derecho ambiental en argentina
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8/12/2019 Derecho Ambiental en Argentina
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Desde la Reforma Constitucional de 1994, la cuestin ambiental ha sido motivo de
numerosos estudios partiendo de la propia letra de la Constitucin, atento la extensin,
complejidad y riqueza de los temas que introduce, e incluso por algunas curiosidades
como la figura del afectado, en lo que a legitimacin activa se refiere.
Esta circunstancia me releva de la responsabilidad de tener que recorrer todo el texto
constitucional referido, por lo que atender solo algunos aspectos que me parecen
significativos para este trabajo.
El nuevo texto, que reconoce como antecedente la Constitucin Espaola de 1978 como
as tambin la influencia de su doctrina y jurisprudencia, incorpora en forma explcita el
tema ambiental mediante la inclusin del y siguientes en la Primera Parte,Artculo 41
Captulo Segundo.
Si bien tal Captulo se denomina "Nuevos Derechos y Garantas", la doctrina mayoritaria
ya haba sealado que el , de los derechos no enumerados, protega tambinArtculo 33
el derecho al ambiente por lo que a ese respecto no puede ignorarse que su proteccinconstitucional no es tan nueva.
No obstante ello, lo cierto es que con la consagracin literal de la prerrogativa que nos
ocupa, se posiciona a la Argentina en un pie de igualdad con los pases que haban
reformado sus constituciones en las ltimas dcadas del siglo pasado, tratando la
Desde la Reforma Constitucional de 1994, la cuestin ambiental ha sido motivo de
numerosos estudios partiendo de la propia letra de la Constitucin, atento la extensin,
complejidad y riqueza de los temas que introduce, e incluso por algunas curiosidades
como la figura del afectado, en lo que a legitimacin activa se refiere.
Esta circunstancia me releva de la responsabilidad de tener que recorrer todo el texto
constitucional referido, por lo que atender solo algunos aspectos que me parecen
significativos para este trabajo.
El nuevo texto, que reconoce como antecedente la Constitucin Espaola de 1978 como
as tambin la influencia de su doctrina y jurisprudencia, incorpora en forma explcita el
tema ambiental mediante la inclusin del y siguientes en la Primera Parte,Artculo 41
Captulo Segundo.
Si bien tal Captulo se denomina "Nuevos Derechos y Garantas", la doctrina mayoritaria
ya haba sealado que el , de los derechos no enumerados, protega tambinArtculo 33
el derecho al ambiente por lo que a ese respecto no puede ignorarse que su proteccinconstitucional no es tan nueva.
No obstante ello, lo cierto es que con la consagracin literal de la prerrogativa que nos
ocupa, se posiciona a la Argentina en un pie de igualdad con los pases que haban
reformado sus constituciones en las ltimas dcadas del siglo pasado, tratando la
por LAURA ESTER BERNARDI BONOMI2003
www.saij.jus.gov.ar. 2003
Id Infojus: DACC030053
por LAURA ESTER BERNARDI BONOMI2003
www.saij.jus.gov.ar. 2003
Id Infojus: DACC030053
El derecho ambiental en la ConstitucinNacional. Las leyes dictadas en su
consecuencia
Desde la Reforma Constitucional de 1994, la cuestin ambiental ha sido motivo de
numerosos estudios partiendo de la propia letra de la Constitucin, atento la extensin,
complejidad y riqueza de los temas que introduce, e incluso por algunas curiosidades
como la figura del afectado, en lo que a legitimacin activa se refiere.
Esta circunstancia me releva de la responsabilidad de tener que recorrer todo el texto
constitucional referido, por lo que atender solo algunos aspectos que me parecen
significativos para este trabajo.
El nuevo texto, que reconoce como antecedente la Constitucin Espaola de 1978 como
as tambin la influencia de su doctrina y jurisprudencia, incorpora en forma explcita el
tema ambiental mediante la inclusin del y siguientes en la Primera Parte,Artculo 41
Captulo Segundo.
Si bien tal Captulo se denomina "Nuevos Derechos y Garantas", la doctrina mayoritaria
ya haba sealado que el , de los derechos no enumerados, protega tambinArtculo 33
el derecho al ambiente por lo que a ese respecto no puede ignorarse que su proteccinconstitucional no es tan nueva.
No obstante ello, lo cierto es que con la consagracin literal de la prerrogativa que nos
ocupa, se posiciona a la Argentina en un pie de igualdad con los pases que haban
reformado sus constituciones en las ltimas dcadas del siglo pasado, tratando la
Desde la Reforma Constitucional de 1994, la cuestin ambiental ha sido motivo de
numerosos estudios partiendo de la propia letra de la Constitucin, atento la extensin,
complejidad y riqueza de los temas que introduce, e incluso por algunas curiosidades
como la figura del afectado, en lo que a legitimacin activa se refiere.
Esta circunstancia me releva de la responsabilidad de tener que recorrer todo el texto
constitucional referido, por lo que atender solo algunos aspectos que me parecen
significativos para este trabajo.
El nuevo texto, que reconoce como antecedente la Constitucin Espaola de 1978 como
as tambin la influencia de su doctrina y jurisprudencia, incorpora en forma explcita el
tema ambiental mediante la inclusin del y siguientes en la Primera Parte,Artculo 41
Captulo Segundo.
Si bien tal Captulo se denomina "Nuevos Derechos y Garantas", la doctrina mayoritaria
ya haba sealado que el , de los derechos no enumerados, protega tambinArtculo 33
el derecho al ambiente por lo que a ese respecto no puede ignorarse que su proteccinconstitucional no es tan nueva.
No obstante ello, lo cierto es que con la consagracin literal de la prerrogativa que nos
ocupa, se posiciona a la Argentina en un pie de igualdad con los pases que haban
reformado sus constituciones en las ltimas dcadas del siglo pasado, tratando la
por LAURA ESTER BERNARDI BONOMI2003
www.saij.jus.gov.ar. 2003
Id Infojus: DACC030053
por LAURA ESTER BERNARDI BONOMI2003
www.saij.jus.gov.ar. 2003
Id Infojus: DACC030053
El derecho ambiental en la ConstitucinNacional. Las leyes dictadas en su
consecuencia
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cuestin en forma expresa. De la misma forma, muchas provincias argentinas, en
concordancia con esa tendencia y en coincidencia temporal con la misma, haban
sancionado la tutela constitucional para el ambiente, anticipndose a la Nacin.
Dice el Artculo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; ytienen el deber de preservarlo.".....
Esta primera parte del artculo merece algunas consideraciones. La primera se relaciona
con la identificacin y caracterizacin del objeto tutelado, esto es el ambiente.
Mucho se ha escrito al respecto, y tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se
advierte una marcada preferencia por un concepto amplio que incluya los bienes
culturales, en armona con la doctrina y las legislaciones europeas.
Esta posible pacificacin intelectual respecto de la extensin del objeto protegido no
resuelve sin embargo las complejidades del mismo, resultado de las interdependencias
existentes entre los diversos sistemas que lo conforman.
Las dificultades que presenta al legislador el cuidado del ambiente, se relacionan
tambin con las caractersticas particulares de nuestro objeto que se resiste a someterse
a estructuras polticas como las fronteras, sean estas provinciales nacionales o
internacionales.
En efecto, generalmente los lmites de los ecosistemas no coinciden con los lmites
polticos. Estando fuera de la potestad de los estados legislar ms all de sus territorios,
se encuentran compulsados a dar tratamiento parcial a fenmenos globales con las
disvaliosas consecuencias por todos conocidas.
Otro problema que debe afrontarse es el fenmeno del desplazamiento que torna ilusorio
cualquier intento de acotar las consecuencias del dao ambiental.
Es sabido que una alteracin en el equilibrio de la naturaleza produce necesariamente
secuelas no deseadas y en ocasiones no previstas en lugares distintos al del suceso, al
desestabilizar el sistema a consecuencia de un hecho puntual en un lugar determinado.
Cambio climtico, lluvia cida, agujero de ozono sirven para ejemplificar lo dicho.
cuestin en forma expresa. De la misma forma, muchas provincias argentinas, en
concordancia con esa tendencia y en coincidencia temporal con la misma, haban
sancionado la tutela constitucional para el ambiente, anticipndose a la Nacin.
Dice el Artculo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; ytienen el deber de preservarlo.".....
Esta primera parte del artculo merece algunas consideraciones. La primera se relaciona
con la identificacin y caracterizacin del objeto tutelado, esto es el ambiente.
Mucho se ha escrito al respecto, y tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se
advierte una marcada preferencia por un concepto amplio que incluya los bienes
culturales, en armona con la doctrina y las legislaciones europeas.
Esta posible pacificacin intelectual respecto de la extensin del objeto protegido no
resuelve sin embargo las complejidades del mismo, resultado de las interdependencias
existentes entre los diversos sistemas que lo conforman.
Las dificultades que presenta al legislador el cuidado del ambiente, se relacionan
tambin con las caractersticas particulares de nuestro objeto que se resiste a someterse
a estructuras polticas como las fronteras, sean estas provinciales nacionales o
internacionales.
En efecto, generalmente los lmites de los ecosistemas no coinciden con los lmites
polticos. Estando fuera de la potestad de los estados legislar ms all de sus territorios,
se encuentran compulsados a dar tratamiento parcial a fenmenos globales con las
disvaliosas consecuencias por todos conocidas.
Otro problema que debe afrontarse es el fenmeno del desplazamiento que torna ilusorio
cualquier intento de acotar las consecuencias del dao ambiental.
Es sabido que una alteracin en el equilibrio de la naturaleza produce necesariamente
secuelas no deseadas y en ocasiones no previstas en lugares distintos al del suceso, al
desestabilizar el sistema a consecuencia de un hecho puntual en un lugar determinado.
Cambio climtico, lluvia cida, agujero de ozono sirven para ejemplificar lo dicho.
cuestin en forma expresa. De la misma forma, muchas provincias argentinas, en
concordancia con esa tendencia y en coincidencia temporal con la misma, haban
sancionado la tutela constitucional para el ambiente, anticipndose a la Nacin.
Dice el Artculo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; ytienen el deber de preservarlo.".....
Esta primera parte del artculo merece algunas consideraciones. La primera se relaciona
con la identificacin y caracterizacin del objeto tutelado, esto es el ambiente.
Mucho se ha escrito al respecto, y tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se
advierte una marcada preferencia por un concepto amplio que incluya los bienes
culturales, en armona con la doctrina y las legislaciones europeas.
Esta posible pacificacin intelectual respecto de la extensin del objeto protegido no
resuelve sin embargo las complejidades del mismo, resultado de las interdependencias
existentes entre los diversos sistemas que lo conforman.
Las dificultades que presenta al legislador el cuidado del ambiente, se relacionan
tambin con las caractersticas particulares de nuestro objeto que se resiste a someterse
a estructuras polticas como las fronteras, sean estas provinciales nacionales o
internacionales.
En efecto, generalmente los lmites de los ecosistemas no coinciden con los lmites
polticos. Estando fuera de la potestad de los estados legislar ms all de sus territorios,
se encuentran compulsados a dar tratamiento parcial a fenmenos globales con las
disvaliosas consecuencias por todos conocidas.
Otro problema que debe afrontarse es el fenmeno del desplazamiento que torna ilusorio
cualquier intento de acotar las consecuencias del dao ambiental.
Es sabido que una alteracin en el equilibrio de la naturaleza produce necesariamente
secuelas no deseadas y en ocasiones no previstas en lugares distintos al del suceso, al
desestabilizar el sistema a consecuencia de un hecho puntual en un lugar determinado.
Cambio climtico, lluvia cida, agujero de ozono sirven para ejemplificar lo dicho.
cuestin en forma expresa. De la misma forma, muchas provincias argentinas, en
concordancia con esa tendencia y en coincidencia temporal con la misma, haban
sancionado la tutela constitucional para el ambiente, anticipndose a la Nacin.
Dice el Artculo 41: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; ytienen el deber de preservarlo.".....
Esta primera parte del artculo merece algunas consideraciones. La primera se relaciona
con la identificacin y caracterizacin del objeto tutelado, esto es el ambiente.
Mucho se ha escrito al respecto, y tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se
advierte una marcada preferencia por un concepto amplio que incluya los bienes
culturales, en armona con la doctrina y las legislaciones europeas.
Esta posible pacificacin intelectual respecto de la extensin del objeto protegido no
resuelve sin embargo las complejidades del mismo, resultado de las interdependencias
existentes entre los diversos sistemas que lo conforman.
Las dificultades que presenta al legislador el cuidado del ambiente, se relacionan
tambin con las caractersticas particulares de nuestro objeto que se resiste a someterse
a estructuras polticas como las fronteras, sean estas provinciales nacionales o
internacionales.
En efecto, generalmente los lmites de los ecosistemas no coinciden con los lmites
polticos. Estando fuera de la potestad de los estados legislar ms all de sus territorios,
se encuentran compulsados a dar tratamiento parcial a fenmenos globales con las
disvaliosas consecuencias por todos conocidas.
Otro problema que debe afrontarse es el fenmeno del desplazamiento que torna ilusorio
cualquier intento de acotar las consecuencias del dao ambiental.
Es sabido que una alteracin en el equilibrio de la naturaleza produce necesariamente
secuelas no deseadas y en ocasiones no previstas en lugares distintos al del suceso, al
desestabilizar el sistema a consecuencia de un hecho puntual en un lugar determinado.
Cambio climtico, lluvia cida, agujero de ozono sirven para ejemplificar lo dicho.
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La otra cuestin a considerar tiene que ver con la naturaleza jurdica de este derecho,
que conlleva como todos los otros derechos responsabilidades, pero que en el caso del
Artculo. 41, impone en cabeza de los titulares "el deber de preservarlo." Compartimos
por tanto las posturas que lo catalogan como un derecho - deber.
En sintona con la naturaleza jurdica planteada, el texto analizado incluye el concepto de
desarrollo sustentable, nico camino posible para compatibilizar las necesidades deprogreso de las generaciones presentes, sin comprometer el sostenimiento de la vida
para las generaciones por venir.
Esta propuesta de profundo contenido tico, se alinea con la aspiracin declarada por los
padres constituyentes de 1853, cuando expresaban desde el Prembulo, como uno de
los objetivos del dictado del documento fundacional de la Nacin Argentina, el de
promover el bienestar general para nosotros y para nuestra posteridad.
No pueden ignorarse las dificultades que bajar este concepto a la realidad tiene, pero
esa es una decisin que supera lo jurdico comprometiendo a todos los habitantes de
nuestro pas, y que prosperar en la medida en que no se pierda el instinto de
conservacin.
Porque cuando hablamos de derecho al ambiente, hablamos de derecho a la vida, de
eso de trata.
II.
En octubre de 1995, se realiz en la Ciudad de San Miguel de Tucumn la XII
Conferencia Nacional Abogados. El motivo de la convocatoria era "Las leyes que la
Constitucin manda sancionar." A ocho aos de aquella reunin nos encontramos
nuevamente para continuar con el tema iniciado entonces, pero desde la ratificacin de
la vigencia de nuestra Carta Magna.
La publicacin de las Conclusiones del encuentro comienza con La Declaracin de
Tucumn para el Pueblo de la Repblica y para sus Representantes.
Dice en uno de sus prrafos: "Son numerosas las leyes que la reforma de mil
novecientos noventa y cuatro ha deferido al Congreso de la Nacin. El futuro de los
argentinos depender del acierto en la instrumentacin que actualice el federalismo, que
d las garantas en el funcionamiento de los rganos de contralor, que refuerce el valor
de las autonomas municipales y el rgimen estatuido para la Ciudad de Buenos Aires,
La otra cuestin a considerar tiene que ver con la naturaleza jurdica de este derecho,
que conlleva como todos los otros derechos responsabilidades, pero que en el caso del
Artculo. 41, impone en cabeza de los titulares "el deber de preservarlo." Compartimos
por tanto las posturas que lo catalogan como un derecho - deber.
En sintona con la naturaleza jurdica planteada, el texto analizado incluye el concepto de
desarrollo sustentable, nico camino posible para compatibilizar las necesidades deprogreso de las generaciones presentes, sin comprometer el sostenimiento de la vida
para las generaciones por venir.
Esta propuesta de profundo contenido tico, se alinea con la aspiracin declarada por los
padres constituyentes de 1853, cuando expresaban desde el Prembulo, como uno de
los objetivos del dictado del documento fundacional de la Nacin Argentina, el de
promover el bienestar general para nosotros y para nuestra posteridad.
No pueden ignorarse las dificultades que bajar este concepto a la realidad tiene, pero
esa es una decisin que supera lo jurdico comprometiendo a todos los habitantes de
nuestro pas, y que prosperar en la medida en que no se pierda el instinto de
conservacin.
Porque cuando hablamos de derecho al ambiente, hablamos de derecho a la vida, de
eso de trata.
II.
En octubre de 1995, se realiz en la Ciudad de San Miguel de Tucumn la XII
Conferencia Nacional Abogados. El motivo de la convocatoria era "Las leyes que la
Constitucin manda sancionar." A ocho aos de aquella reunin nos encontramos
nuevamente para continuar con el tema iniciado entonces, pero desde la ratificacin de
la vigencia de nuestra Carta Magna.
La publicacin de las Conclusiones del encuentro comienza con La Declaracin de
Tucumn para el Pueblo de la Repblica y para sus Representantes.
Dice en uno de sus prrafos: "Son numerosas las leyes que la reforma de mil
novecientos noventa y cuatro ha deferido al Congreso de la Nacin. El futuro de los
argentinos depender del acierto en la instrumentacin que actualice el federalismo, que
d las garantas en el funcionamiento de los rganos de contralor, que refuerce el valor
de las autonomas municipales y el rgimen estatuido para la Ciudad de Buenos Aires,
La otra cuestin a considerar tiene que ver con la naturaleza jurdica de este derecho,
que conlleva como todos los otros derechos responsabilidades, pero que en el caso del
Artculo. 41, impone en cabeza de los titulares "el deber de preservarlo." Compartimos
por tanto las posturas que lo catalogan como un derecho - deber.
En sintona con la naturaleza jurdica planteada, el texto analizado incluye el concepto de
desarrollo sustentable, nico camino posible para compatibilizar las necesidades deprogreso de las generaciones presentes, sin comprometer el sostenimiento de la vida
para las generaciones por venir.
Esta propuesta de profundo contenido tico, se alinea con la aspiracin declarada por los
padres constituyentes de 1853, cuando expresaban desde el Prembulo, como uno de
los objetivos del dictado del documento fundacional de la Nacin Argentina, el de
promover el bienestar general para nosotros y para nuestra posteridad.
No pueden ignorarse las dificultades que bajar este concepto a la realidad tiene, pero
esa es una decisin que supera lo jurdico comprometiendo a todos los habitantes de
nuestro pas, y que prosperar en la medida en que no se pierda el instinto de
conservacin.
Porque cuando hablamos de derecho al ambiente, hablamos de derecho a la vida, de
eso de trata.
II.
En octubre de 1995, se realiz en la Ciudad de San Miguel de Tucumn la XII
Conferencia Nacional Abogados. El motivo de la convocatoria era "Las leyes que la
Constitucin manda sancionar." A ocho aos de aquella reunin nos encontramos
nuevamente para continuar con el tema iniciado entonces, pero desde la ratificacin de
la vigencia de nuestra Carta Magna.
La publicacin de las Conclusiones del encuentro comienza con La Declaracin de
Tucumn para el Pueblo de la Repblica y para sus Representantes.
Dice en uno de sus prrafos: "Son numerosas las leyes que la reforma de mil
novecientos noventa y cuatro ha deferido al Congreso de la Nacin. El futuro de los
argentinos depender del acierto en la instrumentacin que actualice el federalismo, que
d las garantas en el funcionamiento de los rganos de contralor, que refuerce el valor
de las autonomas municipales y el rgimen estatuido para la Ciudad de Buenos Aires,
La otra cuestin a considerar tiene que ver con la naturaleza jurdica de este derecho,
que conlleva como todos los otros derechos responsabilidades, pero que en el caso del
Artculo. 41, impone en cabeza de los titulares "el deber de preservarlo." Compartimos
por tanto las posturas que lo catalogan como un derecho - deber.
En sintona con la naturaleza jurdica planteada, el texto analizado incluye el concepto de
desarrollo sustentable, nico camino posible para compatibilizar las necesidades deprogreso de las generaciones presentes, sin comprometer el sostenimiento de la vida
para las generaciones por venir.
Esta propuesta de profundo contenido tico, se alinea con la aspiracin declarada por los
padres constituyentes de 1853, cuando expresaban desde el Prembulo, como uno de
los objetivos del dictado del documento fundacional de la Nacin Argentina, el de
promover el bienestar general para nosotros y para nuestra posteridad.
No pueden ignorarse las dificultades que bajar este concepto a la realidad tiene, pero
esa es una decisin que supera lo jurdico comprometiendo a todos los habitantes de
nuestro pas, y que prosperar en la medida en que no se pierda el instinto de
conservacin.
Porque cuando hablamos de derecho al ambiente, hablamos de derecho a la vida, de
eso de trata.
II.
En octubre de 1995, se realiz en la Ciudad de San Miguel de Tucumn la XII
Conferencia Nacional Abogados. El motivo de la convocatoria era "Las leyes que la
Constitucin manda sancionar." A ocho aos de aquella reunin nos encontramos
nuevamente para continuar con el tema iniciado entonces, pero desde la ratificacin de
la vigencia de nuestra Carta Magna.
La publicacin de las Conclusiones del encuentro comienza con La Declaracin de
Tucumn para el Pueblo de la Repblica y para sus Representantes.
Dice en uno de sus prrafos: "Son numerosas las leyes que la reforma de mil
novecientos noventa y cuatro ha deferido al Congreso de la Nacin. El futuro de los
argentinos depender del acierto en la instrumentacin que actualice el federalismo, que
d las garantas en el funcionamiento de los rganos de contralor, que refuerce el valor
de las autonomas municipales y el rgimen estatuido para la Ciudad de Buenos Aires,
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que preserve los valores de la soberana, sin desmedro de los requerimientos de las
integraciones regionales y an de la globalizacin, que potencien al consumidor en su
derecho de contralor de los servicios pblicos, que garantice la proteccin del medio
ambiente y que en el ejercicio de los derechos polticos estructure un sistema en donde
el rol protagnico lo tenga el ciudadano." La ambiental era, como sabemos, una de las
cuestiones que la Constitucin haba deferido al Congreso. En el tercer prrafo del
Artculo 41 se lee: "Corresponde a la Nacin dictar las normas que contengan los
presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aqullas alteren las jurisdicciones locales." La Comisin VI de
la citada Conferencia recomend en esa oportunidad: "De acuerdo al contenido de la
Constitucin Nacional resulta necesario el dictado de la Ley de Contenidos Mnimos que
prescribe el art. 41 de la misma, a fin de armonizar las legislaciones ambientales
provinciales, lo que resulta prioritario para facilitar la posterior armonizacin regional e
internacional. Recomendamos el dictado de normas claras y precisas a fin de facilitar el
desarrollo econmico y tecnolgico.
Asimismo se deber respetar la posibilidad de las provincias de aumentar las exigencias
de acuerdo a sus criterios y realidades locales.
Dicha Ley de Contenidos Mnimos deber examinar y legislar sobre los siguientes
puntos:
1. Definir claramente el objeto de estudio y detallar en anexo un breve glosario sobre los
trminos utilizados.
2. Que el Estado garantice los derechos de los habitantes y establezca los deberes de
los mismos y de los rganos del Estado, de la forma ms amplia posible. Establecer las
responsabilidades del Estado.
3. El diseo bsico de una poltica ambiental con especial nfasis en la prevencin.
4. Organismos y Procedimientos de fiscalizacin y control.
5. Implementacin del estudio y evaluacin del impacto ambiental de todo
emprendimiento econmico de envergadura, publicitando eficazmente su resultado.
6. Adoptar estndares mnimos de calidad ambientales, conforme las normas
internacionales.
que preserve los valores de la soberana, sin desmedro de los requerimientos de las
integraciones regionales y an de la globalizacin, que potencien al consumidor en su
derecho de contralor de los servicios pblicos, que garantice la proteccin del medio
ambiente y que en el ejercicio de los derechos polticos estructure un sistema en donde
el rol protagnico lo tenga el ciudadano." La ambiental era, como sabemos, una de las
cuestiones que la Constitucin haba deferido al Congreso. En el tercer prrafo del
Artculo 41 se lee: "Corresponde a la Nacin dictar las normas que contengan los
presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aqullas alteren las jurisdicciones locales." La Comisin VI de
la citada Conferencia recomend en esa oportunidad: "De acuerdo al contenido de la
Constitucin Nacional resulta necesario el dictado de la Ley de Contenidos Mnimos que
prescribe el art. 41 de la misma, a fin de armonizar las legislaciones ambientales
provinciales, lo que resulta prioritario para facilitar la posterior armonizacin regional e
internacional. Recomendamos el dictado de normas claras y precisas a fin de facilitar el
desarrollo econmico y tecnolgico.
Asimismo se deber respetar la posibilidad de las provincias de aumentar las exigencias
de acuerdo a sus criterios y realidades locales.
Dicha Ley de Contenidos Mnimos deber examinar y legislar sobre los siguientes
puntos:
1. Definir claramente el objeto de estudio y detallar en anexo un breve glosario sobre los
trminos utilizados.
2. Que el Estado garantice los derechos de los habitantes y establezca los deberes de
los mismos y de los rganos del Estado, de la forma ms amplia posible. Establecer las
responsabilidades del Estado.
3. El diseo bsico de una poltica ambiental con especial nfasis en la prevencin.
4. Organismos y Procedimientos de fiscalizacin y control.
5. Implementacin del estudio y evaluacin del impacto ambiental de todo
emprendimiento econmico de envergadura, publicitando eficazmente su resultado.
6. Adoptar estndares mnimos de calidad ambientales, conforme las normas
internacionales.
que preserve los valores de la soberana, sin desmedro de los requerimientos de las
integraciones regionales y an de la globalizacin, que potencien al consumidor en su
derecho de contralor de los servicios pblicos, que garantice la proteccin del medio
ambiente y que en el ejercicio de los derechos polticos estructure un sistema en donde
el rol protagnico lo tenga el ciudadano." La ambiental era, como sabemos, una de las
cuestiones que la Constitucin haba deferido al Congreso. En el tercer prrafo del
Artculo 41 se lee: "Corresponde a la Nacin dictar las normas que contengan los
presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aqullas alteren las jurisdicciones locales." La Comisin VI de
la citada Conferencia recomend en esa oportunidad: "De acuerdo al contenido de la
Constitucin Nacional resulta necesario el dictado de la Ley de Contenidos Mnimos que
prescribe el art. 41 de la misma, a fin de armonizar las legislaciones ambientales
provinciales, lo que resulta prioritario para facilitar la posterior armonizacin regional e
internacional. Recomendamos el dictado de normas claras y precisas a fin de facilitar el
desarrollo econmico y tecnolgico.
Asimismo se deber respetar la posibilidad de las provincias de aumentar las exigencias
de acuerdo a sus criterios y realidades locales.
Dicha Ley de Contenidos Mnimos deber examinar y legislar sobre los siguientes
puntos:
1. Definir claramente el objeto de estudio y detallar en anexo un breve glosario sobre los
trminos utilizados.
2. Que el Estado garantice los derechos de los habitantes y establezca los deberes de
los mismos y de los rganos del Estado, de la forma ms amplia posible. Establecer las
responsabilidades del Estado.
3. El diseo bsico de una poltica ambiental con especial nfasis en la prevencin.
4. Organismos y Procedimientos de fiscalizacin y control.
5. Implementacin del estudio y evaluacin del impacto ambiental de todo
emprendimiento econmico de envergadura, publicitando eficazmente su resultado.
6. Adoptar estndares mnimos de calidad ambientales, conforme las normas
internacionales.
que preserve los valores de la soberana, sin desmedro de los requerimientos de las
integraciones regionales y an de la globalizacin, que potencien al consumidor en su
derecho de contralor de los servicios pblicos, que garantice la proteccin del medio
ambiente y que en el ejercicio de los derechos polticos estructure un sistema en donde
el rol protagnico lo tenga el ciudadano." La ambiental era, como sabemos, una de las
cuestiones que la Constitucin haba deferido al Congreso. En el tercer prrafo del
Artculo 41 se lee: "Corresponde a la Nacin dictar las normas que contengan los
presupuestos mnimos de proteccin, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aqullas alteren las jurisdicciones locales." La Comisin VI de
la citada Conferencia recomend en esa oportunidad: "De acuerdo al contenido de la
Constitucin Nacional resulta necesario el dictado de la Ley de Contenidos Mnimos que
prescribe el art. 41 de la misma, a fin de armonizar las legislaciones ambientales
provinciales, lo que resulta prioritario para facilitar la posterior armonizacin regional e
internacional. Recomendamos el dictado de normas claras y precisas a fin de facilitar el
desarrollo econmico y tecnolgico.
Asimismo se deber respetar la posibilidad de las provincias de aumentar las exigencias
de acuerdo a sus criterios y realidades locales.
Dicha Ley de Contenidos Mnimos deber examinar y legislar sobre los siguientes
puntos:
1. Definir claramente el objeto de estudio y detallar en anexo un breve glosario sobre los
trminos utilizados.
2. Que el Estado garantice los derechos de los habitantes y establezca los deberes de
los mismos y de los rganos del Estado, de la forma ms amplia posible. Establecer las
responsabilidades del Estado.
3. El diseo bsico de una poltica ambiental con especial nfasis en la prevencin.
4. Organismos y Procedimientos de fiscalizacin y control.
5. Implementacin del estudio y evaluacin del impacto ambiental de todo
emprendimiento econmico de envergadura, publicitando eficazmente su resultado.
6. Adoptar estndares mnimos de calidad ambientales, conforme las normas
internacionales.
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7. Que la futura legislacin garantice un amplio informe ambiental e irrestricta
participacin ciudadana.
8. Promover la educacin ambiental tanto en el aspecto formal como informal en todos
los niveles educativos.
9. Adoptar las pautas de legitimacin activa contenidas en le dictamen y conclusiones de
la subcomisin en el tema de interese difusos.
10. Un tratamiento pormenorizado de los siguientes aspectos: agua, suelo, atmsfera,
energa, flora, fauna.
11. Dao ambiental.
12. Responsabilidad por daos.
III.
A pesar del mandato constitucional y de la imperiosa necesidad de establecer esas
pautas bsicas, que advertimos como un eficaz instrumento de armonizacin de criterios
legislativos dentro del territorio nacional, las leyes de presupuestos mnimos de
proteccin, demoraron ms de siete aos en hacer su irrupcin al mundo jurdico.
Los argumentos que sostienen la importancia de estas leyes, tienen que ver con las
particulares caractersticas del objeto tutelado, someramente mencionadas mas arriba y
con su capacidad de ir incrementado la ineficacia de la norma, en la medida en que se
reduce el mbito de aplicacin Es por ello que se debe insistir en la pertinencia de
generar regulaciones que incluyan propuestas integradoras y rechazar aquellas que sean
disociativas.
Esto no significa de modo alguno enervar las potestades de las jurisdicciones locales, lasque conservan todo el poder no delegado, estando facultadas adems para aumentar los
presupuestos mnimos en los casos que lo crean conveniente.
Superadas las discusiones suscitadas respecto de la interpretacin de la letra del tercer
prrafo del Artculo 41, y no obstante un orden cronolgico desconcertante, contamos a
la fecha con cuatro leyes que obedecen el mandato constitucional.
7. Que la futura legislacin garantice un amplio informe ambiental e irrestricta
participacin ciudadana.
8. Promover la educacin ambiental tanto en el aspecto formal como informal en todos
los niveles educativos.
9. Adoptar las pautas de legitimacin activa contenidas en le dictamen y conclusiones de
la subcomisin en el tema de interese difusos.
10. Un tratamiento pormenorizado de los siguientes aspectos: agua, suelo, atmsfera,
energa, flora, fauna.
11. Dao ambiental.
12. Responsabilidad por daos.
III.
A pesar del mandato constitucional y de la imperiosa necesidad de establecer esas
pautas bsicas, que advertimos como un eficaz instrumento de armonizacin de criterios
legislativos dentro del territorio nacional, las leyes de presupuestos mnimos de
proteccin, demoraron ms de siete aos en hacer su irrupcin al mundo jurdico.
Los argumentos que sostienen la importancia de estas leyes, tienen que ver con las
particulares caractersticas del objeto tutelado, someramente mencionadas mas arriba y
con su capacidad de ir incrementado la ineficacia de la norma, en la medida en que se
reduce el mbito de aplicacin Es por ello que se debe insistir en la pertinencia de
generar regulaciones que incluyan propuestas integradoras y rechazar aquellas que sean
disociativas.
Esto no significa de modo alguno enervar las potestades de las jurisdicciones locales, lasque conservan todo el poder no delegado, estando facultadas adems para aumentar los
presupuestos mnimos en los casos que lo crean conveniente.
Superadas las discusiones suscitadas respecto de la interpretacin de la letra del tercer
prrafo del Artculo 41, y no obstante un orden cronolgico desconcertante, contamos a
la fecha con cuatro leyes que obedecen el mandato constitucional.
7. Que la futura legislacin garantice un amplio informe ambiental e irrestricta
participacin ciudadana.
8. Promover la educacin ambiental tanto en el aspecto formal como informal en todos
los niveles educativos.
9. Adoptar las pautas de legitimacin activa contenidas en le dictamen y conclusiones de
la subcomisin en el tema de interese difusos.
10. Un tratamiento pormenorizado de los siguientes aspectos: agua, suelo, atmsfera,
energa, flora, fauna.
11. Dao ambiental.
12. Responsabilidad por daos.
III.
A pesar del mandato constitucional y de la imperiosa necesidad de establecer esas
pautas bsicas, que advertimos como un eficaz instrumento de armonizacin de criterios
legislativos dentro del territorio nacional, las leyes de presupuestos mnimos de
proteccin, demoraron ms de siete aos en hacer su irrupcin al mundo jurdico.
Los argumentos que sostienen la importancia de estas leyes, tienen que ver con las
particulares caractersticas del objeto tutelado, someramente mencionadas mas arriba y
con su capacidad de ir incrementado la ineficacia de la norma, en la medida en que se
reduce el mbito de aplicacin Es por ello que se debe insistir en la pertinencia de
generar regulaciones que incluyan propuestas integradoras y rechazar aquellas que sean
disociativas.
Esto no significa de modo alguno enervar las potestades de las jurisdicciones locales, lasque conservan todo el poder no delegado, estando facultadas adems para aumentar los
presupuestos mnimos en los casos que lo crean conveniente.
Superadas las discusiones suscitadas respecto de la interpretacin de la letra del tercer
prrafo del Artculo 41, y no obstante un orden cronolgico desconcertante, contamos a
la fecha con cuatro leyes que obedecen el mandato constitucional.
7. Que la futura legislacin garantice un amplio informe ambiental e irrestricta
participacin ciudadana.
8. Promover la educacin ambiental tanto en el aspecto formal como informal en todos
los niveles educativos.
9. Adoptar las pautas de legitimacin activa contenidas en le dictamen y conclusiones de
la subcomisin en el tema de interese difusos.
10. Un tratamiento pormenorizado de los siguientes aspectos: agua, suelo, atmsfera,
energa, flora, fauna.
11. Dao ambiental.
12. Responsabilidad por daos.
III.
A pesar del mandato constitucional y de la imperiosa necesidad de establecer esas
pautas bsicas, que advertimos como un eficaz instrumento de armonizacin de criterios
legislativos dentro del territorio nacional, las leyes de presupuestos mnimos de
proteccin, demoraron ms de siete aos en hacer su irrupcin al mundo jurdico.
Los argumentos que sostienen la importancia de estas leyes, tienen que ver con las
particulares caractersticas del objeto tutelado, someramente mencionadas mas arriba y
con su capacidad de ir incrementado la ineficacia de la norma, en la medida en que se
reduce el mbito de aplicacin Es por ello que se debe insistir en la pertinencia de
generar regulaciones que incluyan propuestas integradoras y rechazar aquellas que sean
disociativas.
Esto no significa de modo alguno enervar las potestades de las jurisdicciones locales, lasque conservan todo el poder no delegado, estando facultadas adems para aumentar los
presupuestos mnimos en los casos que lo crean conveniente.
Superadas las discusiones suscitadas respecto de la interpretacin de la letra del tercer
prrafo del Artculo 41, y no obstante un orden cronolgico desconcertante, contamos a
la fecha con cuatro leyes que obedecen el mandato constitucional.
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8/12/2019 Derecho Ambiental en Argentina
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Ellas son: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DELEY N25.612
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GESTION Y ELIMINACION DE LOSLEY N25.670
PCBs.
LEY N25.675LEY GENERAL DEL AMBIENTE REGIMEN DE GESTIONLEY N25.688
DE AGUAS Con independencia de las opiniones puntuales que cada una de ellas
merezca, el conjunto normativo sealado resulta compatible con la necesidad deemparejar, en lo que constituir la base jurdica ambiental argentina, los contenidos
bsicos de la misma, lo que de por s merece ser ponderado.
El criterio utilizado respecto de la responsabilidad, que consagra la objetiva como
principio general en la materia, ha sido plasmado en todas ellas, con excepcin de la
25.688 que no se ocupa del tema.
Asimismo, y con la misma exclusin, las leyes sealadas declaran sus disposiciones deorden pblico.
Todas, sin excepcin regulan con criterio integrador presupuestos mnimos de proteccin
ambiental para todo el territorio y, salvo la 25.688 que crea los Comits de Cuencas
Hdricas, todas las otras prevn la participacin del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), a modo de ratificacin del federalismo consensuado.
La ley General del Ambiente, como su nombre lo indica es el ncleo del sistema, aunque
fuera sancionada con posterioridad a la Ley de Gestin de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios, y a la de Gestin y Eliminacin de PCBs.
Su finalidad es establecer..." los presupuestos mnimos para el logro de una gestin
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacin y proteccin de la diversidad
biolgica y la implementacin del desarrollo sustentable." (art. 1), y declara que sus
disposiciones "se utilizarn para la interpretacin y aplicacin de la legislacin especfica
sobre la materia, la cual mantendr su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y
disposiciones contenidas en ella." (art.3).
Define como presupuesto mnimo, de acuerdo al Art. 41 de la Constitucin Nacional " a
toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o comn para todo el territorio
nacional ", cuyo objeto consista en "imponer condiciones necesarias para asegurar la
proteccin ambiental", y que en lo que a su contenido se refiere, prevea " las condiciones
Ellas son: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DELEY N25.612
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GESTION Y ELIMINACION DE LOSLEY N25.670
PCBs.
LEY N25.675LEY GENERAL DEL AMBIENTE REGIMEN DE GESTIONLEY N25.688
DE AGUAS Con independencia de las opiniones puntuales que cada una de ellas
merezca, el conjunto normativo sealado resulta compatible con la necesidad deemparejar, en lo que constituir la base jurdica ambiental argentina, los contenidos
bsicos de la misma, lo que de por s merece ser ponderado.
El criterio utilizado respecto de la responsabilidad, que consagra la objetiva como
principio general en la materia, ha sido plasmado en todas ellas, con excepcin de la
25.688 que no se ocupa del tema.
Asimismo, y con la misma exclusin, las leyes sealadas declaran sus disposiciones deorden pblico.
Todas, sin excepcin regulan con criterio integrador presupuestos mnimos de proteccin
ambiental para todo el territorio y, salvo la 25.688 que crea los Comits de Cuencas
Hdricas, todas las otras prevn la participacin del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), a modo de ratificacin del federalismo consensuado.
La ley General del Ambiente, como su nombre lo indica es el ncleo del sistema, aunque
fuera sancionada con posterioridad a la Ley de Gestin de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios, y a la de Gestin y Eliminacin de PCBs.
Su finalidad es establecer..." los presupuestos mnimos para el logro de una gestin
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacin y proteccin de la diversidad
biolgica y la implementacin del desarrollo sustentable." (art. 1), y declara que sus
disposiciones "se utilizarn para la interpretacin y aplicacin de la legislacin especfica
sobre la materia, la cual mantendr su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y
disposiciones contenidas en ella." (art.3).
Define como presupuesto mnimo, de acuerdo al Art. 41 de la Constitucin Nacional " a
toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o comn para todo el territorio
nacional ", cuyo objeto consista en "imponer condiciones necesarias para asegurar la
proteccin ambiental", y que en lo que a su contenido se refiere, prevea " las condiciones
Ellas son: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DELEY N25.612
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GESTION Y ELIMINACION DE LOSLEY N25.670
PCBs.
LEY N25.675LEY GENERAL DEL AMBIENTE REGIMEN DE GESTIONLEY N25.688
DE AGUAS Con independencia de las opiniones puntuales que cada una de ellas
merezca, el conjunto normativo sealado resulta compatible con la necesidad deemparejar, en lo que constituir la base jurdica ambiental argentina, los contenidos
bsicos de la misma, lo que de por s merece ser ponderado.
El criterio utilizado respecto de la responsabilidad, que consagra la objetiva como
principio general en la materia, ha sido plasmado en todas ellas, con excepcin de la
25.688 que no se ocupa del tema.
Asimismo, y con la misma exclusin, las leyes sealadas declaran sus disposiciones deorden pblico.
Todas, sin excepcin regulan con criterio integrador presupuestos mnimos de proteccin
ambiental para todo el territorio y, salvo la 25.688 que crea los Comits de Cuencas
Hdricas, todas las otras prevn la participacin del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), a modo de ratificacin del federalismo consensuado.
La ley General del Ambiente, como su nombre lo indica es el ncleo del sistema, aunque
fuera sancionada con posterioridad a la Ley de Gestin de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios, y a la de Gestin y Eliminacin de PCBs.
Su finalidad es establecer..." los presupuestos mnimos para el logro de una gestin
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacin y proteccin de la diversidad
biolgica y la implementacin del desarrollo sustentable." (art. 1), y declara que sus
disposiciones "se utilizarn para la interpretacin y aplicacin de la legislacin especfica
sobre la materia, la cual mantendr su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y
disposiciones contenidas en ella." (art.3).
Define como presupuesto mnimo, de acuerdo al Art. 41 de la Constitucin Nacional " a
toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o comn para todo el territorio
nacional ", cuyo objeto consista en "imponer condiciones necesarias para asegurar la
proteccin ambiental", y que en lo que a su contenido se refiere, prevea " las condiciones
Ellas son: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DELEY N25.612
ACTIVIDADES DE SERVICIOS GESTION Y ELIMINACION DE LOSLEY N25.670
PCBs.
LEY N25.675LEY GENERAL DEL AMBIENTE REGIMEN DE GESTIONLEY N25.688
DE AGUAS Con independencia de las opiniones puntuales que cada una de ellas
merezca, el conjunto normativo sealado resulta compatible con la necesidad deemparejar, en lo que constituir la base jurdica ambiental argentina, los contenidos
bsicos de la misma, lo que de por s merece ser ponderado.
El criterio utilizado respecto de la responsabilidad, que consagra la objetiva como
principio general en la materia, ha sido plasmado en todas ellas, con excepcin de la
25.688 que no se ocupa del tema.
Asimismo, y con la misma exclusin, las leyes sealadas declaran sus disposiciones deorden pblico.
Todas, sin excepcin regulan con criterio integrador presupuestos mnimos de proteccin
ambiental para todo el territorio y, salvo la 25.688 que crea los Comits de Cuencas
Hdricas, todas las otras prevn la participacin del Consejo Federal del Medio Ambiente
(COFEMA), a modo de ratificacin del federalismo consensuado.
La ley General del Ambiente, como su nombre lo indica es el ncleo del sistema, aunque
fuera sancionada con posterioridad a la Ley de Gestin de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios, y a la de Gestin y Eliminacin de PCBs.
Su finalidad es establecer..." los presupuestos mnimos para el logro de una gestin
sustentable y adecuada del ambiente, la preservacin y proteccin de la diversidad
biolgica y la implementacin del desarrollo sustentable." (art. 1), y declara que sus
disposiciones "se utilizarn para la interpretacin y aplicacin de la legislacin especfica
sobre la materia, la cual mantendr su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y
disposiciones contenidas en ella." (art.3).
Define como presupuesto mnimo, de acuerdo al Art. 41 de la Constitucin Nacional " a
toda norma que conceda una tutela ambiental uniforme o comn para todo el territorio
nacional ", cuyo objeto consista en "imponer condiciones necesarias para asegurar la
proteccin ambiental", y que en lo que a su contenido se refiere, prevea " las condiciones
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8/12/2019 Derecho Ambiental en Argentina
7/11
necesarias para garantizar la dinmica de los sistemas ecolgicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservacin ambiental y el desarrollo
sustentable".(art.6).
Respecto de la poltica ambiental, enumera sus objetivos, los principios que debern
regirla e identifica los instrumentos de los que se valdr la poltica y la gestin ambiental
(arts.4 y siguientes).
Seis son los propuestos: 1) ordenamiento ambiental del territorio, 2) evaluacin de
impacto ambiental, 3) sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrpicas, 4) educacin ambiental, 5) sistema de diagnstico e informacin ambiental,
6) rgimen econmico de promocin del desarrollo sustentable.
La de los instrumentos es una de las reas menos logradas de la ley en la que el
legislador vara entre la imprecisin (ver art. 11, evaluacin de impacto ambiental) y laconfusin (art. 19 sobre participacin ciudadana).
Incluye el requisito del seguro ambiental para actividades riesgosas (art. 22) y establece
el Sistema Federal Ambiental para coordinar la poltica ambiental, instrumentado por
medio del COFEMA.
El artculo 27 dice: El presente captulo establece las normas que regirn los hechos o
actos jurdicos, lcitos o ilcitos que, por accin u omisin, causen dao ambiental de
incidencia colectiva. Se define al dao ambiental como toda alteracin relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o
los bienes o valores colectivos.
Ms all de la aceptacin o el rechazo que provoque el sistema implementado, y de
algunas desprolijidades, como iniciar la cuestin haciendo referencia a un captulo
inexistente, no puede negarse que los artculos dedicados a ste tema son los ms
comprometidos de todo el texto, teniendo en cuenta las implicancias jurdicas y
econmicas que poseen.
Ya hemos sealado que compartimos la eleccin de la responsabilidad objetiva como
principio general para esta cuestin.
El Decreto N 2413/02 de promulgacin de la ley observ la siguientes cuestiones del
proyecto: - la capacidad operativa de la norma establecida en su artculo 3, - el derecho
de toda persona a ser consultada sobre procedimientos administrativos que se
necesarias para garantizar la dinmica de los sistemas ecolgicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservacin ambiental y el desarrollo
sustentable".(art.6).
Respecto de la poltica ambiental, enumera sus objetivos, los principios que debern
regirla e identifica los instrumentos de los que se valdr la poltica y la gestin ambiental
(arts.4 y siguientes).
Seis son los propuestos: 1) ordenamiento ambiental del territorio, 2) evaluacin de
impacto ambiental, 3) sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrpicas, 4) educacin ambiental, 5) sistema de diagnstico e informacin ambiental,
6) rgimen econmico de promocin del desarrollo sustentable.
La de los instrumentos es una de las reas menos logradas de la ley en la que el
legislador vara entre la imprecisin (ver art. 11, evaluacin de impacto ambiental) y laconfusin (art. 19 sobre participacin ciudadana).
Incluye el requisito del seguro ambiental para actividades riesgosas (art. 22) y establece
el Sistema Federal Ambiental para coordinar la poltica ambiental, instrumentado por
medio del COFEMA.
El artculo 27 dice: El presente captulo establece las normas que regirn los hechos o
actos jurdicos, lcitos o ilcitos que, por accin u omisin, causen dao ambiental de
incidencia colectiva. Se define al dao ambiental como toda alteracin relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o
los bienes o valores colectivos.
Ms all de la aceptacin o el rechazo que provoque el sistema implementado, y de
algunas desprolijidades, como iniciar la cuestin haciendo referencia a un captulo
inexistente, no puede negarse que los artculos dedicados a ste tema son los ms
comprometidos de todo el texto, teniendo en cuenta las implicancias jurdicas y
econmicas que poseen.
Ya hemos sealado que compartimos la eleccin de la responsabilidad objetiva como
principio general para esta cuestin.
El Decreto N 2413/02 de promulgacin de la ley observ la siguientes cuestiones del
proyecto: - la capacidad operativa de la norma establecida en su artculo 3, - el derecho
de toda persona a ser consultada sobre procedimientos administrativos que se
necesarias para garantizar la dinmica de los sistemas ecolgicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservacin ambiental y el desarrollo
sustentable".(art.6).
Respecto de la poltica ambiental, enumera sus objetivos, los principios que debern
regirla e identifica los instrumentos de los que se valdr la poltica y la gestin ambiental
(arts.4 y siguientes).
Seis son los propuestos: 1) ordenamiento ambiental del territorio, 2) evaluacin de
impacto ambiental, 3) sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrpicas, 4) educacin ambiental, 5) sistema de diagnstico e informacin ambiental,
6) rgimen econmico de promocin del desarrollo sustentable.
La de los instrumentos es una de las reas menos logradas de la ley en la que el
legislador vara entre la imprecisin (ver art. 11, evaluacin de impacto ambiental) y laconfusin (art. 19 sobre participacin ciudadana).
Incluye el requisito del seguro ambiental para actividades riesgosas (art. 22) y establece
el Sistema Federal Ambiental para coordinar la poltica ambiental, instrumentado por
medio del COFEMA.
El artculo 27 dice: El presente captulo establece las normas que regirn los hechos o
actos jurdicos, lcitos o ilcitos que, por accin u omisin, causen dao ambiental de
incidencia colectiva. Se define al dao ambiental como toda alteracin relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o
los bienes o valores colectivos.
Ms all de la aceptacin o el rechazo que provoque el sistema implementado, y de
algunas desprolijidades, como iniciar la cuestin haciendo referencia a un captulo
inexistente, no puede negarse que los artculos dedicados a ste tema son los ms
comprometidos de todo el texto, teniendo en cuenta las implicancias jurdicas y
econmicas que poseen.
Ya hemos sealado que compartimos la eleccin de la responsabilidad objetiva como
principio general para esta cuestin.
El Decreto N 2413/02 de promulgacin de la ley observ la siguientes cuestiones del
proyecto: - la capacidad operativa de la norma establecida en su artculo 3, - el derecho
de toda persona a ser consultada sobre procedimientos administrativos que se
necesarias para garantizar la dinmica de los sistemas ecolgicos, mantener su
capacidad de carga y, en general, asegurar la preservacin ambiental y el desarrollo
sustentable".(art.6).
Respecto de la poltica ambiental, enumera sus objetivos, los principios que debern
regirla e identifica los instrumentos de los que se valdr la poltica y la gestin ambiental
(arts.4 y siguientes).
Seis son los propuestos: 1) ordenamiento ambiental del territorio, 2) evaluacin de
impacto ambiental, 3) sistema de control sobre el desarrollo de las actividades
antrpicas, 4) educacin ambiental, 5) sistema de diagnstico e informacin ambiental,
6) rgimen econmico de promocin del desarrollo sustentable.
La de los instrumentos es una de las reas menos logradas de la ley en la que el
legislador vara entre la imprecisin (ver art. 11, evaluacin de impacto ambiental) y laconfusin (art. 19 sobre participacin ciudadana).
Incluye el requisito del seguro ambiental para actividades riesgosas (art. 22) y establece
el Sistema Federal Ambiental para coordinar la poltica ambiental, instrumentado por
medio del COFEMA.
El artculo 27 dice: El presente captulo establece las normas que regirn los hechos o
actos jurdicos, lcitos o ilcitos que, por accin u omisin, causen dao ambiental de
incidencia colectiva. Se define al dao ambiental como toda alteracin relevante que
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o
los bienes o valores colectivos.
Ms all de la aceptacin o el rechazo que provoque el sistema implementado, y de
algunas desprolijidades, como iniciar la cuestin haciendo referencia a un captulo
inexistente, no puede negarse que los artculos dedicados a ste tema son los ms
comprometidos de todo el texto, teniendo en cuenta las implicancias jurdicas y
econmicas que poseen.
Ya hemos sealado que compartimos la eleccin de la responsabilidad objetiva como
principio general para esta cuestin.
El Decreto N 2413/02 de promulgacin de la ley observ la siguientes cuestiones del
proyecto: - la capacidad operativa de la norma establecida en su artculo 3, - el derecho
de toda persona a ser consultada sobre procedimientos administrativos que se
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8/12/2019 Derecho Ambiental en Argentina
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relacionen con la preservacin y proteccin del ambiente, artculo 19, - la presuncin iuris
tantum contra el autor del dao, en caso de existir infracciones ambientales
administrativas, artculo 29, - y la posibilidad del juez de sentenciar ultra petitis, de
acuerdo a las reglas de la sana crtica, artculo 32.
Confrontando el contenido de la Ley General del Ambiente con las recomendaciones de
la Comisin VI de la XII Conferencia Nacional de Abogados, advertimos que casi todasellas han sido tratadas en la norma lo que resulta alentador, al tiempo que nos indica la
conveniencia de insistir sobre la necesidad de resolver las cuestiones pendientes como
as tambin la de atender los nuevos desafos.
Comentario aparte merece la ley de Gestin Integral de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios, primera de este conjunto de presupuestos mnimos de
proteccin ambiental en hacer su aparicin al mundo del derecho vigente.
Estructurada con buena tcnica legislativa, organiza su contenido en ttulos y captulos,
incluyendo no solo los objetos y actividades sobre los que legisla, sino tambin
definiciones, objetivos y exclusiones a su rgimen.
Pensada para remplazar a la , nace con una fuerte contradiccin resultado delley 24.051
decreto que la promulga y que la veta parcialmente.
Dice el artculo 60: Dergase la Ley 24.051 y toda norma o disposicin que se oponga a
la presente.
Hasta tanto se sancione una ley especfica de presupuestos mnimos sobre gestin de
residuos patolgicos, se mantendr vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos,
respecto de la materia.
Asimismo, hasta que la reglamentacin establezca la creacin de los diferentes registros
determinados por la presente, se mantendrn vigentes los anexos y registros contenidos
en dicha ley.
Por otra parte, el Decreto N 1343/02, artculo 2 establece: Obsrvase el primer prrafo
del artculo 60 del Proyecto de Ley registrado bajo el N250612.
relacionen con la preservacin y proteccin del ambiente, artculo 19, - la presuncin iuris
tantum contra el autor del dao, en caso de existir infracciones ambientales
administrativas, artculo 29, - y la posibilidad del juez de sentenciar ultra petitis, de
acuerdo a las reglas de la sana crtica, artculo 32.
Confrontando el contenido de la Ley General del Ambiente con las recomendaciones de
la Comisin VI de la XII Conferencia Nacional de Abogados, advertimos que casi todasellas han sido tratadas en la norma lo que resulta alentador, al tiempo que nos indica la
conveniencia de insistir sobre la necesidad de resolver las cuestiones pendientes como
as tambin la de atender los nuevos desafos.
Comentario aparte merece la ley de Gestin Integral de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios, primera de este conjunto de presupuestos mnimos de
proteccin ambiental en hacer su aparicin al mundo del derecho vigente.
Estructurada con buena tcnica legislativa, organiza su contenido en ttulos y captulos,
incluyendo no solo los objetos y actividades sobre los que legisla, sino tambin
definiciones, objetivos y exclusiones a su rgimen.
Pensada para remplazar a la , nace con una fuerte contradiccin resultado delley 24.051
decreto que la promulga y que la veta parcialmente.
Dice el artculo 60: Dergase la Ley 24.051 y toda norma o disposicin que se oponga a
la presente.
Hasta tanto se sancione una ley especfica de presupuestos mnimos sobre gestin de
residuos patolgicos, se mantendr vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos,
respecto de la materia.
Asimismo, hasta que la reglamentacin establezca la creacin de los diferentes registros
determinados por la presente, se mantendrn vigentes los anexos y registros contenidos
en dicha ley.
Por otra parte, el Decreto N 1343/02, artculo 2 establece: Obsrvase el primer prrafo
del artculo 60 del Proyecto de Ley registrado bajo el N250612.
relacionen con la preservacin y proteccin del ambiente, artculo 19, - la presuncin iuris
tantum contra el autor del dao, en caso de existir infracciones ambientales
administrativas, artculo 29, - y la posibilidad del juez de sentenciar ultra petitis, de
acuerdo a las reglas de la sana crtica, artculo 32.
Confrontando el contenido de la Ley General del Ambiente con las recomendaciones de
la Comisin VI de la XII Conferencia Nacional de Abogados, advertimos que casi todasellas han sido tratadas en la norma lo que resulta alentador, al tiempo que nos indica la
conveniencia de insistir sobre la necesidad de resolver las cuestiones pendientes como
as tambin la de atender los nuevos desafos.
Comentario aparte merece la ley de Gestin Integral de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios, primera de este conjunto de presupuestos mnimos de
proteccin ambiental en hacer su aparicin al mundo del derecho vigente.
Estructurada con buena tcnica legislativa, organiza su contenido en ttulos y captulos,
incluyendo no solo los objetos y actividades sobre los que legisla, sino tambin
definiciones, objetivos y exclusiones a su rgimen.
Pensada para remplazar a la , nace con una fuerte contradiccin resultado delley 24.051
decreto que la promulga y que la veta parcialmente.
Dice el artculo 60: Dergase la Ley 24.051 y toda norma o disposicin que se oponga a
la presente.
Hasta tanto se sancione una ley especfica de presupuestos mnimos sobre gestin de
residuos patolgicos, se mantendr vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos,
respecto de la materia.
Asimismo, hasta que la reglamentacin establezca la creacin de los diferentes registros
determinados por la presente, se mantendrn vigentes los anexos y registros contenidos
en dicha ley.
Por otra parte, el Decreto N 1343/02, artculo 2 establece: Obsrvase el primer prrafo
del artculo 60 del Proyecto de Ley registrado bajo el N250612.
relacionen con la preservacin y proteccin del ambiente, artculo 19, - la presuncin iuris
tantum contra el autor del dao, en caso de existir infracciones ambientales
administrativas, artculo 29, - y la posibilidad del juez de sentenciar ultra petitis, de
acuerdo a las reglas de la sana crtica, artculo 32.
Confrontando el contenido de la Ley General del Ambiente con las recomendaciones de
la Comisin VI de la XII Conferencia Nacional de Abogados, advertimos que casi todasellas han sido tratadas en la norma lo que resulta alentador, al tiempo que nos indica la
conveniencia de insistir sobre la necesidad de resolver las cuestiones pendientes como
as tambin la de atender los nuevos desafos.
Comentario aparte merece la ley de Gestin Integral de Residuos Industriales y de
Actividades de Servicios, primera de este conjunto de presupuestos mnimos de
proteccin ambiental en hacer su aparicin al mundo del derecho vigente.
Estructurada con buena tcnica legislativa, organiza su contenido en ttulos y captulos,
incluyendo no solo los objetos y actividades sobre los que legisla, sino tambin
definiciones, objetivos y exclusiones a su rgimen.
Pensada para remplazar a la , nace con una fuerte contradiccin resultado delley 24.051
decreto que la promulga y que la veta parcialmente.
Dice el artculo 60: Dergase la Ley 24.051 y toda norma o disposicin que se oponga a
la presente.
Hasta tanto se sancione una ley especfica de presupuestos mnimos sobre gestin de
residuos patolgicos, se mantendr vigente lo dispuesto en la Ley 24.051 y sus anexos,
respecto de la materia.
Asimismo, hasta que la reglamentacin establezca la creacin de los diferentes registros
determinados por la presente, se mantendrn vigentes los anexos y registros contenidos
en dicha ley.
Por otra parte, el Decreto N 1343/02, artculo 2 establece: Obsrvase el primer prrafo
del artculo 60 del Proyecto de Ley registrado bajo el N250612.
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De la lectura de ambos textos surge claramente la contradiccin sealada, atento que la
nueva norma, consciente de proponer un sistema diferente al de la ley que pretende
reemplazar, organiza lo que supone ser una transicin organizada.
Esta transicin pacfica es precisamente lo que desbarata el artculo 3 del decreto de
promulgacin.
Deber recurrirse entonces a la doctrina y la jurisprudencia para recomponer la
coexistencia pacfica de ambas normas durante el perodo que tarde la transicin, las
que por cierto tienen soluciones a la cuestin, pero convengamos que sta no es la
mejor manera de comenzar.
Otros artculos observados por el citado decreto son el 51, 52, 53 y 54, que incorporaban
al Cdigo Penal, el Captulo III del proyecto de ley sobre responsabilidad penal.
La ley 25.670, de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin y
Eliminacin de los PCBs., al igual que la 25.612, declara sus objetivos, e incluye
definiciones y prohibiciones (artculos 1al 12). Crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs. (artculos 7 al 10), y se vincula en forma inteligente con la ley de
residuos peligrosos (artculo 24).
Su dictado resultaba imprescindible atento los graves riesgos que para la salud de las
personas puede implicar el uso de los PCBs., quedando para lamentar que los plazos
otorgados por el legislador para su eliminacin sean tan extensos.
La ley 25.688, sobre Rgimen de Gestin Ambiental de Aguas, fue la ltima de las
normas de presupuestos mnimos de proteccin ambiental en ser sancionada.
Es de todas ellas la menos trabajada, la ms elemental y declarativa, y no se
corresponde con la importancia del tema que regula.
Con sus aciertos y sus errores, el plexo normativo analizado constituye una significativa
inflexin en lo que a la estructura del mapa jurdico ambiental de nuestro pas se refiere.
Aun cuando quede todava mucho por hacer en este campo, el desafo inmediato
consiste en lograr que lo que est hecho funcione.
De la lectura de ambos textos surge claramente la contradiccin sealada, atento que la
nueva norma, consciente de proponer un sistema diferente al de la ley que pretende
reemplazar, organiza lo que supone ser una transicin organizada.
Esta transicin pacfica es precisamente lo que desbarata el artculo 3 del decreto de
promulgacin.
Deber recurrirse entonces a la doctrina y la jurisprudencia para recomponer la
coexistencia pacfica de ambas normas durante el perodo que tarde la transicin, las
que por cierto tienen soluciones a la cuestin, pero convengamos que sta no es la
mejor manera de comenzar.
Otros artculos observados por el citado decreto son el 51, 52, 53 y 54, que incorporaban
al Cdigo Penal, el Captulo III del proyecto de ley sobre responsabilidad penal.
La ley 25.670, de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin y
Eliminacin de los PCBs., al igual que la 25.612, declara sus objetivos, e incluye
definiciones y prohibiciones (artculos 1al 12). Crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs. (artculos 7 al 10), y se vincula en forma inteligente con la ley de
residuos peligrosos (artculo 24).
Su dictado resultaba imprescindible atento los graves riesgos que para la salud de las
personas puede implicar el uso de los PCBs., quedando para lamentar que los plazos
otorgados por el legislador para su eliminacin sean tan extensos.
La ley 25.688, sobre Rgimen de Gestin Ambiental de Aguas, fue la ltima de las
normas de presupuestos mnimos de proteccin ambiental en ser sancionada.
Es de todas ellas la menos trabajada, la ms elemental y declarativa, y no se
corresponde con la importancia del tema que regula.
Con sus aciertos y sus errores, el plexo normativo analizado constituye una significativa
inflexin en lo que a la estructura del mapa jurdico ambiental de nuestro pas se refiere.
Aun cuando quede todava mucho por hacer en este campo, el desafo inmediato
consiste en lograr que lo que est hecho funcione.
De la lectura de ambos textos surge claramente la contradiccin sealada, atento que la
nueva norma, consciente de proponer un sistema diferente al de la ley que pretende
reemplazar, organiza lo que supone ser una transicin organizada.
Esta transicin pacfica es precisamente lo que desbarata el artculo 3 del decreto de
promulgacin.
Deber recurrirse entonces a la doctrina y la jurisprudencia para recomponer la
coexistencia pacfica de ambas normas durante el perodo que tarde la transicin, las
que por cierto tienen soluciones a la cuestin, pero convengamos que sta no es la
mejor manera de comenzar.
Otros artculos observados por el citado decreto son el 51, 52, 53 y 54, que incorporaban
al Cdigo Penal, el Captulo III del proyecto de ley sobre responsabilidad penal.
La ley 25.670, de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin y
Eliminacin de los PCBs., al igual que la 25.612, declara sus objetivos, e incluye
definiciones y prohibiciones (artculos 1al 12). Crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs. (artculos 7 al 10), y se vincula en forma inteligente con la ley de
residuos peligrosos (artculo 24).
Su dictado resultaba imprescindible atento los graves riesgos que para la salud de las
personas puede implicar el uso de los PCBs., quedando para lamentar que los plazos
otorgados por el legislador para su eliminacin sean tan extensos.
La ley 25.688, sobre Rgimen de Gestin Ambiental de Aguas, fue la ltima de las
normas de presupuestos mnimos de proteccin ambiental en ser sancionada.
Es de todas ellas la menos trabajada, la ms elemental y declarativa, y no se
corresponde con la importancia del tema que regula.
Con sus aciertos y sus errores, el plexo normativo analizado constituye una significativa
inflexin en lo que a la estructura del mapa jurdico ambiental de nuestro pas se refiere.
Aun cuando quede todava mucho por hacer en este campo, el desafo inmediato
consiste en lograr que lo que est hecho funcione.
De la lectura de ambos textos surge claramente la contradiccin sealada, atento que la
nueva norma, consciente de proponer un sistema diferente al de la ley que pretende
reemplazar, organiza lo que supone ser una transicin organizada.
Esta transicin pacfica es precisamente lo que desbarata el artculo 3 del decreto de
promulgacin.
Deber recurrirse entonces a la doctrina y la jurisprudencia para recomponer la
coexistencia pacfica de ambas normas durante el perodo que tarde la transicin, las
que por cierto tienen soluciones a la cuestin, pero convengamos que sta no es la
mejor manera de comenzar.
Otros artculos observados por el citado decreto son el 51, 52, 53 y 54, que incorporaban
al Cdigo Penal, el Captulo III del proyecto de ley sobre responsabilidad penal.
La ley 25.670, de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin y
Eliminacin de los PCBs., al igual que la 25.612, declara sus objetivos, e incluye
definiciones y prohibiciones (artculos 1al 12). Crea el Registro Nacional Integrado de
Poseedores de PCBs. (artculos 7 al 10), y se vincula en forma inteligente con la ley de
residuos peligrosos (artculo 24).
Su dictado resultaba imprescindible atento los graves riesgos que para la salud de las
personas puede implicar el uso de los PCBs., quedando para lamentar que los plazos
otorgados por el legislador para su eliminacin sean tan extensos.
La ley 25.688, sobre Rgimen de Gestin Ambiental de Aguas, fue la ltima de las
normas de presupuestos mnimos de proteccin ambiental en ser sancionada.
Es de todas ellas la menos trabajada, la ms elemental y declarativa, y no se
corresponde con la importancia del tema que regula.
Con sus aciertos y sus errores, el plexo normativo analizado constituye una significativa
inflexin en lo que a la estructura del mapa jurdico ambiental de nuestro pas se refiere.
Aun cuando quede todava mucho por hacer en este campo, el desafo inmediato
consiste en lograr que lo que est hecho funcione.
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8/12/2019 Derecho Ambiental en Argentina
10/11
Esperemos pues que el Ejecutivo Nacional cumpla con el dictado de las
reglamentaciones pendientes y que las Autoridades Provinciales, realicen los ajustes que
resulten necesarios para adecuarse a los parmetros ambientales establecidos por la
Nacin En lo que al resto de los actores involucrados se refiere, confiemos en que
asuman la responsabilidad que les corresponda, recordando que en el marco de la
problemtica ambiental, la consigna es sumar.
DATOS DEL AUTOR Laura Ester BERNARDI BONOMI - Directora del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martn.
- Presidente de la Comisin de Derecho Ambiental de la Federacin Argentina de
Colegios de Abogados, durante los aos 1993/2001.
- Presidente del Instituto de Estudios Polticos, Econmicos y Estratgicos, de la
Universidad del Museo Social Argentino - Profesora de la Universidad del Museo SocialArgentino.
CONTENIDO RELACIONADO
Legislacin
CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, Art. 41
Constitucin Nacional. 22/8/1994. Vigente, de alcance general
CONSTITUCION NACIONAL. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA, Art. 33Constitucin Nacional. 22/8/1994. Vigente, de alcance general
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y DE ACTIVIDADES DE
SERVICIOS.
Ley Nacional 25.612. 3/7/2002. Vigente, de alcance general
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION Y ELIMINACION DE LOS PCBs
Ley Nacional 25.670. 23/10/2002. Vigente, de alcance general
LEY GENERAL DEL AMBIENTE
Ley Nacional 25.675. 6/11/2002. Vigente, de alcance general
REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS
Ley Nacional 25.688. 28/11/2002. Vigente, de alcance general
REGIMEN DE DESECHOS PELIGROSOS.
Ley Nacional 24.051. 17/12/1991. Vigente, de alcance general
Esperemos pues que el Ejecutivo Nacional cumpla con el dictado de las
reglamentaciones pendientes y que las Autoridades Provinciales, realicen los ajustes que
resulten necesarios para adecuarse a los parmetros ambientales establecidos por la
Nacin En lo que al resto de los actores involucrados se refiere, confiemos en que
asuman la responsabilidad que les corresponda, recordando que en el marco de la
problemtica ambiental, la consigna es sumar.
DATOS DEL AUTOR Laura Ester BERNARDI BONOMI - Directora del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martn.
- Presidente de la Comisin de Derecho Ambiental de la Federacin Argentina de
Colegios de Abogados, durante los aos 1993/2001.
- Presidente del Instituto de Estudios Polticos, Econmicos y Estratgicos, de la
Universidad del Museo Social Argentino - Profesora de la Universidad del Museo SocialArgentino.
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SERVICIOS.
Ley Nacional 25.612. 3/7/2002. Vigente, de alcance general
PRESUPUESTOS MINIMOS PARA LA GESTION Y ELIMINACION DE LOS PCBs
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LEY GENERAL DEL AMBIENTE
Ley Nacional 25.675. 6/11/2002. Vigente, de alcance general
REGIMEN DE GESTION AMBIENTAL DE AGUAS
Ley Nacional 25.688. 28/11/2002. Vigente, de alcance general
REGIMEN DE DESECHOS PELIGROSOS.
Ley Nacional 24.051. 17/12/1991. Vigente, de alcance general
Esperemos pues que el Ejecutivo Nacional cumpla con el dictado de las
reglamentaciones pendientes y que las Autoridades Provinciales, realicen los ajustes que
resulten necesarios para adecuarse a los parmetros ambientales establecidos por la
Nacin En lo que al resto de los actores involucrados se refiere, confiemos en que
asuman la responsabilidad que les corresponda, recordando que en el marco de la
problemtica ambiental, la consigna es sumar.
DATOS DEL AUTOR Laura Ester BERNARDI BONOMI - Directora del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martn.
- Presidente de la Comisin de Derecho Ambiental de la Federacin Argentina de
Colegios de Abogados, durante los aos 1993/2001.
- Presidente del Instituto de Estudios Polticos, Econmicos y Estratgicos, de la
Universidad del Museo Social Argentino - Profesora de la Universidad del Museo SocialArgentino.
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Esperemos pues que el Ejecutivo Nacional cumpla con el dictado de las
reglamentaciones pendientes y que las Autoridades Provinciales, realicen los ajustes que
resulten necesarios para adecuarse a los parmetros ambientales establecidos por la
Nacin En lo que al resto de los actores involucrados se refiere, confiemos en que
asuman la responsabilidad que les corresponda, recordando que en el marco de la
problemtica ambiental, la consigna es sumar.
DATOS DEL AUTOR Laura Ester BERNARDI BONOMI - Directora del Instituto de
Derecho Ambiental del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Martn.
- Presidente de la Comisin de Derecho Ambiental de la Federacin Argentina de
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- Presidente del Instituto de Estudios Polticos, Econmicos y Estratgicos, de la
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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conurbano bonaerense y su vinculacin con la Ciudad de
Buenos Aires ", Colegio de Abogados de San Martn, 2000.Lopereno Rota, Demetrio ,"La proteccin de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
en la Constitucin", Estudio sobre la Constitucin Espaola, Civitas, Madrid, 1991.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conurbano bonaerense y su vinculacin con la Ciudad de
Buenos Aires ", Colegio de Abogados de San Martn, 2000.Lopereno Rota, Demetrio ,"La proteccin de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
en la Constitucin", Estudio sobre la Constitucin Espaola, Civitas, Madrid, 1991.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conurbano bonaerense y su vinculacin con la Ciudad de
Buenos Aires ", Colegio de Abogados de San Martn, 2000.Lopereno Rota, Demetrio ,"La proteccin de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
en la Constitucin", Estudio sobre la Constitucin Espaola, Civitas, Madrid, 1991.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conurbano bonaerense y su vinculacin con la Ciudad de
Buenos Aires ", Colegio de Abogados de San Martn, 2000.Lopereno Rota, Demetrio ,"La proteccin de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
en la Constitucin", Estudio sobre la Constitucin Espaola, Civitas, Madrid, 1991.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conurbano bonaerense y su vinculacin con la Ciudad de
Buenos Aires ", Colegio de Abogados de San Martn, 2000.Lopereno Rota, Demetrio ,"La proteccin de la salud y el medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona
en la Constitucin", Estudio sobre la Constitucin Espaola, Civitas, Madrid, 1991.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Bidart Campos, Germn, "Tratado Elemental de Derecho Constitucional", Ediar,
2001.Bonomi Bernardi, Laura E. , "Environmental Protection in Argentina, present
situation and future prospect. Towards the World Governing of the Environment"- IV
Conference. Venice. Italy. Gianni Luculano, 1996.Bonomi Bernardi Laura E., y otros , "La
problemtica ambiental en el conur