derechos humanos, economÍa y sistema financiero durante la Última dictadura cÍvico-militar...

7/21/2019 DERECHOS HUMANOS, ECONOMÍA Y SISTEMA FINANCIERO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO-MILITAR ARGE…

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DERECHOS HUMANOS, ECONOMÍA Y SISTEMAFINANCIERO DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA

CÍVICO-MILITAR ARGENTINA1

CELESTE PEROSINO, BRUNO N APOLI Y W ALTER BOSISIO 2

RESUMEN: Este artículo es una síntesis del Primer informe de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional

de Valores (CNV, 2013), que analizó el impacto de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) sobre el sistema

financiero nacional a partir del estudio de los registros documentales de este organismo estatal responsable de la regulación

del sistema bursátil. Hasta hace un tiempo solamente se conocía la participación de funcionarios y profesionales de la CNV

en interrogatorios a empresarios detenidos en centros clandestinos de detención como el que funcionó en el Comando del

Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo, los registros de la CNV permanecían vedados a la ciudadanía. El estudio de esta

documentación permite demostrar que la “lucha” contra la supuesta “subversión económica” combinó la implantación de un

nuevo proyecto económico con el desplazamiento y desapoderamiento de determinados grupos económicos y el secuestroa empresarios y financistas. Explicar y entender los secuestros a ciertos empresarios y demás actores del sistema financiero

implica investigar el entramado de relaciones que víctimas y victimarios supieron construir y que en dicho contexto represivo

los expuso al terrorismo de estado más violento que nuestro país ha sufrido.

PALABRAS CLAVES: Derechos Humanos; Estado; Sistema económico-financiero; dictadura cívico-militar.

ABSTRACT: This article is a summary of the first report of the Human Rights Office of the National Securities Commis-

sion (CNV, 2013), which analyzed the impact of civic military dictatorship in Argentina (1976-1983) on the financial sys-

tem from study of documentary records of the state agency responsible for regulating trading system. Until recently only

knew the participation of officials and professionals in interrogations CNV businessmen detained in secret detention

centers as it worked in the command of the First Army Corps. However, the records of the CNV remained closed to the

public. The study of this documentation can prove that the “fight” against the alleged “economic subversion” combined

the implementation of a new economic project with the displacement and dispossession of certain economic and kid-napping businessmen and financiers. Explain and understand the abductions to certain employers and other stakehol-

ders in the financial system involves investigating the network of relationships that victims and perpetrators were able

to build and that in that context the repressive state terrorism exhibited more violent than our country has suffered.

KEYWORDS: Human Rights; State; economic and financial system; civil-military.

RESUMO: Este artigo é um resumo do primeiro relatório do Escritório da Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV,

2013), que analisou o impacto da ditadura militar cívico na Argentina (1976-1983) sobre o sistema financeiro de Direitos

Humanos estudo dos registros documentais da Agência Estadual responsável pela regulação do sistema de negociação. Até

recentemente, só conhecia a participação de funcionários e profissionais em interrogatórios CNV empresários detidos em

centros de detenção secretos, uma vez que trabalhou no comando do Primeiro Corpo do Exército. No entanto, os registros

da CNV permaneceu fechado ao público. O estudo dessa documentação pode provar que a “luta” contra a suposta “sub-

versão econômica” combinou a implementação de um novo projeto econômico com o deslocamento ea expropriação de

certos empresários e financistas econômicos e seqüestro. Explicar e compreender os raptos de certos empregadores e outras

partes interessadas no sistema financeiro envolve a investigar a rede de relações que vítimas e agressores foram capazes

de construir e que, nesse contexto, o terrorismo de estado repressivo exibiu mais violento do que o nosso país tem sofrido.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Sistema Estadual; económica e financeira; entre civis e militares.

CÓMO CITAR ESTE ARTÍCULO: Perosino, Celeste; Napoli, Bruno; Bosisio, Walter (2013)” Derechos Humanos, Eco-

nomía y Sistema Financiero durante la última dictadura cívico-militar argentina”. Taller (Segunda época), 115-127.

1. El presente trabajo, es una síntesis del Primer Informe Anual de la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad,

Memoria y Justicia de la Comisión Nacional de Valores de Argentina. Dicho Informe consta de 142 páginas y se encuentra publicado en:

www.cnv.gob.ar

2. Investigadores integrantes del equipo interdisciplinario de la Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores de la

Republica Argentina. / Correos: [email protected], [email protected], [email protected]

Recibido: 10 de junio 2013 | Aceptado: 26 de junio 2013 / Taller (Segunda Época) , Buenos Aires, Argentina. ISSN 0328-7726

Vol. 2, Nº 2, julio 2013, p. 115-127



Taller (Segunda Época) / Buenos Aires / Argentina / ISSN 0328-7726 Vol. 2, N°2, julio 2013.

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INTRODUCCIÓN

L a Comisión Nacional de Valores (de ahora en más CNV) es una entidad autárquica con juris-dicción en toda la República Argentina. Fue creada por la Ley de Oferta Pública No. 17.811 (en

1968 durante la dictadura del Gral. Juan Carlos Onganía) y su objetivo ha sido el de regular en laoferta pública, observando la transparencia de los mercados de valores y la formación de precios enlos mismos, así como también la protección de los inversores. Sin embargo, su historia ha sido objetode algunas observaciones y cuestionamientos por parte de inversores y empresarios durante el períodode la última dictadura militar; y por parte de la justicia durante el período democrático, a partir de laderogación de las leyes de impunidad en la Argentina. En el año 2010 la Comisión Nacional de Valorescomenzó a recibir oficios judiciales solicitando información acerca de la participación de funciona-rios del organismo en hechos que habían tenido curso durante la última dictadura militar argentina3 y que se enmarcan, algunos ellos, en crímenes de lesa humanidad. Esto abrió un proceso de revisiónde documentación con el objetivo de aportar a investigaciones judiciales. En el marco de ese primer

trabajo de revisión y memoria, el 28 de julio de 2010 se realizó un homenaje en sede de la CNV a CarlosGustavo Cortiñas4, secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 1977, quien trabajó en el organismo. Elacto culmino con el descubrimiento de una placa recordatoria que se encuentra en el hall de entradade la entidad5. Asimismo de estas primeras búsquedas de información, surgió una publicación acercade episodios concretos donde se pudo probar la participación de funcionarios civiles de la CNVquetrabajaron durante el periodo dictatorial en interrogatorios que tuvieron lugar en Centros Clandesti-nos de Detención6.

APROBACIÓN DE LA RESOLUCIÓN GENERAL

Nº 594 EN LA CNV

Esta investigación preliminar permitió establecer el potencial y la importancia de la informaciónque se encontraba en las dependencias de la CNV lo que generó la necesidad de formalizar el inter-cambio de documentos con la Secretaría de Derechos Humanos mediante un convenio y la creación deuna oficina de Derechos Humanos7. Ello se efectivizó el 10 de noviembre de 2011, bajo la ResoluciónGeneral nº 594 (ver anexo, pág. 137), mediante la cual la CNV, con Alejandro Vanoli como presidentefirma un convenio de colaboración e intercambio de información con la Secretaría de Derechos Hu-manos, en ese entonces a cargo del Dr. Eduardo Luis Duhalde, para el fortalecimiento de políticas deDerechos Humanos en el mercado de capitales. De esta manera, se habilitó un canal formal y directo deflujo de información marcando claramente la decisión política de la CNV de “aportar a los procesos de

memoria, verdad y justicia que se vienen desarrollando en el país desde el año 2003”8

. Asimismo, bajola misma Resolución se crea la “Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Memoria, Verdad y Justicia” en vista de las actuaciones que se venían tramitando en el Expediente Nº 1383/11caratulado “Acceso a Información. Secretaria de Derechos Humanos. Archivo General de la Memoria”.

3. La última dictadura argentina tuvo lugar formalmente entre los años 1976 y 1983; su fecha de inicio bien valdría ser problematizadarespecto de la aplicación de políticas de terror desde el estado como, por ejemplo, realiza el historiador Bruno Napoli en su texto “Memoria,

Verdad y Justicia: nociones de una justicia institucional” del año 2011-ver otros trabajos del autor en bibliografía.

4. Ver, La CNV realizo un acto en homenaje a Gustavo Cortiñas: http://www.cnv.gov.ar/actoHomenajeCortinas. asp.

5. Ver, Homenaje a Gustavo Cortiñas: http://www.madresfundadoras.org.ar/noticia/HomenajeaGustavoCortias /438

6. Ver, Perito en Picanas, Miradas al Sur, Domingo 13 de Noviembre de 2011.

7. Biscay 2012, com. Per.

8. Ver, La CNV y la Secretaria de Derechos Humanos firmaron un convenio de intercambio de información: http://www.cnv.gov.ar/infofinan/comunicados/convenioinformacion.asp




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En sus considerandos, se destaca “que en el año 2003, el Estado Argentino asumió el compromisode luchar contra la impunidad y reconstruir la memoria, la verdad y la justicia frente al terrorismo deEstado y las graves, masivas y sistemáticas violaciones a Derechos Humanos cometidas por el gobiernode facto”; “que en este aspecto, es muy importante destacar que el golpe militar contó también con laactiva participación de sectores civiles (…)”; “que durante el terrorismo de Estado, los organismos recto-res del sistema financiero estuvieron bajo intervención de personal civil designado por la Junta Militar,al inicio del gobierno de facto y, en tal carácter participaron de los mismos hechos”; “que, asimismo elequipo económico de la dictadura militar también estuvo conducido por sectores civiles que tomarondecisiones y ejecutaron acciones, cuyas consecuencias generaron graves daños para la economía nacio-nal y el conjunto del pueblo argentino”9.

Los artículos más destacados de la Resolución son el nº 6 y nº 7. El Art. 6 contempla las funcionesde la oficina:

a. Organizar y mantener actualizados los archivos y documentación relacionada sobre la actuación dela CNV durante el período comprendido entre marzo 1976 y el año 1983. b. Dar trámite a los requeri-mientos de información que sobre dicha documentación, sean canalizados por organismos públicos,organismos de Derechos Humanos, autoridades del Poder Judicial y del Ministerio de Público de laNación; c. Prestar colaboración activa dentro de las competencias específicas, en la consolidación dela política del Gobierno Nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por lasgraves violaciones a los Derechos Humanos; d. Promover políticas y acciones orientadas a crear unacultura de respeto de los Derechos Humanos dentro de la institución y el mercado de capitales. e.Promover acciones orientadas a la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad y la justicia conrelación a la intervención de funcionarios a cargo de la CNV durante el período comprendido entrelos años 1976 y 1983. f. Desarrollar actividades de capacitación continúa y permanente, sea medianteel asesoramiento requerido y/o la promoción de actividades de diversa índole orientadas a este fin.

g. Desarrollar investigaciones orientadas a medir los impactos y consecuencias económicas, políticas y sociales ocasionadas por las políticas económicas desplegada durante el gobierno de facto para elmercado de capitales. h. Promover, evaluar y desarrollar investigaciones sobre economía, política yDerechos Humanos. i. Brindar asesoramiento al directorio en aquellos temas que puedan tener impli-cancias sobre la vigencia de los Derechos Humanos.10

Mientras que Art. 7 establecía la composición de la oficina: “estará integrada por un Coordinador dePolíticas de Derechos Humanos y personal de apoyo técnico, quienes deberán contar con antecedentesen la defensa, respeto y promoción de los Derechos Humanos”11. La oficina de Derechos Humanos dela CNV entró en funciones el 15 de marzo de 2012.

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para investigar violaciones a los Derechos Humanos dentro del sistema financiero se consideró ne-cesario realizar un trabajo interdisciplinario que permita hacer dialogar los documentos con diferentesaproximaciones. El trabajo se desarrolló en dos niveles: uno global, de amplia escala que construyeun discurso, pero sobre todo a una práctica, de los Derechos Humanos en el mercado de valores; yuno más particular: que se acerca al caso concreto para desplegar, exponer, explicitar las diferentesmaneras en que en el ámbito financiero pueden violentar derechos básicos e inalienables de personas

9. Res. Gen. Nº 594: 1-2.10. Res. Gen. Nº 594: 4.

11. Res. Gen. Nº 594: 4-5.




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particulares, entendiendo, que solo se puede dimensionar los alcances de las violaciones a los DerechosHumanos conociendo a aquellos que las sufrieron. La investigación se apoyó en distintas documentosescritos y orales12 y sus primeros resultados fueron presentados en el Primer informe de la Oficina deDerechos Humanos de la CNV en 2013.

PERSPECTIVAS DE ABORDAJE Y APORTES DE INVESTIGACIONES EN EL CAMPO

DE DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA FINANCIERO

Pueden establecerse dos aportes cruciales de un ámbito de Derechos Humanos en el núcleo delsistema financiero; uno más acotado en el tiempo y enfocado en los procesos dictatoriales y otro, dia-crónico, a largo plazo, que antecede y sucede a los quiebres dictatoriales y que analiza y trabaja paraintroducir un enfoque de Derechos Humanos en el Sistema financiero actual y bajo los fenómenos que

actualmente se vienen desarrollando. Vale decir, la creación de ámbitos de Derechos Humanos en lossistemas financieros latinoamericanos excede a las investigaciones por crímenes de lesa humanidad,aunque le son constitutivos, y deben tener como objetivo último la introducción de una perspectiva,lenguaje y práctica de Derechos Humanos. Aquí es necesario insistir en que hay que entender que ellenguaje empresarial-financiero y el de los Derechos Humanos pueden ser contradictorios; el éxito deestos ámbitos de Derechos Humanos estará dado por la compresión de este hecho y es la clave para eldesarrollo de una práctica nueva. Se debe aportar una mirada reflexiva y crítica capaz de comprenderla complejidad de universos de sentido y prácticas de las sociedades contemporáneas, aportando herra-mientas de análisis de las tramas constitutivas de la relación entre lo social y económico, entre el Estado y el Mercado, y de modo particular, a los vínculos y estructuras de la esfera social de la organización

financiera.

EJES Y CONTENIDOS DEL PRIMER INFORME

DE INVESTIGACIÓN

Este primer informe de la Oficina de Derechos Humanos de la CNV analiza el impacto de la últimadictadura sobre el sistema financiero nacional partir del relevamiento de los registros documentalesde la CNV entre 1976 y 1983. Hasta el momento estos registros solo fueron abiertos, en noviembre de2011, para dar a conocer la participación de algunos de sus funcionarios en ciertas tareas “técnicas”desarrolladas en centros clandestinos de detención del Comando del 1º Cuerpo de Ejército13. De esta

manera, los registros de la CNV que documentan la actuación y el rol de este organismo durante el úl-timo proceso dictatorial aún permanecen cerrados a la ciudadanía. La difusión de los mismos a travésdel Informe sobre “Derechos Humanos, Economía y Sistema Financiero en la última dictadura cívicomilitar” (y esperamos de otros futuros) permitirán la disponibilidad y el acceso masivo de los ciuda-danos a dichas actuaciones lo que hace a la democratización de la información e implica en sí mismo

12. Fuentes escritas: Actas de directorio y resoluciones internas de la CNV del período febrero de 1976 a febrero de 1984; Legajos depersonal civil o militar de la CNV; Legajos de los miembros de las FFAA que trabajaron en la CNV (aportados por el Ministerio de Defensa);Legajos de la Policía bancaria (aportados por el Ministerio de Seguridad); Expedientes administrativos; Relevamiento de causas judiciales;Noticias periodísticas del periodo dictatorial; Bibliografía (libros, artículos) sobre el poder económico durante la última dictadura argentina,publicaciones provenientes de la Antropología Financiera; Leyes sancionadas durante el periodo dictatorial; Publicaciones de la CNV: Revista“Trasparencia”, Boletín Informativo trimestral, Memoria. Fuentes orales: Entrevistas a agentes y empresarios que fueron investigados y/o

denunciados por la CNV; Entrevistas a empresarios, y/o familiares de empresarios, secuestrados durante el periodo dictatorial; Entrevistas aagentes de sistema financiero o empresarios que operaron durante el período 1976-1983.

13. Ver, “Perito en Picanas”, Miradas Al Sur , año 4, edición número 182, domingo 13 de noviembre de 2011.




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una política de memoria. Se considera importante destacar que este informe además de hacer publicadicha documentación procura demostrar algunos de los tantos vínculos y participación de civiles, másparticularmente, del personal del Estado en el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” y colaborar con los procesos de memoria, verdad y justicia que se encuentran en curso en nuestro país.Cabe hacer una salvedad de suma importancia: algunas de las acciones que desarrollaron en el marcodel último gobierno dictatorial funcionarios de la CNV fueron ya encuadradas dentro de violaciones alos Derechos Humanos y en esos casos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dichascausas (Ejemplo, los casos relacionados con Banco de Hurlingham y que involucran entre otros a Gui-llermo Suárez Mason o el caso Iaccarino). Otras de las acciones se encuadran dentro de un exceso delegalidad de este organismo en la fiscalización de determinados agentes y empresarios y no son hechosque hasta el momento, y por los datos relevados, se puedan encuadrar dentro del marco de violacionesa los Derechos Humanos. Más allá de esto, dichas acciones son un testimonio importante de la vida delorganismo durante el último periodo dictatorial argentino.

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE LA ÉPOCA: PLAN ECONÓMICO,

SISTEMA FINANCIERO Y GRUPOS DE PODER

La relación de los organismos del Estado argentino con distintos actores socioeconómicos en la es-tructuración de la trama económica y financiera del país implica plantear una serie de reflexiones sobreel accionar de estos actores y los impactos en la reorganización de la vida societal.

En este sentido, la aplicación del Plan Económico de Martínez de Hoz del 2 de abril de 1976 tuvocomo uno de sus correlatos la sanción de normativas aperturistas de la economía y generadoras de unnuevo sector económico: el financiero. Sector que pasará a constituirse como dominante en los años

siguientes a la sanción de la Ley de Entidades Financieras (1977), será el responsable del rápido incre-mento la deuda externa privada y el principal beneficiario de su estatización en 1982. Así, la políticaeconómica de la última dictadura inauguró un nuevo período en la historia económica nacional domi-nado por el “proceso de valorización financiera”.

De modo directo, cabe señalar que los grupos económicos que participaron de la construcción dela “Patria Financiera”, tales como Pérez Companc, Bunge y Born, Fortabat, Macri, Techint, Acindarentre otros, serían los beneficiarios del modelo y quienes provocarían un aumento sideral de la deu-da externa pública. Por ello, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) contaron, para su proyecto, con el apoyo dela gran burguesía nacional (el gran capital agrario y el gran capital industrial concentrado interno), lasmultinacionales y el capital financiero internacional (preferentemente estadounidense), los pequeños y

medianos productores rurales e industriales, la burguesía sindical, la Iglesia conservadora, y los parti-dos políticos tradicionales. El proyecto de Martínez de Hoz implementado por la dictadura constituyópara las elites dominantes una imperdible oportunidad para enriquecerse y a la vez utilizar al estadopara eliminar la radicalización política (que resistía este proceso) llamada por ellos la “agresión mar-xista”. Este discurso de carácter nacional generó consensos en muchos sectores que apoyaron la luchacontra un “enemigo común a todos” (discurso promovido desde la coyuntura de marzo de 1976 porlos medios comunicacionales que contribuyeron a difundir y legitimar el discurso de la amenaza de la“subversión armada”)14. La alianza de elites que tramaron y dieron sostén a la dictadura cívico-militarse asentó en un sentimiento de revancha clasista, orientada a “aniquilar” la militancia radicalizada yquebrar la capacidad de combatividad del sindicalismo de base. Se configuró una coalición golpista

14. Ver, acerca de la construcción del “enemigo marxista”: Asociación Patriótica Argentina (1978) Argentina y sus Derechos Humanos. Buenos Aires: Amadeo Puentes.




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cuyo objetivo fue dar cierre a cuarenta años de historia de idas y venidas de proyecto nacional y po-pular que significaba, para ellos, “un tipo de estatismo que hizo poderoso al sindicalismo y provocó la

subversión, y que hizo necesario, tras el fracaso del desarrollismo, un modelo de desindustrializaciónselectiva y disciplinamiento social.”15 Como resultado de las políticas aplicadas se produjo una signi-ficativa transferencia de ingresos desde los sectores asalariados hacia el conjunto de los no asalaria-dos, mediante la caída del salario real, el redimensionamiento del mercado laboral, el deterioro de lascondiciones laborales y el aumento de la jornada de trabajo. Sus efectos alteraron profundamente laestructura económica y la direccionaron según los intereses del nuevo poder económico dominante.La dictadura cívico-militar desarrolló un accionar de terrorismo estatal y genocidio que excedió la ló-gica de mera implementación de un plan económico. La fuerza represora y genocida se aplicó sobrealgunos cuerpos particulares pero sobre toda la sociedad en general, como parte del despliegue de unaideología y práctica sociopolítica sostenida en una discursividad de defensa de valores provenientesdesde antes de los orígenes de la misma nacionalidad argentina, destinada a proteger los “valores de

un cuerpo social” ante los ataques “extranjerizantes” y “ateos”, ambas condiciones de nacionalidad yespiritualidad fundacionales en riesgo.En suma, la política económica de la dictadura militar –autodenominada “Proceso de Reorganiza-

ción Nacional”— puede sintetizarse entonces en una orientación definida de alteración profunda desentidos societales tendiente a derribar las bases estructurales posibilitadoras de una sociedad con unrelevante grado de integración en razón del alto nivel de equidad construido en torno a distribucióndel ingreso y riqueza en el país. Los rasgos más destacados que operaron sobre esta realidad contextualfueron: una desindustrialización aplicada a un radio amplio de sectores productivos y una optimizaciónde recursos y estructuras para otros pocos, conducente a una desocupación estructural y a un incre-mento de la precariedad laboral; una importante concentración de capital en manos de pocos actores

económicos, vinculados centralmente a la “patria contratista”; el desarrollo de una hegemonía del ca-pital financiero por sobre el resto de las actividades productivas; junto a un sustancial endeudamientoexterno, articulado con ahínco al nuevo sistema de dominación.16 Un nuevo modelo de acumulaciónse abrió paso en manos del capital concentrado trasnacional, que en conjunción con los nuevos acree-dores externos instituyó un bloque de poder disciplinante con continuidad hasta el presente. En elinterior de la sociedad se produjo un profundo proceso de reestructuración con el fin de fortalecer lasbases de dominación, a la par de una marcada fragmentación de los sectores medios e individualizaciónnegativa de las prácticas y habitus sociales. Se tendió a la destrucción de las bases económicas de sus-tentación social y alianzas de clase, “mediante modificaciones que posibilitaron la descomposición y elsurgimiento de nuevos grupos de trabajadores asalariados no obreros, de mayor precariedad y escaso

poder organizativo, y por lo tanto, de mayor vulnerabilidad a las imposiciones del mercado”17

, dandoforma y contenido a un nuevo modelo de estructuración societal que marcará los senderos de la vidaen las décadas siguientes de Argentina.

LEY 20.840: DE SUBVERSIÓN ECONÓMICA

Proseguir en el desarrollo de la estructuración de un nuevo modelo socioeconómico para el país,requiere indagar en las condiciones de posibilidad provenientes de diversos sectores y actores, sobre

15. AAVV: “Aquellas semillas rojas”, docentes y alumnos del Instituto Santa María, Mercedes (B), Programa Jóvenes y Memoria, 2009. enhttp://mercedesmemoria.blogspot .com.ar/2010_ 03_01_ archive.html

16. Diego Hernán Benítez y César Mónaco “La dictadura militar, 1976-1983”, p.13, versión pdf en: http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/La%20dictadura%20militar%20Monaco%20Benitez.pdf

17. Op.Cit.3.




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todo de la importancia clave del papel central que ocupa el Estado y los gobiernos que lo manejan,durante y desde antes del inicio del mismo “proceso” dictatorial cívico militar. De allí que conocer losalcances de la la Ley 20.840 de Seguridad Nacional del año 1974 resulta clave para entender muchosde los sucesos posteriores que se consolidaron con el accionar de la última dictadura. Esta Ley 20.840(sancionada y promulgada los días 28 y 30/09/1974 respectivamente) bajo el título de “Penalidades paralas actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, establecía que:

Será reprimido con prisión de tres a ocho años (…) el que para lograr la finalidad de sus postuladosideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la pazsocial de la Nación…

Destacamos este fragmento porque resalta que los delitos pasibles de ser penados son los que se co-meten para “lograr postulados ideológicos”. Una idea clave dentro el esquema de discursos represivosque niega la dimensión ideológica de las leyes, e impone la idea de lo político como “no ideológico”.

Desde ese lugar, el Terrorismo de Estado construirá el concepto de los “enemigos” de la patria y lanación, para sancionar cualquier hecho contrario al régimen político-económico imperante. Tambiénhay que destacar dentro de este esquema que la construcción de los enemigos ideológicos del Estado hasido un recurso efectivo para la aplicación de este tipo de leyes, independientemente de la alternanciade gobiernos civiles o militares. De hecho, la ley, que entró en vigencia en octubre de 1974, fue amplia-da por la ley 21.459 que disponía aumento de las penas y la ampliación de figuras a penalizar. Tambiéndispuso que los hechos “subversivos” (tanto políticos o económicos) debían ser Juzgados en la JusticiaMilitar por consejos de guerra. Esta ley fue derogada parcialmente en 1983 a partir de la Ley 23.077de Defensa de la Democracia, pero continuó en vigencia la parte referida a los delitos económicos. Sederogaron los artículos 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to, 10mo, 11mo, 12 mo, donde se tipificaban, penaban y esta-

blecían normas adicionales para los delitos de carácter “subversivo” y se modificaron (continuando en vigencia) los artículos 6to, 7mo, 8vo y 9no que trataban los delitos de subversión económica. Estable-ciendo que los delitos tipificados recaían en la justicia federal. Finalmente, la ley 20.840, “de subversióneconómica”, fue derogada el 30 de mayo de 2002 por la ley 25.602 que modifica el artículo 174 del códigopenal, agregando el inciso 6° a dicho artículo18.

LA RESTRUCTURACIÓN DE LA CNV TRAS EL GOLPE DE ESTADO

DEL 24 DE MARZO DE 1976

Para llevar a cabo su política económica de reordenamiento de sistema financiero nacional la última

dictadura militar asumió el control total de la Comisión Nacional de Valores, un organismo estatal crea-do durante la dictadura de Onganía con el objetivo de regular el mercado de capitales. Un recorrido porlos nombres de civiles y militares que dirigieron la CNV entre 1976 y 1983 puede aportar informaciónacerca de sus objetivos, intereses y lógicas de funcionamiento.

Una vez producido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 el coronel Joaquín de las Heras fuenombrado delegado de la junta militar en el Ministerio de Economía. Las Heras ocupó dicho cargo tansolo seis días y luego fue reemplazado por José Alfredo Martínez de Hoz. En el lapso en que Joaquínde las Heras logró mantenerse en funciones dicta la Resolución Nº 13 mediante la cual instruye hacer“efectivas las renuncias a los cargos que desempeñan los miembros del Directorio de esta ComisiónNacional, así como de los señores titulares de la Gerencia de Control de Legalidad y de la Gerencia

18. Actualmente el concepto de analizar los delitos económicos ha sido retomado en el espíritu de la llamada “ley antiterrorista”.




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Técnica” (Acta 576 de la CNV con fecha 29.03.1976). En aquel momento el directorio de la CNV se en-

contraba conformado por Roberto Cantón; Horacio J. Noboa; Horacio A. Franco y Marcelo Sánchez

Sorondo. A consecuencia de la directiva recibida dicho directorio resolvió “limitarse únicamente a la

resolución de asuntos sea de mero trámite, sea de urgente necesidad” (Acta 576, 29.03.1976).

El acta siguiente, Nº 577, marca una relativa ruptura entre el viejo y el nuevo directorio. Fechada el

10 de junio de 1976, reunía al nuevo directorio de la CNV ahora integrado por: Juan Alfredo Etchebarne

(presidente), Roberto Cantón (Vicepresidente) y Arturo Castro (Director) “quienes fueron designados

respectivamente por decretos del Poder Ejecutivo Nos. 720, 719, 718 de fecha 4.6.76” (Acta 577). Luego

seguirán algunos cambios y el registro de una incorporación plena de las tres Fuerzas Armadas hacia

el año 1979. En definitiva, primero el Ejército, luego la Armada y finalmente la Aeronáutica, junto a

diferentes civiles con buenos lazos con el mercado financiero, darán forma la dirección cívico-militar

de de la CNV durante la última dictadura.

Es necesario pensar entonces, a partir de los datos enumerados, que los diversos movimientos de

personal, concentrados en los primeros años del gobierno militar, responden más a la idea de continui-dad que de cambio, entre los últimos años del gobierno peronista y los primeros del gobierno militar.

En momentos tan álgidos de discusión y enfrentamientos políticos dentro de las instituciones y en el

devenir de la realidad socio-política de comienzos de la década del 70, existió un entramado que fue

configurando las relaciones de poder dentro del Estado. Esta lucha intestina por porciones de poder

y debates ideológicos tuvo sus vencedores y vencidos. Quizás los que fueron tejiendo la trama de rela-

ciones en los primeros años de la CNV, al calor de estas discusiones políticas, supieron aprovechar el

momento de declinación de unas ideas sobre otras, y en el momento de las definiciones, reaparecieron

ganando la puja política interna de acuerdo a motivaciones estrictamente ideológicas, que hicieron su-

cumbir a unas en detrimento de otras. El esquema de creación de la CNV, en su proceso de elaboración,

teniendo como uno de los responsables de su creación a Conrado Etchebarne, durante el “onganiato”,más la sucesión de leyes acordes a ese esquema de poder de Estado Totalitario, que el gobierno pero-

nista de los años 1974/75 transcribe como posicionamiento ideológico sobre estos temas (por caso la

ley de Seguridad Nacional 20.840) es coincidente con la asunción, ya en la siguiente (y pronta) dicta-

dura, de personajes como Juan Etchebarne (hermano del aquel) en una función clave dentro del orga-

nismo, y tomando como colaboradores a quienes habían transitado dentro de la institución las mismas

luchas intestinas, más cerca de los postulados de una y otra dictadura, que de los que finalmente fueron

desahuciados por la lógica final de un Estado represivo que llegaba, según sus postulados, para refun-

dar la Nación en un Proceso que se suponía definitorio.

EMPRESAS: DENUNCIAS Y SECUESTROS

Desde 1976 en adelante la CNV investigó con mayor o menor énfasis los siguientes casos: Banco de

Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola Cía. de Seguros, la Bolsa de Comercio de Tucumán y la

compra y venta de acciones de Celulosa y Canale. Dichas investigaciones desarrollaron un curso buro-

crático, un derrotero que ha dejado huellas y que por ende, puede detectarse en las actas del directorio

de la CNV. Por ejemplo implicó investigaciones preliminares (allanamientos, toma de declaraciones

en sede de la CNV, etc.), denuncias en sedes judiciales e idénticas denuncias en sedes castrenses. La

presentación de las denuncias en el Comando del I Cuerpo del Ejército encuadradas dentro de la ley de

subversión económica derivaron en el secuestro de empresarios y/o agentes de bolsa relacionados con

las empresas anteriormente aludidas y por ende, en violaciones a los Derechos Humanos que inclu- yeron la desaparición forzada, torturas y otras acciones represivas que están siendo investigadas en el




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marco de la causa Nº 8405/10 caratulados “N.N. s/ privación ilegal de la libertad… - Damn. Chavanne,Marcelo Augusto y otros” del registro de la Secretaría nro. 6 del Juzgado Nacional en lo Criminal yCorreccional Federal nro. 3 a cargo del Dr. Rafecas y que también fueron investigadas en el marco dela causa nº 13/84, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

LA “LUCHA CONTRA LA SUBVERSIÓN ECONÓMICA”.

UNA “NORMALIDAD FRAGUADA”

Toda la documentación analizada hasta el momento sugiere que la CNV tuvo un rol importante enla articulación de la llamada “lucha antisubversiva” en su matiz económico. Algunos de los casos, comolos de Industrias Siderúrgicas Grassi, Banco de Hurlingham, Celulosa/Canale, La Agrícola, grupo Iac-carino, Financiera Río Paraná, Finsur S.A, Casa de Cambio Brasilia y Banco Latinoamericano, no solomuestran una embestida sistemática contra estas empresas que articuló al ámbito judicial, la policía

bancaria, el banco central y la “justicia castrense”, sino también articularon la dimensión “legal” con laclandestina de la política dictatorial. Un ejemplo de esto ultimo fueron la investigaciones a agentes debolsa como Víctor Eduardo Allievi, Luis Héctor Veiga, José Julián Soto, Tomas Cuchiara y Valle, quienesfueron victimas de la acción represiva y el desapoderamiento de bienes.

Esta articulación de la CNV con la estructura represiva dictatorial debe ser pensada. La cuestión a debatires si las acciones del directorio de la CNV implicaron un montaje de éste sobre la estructura dictatorial paraembestir, desguazar, determinados agentes, financistas y empresarios o si sus acciones formaban parte deun plan estratégico mayor del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Quizá la respuesta seahallada en los grises y por lo tanto, un ensayo de ésta tendría que contemplar que si bien se utilizó el aparatomontado por el gobierno de facto (no necesariamente y en todos los procedimientos) el objetivo fue cumplircon los fines propios de combatir la “subversión económica” sino que dichos accionares podrían cruzarse

con otras motivaciones personales y que por ende, escapan al objetivo planteado del autodenominado “Pro-ceso de Reorganización Nacional”. En este sentido, la represión contra grupos económicos se ha llevado a




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cabo por la racionalidad del terrorismo de estado y la propia racionalidad, intereses, de los miembros de

los grupos de tareas o funcionarios de organismos de la estructura económica del país. Así, este ensayo

de respuesta debería contemplar también el cruce de los objetivos del estado terrorista con los objeti-

vos personales de los individuos que formaron parte de este.

FUNCIONARIOS Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD.

Los funcionarios de la CNV relacionados con casos de violación a los Derechos Humanos son Juan

A. Etchebarne, Rene Garris, Julio Spinoza, Horacio M. Muñoz, Carlos O. Berini y Pedro García. Algu-

nos de ellos fueron denunciados en el marco de la causa de Banco de Hurlingham por su rol activo

en interrogatorios: en diciembre de 1983 Isidoro de Carabassa declaró que Rene Garris se encontra-

ba presente en los interrogatorios que se le realizaron en Campo de Mayo (Causa 41712 “Chavanne,

Marcelo Augusto S/denuncia”, fjs. 164); Raúl Aguirre Saravia declaró que Juan A. Etchebarne y Rene

Garris lo interrogaron en un Centro Clandestino cercano al autopista Ricchieri (Causa 41712 “Chavan-ne, Marcelo Augusto S/denuncia”, fjs 346); Enrique Lucio García Mansilla declaró que fue interrogado

por Juan A. Etchebarne en Campo de Mayo (Causa 41712 “Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia”,

fjs. 499); Ramón Aguirre Saravia declaró que en los interrogatorios bajo tortura que sufrió el que le

hacia las preguntas era Juan A. Etchebarne (Causa 41712 “Chavanne, Marcelo Augusto S/denuncia”,

fjs. 891-892); Rosa Dominga Laurito manifestó “Etchebarne, que era socio de Martínez de Hoz, estaba

intentando destruir Industrias Grassi. El presenciaba las torturas, a Raúl Grassi le tiraron un termo de

agua hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba Etchebarne” (Declaración

testimonial del 14 de diciembre de 2010). De los funcionarios de la CNV denunciados Rene Garris y

Juan A. Etchebarne, figuran en la nómina de interrogadores del Centro Clandestino de Detención “El

Campito” que funcionó en los cuarteles militares de Campo de Mayo. Al igual que Roberto Roualdés,coronel, jefe de Sección Política del Batallón 601, Francisco Obdulio D’Alessandri, coronel, Dto. 201,

ascendido a general en 1985 y Raúl Antonio Guglielminetti, alias “Mayor Raúl Antonio Guglielminetti”,

civil, Batallón 601, quienes han participado de los secuestros de los empresarios y agentes pertenecien-

tes a los casos Banco de Hurlingham, La Agrícola, Industrias Siderúrgicas Grassi y Canale/Celulosa19.

Esta participación de funcionarios de la CNV en los interrogatorios bajo tortura a secuestrados durante

la ultima dictadura fue hecha pública por el diario Pagina/12 en el año 2000 sin mayor transcendencia.20

Estos secuestros de empresarios y financistas seguidos de torturas y desapoderamiento de bienes

fueron justificados por funcionarios de la CNV como parte de lucha contra la “subversión económica”

y la búsqueda del dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”21, o por la bús-

queda de operatorias empresariales que atentaran contra la economía argentina22

.

19. Información extraída de www.desaparecidos.org/nuncamas/

20. “El abogado y escribano René Federico Garris, alto funcionario de la Comisión Nacional de Valores, que continúa hasta hoy cobrando

como asesor del Directorio, con oficina en el cuarto piso del organismo, habría sido uno de los interrogadores “técnicos” que colaboraron

durante la dictadura militar para extraer información de financistas secuestrados. Los torturadores necesitaban del auxilio de expertos, que

pudieran aportar preguntas y decodificar respuestas, mientras la picana cumplía su tarea. El Banco Central, presidido por Alfredo Diz, y la

CNV, comandada por Juan Alfredo Etchebarne, proveía especialistas. Garris fue identificado por el sargento Víctor Ibáñez, quien testimonió

sobre los horrores de El Campito, chupadero instalado en Campo de Mayo hasta su desactivación en 1980”. Julio Nudler “Las Guerras de

Garris, el preguntón”, Pagina/12, Buenos Aires, 16 de diciembre de 2000.

21. “Etchebarne impulsaba a descubrir los 20 millones de Montoneros” (Marcelo Augusto Chavanne; Causa 41712 “Chavanne, Marcelo

Augusto S/denuncia”, fjs. 883-884); “ el secuestro se produce por supuesto manejo de dinero del movimiento uruguayo “Tupamaros” (Luis

Taub, entrevista del 03.10.2012); “…en los interrogatorios nos preguntaban por nuestros vínculos con el ERP” (Carlos y Alejandro Iaccarino,

serie de entrevistas junio/septiembre 2012)

22. Un ejemplo de esta justificación fue el caso de las siderúrgicas Grassi:“ tratándose de una empresa [Industrias Siderúrgicas Grassi] que

reviste importancia estratégica en el campo de las ferro-aleaciones, un eventual quebranto atentaría sobre el orden económico y social no

solo por su importancia económica como ente productivo y fuente de trabajo, sino también por la necesidad estratégica de sus productos




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PERSECUCIÓN POLÍTICA Y PERSECUCIÓN ECONÓMICA

Las mayorías de las persecuciones y secuestros que se han reseñado en este informe fueron reali-zadas a partir de 1978. Este año puede considerarse un momento bisagra si tenemos en cuenta que elpico de la represión dictatorial tuvo lugar entre 1976 y 1977 y comenzó a reducirse a partir de 1978.Según estadísticas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el mayor número de ingresosde cadáveres NN en los cementerios del país tuvo lugar durante los dos primeros años de la dictadura y posteriormente el número de ingresos comienza a decrecer lentamente23. Esta información se com-plementa con las cifras de desaparecidos por año (incluidos asesinados y liberados) brindados porComisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), a saber: 1975: 871 desaparecidos;1976: 5526 desaparecidos; 1977: 4069 desaparecidos; 1978: 1274 desaparecidos; 1979: 214 desaparecidos;1980: 128 desaparecidos.

Cantidad casos de desapariciones forzadas denunciadas ante la Comisión Nacional

de Desaparición de Personas (CONADEP).

El número de desapariciones por año cruzados con las estadísticas de ingresos de NN a cementerioscoinciden en demostrar que la mayoría se realizaron entre 1976 y 1977, disminuyendo lentamente apartir de 1978. Estos datos no son menores si se piensa que a partir de 1978 comienza a desplegarse laembestida contra grupos empresariales presentada como lucha contra la subversión económica. Podríaplantearse que el aparato represivo, los grupos de tareas, viraron su atención de la “subversión” (en elsentido de la militancia político y social) a la “subversión económica” a partir de 1978, como causa o

excusa, para el secuestro de empresarios y el desapoderamiento de sus bienes.Los casos señalados más arriba sugieren—y esto hay que investigarlo aun con mayor profundidad—que a partir de 1978 el aparato represivo incluyo entre sus objetivos a empresarios y financistas, utili-zando los mecanismos de secuestro, tortura y desaparición para la persecución económica. Considera-mos que esta ampliación de la represión hacia estos sectores tuvo diferentes causas. En primer lugar,una de ellas puede encontrarse en la declaración atribuida al coronel Roberto Roualdés de noviembrede 1978, quien afirmó en ese entonces “que ya habían terminado con la subversión y que ahora haríanlo mismo con la subversión económica”24. Esta declaración apoya la hipótesis de un viraje del aparato

con lo cual se justifica el tratamiento preferencial que la beneficia a instancias del Ministerio de Defensa. Dados estas condiciones el hechodenunciado por la CNV califica como de infracción a la ley de Seguridad 20.840” [Acta 865, Res. 5492, pg. 14].

23. Fuente. EAAF: www.eaaf.org

24. Testimonio de Bernardo Duggan, 4 de diciembre de 1985.




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dictatorial hacia la lucha contra la subversión económica entre 1978 y 1979. Cabe aclarar que no sequiere plantear un corte tajante sino más bien señalar que en estos años de disminución la lucha contrala “subversión”, en sentido amplio, aumentó la lucha contra la “subversión económica”. Además, elgrupo de operaciones responsable fue acotado y no involucró a todo el aparato represivo, funcionandoen base a una lógica atomizada. En segundo lugar, el hecho de que la lucha contra la “subversión” es-tuviera en gran parte cumplida dejaba una estructura represiva (tanto represores como dependencias)disponibles para ser utilizados con otros fines. Esto implicó no solamente acciones represivas contralo que consideraban “subversión económica”, sino que determinas bandas de represores utilizaron laexcusa esta “lucha” para realizar secuestros y robos en beneficio personal.

Aunque no aparece de forma explícita en los documentos es posible pensar que este accionar formóparte de una política económica más amplia que también ayudaría a explicar el porqué de algunossecuestros a dueños de financieras. En este sentido, antes de 1976 solo existían 13 casas de cambio dedivisas en toda la Argentina, es decir, era un mercado muy reducido donde todos se conocían. Entre

las casas de cambio existentes se encontraban Velox, Cambios Norte, Cambios Koldovsky (cuyo dueñofue secuestrado en dos oportunidades), Alpe S.A, Casa Piano y Exprinter, entre algunas pocas más.Cuando José Martínez de Hoz asumió el cargo de Ministro de Economía de la dictadura este mercadose agrando y aparecieron nuevas casas de cambio, como por ejemplo Cambios Baires que estaba rela-cionada con el mismo Martínez de Hoz. Otro ejemplo de esta modalidad represiva se realizo entro dela empresa de aluminios Acindar S.A. En suma, todo lo anterior nos lleva a pensar que los secuestros,asesinatos y desapoderamientos de financistas y empresarios se relacionaron con el objetivo de forzarun cambio en la estructura y composición de los actores intervinientes en el mercado de valores delpaís en beneficio de los grupos económicos favorecidos por el gobierno dictatorial.

CONCLUSIONES (MÍNIMAS)

Hasta hace un tiempo solamente se tenían noticias de la participación de funcionarios y profe-sionales de la Comisión Nacional de Valores en interrogatorios a empresarios detenidos en centrosclandestinos de detención durante la última dictadura militar, por ejemplo en el que funcionó dentroel Comando de Zona 1 bajo control del Primer Cuerpo de Ejército. Sin embargo los archivos de la CNVpermanecían vedados a la ciudadanía hasta que en 2011 se fundó dentro de ella la Oficina de DerechosHumanos con el objetivo de investigar el impacto de la última dictadura cívico-militar argentina sobre elsistema financiero nacional a partir del estudio de los registros documentales de este organismo estatal.

El estudio de esta documentación nos permitió demostrar la lucha de la última dictadura cívico mili-

tar contra la supuesta “subversión económica” enmascaró un proyecto económico que para ser implan-tado también requirió el desplazamiento y desapoderamiento forzado de determinados grupos econó-micos, e incluso el secuestro de empresarios y financistas por iniciativa “privada” de los represores.

Explicar y entender los secuestros a ciertos empresarios y demás actores del sistema financiero obli-ga a profundizar la investigación sobre el entramado de relaciones que víctimas y victimarios poseían y de como se desplegaron en el contexto represivo del terrorismo de estado.

Este camino de búsqueda y trabajo por nuevas sendas y aportes a la Verdad, Memoria y Justiciaapenas se ha iniciado. Nuevas investigaciones deben continuarlo examinando tramas y relaciones aúnimpensadas. Una de las condiciones para avanzar en este sentido es que los organismos estatales yprivados definan una política de memoria y hagan pública la documentación sobre su accionar durante

los años del terrorismo de estado en nuestro país.




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