desarrollo paso paso seguridad ciudadana

DESARROLLO PASO A PASO DE UNA METODOLOGA PARA EL DISEOValrie Sagant y Brigitte Demers 213

DESARROLLO PASO A PASODE UNA METODOLOGA PARA EL

DISEO, EJECUCIN Y EVALUACINDE PLANES LOCALES DE SEGURIDAD

CIUDADANAValrie Sagant y Brigitte Demers

SEGURIDAD Y VIOLENCIA: DESAFOS PARA LA CIUDADANA214


DESARROLLO PASO A PASODE UNA METODOLOGA PARA EL DISEO,EJECUCIN Y EVALUACIN DE PLANESLOCALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Por Valrie Sagant y Brigitte Demers1

El desarrollo y evaluacin de polticas locales de seguridad ha permitidollegar a tres constataciones. Primero, la polica no puede responder por ssola a la criminalidad y al sentimiento de inseguridad; segundo, la preven-cin y la reinsercin son tan importantes como la represin, y tercero, elnivel de intervencin local es el ms apropiado. Como resultado deestas constataciones, se empezaron a desarrollar planes locales de segu-ridad ciudadana.

En este artculo se presentarn los Planes Locales de Seguridad Ciudadana(PLS), apoyndose en las observaciones realizadas en terreno y el conoci-miento de distintas prcticas de estrategias locales de seguridad en variospases. A medida que avanza nuestra reflexin, podrn leer sobre algunosejemplos concretos de estas experiencias exitosas a nivel mundial. A pesarde las grandes diferencias que se encuentran de un pas a otro, en cuantoa los niveles de criminalidad y de recursos, algunos elementos parecen sercomunes, particularmente en el nivel de las metodologas. Entonces, elpropsito de este artculo es presentar dichas experiencias que han de-mostrado su eficiencia al pasar de los aos, no como una receta mgica,sino que como una gua que como lo menciona Rodrigue Guerrero enPrevencin especfica por cada lugar requiere de ser adaptada a cadarealidad local.

1 Valrie Sagant es Directora del Centro Internacional de Prevencin de la Criminalidadde Montreal, Canad ([email protected]) y Brigitte Demers es Analistay Enca rgada de p royecto s sob re Amr i ca La t ina de l a m i sma in s t i tuc in([email protected]).


Ejemplo de experiencia exitosa: Intervencin a nivel local

En la ciudad de Montreal, de 1,8 milln de habitantes, se han desplegadosostenidos esfuerzos en los ltimos 20 aos para asegurar a las y los ciudadanosuna vida pacfica y tranquila. El acercamiento privilegiado para lograr estameta pone el nfasis sobre la accin a nivel local, en los barrios o colonias,sobre la participacin ciudadana y sobre la consideracin de las necesidades delas poblaciones ms vulneradas.

Los programas Tandem, OSA (Objetivo Seguridad Accin) y CAFSU (Comit deAccin Mujeres Seguridad Urbana) han permitido:

Mejorar la seguridad de las personas mediante la animacin con las muje-res, las personas mayores y los inmigrantes en talleres de resolucin deconflictos y sensibilizacin a problemas de violencia.

Mejorar la seguridad de la colectividad mediante un compromiso de loscomerciantes hacia la seguridad de las mujeres y la reapropiacin de espa-cios pblicos.

Mejorar la seguridad de los bienes mediante anlisis realizados por equiposlocales.

Implementar oficinas de polica en los barrios y una prctica policial comu-nitaria.

Los PLS se caracterizan por un acercamiento territorializado, lo que signi-fica una articulacin de los diferentes niveles de intervencin locales,regionales, nacionales y, dentro del nivel local, los barrios, municipios,aglomeraciones, regiones, etc. Ellos tambin se basan en un enfoque decolaboracin entre actores (gobiernos de distintos niveles, organismos co-munitarios, ONG, servicios pblicos y sector privado) y un enfoque trans-versal, porque se trata de mltiples polticas pblicas (por ejemplo: edu-cacin, salud, urbanismo, transportes pblicos, etc.). Las ventajas paralas municipalidades de trabajar desde estos enfoques en la elaboracin dePLS son importantes: les permite tener una mejor calidad de vida y gene-rar mayor atractivo en su municipalidad; ms vitalidad cvica y econmi-ca, as como beneficios sociales y econmicos para toda la comunidad.


Ejemplo de experiencia exitosa:Comit incluyendo a todos los actores

En la ciudad de Toronto, que cuenta con 2,5 millones de habitantes, el Conce-jo Municipal cre un comit de trabajo permanente sobre la seguridad de lacolectividad. Dicho comit reuna a representantes de:

Servicio de Carabineros. Ministerio de Educacin y direccin de escuelas. Grupos comunitarios de prevencin de la criminalidad de cada barrio. Empresarios. Grupos etnoculturales. Grupos de Mujeres. Grupos trabajando con la familia.

La estrategia clave establecida se enfoc en la consulta hacia la colectividad.

La realizacin de PLS se hace segn tres etapas clsicas: i) el diagnstico,ii) el plan de accin, y iii) la evaluacin. Estas etapas son presentadaslinealmente, pero en la realidad interactan entre ellas. Adems, sonprecedidas de una etapa preliminar crucial que establece la base en lacual se construye todo el proceso y que consiste en la constitucin de unacoalicin local. En este primer momento, el Alcalde tiene un rol predomi-nante de impulso poltico, de coordinacin entre los actores y de moviliza-cin de sus propios servicios. El impulso poltico es necesario para lograrla participacin de los distintos colaboradores. Como la seguridad ciuda-dana es asunto de varios departamentos municipales, el Alcalde, pese alas diferencias de estatuto entre los pases, dispone de una legitimidadfuerte para la coordinacin entre actores. La coalicin local, como estruc-tura, debe permanecer en el tiempo y dedicarse a las cuestiones de pre-vencin y de seguridad. Aquella puede operar mediante una estructura yaexistente, pero necesita disponer de la posibilidad de toma de decisionesya que las entidades deben poder involucrar y comprometer a sus servi-cios, administraciones, recursos y organismos. Esta coalicin local debereunir todos los actores interesados para trabajar en torno al objetivocomn, consistiendo en la realizacin del plan local de prevencin y deseguridad, aunque en la prctica, el trabajo se organizar dentro de re-uniones ms pequeas. Dentro de los actores, incluimos a todos los escalo-nes polticos y jerrquicos, agilizando el proceso de toma de decisiones,as como a los tcnicos para la recoleccin y anlisis de datos, seguimien-to y ejecucin. Finalmente, para alcanzar un funcionamiento ptimo enesta etapa preliminar es indispensable contratar a un coordinador local de


seguridad. No obstante su estatuto, lo importante es que tenga legitimi-dad frente a la coalicin local de los colaboradores.

De la realizacin de un buen diagnstico depende en gran parte el xitode las acciones que se realizarn en el marco del plan de seguridadciudadana y de prevencin de la violencia. Respecto a experiencias inter-nacionales estudiadas, podemos concluir que el diagnstico de seguridadtiene por objetivo establecer, en un territorio dado, la relacin entre lasnecesidades en cuanto a seguridad y los medios y las acciones existentespara enfrentarlas. Debe informar sobre los problemas de seguridad actua-les, poniendo de manifiesto que las dificultades reales pueden a veces serdiferentes de las percepciones que tiene la poblacin o las personas dereferencia. En este sentido, el diagnstico es una herramienta que debepermitir orientar mejor las iniciativas de prevencin y seguridad, igualque formular una estrategia de accin, reforzando al mismo tiempo laasociacin y la participacin de los habitantes en la coproduccin de laseguridad.

Ejemplo de experiencia exitosa:Realizacin de un diagnstico

En Francia, en octubre de 1997, se estableci como prerrequisito obligatorio ala elaboracin de planes de seguridad locales, la realizacin de un diagnsticolocal de seguridad.

Las tcnicas ocupadas son cualitativas y cuantitativas. A nivel cualitativo, seusan entrevistas semiestructuradas con concejales municipales, reuniones devecinos y observaciones directas. A nivel cuantitativo, se utilizan encuestas porcuestionarios, anlisis estadsticos y cartogrficos de los delitos e incivilidades.

La primera fase del diagnstico consiste en la recoleccin de datos, para lacual existen mltiples fuentes. Podemos distinguir entre los datos cuantita-tivos tal como estadsticas y otras informaciones cifradas y los datoscualitativos, como entrevistas realizadas por profesionales con poblacionesespecficas, consultas ciudadanas, etc. Para lograr un diagnstico ms til,es decir lo ms cerca posible de la realidad, hay que considerar datosrespecto de cada variable que acta sobre la delincuencia y el sentimientode inseguridad. Estos no son solamente las estadsticas policiales y judicia-les (y sera un error considerarlos en forma aislada), sino tambin: los datossociodemogrficos, sobre el sentimiento de inseguridad y victimizacin, in-formaciones respecto de las polticas pblicas interesadas (educacin,


transportes, lucha contra la discriminacin, etc.) e informaciones prove-nientes de los medios comunitarios y asociativos. Existen varias herra-mientas para esa recoleccin de datos, entre ellos, los sondeos de pobla-cin, ya sea por telfono o en persona, encuestas con preguntas cerradasy/o abiertas a residentes de un barrio especfico o a todos los ciudadanos,una muestra de algunas personas designadas, o solo a profesionales traba-jando en el campo. De igual forma, son muy tiles como herramientas derecoleccin de datos las caminatas exploratorias y los comits de consulta(focus group).

La segunda fase del diagnstico consiste en el anlisis, es decir, poner enrelacin los datos recopilados para darle un sentido. A menudo el anlisises dejado de lado por los grupos, pues su carcter tcnico intimida a losequipos. Vamos a intentar desmitificar aquello. Se trata de cruzar losdatos de distintas fuentes hacindose preguntas. Por ejemplo, es similarla cantidad de hechos de violencia intrafamiliar denunciados a la polica yla cantidad de personas que se declaran vctimas de violencia intrafamiliaren encuestas de victimizacin? El otro tipo de lectura de los datos que seha mostrado muy til es de sectorizar el anlisis, o juntar las informa-ciones disponibles por un mismo barrio o conjunto de barrios, desarrollan-do cartografas. Despus, se trata de compartir con los actores, colabora-dores de la coalicin local, permitiendo a las opiniones confrontarse y asdesprender una visin comn de los problemas encontrados. Por ltimo, setrata de identificar las dificultades por temas (ej.: la violencia callejera,los robos, el sentimiento de inseguridad, etc.) en funcin de los datos y node los objetivos polticos, por sectores geogrficos e identificar los recur-sos disponibles (fuerzas policiales, servicios sociales, interventores asocia-dos, etc.) y su impacto geogrfico y temporal.

Finalmente, la ltima fase del diagnstico se refiere a la restitucin delmismo a la comunidad. El anlisis final que es lo que denominamosdiagnstico debe entonces ser realizado entre los colaboradores de lacoalicin local y ser adoptado colectivamente. Es indispensable que elanlisis se haga junto con las personas que han participado en el procesoparticularmente los ciudadanos a fin de resguardar la credibilidad de lacoalicin local. Se puede privilegiar una restitucin pblica y mediatizadasegn las expectativas de la coalicin (por ejemplo: si se quiere demostrarla movilizacin de los actores o si se quiere comunicar solamente al mo-mento del lanzamiento del plan de accin).


Ejemplo de experiencia exitosa:Construccin colectiva del diagnstico final

En la ciudad de Brent, en Inglaterra, se distribuyeron 10 mil ejemplares de unresumen del informe del diagnstico. El texto completo estaba disponible paraconsulta en las bibliotecas municipales, oficinas de polica y centros mdicos.Cien mil cuestionarios fueron enviados a los domicilios de todos los sectores,con sobres prefranqueados, solicitando comentarios y sugerencias sobre lasconclusiones del informe. Una consulta especial fue realizada con mil jvenesde los sectores de ms alto riesgo. Junto con eso, se realizaron foros deciudadanos en cada barrio.

A raz de estas consultas, se elabor el Crime and Disorder Reduction anCommunity Safety Strategy 1999-2002 que establece 15 prioridades de accin,cada una con su lista de medios concretos para lograr la meta identificada.

La segunda etapa clsica en la realizacin de un plan de seguridad ciuda-dana, es la elaboracin y la puesta en marcha del plan de accin,elaborado segn el diagnstico previamente realizado. El plan de accinconsiste en fijar prioridades en conjunto con los colaboradores: un objeti-vo general debe hacer consenso, deben tomarse compromisos concretos yla cantidad de prioridades debe quedar restringida.

Distinguimos dentro de las cualidades de un buen plan de accin su carc-ter realista a fin de no ponerse en situacin de fracaso inevitable yescalas de tiempo a corto, mediano y largo plazo para diferenciar entrelos diferentes tipos de acciones y resultados esperados. El factor temporales importante, pues no se requiere del mismo tiempo para producir ydistribuir un panfleto de informacin sobre un servicio de apoyo a vctimasya existente y el que se necesita para abrir una nueva oficina con policasformados en enfoque comunitario de resolucin de conflictos. El plan porlo tanto contemplar no solamente objetivos a corto plazo, sino que tam-bin a mediano y largo plazo.

Resumimos en 5 los pasos de realizacin de un plan de seguridad ciuda-dana:

1. Enunciar la orientacin general.2. Definir los objetivos generales y especficos.3. Definir las clientelas designadas y las estrategias para ubicarlas.4. Para cada objetivo especfico, identificar los recursos necesarios a

la realizacin de cada accin.


5. Determinar un plazo y una persona responsable: en general, el coor-dinador local de la coalicin.

Ejemplo de experiencia exitosa:Plan de accin con acciones concretas y realistas

En la ciudad de Llobasco, El Salvador, el anlisis de los datos cualitativos ycuantitativos recolectados, implicando a todos los actores de la colectividad,conllev a la elaboracin de 14 acciones dentro de las cuales se encuentran lassiguientes:

1. Creacin de un Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana.2. Establecimiento de Comits de Vecinos de Seguridad Ciudadana.3. Elaboracin e implementacin de un programa de vigilancia policial en los

barrios con mayor densidad de crmenes.4. Instauracin de nuevas polticas para los negocios y los locales nocturnos.5. Elaboracin e implementacin de programas de sensibilizacin en las escue-

las sobre temas de leyes penales, la prevencin de la criminalidad, laseguridad ciudadana, las drogas y el uso de armas.

6. Mejoramiento urbano de la luminaria pblica en los barrios de mayor densi-dad delictual y saneamiento de espacios pblicos.

7. Estudios y comunicacin con los miembros de pandillas.

Muchos planes de accin muy buenos pueden quedar sin implementarse. Esa travs de un seguimiento de la puesta en marcha del plan de accin queaseguramos que dicho plan de seguridad ciudadana se traduzca verdaderay concretamente en una disminucin de la violencia y en el aumento delsentimiento de seguridad ciudadana. La puesta en marcha exitosa del plande accin depende de dos elementos principales: contar con buenas herra-mientas de seguimiento y realizar una evaluacin de la implementacin.En la elaboracin del plan de accin se identificarn claramente los res-ponsables especficos de tareas con plazos de rendimientos estrechos yseguidos. Una tabla de indicadores vinculados con el plan de accin enfuncin de cada objetivo operacional, segn el modelo de gestin porresultado (GAR), ha probado su eficiencia para eso. Adems, el coordina-dor local podr registrar en una tabla de informacin peridica de logrolos resultados alcanzados. En el seguimiento de la implementacin, elcoordinador local verificar si se estn logrando los objetivos operaciona-les en los plazos previstos, en el caso de no ser as, identificar losobstculos y las causas responsables de los atrasos (falta de colaborado-res, legislacin apremiante, insuficientes recursos, etc.). Luego, interven-dr con las personas capacitadas para actuar sobre estas causas.


La tercera y ltima etapa clsica del PLS es la evaluacin. Contamos condos tipos: la evaluacin de la implementacin y la evaluacin de impacto.Estos dos tipos persiguen objetivos distintos. La evaluacin de implemen-tacin, o de puesta en marcha, consiste en un monitoreo del desarrollodel proyecto desde lo previsto para resolver los problemas en el transcur-so de su implementacin y conseguir el logro de los objetivos. Buscacomprender de qu forma las condiciones de implementacin influyen enel xito o el fracaso de un proyecto. A menudo, se relaciona con lacalidad de la colaboracin local establecida: nivel de compromiso, segui-miento, recursos disponibles. En cuanto a la evaluacin de los resultados eimpactos, busca evaluar los resultados esperados (por ejemplo: disminu-cin del nmero de homicidios). Los resultados apuntados pueden revelar-se positivos, tal como la creacin de una nueva estructura atendiendo apreocupaciones de seguridad, o tambin pueden ser negativos, tal como eldesplazamiento de la criminalidad. Finalmente, con distintas herramien-tas, tales como encuestas a los ciudadanos, se puede realizar una evalua-cin del impacto ms general sobre la calidad de vida y las capacidades delos colaboradores para enfrentar nuevas situaciones. Pero la evaluacin dela prevencin del crimen siempre es muy delicada, puesto que es difcilanalizar algo que no pas, adems de que las causas del fenmeno de ladelincuencia son mltiples. De la calidad del diagnstico inicial y de lacalidad de las relaciones con los colaboradores depender la calidad de laevaluacin final y por supuesto, el impacto real se observar en la medidaque se logr el proceso completo y no solamente el diagnstico inicial.

Hoy se observa internacionalmente la tendencia a crear estructuras per-manentes de diagnstico, anlisis y proposicin de acciones de prevencinde la criminalidad. Es as que, en muchas partes del mundo, como Canad,Inglaterra, Francia y Honduras, para nombrar solo algunas, se estn esta-bleciendo observatorios de la violencia. Dichos organismos permiten reali-mentar continuamente la accin con los aprendizajes realizados de laevaluacin de aquella accin previamente realizada. En El Salvador, unObservatorio Centroamericano sobre la Violencia (OCAVI), al cual el Cen-tro Internacional de Prevencin de la Criminalidad (CIPC) brinda asistenciatcnica, fue recin creado bajo la recomendacin del Plan CentroamricaSegura, teniendo como objetivo contribuir al enfoque y tratamiento inte-gral de la violencia en la regin; consolidar el rol de la prevencin de laviolencia como eje de seguridad pblica; propiciar una explicacin tcnicaa los principales actos de violencia; y ofrecer un base de datos al dasobre temas de violencia y su prevencin. El punto fuerte del OCAVI esque cuenta con el apoyo de los gobiernos miembros del Sistema de laIntegracin Centroamericana (SICA) y se inscribe dentro de convenios pol-


ticos como soporte de las acciones locales. El apoyo poltico de los gobier-nos locales es preponderante para el xito de iniciativas de implementa-cin de planes locales de seguridad ciudadana.

En conclusin, resaltamos las condiciones de xito de un plan de seguri-dad ciudadana. Primero, es indispensable el compromiso poltico inde-fectible del Alcalde y de los dirigentes locales. Segundo, es crucial con-tar con la confianza entre los actores que se va construyendo en elproceso. Tercero, hay que trabajar e invertir en una perspectiva desostenebilidad mediante el establecimiento de estructuras permanentesy acciones duraderas, no pensando en trminos de inversin de cortoplazo. Los planes sin proyeccin hacia el futuro generan inseguridadlaboral lo que no permite movilizar las energas y la confianza de losactores hacia una meta comn. Para resolver problemas de violencia yde inseguridad ciudadana, se requieren acciones llevadas a cabo conperspectiva de largo plazo. Finalmente, como condicin de xito, lacapacidad de tomar distancia mediante la evaluacin e intercambio conotras municipalidades siempre ha permitido acertados ajustes y ha dadoresultados eficaces. En este sentido, el Centro Internacional de Preven-cin de la Criminalidad brinda un espacio que permite intercambios deexperiencias entre actores a nivel internacional, accediendo a mayoresconocimientos de las distintas experiencias. Dicho espacio provee unabanico de oportunidades para establecer colaboraciones y proyectos deinvestigacin que vendrn a mejorar an ms las prcticas en terreno y,por lo tanto, la seguridad y el sentimiento de seguridad ciudadana.

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CAPITAL SOCIAL Y VIOLENCIA: ANLISIS PARA LA INTERVENCIN EN BARRIOS URBANOS CRTICOSAlejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz 225

CAPITAL SOCIAL Y VIOLENCIA:ANLISIS PARA LA INTERVENCIN

EN BARRIOS URBANOS CRTICOSAlejandra Lunecke y Juan Carlos Ruiz

226 SEGURIDAD Y VIOLENCIA: DESAFOS PARA LA CIUDADANA


Ns no gostaramos que este fosse considerado um livrosobre o crime e a violncia, melaclico e bonito como

flores na sepultura. Desejamos que ele seja lido eusado como uma ferramenta cheia de vida a servio

da construo das sadas.

LUIZ EDUARDO SOARES - MV BILL - CELSO ATHAYDE

INTRODUCCIN

Durante las ltimas dcadas, en Amrica Latina, la delincuencia y la violen-cia asociada a ella, han ocupado un lugar central tanto en el debate polti-co y en las agendas de los diferentes gobiernos, como tambin en la preocu-pacin ciudadana. Ello enmarcado en un contexto en el cual los principalesindicadores (denuncias y victimizacin), dan cuenta no solamente de unaumento sostenido de los delitos a partir de la dcada de los ochenta(Carrin, 1998; Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2001), sino que tambin deun aumento en la percepcin de inseguridad de los ciudadanos (Frhling ySandoval, 1997; Oviedo, 2001). As por ejemplo, si la tasa de homicidiospromedio en Latinoamrica a principio de los 90 era de 22 muertos por cada100.000 habitantes, en el ao 2000 haba subido a 30, en circunstancias queel promedio mundial para el perodo era de 10,7 homicidios por cada100.000 habitantes (Vanderschueren, Lunecke, Marcus y Buffet, 2004).

1 Licenciada en Historia y Ciencia Poltica. Magster en Desarrollo Urbano, PontificiaUniversidad Catlica de Chile ([email protected]).

2 Investigador del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado y Magster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Catlica de Chile ([email protected]).

CAPITAL SOCIAL Y VIOLENCIA:ANLISIS PARA LA INTERVENCINEN BARRIOS URBANOS CRTICOS

Alejandra Lunecke1 y Juan Carlos Ruiz2


El aumento de la criminalidad en la regin ha sido asociado al crecimientono controlado de las ciudades durante los ltimos 20 aos, el que hainvolucrado no solo a las ciudades ms grandes, sino que a muchas demenor tamao, concentrando ellas tambin altos indicadores de delin-cuencia (Ackerman y Murray, 2004). De esta forma, la criminalidad y laviolencia urbana en la regin no solamente presentan indicadores msaltos que en dcadas pasadas, sino que tambin afectan a conglomeradosurbanos de mediana y pequea escala, diferencindose el tipo de violen-cia y delincuencia segn la escala de ciudad (Ackerman y Murray, 2004).En este sentido, las ciudades de mayor y mediano tamao presentan unaincidencia mayor de delitos y de violencia asociada a la propiedad y lasciudades ms pequeas (de menos de 10.000 habitantes) presentan mayorprevalencia de delitos con violencia y contra las personas (Ackerman yMurray, 2004).

Asimismo, y disminuyendo an ms la escala de anlisis, es posible consta-tar actualmente la existencia de barrios desfavorecidos en las ciudadesque como consecuencia del incremento de la desigualdad (Portes y Ro-berts, 2005), de la agudizacin del aislamiento de los ms pobres y laconsecuente segmentacin de oportunidades sociales concentran hoymltiples problemas, como violencia familiar, abandono escolar, vaganciay drogadiccin (Katzman, 2001; Sabatini y Wormald, 2003). Nunca comoantes la frase el espacio importa cobra mayor importancia para losbarrios desfavorecidos, en los que se cristaliza la vulnerabilidad y exclu-sin a nivel social (Forrest, 2000; Buck, 2001). Estudios realizados ensectores ms desaventajados socioeconmicamente en Chile constatanesto. En diversos territorios de la periferia de la ciudad es posible obser-var barrios con niveles significativos de delincuencia y violencia, tanto enespacios privados como en espacios pblicos. As, junto a niveles significa-tivos de violencia intrafamiliar se constatan hechos de violencia en losasaltos y robos a las personas, altos niveles de lesiones y violencia asocia-da al consumo y venta de drogas (Eissmann y Lunecke, 2005).

Esta situacin de vulnerabilidad en materia de violencia tiene consecuen-cias negativas que afectan de manera importante la calidad de vida de losvecinos. El aumento en la percepcin de inseguridad, el crecimiento en ladesconfianza en las instituciones, el abandono de los espacios pblicos, lasocializacin de los ms jvenes con la violencia y la droga, el aumento dela estigmatizacin social y la alta desconfianza a nivel interpersonal, sonalgunos ejemplos de ello (Eissmann y Lunecke, 2005). Junto a la atomiza-cin social de los vecinos, que se ve reflejada en la dbil participacinsocial y el abandono de los espacios pblicos, se observa en este tipo de


territorios una ruptura del tejido social comunitario y de los vnculosinterpersonales que coexisten con redes ilcitas y especialmente vincula-das al trfico de drogas de mayor capacidad organizativa y funcional(Lunecke y Ruiz, 2006).

De esta forma, las solidaridades son destruidas, limitando y casi anulan-do los tipos de respuestas que los vecinos de este tipo de territorioutilizaban frente a los problemas estructurales de los sectores vulnera-bles (Perlman, 2006; Lunecke y Ruiz, 2006). Quienes en un pasado seasociaban en bsqueda de un mejor bienestar econmico y social a tra-vs de organizaciones legtimas y formales, en la actualidad se aslan ensus hogares. La sensacin permanente de los vecinos de sentirse vcti-mas y de estar impedidos de ocupar los espacios vitales de su vidacotidiana, genera una sensacin de prdida del propio entorno y dedesconfianza en la sociabilizacin con los otros. El temor inmoviliza paraparticipar y para asociarse, se arraiga en un sistema de desconfianzasmutuas, cuyo principal contenido est dado por prejuicios, estereotiposy sospechas ms o menos fundadas por las experiencias de los habitantes(Crawford, 1997; Dammert, 2004).

Es as como en este tipo de territorios, la violencia y la delincuenciainciden perversamente sobre los recursos sociales que tiene una comuni-dad para desarrollarse. Frente a la capacidad organizativa de las redes dedrogas, la desconfianza interpersonal, la falta de reciprocidad y compro-miso llevan a que los vecinos de estos barrios se aslen, automarginen,vean an ms disminuidas sus posibilidades de desarrollo y puedan lograrno solo mejores oportunidades sino que tambin una mejor calidad devida. La informacin existente para sectores ms pobres en Chile da cuen-ta de esta realidad. Por ejemplo, la Encuesta Nacional Urbana de Seguri-dad Ciudadana realizada el 2003 muestra que los estratos socioeconmicosms bajos presentan porcentajes ms altos de abandono de la ciudad en lanoche (60,7%) mientras que este autoencierro afecta solo al 23% de lapoblacin de los estratos ms altos (Dammert, 2004).

De esta forma es posible sostener que la violencia presente en barriosurbanos desaventajados afecta negativamente la calidad de vida de susvecinos y agudiza las condiciones de vulnerabilidad social (Katzman;2001). Dentro de dichas consecuencias, el debilitamiento del capital socialcomunitario es uno de los fenmenos ms extendidos en este tipo derealidades, lo que lleva a la disminucin de las oportunidades y de recur-sos necesarios para que los vecinos superen las condiciones de exclusinsocial en las que viven.


En el contexto descrito, el presente artculo tiene por objeto analizar larelacin entre violencia y capital social en barrios urbanos crticos en elcontexto chileno. Para ello, en una primera parte se discute el conceptode capital social y sus alcances, en un segundo momento se analiza elfenmeno de la violencia y la delincuencia en estos territorios, para luegocentrar el anlisis acerca de la incidencia de dichos fenmenos sobre elcapital social comunitario. A modo de conclusiones se evidencian los desa-fos para la poltica pblica en materia de seguridad y los criterios yprincipios orientadores de cualquier intervencin enfocada hacia barriosurbanos crticos desde una aproximacin del capital social.

Cabe sealar que en este artculo y sin pretender cerrar la vigorosadiscusin existente se utiliza el concepto de barrio como el espaciofsico que rodea cierto grupo de viviendas como as tambin a las rela-ciones sociales y las interacciones que se producen en l (Jara, 2003;Sarav, 2004; Lunecke y Ruiz, 2006). Por barrio urbano crtico se defi-nen aquellos barrios que han sido ocupados desde sus inicios por gruposde escasos recursos y en los que actualmente se han generado procesosde violencia asociados al narcotrfico y porte de armas (Vanderschuerenet al., 2004).

Asimismo, interesa destacar que el anlisis que se realiza se centra en elcaso chileno realidad sobre la cual se cuenta con informacin de fuen-tes primarias3 y se considera la realidad latinoamericana a modo decontexto4.

3 El anlisis de barrios vulnerables que se realiza en este artculo se basa en informacinrelevada a partir de diferentes fuentes. En primer lugar, se consideran estudios y diagnsti-cos realizados por los autores en diversas realidades barriales, especialmente en la ciudadde Santiago (Poblacin Santa Adriana y Poblacin Jos Mara Caro en la comuna de Lo Espejo(2003 y 2004), Villas Madre Teresa y La Zarzuela de la comuna de La Pintana; Poblacin LaSerena de la comuna de La Granja (2006), Poblacin Carol Urza en la comuna de PuenteAlto (2006) y estudios y diagnsticos realizados por otras instituciones acadmicas en elmarco del Programa Barrio Seguro de la Divisin de Seguridad Ciudadana (Estudio Tipologasde Barrios Vulnerables que cubre 70 barrios en AMGS y Valparaso y Concepcin, CED, 2002;Evaluacin del Programa Barrio Seguro en las poblacines La Legua y La Victoria, Asesoraspara el Desarrollo en 2003; Diagnstico de la poblacin La Legua por MS en 2005 y Diagnsti-co de Poblacin Monteodnico en Valparaso, 2004). Junto a estos estudios se ha revisadoliteratura nacional e internacional referida a procesos de exclusin social, segregacin so-cioespacial, procesos de guetizacin, nueva pobreza urbana, violencia e inseguridad enciudades de Amrica Latina.

4 Para el caso latinoamericano se ha utilizado informacin de carcter secundario principal-mente.


EL CAPITAL SOCIAL

El concepto de capital social se encuentra hoy muy difundido y es unaherramienta utilizada frecuentemente por el anlisis social y en las polti-cas pblicas. Los contenidos de solidaridad, cohesin y redes sociales queimplica, recuperan una larga tradicin de la teora social desde el naci-miento de la sociologa durante el siglo XIX. En este sentido el capitalsocial es la traduccin en lenguaje contemporneo de las tradicionalespreocupaciones por la estructura social, el poder y los recursos de losgrupos sociales. La novedad y capacidad explicativa del capital social hoyen da estaran dadas segn Portes (1998) por dos elementos: primero,porque enfatiza en los aspectos positivos de la sociabilidad, lo que relevaen lenguaje contemporneo la importancia de la cohesin social para losgrupos excluidos; segundo, sita dichas consecuencias positivas en el mar-co de una discusin mayor sobre las fuentes no monetarias del poder einfluencia, equiparando los anlisis sociales y econmicos sobre el capital.

La discusin sobre el capital social, particularmente en la literatura anglo-parlante, ha tenido un fructfero desarrollo en el debate sobre los mode-los de desarrollo tanto a nivel social-estructural como comunitario, losproblemas de cohesin social, violencia y recuperacin de barrios crticosy excluidos (Kliksberg, 2000; Western, Stimson, Baum y Van Gellecum,2005; Middleton, Murie y Groves, 2005). Los problemas sociales y la estig-matizacin producto de la exclusin de ciertas comunidades y barrios alinterior de las ciudades son entendidos en parte como un fenmeno dedeclinacin del capital social. A su vez, este ltimo es visto como unelemento sobre el cual la estabilidad y proactividad social de una comuni-dad se cimentan. El decaimiento de la confianza entre vecinos, la falta derelaciones de vecindad y el debilitamiento de las redes de apoyo correnen paralelo desde esta aproximacin al aumento del temor y la violen-cia en los barrios populares. La interrelacin entre exclusin social ydeclive del capital social construyen barrios que marcan a sus habitantes,los estigmatizan como lugares de violencia y pobreza, situacin que esinternalizada y a su vez muy difcil de cambiar, tanto para los habitantesexternos, como para los residentes de un rea (Taylor, 2000; Forrest yKearns, 2001; Middleton, Murie y Groves, 2005).

A pesar de que el debate sobre el capital social no es nuevo, se dan en ladiscusin de polticas pblicas y en la literatura acadmica algunas vague-dades en su uso. Una de ellas apunta por un lado a su mayor utilizacin apartir de las intuiciones tericas que desde los hallazgos empricos, por loque se le atribuyen dimensiones y caractersticas que lo superan, no se ha


realizado una buena definicin de sus alcances reales en los procesoscomunitarios y societales (Middleton, Murie y Groves, 2005) y a la vezresulta confuso, pues se tiende a asociar con valores ticos, morales oculturales (Taylor, 2000). Por otro, existe cierto consenso en la literaturaen exaltar sus cualidades y despreciar sus caractersticas negativas (Por-tes, 1998). A ello se suman diversos problemas relacionados con falta deconsenso en la forma de cuantificar y medirlo (Krishna y Shrader, 1999;Fukuyama, 2001) y la complejidad para utilizarlo en el anlisis de comuni-dades en contextos de exclusin (Taylor, 2000).

Debido al uso extensivo que tiene la nocin de capital social, es necesariotener claridad como se entender en el marco del presente artculo, yaque el uso genrico del concepto puede despojarlo de su capacidad anal-tica y de intervencin social.

Quien primero utiliz la nocin de capital social fue Bourdieu (1985),definindolo como la suma de los recursos, actuales o potenciales, co-rrespondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen unared duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos mso menos institucionalizados (Bourdieu y Wacqant, 1995). Bourdieu tieneun acercamiento instrumental al concepto, centrndose en los beneficiosindividuales de la participacin grupal y la deliberada construccin desociabilidad para el aumento de este recurso (Portes, 1998). Segn esteplanteamiento, las redes sociales no son algo dado por naturaleza, sinoque deben construirse a travs de estrategias de institucionalizacin delgicas grupales. A su vez, se hace intercambiable con otros tipos decapitales, como el econmico o el cultural, y requiere de dicho intercam-bio para el aumento de su volumen.

Un segundo autor importante en la construccin de la teora del capitalsocial es Coleman (1990), quien plantea no es una sola entidad, sino unavariedad de entidades con dos elementos en comn: Todos consisten enalgunos aspectos de la estructura social, y facilitan cierta accin de acto-res ya sea personas o actores corporativos dentro de la estructura []el capital social es productivo, haciendo posible el logro de ciertos finesque no se podran haber logrado en su ausencia5. Esta conceptualizacinincorpora tanto los mecanismos que generan capital social, como las con-secuencias de adquirirlo y la organizacin social que provee el contextoen que recursos y efectos del capital pueden materializarse.

5 Traduccin propia.


Un tercer autor importante en la constelacin del capital social es elpolitlogo Putnam (1993), quien plantea una revisin del concepto yadescrito de Coleman (1990) a la luz de sus estudios sobre la accin colec-tiva, tradiciones cvicas y democracia en Italia. Para Putnam (1993), elcapital social se refiere a elementos de organizacin social, tales comola confianza, normas, y redes, que pueden mejorar la eficacia de la socie-dad por medio de facilitar acciones coordinadas6. El desarrollo de estecapital se realiza a travs de la sistemtica relacin cara a cara de indivi-duos que se asocian para actuar conjuntamente (Taylor, 2000). En la pers-pectiva de este autor, el uso del recurso aumenta su volumen en vez dedisminuirlo, y es solo la falta de uso la que permite su disminucin. Poresta razn, la construccin o disminucin de capital social est asociada aciclos virtuosos o viciosos, respectivamente. Por ltimo, el capital sociales un bien pblico, pues es un atributo de la estructura social en la cuallas personas o los grupos estn encajados7, y no un recurso exclusivo yprivado de quienes se benefician de l.

Siguiendo la sntesis formulada por Krishna y Shrader (1999), los enfoquessobre el capital social oscilan entre dos niveles de anlisis (Portes y Lan-dolt, 1996; Portes, 1998; Krishna y Shrader, 1999; Portes y Landolt, 2000;Hulme, 2000). Por un lado, en un nivel microsocial se enfoca el anlisishacia los individuos y pequeos grupos, con nfasis en las redes. Por otro,en un nivel nivel macrosocial, se centra el anlisis en un nivel institucio-nal, de cultura de la civilidad y orientacin democrtica en ciudades,regiones y pases.

En el contexto del presente artculo, entenderemos el capital social de laforma que Portes (1998) lo ha sintetizado, como la habilidad de indivi-duos o grupos para asegurar beneficios de la pertenencia a redes uotras estructuras sociales. Esta mirada pone nfasis en el carcter intan-gible del capital social, a diferencia del capital econmico o capital cultu-ral, pues los integrantes de una red o estructura social que lo poseandeben estar relacionados con otros y son esos otros los depositarios de lasventajas del recurso acumulado.

6 Traduccin propia.7 El vocablo usado por Putnam (1993: 170) es embedded, el cual ha sido traducido libremente

por encajado.


El lado oscuro del capital social

Una parte importante de los enfoques de capital social tienden a resaltarlas dimensiones positivas de la sociabilidad. Sin embargo, los mismos me-canismos utilizados por personas o grupos para generar capital social,pueden tener consecuencias menos deseadas. As como el capital financie-ro puede servir para comprar armas o favores polticos y el capital cultu-ral puede servir para la fabricacin de bombas terroristas, el capital socialpuede convertirse en un mal (Fukuyama, 2001). Es lo que comnmentese ha denominado el lado oscuro del capital social (Portes y Landlolt,1996; Taylor, 2000), haciendo referencia a las redes y estructuras socialesorientadas a la corrupcin o ilcitos en general. Estudios empricos handescubierto al menos cuatro consecuencias negativas del capital social:exclusin de los externos a un grupo o comunidad (Fukuyama, 2001; Wes-tern et al., 2005), restricciones a las libertades individuales, pretensionesexcesivas de los integrantes de un grupo y normas restrictivas8 (Portes,1998; Portes y Landlolt, 2000).

LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA EN BARRIOS URBANOS CRTICOS

En la actualidad es posible observar que junto a la presencia de variablesasociadas a contextos de exclusin y concentracin de indicadores dedesigualdad, muchos barrios en ciudades latinoamericanas enfrentan nive-les significativos de delincuencia y violencia, que en los ltimos veinteaos se han agudizado. As por ejemplo, un estudio realizado a tres gene-raciones de familias en favelas de Ro de Janeiro da cuenta de cmo lamarginalidad se ha profundizado en dichos sectores en los ltimos 30 aosy cmo el incremento de la violencia vinculada a la presencia de bandasde trfico de drogas ha incidido negativamente sobre dicha realidad, debi-litando las redes sociales y la capacidad comunitaria para enfrentar losproblemas (Perlman, 2006). En Chile, la violencia existente en diversosbarrios y las consecuencias sociales vinculadas llev a que el gobierno enel ao 2001 interviniera policial y socialmente en este tipo de territorios(Ministerio del Interior, 2004). Por otra parte, en Colombia, estudios mues-tran la presencia de diversos tipos de violencia presentes en barrios urba-nos empobrecidos en las cuales priman lgicas de carcter poltico, econ-mico y social. Moser y McIlwaine (2006), quienes realizaron un estudio en

8 La frase utilizada por Portes (1998: 8) es downward leveling norms, la cual ha sidotraducida libremente como normas restrictivas.


28 barrios en Guatemala y Colombia, dan cuenta tanto de la incidencia deeste fenmeno en vastos territorios, como tambin sobre su multiplicidadde manifestaciones. Al respecto, este estudio muestra que los diferentestipos de violencias se relacionan y refuerzan mutuamente en el territorioy agudizan las condiciones de vulnerabilidad y exclusin en que viven susvecinos.

Con el objeto de caracterizar la realidad en este tipo de territorios enmateria de violencia y delincuencia, nos parece til el marco de anli-sis que proponen las autoras. Para Moser y McIlwaine la violencia quese observa en estos territorios puede ser de carcter poltico9, institu-cional, econmico y social, segn cada contexto. Esta clasificacin sebasa en la dimensin instrumental de la violencia (Arendt, 1969), esdecir, a partir de la motivacin de quienes la ejercen no considerandosu tipo de manifestacin (verbal o fsica) o sus consecuencias (psicol-gica o fsica).

Si bien esta distincin sobre tipos de violencia es ms bien un ejercicioanaltico sobre la realidad, nos parece interesante y esclarecedor analizarla violencia presente en barrios crticos urbanos en la regin y especial-mente en Chile, a partir de esta mirada.

La violencia de carcter institucional

Este tipo de violencia se relaciona con aquella cometida por institucionesdel Estado o por agencias del sector privado. Moser y McIlwaine apuntan auna violencia que tiene como objetivo obtener o mantener poder institu-cional de manera individual o colectiva sobre otros individuos o grupos,a la cual es posible asociar: asesinatos en manos de fuerzas de seguridad;actos de limpieza por parte de la comunidad o por agencias militares oparamilitares; linchamientos, abuso de agencias policiales o bien por par-te de agentes sociales como doctores, profesores, etc.

En Amrica Latina, en muchas realidades nacionales urbanas es posibleobservar la violencia ejercida ya sea por instituciones de orden y seguri-dad, como la polica y/o Fuerzas Armadas, o bien por instituciones vincu-ladas a agencias semiprivadas o privadas de seguridad, como es el caso degrupos paramilitares (Ro de Janeiro, So Paulo, Medelln, entre otras) y o

9 Para efecto de este artculo no se ha considerado este tipo de violencia, dada la pocaincidencia que presenta en el contexto chileno.


comunidades organizadas en linchamientos (Guatemala, Honduras y Cen-troamrica) (Vela, Sequn-Mnchez y Solares, 2001).

Para el caso chileno, y en especial de la ciudad de Santiago, si bien estetipo de violencia muestra caractersticas particulares que lo alejan de larealidad regional y en materia policial no se compara a los niveles quepresentan otros pases10, es posible sealar que an tras la instauracin dela democracia y la promulgacin de la Ley de Derechos del Detenido en1998, las crticas no se han acallado totalmente. Un estudio realizado porClaudio Fuentes indica que las denuncias por abusos policiales presentadasa fiscalas militares han continuado aumentando (Fuentes, 2000). Estarealidad se constata en la opinin que emiten vecinos de algunos barriosurbanos crticos, los que manifiestan una sensacin de discriminacin ymaltrato verbal y a veces fsico por parte de estas instituciones (Universi-dad Alberto Hurtado, 2004b; ONG Cordillera, 2005a). Asimismo es posibleidentificar en los diferentes diagnsticos cualitativos realizados, el recla-mo permanente por la falta de vigilancia policial y el trato indiferente opoco diligente de las fuerzas policiales cuando ellos les requieren (Univer-sidad Alberto Hurtado, 2006C).

En este mismo sentido, hemos considerado en este tipo de violencia, bajola figura de discriminacin, la baja eficacia en la respuesta judicial quereciben vecinos de estos territorios, a partir de la misma sensacin derevictimizacin que ellos manifiestan al referirse al sistema de Justicia.Este tipo de accionar por parte de las instituciones encargadas del sistemade control ha llevado a aumentar significativamente la no denuncia de loshechos delictuales y la desconfianza hacia estas instituciones por parte delos grupos socioeconmicamente ms vulnerables.

Al respecto, Eissmann y Lunecke (2005) sealan en base a la realidad de lazona sur de Santiago que uno de los servicios que se destacan por su bajacalidad en la percepcin de los pobladores, son los asociados al accionarde las policas y la justicia. Debido a la falta de recursos y la necesidad depriorizar la respuesta a las denuncias y llamadas, los vecinos acusan unafalta de presencia y patrullaje de carabineros, as como filtracin deinformacin y denuncias hacia los propios delincuentes. Dammert al res-pecto agrega que en Chile la desconfianza se centra en la justicia que es

10 La evaluacin de las Policas y en especial de la Polica de Carabineros es bastante positivaexpresndose a travs de niveles muy altos de confianza por parte de la poblacin (Frhling,2004).


representada en la figura de puerta giratoria por donde entran y salenvictimarios con facilidad. Por otra parte la confianza hacia la Polica deCarabineros es bastante positiva, diferenciando al pas respecto de larealidad en la regin. Sin embargo, esta percepcin decae de manerasignificativa en sectores populares donde el servicio policial es percibidocomo lento e inefectivo (Dammert, 2005). Por ejemplo, un estudio reali-zado en tres villas de las comunas de La Pintana y La Granja muestra quela relacin con estas instituciones en el tiempo ha llevado a que segenere una desconfianza por parte de la comunidad hacia ellas (Universi-dad Alberto Hurtado, 2006a).

De esta forma se puede observar en la percepcin de los vecinos lafigura de la impunidad del delito y la imagen del traficante o delincuen-te que hace lo que quiere, lo que refleja la percepcin de que la justiciaes ineficiente y en algunos casos corrupta. Ello ha llevado a quevecinos no crean en este tipo de sistema y opten por vas alternativas,como el individualismo para no enfrentar este tipo de problemas, elabandono de los lugares de residencia, la desconfianza como norma deconducta con sus vecinos, o bien la validacin de la violencia (ONGCordillera, 2005a).

Violencia de carcter econmico

Este tipo de violencia se relaciona con muchas actividades ilegales y delic-tivas que se desarrollan en los barrios y que se orienta a lograr o mante-ner el poder econmico (orientacin econmica). Expresin de ella es laviolencia vinculada a bandas organizadas o agentes delictivos individualescomo: secuestros, venta de armas, trfico de migrantes, trata de perso-nas, trfico de drogas, en algunos casos la violencia entre pandillas, hur-tos, robos a autos, asaltos o intimidacin a personas. Para la regin, lainformacin relativa a victimizacin, delitos y violencia dan cuenta decmo en diversas ciudades este tipo de violencia presenta niveles signifi-cativos en barrios desaventajados11.

Los estudios sealados realizados en Chile evidencian que en estosterritorios la droga se encuentra presente en todos los espacios delbarrio, tanto a nivel de consumo como de trfico, ya que por una parte

11 En Colombia y Guatemala (Moser y Macilwaine, 2006), en Brasil, Ro de Janeiro (Soares, Bill,Athayde, 2005; Perlman, 2006) y So Paulo (Caldeira, 2000), Buenos Aires (Saravi, 2004 yWacqant, 2001) y Santiago, Chile (Eissmann y Lunecke, 2005; Lunecke-Ruiz, 2006; Universi-dad Alberto Hurtado, 2004-2005-2006) lo evidencian.


se realiza en espacios pblicos, y por otra, los vnculos con personasconsumidoras y/o traficantes son extendidos. Los problemas asociados alconsumo se vinculan principalmente a hechos de violencia, reflejados engrupos consumidores que cometen este tipo de actos, como los asaltan-tes conocidos como angustiados que cometen delitos para poder com-prar drogas. Este tipo de actores tambin son aquellos que han ocupadolos espacios pblicos que han sido abandonados paulatinamente por lacomunidad.

Respecto al consumo de drogas se puede establecer que se vincula princi-palmente al consumo de pasta base y de alcohol, asociado fundamental-mente a jvenes y a hechos de desorden en los espacios pblicos, falta decuidado de la poblacin y hechos delictuales, que les permiten tener elpoder adquisitivo para solventar el consumo (CED, 2002). Algunos proble-mas asociados al consumo de la droga son la desocupacin, la desercinescolar y la falta de redes de apoyo.

Por otra parte, y en relacin al trfico de drogas, es posible inferir queel alto temor que presentan los estratos socioeconmicos ms bajos estrelacionado a la presencia de redes de trfico en aquellos sectores don-de existe presencia de narcotraficantes locales en el espacio pblico.Este tipo de grupos se vinculan, en la mayor parte de los casos, a bandasarmadas, siendo el uso de amenazas a los vecinos una de las prcticasms habituales orientadas a mantener la impunidad y el control delterritorio. La presencia de estas bandas genera desde peleas y riascallejeras entre consumidores, hasta balaceras entre bandas que se dis-putan los territorios para su comercializacin o bien, que rinden cuen-tas entre ellas. De esta forma, la inseguridad de los vecinos tiende aaumentar en la medida que tienen una observacin directa y permanentede los hechos delictuales.

As, el espacio pblico en barrios desaventajados representa por un ladoel locus donde tienen lugar los encuentros, interacciones y relacionessociales locales y por otro, el clima de seguridad o inseguridad, violenciao amistad, reconocimiento mutuo o indiferencia que moldea el tipo deinteracciones y relaciones que se construye a nivel comunitario.

Un diagnstico reciente realizado por la Universidad Alberto Hurtado entres villas de la zona sur de Santiago, muestra que en la descripcin delcontexto social de las villas, los pobladores resaltan la alta presencia dedrogas, tanto para su trfico como por su consumo, lo que se constituyeen un fuerte riesgo para el desarrollo y formacin de los nios y jvenes


de la poblacin, as como para la tranquilidad y seguridad de la misma(Universidad Alberto Hurtado, 2006a). La presencia del fenmeno causaaltos niveles de inseguridad en estos territorios y para los vecinos, lo queconstituye el principal problema de preocupacin diaria. Esto es extendi-do, a juicio de Rodrguez y Sugranyes (2004), en conjuntos de viviendasocial, en especial los situados en grandes concentraciones homogneasde este tipo de solucin habitacional. De esta forma, el principal proble-ma que enfrentan estos barrios se relaciona con el trfico de drogas quecausa altos niveles de temor en la poblacin.

Asimismo, se observa que los asaltos, hurtos y robos a las personas y a lapropiedad ocupan tambin un lugar importante dentro de los problemasidentificados por los vecinos. Sin embargo, y como ha sido sealado, es eltrfico de drogas sin duda, el principal problema en estos sectores, gene-rando diversos tipos de impactos negativos a nivel microsocial (Lunecke yRuiz, 2006).

Violencia de carcter social

La violencia social se refiere a aquella violencia orientada a mantener oalcanzar poder al interior de una relacin interpersonal. Dentro de estacategora es posible observar aquella violencia que ocurre al interior delhogar (la violencia sexual entre adultos, abuso fsico o psicolgico entreadultos, abuso infantil, violencia hacia adultos mayores) y violencia quese da en el espacio pblico (violencia entre pandillas juveniles que sedisputan dominios territoriales, violencia asociada a rencillas o peleascallejeras o vinculadas a problemas de convivencia) (Moser y McIlwaine,2006).

En Amrica Latina este tipo de violencia es extendida a los diferentessegmentos de la sociedad, causando quizs un mayor impacto negativosobre las relaciones sociales que se establecen en barrios de exclusinsocial. Respecto a la violencia que existe en el espacio pblico, la violen-cia asociada a las maras en Centroamrica, o a pandillas juveniles enBrasil constituye hoy uno de los principales problemas de la regin (Van-derschueren et al., 2004). Asimismo, a nivel microsocial, vasta literaturapermite evidenciar los conflictos vecinales y existencia de peleas calleje-ras que se vinculan a problemas de convivencia en el espacio pblico(Sarav, 2004). En trminos de violencia intrafamiliar la informacin exis-tente para la regin tambin entrega cifras alarmantes (Smaoun, Fernn-dez y Campos, 2005).


Para el caso chileno, la informacin basada en registros policiales mues-tra que en numerosos barrios localizados en la periferia de Santiagoexiste una importante concentracin de denuncias por violencia intrafa-miliar, dando cuenta con ello de la significativa extensin del fenmenoen las familias (Candina y Lunecke, 2007). Junto a ello, un estudio quecruz informacin georreferenciada de conjuntos de vivienda social conlas denuncias de violencia en la ciudad, arroj como resultado que loslugares con mayor concentracin de denuncias de violencia intrafamiliaren Santiago coincide con la cantidad de viviendas sociales analizadas(Rodrguez, 2005).

Asimismo, los diversos diagnsticos analizados dentro de las causas queexplican los altos niveles de violencia y delincuencia en este tipo debarrios, dan cuenta de la situacin que enfrentan las familias y losobstculos que tienen para entregar una socializacin adecuada a losmenores. As lo evidencia el estudio realizado en la poblacin SantaAdriana:

Las familias de la poblacin presentan lo que algunos expertoshan llamado estrs parental. Es decir, ms all del tipo de es-tructura familiar predominante (monoparental - biparental - mlti-ple), lo que ms incide sobre el comportamiento violento de losnios es el estrs al cual est sometida su familia, ya sea por faltade ingresos, baja autoestima de las madres, alcoholismo en lospadres, dificultades educativas del rol paternal, etc. Estas carac-tersticas permiten explicar el nivel de violencia intrafamiliar exis-tente y la sociabilizacin de los menores con grupos ligados alconsumo y venta ilegal de drogas (Universidad Alberto Hurtado,2004b).

Por otra parte, la realidad de las escuelas tambin presenta, en muchoscasos, situaciones de violencia importante. Aun cuando no existe informa-cin desagregada a nivel barrial, un estudio realizado por el Ministerio deInterior de Chile, sobre la prevalencia de la violencia escolar a nivelnacional, da cuenta de una alta incidencia de este fenmeno al interior demuchos establecimientos educacionales ubicados en las comunas ms po-bres de dichos sectores (Universidad Alberto Hurtado, 2006c). De estaforma, las amenazas, las peleas a gritos y a golpes, las reacciones violen-tas frente a otras agresiones similares, etc., son prcticas presentes en lasrelaciones sociales al interior de los hogares y de los establecimientoseducacionales.


As, es posible establecer que cuando hablamos de violencia en este tipode barrios, se invoca ms la idea de un estado de permanencia o, por lomenos, cotidiano, pero no un estado de excepcin. La violencia est insta-lada en las relaciones cotidianas, vnculos sociales y en los espacios pbli-cos y comunitarios. Asimismo, en muchos casos, los espacios privados sehan deconstruido, siendo resignificados como espacios en crisis que notransmiten confianza, sociabilizacin positiva o solidaridad. Ello, en algu-nos casos, ha permitido generar un estado de normalidad que instala laviolencia y la delincuencia en el discurso social de los vecinos de unbarrio, quienes han comenzado a asumir dichos fenmenos de maneranatural.

CAPITAL SOCIAL EN BARRIOS CRTICOS

Como espacio de trnsito entre lo privado y lo pblico, el barrio es esce-nario de la creacin y recreacin del tejido social de las comunidades. Enl se generan pautas de convivencia relacionadas con la forma de sociabi-lidad, comunicacin y transformacin de la vida cotidiana y el espacio, derelacionarse y de crear una territorialidad definida (Buraglia, 1998). Paralograr esta territorialidad se generan relaciones sociales especficas, untejido de confianza y respeto mutuo para cuando la vecindad las necesite(Aguirre y Nogales, 2005).

Algunos autores han destacado la existencia de un capital social comunita-rio y barrial, entendido como las estructuras que conforman las institucio-nes de cooperacin grupal (Durston, 1999). Este enfoque de capital socialbarrial apunta a los objetivos y metas comunes de los habitantes de unbarrio y de la capacidad del grupo para gestionar decisiones que permitanlograrlos. El capital social barrial tambin apunta a la estructura de opor-tunidades que una persona puede obtener por la socializacin que haobtenido en un barrio determinado y la imagen que proyecta en los habi-tantes de otros barrios (Forrest y Kearn, 2001).

En el caso de los barrios vulnerables de las metrpolis latinoamericanas,se pueden distinguir dos lneas de relacin entre el capital social y laviolencia: por un lado, la violencia y delincuencia producen el debilita-miento del capital social comunitario, y por otro, los mismos mecanismosutilizados por personas o grupos para generar capital social pueden tenerconsecuencias negativas. Estamos, por lo tanto, ante la presencia de unadisminucin del capital social comunitario y frente a la consolidacin de


un capital social perverso, que se cristaliza en la violencia asociada a laspandillas y trfico de drogas.

Dentro de la primera lnea argumental, el aumento de la criminalidad y laviolencia erosiona el capital social y el control social por parte de lacomunidad, debilitando los lazos y vnculos entre los pobladores de dichosbarrios. Una situacin de este tipo ha planteado Perlman (2006) en lasfavelas de Ro de Janeiro, en Brasil, donde la marginalidad en la que vivensus habitantes se relaciona en los ltimos 35 aos con el estigma de laviolencia basada en el trfico de drogas, el incumplimiento de los gobier-nos democrticos de incorporarlos a los beneficios del crecimiento y conla falta de oportunidades laborales y educacionales. Dicha situacin hagenerado una disminucin del capital social comunitario en las favelas,transitando estas desde el mito de la marginalidad a una realidad concretaque viven sus habitantes (Perlman, 2006).

A su vez, los diagnsticos realizados en diversas poblaciones crticas deSantiago de Chile arrojan una importante disminucin del capital socialcomunitario respecto del pasado, ya que muchas de ellas nacieron en unproceso de alta participacin y solidaridad y debieron organizarse paralograr el desarrollo o satisfaccin de las necesidades que han considera-do indispensables. Hoy la participacin en redes de sus habitantes esbaja y las organizaciones existentes se caracterizan por responder aintereses especficos sin vinculacin entre s, la atomizacin de la orga-nizacin y movilizacin social y el bajo impacto de su accin (ONG Cordi-llera, 2005a). A su vez, se experimentan altos niveles de desconfianzaentre los vecinos y una tendencia creciente a velar por los interesespropios, desconfiando de la accin del otro, y enfocndose solo en loslogros particulares. De este modo, se produce una parcelacin de lasorganizaciones y disminuye la capacidad de accin coordinada. Es lamisma comunidad la que se divide e imposibilita su coordinacin, pro-ducto de la instalacin de una desconfianza permanente. Por otra parte,la presencia de traficantes en todas las esferas sociales del sector, confi-gura un escenario permanente de desconfianza de los otros, producto dela inseguridad frente al hecho de decir algo en contra los grupos denarcotrfico.

Por otro lado, los economistas Lederman, Loayza y Menndez (2000) hanplanteado que algunos componentes del capital social, especficamenteel referido a confianza en miembros de la propia comunidad, tienencomo efecto reducir la incidencia de crmenes violentos. Esto sucede enprimer lugar debido a que el capital social reduce los costos sociales de


transaccin, con lo que se permite la resolucin pacfica de conflictos alinterior de las comunidades. Adems, las comunidades con lazos fuertesestn mejor equipadas para organizarse autnomamente contra lo que lateora econmica llama los free rider de la accin colectiva.

Otra forma en la que se expresa el capital social son sus consecuenciasnegativas. Este tipo de capital social negativo se da en grupos que cimen-tan sus solidaridades en pautas contrarias a las normativas generales deuna sociedad. Dichas pautas se generan, aunque no exclusivamente, a lolargo de generaciones, entre grupos con escasa movilidad social y altadiscriminacin exterior. Diversos estudios en poblaciones intervenidas porel programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior en Chile, dan cuentade dicha situacin (Universidad Alberto Hurtado, 2004a; ONG Cordillera,2005b; Eissmann y Lunecke, 2005; Lunecke y Ruiz, 2006).

La violencia experimentada en barrios como Santa Adriana y Jos MaraCaro se relaciona con largos e intensos procesos de exclusin social yestigmatizacin de sus habitantes, as como de una cultura antisistmica yviolenta desde la fundacin de dichos barrios, procesos que se vieronreforzados por la violencia poltica experimentada en Chile durante ladictadura militar. En particular poblaciones como Jos Mara Caro o LaVictoria se convirtieron en bastiones de resistencia popular y espacios almargen del sistema, por lo que sus habitantes fueron objeto de una inten-sa y violenta represin poltica, etiquetndolos como lugares peligrosos,violentos y descontrolados. Ese estigma se ha mantenido.

A partir de la legitimacin de una cultura al margen, donde no entraningn extrao, los grupos de trfico de drogas se organizaron de los 90 enadelante, a partir de bandas de trfico y delincuencia que eran anterioresa esa poca y que incluso se remontan a los inicios de los barrios (ONGCordillera, 2005c). Las bandas de trfico de drogas generan una estructuraque define roles especficos, cada uno de los cuales se sita dentro de unajerarqua formal (Universidad Alberto Hurtado, 2004a) y donde se utilizanlas redes sociales presentes en la poblacin para reclutar integrantes ymanejar el trfico, as como para mantener un bajo perfil de la actividad,ya que utilizan las solidaridades y lealtades propias de quienes han pade-cido similares experiencias de estigmatizacin y violencia.

Estas organizaciones se ordenan en escalafones donde la categora msalta es la de guardaespaldas, excluyendo el crculo familiar prximo, sonellos quienes gozan de la confianza directa de los lderes. Por lo generalcorresponden a amigos de infancia (o compadres), jvenes que se han


ganado un lugar al interior de la banda o familiares ajenos al ncleo mscercano de padres, hijos y hermanos. Entre bandas rivales el hecho de quelos guardaespaldas figuren como amenazados de muerte constituye unaprctica habitual. Las pugnas, venganzas y el recuerdo de episodios desangre radicalizan la sensacin de inseguridad y temor en los vecinos. Porlo general son amenazas, disparos al aire, a las casas de los rivales y en elpeor de los casos a partes del cuerpo que no son vitales (UniversidadAlberto Hurtado, 2004a).

Luego de los guardaespaldas, estn los llamados soldados. Son quienesrealizan el trfico, por lo general, corresponden a muchachos jvenescuyas edades fluctan entre los 12 y 30 aos, quienes han dado muestrasde lealtad hacia la banda. Tambin manejan armas aunque en un nmeroms reducido y menos sofisticado. El rol de soldado es a tiempo completo,no obstante, existen vecinos que espordicamente han participado de laventa de alguna droga. La figura ms baja dentro del escalafn son loszombis y sapos. En su mayora corresponden a muchachos jvenes a quie-nes se les entrega un aporte por vigilar la poblacin, dando cuenta de lapresencia de carabineros, la de algn integrante de la banda rival o detec-tar alguna persona extraa que pueda ser sospechosa. Ellos no portandroga, solo acceden a ella cuando concretan transacciones y es otro inte-grante de la banda quien se las entrega. Como el resto de los integrantes,portan armas para solucionar cualquier inconveniente que pueda surgircon los posibles compradores. Estos personajes por lo general son droga-dictos, tambin conocidos como angustiados, que realizan esta actividad acambio de dinero efectivo para comprar drogas, o que derechamente seles paga a travs de cantidades de drogas. Ambos cumplen las mismasfunciones, por lo que sapos y zombis puede ser la misma persona, ladiferencia est en que la figura del zombi vigila el sector asignado duran-te toda la noche y por lo general corresponde a drogadictos con unaaltsima dependencia. Al igual que los otros integrantes de la organizacindelictual, zombis y sapos, son muchachos que han nacido y crecido en lapoblacin. Esta situacin genera lazos cruzados de parentesco y cercana,pues no hay vecino en el barrio que no tenga un familiar cercano, unamigo o un conocido de toda la vida implicado en la banda (ONG Cordille-ra, 2005c).

A partir de lo descrito es posible sostener que la organizacin y estructu-ra de las bandas de narcotrfico en Santiago de Chile utilizan todos loselementos mencionados como componentes del capital social, poseen unsustrato de normas compartidas, en una red social legitimada por susintegrantes y con niveles de certeza y confianza en el comportamiento


del otro, as como de los externos a la red. Todos estos esfuerzos, sinembargo, se orientan hacia acciones ilcitas y que en ltimo trmino vanen una direccin contraria a la corriente principal de las normas socia-les. A su vez, dicha estructura se encaja sobre las formas de organiza-cin y normas compartidas anteriores, es decir, del capital social comu-nitario de los 80.

Una situacin similar en cuanto al surgimiento de subculturas al mar-gen en espacios de exclusin ha planteado (Sarav, 2004) para barriosen el Gran Buenos Aires. En los enclaves de pobreza estructural, elcontrol del espacio pblico emerge como un factor determinante demltiples desventajas para la comunidad: aislamiento social, fragmenta-cin interna y empobrecimiento de la cartera de activos de los hogares.Los jvenes se apropian del espacio pblico e imponen una cultura de lacalle con normas y prcticas propias, lo que configura un entramado dedesventajas que acta como motor de la exclusin para estos enclaves ysus habitantes.

La experiencia histrica en estas comunidades permite la emergencia devalores contrapuestos a la cultura societal y una solidaridad basada en laexperiencia comn de subordinacin. Una vez puesta en marcha, estanormativa contribuye poderosamente a mantener la situacin que la hizoaparecer (Portes, 1998). Es relevante en este punto hacer notar que elcontrol social se halla en el centro mismo del fenmeno de acumulacinde capital, pero sus efectos ya no son los deseados y de ser un bien, pasaa ser un mal comn. La mafia, redes de prostitucin, pandillas y bandasde narcotrfico son ejemplos concretos y palpables de este efecto negati-vo del capital social (Portes, 1998; Taylor, 2000).

CONCLUSIONES

El aumento de la delincuencia en la mayora de los pases democrticos vaacompaado de un fenmeno de generacin progresiva de reas en lascuales el derecho y las normas de convivencia pierden su eficacia. Estosbarrios se encuentran en grandes ciudades de Estados Unidos, Canad,Europa y Amrica Latina; son considerados como barrios peligrosos porquegeneran temor en el imaginario urbano y quienes viven en ellos sufrendiscriminacin y estigmatizacin social.

En Chile, estos lugares han sido llamados barrios crticos y algunos deellos han sido intervenidos por el Ministerio de Interior y actualmente


por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La importancia de interveniren estos barrios deriva de la creciente erosin de lazos y vnculos socia-les en ellos, con la consiguiente prdida del recurso acumulado por sushabitantes durante dcadas de organizacin, trabajo comunitario debase y el uso extensivo de redes fuertes y dbiles. Todos estos elemen-tos, componentes centrales del capital social, se han visto disminuidosdesde los 90 en adelante, en gran medida producto de la violencia quese vive en su interior y la creciente importancia del lado oscuro delcapital social, asociado al narcotrfico y el consumo de drogas. Adems,el impacto que estas reas tienen sobre los habitantes que all viven,como sobre la difusin progresiva de reas de impunidad para delincuen-tes organizados, tambin hace necesarias acciones de revitalizacin so-cial en ellas. La relevancia de estas intervenciones cobra sentido en elimpacto que tienen estas zonas de relativa impunidad sobre jvenesque son progresivamente llevados al trfico de drogas y manipulados poradultos al servicio del narcotrfico, con poca posibilidad de salir deeste negocio.

La experiencia internacional en esta materia evidencia que las interven-ciones exitosas son aquellas de carcter integral, que mezclan dicotomascomo prevencin versus control, intervencin fsica versus movilizacincomunitaria, participacin top down (desde arriba) versus participacinbottom up (desde abajo), y con acciones planificadas e implementadasfocalizadamente por varias instituciones, entre las cuales las policas jue-gan un papel importante. Asimismo, son intervenciones que se planteanresultados en el mediano y largo plazo, puesto que se trata tanto deacciones orientadas a generar oportunidades reales de acceso econmico(mercado laboral), como tambin a reconfigurar el tejido comunitario y lainteraccin social.Sin embargo, la intervencin exitosa en estos contextos es muy difcil. Elsolo hecho de denominar intervencin a las acciones emprendidas por elEstado o las ONG en los barrios crticos, refuerza el etiquetaje, el estigmay la exclusin social que han experimentado sus habitantes desde hacemucho tiempo. A su vez, no todos los barrios populares, o en contextos deexclusin, viven el mismo fenmeno. Es imposible pensar en todos losbarrios pobres y perifricos como barrios crticos, sin embargo, muchos deellos se encuentran en transicin y unos pocos han alcanzado los nivelesdescritos. Cmo distinguir entre barrios en proceso de transicin, dondehay microtrfico y consumo de drogas, de aquellos barrios donde el narco-trfico se ha consolidado?; cmo disear entonces programas exitosospara revertir los problemas de violencia y exclusin de estos barrios?;


sobre qu claves se deben realizar estas acciones para que sean sustenta-bles en el tiempo, transversales a la multicausalidad que la genera yviable para los tiempos polticos de las administraciones comunales y na-cionales?Un elemento que debe ser considerado de forma independiente a lasconsideraciones temporales de los esfuerzos desplegados, es el combate allado oscuro del capital social que lentamente se ha ido acumulando enestos espacios. Hoy en da se hace prioritario despertar el capital socialcomunitario que se ha diluido y que en muchas ocasiones permiti elorigen y consolidacin de estos barrios. El fomento de la proactividad, elesfuerzo solidario y comn, y la participacin bottom up, es decir, desdelos vecinos y vecinas, debe ser reenfocada.En el despliegue de los capitales de la sociedad contempornea, el capitalsocial es el activo ms importante con el que cuentan las comunidades encontextos de exclusin y violencia y es necesario cuidarlo y protegerlo deprocesos perversos que lo dilapidan y lo transforman, para dotar de unaluz de esperanza en una mejor calidad de vida a los pobladores de lasmetrpolis latinomericanas.

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