derecho a la paz

DERECHO FUNDAMENTAL DEL DERECHO A LA PAZ

PRESENTADO POR:

LILIANA ALVAREZ VELASQUEZ

MARTHA LUCIA LENIS ORREGO

UCEVAFACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACION CONSTITUCIONALTULUA

2014

DERECHO A LA PAZ

PRESENTADO POR:

LILIANA ALVAREZ VELASQUEZ

MARTHA LUCIA LENIS ORREGO

PRESENTADO A:

Docente Uceva

UCEVAFACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACION CONSTITUCIONALTULUA

2014

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

3. TRADICIÓN DE GUERRA EN HISTORIA INTERNACIONAL.

4. LA PAZ EN EL ÁMBITO MORAL Y POLÍTICO.

5. POS- CONFLICTO EN EL PROCESO DE OBTENER LA PAZ.

6. CONCLUSIONES.

7. BIBLIOGRFIA.

INTRODUCCION

Que entendemos por paz ? Todos tendríamos una respuesta obvia para la definición de la paz. Pero, ¿hay suficiente claridad de lo que realmente es? la palabra paz, tiene al menos dos grandes perspectivas y formas de ser entendida: una, la paz como valor y la otra, la paz como derecho.

La característica de guerra y violencia socio-política aun en sus especificaciones más agudas y notables no es una denominación exclusiva de la sociedad, como si fuese una maldición, un atributo de nuestra personalidad histórica. Vistos los hechos y sus manifestaciones históricos es una perspectiva general, hay que señalar que las sociedades han desarrollado como parte de su personalidad lo que podíamos llamar una cultura popular o subcultura de rebelión. Como forma de enfrentar los asuntos de poder, la política y las demandas de tierra y libertad.

La paz es la más esquiva utopía que el hombre ha perseguido desde el momento en que sentó su planta sobre la tierra.

OBEJETIVO GENERAL

Tener un sentido mundial de nuestra propia historia, una visión internacional de los sucesos y de la sustancia, de las matrices que lo explican, para poder construir una nueva historia con la perspectiva metodológica que estamos precisando.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Mostrar una alternativa para los pensamientos y las acciones múltiples.- Analizar los fundamentos del derecho fundamental de la paz.- Analizar el mecanismo y las controversias internacionales.- Observar el tema de la paz desde el ámbito moral y político.

TRADICIÓN DE GUERRA E HISTORIA INTERNACIONAL

La guerrilla colombiana responde a una tradición histórica de guerra en la sociedad colombiana que vale la pena periodizar.Podrían señalarse los siguientes momentos:

1. Como guerra social de resistencia a la conquista y colonización española por parte de los indígenas en defensa de su sociedad y cultura.

La conquista de América es el proceso de exploración, conquista y asentamiento en el Nuevo Mundo por España y Portugal en el siglo XVI, y otras potencias europeas posteriormente, después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La Conquista dio lugar a regímenes virreinales y coloniales muy poderosos que resultaron en la asimilación cultural de los indígenas y su sometimiento a las leyes de las potencias conquistadoras.1 Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América, no solo España y Portugal.

La Conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas en Europa como el tomate, la patata o el cacao que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La introducción de minerales americanos impulsó enormemente la economía europea pero también creó situaciones de alta inflación.

En los siglos posteriores, el oro y la plata desempeñaron una función importante en el nacimiento del capitalismo, principalmente en los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. La Conquista de América fue un proceso casi permanente, ya que algunas sociedades indígenas opusieron una resistencia continua y otras nunca fueron asimiladas completamente.

2. Como rebelión anti-esclavista por parte de los cimarrones que constituyeron zonas liberadas o repúblicas independientes durante la colonia, denominadas palenques.

La esclavitud en la Nueva Granada, como en gran parte de las colonias europeas, echó profundas raíces en la estructura económica y social. La llegada de población negra se inició desde el mismo momento de la Conquista, pero se acentuó en el siglo XVIII cuando la mano de obra indígena empezó a escasear.

Colombia 200 años de libertad de Julián Vargas Cardona.

La fortaleza física de los esclavos africanos y su admirable resistencia a las altas temperaturas y a los desafíos para la salud que implica el clima tropical hicieron de la trata de esclavos una actividad bastante rentable tanto para los traficantes españoles como para los dueños de haciendas y minas. En la Nueva Granada, el puerto de Cartagena que el principal centro de venta y compra de esclavos de allí eran distribuidos por todo el territorio. Otro epicentro era Popayán, lugar que llegó a concentrar el quince por ciento de la población esclava en la Nueva Granada.

Los esclavos fueron dedicados no solo a extraer oro en el occidente neogranadino, sino también a trabajar en las haciendas y trapiche que producían azúcar, miel y panela en el centro y el oriente del territorio, y en las haciendas ganaderas de la costa incluso, en lugares donde había numerosa población negra, como Cali y Cartagena (en donde podía superar a la mestiza y blanca en su conjunto), los esclavos también se dedican a actividades artesanales y a servicio. Al utilizar mano de obra esclava en las principales actividades económicas de la Nueva Granada, los propietarios convirtieron a la esclavitud en una de las bases de la sociedad. Por su costo y por su utilidad poseer esclavos era uno de los símbolos más importantes de prestigio social.

3. La guerra de masas: campesinos, esclavos, artesanos, criollos, contra el sistema de dominación hispano colonial con la revolución de los comuneros.

Se le define con un sentido formalista y convencionalismo de reflexiones sobre la historia. Por su misma naturaleza apunta hacia el descubrimiento original de nuevos y desconocidos hechos relacionados con diversos aspectos de la insurrección de los comuneros o de los levantamientos populares del siglo XVIII, sino hacia otro objetivo: la interpretación coherente de hechos ya investigados y su inserción en el contexto histórico de su espacio y de su tiempo. La tarea emprendida es, entonces, más de integración y de valoración crítica de acontecimientos, procesos y circunstancias históricas, que de nuevas revelaciones acerca de los diversos protagonistas de la revolución y de la contrarrevolución.

Se ha buscado precisar aquellos elementos que dan congruencia y sentido a la historia, en un período crítico de la sociedad colonial y no centrar el análisis en un necio, inútil y renovado procesamiento judicial del Arzobispo Caballero y Góngora, de José Antonio Galán o de Juan Francisco Berbeo.


En este propósito, lo que se ha considerado como verdaderamente fundamental es insertar la insurrección comunera dentro del contexto histórico de la crisis del sistema de dominación hispano colonial y de los profundos cambios ocurridos en el ordenamiento capitalista del Caribe y en la confrontación mundial entre antiguos y nuevos imperios, así como de las transformaciones operadas en la organización económica, en la estructura social, en las formas de pensamiento o en las relaciones de poder al interior de la sociedad neogranadina.

La insurrección comunera sirvió para definir no sólo el enorme potencial revolucionario del pueblo raso y las brechas del sistema de dominación hispano colonial, sino la habilidad política de esa élite, o patriciado criollo de las clases latifundistas y burguesas neogranadinas que estaban por entonces planteándose el problema del ejercicio autónomo del poder político y que sin sumarse abiertamente a la actitud insurreccional diseñaron la trama ideológica de las Capitulaciones. Semejante hecho implica un reconocimiento de que las clases sociales no funcionan como bloques de cemento armado y de que en la historia de los conflictos sociales es fundamental la diferenciación de las clases en capas y estratos, en élites perspicaces de vanguardia y en retaguardias pasivas, reaccionarias o conservadoras.

Este enfoque conceptual permite comprender en un momento crítico tanto la conducta conformista de la aristocracia terrateniente en cuanto clase social con perfiles muy definidos, como la audacia política de esa élite aristócrata o burguesa que participó en representación de los Cabildos de Tunja y Santa Fe en la orientación ideológica de las Capitulaciones y en el final desvertebramiento de la insurrección. En última instancia, la diferencia esencial entre la insurrección de 1781 y la revolución de 1810, consistió en que en la primera el pueblo raso tomó la iniciativa y obtuvo el apoyo desde luego condicionado de la élite latifundista y burguesa; y en la segunda, fue la aristocracia latifundista y la burguesía de comerciantes criollos la que tomó la iniciativa del alzamiento revolucionario a partir del escenario de los Cabildos y sólo posteriormente obtuvo el apoyo y alistamiento del pueblo raso, al modificarse el esquema político de la Independencia y al transformarse la guerra del patriciado en una guerra popular.

4. La guerra social de unidad nacional de todas las clases americanas por la independencia nacional con la constitución de los ejércitos bolivarianos.


La conformación política del país a partir de 1830 hizo que Bolívar fuera escogido, aunque sin mucha insistencia, como imagen tutelar del conservatismo, mientras que los liberales lo rechazaban. Después de 1880 algunos liberales se interesan por incluir a Bolívar en su panteón. Y en los últimos 50 o 60 años ha comenzado a extenderse una corriente que invita a adoptar el pensamiento bolivariano, profundamente transformado, como orientador de un cambio revolucionario. Sin embargo, hoy, fuera de la guerrilla y de los sectores que le dan respaldo, es difícil encontrar en Colombia un bolivarismo activo, y quizás un efecto de la ocupación del pensamiento de Bolívar por la guerrilla y por movimientos políticos que la miran con algo de simpatía ha sido la salida silenciosa y sin muchas polémicas, de otros sectores de opinión de la ciudadela bolivariana

Los liberales también publican en el Papel Periódico Ilustrado. Salvador Camacho Roldan contrasta en 1881 el Bolívar libertador y revolucionario, que mira con simpatía y cuya grandeza exalta, con el Bolívar posterior a 1823. Para Camacho Roldan, Bolívar era el gran genio militar, pero sin la capacidad de gobernante de Santander. Exalta los dos grandes héroes: Bolívar, que logra la independencia y Santander, que crea la nación con su espíritu legalista y su preocupación por la educación de la ciudadanía. Esta contraposición servirá para que los liberales de 1880 a 1930, celebren un Bolívar revolucionario como el libertador, y un Santander legalista. Esto viene acompañado casi siempre de críticas al cesarismo bolivariano, en tono menor y, para mantener el equilibrio, a algunos actos autoritarios de Santander

5. La revolución social con la insurrección de las Sociedades Democráticas el 17 de abril de 1854, que se combinó con el levantamiento militar del general José María Melo. El carácter de Guerra Social y Democrática estará presente también en la Guerra de los Mil Días.

José María Dionisio Melo Ortiz: (Chaparral, Tolima, Colombia, 9 de octubre de 1800 - La Trinitaria, México, 1 de junio de 1860) fue un militar y político nacido en la actual Colombia, cuando aún formaba parte del virreinato español de Nueva Granada. De origen indígena pijao, e hijo de Manuel Antonio Melo y María Antonia Ortiz, creció en Ibagué. Fue presidente de su país durante la Revolución de 1854.Guerra civil de 1854


Los liberales se escindían en dos facciones, Los "radicales", partidarios del librecambio, se denominaban Gólgota, los artesanos (proteccionistas), denominados Draconianos, ayudó también a ser elegido en 1853 al sucesor de López, el liberal centrista José María Obando. Los liberales de derecha, decididos a frenar a las Sociedades Democráticas y los partidarios de la libertad de importaciones, se aliaron con los conservadores y controlaron conjuntamente, tanto el Congreso, como las gobernaciones y muchas alcaldías.

Pasaron entonces a buscar la renuncia del presidente. Le impusieron la firma de una nueva constitución que eliminaba al ejército nacional, dando el mayor poder a los estados federales, debilitando al Presidente y abriendo el camino a la libertad de importaciones.

El 17 de abril de 1854 los artesanos movilizados y organizados en milicias le exigieron a Obando cerrar el Congreso y convertirse en dictador popular. Obando prefirió renunciar y las Sociedades Democráticas le detuvieron y luego le ofrecieron la presidencia a Melo, entonces comandante de las Fuerzas Armadas de Cundinamarca.

La revolución de los artesanos logró sostenerse en el poder entre abril y diciembre de 1854, pero pronto, contando con armas enviadas por mar desde Estados Unidos y Europa sus enemigos organizaron ejércitos para derrocarla. Tomás Cipriano de Mosquera organizó, financió y dirigió el ejército del norte que marchó desde Barranquilla. José Hilario López encabezó el ejército del sur, que viajo desde el Cauca y el Huila, y Joaquín París comandó la división del Alto Magdalena que con tropas antioquenas cruzó el río magdalena por Honda.

Los tres ejércitos se encontraron en la sabana y el ex presidente Pedro Alcántara Herrán fue encargado del mando conjunto. Por tres lados atacaron Bogotá, defendida por Melo con siete mil hombres, veteranos de Cundinamarca y voluntarios artesanos. Mosquera atacó por el norte y con el mando del general panameño Tomas Herrara se tomó calle por calle, desde San Diego hasta la plaza de San Francisco donde estaba el comando de Melo. López atacó desde el sur y París desde occidente por San Victorino. Herrán tomó las alturas del barrio Egipto. En la plaza mayor confluyeron los tres ejércitos que restablecieron el poder constitucional.


Melo fue apresado y el panameño José de Obaldía asumió el poder, aunque durante los tres juicios que se le siguieron en 1855 estuvo libre pues su paisano y amigo Manuel Murillo Toro pagó su fianza.

6. La guerra civil entre estados, partidos y caudillos durante el siglo XIX abarcando toda la centuria. Se dieron ocho guerras civiles generales, catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales, dos golpes de cuartel, cerrando el ciclo e inaugurando el siglo XX con la Guerra de los Mil Días.

EL MEDIO SIGLO XX: Desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial hasta los comienzos del gobierno militar de Rojas Pinilla podría abarcar este periodo denominado «el medio siglo». Desde el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1946) hasta el golpe militar contra Laureano Gómez (1953) se definiría una de las etapas más convulsionadas e importantes de la historia colombiana del siglo XX.

El momento más álgido de la «violencia», el único golpe militar del presente siglo, los primeros «planes de desarrollo» auspiciados por agencias internacionales, los gérmenes del movimiento guerrillero contemporáneo, la abstención electoral del Partido Liberal en dos elecciones consecutivas, el intento de una reforma constitucional de carácter corporativista y cuatro intentos de gobiernos compartidos por los dos partidos tradicionales, son hechos históricos particulares que caracterizan a Colombia al doblar el siglo XX y definen con asombrosa determinación el proceso seguido por el país durante la segunda mitad de esta centuria.

La importancia histórica del «medio siglo XX» proviene precisamente de allí, es decir, de que prepara las condiciones inmediatas del FRENTE NACIONAL, no solamente por las necesidades subjetivas que crea, sino por las circunstancias objetivas que desarrolla, ante las cuales los dirigentes que controlan el curso del país en ese momento responden con un extraordinario sentido de defensa propia y de visión realista frente a la situación política nacional e internacional.


Determinamos así que Colombia tiene la insurrección más antigua del continente, también se distingue por tener los procesos de negociaciones más largos de la región. Ya llevan 14 años, si se empieza con las amnistías de 1982. Durante este tiempo ha habido muchas interrupciones, desvíos, nuevos conflictos y algunos éxitos parciales. Asimismo, en los últimos años, el mundo ha cambiado radicalmente. Por primera vez hemos visto procesos de paz, en otros países, que llegaron a soluciones negociadas en conflictos internos, a pesar de tener éstos raíces muy profundas.

En el año 1982, cuando se comenzó el primer proceso de paz en Colombia, no existían modelos internacionales para resolver una guerra civil a través de negociaciones. Había perdedores o ganadores, pero no había casos de negociaciones exitosas dentro de la historia de las terminaciones de los conflictos civiles. Desde ese entonces especialmente con el fin de la Guerra Fría han surgido numerosos casos de soluciones negociadas en Centroamérica, África y el Medio Oriente.¿Por qué Colombia no ha podido llegar a un acuerdo de paz? La respuesta siempre es que el caso de Colombia es excepcional. Que Colombia no es El Salvador, no es Israel. Que las condiciones colombianas son diferentes, y los conflictos más complicados, con múltiples actores y fuentes de violencia. Los palestinos y los israelitas sí pueden llegar a un acuerdo, pero Colombia no. Debe pensarse que Colombia no es excepcional. Se puede aprender de otras experiencias.

Las condiciones en Colombia, a pesar de sus particularidades, no indican que sea imposible llegar a una solución negociada. Al contrario, desde la perspectiva de como se ha observado detalladamente el proceso desde sus comienzos, en 1982, es objetivamente factible llegar a la paz en este país. No hay razones por las que no se pueda alcanzar la paz, aun dada la violencia entre los múltiples actores en conflicto.En interrogantes como por qué Colombia no ha podido solucionar sus conflictos armados? Hay que volver a mirar las experiencias del pasado. Hay lecciones que deben ser retomadas. Más aun, hay aportes de otros países, que darían luz al proceso colombiano. Por ello, a continuación hago una pequeña reseña de la historia de las negociaciones entre la guerrilla y el gobierno a partir de 1982. Ésta comienza con el proceso de paz de Belisario Betancur entre 1982 y 1986. El común de la gente piensa que los intentos de paz del presidente Betancur fracasaron.


Sin embargo, hay que reconocer que en su gobierno hubo un cambio importante en la dirección del discurso político del país. Se introdujeron dos elementos al discurso político nacional: el primero reconoció que la oposición armada es un actor político y que es necesario abrir un diálogo con ella. El segundo planteó que Colombia, como otros países en América Latina en esta época, también requería un proceso de apertura democrática. El nuevo planteamiento era un viraje radical.

Para Betancur, el paso fundamental del proceso de democratización colombiano era la negociación con la guerrilla sobre la base de su eventual participación en un sistema político reformado. Durante el gobierno de Betancur se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz.Al llegar al poder Virgilio Barco (1986-1990), su gobierno hizo una evaluación de la política de paz de Betancur. Los nuevos consejeros concluyeron que sus predecesores no tenían un proyecto definido, no había metas claras ni cronogramas o fechas límite precisas, no había tiempo de difusión; había demasiados actores sociales involucrados, pero sin un compromiso definido y efectivo por parte del gobierno.

A partir de estas evaluaciones, el gobierno de Barco fundó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, como símbolo y garantía del compromiso del gobierno al más alto nivel. A través de esta nueva oficina, el gobierno redujo el alcance de las negociaciones a unos asuntos que él consideró manejables. En vez de una agenda de negociación amplia y abierta, quería negociar con la guerrilla únicamente sobre los pasos del desarme y la posterior incorporación en la vida política legal. Los otros asuntos políticos y sociales deberían ser tratados en otros foros y dirigidos a otros contrincantes que no pertenecían a los movimientos armados. El gobierno quería reafirmar la autoridad del Estado como Estado. Así, junto con el proyecto de negociaciones restringidas con la guerrilla, el gobierno Barco desarrolló una serie de programas encaminados a la rehabilitación de las zonas de violencia, tales como el Plan Nacional de Rehabilitación y el establecimiento de los consejos municipales y departamentales de rehabilitación, que debían fomentar la participación de la ciudadanía.


En el fondo, el objetivo principal no era negociar una solución al conflicto armado, sino legitimar el Estado y deslegitimar la guerrilla. Es decir, para Barco podía haber negociaciones, pero ya no entre dos partes, sino entre un Estado que conscientemente representaba a la ciudadanía y unos grupos guerrilleros que cada vez eran menos legítimos, pero que podrían aspirar a participar en la vida política del país. La estrategia se resumió en el lema de "mano tendida; pulso firme".

La limitación de la estrategia de Barco estribó en su propia concepción: era un programa demasiado maquiavélico que impidió negociaciones sustantivas. Se perdieron por ello tres años en el camino de las negociaciones. Durante este tiempo se rompieron los acuerdos del cese al fuego firmado con las FARC durante el gobierno de Betancur dos años antes, en 1984, y creció el conflicto con los otros grupos guerrilleros.

El análisis que hicieron en el gobierno Barco fue que los acuerdos de cese al fuego anteriores no habían servido, que la guerrilla había aprovechado la tregua para aumentar su pie de fuerza y desdoblar sus frentes. Era mejor replantear las negociaciones y el proceso de paz en general.

Aunque la posición del gobierno es comprensible, el hecho es que acabaron con las negociaciones por tres años, a partir de 1986. Solamente en 1989, volvieron a tomar las riendas de las negociaciones, sobre la base de una negociación estrecha sobre la dejación de las armas y la subsecuente incorporación política.

La estrategia sirvió parcialmente. Consiguió la incorporación de algunos grupos guerrilleros, entre ellos el M-19, la mayor parte del EPL, y el grupo indígena Quintín Lame. Era una paz parcial, no completa. Puede pensarse que la estrategia de los tres primeros años sirvió para presionar a algunos grupos para que negociaran. Pero resultado global fue muy restringido puesto que dejó los principales grupos por fuera.En 1990 llegó al poder César Gaviria. Este año representó un momento de gran crisis política y de extraordinaria revuelta social, particularmente después del asesinato del candidato presidencial del Partido Liberal, Luis Carlos Galán, y los asesinatos de dos candidatos de la izquierda, entre ellos el candidato del M-19, Carlos Pizarro, después de haber entregado sus armas. Junto con la elección de Gaviria, el electorado también votó abrumadoramente la idea de elegir una Asamblea Constituyente, como solución a la crisis política.


El momento reflejó la culminación de dos procesos contradictorios que había experimentado el país desde comienzos de los años ochenta: uno era un proceso de reformas y democratización, el otro, la gran profundización de la violencia en el país. Los resultados fueron un país realmente más democrático, aunque sustancialmente más violento.

El gobierno de Gaviria presidió la Asamblea Constituyente, promovió la nueva Constitución de 1991, y posteriormente nombró un ministro de Defensa civil, como parte de un proceso para imponer control civil sobre la esfera militar. También presidió los procesos de paz parciales que culminaron con la participación de unos grupos guerrilleros en la Asamblea Constituyente. Pero en su tratamiento con los otros grupos guerrilleros que aún quedaban por fuera del sistema político, el presidente Gaviria seguía, en gran medida, la experiencia y las fórmulas del gobierno Barco.La paz fue consagrada como un derecho y un deber de todos en el 91, y todos los gobiernos desde entonces han adoptado políticas de paz. Y sin embargo estos 20 años han sido de una violencia excepcionalmente alta, y sin que nadie realmente sepa quién ni por qué está matando a tantos colombianos.

Una novedad histórica“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, dice el Artículo 22 de la Constitución que este año celebra veinte de promulgada.Desde luego debe empezar por reconocerse que esta sencilla frase es una auténtica novedad en la historia constitucional colombiana, pues por primera vez la paz se elevaba a la categoría de precepto constitucional en calidad de derecho y deber.• A pesar de que los redactores de la Constitución de 1832 aseguraron que “La paz es la primera necesidad de los colombianos”, aquella no tiene figuración prominente en las ocho constituciones anteriores a la de 1991.• Como bien público cuyo “afianzamiento y preservación” constituye uno de los propósitos centrales de la constitución misma, la paz apareció explícitamente en la Constitución de 1886.

Pero ni Carta de 1832 ni la de 1886 mencionan el mantenimiento de la paz entre los propósitos centrales de las autoridades de la República.


En la Constitución de 1991 la paz no sólo figura como bien público, sino como uno de los “fines esenciales” del Estado, a lado del servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en su texto, el estímulo a la participación ciudadana, la defensa de la independencia nacional y la integridad territorial, y la vigencia de un orden justo.

La paz como culturaNo hay duda de que los constituyentes de 1991 pensaron en la paz no sólo como deber del Estado y propósito de la Constitución. También se percibe su interés en consolidar una cultura de paz entre los colombianos.El Artículo 95 establece los “deberes de la persona y del ciudadano”, y entre ellos está el de “propender al logro y mantenimiento de la paz”, precedido por el de “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”.

Más aún, mientras que la preocupación central en torno a la educación en la Constitución de 1886 era que ésta estuviera “organizada y dirigida en concordancia con la religión católica”, en la de 1991(Artículo 67). se establece que la educación “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”, aparte de formarlo “en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”

Nadie podría decir, en consecuencia, que en Colombia no tenemos hoy en día unas buenas bases constitucionales para el mantenimiento de la paz. En 1991 Colombia se puso a tono con los tiempos, incluyendo en su “ley de leyes” uno de los derechos centrales de “tercera generación”.

Tantos años de gran violencia; Sin embargo, tal vez la verdadera ley de leyes en Colombia es la ley de la paradoja.Si pensamos en el homicidio como el indicador básico de la paz, las noticias no son buenas. Según los datos de la Policía Nacional, en los veinte años transcurridos entre 1991 y 2010 hubo en Colombia 456.880 homicidios (¡casi medio millón de personas perecieron en forma violenta!). Asombrosamente, esto es más del doble de la cifra de homicidios sucedidos durante los veinte años anteriores a la Constitución de 1991 (1971-1990), que ascendió a 221.608 casos, y eso que dicho período incluye los años más letales de la guerra del narcotráfico.


En otras comparaciones, desde 1991, cuando se consagró la paz como derecho y deber constitucionales, en Colombia hemos tenido unas tres veces más muertes violentas que en la guerra de los Mil Días, y casi un 30 por ciento más que en la fatídica época de La Violencia.

Desciende pero no mucho; Para ser justos, no obstante, debe reconocerse que las tasas de homicidios (casos por cien mil habitantes) comenzaron a descender a partir del peor año (1990), y que en los años más pacíficos de los últimos dos decenios (2005 a 2008) llegaron a asemejarse a las de los años más pacíficos de la década de 1980 (1980-1981).

Pero estamos muy lejos de aproximarnos a las tasas de la década más pacífica del último medio siglo, la de 1970, y la tendencia lineal en la historia nacional desde comienzos del siglo XX muestra un pronunciado ascenso.

Volviendo a la ley de las paradojas, existe cierta irónica similitud entre los hechos que rodearon a la promulgación de la Constitución de 1991 y los que rodearon a la de 1886. En 1886 el dilema era “regeneración o catástrofe”, y el resultado fue regeneración y catástrofe (nueva Constitución y guerra de los Mil Días). En 1991 el dilema era cambio institucional o desangre, y el resultado fue la nueva Constitución y un mayor desangre.

Los gobiernos y sus logros; No es este el lugar para pasar revista a los esfuerzos de los gobiernos de las últimas dos décadas por cumplir con su deber constitucional de trabajar por el mantenimiento de la paz.

No hay un solo gobierno que no haya desarrollado una “política de paz”, y el término “proceso de paz” se ha convertido en parte del lenguaje cotidiano del gobierno, los medios de comunicación y la ciudadanía en general.

• El gobierno de César Gaviria tuvo su “Estrategia Nacional Contra la Violencia”,• El de Ernesto Samper desarrolló una política de “Justicia para la Gente”,• El de Andrés Pastrana una “Estrategia Nacional para la Convivencia y Seguridad Ciudadana”• Y los dos períodos de Álvaro Uribe estuvieron marcados por su “Política de Defensa y Seguridad Democrática”.


Y todos los gobiernos pueden mostrar resultados. Todavía resuenan las cifras del gobierno de Uribe que anunciaban que, a raíz de la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, se entregaron voluntariamente y fueron extraditados a Estados Unidos los principales jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y se desmovilizaron cerca de 30.000 paramilitares.

Nadie sabe qué tan real o ficticia sea esta última cifra, pero es cierto que mientras que en la década de 1990 las cifras de secuestros y masacres ascendieron año tras año, en la de 2000 descendieron año tras año.

Que hay detrás de tantas muertes; Pero sin duda el gran reto de la paz en Colombia, con todo y su consagración como principio constitucional, no se encuentra en los terrenos trillados de las políticas de paz a que estamos acostumbrados, los procesos de paz cotidianos, las desmovilizaciones y las cifras halagüeñas (ficticias o no).

El gran reto radica en lo que podríamos llamar las “zonas misteriosas” de la violencia.• Entre ellas están, desde luego, los “falsos positivos”, las “falsas desmovilizaciones” y todo el conjunto de falsedades que emergen con el paso del tiempo.• Pero más grave aún, es la “zona misteriosa” de los homicidios que se cometen en Colombia.

La realidad es que año tras año crece el renglón que en los informes del Instituto Nacional de Medicina Legal sobre las “circunstancias” o motivos de los homicidios corresponde a la categoría “sin información”. En 2004 esta zona misteriosa ascendió al 48,3 por ciento de todos los homicidios, subiendo al 54 por ciento en 2005, el 66 por ciento en 2006, el 70 por ciento en 2007, el 73 por ciento en 2008 y el 79 por ciento en 2009. De casi tres cuartas partes de los homicidios en Colombia no sabemos por qué se cometieron ni quién los cometió.

No nos falta de quién sospechar, y las miradas se dirigen a las BACRIM, pintoresco acrónimo con que llamamos a las bandas de delincuentes comunes organizados. Cabe la posibilidad, sin embargo, de que la realidad sea mucho más compleja y siniestra.


País de la paradoja; A veinte años de promulgarse la Constitución que hoy rige a Colombia, estamos ante la gran paradoja de la paz: tenemos los instrumentos constitucionales para que se consolide (“la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), pero estamos muy lejos de que esto sea algo más que letra muerta, pues diariamente se le asesina en calles y veredas, y ni nuestra justicia ni nuestra inteligencia oficial pueden decirnos por qué y por quién.

Sociólogo y doctor en Historia Moderna Latinoamericana por la Universidad de Oxford.

A veinte años de promulgarse la Constitución que hoy rige a Colombia, estamos ante la gran paradoja de la paz: tenemos los instrumentos constitucionales para que se consolide (“la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”), pero estamos muy lejos de que esto sea algo más que letra muerta, pues diariamente se le asesina en calles y veredas, y ni nuestra justicia ni nuestra inteligencia oficial pueden decirnos por qué y por quién. Jesús Antonio Bejarano, quien fue consejero presidencial para la paz en esta época, responsable por las negociaciones con las FARC y el ELN en las reuniones de Caracas en 1991, ha escrito que el gobierno de Gaviria quería distinguir entre la solución del conflicto armado y la discusión de los grandes problemas nacionales con la guerrilla. Afirma que la guerrilla pretendía discutir sobre la crisis nacional, pero que no estaba interesada en una solución al conflicto armado. Conceptualizado así, con la desmovilización de los grupos alzados en armas como requisito principal para la paz, la política de Gaviria no equivalía mucho más que a la prolongación de la estrategia maquiavélica de la administración Barco. Además, con la dura experiencia de los grupos guerrilleros que sí habían entregado las armas, esta política resultó aún menos viable para los otros grupos.

Aunque Bejarano aconsejó limitar las negociaciones a las cuestiones de desarme y reincorporación, yo me pregunto por qué no se pueden discutir los grandes problemas nacionales con la guerrilla y, a través de estas conversaciones, buscar soluciones nacionales. Éste no es un asunto de representatividad de la guerrilla.

Negociar grandes salidas que no tienen cabida dentro de los foros internacionales no quiere decir que la guerrilla represente la sociedad civil. Puede ser que la guerrilla no represente a nadie. Pero sí se puede sacar provecho de unos diálogos y foros extra institucionales para impulsar los grandes cambios que el país necesita. Los procesos de paz pueden tener esa función.


La experiencia extranjera aporta lecciones al respecto. Las negociaciones de Guatemala pusieron en evidencia que se puede negociar con independencia de la representatividad de la guerrilla. Allí llegaron a unos acuerdos, tales como los derechos de la población indígena, los derechos humanos, el regreso de las poblaciones exiliadas, la conducta de las Fuerzas Armadas y varios otros temas de envergadura nacional, sin que alguien pretendiera que la guerrilla represente gran parte de la sociedad civil. Hay que tratar de construir un foro capaz de introducir cambios inalcanzables dentro de la conducta normal de las instituciones ya establecidas.

Es más, si el objetivo es la paz y la terminación del conflicto armado, un gobierno gana involucrando a la guerrilla en las grandes reformas estructurales, sentándola a la mesa, dándole crédito a sus proposiciones, haciendo de ella un sujeto de Negociación y no un objeto de derrota.La idea es hacer responsable a la guerrilla por los cambios negociados y comprometerla con su ejecución. (En igual forma el gobierno, las Fuerzas Armadas y otros actores del Estado y la sociedad civil también tienen que comprometerse con los resultados de la negociación). Hay quienes afirman que en Colombia no es factible tal tipo de negociación. Que en Colombia, la guerrilla está demasiado involucrada en el crimen, el secuestro y el narcotráfico, que no tiene control territorial como el que tenía la guerrilla salvadoreña, que la guerrilla colombiana se ha degenerado en grupos de pandillas y bandoleros. Sin embargo, aunque pueden ser ciertas algunas de estas afirmaciones, aún se puede negociar con la guerrilla colombiana.

Cuando llegó al poder el presidente Ernesto Samper (1994-1998), uno de sus primeros actos fue pedir un informe al alto consejero para la paz sobre la voluntad de la guerrilla y la factibilidad de entrar en negociaciones con ella. Con este acto, Samper quiso darle un viraje a la política de los últimos años de Gaviria, que pretendía tratar a la guerrilla simplemente como un grupo de bandidos y secuestradores, sin reconocer su carácter político. Samper restauró la concepción política del conflicto armado colombiano.

Y después de 100 días, cuando el alto consejero para la paz rindió su informe, también afirmó que, a pesar de todo, las guerrillas siguen siendo actores políticos, y que sí existían las condiciones para negociar con ellas. Infortunadamente, es poco lo que se ha avanzado entre el Informe de los Cien Días y el momento actual. La crisis presidencial desvió cualquier posibilidad de avance en ese campo.


¿Qué es lo que hay que hacer para llegar a la paz en Colombia? se puede negociar una paz duradera con la guerrilla. Y hay que estar preparados para cuando llegue la oportunidad de sentarse a la mesa de negociación otra vez.

Cuando se combinan las lecciones que han dejado las anteriores negociaciones en Colombia con la experiencia internacional, se llega a la siguiente conclusión adicional: el gobierno tiene que ser audaz para llegar a la paz, mucho más audaz de lo que ha sido; tiene que trazar una agenda que comprometa a la guerrilla y satisfaga sus reclamos históricos. Es decir, hay que buscar una agenda que implique cambios fundamentales (y necesarios) en el país.

Es muy difícil que la guerra pueda rechazar una agenda de tal envergadura. A modo de ver, hay tres temas que tienen que ser abordados en la mesa de negociaciones para llenar esos requisitos:• La reforma de la estrategia de segundad nacional del país. Las Fuerzas Armadas de Colombia tienen como misión estratégica la guerra interna. El ejército sigue teniendo lazos con los grupos paramilitares a través de organizaciones de inteligencia y otros mecanismos. Sin terminar la guerra no se pueden reformar las Fuerzas Armadas. Hay que hacer estas reformas como parte de un acuerdo final de paz. Hay que acordar, con la guerrilla y con el país, una nueva misión y orientación de la fuerza pública después de que se termine el conflicto armado.

Unilateralmente, y mientras siga la insurrección armada, eso no será posible. Reforma agraria. La cuestión de la tierra ha sido la principal evidencia histórica de las FARC, y de hecho, del movimiento campesino organizado desde la década de los treinta. Sin embargo, hay que reconocer que la redistribución de la tenencia de la tierra es más difícil hoy que en 1984, cuando se firmaron los primeros acuerdos de cese al fuego en la administración Betancur. Habría sido más factible hacer la paz hace 10 o 12 años. Desde esa época, el narcotráfico se ha convertido en un terrateniente muy significativo en el país. Hoy en día, cualquier reforma agraria redistributiva tendría que enfrentar también el poder de los narcotraficantes en el sector rural colombiano.

Poder local. A pesar de que retóricamente dicen lo contrario, yo afirmaría que los grupos guerrilleros tienen más interés en acceder al poder local que al Congreso o a los otros órganos de poder de representación nacional. Sus intereses reales y ventajas políticas están básicamente circunscritos al poder local.


En vez de repetir la historia de fracaso de los otros movimientos armados que han entregado sus armas a cambio de una participación nacional, podría ser más ventajoso para la guerrilla y para la estabilidad del país crear algunos mecanismos que favorezcan la acción política local de la guerrilla, como base de su participación nacional.

Una política de paz basada en una agenda como la descrita aquí requería gran audacia del gobierno. Hay que entender que tal agenda no equivale a regalar una parte del país a la subversión, como algunos afirman. Sería la base de una paz duradera. Así sucedió en El Salvador, donde firmaron un acuerdo de paz con una agenda similar.

Convirtieron la guerrilla en actor político comprometido con las reglas institucionales del régimen legal salvadoreño. A pesar de las diferencias entre los dos países, tales acuerdos y tales resultados son posibles en Colombia.

Hay un factor adicional que pueden aportar la experiencia salvadoreña y varios otros procesos internacionales: la creación de una Comisión de Verdad. Después de la paz, es necesario empezar un proceso de reconciliación nacional. Para ello, un paso esencial es una Comisión de Verdad que rinda cuentas al país y establezca la historia oculta del conflicto interno. Aunque hay aministías, el país merece saber la verdad de su propia historia y de las actuaciones de ambos bandos en el conflicto. La fórmula es de perdón, pero no de olvido.

Admitir que para llegar a la paz en Colombia se necesita el concurso de la comunidad internacional. La experiencia demuestra que si el gobierno y la guerrilla negocian solos no llegarán a la paz.

Se requiere la participación de agentes externos que tendrían como función impedir que se rompan las negociaciones, como se ha visto en Colombia. Es cierto que en este sentido, Colombia difiere de Centroamérica. Allí, la participación de Estados Unidos fue decisiva, sobre todo en su presión sobre las Fuerzas Armadas salvadoreñas.

En Colombia, Estados Unidos no tiene un papel tan protagónico y considerable, a pesar de que se han incrementado las relaciones entre los militares de los dos países con la expansión de la guerra antinarcóticos.


Pero la mediación no tiene que provenir de los Estados Unidos; igual que en Centroamérica, existen otros agentes internacionales que podrían estimular la negociación y la agenda de reformas y vigilar la ejecución de un acuerdo final de la paz, como lo son las Naciones Unidas o algunas organizaciones no gubernamentales.

Se puede llegar a una paz negociada en Colombia. Pero no se pueden seguir desperdiciando las oportunidades de negociación cuando se presenten. ¿Cuántas generaciones de colombianos han experimentado la guerra? Ya es tiempo de terminar con la idea de que Colombia es excepcional y de que la violencia es una característica permanente de la vida política del país. Hay que aprender tanto de las experiencias internacionales como de las experiencias colombianas en materia de negociaciones. Así, el país puede encontrar una solución definitiva al conflicto armado.


LA PAZ: UN IMPERATIVO MORAL Y POLÍTICOUn imperativo es una necesidad urgente y deseada, es moral cuando alude a la conciencia humana y es político cuando vincula el poder de decisión. En este sentido los colombianos estamos en la obligación moral de promover la paz y el respeto de los derechos humanos; y exigir a otros, cuando no lo hacen, tomar las decisiones más convenientes para lograr y/o conservar los principios y estados convenientes de convivencia pacífica, en una sociedad multicultural y diferenciada.

Es indudable que la paz ha sido uno de los temas recurrentes en todos los escenarios de la vida pública y privada, donde se tejen en el día a día esperanzas de un mejor futuro para este país hermoso, pero lleno de problemas. Las tensiones permanentes que la opinión pública recrea, no son más que el testimonio elocuente de una sociedad polarizada, optimista y pesimista, sobre un devenir cargado de mucha emotividad, pasión y cálculos instrumentales sobre los efectos de un escenario posible de dejación de armas y de desmovilización de las FARC- EP, en los próximos años.

Debemos tener en cuenta que el país se encuentra con una carta aplazada durante 60 años de guerra con los grupos al margen de la ley. El conflicto armado que hemos vivido los colombianos ha condicionado y determinado los sueños, los proyectos de vida y el desarrollo integral de una sociedad que ha tenido limitada sus esperanzas.Más de cinco millones de desplazados, alrededor de 100 mil desaparecidos y 711 mil homicidios entre 1985 y 2014, según la Unidad de Víctimas son cifras escalofriantes que deberían conmover y movilizar a una sociedad entera; son más víctimas que todas las dejadas por las dictaduras, lo que sirve para seguir dejando a Colombia como uno de los países más violentos del mundo.

“UNA GUERRA SIN NOMBRE”Esto fue lo que dijeron francisco Gutiérrez y Gonzalo Sánchez, dos de los más avezados investigadores sobre la violencia y el conflicto en el país, es lo que ha pasado en Colombia. No sólo por la cantidad de víctimas, sino también por la recursividad y maniobrabilidad de los actores de la guerra. Actores de diversos matices ideológicos, quienes se han atrincherado entre la sociedad civil, entre algunos políticos en ejercicio y entre algunos empresarios inescrupulosos que han colindado sus intereses particulares con los intereses de quienes han pretendido resolver sus conflictos y necesidades a punta de bala e intimidaciones.

Una guerra sin nombre de francisco Gutiérrez Sanini y Gonzalo Sánchez Gómez.

LA PAZ ES UN DERECHO Y UN DEBER DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

QUE ES EL DERECHO A LA PAZ. ARTÍCULO 22 C.N DE 1991Es un reconocimiento amplio y genérico que se presenta materialmente como una síntesis de todos los principios, valores y garantías que la carta reconoce a los coasociados, la paz y la convivencia pacífica son las consecuencias últimas de la vigencia de los restantes derechos. es además un derecho y una obligación correlativa para todos los coasociados, o sea que exige en ambos casos desarrollos de origen estatal: cultural de la paz, educación para la paz, para la solución pacifica, armónica y justa de los conflictos, formación en valores que procuren equidad en la convivencia social y familiar, todo comprendido como requisito para el desarrollo.

EL DERECHO A LA PAZEl artículo 22 de la Constitución Nacional dice: "La paz es un derecho un deber de obligatorio cumplimiento". A la paz.

Se refieren los artículos 2, 67 y 95 que plantean la finalidad de la paz, la educación en la misma y como un deber y obligación de la persona y el ciudadano. En efecto el artículo 95 establece como deberes de la persona y el ciudadano: "4. Defender y difundir los derechos humanos corno fundamento de la convivencia pacífica. 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz".

La redacción constitucional es acertada al establecer la simetría de derecho y deber, en referencia y dirección al Estado, el gobierno, la sociedad, las personas y los ciudadanos. Su logro y mantenimiento, es y debe ser, producto de la aplicación del derecho en el contexto de un estado social. En la sociedad colombiana el cumplimiento de este enunciado constitucional coincide con la primera prioridad nacional y social, individual y colectiva. Sin su logro están amenazados permanentemente, violados sistemáticamente, los otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad, las libertades, los derechos económicos, sociales y culturales. La extrema gravedad de la crisis nacional -guerras y violencia de todo orden- explica el porqué de la formulación constitucional, más allá de los significados retóricos, meramente formales que el fetichismo del discurso constitucional colombiano asume. Además, se corresponde con las dinámicas de lo mejor del Derecho Internacional, entendido como el Derecho a la Paz.

Constitución política de Colombia esquemática de pedro Alfonso Pabón parra.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR PAZ?

Esta parecería una pregunta con respuesta obvia. Todos tendríamos una definición de PAZ. Pero, ¿hay suficiente claridad de lo que realmente es?La palabra PAZ, tiene al menos dos grandes perspectivas y formas de ser entendida: Una, LA PAZ como VALOR y la otra, la PAZ como DERECHO.La PAZ implica trabajar por una vida en armonía, respeto, tolerancia, comprensión. En otras palabras, requiere el fortalecimiento de los VALORES.La PAZ implica la aceptación y el respeto de unas normas, leyes, búsqueda de JUSTICIA. Por tanto, requiere el fortalecimiento de los DERECHOS HUMANOS

CARACTERISTICAS

1. COLECTIVO CON REFLEJO INDIVIDUAL: SE PREDICA DEL GRUPO SOCIAL Y NO DE LOS INDIVIDUOS PERO SE MATERIALIZA EN TODOS Y CADA UNO DE ELLOS.2. UNIVERSAL: POR SUS REALCIONES DIRECTAS CON LA DIGNIDAD HUMANA PERTENECE A LA COMUNIDAD Y A TODOS SUS INTEGRANTES.3. SOCIAL: ES EL DERECHO SOCIAL MÁS IMPORTANTE4. INALIENABLE: DADA SU NATURALEZA SOCIAL, NADIE INCLUSO EL ESTADO PUEDE REALIZAR ACTOS DE NEGOCIACION SOBRE SU CONTENIDO.5. CONCURRENTE: SU VIGENCIA REQUIERE DE LA PARTICIPACION, SOLIDARIDAD Y CONCURSO DE TODOS.6. FUNDAMENTAL: ES UNO D ELOS FINES ESCENCIALES DEL ESTADO, PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DEMOCRATICO REAL Y DEL EFECTIVO GOCE DE LOS RESTANTES DERECHOS FUNDAMENTALES.

LEY 434 DE 1998POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, SE OTORGAN FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.De la Política de Paz. La política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional.

El derecho humano a la paz y su aplicación en los sistemas jurídicos nacionales y en el derecho internacional de Christian manelic Vidal león

LOS PRINCIPIOS RECTORES.

a) Integridad. Para la consecuencia y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia;b) Solidaridad. La paz no es sólo el producto del entendimiento y comprensión de los seres humanos sino también el resultado de su solidaridad y reciprocidad;c) Responsabilidad. Como la consecuencia de la paz es una finalidad del Estado y a la cabeza de éste está el Presidente de la República, será él quien responda por los resultados; en los términos de la presente Ley, responderán igualmente las Comisiones y los Comités que aquí se crean, y los gobernadores y los alcaldes en lo departamental y municipal respectivamente;d) Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución;e) Negociación. La consecución de la paz implica la utilización prioritaria del recurso del diálogo y la negociación como procedimientos expeditos para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales.f) Gradualidad. Una paz sólida sólo se construye en un proceso continuo y gradual de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas.

LEY 975 DEL 2005

QUÉ ES LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ?Es el marco jurídico que regula el actual proceso de desmovilización y reinserción, y que se encuentra consagrado en la Ley 975 de 2005 y en sus decretos reglamentarios1. El mismo tiene por objeto:• Facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley.• Garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.• Facilitar los acuerdos humanitarios.

El derecho humano a la paz y su aplicación en los sistemas jurídicos nacionales y en el derecho internacional de Christian manelic Vidal león.

LEY 1448 DEL 2011

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado internoLa ley 1448, que pretende reparar integralmente las víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares o falsos positivos, el secuestro la desaparición forzada, delitos contra la libertad sexual y el homicidio, estos casos son atendidos por la personería, la defensoría del pueblo y la procuraduría, la reparación se da mediante un reconocimiento económico que oscila entre 40 salarios mínimos legales vigentes

INTERNACIONALIZACION DEL DERECHO A LA PAZ

Tanto en la declaración americana de los derechos y deberes del hombre como la declaración universal de los derechos humanos, proclamadas ambas en 1948, fueron incluidos una serie de derechos humanos que por esos tiempos ya habían sido reconocidos como tales por la comunidad internacional. Sin embargo, al paso del tiempo se han ido descubriendo nuevas “generaciones” de derechos inherentes a la dignidad humana y que poco a poco se han anexado a los instrumentos internacionales, así como en los diversos textos constitucionales. Fue de este modo como surgieron los derechos económicos, sociales y culturales que, aunque ya eran reconocidos algunos de ellos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, su consolidación internacional fue indudablemente con motivo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.

LA APLICACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA PAZ EN EL ÁMBITO NACIONAL

A pesar de la reticencia a consagrar a la paz como un derecho humano en los sistemas jurídicos nacionales, existen Estados que ya lo han incorporado en sus respectivas constituciones. En efecto, la ley fundamental colombiana de 1991, estableció en su artículo 22 lo referente al derecho humano a la paz, cuya redacción fue la siguiente: “La paz es un derecho de obligatorio cumplimiento”.

En Colombia entonces, el recurso para garantizar el derecho humano a la paz es la Acción Popular, el mecanismo especializado para la protección de los derechos colectivos, es decir, de aquellos que no son derechos fundamentales

El derecho humano a la paz y su aplicación en los sistemas jurídicos nacionales y en el derecho internacional de Christian manelic Vidal león

De acuerdo con la definición anterior, y en el mismo sentido que ya habíamos estudiado, en la medida en que un Estado pueda garantizar un sistema democrático, en el que se ofrezcan las condiciones propicias para el pleno ejercicio económico, social y cultural, el derecho a la paz podrá llegar a su realización.

Ahora bien, en nuestro continente las vías de llegar a la democracia se han simplificado considerablemente con la promulgación de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, justo el mismo día de los terribles ataques terroristas en Nueva York y Washington D.C.

La Carta Democrática Interamericana prevé los principios generales que los Estados americanos deben seguir en aras de la consolidación democrática. Así pues, la Carta establece que la democracia no se puede concebir, si no existe paralelamente un régimen de protección de derechos humanos, en los Estados miembros de la OEA. Además, los exhorta a participar plenamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en su caso, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

EL DERECHO HUMANO A LA PAZ EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO FORMA DE APLICACIÓN EN LOS SISTEMAS JURÍDICOS

NACIONALES

Ahora bien, en nuestro continente las vías de llegar a la democracia se han simplificado considerablemente con la promulgación de la Carta Democrática Interamericana, el 11 de septiembre de 2001, en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, justo el mismo día de los terribles ataques terroristas en Nueva York y Washington D.C.

La Carta Democrática Interamericana prevé los principios generales que los Estados americanos deben seguir en aras de la consolidación democrática. Así pues, la Carta establece que la democracia no se puede concebir, si no existe paralelamente un régimen de protección de derechos humanos, en los Estados miembros de la OEA.


Además, los exhorta a participar plenamente en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mediante la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en su caso, la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Así entonces, la idea de crear un tratado internacional en materia relativa al derecho humano a la paz, parece ser fundamental para su aplicación internacional, tal y como lo veremos más adelante. No obstante, la elaboración de un tratado, también tendría efectos jurídicos en los sistemas jurídicos internos, debido a que en las naciones latinoamericanas, los tratados internacionales, al ser debidamente ratificados, se convierten en ley de aplicación interna en los Estados. Esta fórmula fue prácticamente copiada de los Estados Unidos de América y ha sido incluida en textos constitucionales del resto del continente. Por citar tan sólo un ejemplo, la Constitución mexicana, dispone en su artículo 133 que: Esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán a Ley Suprema de toda la Unión.De esta forma, si existiese un tratado internacional que contemple el derecho humano a la paz, por el sólo hecho de su ratificación, pasaría a formar parte del ordenamiento jurídico interno. Así entonces, los gobernados tienen en los tratados, derechos más amplios que los contenidos en texto de la Constitución.

El conflicto armado interno en Colombia se caracteriza por tener varias dimensiones, y en todas ellas son apreciables, a simple vista, consecuencias nefastas y dañinas. La observación de ese conflicto permite discernir una serie de circunstancias que están detrás y alrededor de la guerra. La prolongada duración de las hostilidades ha contribuido también a crear nuevas e igualmente nefastas situaciones cuya aparición sigue alimentando el conflicto.

Entre las circunstancias se pueden mencionar, sin particular orden y de modo no exhaustivo, las siguientes: -Ideologías justificatorias de la violencia. -Exclusiones políticas, económicas y sociales. -Producción y tráfico de drogas. -Comercio ilícito y proliferación de armas. -Otros intereses económicos y La guerra como modus vivendi.


El deber del Estado de ejercer su función punitiva frente a los delitos graves conforme al derecho internacional Las graves violaciones de los derechos humanos y las infracciones graves del derecho humanitario son, ante el derecho internacional, “graves crímenes [que] constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad”x”. Es de recordar que con respecto a unas y a otras —en cuanto se identifican con “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto”x”, ejerce su competencia la Corte Penal Internacional instituida por el Estatuto de Roma. El Estado colombiano tiene la obligación de penalizar las violaciones de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Tal obligación no sólo deriva de su ordenamiento interno, sino de las cláusulas de ciertos instrumentos internacionales que la República de Colombia se ha comprometido a cumplir de buena fe. Entre esas cláusulas figuran IV: 1ª La de respeto y garantía, introducida en el artículo 2º,1. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 1º,1. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2ª La de efectividad, introducida en el artículo 2º,2. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3ª La de recurso efectivo, introducida en el artículo 2º,3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

4ª La de represión, introducida en los artículos 49 del I Convenio de Ginebra, 50 del II Convenio, 129 del III Convenio y 146 del IV Convenio.

POS-CONFLICTO

Los diálogos o negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, también conocidos como proceso de paz en Colombia, son las discusiones que se están llevando a cabo entre el Gobierno de Colombia (en representación del Estado) y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Texto conflicto y posconflicto de Tito Hernando Pérez Pérez (2011).

Estos diálogos tuvieron lugar en Oslo y en la actualidad se desarrollan en La Habana, Cuba, su objetivo según el gobierno es la terminación del conflicto y según las FARC el «buscar la paz con justicia social por medio del diálogo», según palabras de Iván Márquez uno de los miembros del equipo negociador de las FARC.

Las negociaciones se fundamentan en un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, e iniciaron formalmente el 18 de octubre de 2012. Se fraccionan en cuatro fases, la primera que fue la etapa de acercamientos secretos, Las conversaciones exploratorias durante seis meses, la cual, Uribe denuncia. La segunda que es la concreción de los acuerdos, la tercera que es la refrendación y la cuarta que será la implementación de éstos. Los puntos de la segunda fase constan en discutir la política de desarrollo agrario integral, el participación en política que tendrían miembros de las FARC ante una eventual dejación de armas, el fin del conflicto por lo menos en lo que concierne a la incidencia de esta guerrilla, la actual política de drogas, y por último la reparación a las víctimas, tanto de las FARC como del Estado.

Puntos en discusión; En el "Acuerdo General" mencionado, se definieron los siguientes puntos de negociación:1. Política de desarrollo agrario integral: La discusión sobre la política agraria es un tema que incumbe a las FARC desde sus orígenes.

Las FARC han enfocado su propuesta agraria en la creación de lo que estas llaman Territorios Campesinos, que serían de propiedad colectiva y estaría conformados por las actuales Zonas de Reserva Campesina y por lo que denominan Zonas de producción campesina de alimentos. Según las FARC, una vez se firmen los acuerdos: "Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria.La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación…los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. De una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado"


Todo esto requerirá una reforma que permita que se le otorguen a ciertos campesinos territorios de zonas de reserva forestal, de baldíos y de latifundios improductivos.

Discusión: Parcial2. Participación política: La guerrilla y el gobierno discutieron el espacio en política y las garantías, a las agrupaciones políticas de las FARC y sus miembros, de modo que no ocurra lo mismo que le sucedió a la Unión Patriótica, cuya mayoría de integrantes provenían del Partido Comunista Colombiano y la guerrilla de las FARC que continuó empuñando las armas, por lo que en represalia fueron atacados por el narco paramilitarismo y los que se salvaron se juntaron de nuevo con los que estaban en la selva o huyeron del país.

Ahora bien, otro tema dentro de este mismo punto es la concesión de amnistías a guerrilleros condenados por la justicia colombiana y/o requerida por las de otros países. Teniendo en cuenta la aplicación del marco para la paz, que abre la puerta para que los guerrilleros y sus altos mandos podrían participar en política, así su artículo tercero dice: "Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político para efecto de la posibilidad de participar en política", así delitos conexos cometidos por las Farc como narcotráfico, secuestro o extorsión, entre otros, no podrían impedir la participación de los guerrilleros en política lo que difiere de lo señalado en el artículo 122 de la Constitución Política vigente:

El presidente ha señalado que "Cabe la posibilidad de que Farc paguen cárcel tras proceso", por su parte el Fiscal General de la Nación, indicó que si bien se puede condenar a los guerrilleros estos con las penas alternativas no tendrían que ser condenados a pagar cárcel, por los delitos de lesa humanidad por los que podrían o ya fueron condenados, y por tanto se les permitiría participar en política y acceder a cargos públicos y de elección popular. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.


Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia.

3. Fin del ConflictoEste punto de la agenda se relaciona con el cese de hostilidades y la dejación de las armas por parte de las FARC (hecho que, aseguran, debiera estar acompañado de una reestructuración de las fuerzas militares) para su reintegro o ingreso a la vida civil por efectos del marco legal para la paz, proyecto que define la suspensión de proceso judiciales a subversivos. No obstante, la discusión de este punto podría verse dificultada por causa del Estatuto de Roma (suscrito por Colombia) que prohíbe que condenados por delitos de lesa humanidad tengan vida jurídica. Pendiente:4. Solución al problema de las drogas ilícitas: El cultivo, la producción y tráfico de drogas ilícitas, ha influido en el conflicto armado y la financiación de guerrillas y paramilitares desde hace tres décadas.

Las FARC, acordaron con el gobierno un replanteo de la actual lucha contra el narcotráfico, planteando la erradicación manual como principal método de erradicación de drogas en concentración con los cultivadores y productores de drogas ilícitas, a su vez se acordó que los cultivos de las plantas que correspondan a usos ancestrales no se pueden erradicar.

5. Víctimas: Uno de los puntos a discutir es determinar quiénes son víctimas del conflicto armado (según las FARC, ellos también son víctimas y el Estado ha sido al igual que ellos un victimario), los derechos humanos de las víctimas y la forma de cómo se llevará a cabo la reparación a las mismas, reparación que no sólo incluye compensación material sino también el conocer la verdad sobre diferentes hechos que aún no están del todo dilucidados, incluso que son desconocidos.Las FARC propusieron la conformación de una comisión de la verdad, que se encargue de lo anterior, comisión también prevista en la Ley del Marco Jurídico de la Paz.Pendiente: Mecanismos de refrendación de los acuerdos; Las Farc han insistido que el método de refrendación de los acuerdos es una Asamblea Nacional Constituyente que tenga 141 integrantes, tanto elegidos como surgidos de cuotas de participación asignadas, "la Asamblea estará compuesta por representantes de las fuerzas guerrilleras, en número que será definido como parte de un eventual Acuerdo final”. Por su parte el gobierno insiste en un referendo, que avale los acuerdos.


Una de las problemáticas que se está tratando con más auge actualmente, es precisamente los procesos hacia la construcción de la paz y post conflicto en Colombia, puesto que ha sido por más de cuatro décadas una de las problemáticas más complejas que el país ha tratado de superar, por ende el proceso de paz ha ganado en el intento por lograr sumar esfuerzos, reconocimiento y apoyo internacional y ha perdido mucho por falta de cooperación y concertación, pues es lógico que cada parte quiera del otro algún tipo de docilidad para cumplir con la agenda pactada, donde el dominio territorial es un interés económico de explotación y negocio para estos grupos armados.

Es por eso que vemos importante y necesario realizar nuestro estado de arte con una temática como lo es el conflicto armado y el proceso del posconflicto; donde durante muchos años la población colombiana se ha visto involucrada de forma d irecta e indirectamente en este hecho.

Según Tito Hernando PérezPérez(2011),en su texto Conflicto y Posconflicto

Para dar un poco más de claridad frente al significado de posconflicto, los investigadores Germán Ayala y Guido Hurtado (2007), afirman que: “El posconflicto se construye, no se alcanza”. Explican que “El posconflicto no puede entenderse como un fin último, sino como un proceso en el que hay varias tareas por hacer, entre ellas, el fortalecimiento –e incluso, la refundación del Estado y por ese camino, el logro de una legitimidad amplia y plural que reemplace el imaginario negativo que de este tienen amplios sectores de la nación” (Ayala y Hurtado, 2007, Pág. 37). Los Donde el camino sea la construcción de nuevas reformas del estado, democratización de la justicia y la participación activa de la sociedad, con enfoques diferenciales (político, económico, social, cultural) en pro a la construcción de paz, siendo esta la única posibilidad de transformar la sociedad de un país.

Hablar de posconflicto incluye una serie de actividades tan diversas como lo son permitir la inserción de excombatientes, destruir armas, remover minas anti persona, repatriar refugiados, monitorear elecciones, proteger el medio ambiente, avanzar en la protección de los derechos humanos, reformar y fortalecer las instituciones gubernamentales y judiciales, apoyar en la reconciliación de la


Pensar en el posconflicto sería pensar en cuatro importantes pilares: la seguridad, sin la cual no se podría llevar un adecuado proceso en el cumplimiento de los acuerdos expuestos, la justicia, es hablar de la garantía y respeto de los derechos humanos, el cumplimiento adecuado de la ley según se requiera, la recuperación económica (vital para el momento en que se llegase a presentar el escenario del posconflicto) y por último, la participación democrática ciudadana, donde participe la sociedad civil en el proceso, como víctimas directas y principales del conflictoPero supongamos que se llega a un "acuerdo" donde todas las partes tienen incentivos a respetarlos y se logra la anhelada paz.

La pregunta crucial es cómo hacerla sostenible en el tiempo, en otras palabras, cómo disminuir, e incluso eliminar, la probabilidad de que alcanzado un "estado" de paz no se recaiga en el conflicto. Bien, esto depende de cómo se maneje el posconflicto desde el punto de vista social, político, económico y humanitario. Todos estos aspectos son muy importantes, pero el económico brilla especialmente; Fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una recaída en el conflicto. Es un concepto inferior en extensión a “postconflicto” y abarca un mayor número de atributos, tales como el DDR (procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes), la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la prevención de la violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en todos ellos (Galtung 1975; Boutros-Ghali 1992; Chetail 2009; Rettberg 2003 y 2012).


PATOLOGÍA DEL POSCONFLICTO

Las coordenadas responderán a la que se podría denominar “patología del posconflicto” cuyo diagnóstico, puede contemplar los siguientes tres elementos, conforme lo establece Alberto Piris:

Aspectos complejos de la etapa posconflicto• Como consecuencia de la guerra, los hábitos propios de la misma no desaparecen pues la violencia se convierte en una forma de vida y un medio económico.Dificultad cultural, psicológica y económica de pasar de las armas al trabajo no violento.• Paso sociocultural de la imposición de la fuerza al consenso.• Paso de la huida y la clandestinidad a la libertad.

Algunos casos en concreto de la etapa posconflicto• Guerrilleros y soldados que no saben trabajar.• Personas perseguidas y torturadas que temerán siempre por su vida.• Hombres que al volver a su espacio familiar ejercen violencia a sus hijos y su cónyuge.• Guerrillas que no encuentran un papel en la vida política.• Erradicación de las minas de los campos de cultivo: Implica una rehabilitación social, pues se protege el derecho a la vida y una reconstrucción económica toda vez que se favorece al agro.• Niños que militaron en la guerra.• Presencia de innumerables contingentes de excombatientes que amenazan la paz.

Problemas gubernamentales• Falta de personal preparado a causa del exterminio o eliminación sistemática de los intelectuales, de la emigración de personas de mayor nivel cultural y del deterioro de los sistemas e instituciones educativos y de enseñanza.• Burocracia: En algunos eventos algunos gobiernos se encuentran con una sobre abundancia de departamentos, agencias y organizaciones paraestatales superfluas, creadas o reforzadas durante el conflicto para regular la producción, el comercio y la distribución de suministros a la población, o para controlar a esta misma


• Durante la guerra se complica la eficiencia del estado y la transparencia.

Las coordenadas del posconflicto

Contexto. Cada país inmerso en el tipo de “guerra moderna”14, tiene su propio proceso de rehabilitación y reconstrucción. Hay que entender las características del conflicto interno particular y su sociedad, así como el escenario internacional que lo condiciona, para poder diseñar y ejecutar las estrategias de acuerdo

Rehabilitación institucional.

Esta coordenada implica repensar el papel y participación del Estado en el posconflicto. Las funciones básicas del mismo deben redefinirse ya que el escenario posterior a la guerra demanda de todo el aparato estatal acciones y políticas diferentes a las que venía desarrollando.

En especial, la rama ejecutiva adquiere relevancia, en la medida en que comprende al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública. El primero traza políticas públicas a través de la gestión del Presidente, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos15, concurre a la formación de leyes16, presenta el plan nacional de desarrollo e inversiones públicas y envía a la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos que, entre otras funciones, le permiten impulsar al Estado el paquete de atención integral a víctimas que se plantea en el capítulo sexto. En cuanto a la segunda, el cambio del escenario de conflicto armado interno por el de posconflicto total le impone un nuevo rol desde el punto de vista de la seguridad.

Cooperación internacional.

La participación de la comunidad internacional en la rehabilitación y reconstrucción de un pueblo después del conflicto armado, es un acto de responsabilidad. Así, por ejemplo, Europa se ha comprometido con este tipo de iniciativas en países de Centroamérica tales como Guatemala y El Salvador.

Colombia deberá apelar a esta voluntad decidida de los países de la Unión Europea y de la comunidad internacional en general, obteniendo de ellos recursos políticos, económicos, logísticos y de asistencia humanitaria


Asistencia humanitaria.

El posconflicto, debe manejar planes de atención humanitaria, a corto y a largo plazo (emergencia y desarrollo). La asistencia humanitaria, guarda una intima relación con la cooperación internacional, pues la aplicación de esta coordenada en conflictos armados de carácter interno nació de las comisiones de la comunidad europea en proyectos de soporte a países en vía de desarrollo.

El tratamiento de las “enfermedades del posconflicto” debe llevar necesaria y especialmente a la academia, a plantear nuevas alternativas en la consecución de la paz duradera, en lo que constituye un verdadero imperativo.

“Sin lugar a dudas, si no nos preparamos con las herramientas adecuadas tanto de tipo jurídico, político y psicosocial para la superación de los conflictos entonces vamos a quedar perpetuamente atrapados en odios que ya durante muchas décadas han hecho mella en la conciencia de muchos colombianos y que nos han dificultado llegar a la tan anhelada reconciliación”.


CONCLUSIONES

- La paz implica trabajar por una vida en armonía, respeto, tolerancia, comprensión. en otras palabras, requiere el fortalecimiento de los valores.

- El derecho a la paz implica la aceptación y el respeto de unas normas, leyes, búsqueda de justicia. por tanto, requiere el fortalecimiento de los derechos humanos

- Posconflicto como “aquel periodo de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas” Situación a la cual debería añadírsele el hecho de lograr superar las secuelas dejadas por el conflicto, de la mano del diseño de reformas sociales y políticas que permitan los cambios necesarios para que el proceso de posconflicto sea integral y exitoso

BIBLIOGRAFIA

1. Texto conflicto y posconflicto de Tito Hernando Pérez Pérez (2011).

2. Colombia las guerras y el derecho a la paz de Ricardo Sánchez.

3. El derecho humano a la paz y su aplicación en los sistemas jurídicos nacionales y en el derecho internacional de Christian manelic Vidal león.

4. Constitución política de Colombia esquemática de pedro Alfonso Pabón parra.

5. Colombia 200 años de libertad de Julián Vargas Cardona.

6. Una guerra sin nombre de francisco Gutiérrez Sanini y Gonzalo Sánchez Gómez

7. Ley 434 de 1998

8. Ley 975 del 2005

9.- Ley 1448 del 2011

derecho a la paz

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