplo cercano de este tipo de posicionamiento lo vemos en Costa Rica, país que a finales de la década de los ochenta había perdido casi toda su cobertura vegetal. Hoy en día Costa Rica es el sitio de excelencia para el ecoturismo, motor de la economía costarricense. El Ecuador, podría seguir un camino similar, con ventajas notables en torno a las áreas aún no intervenidas. Por el contrario, de expandir la frontera petrolera el país seguirá sumido en una imagen de país que no planifica con coherencia su desarrollo, pues se estarán ampliando los focos de conflictividad social y ambiental lo que definitivamente será visto como un incremento de riesgo para inversiones petroleras. A pesar de las evidentes ganancias que el país percibiría con la puesta en marcha de esta iniciativa, la no expansión petrolera hacia el Centro Sur si significará sacrificios y costos de oportunidad. La propuesta procura un cambio audaz en los preceptos del desarrollo del país, y emprenderla tiene algunos obstáculos. En primer lugar, en el país el establishment político-económico ha propiciado políticas que se encaminan solamente al crecimiento del PIB y más no a hacia un desarrollo más equitativo que genere reales transformaciones en la base productiva que actualmente es depredadora y concentradora de riqueza. La pobreza y la creciente inequidad en el Ecuador, muestran los efectos de la implantación de un modelo irracional y en franca decadencia. En los últimos doce años (1994-2005) la pobreza se ha incrementado, de 47% en 1994, 77% en 1999 a 79% en el 2005. Esto es completamente inaudito en un país con tanto potencial de desarrollo.

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El Ecuador podría generar fácilmente un desarrollo más equitativo y sustentable a partir de un manejo racional de su riqueza natural. Esto podría apuntalar la diversificación en los ingresos fiscales, que conjuntamente a otras políticas en el campo de la densificación de infraestructura productiva y de servicios, la puesta en marcha de microfinanzas y otra serie de medidas debería permitirnos no depender tanto del modelo petrolero. Sin embargo, el Ecuador se halla atrapado en una cultura rentista del que se sirven las élites político-económicas del país. La extracción inmediatista de los recursos naturales nutre esta cultura, del que se benefician enormemente unos pocos. En esta perspectiva vale analizar el caos petrolero en el que está sumido el país. No hay razones racionales para mantener la ineficacia en la actividad petrolera estatal. Hoy en día esto está siendo interpelado en varios medios de comunicación (Vanguardia, Vistazo, Gestión de recientes ediciones). Sin embargo, a pesar que la necesidad de reordenar la política petrolera para que realmente genere un desarrollo social, hay serios opositores. La expansión de la frontera petrolera, no le conviene al país como país – pues implicará enormes problemas socio-ambientales y requerirá de exorbitantes inversiones en infraestructura- pero si a los grupos rentistas. Considerando la configuración actual de los ingresos petroleros fiscales, el sentido común llama a que se invierta en optimizar la extracción de crudo liviano, que no está en el Centro Sur o en su defecto en manos del sector privado. Esto no es conveniente en la estructura actual de nuestro modelo de crecimiento. Por otra parte, es indispensable tomar en cuenta que esta propuesta está trabajando en función de una premisa intergeneracional, lo que demanda una visión de largo plazo. Esta visión sin embargo, no es mayoritaria. Al embarcarnos en un desarrollo extractivista, el país a perdido una noción del futuro. Es como si nos haríamos la pregunta: ¿Y, entonces luego de acabados nuestros recursos naturales, a que nos vamos a dedicar? Si bien, la respuesta deviene del sentido común: - debemos diversificar nuestra base productiva y aprovechar sustentablemente lo que tenemos-, la lógica de desarrollo en la que estamos no nos permite ver el horizonte. Los líderes políticos no están pensando más allá de un plazo inmediato. Esta cultura del corto plazo también ha permeado entre los gobiernos locales, y probablemente algunos de éstos – al principio- se opondrán a la propuesta. Las políticas rentistas e inmediatistas no generan, multiplican y/o capitalizan en el bien común, pero simplemente generan pocos bienes “corporativos”. Entonces, esta propuesta si generará sacrificios principalmente para los sectores petroleros que procuran mayores rentas en el corto plazo y en aquellos líderes locales que buscan solamente beneficios inmediatos. Pero en todo caso, el país se beneficiaría enormemente de no contar con sectores que tienen mantienen el círculo vicioso de prácticas rentistas y que han impedido (tanto por omisión o por intención deliberada) que los recursos petroleros propicien un verdadero desarrollo sustentable y equitativo en el país. Ahora bien, vale analizar la relativa situación de pérdida en la que se encuentran estos sectores con la reciente modificación a la Ley de Hidrocarburos (2006) y el ingreso de la producción del Bloque 15 –ex Oxy- a las arcas del Estado.

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Desde un enfoque de distribución económica, la respuesta resultaría en que no es necesaria la expansión petrolera para generar el bienestar futuro de la población. Además, como se ha señalado anteriormente, la región del Centro Sur presenta serias limitaciones financieras para ser incorporada efectivamente en el circuito petrolero, tanto por la infraestructura requerida como el tipo de crudo que ésta al parecer contiene. Los perdedores de la puesta en marcha de esta política serán aquellos que a pesar de los riesgos financieros, sociales y ambientales que provocaría la expansión querrán insistir en el mantenimiento de una política petrolera depredadora.

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5. HOJA DE RUTA DE MEDIDAS POLÍTICAS SUGERIDAS En los primeros 100 días del nuevo gobierno

1. Declaratoria de una moratoria a la expansión petrolera hacia el Centro Sur de la Amazonía. Se deberá declarar una pausa a la actividad petrolera, por lo menos de tres años, lo que incluye una negociación en este sentido con las compañías que operan los Bloques 23 y 24. La suspensión del desarrollo petrolero en estos dos bloques estaría encaminada también hacia una resolución pacífica de los gravísimos conflictos que existen entre las compañías y las comunidades indígenas en la región. El impacto de la declaración de una pausa en el corto plazo será mínimo dada que las ganancias petroleras de esta área no se harán presentes hasta el 2010, cuando más pronto24.

2. Conformación de una Comisión de alto nivel e intersectorial entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil y representantes de las organizaciones indígenas que habitan en la zona. La Comisión estaría conformada por parte del sector público al menos por los Ministerios del Ambiente, de Economía y Finanzas, de Relaciones Exteriores, de Energía y Minas, SENPLADES y ECORAE. Por parte de la sociedad civil organizada se propone la participación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en la región y las representaciones de las nacionalidades indígenas: Kichwas, Achuar, Shuar, Shiwiar, Zápara. El trabajo de la Comisión deberá ser transparente y participativo para ayudar a generar una discusión nacional sobre modelos de desarrollo y construir un soporte público para nuevas propuestas. Esta Comisión tendrá como principales objetivos:

o Analizar las opciones de la declaratoria de una zona intangible en el Centro Sur de la Amazonía, a través del impulso de un proceso participativo de zonificación y ordenamiento territorial sustentable de las dos provincias, donde se consideren distintos escenarios de manejo, administración y protección (por ejemplo: Circunscripción Territorial Indígena, Reserva de Biosfera, Área Protegida Comunitaria, entre otras). La nueva estructura legal del área a protegerse, deberá satisfacer tanto los requerimientos de los derechos y aspiraciones de desarrollo de los habitantes de la región así como con los intereses internacionales que respaldan la conservación de la biodiversidad

o Analizar las alternativas económicas para el desarrollo sustentable de la región, sobre la base de los derechos territoriales y de autodeterminación de las nacionalidades indígenas. También será necesario contar en este análisis una diferenciación entre los intereses de la población colona y mestiza de la región, así como un análisis de las aspiraciones rurales versus urbanas. A este análisis se deberán incorporar expertos independientes tanto nacionales e internacionales, y permitirá una determinación más clara de los puntos de encuentro entre los distintos actores y sectores que habitan las provincias de Pastaza y Morona Santiago.

24 La necesidad inmediata de ingresos para el Ecuador en el 2006 esta ligada a cumplir con la obligación de hacer pagos a los tenedores de los Bonos Globales. Esto solo podría hacerse a través de incrementar la producción petrolera en el Norte y la racionalización de la política energética detallada más arriba. La expansión de la frontera petrolera en el Sur no tendría un impacto significativo hasta el 2010- 2012, cuando mas temprano, ni resolvería las necesidades básicas de el país- todas exacerbadas por la carga de la deuda pública (para más detalles, Páez, P: “El Plan Verde y su Viabilidad”, CDES, Diciembre 2003).

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o Analizar las oportunidades (basadas en un examen de las tendencias) para obtener el apoyo político y económico internacional para el financiamiento del desarrollo sustentable en el Centro-Sur de la Amazonía a través de la puesta en marcha de varios dispositivos y mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad, la protección de los derechos colectivos y el alivio a la deuda externa. Este trabajo será un insumo fundamental en los siguientes acuerdos para el manejo y uso de los recursos naturales en la región, pues permitirá anticipar el tipo de negociación requerida y en ese sentido el ensamblaje institucional que se deberá arreglar para viabilizar que los recursos vengan al país. Los resultados de estos análisis permitirán el ensamblaje de una política pública para el Centro-Sur de la Amazonía que sostenida en la participación amplia y el diálogo democrático. En ese sentido, lo que se logrará es una oportunidad para un acuerdo de largo plazo para iniciar un verdadero desarrollo sustentable de la RAE. Al Primer año del nuevo gobierno

1. Las Comisiones deberán reportar los resultados de los análisis desarrollados, sobre los que se deberá declarar y delimitar una zona intangible (o de exclusión permanente de actividades extractivas) en el Centro Sur.

2. Los análisis desarrollados durante los 100 días habrán desembocado en el ensamblaje de una propuesta de Agenda de Desarrollo Sustentable del Centro Sur de la Amazonía. Esta Agenda, avalada al más alto nivel, permitirá potenciar los hallazgo de cómo el Ecuador puede maximizar las posibilidades y beneficios del desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad en el Centro Sur, a nivel internacional. Sobre esta imagen de madurez de una política pública innovadora le permitirá al nuevo gobierno capitalizar su imagen para la atracción de inversiones frescas en los sectores de turismo, por ejemplo.

3. A partir de la Declaratoria, se pondrá en marcha una Segunda Comisión de Alto Nivel cuyo objetivo será la búsqueda de apoyo político y financiero internacional para garantizar el sostenimiento del desarrollo sustentable y conservación de la biodiversidad en el núcleo intangible y sus zonas de amortiguamiento. A los Cuatro años del nuevo gobierno

1. Se contará con una zonificación y ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad del Centro Sur de la Amazonía producto de un proceso de participación amplia

2. Se contará con recursos financieros y técnicos iniciales para garantizar la intangibilidad de la zona núcleo a partir de la negociación de alto nivel con gobiernos y organismos de cooperación internacional

3. Se iniciarán las actividades previstas en el plan para el desarrollo económico de la región a partir de la puesta en marcha de iniciativas productivas ligadas a la conservación de la

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biodiversidad, como por ejemplo ecoturismo, turismo de naturaleza, producción de productos no maderables, manejo forestal sustentable y provisión de servicios ambientales (agua y secuestro de carbono).

4. Se contará con una estrategia clara para la renegociación y canje de deuda para sostener la conservación y desarrollo sustentable del Centro Sur de la Amazonía. Se habrán iniciado negociaciones preparatorias al respecto.

5. Se habrá consolidado una política pública sólida para la RAE, que a través de un proceso de amplia participación, consulta y deliberación estará incidiendo en la creación de una cultura Estatal más democrática y equitativa.

6. Se habrá fortalecido y generado tejido social renovador en la RAE, pues con la iniciativa se habrán iniciado experiencias de emprendimientos locales que reconecten a los habitantes con un desarrollo territorial sustentable. Emprendimientos productivos vinculados con el manejo racional de los recursos naturales, habrán dinamizado economía local, provincial y regional. Este dinamismo se traducirá en la mejora de indicadores socio-económicos: mayor empleo local, mejoras en la nutrición familiar, reducción en los niveles de pobreza.

7. Se habrá fortalecido el escenario democrático en el país. La puesta en marcha de esta iniciativa habrá reducido la conflictividad social vigente en la RAE, con lo cuál el gobierno podrá atender los temas de fondo (o estructurales) a diferencia de atender las demandas coyunturales. En ese sentido, se inaugurará un período de conciliación y diálogo con los sectores sociales de la RAE, en donde a partir de reglas transparentes y honestas, se podrán propiciar acuerdos políticos de largo plazo.

8. El país estará posicionado internacionalmente como pionero en la búsqueda de un desarrollo sustentable y equitativo. Este posicionamiento le permitirá al gobierno capitalizar su imagen para atraer inversiones y relaciones de cooperación bilateral y multilateral en condiciones favorables para su desarrollo soberano y de largo aliento. 6. REFERENCIAS: Acosta, Alberto 2006 “Efectos de la maldición de la abundancia de recursos naturales”, Petróleo

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