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Un día no regresaron. Se los lle-varon a la fuerza o mediante en-gaños. Su paradero es un enigma. Las autoridades no los buscan o fingen hacerlo. Existen 5 mil per-sonas desaparecidas cuyos casos se han documentado en todo el país, pero pueden ser más. Las siguien-tes son siete historias de víctimas del efecto del combate al crimen organizado y el enfrentamiento de grupos rivales.

texto: Majo Siscar Banyulsfotos: Raúl Ibañez

¿Dónde están?

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Pero no son meros núme-ros, cada uno de ellos tiene un nombre, un rostro y una familia que los sufre y los busca. Pero, ¿por dónde? ¿A dónde van los desaparecidos? A engrosar las fi-las del narco, a redes de trata, o tal vez a una muerte anónima. Con el disparo de la violencia a partir de la mal llamada gue- rra contra el narcotráfico emprendi-da por el presidente Felipe Calde-rón en 2006, nos acostumbramos a las balaceras, las extorsiones, los secuestros y últimamente a las fosas clandestinas. Primero empezaron a aparecer de cuatro a cinco cuerpos, enterrados en terrenos baldíos o en patios trase-ros de casas de seguridad. Ahora un hallazgo así no merece más

que unas cuantas líneas en la sec-ción policiaca. El año pasado nos escandalizamos por el hallazgo de 55 cadáveres en el respiradero de una mina abandonada en Tax-co, Guerrero. En 2011, las cifras se multiplicaron exponencialmen-te. Ciento 83 cuerpos sin vida se encontraron en abril en 40 fosas de San Fernando, Tamaulipas. Y más recientemente, han exhu-mado otros 223 en Durango. Jun-to a cada uno de estos despojos también se ha desenterrado la anormalidad cotidiana que vive este país: masacres diarias, la bar-barie de los grupos criminales, la complicidad de muchos funciona-rios públicos, y las privaciones de libertad masivas.

Para las organizaciones de familiares el Estado es responsa-ble último de las desapariciones, porque no es capaz de asegurar la integridad de los ciudadanos. Para José Rosario Marroquín, di-rector del Centro de Derechos Humanos Agustín Miguel Pro Juárez, entran en la calificación de desapariciones forzadas por-que “hay muchísimas compli-cidades entre los delincuentes y las autoridades, como se ha demostrado en el caso de los secuestros a migrantes, por ejemplo. El patrón de actuación en las desapariciones de ahora y en las de la Guerra Sucia es exactamente el mismo y la im-punidad se repite”.

Sea como fuere, la Procura-duría General de la República no solo es incapaz de proteger su vida sino que una vez es de-nunciada una desaparición no resuelve los casos, que permane-cen años sin resolver, alargando el dolor de las familias. Es una espera perenne, con la vacilación de no saber qué habrá pasado

con sus seres queridos, que pa-recen suspendidos en el tiem-po, en un limbo entre la vida y la muerte. Un rosario de dolor e incertidumbre donde se repite la impunidad.

Las siguientes son siete his-torias de las 5 mil 397 personas reportadas como desaparecidas por la CNDH. El 79 por ciento son hombres. Y suelen ser las mujeres, como éstas, las que los

buscan. Mujeres que se sobrepo-nen al dolor para exigir justicia. Siguen a la espera.

I. Guadalupe Ríos le ruega a Dios que le devuelva a su hija y a su nieto porque ya se cansó de exi-gírselo a las autoridades. Toda su familia los busca desde fina-les de septiembre. Julia Velázquez Ríos viajó a Reynosa a traer mer-cancía para la tienda que regenta-ba en Tula, Hidalgo. Su sobrino,

Miguel Ángel Criollo, de 20 años, el hijo menor de su hermana Angélica la acompañó para que no manejara sola. La noche del 25 de septiembre Julia habló con su marido para avisarle que ya estaban en carretera y que, a más tardar, a las 9 o 10 de la mañana estarían en casa. Nun-ca llegaron. El esposo de Julia denunció la desaparición, solicitó formalmente ver las grabaciones de los peajes de las carreteras, sin conseguirlo, y durante cinco meses recorrió caminos y pue-blos desolados. En todos lados

la misma respuesta de los fun-cionarios: “no es la única, hay cientos de desaparecidos”. La incertidumbre los está matando. Ahora esperan los resultados de las pruebas de ADN que se hizo su hija Angélica en el Semefo para ver si están entre los 183 cadáveres desenterrados en las 40 fosas clandestinas encontra-das en San Fernando, Tamauli-pas. “Queremos que estén vivos, pero si no, al menos que les podamos dar sepultura”, alcanza a esbozar Guadalupe con el dolor escurriéndose por los ojos.

Los días se vuelven gri-ses, pesambrosos. El cora-zón se les encoge cada vez que suena el teléfono, a la espera de volver a escu-char la voz del ser querido o a alguien con noticias suyas, aunque sea pidiendo un rescate. Pero los hijos e hijas, nietos o esposos de los que esperan esa llama-da que nunca llega, no han sido secuestrados. Nadie pi-dió dinero por ellos. Nadie los ha vuelto a ver. Salieron un día a trabajar o a cla-ses o a la tienda. Y nun-ca regresaron. Son más de 5 mil las personas que fue-ron reportadas como desapa- recidas en México entre 2006 y 2011, según la Comi-sión Nacional de Derechos Humanos. Podrían ser más, el miedo a denunciar de algunas personas hace que muchos se hayan esfumado incluso, de las estadísticas.

“Hay muchísimas complicidades entre los delin-cuentes y las autoridades, como se ha demostra-do en el caso de los secuestros a migrantes, por

ejemplo. El patrón de actuación en las desapa-riciones de ahora y en las de la Guerra Sucia es

exactamente el mismo y la impunidad se repite”

Olga Esparza busca a su hija Mónica Janeth Alanís Esparza, quien desapareció en Ciudad Juárez en 2009. Fotos de personas desaparecidas que son mostradas a legisladores. Y Ofelia Castillo muestra imágenes de su hijo, Edgar Humberto Quesada, privado de su libertad siendo policía en Zacatecas.

foto: afp

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II. Las desapariciones, los asesinatos, las extorsiones, los cobros de cuota y los robos llegaron sorpresivamen-te a Coahuila en los últimos años. Pedro Ramírez supervisaba junto a su sobrino, Armando Salas, las maquinitas de videojuegos de la Comarca Lagunera. Cada día reco-rrían las colonias de Gómez Pala-cio, en Durango, y Torreón y Mata-moros, en Coahuila, para vaciar el dinero de las consolas. Anotaban minuciosamente cada operación para no tener problemas con el patrón. Pero, poco a poco, se puso feo. Cada vez era más frecuente encontrar maquinitas abiertas y sin dinero, ante las cuales los tenderos

comentaban que “la delincuencia aumenta por estos rumbos”. El 12 de mayo de 2008, los delincuentes no solo se llevaron la caja, de ellos tampoco dejaron rastro. A los cinco meses, encontraron su camioneta en San Pedro, a 60 kilómetros de Torreón, donde vivían. La madre de Pedro y abuela de Armando, Romana Ortiz, ha desfilado por to-das las procuradurías, organismos de Derechos Humanos, hospitales y morgues, sin obtener respuesta. Cada vez que desentierran una fosa por la zona, ahí está. Por si acaso. Aunque ella confía en que están vivos, y que “los tiene trabajando el gobierno, es el mismo gobierno”, reitera desconsolada.

III. María del Carmen Carlos co-noce bien los bajos fondos de Saltillo. Durante muchas ma-drugadas recorrió los antros, las esquinas y las colonias para repartir la foto de su marido con sus datos personales en-tre narcomenudistas, halcones, y malandros de todo tipo. A las pocas semanas, un joven le dio un mensaje de alguien que se hacía llamar el Coman-dante de Los Zetas: “Hábleme para ayudarla con lo de su ma-rido”, había escrito junto a un número de teléfono. María del Carmen no lo dudó un instante. Al contestar, una voz masculina le dijo que ya había revisado

cuatro casas de seguridad y que ellos no lo tenían, que pregun-tase a la Marina. Rafael Ibarra fue secuestrado el pasado 2 de abril mientras vendía golosinas y toques eléctricos en el porche de la Hacienda de Don Mo-desto, un restaurante de Ramos Arizpe, en la periferia de Sal-tillo. Cuatro hombres armados bajaron de una camioneta blan-ca del año, lo golpearon y se lo llevaron, ante la mirada atónita de la clientela del lugar, que lo conocía bien. Rafael lleva-ba años vendiendo en la zona y además, al acabar la venta, cambiaba la caja de cartón por el sermón, pues era pastor en una iglesia cristiana.

IV. Esa impunidad ya ha costado la vida de 12 campesinos y la desaparición de otros seis en la comunidad purépecha de Che-ran, Michoacán en los últimos dos años. Ahí, los talamontes aprovecharon una división inter-na del pueblo a raíz de las últi-mas elecciones municipales para entrar en los bosques comunales y robarles la madera. El crimen organizado se percató del nego-cio ilícito de la tala de árboles y quiso su rebanada del pastel. Los hampones ocuparon las en-tradas a los bosques y empezaron a cobrar mil pesos por cada ca-mión de madera que sacaran los talamontes.

Cuatro hombres armados bajaron de una camio-neta blanca del año, lo golpearon y se lo llevaron, ante la mirada atónita de la clientela, que lo cono-cía bien. Rafael llevaba años vendiendo en la zona y, al acabar la venta, cambiaba la caja de cartón por el sermón, pues era pastor en una iglesia...

la EspOsa y el hijo de Tirso Madrigal, indígena purépecha de la comunidad de Cherán, Michoacán,

desaparecido el 11 de febrero de 2009. Y en Amatlán de los Reyes, Estado

de México, una hondureña muestra la fotografía de su hija desaparecida

durante su travesía para inmigrar a los Estados Unidos.

foto: efe

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Un retén de la policía estatal detuvo a su marido en Durango. El hallazgo de 223 cuerpos en fosas la hizo estremecerse, no se siente viuda pero quiere saber. Fue al Semefo a preguntar, pero ni siquiera le pidieron pasar a ver los cadáveres o que hiciera

una prueba de ADN a alguno de sus hijos...

NEpOmucENO mOralEs porta una pancarta con la foto de su hijo Jor-ge Mario, quien desapareció en Ciudad Obregón. También pide buscar a otros tres jóvenes de Sonora. En medio, una mujer pide justicia en Durango y un hombre solicita ayuda para localizar a su familiar desaparecido en Zacatecas.

A cambio les aseguraron que los comuneros no los mo-lestarían. Cuando los purépechas empezaron a reaccionar, lo paga-ron caro. Tirso Madrigal fue la primera víctima. Como dirigente del Comisariado Comunal, subió con unos compañeros al mon-te a hacer zanjas para evitar el paso de los camiones. Dejaron las máquinas allí y al día siguiente estaban destrozadas. El 11 de febrero de 2009, Tirso se metió solo al bosque a buscar a los res-ponsables. Los comuneros vieron a siete hombres armados adentrar-se en el cerro. Cuándo fueron por Tirso ya no lo encontraron. Desde entonces hasta la fecha han des-aparecido a cinco comuneros más y han asesinado a otros 12.

V.La mañana del 26 de marzo de 2009, Ricardo Alanís dejó, como cada día, a su hija Mónica en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nunca hubiera imaginado que iba a ser la úl-tima vez que la viera. Al sa-lir de las clases, Mónica avisó a su madre, Olga Esparza, que iba a casa de una amiga, y le dio un número de teléfono. Cuan-do se hizo tarde, Olga llamó al celular que le había dado su hija. Contestó una señora que dijo no saber nada de ella, ni siquiera tener ninguna hija. No pudo denunciar su desaparición hasta pasadas 72 horas, y cuan-do se la aceptaron solamente le dieron un afiche con la foto y la descripción de su hija para que las distribuyese por la ciudad. Nunca tiraron de los pocos hilos que podían conducir a Mónica. A fecha, Olga y Ricardo siguen

sin saber nada. Pero la incer-tidumbre no les deja dormir. Olga tuvo que medicarse duran-te meses para poder conciliar el sueño, y aún así, la desespe-ración la despierta en la mitad de la noche, preguntándose por su hija. Quiere pensar que Mó-nica está bien en algún lado, pero no descarta que pudiese haber caído en una red de trata de personas, como apuntan las organizaciones juarenses como motivo de las desapariciones sistemáticas de mujeres jóvenes que se han dado en la ciudad.

VI. Diana Jacobo está convencida de que la policía y los criminales son los mismo. Sobre todo des-pués del 1 de abril, cuando un retén de la policía estatal detu-vo a su marido en una avenida principal de la ciudad de Duran-go. Manejaba en su camioneta cuando lo detuvieron, lo bajaron del vehículo a la fuerza y se lo llevaron. Así se lo contó un vecino de la zona que lo vio y lo conocía. Abraham trabajaba en un sindicato de taxis. No te-nía ninguna orden de aprehen-sión, tampoco fue presentado públicamente como hacen con aquellos a los que se les impu-ta un delito, nadie pidió rescate por él, simplemente lo desapare-cieron. Diana puso la denuncia, pese al miedo de hacerlo ante la misma institución que se lo ha-bía llevado. No investigaron a na-die. A los 20 días le dijeron que cualquier cosa que supiese les avisase. “Se suponen que ellos están para investigar y ayudar a la gente, no para lo contrario”, señala rodeada de sus dos hijos,

Erick de 8 años, y Sofía de 3. El hallazgo de 223 cuerpos en fo-sas cercanas a su ciudad la hizo estremecerse, no se siente viuda pero quiere saber. Fue al Semefo a preguntar, pero ni siquiera le pidieron que pasase a ver los ca-dáveres o que hiciese una prueba de ADN a alguno de sus hijos.

En los últimos cuatro me-ses se ha encontrado con otras mujeres cuyos hijos o maridos

han sido llevados por la policía. Ninguna supo nada más de ellos.

VII.Todos somos desaparecibles. Tra-bajadores, niños, estudiantes, empresarios, indígenas, incluso militares y policías. Nadie está exento de caer en esta espiral de incertidumbre. Que se lo digan a Gloria Aguilera. El viernes 26 de septiembre de 2008, se le-vantó de la cama para despedir a su esposo, Julián Urbina, de 47

años, y a dos de sus tres hijos, Geovany y Julián Eduy, de 25 y 26 años. Nunca más se ha vuel-to a acostar escuchando su voz. Los tres eran agentes de tránsito de Monterrey. En la comisaría le dijeron que habían salido a la hora habitual del trabajo, después de entregar sus motocicletas.

Gloria no ha dejado de bus-carlos y en estos casi tres años descubrió que se los llevaron unos hombres vestidos con chalecos de la extinta Agencia Federal de In-vestigaciones (AFI). Pero el hallaz-go solo le trajo más frustración

y soledad. “Es frustrante ver la falta de voluntad e incompeten-cia de las autoridades, el desinte-rés por la investigación. Todos se pasan la pelotita y nadie quiere saber nada. Es frustrante, ir cada semana al Ministerio Público, aportar información y ser ignora-da, por la autoridad y por la so-ciedad misma”, cuenta. Asegura que en una marcha por los des-aparecidos ella y la otras madres recibieron insultos. Pero no aga-cha la cabeza. “Lo peor que po-demos hacer es no hacer nada”, concluye.